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Las 17 Españas no se entienden

Las 17 Españas no se entienden

Las comunidades autónomas viven de espaldas unas a otras y el ciudadano lo sufre - Una mayor coordinación resolvería problemas estadísticos y burocráticos


Aunque parezca algo de sentido común, hasta este año los Gobiernos de Aragón y de Castilla y León no se habían puesto de acuerdo sobre cómo debe organizarse la atención sanitaria en las zonas limítrofes entre las dos comunidades. Qué ambulancia debe acudir, a qué hospital hay que trasladar al enfermo y quién lo paga. Convenios similares los han firmado también este año Castilla y León con Galicia y el País Vasco con Cantabria. Son, respectivamente, una comunidad del PP, otra del PSOE, otra gobernada por el PNV y otra con presidente regionalista, simplemente llegando a acuerdos entre ellas para facilitar la vida a sus ciudadanos.

Pero las cosas de sentido común no siempre forman parte de la agenda política. Enrique Gómez Campo es el director general de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas, y reconoce que las comunidades autónomas "tienen la tendencia a no hablar entre sí". La percepción del ciudadano, gracias en parte al debate político, es que los problemas los debe solucionar el Estado. Nadie mira al vecino.

El terror de cualquier empresa que quiera operar en toda España (y de cualquier periodista de ámbito nacional, disculpe el lector la queja) es que alguien le diga: "Lo sentimos, pero eso es competencia autonómica". La descentralización del poder en España es un éxito incontestable. Pero en asuntos de competencia autonómica no es raro encontrarse con 17 sistemas distintos de contabilidad, normativas distintas o formas de aplicar una ley.

En una comparecencia parlamentaria reciente, el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentó un informe de fiscalización del sector público autonómico con datos de 2003. Núñez denunció que las diferentes formas de contabilidad de las comunidades "han limitado la posibilidad de ofrecer una información homogénea". Esto le sucede al Tribunal de Cuentas, pero son más conocidos casos como el de las listas de espera, donde hay una ocultación deliberada de los datos y nadie tiene poder para hacerlos públicos. Responsables del Gobierno reconocen que en ocasiones es más sencillo tener estadísticas de la UE que de España.

Un caso sangrante es el de la Ley de Dependencia, uno de los proyectos estrella del área social. Las autonomías, que son las que deben evaluar a las personas que requieren ayuda, envían sus datos al Ministerio de Educación y Política Social, que los publica en su web, pero algunas sólo aportan datos globales consignados a la casilla "sin especificar", lo que no permite saber si el afectado está efectivamente recibiendo la ayuda o no, ni de qué tipo (económica, plaza residencial, etc), lo que impide conocer el grado de cumplimiento de la ley.

La burocracia sanitaria es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el ciudadano, aunque nadie se vaya a quedar sin atención médica. "En la asistencia sanitaria un ciudadano español no debe tener problemas en ninguna parte del país", aclara Gómez Campo, porque los derechos en este ámbito son los mismos en toda España.

Pero hay otros ámbitos sanitarios donde se pueden dar problemas. Por ejemplo, en noviembre de 2006 la Comunidad Valenciana anunció que no pagaría las recetas de medicamentos firmadas en otras comunidades autónomas. La medida no afectó a turistas ni a viajeros de paso, pero sí a pueblos fronterizos de Castilla-La Mancha. Según el Gobierno valenciano, las farmacias fronterizas estaban dispensando un número muy importante de recetas de pacientes geriátricos de localidades fronterizas. Al no contar como habitantes valencianos, se producía una "desviación de fondos" de una comunidad a otra.

Curiosamente, aquel año el lobby Farmaindustria había denunciado que la Comunidad Valenciana tenía una deuda con las farmacéuticas de 607 millones de euros, el 28% de toda la deuda farmacéutica del sistema sanitario español, seguida por Andalucía y a mucha distancia de las demás.

