La derrota de ETA

"Fue quizá mi hijo quien me ha ayudado muchísimo en estos años. Pero ha sido desde luego la personita que en primer lugar me ha ayudado a enfrentarme a la realidad. Y lo más importante ha sido, y es, su mirada. Su mirada que interroga. Su mirada que pregunta. Y lo más importante ha sido, y es, saber responder a sus preguntas. Javier fue creciendo y me iba preguntando: dónde está papá, cómo ha muerto mi padre, quién ha matado a mi padre, dónde está el asesino de mi padre. Es difícil contestar a estas preguntas. He aprendido a hacerlo y desde luego la respuesta sigue estando pendiente en muchos casos. Pendiente como quedan muchos temas pendientes en esta sociedad por solucionarse. Y ojalá que un día, cuando Javier sea todavía un poco más mayor -Javier tiene ahora 11 años- y me vuelva a preguntar, yo sea capaz, y la sociedad sea capaz, de darle la respuesta a Javier que se merece. A Javier y a tantos huérfanos como ha dejado el terrorismo de ETA en este país".

Así concluía Ana Iribar el documental de homenaje a su esposo realizado diez años después de que ETA asesinara a Gregorio Ordóñez. Sus certeras reflexiones reflejan con sencillez las consecuencias sociales y políticas del terrorismo y cómo la consideración de éstas debe guiar siempre los esfuerzos de gobernantes y ciudadanos por la erradicación de la violencia. Oportuno resulta rescatarlas en el décimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando muchas víctimas del terrorismo no están recibiendo las respuestas que merecen. A menudo se eleva retóricamente la categoría de las víctimas del terrorismo equiparándolas con héroes, recurso que, sin embargo, es utilizado para reclamar injustas renuncias de seres humanos particularmente vulnerables y necesitados de protección. Ese heroísmo con el que se destaca su comportamiento ensombrece derechos y justas reivindicaciones de quienes han sido victimizados por criminales que persiguen unos determinados objetivos políticos, minimizándose por tanto la dimensión política de las víctimas del terrorismo.

Del ineludible carácter político de las víctimas se derivan lógicas y necesarias reclamaciones que constituyen incómodas exigencias para quienes desean aplicar una impunidad inherente al ‘proceso de paz’. Con esta engañosa terminología se ha buscado cobertura ideológica y social para la negociación entre el Estado y ETA en condiciones contrarias a las exigidas por el Congreso, irresponsable iniciativa cuyo éxito reclamaba la neutralización de uno de los frentes fundamentales en la lucha contra la banda, como es el de la movilización ciudadana.

Fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco el detonante de un contundente desafío desde la sociedad civil que serviría para complementar una eficaz política antiterrorista basada en la firme aplicación de instrumentos políticos, policiales, sociales y judiciales contra ETA. La combinación de estas variables en torno al Pacto por las Libertades se tradujo en la más eficaz respuesta de nuestra democracia contra el terror, resquebrajando el mito de la imbatibilidad de ETA. Tan relevante victoria se logró a pesar de los esfuerzos del nacionalismo institucional por consolidar una narrativa en la que la derrota etarra era presentada como imposible con el fin de legitimar la negociación con terroristas. La desmotivación que dicho modelo generaba en una sociedad amenazada y forzada a negociar con quienes la coaccionaban fue contrarrestada por el sólido respaldo que la ciudadanía intimidada recibió desde un Estado obligado a presentarse como implacable. Los perversos efectos de la violencia sobre el tejido político y social hacían imprescindible ese posicionamiento que erigiera al Estado en modélico referente de aquéllos a los que injustamente se les reclamaban heroicidades.

Pero ni eran ni son héroes, sino seres humanos que a pesar del sufrimiento y la provocación siempre han eludido la venganza, confiando al Estado su seguridad y su derecho a la justicia, como recuerda Maite Pagazaurtundua: «Imaginemos lo que pasaría si en plena adolescencia los huérfanos de los asesinados por ETA que siguen viviendo en el País Vasco dejaran de asumir la regla no escrita del silencio y el disimulo. O si lo hubieran hecho los que quedaron huérfanos de niños y ya son adultos. Si no se hubieran contenido, estos jóvenes harían frente a los jóvenes rabiosos y violentos, en cualquier calle, porque los cachorros de ETA ponen carteles a la luz del día, se manifiestan y muestran sus emblemas de forma arrogante. Nos habríamos asimilado, entonces sí, a los estándares de los expertos internacionales en conflictos».

