El mismo Estado para mucha más gente

La explosión demográfica en España no se ha visto compensada por un crecimiento proporcional en servicios públicos - Escasean facultativos y camas hospitalarias, y faltan recursos educativos

La población española ha aumentado en los últimos años a pasos agigantados, pero el Estado del bienestar no crece al mismo ritmo. Son cerca de seis millones de habitantes más (un 12%) en ocho años, los que van de 2000 a 2007, hasta sumar 46.157.822. El empuje de los nuevos ciudadanos ha puesto en evidencia las carencias estructurales en dos servicios públicos clave, la sanidad y la educación, según alertan sociólogos, demógrafos y sindicatos.

De hecho, estas dos partidas -transferidas a las comunidades- suponen un 60% de los presupuestos autonómicos. Precisamente para poder mantener la atención es por lo que las Administraciones están renegociando el modelo de financiación, que cerró el PP, pero que se ha quedado obsoleto.

Los expertos subrayan que es muy difícil trazar un mapa del estado de la sanidad y la educación en toda España, dado que las competencias están transferidas y las comunidades deciden cómo gastan el dinero sin rendir cuentas a nadie. "Son datos muy desagregados, descentralizados y dispersos; por lo que es muy difícil hacer acopio de indicadores para el conjunto del país", opina Joaquín Arango, director de la unidad social del CSIC. "Porque la cuestión no es determinar si la población crece un 2% y si entonces los servicios públicos crecen un 2% también, sino si crecen de forma homogénea".

Sociólogos y demógrafos indican, sin embargo, que es ilustrativo fijarse en las más pobladas, como Madrid (6,2 millones), Cataluña (7,4 millones) y Andalucía (8,2 millones). "Las carencias suelen estar muy localizadas en zonas donde se concentra la población inmigrante", dice Arango, quien también es profesor de estudios demográficos de la Universidad Complutense. "Es razonable esperar que, tras el crecimiento de la población, la provisión de servicios públicos en estas zonas sea insuficiente", añade.

Si se toma el gasto sanitario por persona, las tres comunidades están rezagadas en 2008. Andalucía asignó 1.139,49 euros, Cataluña destinó 1.274,92 y Madrid 1.157,42. Las tres se situaron por debajo de la media (1.326,77 euros), según datos del informe de diciembre de 2008 de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Y esa posición la ocupan desde hace años. En 2002, tampoco alcanzaban la media. Son cifras de FADSP, que elabora estudios comparativos de los 17 sistemas de salud desde 2004, con datos del Ministerio de Sanidad. Aun así, cabe matizar que las zonas con mayor población requieren proporcionalmente de una menor inversión, porque se benefician de las economías de escala: consiguen más rebajas de los proveedores porque compran más de todo, desde tiritas a escáneres.

Sus previsiones no mejoran para 2009. Los Ejecutivos autónomos aumentarán su partida sanitaria en un 2,46%, una subida ajustada. Madrid se quedará en 1.170 euros por persona, muy lejos del País Vasco (1.607,34) y Extremadura (1.580,84), que suelen encabezar la lista. Son conocidos los recelos de algunos expertos a establecer una relación directa entre el gasto por habitante y la calidad de la asistencia, pero todos suelen coincidir en que ayuda.

Otros indicadores (no concluyentes, pero sí indicativos) son el número de médicos y hospitales por habitante. Un caso conocido es el de Madrid, donde los 4.000 médicos y pediatras de los 400 centros de la red de atención primaria atendían en 2006 una media de 39 pacientes al día, según datos de la Consejería a los que accedió este periódico el pasado abril. Lo recomendable sería que vieran a entre 20 y 30, según los expertos. Una situación que, según los sindicatos, no mejora.

"Creo que nos quedamos atrás en infraestructuras", indica Juan Manuel Cabasés, economista de la Universidad Pública de Navarra, quien además advierte de que se ha de tener en cuenta la "diversidad cultural" de la nueva población. Los inmigrantes "añaden nuevos retos, como el de atender a un paciente africano o del Este en su idioma".

