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Un mundo amurallado

Un mundo amurallado

La actual proliferación de barreras para impedir el tránsito de personas ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global". Se desnacionaliza la vida económica y a la par se renacionaliza la vida política

La actual pretensión danesa de controlar las fronteras con Alemania y Suecia viene tras los cierres de Francia e Italia, pero resulta aún más inquietante si lo ponemos en relación con una tendencia en el mundo actual a cerrar, impedir el paso y controlar, que responde a la demanda creciente de protección. Desde que en 1989 cae el muro de Berlín, la construcción de nuevos muros se ha multiplicado, como si se tratara de una carrera frenética por hacer frente a una nueva desprotección: entre México y Estados Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y Malasia...

¿En qué consisten estos muros? ¿Cuál es su utilidad o el propósito con que se levantan? Estas barreras no están pensadas para impedir el ataque de ejércitos enemigos, sino para impedir el tránsito de personas; quieren hacer frente a fuerzas persistentes y desorganizadas más que a estrategias militares o económicas; son más post-, sub- y transnacionales que internacionales; son una respuesta a los flujos desconectados de las soberanías estatales. Los muros actuales no responden a la lógica de la guerra fría sino que son muros de protección; indican la desconfianza frente al otro, el extranjero, y dicen mucho acerca de las ambigüedades de la globalización. Se dirigen contra el movimiento de bienes y personas que muchas veces no tienen su causa en una invasión exterior sino en la demanda interna: mano de obra, drogas, prostitución...

Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo, estereotipado, ubicuo y en ocasiones fantasmal. Los muros funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo, que se hace coincidir frecuentemente con las fronteras nacionales. Todos los procesos de guetización participan de esa misma lógica al segmentar la ciudad de una manera invisible, arruinando así su vocación de aproximar a sus habitantes. Las barreras recuperan una modalidad de poder soberano, material y delimitado en un entorno, para algunos inquietante, en el que el poder se presenta como una realidad difusa y débil. Los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto problemáticas, como la diferencia entre ejército y policía, los criminales y los enemigos, la guerra y el terrorismo, derecho y no-derecho, lo público y lo privado, el interés propio y el interés general.

La construcción de muros no solamente ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global", sino que testimonia unas tendencias subterráneas de la globalización que alimentan el retorno de ciertas formas de "neofeudalización" del mundo. Un mundo en el que son asombrosamente compatibles la integración de la economía global y el aislamiento psicopolítico. Cabría incluso afirmar que la defensa de esta compatibilidad se ha convertido en un objetivo ideológico en esa síntesis de neoliberalismo político y nacionalismo estatal de cierta nueva derecha cuyo proyecto ha sintetizado Saskia Sassen en el doble objetivo de "desnacionalización de la vida económica y renacionalización de la vida política". No vivimos en un mundo ilimitado, sino en la tensión entre una geografía de los mercados abiertos que tiende a abolir las fronteras y una territorialidad de la seguridad nacional que tiende a construirlas. No hay coherencia entre la práctica geoeconómica y la práctica geopolítica que equilibre las diferentes agendas del comercio y de la seguridad.

Sabíamos desde Maquiavelo que las fortalezas suelen ser más perjudiciales que útiles. Los muros proyectan una imagen de jurisdicción y espacio asegurado, una presencia física espectacular que se contradice con los hechos: por lo general no contribuyen a solucionar los conflictos e impiden muy escasamente la circulación. Complican el objetivo, obligan a modificar el itinerario, pero en tanto que prohibiciones de paso suelen ser poco eficaces.

El ejemplo más elocuente de ello lo encontramos en el control de la emigración, que aumenta o disminuye por factores que no están vinculados a la rigidez o porosidad de las fronteras. Hay emigración porque hay un diferencial de oportunidades o, si se prefiere, porque las desigualdades son actualmente percibidas en un contexto global. Cuando se piensa que el establecimiento de barreras es la solución para el incremento del número de los emigrantes y refugiados es porque se ha considerado previamente que la causa de esos desplazamientos era la flexibilidad de las fronteras, lo que es radicalmente falso.

Si no cumplen esa función que se les asigna, entonces ¿para qué sirven esas fronteras que adoptan la forma de muros? Dada su falta de eficacia, lo que hay que preguntarse es cuáles son las necesidades psicológicas que su construcción satisface. Y la respuesta está en la necesidad de limitación y protección de quienes se perciben a sí mismas -muchas veces contra toda evidencia- como "sociedades asediadas" (Bauman). En lo que hace referencia a los muros está claro que aluden inmediatamente a la defensa contra unos asaltantes venidos de un "afuera" caótico, pero sirven como instrumentos de identificación y cohesión, responden al miedo frente a la pérdida de soberanía y a la desaparición de las culturas homogéneas. De esta manera se construye una siniestra equivalencia entre alteridad y hostilidad, lo que es además un error de percepción (la mayor parte de los atentados que se han cometido en EE UU han provenido de terroristas del interior). Y se asienta el prejuicio de que la democracia no puede existir más que en un espacio cerrado y homogéneo.

Así pues, se trata de remedios físicos para problemas psíquicos, de una teatralización con efectos más visuales que reales. Un muro aparenta ofrecer seguridad en un mundo en el que la capacidad de protección del Estado ha disminuido, en el que los sujetos son más vulnerables a las vicisitudes económicas globales y a la violencia transnacional. Todo lo que acompaña a la escenografía rotunda de los muros no son sino gestos políticos destinados a contentar a cierto electorado, a suprimir la imagen de un caos políticamente embarazoso y sustituirla por la de un orden reconfortante. Aunque es imposible muchas veces cerrar completamente las fronteras, es peor dar la impresión de que no se hace nada. Construir una barrera es la mejor manera de no hacer nada dando la impresión de que se hace algo; de este modo se despliega una seductora salva política dirigida contra un conjunto de problemas especialmente complejos, a los que es imposible aportar una solución de corto plazo.