Ante estos problemas, el PP pone la vista en el papel del Estado. "No hay un elemento homogeneizador y eso perjudica la libre disponibilidad del ciudadano, la movilidad", dice Juan Manuel Moreno, responsable de Política Autonómica del PP. Moreno aporta sus propios ejemplos a la descoordinación. Las licencias de pesca y de caza son distintas en todas las comunidades. Se puede tener licencia para pescar en una orilla de un río pero no en la otra orilla, donde, vaya usted a saber, a lo mejor hay una sombra más agradable. "Si vas en tren de Madrid a Barcelona con un perro, atraviesas tres comunidades con tres normativas distintas sobre protección de animales", expone Moreno.

El dirigente del PP apunta una cuestión que no pocos empresarios han denunciado, y es que se puede romper la unidad de mercado. "Por ejemplo, si quieres hacer una red de clínicas veterinarias, tienes que adaptarla a todas las normativas". Para Moreno, es un ejemplo de que "a veces, hacemos lo contrario de lo que hace la UE". Europa unifica criterios y España los divide por 17. Para este partido, el principal problema es no terminar de definir las competencias, que el Estado ejerza el liderazgo y garantice "la igualdad de derechos". "Nuestro modelo es complicado y muy caro. Tenemos una sensación de Estado inacabado que acabará por hacer de España un Estado inviable".

Sin embargo, hay asuntos en los que el Gobierno apenas puede hacer más que ofrecer un despacho de un ministerio para reunir a consejeros autonómicos y engrasar acuerdos. El portavoz de la Entesa Catalana en el Senado, Carles Bonet, suele bromear diciendo que el único sitio donde se reúnen las comunidades autónomas (y no todas) es la FORTA, el órgano que agrupa a las televisiones. Y si se puede llegar a acuerdos entre todos en materia de televisión, se tiene que poder sobre cualquier cosa.

Desde el PSOE ponen más el acento en el tempo del desarrollo autonómico que en los desajustes. Para María del Mar Moreno, responsable de Política Territorial, el Estado está "en proceso de construcción". Se han constituido las comunidades, se les ha dado competencias y dotación económica y después se ha reforzado la coordinación desde Madrid. "Estamos entrando en una fase, nueva y necesaria, donde hay que mejorar la coordinación horizontal [entre comunidades]", dice Mar Moreno. Un terreno donde "la Constitución no dice nada, porque no hay una cultura de colaboración que nazca de la Constitución".

Para Mar Moreno, son pocos todavía los asuntos exclusivos donde el Estado no tenga nada que decir. Pero además, "hay una limitación política, muy poca cultura política de cooperación y colaboración". Y añade: "Todo lo contrario. Hay cierto frentismo. Todos los asuntos que se ponen sobre la mesa tienden a contaminarse del debate político. Debería ser natural que una comunidad del PP se pusiera de acuerdo con otra del PSOE". Moreno rechaza también las quejas sobre la burocracia sanitaria: "No conozco un ciudadano español que no haya sido atendido en otra administración que no sea la suya. No tiene ninguna consecuencia práctica".

A la espera de que se concrete alguna fórmula, actualmente los convenios entre comunidades autónomas como los citados al principio son el único instrumento de cooperación que hay previsto. Sólo se han firmado 47 en toda la democracia, aunque su número aumenta cada legislatura. En toda, la pasada se firmaron 12, mientras que sólo en 2008 ya van una decena. Estos convenios se conocen porque la Constitución obliga a enviarlos al Senado para que dé su consentimiento (algo que hace sin pestañear) antes de ponerlos en práctica. La mayoría de estos convenios son en materia sanitaria. La semana que viene se firmará otro entre Castilla y León y Extremadura.

Joan Lerma es el presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que es la que tramita los convenios. "Estos problemas se pueden resolver con mayor cooperación entre las comunidades autónomas", opina Lerma. El ex presidente de la Comunidad Valenciana (1982-1995) cree que "una reunión entre las comunidades sin el Gobierno se mira con recelo, por una tradición centralista. Gracias en parte al discurso de la derecha, se ve como la antiespaña".