"El mayor problema del Sistema Nacional de Salud es la falta de reforma de la atención primaria", insiste Iñaki Gurrea, secretario de la Federación de Sanidad de CC OO. "Habría que destinarle un 25% del gasto sanitario". Y remacha: "Cuando el problema es estructural, el aumento de la población lo agrava". Y cada autonomía responde a su manera. Así, si en 2001 Andalucía contaba con 1,17 hospitales por cada 100.000 personas, cuatro años después (últimos datos oficiales) ya eran 1,19, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, Cataluña había bajado de 2,85 a 2,55 y Madrid, de 1,42 a 1,22. La proporción ha cambiado mucho en esta última comunidad en 2007 y 2008, con la apertura de ocho hospitales. Pero eso, añaden los expertos, no implica que el número de camas o de especialistas crezca en la misma proporción: los nuevos centros son de tipo medio, todavía carecen de muchos servicios y, en parte, se van a usar para descongestionar los monstruos (Clínico, 12 de Octubre, La Paz), que en algunos casos cuentan todavía con habitaciones para seis enfermos, por ejemplo.

Luego están las camas por cada mil habitantes (incluyendo públicas y privadas). En este apartado las tres comunidades perdieron el ritmo entre 2001 y 2005: en Andalucía se pasó de 2,97 a 2,59, Cataluña, de 4,71 a 4,35 y Madrid, de 3,64 a 3,18. En este cómputo, la Consejería de Sanidad andaluza juzga que se tendrían que contabilizar sólo las camas públicas porque "en Andalucía casi no hay hospitales privados", precisa una portavoz. "Además, en vez del gasto sanitario habría que comparar su eficacia". El problema es que faltan indicadores al respecto (Sanidad espera tenerlos este año).

El informe de FADSP establece además una clasificación de calidad. Andalucía ocupa la segunda posición (la novena en 2004), seguida de Asturias; Cataluña se sitúa en la quinta (11ª en 2004), y Madrid, en la decimocuarta (16ª en 2004). "Todas las autonomías suspenderían en general, pero hay intentos de mejora loables como los de Andalucía y Cataluña", asegura Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP. "El presupuesto sanitario ha crecido en números absolutos, pero la mayor parte se la lleva el gasto farmacéutico, en vez de la atención primaria".

Se trata de números que, con todo, hay que poner en perspectiva, ya que para calibrar la mejora de la sanidad se han de tener en cuenta muchas otras variables. Una es "el envejecimiento de la población, que es más rápido que el crecimiento total", señala el demógrafo Joaquín Leguina desde el INE. La franja de los mayores de 64 es la que crecerá más en los próximos años (un 19%), según la reciente proyección para la próxima década. Los 1,4 millones de jubilados de hoy necesitarán ayudas especiales, lo que obligará a una mayor inversión. Sobre todo en cuidados sociosanitarios más allá de la primaria, que sólo necesitará un incremento del 0,7% en las próximas décadas, según calculó la Fundación BBVA en 2003.

Las carencias no se deben principalmente a la inmigración. Es cierto que el gran aumento de la población se explica por el empuje de los inmigrantes, ya que 8 de cada 10 nuevos ciudadanos nacieron fuera de España (en total ya son 5,2 millones, el 11% de la población). Pero su presión sobre la sanidad es relativa. "Sus demandas curativas son mucho menores que las de la media española", sostiene Leguina. Y, además, según el INE, la inmigración se frenará hasta la mitad en dos años.

Aparte de la sanidad, la educación es otro de los grandes sectores incluidos en la actual negociación sobre la renovación de la financiación autonómica. "Habrá que esperar a que se cierre el pacto para hacer un balance exhaustivo sobre el estado de la sanidad", considera Pilar Navarro, secretaria de Sanidad de UGT. "Uno de los problemas es que no hay financiación finalista; es decir, una partida que las comunidades tengan que destinar obligatoriamente a sanidad". Por lo que se sabe, el modelo en el que se está trabajando incluye un lote social (sanidad, educación y dependencia) que sí impediría que una comunidad, por ejemplo, se queje de que recibe poco dinero para salud mientras se embarca en proyectos faraónicos culturales o de obras públicas.