Los muros serían inicuos si se limitaran a dejar sin resolver los problemas que de manera tan simplista pretenden delimitar. Pero no es ese el caso: los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, agravan muchos de los problemas que tratan de resolver, exacerban las hostilidades mutuas, proyectan hacia el exterior los fracasos internos y excluyen toda confrontación con las desigualdades globales. Además, cuando se acentúa ostentativamente la seguridad se provoca al mismo tiempo un sentimiento de inseguridad. Son demasiados daños laterales como para que compensara la débil protección que pueden proporcionar.

Frente a la nostalgia por el orden perdido que clama por límites crispados y barreras de exclusión, la reivindicación de una frontera que comunique, demarque, equilibre y limite puede ser una estrategia razonable para transformar esos espacios de choque, cierre y soberanía en zonas porosas de contacto y comunicación. La alternativa, en cualquier caso, no es entre la frontera y su ausencia, sino entre las fronteras rígidas que siguen colonizando buena parte de nuestro imaginario político y una frontera red que permitiría pensar el mundo contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y entrecruzan, creando así unos puntos fronterizos que son también puntos de paso y comunicación.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad de Zaragoza.

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La democracia soñada

La democracia soñada

Nada hay más inquietante para los estados mayores políticos que un fenómeno fuera de control y de agenda. No cabe responder con encuestas ni consultar a los expertos y a los focus group. No hay campaña de publicidad que sirva. Ni siquiera se sabe a quién puede beneficiar o quién puede sacar tajada. Todos los partidos temen como al granizo que sean los otros quienes lo aprovechen. El PP dice que lo está organizando el PSOE, y el PSOE asegura que va a contribuir a la abstención y a la victoria del PP.

Todos estamos indignados y casi ya no sabemos quiénes son los indignantes. ¿Será al final un solo hombre, un banquero o un presidente de Gobierno por ejemplo? Cuidado, porque si así fuera, se trataría de otra cosa: un chivo expiatorio. Esta indefinición señala una revolución sin sujeto. Si caben los parados y los empresarios, los mileuristas y los profesionales, los revoltosos de hoy y los revoltosos de hace 40 años, entonces es un movimiento que no se identifica con un grupo definible, sino con todos. Es entonces una revolución sin sujeto revolucionario.  

Pero es una revolución, adjetivada como española y surgida de un mimetismo perfectamente explicable. Si los jóvenes árabes se levantan, ¿por qué no se pueden levantar los jóvenes españoles? Si la democracia se constituye frente a la dictadura, ¿por qué no se puede reconstituir frente al anquilosamiento y la disfuncionalidad? Ahí están los tres elementos del cóctel: un cambio generacional, la tecnología de las redes sociales y la crisis económica que quita trabajos, viviendas y esperanzas. Para que esta revolución tenga objeto necesita unos objetivos tan claros, difíciles pero tangibles como era echar a Ben Ali o a Mubarak. Aquí esto ya se experimentó, de otra forma, aunque su impulso aparece agotado para las nuevas generaciones. Como ha señalado Felipe González, los jóvenes árabes querían votar como nosotros y los nuestros quieren que no se vote.

Ahí está la diferencia. Cuando una revolución lo impugna todo, al final pierde foco y no impugna nada. Se queda sin objeto. ¿Cambiar la ley electoral? Muy bien. ¿Que los partidos organicen primarias? Perfecto. ¿Que los corruptos se vayan de la política? Albricias. ¿Más impuestos para los ricos y más servicios sociales para los pobres? ¡Qué bien! ¿Que la crisis no la paguen los de siempre? Más que encomiable. Nada que ver con echar al dictador. Y algunos pequeños problemas de solución difícil. ¿Cómo se hace? ¿Quién prepara y decide todas estas reformas? ¿Cuáles son los reconstituyentes concretos y eficaces para una democracia con síntomas de anemia?

La respuesta está bien sintetizada: la democracia real, una forma adjetiva de la democracia que denuncia lo que ahora echamos en falta. No sirve la democracia directa, bellísima en la utopía y en la idealización del ágora griega, pero coartada para la dictadura (véase la república asamblearia de Gadafi). Tampoco la democracia popular que, cuando existió, indicaba exactamente lo contrario: dictadura de un pequeño grupo de burócratas. La democracia real denuncia la idea de una democracia de ficción o virtual, que ya no es efectiva. Pero sería peligroso que toda democracia fuera tachada de ficticia y que se propugnara una democracia arcangélica cuya esencia y sistema de funcionamiento nadie conoce.

No tiene sujeto ni objeto, pero sí tiene sentido. La protesta, a pesar de las conspiraciones que quieran imaginar unos u otros, es síntoma y a la vez estímulo. Demuestra la funcionalidad de la indignación y la encauza. Los organizadores, partidarios de la conversación democrática y del combate por medios pacíficos, ejercen sus derechos de manifestación y de expresión. Quieren perfeccionar el sistema aunque tengan la apariencia de atacar al sistema. Hacen política en estado puro aunque se la tache de antipolítica. Sus protagonistas quieren rentabilizar el malestar y la desafección. Y pueden estar satisfechos, porque ya lo han conseguido. El foco del último tramo de la campaña electoral ha sido entero para ellos. Pero la respuesta a los numerosos interrogantes que plantean deben responderla antes y después de las elecciones los dirigentes y los partidos políticos.

La democracia real es la que tenemos. No hay otra. El sueño debe ser que funcione y que funcione bien, a satisfacción, si no de todos, de cuantos más mejor. Para cambiarla solo hay un método: no se conoce otro. Como dice el tópico, el menos malo de todos los sistemas, aunque se halle en crisis. Se trata precisamente de la democracia representativa: escogemos de vez en cuando a unos representantes que se organizan en partidos para gobernar y legislar. Debemos elegirlos con más tiento y someterlos a mayor control y escrutinio, en vez de dejarlos sueltos, es verdad. Pero ellos son los que pueden cambiar esas cosas que no nos gustan: la ley electoral, las primarias, los impuestos, el Estado de bienestar. Para que lo puedan hacer, finalmente, hay que votarles.

