Europa: ¿museo o laboratorio?

Ésta no es la pregunta que aparece en los referendos en Europa. Pero es la pregunta que los europeos se están tratando de contestar.

¿Serán su cultura y sus tradiciones las principales fuerzas que impulsarán a Europa? ¿O lo será más bien su capacidad para inventar nuevas formas de gobernarse, integrarse entre sí y relacionarse con el resto del mundo? ¿Dependerá la Europa del futuro más de sus museos, orquestas y restaurantes o de sus fábricas, laboratorios y universidades? Ésta es por supuesto una caricatura de los dilemas y posibilidades de Europa. Europa siempre será una potencia cultural y también seguirá teniendo fortalezas científicas, industriales y militares. Pero como toda caricatura, la visión de una Europa museo en contraste con una Europa laboratorio sintetiza dos futuros muy diferentes. La Europa laboratorio no se refiere principalmente a sus capacidades científicas sino a su capacidad para experimentar con nuevas formas de gobierno; con nuevas instituciones, políticas públicas y reglas de conducta.

Sobre esto acaban de votar los irlandeses. La primera vez que se les preguntó - el año pasado- dijeron que no. Ahora dijeron que sí. ¿Pero a que dieron el sí? A que Europa tenga un líder a tiempo completo, en vez de depender, como hasta ahora, de una presidencia que se rota cada seis meses entre los jefes de Estado de los 27 países miembros. El nuevo presidente durara dos años y medio en el cargo y podrá ser reelecto una vez más. Felipe González y Tony Blair son fuertes candidatos a ser los primeros en ocupar este cargo. También votaron a favor de tener un sistema más justo de votaciones para la toma de decisiones colectivas, para que cada país miembro tenga un representante en la Comisión Europea, para mejorar el funcionamiento del Parlamento Europeo, para que haya un represéntate de Europa ante el resto del mundo con un mandato más claro y con mayor autoridad y varios otros cambios por el estilo, todos los cuales le darán algo más de eficiencia y transparencia al funcionamiento de la Unión Europea. Muchos de estos son cambios burocráticos aburridos, complicados de entender -y de explicar-. Por eso es que los opositores irlandeses prefirieron basar su campaña para el referéndum en enfatizar que de votar a favor se estaría apoyando la rebaja del salario mínimo, la legalización del aborto y el envío de militares irlandeses a Afganistán entre otras maldiciones escondidas en el Tratado de Lisboa, el acuerdo que contiene las reformas propuestas. Los votantes no les creyeron y apoyaron abrumadoramente al sí.

Este voto tiene menos que ver con el entusiasmo por los cambios institucionales propuestos que con la convicción que a Irlanda le va mejor cuando se alinea con Europa y que a Europa le va mejor cuando se integra más intensa y eficientemente. Pero el referéndum irlandés no culmina el proceso de adopción del Tratado de Lisboa, ya que aún falta que Polonia lo ratifique y que las tácticas dilatorias del presidente de la República Checa, Václav Klaus, no prosperen. Pero de ser aprobado, Europa tendría un nuevo diseño institucional en 2010. Estas innovaciones no son el equivalente político al descubrimiento de la cura contra el cáncer ni la formula mágica que resolverá los graves problemas estructurales que tiene que enfrentar Europa. Pero será un paso positivo para enfrentar mejor lo que le viene a los europeos. Y lo que les viene no tiene precedentes.

Según las estimaciones del historiador y premio Nobel de Economía Robert Fogel en el año 2000, en Europa vivía el 6% de la población mundial y su economía abarcaba el 20% del total mundial. En China e India vivía el 38% de los habitantes y sus economías representaban el 16% del total. Fogel estima que para el 2040, Europa albergará sólo el 4% de la población mundial y su economía será un minúsculo 5% del total. En cambio, China e India llegarán a tener al 34% de la humanidad y sus economías se habrán expandido hasta alcanzar el 52% de la actividad económica mundial.

Desde esta perspectiva, el garantizar que Europa enfrente de manera unida, eficaz e innovadora sus relaciones con el resto del mundo es un requisito indispensable. Y el menor de sus problemas.

Moisés Naím

Sin líder no hay recuperación

Empresarios y directivos apelan a los proyectos a largo plazo para salir de la crisis

Los dirigentes deben cambiar para generar confianza en la sociedad

Difícilmente se puede definir a un buen líder sin enumerar características y adjetivos que ocuparían párrafos y más párrafos. Sus cualidades han de ser tantas que hay quien las compara con las del príncipe azul que busca toda mujer. ¿Es posible encontrarlo? Y lo más importante, ¿tenemos en España líderes como para salir de la crisis económica que vivimos?

La respuesta, a cargo de Jordi Pujol, es la siguiente: "En el mundo empresarial hay algunos grandes líderes. Ellos han hecho que empresas como Telefónica, algunos bancos, eléctricas y constructoras se conviertan en multinacionales y figuren entre las primeras del mundo. Esto no se podría hacer sin liderazgo. En la política, en cambio, donde se sabía desde hace tres o cuatro años que el modelo económico implantado no era bueno, se ha seguido jugando a la carta de la alegría. Sin previsión alguna. Por eso es un poco tarde para atajar los problemas de inmediato. Tendremos dos o tres años malos, pero luego se solucionará porque España tiene potencial económico, si no domina la frivolidad". Sin explicitarlo, el ex presidente de la Generalitat de Catalunya más influyente tras 23 años en el poder se refiere a la falta de liderazgo del Gobierno de nuestro país, donde "la cultura del pelotazo, que se impuso en los años noventa, ha vuelto a instaurarse".