El ‘proceso de paz’ ignora tan determinantes factores que deben condicionar la respuesta antiterrorista de una sociedad democrática como la nuestra, en la que las violaciones de derechos humanos son responsabilidad de una organización terrorista y no del Estado, como ocurre en otros escenarios instrumentalizados con el fin de aportar coartadas a la negociación con ETA. Esa negociación todavía alentada por ciertos sectores se apoya en la marginación de las víctimas del terrorismo mediante la tergiversación de sus reivindicaciones para así limitar su relevancia. Con esa intención se defiende que las víctimas no deben condicionar la política antiterrorista de un gobierno, si bien no son éstas las interesadas en ejercer condicionamientos, sino más bien quienes les acusan de ello, pues las reclamaciones de aquéllas aluden simplemente al cumplimiento de la legalidad, exigiendo tan sólo que ésta no quede supeditada a cambiantes voluntades políticas.

En consecuencia, y como escribía Reyes Mate para la Fundación Alternativas, «la justicia a las víctimas pasadas es la condición necesaria para una política futura sin violencia», pues «la justicia a las víctimas no es sólo un problema moral, sino también político». Sin embargo, los partidarios del ‘proceso de paz’ niegan esa justicia a las víctimas propugnando su doble victimización al anteponer a los criterios jurídicos decisiones políticas arbitrarias. Enaltecen además a los victimarios sobre las víctimas, negándoles a éstas un papel activo en el ‘proceso de paz’ a la vez que se reclama todo lo contrario para terroristas legitimados como ‘interlocutores necesarios’.

No es ése un mecanismo eficaz de resolución de conflictos, sino un método de instaurar gradualmente el olvido en una sociedad para la cual la memoria constituye un arma fundamental en su combate contra ETA. La negociación al margen de las instituciones democráticas propugnada por el Gobierno español y el nacionalismo vasco transforma sutilmente la realidad del terror, pues el terrorista logra finalmente lo que persiguió mediante el asesinato de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa y otros representantes políticos, esto es, la deslegitimación del sistema democrático. Por ello, la enorme injusticia que define la negociación con ETA alienta irremediablemente la perpetuación de una coacción convertida en eficaz por quienes son responsables de su contención, como revela la vuelta de ETA a las instituciones.

En esas circunstancias, imposible resulta la «erosión mediante la deslegitimación social» del «discurso totalitario» de ETA que Josu Jon Imaz reclamaba recientemente. Así es porque, si bien el presidente del PNV aseguraba que «nunca» aceptará «el más mínimo avance del autogobierno vinculado a la presión de la violencia», la negociación expone lo contrario: quienes han desafiado violentamente el autogobierno son eximidos del respeto a los procedimientos democráticos, deslegitimándose así a quienes fueron asesinados por defenderlos, favoreciéndose por tanto el desistimiento de la sociedad. Vacía de contenido queda esa aparente firmeza cuando la coacción obtiene el rédito de la cesión fruto del miedo, como corrobora la reciente actuación del nacionalismo al constituirse los ayuntamientos.

Ante el temor a convertirse en objetivo terrorista, algunos nacionalistas han reconocido la injusticia padecida por quienes vienen sufriendo durante décadas una intolerable privación de derechos y libertades precisamente por no compartir su ideología. No obstante, ante la amenaza contrasta la resistencia de unos con la sumisión de otros. Semejante desigualdad, que fortalece al totalitarismo debilitando seriamente la democracia, debería llevar al nacionalismo y a quienes desde el socialismo han mimetizado su fallido modelo de negociación a comprender que el diálogo con ETA es incompatible con la indispensable contestación social en la que debe sustentarse una derrota del terrorismo posible e irrenunciable.

Próximo ya el décimo aniversario del espíritu de Ermua, puede recordarse que, durante unos días, la unidad frente al terror trascendió ideologías antes de que el nacionalismo sucumbiera a la tentación de una contraproducente negociación con ETA luego replicada por el socialismo. En aquellos días la imprescindible derrota de ETA que las víctimas merecen y que la sociedad necesita dejó de ser especulación.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.