Lluis Bassets en El País.

La indignación no es suficiente

La indignación no es suficiente

En una sociedad con ciudadanía de baja intensidad, desafección galopante hacia la política, debates planos y argumentos inexistentes, cualquier llamamiento a sumarse a las críticas encuentra una inmediata acogida. Si quien escribe ¡Indignaos! es Hessel, que es además un luchador de la Resistencia francesa, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si quienes han escrito Reacciona son personas de indudable talla intelectual, entonces resulta imposible llevarles la contraria o matizar sus opiniones sin parecer un mercenario del sistema.

Et pourtant... La indignación es una virtud cívica necesaria pero insuficiente. Lo siento por estos autores pero yo veo las cosas de otra manera y el problema fundamental en otro sitio. De entrada, no nos sobra indignación sino todo lo contrario. Indignación la hay en todas partes; basta hacer un poco de zapping y uno se encuentra, sobre todo, gente indignada (preferentemente en los canales de la extrema derecha). Indignados están, por ejemplo, los que creen que el Estado de bienestar disminuye pero también los que consideran que está yendo demasiado lejos, los que piensan que ya hay demasiados extranjeros, los fanáticos de todo tipo, aquellos cuyo miedo ha sido agitado por quienes aspiran a gestionarlo.

Nuestras sociedades están llenas de gente que está "en contra" y escasean los que están "a favor" de algo concreto e identificable. El problema es cómo nos enfrentamos al hecho de que lo que moviliza son energías negativas de indignación, afectación y victimización. Es lo que Pierre Rosanvallon ha denominado como "era de la política negativa", en la que quienes rechazan no lo hacen a la manera de los antiguos rebeldes o disidentes, ya que su actitud no diseña ningún horizonte deseable, ningún programa de acción. En este panorama, el problema es cómo distinguir la cólera regresiva de la indignación justa y poner esta última al servicio de movimientos con eficacia transformadora.

¿Y si el público que escucha con agrado esas imprecaciones no fuera la solución sino parte del problema? Pedir a la gente que se indigne equivale a darles la razón para que continúen como hasta ahora, viviendo en una mezcla de conformismo e indignación improductiva. Lo revolucionario sería romper eficazmente con el populismo, con esa inmediatez y adulación que está en el origen de nuestras peores regresiones. Y este tipo de llamamientos sigue ofreciendo explicaciones simples para problemas complejos. La indignación deja de ser en exabrupto inofensivo e ineficaz a la hora de modificar los hechos intolerables que la suscitan cuando incluye además algún análisis razonable de por qué pasa lo que pasa, si identifica bien los problemas en vez de contentarse con haber encontrado a los culpables, si propone algún horizonte de acción.

¿Y si la indignación actuara en beneficio de quienes están satisfechos o incluso son responsables del estado de cosas contra las que nos indignamos? Puede ser que esas explosiones de airada protesta sean menos transformadoras de la realidad que el trabajo sostenido en el tiempo para formular buenos análisis y esforzarse pacientemente por introducir algunas mejoras. Se podría hablar de una función conservadora de la indignación que estabiliza los sistemas como lo hacen las válvulas de escape o las canas al aire, tan funcionales a la hora de dejar las cosas como están. Ese algo más que necesitamos para transitar hacia un mundo mejor no es una mayor exageración dramática de nuestro descontento; es, de entrada, una buena teoría que nos permita comprender lo que está pasando en el mundo sin caer en la cómoda tentación de escamotear su complejidad. Solo a partir de entonces pueden formularse programas, proyectos o liderazgos que permitan un tipo de intervención social eficaz, coherente y capaz de resultar atractiva para una mayoría que no esté formada solo por gente cabreada.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com).

El horizonte federal de España

El horizonte federal de España

La sentencia sobre el Estatuto catalán no cierra la puerta a la federalización, sino a la confederación

El federalismo es una técnica ajena a la ideología del nacionalismo

La Constitución de 1978 ha permitido resolver con indudable éxito la mayor parte de los problemas que durante los dos últimos siglos dividieron a los españoles: la controversia sobre la forma política (Monarquía o República), la cuestión social, la constante intervención del Ejército en la vida pública, la separación Iglesia-Estado, y, en definitiva, la ausencia misma de una Constitución normativa legitimada en la soberanía popular.

Hubo, sin embargo, un problema, el denominado regional o territorial, sobre el que no fue posible alcanzar un consenso. A falta de este, el constituyente de 1977-78 se limitó a recoger un "compromiso apócrifo", por utilizar la terminología de Schmitt, que en última instancia suponía un mero aplazamiento del problema. Y hoy, 32 años después, lamentablemente, seguimos como entonces.

Entre las muchas y diversas razones que explican el fracaso del constituyente a la hora de resolver el problema regional cabe subrayar el profundo desconocimiento por la clase política de lo que el federalismo significa. Ese desconocimiento perdura hoy. Solamente así puede explicarse el amplio espectro de reacciones adversas a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en las que se sostiene que el Tribunal impide la consolidación de nuestro Estado autonómico como un Estado federal.

El Derecho Constitucional Comparado nos pone de manifiesto que el federalismo es el mejor expediente para garantizar el pluralismo territorial en el seno del Estado Constitucional. España no es en este sentido una excepción. El federalismo ofrece los instrumentos para articular la diversidad en la unidad. Por ello, la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿es España ya un Estado federal? Y, si no, ¿qué reformas son precisas para que lo sea?

El Estado federal se distingue del Estado centralizado por reconocer el principio de autonomía política de los entes infraestatales que lo componen (Estados, regiones, comunidades autónomas). Allí donde este principio está establecido en una Constitución normativa y garantizado por un órgano de defensa de la Constitución, cabe hablar de federalismo. Esa autonomía política implica la facultad de autogobierno a través de normas propias emanadas de un poder legislativo infraestatal. La autonomía podrá ser más o menos amplia en función de las mayores o menores competencias que se atribuyan a los poderes regionales, pero siempre que exista nos encontraremos ante un Estado materialmente federal.