En la educación, la inmigración pesa más. Si en el curso 2001-2002, el alumnado extranjero no universitario (incluyendo infantil, primaria y secundaria) era de 22.749 en Andalucía, de 36.308 en Cataluña y de 57.573 en Madrid, la cifra ascendió cuatro años después a 60.654 (Andalucía), 110.578 (Cataluña) y 112.558 (Madrid), en 2005-06. "Aquí el problema no es la escolarización, que es obligatoria hasta los 16 años y funciona entre españoles e inmigrantes, y se da al 100%", sostiene Leguina. "En este caso, de haber carencias, tendrán que ver con criterios cualitativos".

Criterios que van desde la distribución homogénea del alumnado entre los centros públicos y los privados concertados, a la aplicación de medidas contra el fracaso escolar y el abandono de los estudios, según reclama Charo Pérez Molina, desde Enseñanza de UGT. "Ante el incremento de la población escolar, especialmente de alumnado inmigrante, se requiere una atención adecuada para una educación de calidad". La prioridad, inciden, es aumentar la financiación.

Dos variables para evaluar el estado de la educación son el porcentaje del producto interior bruto (PIB) destinado a este apartado y el gasto educativo público por alumno. En Madrid precisamente el porcentaje del PIB asignado a educación desciende desde hace años. La región con menor gasto educativo en relación con su PIB (2,69%) fijó para 2008 un aumento de 4,20% respecto a 2007. Un incremento inferior al del presupuesto total (4,49%) y, por tanto, un descenso en términos relativos, según CC OO.

El presupuesto de la Consejería de Educación previsto para 2008 fue de 4.783 millones, un 25,1% del total, lo que suponía un descenso continuado desde el 27,5% de 2002. "La educación no es una prioridad para el Gobierno regional", señala Francisco García, secretario general de Educación en CC OO. "El gasto relativo es ridículo, del 2,69% del PIB, el peor de España", añade. "Un mayor presupuesto no garantiza el éxito escolar, pero uno insuficiente garantiza el fracaso".

Tampoco mejora Madrid en cuanto a gasto por alumno en enseñanza no universitaria. Asigna 4.314 euros al año, menos que Cataluña (4.378) pero más que Andalucía (3.841), que se coloca en la penúltima posición, sólo por delante de Murcia. Eso sí, las tres comunidades están por debajo de la media española (4.520). Y muy lejos del País Vasco (6.070) y Navarra (5.614), que encabezan la clasificación de CC OO, elaborada con datos ministeriales de 2005.

Es imprescindible "incrementar el gasto público total y el gasto público por alumno debe ser prioritario para el Estado y las comunidades autónomas", insisten desde el sindicato CC OO. "La calidad del sistema educativo no mejora debido, entre otras causas, a que el gasto público respecto al PIB está lejos de la media de la Unión Europea". Por ello reclaman una financiación del 7% del PIB en todos los tramos del sistema educativo.

Obtener una imagen de conjunto que muestre si la sanidad y la educación crecen al ritmo de la población es, según los expertos, muy complicado. Junto a la dificultad de recopilar un volumen de datos muy disperso, varios demógrafos recelan del incremento que registra el padrón. "Tenemos dudas razonables de su rigor, porque crecer a casi 800.000 habitantes anuales es inaudito", opina Juan Díez Nicolás, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.

En cualquier caso, la crisis obliga a poner en cuarentena cualquier cálculo. La población se contendrá a partir de 2010, según la citada proyección del INE. La natalidad descenderá y la inmigración se frenará. Eso sí, el estudio hace recomendable tener muy en cuenta la tasa de dependencia (las personas que dependen de la población activa, como los menores de 16 y los mayores de 64), que pasará de 47% al 53% del total. Y eso sí que podría ejercer una gran presión sobre la sanidad y la educación. De momento, el crecimiento de la población hasta la fecha muestra a las claras las carencias estructurales de la sanidad y la educación. El próximo censo, de 2011, proporcionará más datos para evaluar la evolución del Estado del bienestar durante la última década.

Abel Grau para El País.