Contra el desapego ciudadano

Para evitar que continúe la erosión de la confianza y del bienestar en España se requiere de un ’compromiso histórico’ entre fuerzas diversas, sin sujetar su contenido a una ideología concreta

El tono vital de la sociedad española atraviesa un momento alarmante. Lo manifiesta el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que reitera la siguiente valoración: una mayoría piensa que la situación económica es mala o muy mala y que dentro de un año será igual o peor; la mayoría entiende también que la situación política es mala o muy mala y que dentro de un año será igual o peor; y cuando se pregunta cuáles son los principales problemas que tiene este país, se responde mayoritariamente que el paro, la situación económica y la clase política. Si se extendiese esta opinión más allá de la coyuntura provocaría en la ciudadanía una especie de nihilismo, la anomia en su intervención pública; en definitiva, el desafecto, que es una de las condiciones para que disminuya la calidad del sistema democrático.

Una medición cuantitativa de la democracia española se hace desde hace tres años en el Informe sobre la Democracia en España (IDE), que edita la Fundación Alternativas. Se trata de una especie de auditoría democrática, concebida por el Human Rigths Center de la Universidad de Essex y adaptada a nuestro país, que trata de evaluar la calidad de la democracia atendiendo a dos criterios básicos: la igualdad política y el control social, entendido este como el derecho de los ciudadanos a influir en las decisiones públicas y en el proceso político. Pues bien, en los dos últimos años -que coinciden con la primera fase de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero- los expertos que contestan consideran que la calidad de la democracia en España ha disminuido casi medio punto (del 6,2 al 5,8 sobre 10) y todos los indicadores ofrecen la misma tendencia descendente.

Pero hay dos campos en que esa tendencia se profundiza en el IDE-2010: los de la economía y la corrupción. Se valora muy negativamente la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica; cada año empeora la percepción sobre la verdadera autonomía del Gobierno en el desarrollo de sus políticas frente a los intereses económicos externos; se deteriora de forma acusada la confianza en la acción del Gobierno para resolver los principales problemas de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, la profundidad del caso Gürtel es abrasiva y muestra que las irregularidades políticas no solo están directamente vinculadas al urbanismo, sino también a la contratación pública; se multiplica la captura de políticas, el control por grupos de interés de áreas en la política dentro del Estado, de modo que los gobernantes no pueden formular políticas autónomas en ese ámbito. La política urbanística en España ha sido un ejemplo de política capturada por los propietarios del suelo.

No sólo de economía vive el hombre, pero la economía es hoy el principal problema español, y de su mejora depende mucho todo lo demás, incluida la marcha general del sistema democrático, golpeado de modo muy directo por las dudas ciudadanas en torno a la calidad de las respuestas políticas a la crisis, en términos de eficacia y de reparto de las cargas. La profundidad de la crisis interpela al propio sistema democrático y a la percepción ciudadana sobre el mismo. Los principales datos son suficientemente conocidos: estancamiento de la producción, un paro que afecta a una de cada cinco personas de la población activa y que en buena parte se está convirtiendo en estructural, un déficit público superior al 11% del PIB, un endeudamiento público y privado que equivale al 390% del PIB (cerca de cuatro billones de euros), etcétera. De todos ellos, el más excepcional, el que más nos diferencia del resto de los países de nuestro entorno, es la extraordinaria tasa de paro (que se dobla para los menores de 25 años). En la anterior recesión, la de la primera mitad de los años noventa del siglo pasado, España llegó a tener un porcentaje de desempleo del 24,5%; tan sólo 13 años después, en el segundo trimestre del año 2007, esa tasa llegó a bajar al 7,95% (la más baja de la democracia) y se colocó en porcentajes similares a la media europea. Se necesitaron 13 años para igualarnos con la media europea y ello creciendo a porcentajes medios superiores al 3%. Aunque el tamaño, grado de apertura y flexibilidad de la economía española es diferente hoy a la de los años noventa, los agentes sociales tienen más experiencia y las empresas se han internacionalizado, no parece demasiado arriesgado pensar que un esfuerzo similar podría ocupar a nuestro país cerca de una década, un tiempo demasiado largo para aceptarlo como inevitable.

Es por ello que se considera imprescindible un gran acuerdo, un compromiso histórico entre las fuerzas políticas, económicas y sociales en torno a las iniciativas indispensables para el saneamiento y la reforma de la economía española. Un gran acuerdo entre fuerzas diversas, que representen a la mayoría de los ciudadanos, sin sujetar su contenido a una ideología concreta, para evitar la erosión de la confianza y del bienestar, y romper con el desafecto creciente. Un pacto transversal que recorra los distintos ámbitos de la Administración (Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos) y que supere el ámbito de una legislatura para que, gobierne quien gobierne, pueda aplicar lo consensuado durante el tiempo que sea necesario. Un pacto de austeridad compartido, de saneamiento y reformas. No sea que se repita en el siglo XXI lo que Indalecio Prieto describe en sus Convulsiones de España: "No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar ante él una política económica coherente constituyó una de las causas del fracaso de la II República".

No sólo la economía y la corrupción desmoralizan a los ciudadanos y les hacen valorar lo que ahora estamos sufriendo como una crisis institucional. La politización de la justicia en sus más altos niveles, el mercadeo de cargos en una especie de lottización, la tardanza en resolver algunos de los casos (el más paradigmático, el de la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, que ha renovado algunas de las visiones más esencialistas en latente conflicto sobre la estructura territorial del Estado) conducen a un amplio desapego ciudadano, un deterioro de las relaciones sociales y el desgaste de algunas de las instituciones centrales del sistema constitucional.

Y también, y en primer plano, la actitud de los principales partidos ante esta situación. Hasta ahora, ha prevalecido el desgaste del contrario mucho más que el interés por el bienestar general de los ciudadanos. Las principales formaciones políticas no parecen haber entendido esta situación de excepcionalidad y emergencia. Un Gobierno no puede presentarse a unas elecciones generales con las variables económicas citadas, con garantías de ganarlas: el nivel de riesgo es muy alto. Y una oposición responsable tampoco, so pena de empezar a gobernar tras los comicios con un rápido deterioro de sus apoyos políticos y sociales, por tener que aplicar una política de austeridad extrema, más que un programa de ajuste clásico. Sería un suicidio, y sin embargo es previsible que ello vaya a sobrevenir; hasta ahora es lo que ha acaecido.

Pocas veces se ha tenido la sensación de que el Ejecutivo de Zapatero se haya esforzado en ese gran acuerdo (excepto en el caso de la educación) ni el PP de Rajoy ha comparecido cuando la sociedad se lo ha demandado. Con compromiso histórico o sin él, un momento excepcional como el que atraviesa el país requiere liderazgos claros. Un liderazgo que solo sirva para enardecer a los propios con el fin de unirlos férreamente y para enervar al contrario es un liderazgo de corto vuelo; un liderazgo incapaz de proporcionar una visión de hacia dónde se va y de hacer reformas dolorosas, aunque sean impopulares, no es un verdadero liderazgo. Ello vale para el Gobierno y para la oposición.

Hace poco, en unas declaraciones a este periódico, el politólogo Iván Krastov lo resumía de este modo: "Como testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales (...) las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es cuestión de confianza sino más bien de gestión de la desconfianza".

Joaquín Estefanía ha dirigido el Informe sobre la Democracia en España 2010, de la Fundación Alternativas.