Desde esta óptica resulta evidente que España sería ya un Estado federal en la medida en que la autonomía está garantizada y consolidada. A mayor abundamiento, es una autonomía de una amplitud desconocida en el federalismo comparado. La extensión de las competencias regionales es de tal magnitud que a los poderes autonómicos corresponde la gestión de más de un tercio del gasto público.

Sin embargo, España presenta una singularidad que es la que la distingue de todos los demás Estados federales o compuestos existentes en el mundo. Esta diferencia es el denominado principio dispositivo cuyo significado y alcance son fáciles de comprender. En virtud de dicho principio, la Constitución española de 1978 no identifica las comunidades autónomas que conforman el Estado ni -lo que es más grave- cuál es el nivel de autonomía política de las mismas. Eso no ocurre en ningún Estado Federal del mundo. En todos ellos la Constitución Federal establece cuántos y quiénes son los titulares de la autonomía política y, por supuesto, cuál es el contenido de esa autonomía. Las consecuencias de ello resultan muy claras. En cualquier régimen federal, el aumento o disminución de las competencias de los poderes centrales o territoriales exige, inexcusablemente, una reforma de la Constitución.

En España, al no recoger la Constitución ni la relación de comunidades autónomas ni la amplitud de sus competencias, tales operaciones son diferidas a otras normas, los estatutos de autonomía. Ello permite que se pueda modificar la distribución del poder en España, una cuestión materialmente constitucional y que incumbe a todos los españoles, mediante la reforma de un estatuto de autonomía y sin necesidad de activar el procedimiento de reforma constitucional. De esta forma, el proceso constituyente permanece indefinida y peligrosamente abierto. Sobre los riesgos de esta situación nos advertía el profesor Tomás y Valiente: "Hay que dar por terminado el proceso constituyente. Un Estado no puede permanecer indefinidamente en proceso constituyente sin poner en riesgo la unidad de la sociedad política subyacente, la unidad de la nación. Si no se pretende conscientemente esa ruptura es imprudente desencadenar fuerzas que pueden conducir a ese resultado".

La consolidación de nuestro Estado autonómico como un Estado federal exige proceder al cierre del proceso constituyente mediante la supresión del principio dispositivo. Esto solo es posible mediante una reforma de la Constitución vigente. Reforma que por un lado, incluya en la Constitución los nombres de las 17 comunidades autónomas existentes y por otra, establezca directamente el reparto de competencias entre poderes centrales y territoriales. Los estatutos de autonomía, como normas institucionales básicas, se limitarían entonces a establecer la organización interna de la respectiva comunidad. Una tal reforma debería completarse con un diseño básico de instrumentos y órganos de cooperación multilateral imprescindibles para garantizar el eficaz funcionamiento del Estado, la lealtad institucional, y la cultura federal.

En definitiva, la existencia del principio dispositivo es lo único que distingue a España del resto de los países federales. Su supresión, por tanto, es también la única vía posible para alcanzar el horizonte federal.

Como acertadamente advierte el presidente del Consejo de Estado, profesor Rubio Llorente: "Hay que reformar la Constitución para acabarla". En este sentido, el horizonte federal se vislumbra como la meta a alcanzar mediante la reforma.

Pero ese horizonte federal no tiene nada que ver con "posiciones singulares", con "derechos históricos" ni con "realidad nacional" alguno. El federalismo es una técnica ajena por completo a la ideología del nacionalismo. Y ello porque el federalismo se levanta sobre dos principios: la igualdad entre los miembros de la Federación, y la lealtad. Sin embargo, cuando desde Cataluña se apela al federalismo lo que se está demandando es la transformación del Estado nacional en un Estado plurinacional, la sustitución del principio de igualdad federal por la asimetría (esto es, la desigualdad), el establecimiento de relaciones bilaterales en detrimento del principio de multilateralidad. Esas demandas nada tienen que ver con el federalismo y sólo pueden ser satisfechas mediante la sustitución del Estado actual por una Confederación de Estados.

En su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional no ha cerrado la puerta a la federalización de España. Esa puerta sigue abierta, y es el procedimiento de reforma constitucional. Lo que ha cerrado, y lo ha hecho porque estaba obligado a ello, es el camino que conducía a la confederación.

Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco y autor de El principio de cooperación en el Estado Autonómico.

Quiebra moral de la economía de mercado

Quiebra moral de la economía de mercado

Si la política no recobra su autonomía frente a los mercados financieros y la sociedad no es capaz de manifestar su indignación, no habrá límites a la especulación, la volatilidad financiera y la desigualdad

Uno. Los argumentos económicos son insuficientes para comprender las causas profundas del desastre que estamos viviendo. No solo ha habido "fallos" de la regulación financiera y "errores" de política, como dicen los economistas. Hay algo más intrigante: una quiebra moral del nuevo capitalismo que emergió en los años ochenta del siglo pasado.

Si no se toma en consideración esa quiebra moral es imposible comprender la crisis financiera de 2008. Y, lo que es más importante, tampoco se ven algunos de los destrozos que deja: la deslegitimación social de la economía de mercado; una deslegitimación que abarca a las políticas que están haciendo los Gobiernos.

Es descorazonador ver cómo se utiliza el argumento del too big to fail [demasiado grande para caer] con el fin de justificar el rescate público de los bancos y el mantenimiento del empleo y sueldo a los banqueros, haciendo pagar al resto la factura con sus impuestos y recortes de gastos sociales. Esa "medicina", además de culpabilizar a las víctimas, aumentará la desigualdad.

El riesgo es, entonces, el desprestigio de la política democrática y la aparición de problemas serios de gobernabilidad de nuestras sociedades.

