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La falta de datos fiables impide conocer la situación de los menores extranjeros no acompañados en España

La falta de datos fiables impide conocer la situación de los menores extranjeros no acompañados en España

La Cátedra Santander de Derecho y Menores, de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE, organizó un encuentro sobre los adolescentes que emigran solos a nuestro país

Los responsables autonómicos no dan datos por falta de medios para recopilarlos, por dificultades políticas para informar sobre un tema “caliente” o por problemas de coordinación entre comunidades autónomas


No hay datos oficiales fiables sobre la realidad de los menores inmigrantes que están solos en España, lo que impide conocer su número, cómo funciona el sistema legal de protección establecido y cómo se puede mejorar. Esta situación se puso de manifiesto en el Encuentro sobre Menores Extranjeros No Acompañados, organizado por la Cátedra Santander de Derecho y Menores, de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE, con más de 250 asistentes.

Inauguró el encuentro el Rector, José Ramón Busto, SJ, acompañado por Alfredo Albaizar, Director del Área de Universidades de España, del Grupo Santander, y la profesora Isabel Lázaro, directora de la cátedra, que patrocina la entidad financiera. Albaizar expresó el orgullo del Santander por acompañar en esta actividad investigadora a una institución universitaria rigurosa y por la trascendencia social y humana del tema.

En un apretado programa de intervenciones y coloquios, cerca de 15 ponentes, entre profesores de universidades y expertos, expusieron su visión de la realidad migratoria de los menores desde diversos enfoques jurídicos.

La presencia de adolescentes en el fenómeno migratorio africano hacia Europa comenzó hace más de diez años. Desde entonces, ha ido aumentando, “y ni las normas jurídicas ni el sistema de protección han sido capaces de ofrecer una respuesta eficaz”, como señaló, en una de sus intervenciones, la profesora Lázaro, al presentar resultados del estudio iniciado en 2006 sobre “Los sistemas de protección y reforma ante los menores extranjeros”, financiado por la propia universidad,

Para realizar la investigación se difundió un cuestionario a las distintas administraciones implicadas, así como a organizaciones y expertos; pero sólo se recibieron 13 cuestionarios cumplimentados. “Ha habido otras respuestas -añadió Lázaro-, respuestas de viva voz, en las que se nos transmitía, en unos casos, la falta de medios humanos o materiales para recopilar la información solicitada; en otros, las dificultades de índole política para informar sobre un tema ‘caliente’ o la dificultad de coordinación e información entre comunidades autónomas, celosas, muchas de ellas, de sus datos e intereses”.

La llegada a territorio español no supone para los jóvenes africanos que viajan solos el final de su aventura migratoria. “Por el contrario, en muchos casos comienza un penoso calvario a causa de la tensión entre el control de fronteras que defiende el derecho de extranjería y la protección de la infancia y adolescencia a la que nos encontramos comprometidos”, prosiguió la ponente. “Los menores han empezado a ser una estrategia en la vida de las familias de países pobres, que han decidido enviárnoslos. Esto es gravísimo, pero la respuesta no puede ser la que se está dando, porque España está comprometida con la defensa de los derechos de los menores”, subraya la directora de la cátedra.

UNICEF hablaba de 5.200 menores marroquíes en centros de acogida españoles, en 2007. Según el Human Wrights Watch, en 2008 había de 3.000 a 5.000, la mayoría en Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña. Los datos los recopilan las autoridades regionales, sin uniformidad: los menores pueden ser registrados varias veces en diferentes comunidades por la falta de un registro centralizado.

El perfil de los menores se ha diversificado. A los marroquíes del inicio se han ido incorporando subsaharianos (Nigeria, Ghana, Malí, Mauritania, Gambia, Guinea). La mayoría son chicos. Según el Asesor Responsable del Área de Inmigración y Asuntos Exteriores del Defensor del Pueblo, Bartolomé Martínez, se sospecha que la escasa presencia de niñas en centros de acogida puede deberse a que pasan como mayores de edad y están en manos de redes de prostitución. Martínez calificó de inaceptable que los menores que han entrado por el sur lleguen hasta comunidades del norte, cuando están tutelados por otras comunidades, que no cumplen su responsabilidad. Lázaro indica que uno de los problemas más serios para afrontar este fenómeno es que los menores se fugan a otras regiones para buscar mejor atención, o por temor a la repatriación.

La cifra de repatriaciones es baja. Según la Fiscalía de Extranjería, 111 en 2006, el mayor número de ellas en la Comunidad de Madrid (60), y 15 hasta julio de 2007. Pese a su escaso número, afirma Lázaro que “las denuncias sobre cómo se han llevado a cabo fuerzan a mirar con recelo y preocupación fundada la política que quiere practicarse respecto a los menores no acompañados”. Se ha denunciado, añade, desde distintas instancias que no se ha respetado el interés superior del menor, que debe imperar en las actuaciones administrativas, como establecen las leyes y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, suscrita por España, y como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de los tribunales.

“Dos sentencias del Constitucional, de 2008, reconocen un conflicto de intereses entre la Administración como tutora y el menor, y que éste tiene derecho a decir una palabra sobre su propia vida”, agrega Lázaro.

Una cátedra con una sólida base

El encuentro sobre menores extranjeros ha sido la primera actividad pública de la Cátedra Santander de Derecho y Menores, creada a principios de este curso. Entre sus objetivos, destaca el estudio y la reflexión sobre la situación de la infancia y la adolescencia en España y en el mundo, así como contribuir al despliegue de los principios reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Se pretende que sea punto de encuentro entre los agentes sociales que intervienen en los sistemas de protección y reforma de menores, y fomente el debate entre expertos y el intercambio de ideas. Otros fines son desarrollar propuestas viables, divulgar y sensibilizar a la sociedad en el respecto a los derechos de niños y adolescentes.

La cátedra surge sobre una sólida base: la actividad investigadora que viene desarrollando el Grupo de Investigación sobre Derecho y Menores, constituido en la Facultad de Derecho (ICADE), desde septiembre de 2002. El origen del grupo fue el trabajo realizado para el Instituto Universitario de la Familia, que había recibido el encargo de elaborar el Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Estado español. Aquel estudio dio lugar a la obra Los menores en el Derecho español, publicada en 2002. Desde entonces, el grupo ha recibido varios premios a su labor, ha organizado jornadas anuales y ha publicado una docena de títulos destacables, abordando líneas de investigación como: consumo y menores, responsabilidad penal de los menores, situación jurídica de los menores extranjeros no acompañados y derechos fundamentales del menor.

ICADE

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