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Políticas de empleo y principio de 'caja única'

Políticas de empleo y principio de 'caja única'

Las nuevas transferencias al País Vasco perjudican al sentido federal y al sentido común

La financiación autonómica es un laberinto. Y lo peor es que cada vez que se retoca por algún motivo, el cambio consiste en añadir un pasillo más al laberinto previo, haciéndolo más complicado e ininteligible aún para el común de los mortales. Esta observación del profesor Monasterio Escudero viene especialmente a cuento cuando se intenta analizar y explicar el reciente acuerdo de transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las políticas activas de empleo, según pacto arrancado por un PNV exultante a un Gobierno del PSOE en horas bajas. Porque tanto se ha escrito sobre el contenido y consecuencias de ese acuerdo que, ciertamente, nadie parece muy seguro de su alcance: ¿rompe la llamada caja única de la Seguridad Social? ¿Privilegia al desempleado vasco con respecto al español? ¿Es un chollo para Euskadi? ¿Tiene alguna lógica en un sistema autonómico federalizante como el hispano?

Si queremos orientarnos en el laberinto, lo más conveniente es empezar por el principio. Es sabido que el País Vasco (y Navarra) gozan de un sistema peculiar de contribución a las cargas comunes del Estado, el llamado sistema foral o de Concierto Económico (Convenio en Navarra). Un sistema típicamente confederal en su inspiración y que fiscalmente asemeja a estos territorios más a un Estado soberano que a uno integrado en una federación. Y que produce resultados muy concretos: el sistema de Concierto beneficia al País Vasco, puesto que es un sistema que proporciona en forma automática mayores recursos a la región que lo utilice si esta es una de elevado nivel comparativo de renta. Ello porque le permite apropiarse de buena parte de los beneficios recaudatorios derivados de la progresividad del sistema impositivo.

Ahora bien, además y aparte de esta primera característica del sistema de Concierto, sucede que la forma concreta en que se calculó en su día el "cupo", es decir, la cantidad que el País Vasco abona al Estado como contraprestación por las competencias retenidas por este, fue groseramente desviada de la realidad. No tanto en el porcentaje de contribución que se asigna al País Vasco (el 6,24%) como en la valoración que se hizo en su día de las competencias transferidas/no transferidas. Esta desviación provoca que el rendimiento del sistema de concierto proporcione una increíble ventaja para la Administración vasca, que según estimaciones objetivas y fiables dispone de un nivel de financiación pública per cápita para iguales competencias que otras CC AA (sanidad y enseñanza) que es el 165 en relación al medio español de 100 (Ignacio Zubiri, datos de 2002).

Por esta razón, se produce el pasmoso hecho de que en las Balanzas Fiscales presentadas en 2009 por el Ministerio de Hacienda, Euskadi muestre un saldoequilibrado (ni contribuye ni recibe) a pesar de que dada su renta debería mostrar un saldo fuertemente negativo, como les sucede a las CC AA "ricas" (Madrid, Cataluña, Baleares). El privilegio vasco, en definitiva, es no tener que participar del coste de la solidaridad interpersonal e interregional en España.

Pues bien, en este marco general se ha producido el traspaso de las citadas PAE, que incluyen entre otras competencias y a lo que ahora nos interesa, las referentes a las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social por contrataciones indefinidas y de cuotas de formación profesional. Y la valoración de esta transferencia se ha realizado, esto es lo importante, por el mecanismo concertado; es decir, el País Vasco recibirá el 6,24% del presupuesto español total para estas bonificaciones o descuentos (178 millones sobre el presupuesto total de 2010 que es de 2.850 millones) y reintegrará con ese dinero a la Seguridad Social el importe real de las bonificaciones concedidas a empresas radicadas en Euskadi, siempre de acuerdo con la legislación general al respecto. Lo llamativo del sistema adoptado (impuesto al Gobierno por el PNV) es que la transferencia se valora apriorísticamente en un porcentaje concreto (el 6,24%), a pesar de que ese porcentaje no guarda relación alguna con la materia de que se trata (el 6,24% representa el peso de la economía vasca en España). En efecto, el volumen de las bonificaciones otorgadas a empresas vascas depende solo del número de contratos bonificados que estas empresas realicen, el cual no coincide con toda seguridad con el 6,24% del total de contratos bonificados a nivel nacional. Puede ser más o menos, casi con seguridad más por ser una región dinámica en creación de empleo fijo, pero desde luego no es el 6,24%.