Dos. Para comprender las raíces de esa quiebra moral, es necesario cruzar las fronteras del análisis económico y adentrarse en otras disciplinas que captan mejor los fundamentos éticos de la economía, basados en valores como la confianza, la equidad, la justicia o la buena fe en las relaciones económicas; y las consecuencias negativas de la desigualdad, el fraude, el expolio o la corrupción.

Esa convicción me ha llevado a coordinar un ensayo colectivo que en su propio título expresa esa necesidad: La crisis de 2008. De la economía a la política y más allá, editado en la colección Mediterráneo Económico de Fundación Cajamar (www.mediterraneoeconomico.com). Junto a la opinión de economistas, incluye la de filósofos, sociólogos, historiadores, periodistas, ensayistas y novelistas. Aunque sus miradas son diferentes, la polifonía de voces no desentona. Al contrario, ofrece una visión más comprensiva, en la que las voces de los economistas se ven complementadas por la de otros pensadores y científicos sociales.

Tres. Los economistas ofrecen cuatro tipos de explicaciones, no excluyentes entre sí, que descansan sobre la idea de "fallos", "errores" y "desequilibrios".

La primera, atribuye la burbuja de crédito y la asunción de riesgos a los "fallos" de la desregulación financiera que propició la desaparición del viejo modelo de banca prudente y aburrida, que mantenía el riesgo en su propio balance, y fomentó nuevas prácticas ("innovación financiera") que llevaron a la toma de riesgos excesivos para esparcirlos por todo el globo.

La segunda, se centra en los "errores" de una prolongada política de bajos tipos de interés practicadas en Estados Unidos (para evitar la recesión posterior a la explosión de la burbuja punto.com a inicios del 2000), y en Europa (para intentar sacar a Alemania de su anorexia posintegración).

La tercera se fija en los "desequilibrios globales", que hicieron que algunos grandes exportadores de manufacturas, como China y Alemania, en vez de consumir esos ingresos crearan grandes masas de ahorro (global savings glut) que financiaron la burbuja de crédito en EE UU y en la periferia europea.

Una cuarta explicación vincula la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria con la desigualdad. Incapaces de hacerle frente mediante políticas redistributivas, los Gobiernos habrían utilizado el crédito barato y las políticas de desgravación a la vivienda para compensar la caída de ingresos de las clases medias y trabajadoras. El hecho de que la burbuja inmobiliaria haya sido más intensa en los países del Atlántico Norte, como España, parece apoyar esa hipótesis.

Cuatro. Los no economistas dirigen la mirada hacia otro lugar. Buscan las raíces de la crisis en una "quiebra moral" de la economía que se habría producido en los años noventa.

Estamos ante un fenómeno intrigante. Algo sucedió en los ochenta que invirtió la tendencia a la reducción de la desigualdad desde la II Guerra Mundial. A partir de los ochenta la distribución de la renta se hizo más desigual. Los ricos, especialmente en el sector financiero, se han hecho cada vez más ricos.

Las causas no están claras. Coincidió con cambios de diverso tipo: tecnológicos (las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones), económicos (la globalización), políticos (caída del muro de Berlín) e ideológicos (aparición de la ideología del mercado libre de trabas). Pero parecen haber tenido más influencia las políticas desreguladoras y la debilitación de instituciones que ejercían un cierto control social, como los sindicatos y los medios de comunicación.

La caída del muro de Berlín y del socialismo jugó un papel decisivo. Paradójicamente, no solo dejó huérfano de fundamento ético al socialismo, sino también al capitalismo. La vieja ideología calvinista, basada en la ética del esfuerzo y la responsabilidad individual, dejó paso a una nueva ideología donde la retórica de las "leyes impersonales del libre mercado" impediría juzgar la conducta de los actores desde una perspectiva moral. Es decir, la lógica del mercado haría desaparecer el libre albedrío y, por tanto, la responsabilidad individual. La economía quedaría así liberada de fundamentos éticos.

Esta falacia dio carta de naturaleza al "nuevo héroe" del capitalismo. Un personaje amoral, desacomplejado, libre de cualquier tipo de cortapisas, que lo quiere todo y ahora, que busca maximizar el valor de la acción y su rentabilidad inmediata, y no a la creación de valor económico a largo plazo. Además, se beneficia del paraguas del llamado "riesgo moral": sabe que las consecuencias negativas de sus acciones no las pagará él, sino la sociedad que vendrá a su rescate.

Los economistas han tenido un papel importante en esa quiebra ética. Aunque saben poco de cómo funciona el mundo real, practican una economía arrogante, basada en supuestos idealizados del comportamiento económico, que han utilizado para apoyar políticas de libre mercado. Solo una economía humilde, que reconozca que sabe poco sobre los mercados financieros, será fuente de progreso y estabilidad.

Cinco. Si es cierta esta quiebra moral de la economía, la pretensión bienintencionada de que corrigiendo los "fallos" de la regulación financiera será suficiente para acabar con las conductas amorales y meter al genio de la inestabilidad financiera dentro de la botella es un wishful thinking, una ilusión interesada.

La evidencia de que es una falsa solución está en la rápida reaparición de las mismas conductas de riesgo y sobresueldos protagonizadas por los responsables de las agencias de rating y de las instituciones financieras que causaron el desastre y fueron rescatadas con dinero público. Causa sonrojo ver la desfachatez con que vuelven a practicar las mismas conductas. No es que sean inmorales, son amorales. Practican un "fraude inocente".

Una salida estable y duradera a la crisis requiere una refundación moral del capitalismo. No creo que necesitemos otro capitalismo, pero sí necesitamos salvar al capitalismo de estos capitalistas. El problema es que la política ha perdido autonomía y capacidad para hacerlo. Causa desazón ver la confesión de impotencia de David Cameron en el Parlamento británico al señalar que su Gobierno no puede hacer nada para frenar esas conductas.

Pero si la política no recobra su autonomía frente a los mercados financieros, y la sociedad no es capaz de manifestar su indignación ante estas conductas, no habrá límites eficaces a la economía especulativa, a la volatilidad financiera y a la desigualdad.

