La ingravidez de la ley

En España se legisla rematadamente mal. Las normas se están volviendo inútiles y testimoniales

Ya se empieza a mirar con incredulidad esa suerte de voluntarismo que exhiben las autoridades ante cualquier atropello de que se tiene noticia, sea un acto de terror, un episodio de corrupción urbanística, un desastre de tráfico o un caso de malos tratos a la mujer. Para todas las calamidades tienen la misma respuesta: sobre los responsables -repiten una y otra vez- caerá todo "el peso de la ley". Lo que sucede es que de unos años a esta parte la ley está perdiendo peso sin que los principales interesados en mantenerla en forma parezcan preocupados por ello. Y al paso que va terminará por pesar tan poco que pueda ser considerada una entidad ingrávida.

Cuando uno es gobernante y esgrime todo el peso de la ley no está expresando sentimientos. Eso vale para el universo simbólico del poder, pero si no va acompañado de una panoplia eficaz de medios, acaba en un puro brindis al sol. Una cosa es anunciar leyes, amenazar con ellas, proyectarlas y publicarlas en la Gaceta, y otra muy distinta aplicarlas. Hace ya muchos siglos que resuena la voz sabia de Sófocles: no des órdenes que no puedas hacer cumplir. Pues bien, parecemos estar asistiendo a un incremento de prescripciones legales y admoniciones públicas que tienen algo de baladronadas jurídicas, porque no van a poder hacerse cumplir. El problema es serio, porque el cumplimiento espontáneo de la ley, que es producto de la deferencia ciudadana hacia su letra, está empezando a debilitarse a la vista de tanta frustración. Las promesas que se hacen en el mundo simbólico de la publicidad jurídica resultan fallidas en la vida cotidiana de la aplicación de la ley. Y la gente está empezando a desconfiar.

Lo más paradójico de semejante situación es que ha sido producida por la incuria de quienes tienen necesidad de la ley para llevar adelante sus programas. En efecto, todos los partidos políticos, cualquiera que sea su esfera de acción (estatal o regional), aspiran a ganar el favor de los electores con el objetivo de transformar su programa y sus ideas en normas jurídicas, en leyes. Y la paradoja es que al condescender con el estado lamentable en que se encuentra la legislación como herramienta de gobierno, están castrando sus propias posibilidades de actuar. La alternancia en el gobierno no ha servido en este punto para nada. Siempre se detecta la misma incoherencia moral: cuando se está en la oposición se demandan medidas sobre el proceder legislativo que nunca se aprueban cuando se está en el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios exigen con gesto severo cosas que no hacen cuando gobiernan. En las Cortes Generales se prefieren las escenas de desacuerdos y broncas, cuanto más sonadas mejor, porque con ellas

se excita la sinrazón del ciudadano, que es lo que la política-espectáculo persigue. Nadie se ocupa de mejorar la elaboración de las leyes ni de hacer más efectiva su aplicación porque eso no hace ruido, lleva tiempo y demanda raciocinio. El resultado es que el poder de legislar reside en dos Cámaras que carecen de los indispensables medios y resortes técnicos para hacer las cosas bien. Sí, en España se legisla rematadamente mal. Tras más de 15 años ocupándome de la ley y su impacto social creo poder afirmar que se está tornando poco a poco una herramienta normativa testimonial e inútil. Y lo que pueda pasar cuando, ante el anuncio de una nueva ley, la gente empiece a encogerse de hombros, es algo cuya gravedad es difícil de exagerar.

Tomemos, si no, como ejemplo un característico paquete de leyes del Gobierno actual: las relativas a la violencia de género, la persecución de conductores imprudentes, la ayuda a la dependencia, o la erradicación del tabaquismo. Son políticas generalmente aceptadas, aprobadas además con amplios consensos. Si se hicieran realidad en la vida cotidiana, supondrían un importante avance en las condiciones de vida de los españoles. Pero no acaban de hacerse realidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido que formularlas como leyes, y las leyes son en España un vehículo torpe y lento de afectar la realidad. Sus deficiencias técnicas y las enormes carencias de los órganos que han de aplicarlas hacen de ellas mandatos normativos que operan muchas veces en el vacío.

En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre demagogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales, y muchos otros inconvenientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución. Porque las Cortes Generales no se ocupan de tales cosas. Y por eso aparecen en la Gaceta esos engendros deformes que ha dado en alumbrar nuestro proceso legislativo. Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a este o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación.

Y luego viene la segunda parte. Una vez que la ley está en la pacienzuda Gaceta hay que aplicarla. Y aquí simulamos habernos caído súbitamente del guindo. De pronto ha hecho eclosión en la prensa lo que todo el mundo sabía pero nadie quería saber: el lamentable estado de nuestra justicia como organización institucional. Miles de causas sin ejecutar por aquí, descoordinaciones elementales por allí, ignorancia de los más elementales criterios de organización institucional, dilaciones de años en cualquier procedimiento, ineficacia palmaria de las leyes aprobadas, episodios de sectarismo judicial, escandalosas anécdotas sobre pérdida de causas, rebelión de los cuerpos judiciales, sobrecarga insoportable de jueces y funcionarios, y una interminable lista de averías y goteras (metafóricas y reales).

Desde que se aprobó la Constitución con sus exigentes parámetros jurídicos hemos estado practicando la falacia del nirvana: pensar al legislador y al Gobierno como actores importantes pero corruptibles, dispuestos a traspasar límites, a ceder a tentaciones. A su lado, por fortuna, estaba la judicatura, a la que se encomendaba toda garantía, todo control jurídico, toda vigilancia de los valores constitucionales. Nadie estaba ya al arbitrio de ningún poder porque allí estaban los jueces. Entre unos poderes viciosos y unos jueces puros, capaces, trabajando sin límites de tiempo e información, y adornados con todas las virtudes del gran jurisconsulto, ¿quién iba a dudar? Pero resulta que eso era el nirvana; la realidad es otra que nadie, ni siquiera su famoso órgano de gobierno, ha abordado con seriedad. No es que nos salga súbitamente al paso ahora; ya estaba ahí hace demasiados años (hace ¡ocho! nada menos la llamé aquí La cuestión de Estado (EL PAÍS, 21/2/2001). Y revela su cruda verdad: una justicia administrada por juzgadores desbordados, sin apoyo económico, sometidos -sí- al imperio de la ley, pero de una ley muchas veces endeble, hueca, sin peso, ingrávida. Sin duda, un problema de Estado, pero ¿dónde están los estadistas?

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.