¿Supone ello una ruptura del principio llamado de caja única de la Seguridad Social? Ni por asomo. Para la Seguridad Social no cambia absolutamente nada, salvo que el reintegro de las bonificaciones otorgadas la efectuará la Comunidad en lugar del Estado. Sus flujos y cuentas no cambian. ¿Entraña un privilegio substantivo para el País Vasco o para el desempleado vasco? Tampoco, por lo menos en principio. Es más, probablemente supondrá un perjuicio para las arcas vascas puesto que con el 6,24% del presupuesto español total de bonificaciones y reducciones de cuota (unos 174 millones) no les llegará para financiar todas las que efectivamente se realizan en Euskadi (aunque la Seguridad Social se niega denodadamente a facilitar el dato, hay consenso en que se producen por valor de 200 millones como mínimo).

Solo en cuanto a ciertos servicios indirectos de apoyo al empleo puede hablarse de beneficio en forma de sobrefinanciación, puesto que con solo un 2,36% de los parados españoles, Euskadi recibe el 6,24% del coste de esos servicios. Pero son de escasa importancia.

Entonces, ¿quién es el perjudicado? Pues, en el fondo, lo son tanto el sentido común como el sentido federal. Por una sencilla razón: porque se entrega con criterios territoriales al País Vasco una competencia que por definición responde a criterios personales. Exactamente como si se estableciera en España un fondo de ayuda para madres solteras y se aceptase que al País Vasco le corresponde el 6,24% de ese fondo, con independencia de cuántas madres de esa condición existieran en Euskadi, fuese el 10% o el 2% del total, incluso si no existiera ninguna. Absurdo.

Se ha llegado a decir, conciliadoramente, que el sistema podría generalizarse a todas las CC AA. Sería ciertamente milagroso, porque generaría un caos total. Sería como repartir las ayudas para plantar manzanos en función del número de cerdos de cada Comunidad. Ríanse, pero algo así sería el sistema (?).

Pero entonces, si la transferencia va a suponer incluso un pequeño coste financiero para Euskadi, ¿por qué el PNV la ha exigido así? Opino que, en primer lugar, ha sido precisamente por lo que dicen sus portavoces: "por el fuero". Y es que para los nacionalistas es de relevancia suma, simbólica y política, que todos los flujos financieros o económicos entre España y el País Vasco se sujeten al inflexible criterio numérico concertado. Porque es un criterio confederal, bilateral, propio de territorios cuasiseparados e independientes. Mantener ese peaje siempre y en todo asunto es importante porque graba a fuego la singularidad. En un sentido figurado, el hacer pasar todos los flujos por el criterio territorial del 6,24% es tan importante para los nacionalistas como lo fue durante toda la Edad Moderna el que hubiera unas aduanas entre Castilla y las provincias, y no en la costa como en el resto de territorios.

Pero hay una segunda razón, muy relevante para el PNV en su situación política actual en Euskadi: la de hacer morder el polvo al lehendakari socialista, la de poder señalarle como el presidente que estuvo dispuesto a aceptar la transferencia valorada en una cantidad inferior, puesto que no incluía los 170 millones de las cuotas y bonificaciones. La de presentarse ante sus fieles pavoneándose como el único partido capaz de conseguir los dineros que el País se merece. Aunque echando cuentas, después, esos millones no lleguen para pagar lo asumido.

Lo dicho: estamos en el laberinto. Y el rasgo característico del laberinto es que se pierde la orientación. Lo único que cuenta, para cada uno de los implicados, es doblar la próxima esquina. Así se va construyendo el sistema: a golpe de urgencias momentáneas. Y así nos sale.

José María Ruiz Soroa es abogado.

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