De ser así, el mayor riesgo de la próxima década será la creciente ingobernabilidad de nuestras sociedades democráticas. Algunas señales apuntan ya en esa dirección.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

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Después de Zapatero, el PSOE

Después de Zapatero, el PSOE

Los socialistas pueden tomarse con calma la sucesión. Necesitan un nuevo liderazgo, sí, pero para el próximo ciclo político, el que se abrirá tras la crisis. La clave entonces estará en menos personalismo y nuevas ideas

Las especulaciones sobre el tempo de sucesión del presidente, las maniobras de algunos posibles candidatos y la ansiedad de los cabeza de lista territoriales y locales no ayudan al PSOE. Y menos el debate sobre nombres, que perpetúa el legado más negativo de Zapatero: la concepción personalista, inorgánica, de la política.

El PSOE puede tomarse con serenidad la sucesión. El gran secreto de la política española es que las próximas generales son irrelevantes como predictores de la hegemonía política para después de la crisis. En Europa, quien gobierna pierde. Las condiciones políticas después de la crisis serán probablemente tan distintas de las actuales que lo que lleve, ahora o en el corto plazo, al poder será diferente de lo que permita alcanzarlo o mantenerlo en el futuro.

Es para ese próximo ciclo político, todavía nonato, para el que el PSOE necesita un nuevo liderazgo. Por tanto, puede posponer la pregunta sobre el candidato a una serie de reflexiones previas. Primera, ¿sucesión para qué?, es decir: ¿qué tipo de políticas deberá perseguir para dominar el ciclo poscrisis? Segunda, ¿qué modelo de poder?, es decir: ¿se quiere cambiar el hiper liderazgo de Zapatero por un liderazgo más orgánico? Tercera, ¿cuál es el proceso?, es decir: ¿cómo conjugar amortiguar el inevitable golpe electoral a corto con desarrollar candidatos de largo recorrido?

Para responder a la primera cuestión hay que partir del reconocimiento del vaciamiento ideológico que Zapatero ha operado en el PSOE. Canceló el eje tradicional de confrontación derecha-izquierda, el económico, y eligió competir solo en el eje de los valores. De dos maneras. Primera, privilegió los derechos ciudadanos, un grupo de valores importante pero de atractivo electoral limitado y, en cualquier caso, ahora ya conquistado gracias a él. Segunda, reemplazó cualquier otro posible discurso sobre valores por su estilo de liderazgo, pensando que podría atraer a la clase media solo con desplegar el carácter personal y político más opuesto posible al de Aznar. Sin embargo, las clases medias urbanas -las que permiten a un partido convertirse en pivote y así dominar un ciclo- se han ido moviendo, moderada pero sostenidamente, en una dirección conservadora, de un mayor reclamo de autoridad, en especial por el Gobierno y la Administración. La imagen de Zapatero, eficazmente ahondada por Rajoy, de tomarse la función gubernamental a la ligera ha sido devastadora.

Mientras que la respuesta a esta demanda social radica más en la capacidad del PSOE para cooptar élites para sus Gobiernos que en cambios importantes en su ideología, sí se avecina un choque de valores fascinante, que exige al partido una importante renovación de ideas. Tras la crisis, que está dejando el sabor amargo, políticamente todavía no expresado, del resentimiento por el destino desigual de las clases sociales durante la misma, dos son los valores principales que se van a confrontar. Por un lado, lo que será la apuesta del PP: el mérito como legitimador de las diferencias sociales. Por otro, la que debería ser la bandera del PSOE: la igualdad de oportunidades. Mientras que para el PSOE la refundación del eje económico es cognitivamente complicada, ya que carece siquiera de asomo de un paradigma económico alternativo al empresarial, la reconfiguración de su oferta de valores, incluyendo una menor preponderancia del republicanismo cívico, le será emocionalmente muy difícil, especialmente a la generación del presidente.

El segundo reto es el abandono del hiper liderazgo en el partido e hiperpresidencialismo en el Gobierno. No es fácil, porque nuestro sistema los favorece, por tres razones. Una sociológica: los dos grandes partidos españoles son, como toda gran organización, oligárquicos. Otra normativa: la sobreprotección que la Constitución otorga a los partidos refuerza la concentración de poder. Una tercera electoral: el personalismo creciente de las campañas, cuya expresión máxima fueron las dos últimas generales, cuando las siglas PSOE fueron postergadas en favor de la marca "ZP" en 2004 y de la todavía más estilizada "Z" en 2008.

El presidencialismo se acentúa porque el rol presidencial transforma a sus tomadores. A partir de su nombramiento, la preocupación primordial de los presidentes es su evaluación por la historia... porque ya están en ella. Cuando González decía que se gobierna desde Moncloa y no desde Ferraz asumía que el juicio de su presidencia iba a ser sobre su individualidad política. Cuando Aznar renunció a una tercera presidencia lo hizo desde el supuesto de que su lugar en la historia sería independiente del juicio que merecería su PP. Cuando Zapatero ha acumulado más poder que cualquiera de sus predecesores es para asegurar un proyecto irreductiblemente personal. Y cuando el presidente al que menos le ha importado la economía hace de esta, en coalición contra natura con grandes empresarios, su programa para su año final, es porque está pensando en su última oportunidad de pasar como estadista a la historia.

Pero Zapatero, más que ningún otro presidente, se ha constituido en figura diferenciada de su partido. En toda presidencia, las decisiones principales emanan principalmente de alguna combinación de sedes de poder: partido, Gobierno, staff de Moncloa, presidente, consejeros personales. Zapatero es el presidente que más ha desplazado la toma de decisiones hacia su persona y consiglieri. En contraste, González, hasta la salida de Guerra, y Aznar en su primera legislatura, se apoyaron en el trípode partido-Gobierno-Moncloa. De ahí su impacto. Por eso es necesaria una nueva articulación de la relación de poder entre el PSOE y su líder.