Por concretar, "que se reúnan las comunidades y se pongan de acuerdo en homologar las licencias de caza debería ser lo normal", dice Lerma. "En Alemania, los länder se reúnen precisamente para evitar que el Gobierno federal se meta en determinadas cuestiones y nadie piensa que eso sea poner en cuestión el Estado". Pero hay una resistencia difícil de vencer. Lerma pone como ejemplo el debate de la financiación autonómica. Es más fácil políticamente discutir con el Gobierno que con 16 iguales. Es más fácil reclamar a Zapatero que exponer tus argumentos enfrente posición. "Con el discurso actual, parece que todo el dinero sale del Estado, y no se ve que lo que piden se lo pueden estar quitando a la comunidad de al lado".

Pablo X. de Sandoval en El País.

"¿Acaso tiene que haber 17 de todo? Pongámonos de acuerdo"


El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (Olivenza, 1958), hizo pública el año pasado una propuesta que podría poner a España a la altura de Alemania en cuanto a cooperación entre sus territorios: crear un foro para que los líderes autonómicos se reúnan al margen del Gobierno central y lleguen a acuerdos en temas de su competencia. En los últimos meses se la ha trasladado a todos los presidentes con los que ha coincidido. Fernández Vara ha sufrido, primero como médico y luego como consejero de Sanidad, las consecuencias de vivir ignorando al vecino.

Pregunta. ¿Cuál es el origen de la idea?

Respuesta. He sido consejero de Sanidad durante 12 años. Me preocupa mucho que el sistema de salud sea equiparable. No puede ser que el hecho de que haya 17 servicios distintos socave el sistema. Después, como presidente, me he dado cuenta de que hay otras áreas en las que ocurre lo mismo. La solución estaría en que tuviéramos un punto de encuentro, que podría ser el Senado. Pero mientras eso no ocurra nos encontramos con una paradoja: para todo lo que tenemos competencias exclusivas, y que tienen que ver con la vida diaria de la gente, no hay donde nos podamos encontrar y llegar a acuerdos.

P. ¿No es suficiente con las reuniones en los ministerios?

R. En las conferencias sectoriales se discuten temas que son competencias del Estado que afectan a las comunidades o competencias compartidas. Pero en cuestiones exclusivas, como por ejemplo las licencias de pesca, el Gobierno no nos puede convocar para hablar de ellas. Tenemos que encontrar dónde reunirnos para facilitar la vida al ciudadano, para hablar lo que tiene que ver con el día a día de la gente. Por ejemplo, al estudiante universitario que se va a otra comunidad no le pueden asignar médico en el centro de salud con la tarjeta sanitaria de su autonomía de origen. Es decir, ahora mismo, si viene un europeo a España, le asignan médico en el centro de salud. Pero si llega de otra comunidad, no.

P. ¿Qué otras consecuencias prácticas tiene esa descoordinación?

R. Por ejemplo, el calendario vacunal, el de las vacunas de nuestros hijos, ya no es igual en todas las comunidades, porque algunas han decidido no aplicar el acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad. El día de mañana no habrá quién elabore un dato epidemiológico fiable. Esto tenía que ser algo de sentido común. Las empresas, para presentarse a concurso en España, tienen que tener 17 pliegos distintos. Hay una comunidad autónoma, no diré cuál, donde a los extranjeros les atienden gratis en los hospitales, pero si va un ciudadano de otra autonomía y se ha olvidado su tarjeta sanitaria, le cobran. Yo no digo que volvamos atrás. El Estado de las autonomías es lo mejor que se ha hecho en este país. Pero nos falta rematarlo. Rematarlo es eliminar la parte negativa que hay en crear 17 de todo. ¿Acaso tiene que haber 17 de todo? Pongámonos de acuerdo.

P. Quizá sea más fácil políticamente reclamar al Gobierno central.

R. Lo fácil es echar la culpa de todo al Gobierno. Detrás de todo esto subyace una idea: la España de las autonomías no se termina de construir cuando se transfiera la última competencia a la última comunidad, sino cuando las autonomías cooperemos entre nosotros.

Aquí queremos muchas competencias exclusivas, pero cuando pasa algo lo fácil es echar la culpa al Gobierno. Esto, si no lo hacemos sin el Ejecutivo de España, no lo vamos a hacer, porque estaremos tutelados. El Estado de las autonomías tiene que demostrar su madurez.

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