La reflexión sobre el modelo de liderazgo lleva directamente a la tercera reflexión clave señalada: la transición entre el corto y largo plazo del PSOE, una cuestión más amplia e importante que la del posible anuncio por el presidente de su renuncia a presentarse a otra presidencia, algo que la opinión pública ya ha asumido, o la nominalista de quién será el nuevo candidato.

El presidente tiene interés en que la sucesión salga bien. Conviene a su lugar en la historia. Cuenta además con la objetividad y distanciamiento de los que no tienen futuro político. Y no hay astucia táctica como la suya una vez los objetivos son claros. Seguramente acertará en los detalles del proceso, para el que no hay un solo trayecto ideal. Probablemente anunciará la renovación del liderazgo después de las elecciones de mayo, pero no inmediatamente, para que no parezca una consecuencia directa, y adoptará el rol de curador del proceso, para que el partido no dé imagen de desunión en las primarias (a los procesos de sucesión política les pasa como a la elaboración de salchichas: el público no debería poder verlos). Y seguramente seguirá gobernando hasta el fin de la legislatura, protegiendo así al partido, y a quien el partido elija candidato. Y contra sus instintos permitirá que alguien de una generación anterior sea su primer reemplazo.

Porque de todas las prioridades de Zapatero en su sucesión, la más importante es cuidar la relación entre generaciones socialistas. Porque ni la que desarrolló el oficio de ganar elecciones y gobernar con González, ni la que aprendió el primero de ellos con el actual presidente, podrá recorrer por si sola la transición de Zapatero al PSOE. La veterana de estas generaciones, en lo que será su last hurrah, es necesaria para reducir el castigo electoral, ofrecer imagen de oficio gubernamental y, más pragmática, centrar el partido. Pero como Moisés con la tierra prometida, el hecho biológico les impedirá liderar todo el recorrido del próximo ciclo político. Serán, por tanto, probablemente dos las sucesiones a Zapatero (a González fueron tres).  

A diferencia de los conservadores, que tienen ante sí la más fácil tarea de preservar el statu quo, la izquierda, para cualquier cambio social debe acumular cantidades ingentes de capital político. Nunca ha logrado una transformación relevante sin un estrecho alineamiento entre líder, dirigentes, partido y votantes con un mandato compartido de acción. Este fue el caso de los primeros Gobiernos de González para la europeización de España. Zapatero ha sido el presidente más individualista y, por tanto, el que menos ha cambiado la sociedad. Por eso, su sucesión ha de ser, principalmente, la de un hiperliderazgo a un liderazgo más compartido.

José Luis Álvarez es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y profesor de ESADE Madrid.

El mayor desmán financiero de nuestra historia

El mayor desmán financiero de nuestra historia

Vamos a privatizar la mitad local y social de nuestro sistema a precios de saldo y desguace

Tengo en el cuerpo la incómoda sensación de que estamos a punto de cometer el mayor desmán financiero de nuestra historia: la entrega de la mitad, ¡la mitad!, del sistema financiero español, a precios de saldo y desguace, a bancos, inversores privados y "fondos buitres", como les llama un conocido y reputado analista financiero, José Carlos Díez, en su blog.

Quizá este malestar es debido a un arrebato de patriotismo. En cualquier caso, las consecuencias serían muy importantes. Primero, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria, cuyos perjudicados serán familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Segundo, la aparición de riesgo de exclusión financiera para personas con baja cultura financiera, que tenían en la proximidad de las oficinas de las cajas un servicio público que los bancos no prestarán. Tercero, la pérdida de la Obra Social de las cajas, que actúa como un segundo Estado de bienestar, al atender a situaciones sociales adonde no llegaban las políticas públicas. Y, cuarto, la pérdida de un instrumento de dinamización cultural, especialmente en zonas pobres o alejadas.

El valor económico que se perdería para la sociedad en su conjunto sería inmenso. Muchísimo mayor que el valor patrimonial o contable, que es lo que ahora está en juego.

Si queremos preservar ese valor económico, la solución no es la fuga hacia delante, para entregarlas a inversores privados. La solución es la vuelta atrás, hacia lo que nunca deberían haber dejado de ser.

Las cajas son una institución financiera peculiar. Su mercado geográfico natural es el local y provincial. Y su función natural el crédito a las familias y pymes. Ese mercado y esa operativa eran coherentes con una específica estructura de propiedad distinta de la de los bancos.

Ha sido una historia de éxito, hasta ahora.

A esta situación se ha llegado a través de un largo camino de despropósitos. Son muchos los que han colaborado: legisladores, autoridades, reguladores, supervisores y las propias cajas.

Legisladores, autoridades económicas y monetarias han puesto un empeño digno de otras causas en liberalizar las cajas para romper sus fronteras geográficas naturales y dejar que hicieran todo lo que hacían los bancos. No midieron los riesgos. Esa libertad que se otorgó a los directivos chocaba con la lentitud de sus órganos de gobierno a la hora de tomar decisiones en momentos de crisis.

Los directivos aprovecharon esa liberalización para una expansión irresponsable y para concentrar las inversiones en inmuebles y suelo. Como los depósitos de los impositores no daban para financiar la expansión crediticia, se endeudaron hasta las cejas en los mercados europeos de capital. Riesgo inmobiliario y alto endeudamiento ha sido un cóctel explosivo.

Lo más sorprendente es ver cómo el supervisor, el Banco de España, dejó crecer ese riesgo y endeudamiento. Su labor de vigilancia y supervisión ha sido manifiestamente mejorable. La situación actual cuestiona su labor, al menos hasta 2007. No vale ahora echarle la culpa a la "politización" de las cajas. No puede lavarse las manos. Alguna explicación merecen los españoles y que la autoridad bancaria les diga qué hará en el futuro para desarrollar mejor su función.

Las autoridades autonómicas y locales han puesto su grano de arena. Al buscar una solución en los matrimonios endogámicos han empeorado la situación. La unión de dos contagiados no da lugar a uno sano.

Finalmente, el Gobierno ha estado creyéndose durante demasiado tiempo su propia mentira: que teníamos el mejor sistema bancario del mundo mundial. Faltó diagnóstico precoz para ver el contagio y diligencia en la aplicación de la medicina que tenía a mano: el propio Fondo de Garantía de las Cajas y el FROB. Ahora todo son prisas y precipitaciones. Y así nos va.

La solución para preservar el valor económico que las cajas tienen para la sociedad y la economía española es la intervención temporal y la depuración de responsabilidades. Esa intervención no debería llevar aparejada la obligación de conversión en bancos. Al contrario, debería forzar a las cajas intervenidas a dar un paso atrás: volver a recuperar su ámbito de negocio natural. No es imposible. Así se ha hecho en otros momentos de reforma bancaria.

¿Cuánto costaría la intervención? La vicepresidenta Elena Salgado ha estimado que unos 20.000 millones adicionales, incluyendo bancos. En total, un 3% del PIB. Cantidad manejable, y más productiva que los gastos faraónicos en el AVE. Y menor del 6% del PIB que costó la intervención del sector privado bancario en los años ochenta, desde Rumasa hasta Banesto. En todo caso, ese coste no es nada comparado con el valor económico que se perdería con la desaparición de las cajas.

Creo que vale la pena salvar las cajas. Si no, el epitafio de los historiadores de nuestro sistema financiero será que "entre todos la mataron, y ella sola se murió".

Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

Gran metáfora

Gran metáfora

Cualquiera con un mínimo de sensibilidad intelectual, incluso estética, no puede dejar de sentir un sobresalto cada vez que pasa zapeando por donde estuvo en su día CNN+ y se encuentra con lo que ahora ocupa su lugar. Este malestar seguramente deriva del hecho de que sabemos que aquí se ha producido algo más que un mero intercambio de canales. Estamos ante un caso de libro de la fagocitación de una cadena de información seria y de rigor por parte de una de las manifestaciones más burdas de la novedosa "cultura popular". Es difícil encontrar un ejemplo tan gráfico de la lucha darwinista por las audiencias bajo el signo de la nueva sociedad de masas. Lo que hemos perdido y lo que lo ha sustituido se ha convertido, de golpe, en una metáfora extraordinaria de lo que de una forma más pausada ha venido pasando en nuestro país -y no sólo- a lo largo de los últimos años: la progresiva e implacable banalización del espacio público.

El problema es que cuando estos escasos oasis mediáticos se secan, como acaba de ocurrir con CNN+, ya nada o casi nada puede impedir la propagación del desierto. Con la digna excepción de algunos medios públicos, si consiguen sobrevivir. Como muestra la oferta que encontramos en la multiplicidad de canales de TDT, la nueva pluralidad televisiva no ha aumentado un ápice el acceso a algún programa que fomente el desarrollo de una cultura pública crítica y exigente. Como en su día ocurriera en Italia, este proceso de gradual banalización se ha ido implantando de forma silenciosa y en nombre de valores tan dignos como el entretenimiento y la diversión. Poco a poco, sin embargo, se ha logrado laminar las fuentes que mantenían viva lo poco que quedaba de la cultura política tradicional, casi de la cultura a secas. En una deliciosa ironía del destino, y por seguir en ese mismo país, el empresario que se encargó de empujar a los márgenes mediáticos a quien no participara de su filosofía acabó de primer ministro, e incluso se permitió gobernar como un entertainer, con velinas incluidas.

El resultado, lo sabemos también por Italia, es la progresiva infantilización y despolitización de la sociedad. Es una sociedad de la distracción, en su doble sentido, el de esparcimiento, y el de la falta de atención, sobre todo hacia lo que debiera importarnos como ciudadanos. Lo público, nuestro mundo común, ya no gira predominantemente en torno a la discusión de las cuestiones políticas, sino hacia personajes populares que exhiben impúdicamente su vida privada. El escenario público se llena de trivialidades; se fomentan los tópicos y todo lo que alimenta el morbo. Lo malo es que, por el camino, estas lógicas del espacio público televisivo acaban colonizando al final a la discusión política misma. Lo importante es captar la atención de estos ciudadanos distraídos, aunque para ello haya que ir a La Noria. Es el signo de los tiempos.

Se dirá, y no es un argumento baladí, que esto es lo que la gente quiere ver, y que quiénes somos nosotros, sus críticos elitistas, para imponer nada. Ahora que tanto se habla de los mercados, esta sería otra de sus manifestaciones: el ajuste perfecto entre oferta y demanda televisiva. Lo malo, como ya observaría Tocqueville cuando se refería a la "tiranía de la mayoría", es que esta siempre tiene la tendencia a arrogarse la razón, a presentarse como el poder moral supremo. Y la consecuencia es la presión hacia la conformidad, con las elecciones de los muchos, la anulación del juicio individual diferente, la homogeneización de los gustos y la imposibilidad de imaginar algo distinto de lo dado, de lo que se nos ofrece como normal.

Tampoco cabe confiar demasiado en el sistema educativo como factor de resistencia y como esperanza en un cambio de tendencia. Entre otras cosas porque hoy los valores, el conocimiento y la visión general de la realidad nos los transmiten sobre todo los medios de comunicación. El papel de la educación sigue siendo central, pero no debe ser nada fácil para los educadores competir con un mundo en el que aquello que enseñan a sus alumnos y se supone importante apenas tiene después algún reflejo en el espacio público más amplio. Ocurre más bien al revés: aquello de lo que allí se empapan, de lo que allí consumen, condiciona después su rendimiento escolar. La distracción acaba predominando también aquí sobre el esfuerzo, el esfuerzo de pensar. Y la creación de individuos autónomos y críticos con capacidad para resistirse a las pulsiones de la masa se convierte en un recurso más escaso cada vez.

Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política en la UAM.

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