Pujol es el titular de la Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE, que esta semana ha celebrado su jornada anual de reflexión en el monasterio barcelonés de Sant Benet de Bages, de Caixa Manresa, donde se han congregado cerca de 70 conocidos empresarios, directivos y políticos para debatir sobre los tipos de liderazgo que necesita la empresa española para superar la recesión. Su consejo a todos ellos es que sean capaces de mantener la confianza de los demás, tal y como ha hecho Obama en Estados Unidos. Y justo lo contrario de la actuación improvisatoria practicada por Rodríguez Zapatero, como dijeron algunos, eso sí, sin mencionarle expresamente.

Quizá por eso el presidente de Abertis, Salvador Alemany, tenga claro que los empresarios españoles necesitan fundamentalmente "creer en el país", lo que implica comprometerse con el proyecto España, "que no puede estar delegado sólo en los políticos. Tenemos que comprometernos y dar soporte a nuestros gobernantes". "Con el objetivo de generar empleo". "Lamentamos que nos faltan líderes, pero a los empresarios nos falta implicación y disposición". Es consciente de que hay que tirar del carro para "empezar un nuevo proyecto", igual que otros participantes en estos dos días de reflexión, que han entonado su parte del mea culpa, compartido con la sociedad en su conjunto y los políticos.

Una conclusión clara: hay que mirar hacia delante, acabar con la desconfianza y empezar a construir el futuro. "Nuestra economía se ha pasado de frenada. Hemos consumido demasiado y ahora hemos de afrontar la transformación", dijo el consejero de Economía del Gobierno vasco, Carlos Aguirre. "Nunca nos ha hecho tanta falta como hoy la credibilidad. Sin ella no hay liderazgo. Por eso es tan importante que los dirigentes den ejemplo", aseveró su homólogo catalán, Antoni Castells.

"Resiliencia", que diría Alemany, refiriéndose a uno de los vocablos más de moda en el mundo de la psicología: "Es decir, la capacidad de resistir las crisis que siempre provocan cambios. Resistir no por resistir, sino por reinventarnos, por hacer cosas nuevas". Y eso es tener un proyecto, saber hacia dónde se va, otra de las conclusiones para políticos, empresas y ciudadanos. "La sociedad está deseando recibir un mensaje, que puede ser duro, pero que marcaría unos objetivos a seguir. Necesitamos un pacto global para salir de la crisis; aunque tengamos una orfandad importante de líderes políticos, sí los hay empresariales", afirma el profesor de ESADE Francisco Longo.

Con un cambio en la actuación de los dirigentes podremos sobrevivir. Hay que evitar las decisiones cortoplacistas que han movido a la empresa y sus dirigentes en los últimos tiempos. Ese sistema empresarial que el banquero Carlos March definió y criticó con contundencia: "Hoy vemos multinacionales en las que no existe un accionista de referencia y los consejos representan a accionistas que no se sabe quiénes son, las empresas están absolutamente en manos de los ejecutivos que las dirigen". Es la tecnoestructura. En la que "se han producido extraordinarios abusos por parte de algunos ejecutivos que se deben castigar". "Tiene que haber límites para impedir que la codicia del sistema financiero se lleve al extremo", aseguró el responsable de Banca March.

Iván Martén, de Boston Consulting Group, puso sobre la mesa las conclusiones de un estudio sobre los líderes que han fracasado en la crisis actual. "Reúnen tres características: son visionarios, aparecen en los medios de comunicación tres veces más que sus homólogos de la competencia y perciben unos incentivos muy fuertes en stock options. Ante cualquier problema, lo que hacen es cambiar la contabilidad interna".

Ahora se necesita otro tipo de líder. Según dijo hace unos días a este periódico el presidente del Banco Santander, Emilio Botín: "Está demostrado que una sociedad, un país de futuro, necesita personas bien formadas, trabajadoras, emprendedoras y responsables socialmente, es decir, conscientes de que forman parte de una sociedad que debe trabajar para conseguir objetivos comunes". Ése es el dirigente que precisa España para crecer.

El perfil que viene

Ferrán Soriano, presidente de Spanair, dice que "toda crisis implica cambios y hace necesario un liderazgo fuerte", y éste se basa en adaptarse al equipo, no al revés". "La combinación de contenido técnico y capacidad de gestión de personas" es vital para los dirigentes. Partidario del liderazgo compartido, asegura que consiste en una dirección con tres papeles: el de visionario, que es el directivo de las ideas brillantes y que precisa del doctor No, normalmente el financiero, para ponerle los pies en la tierra, y de la espalda, el ejecutivo capaz de cargar con el peso del proyecto. Soriano tiene claro que "la clave del liderazgo es el equipo" y la comunicación es el único camino para explicar los despidos y generar confianza en la plantilla. "Spanair no tiene un ERE encima de la mesa. Sí necesidad de reestructurarse. Queremos hacerla rentable (ahora pierde 187 millones de euros) para luego poder crecer", afirma.

María Garaña, presidenta de Microsoft España y una de las siete mujeres participantes en el foro de ESADE, también cree en el equipo y la comunicación transparente. "Que es uno de nuestros diferenciales en la multinacional. No pensamos reducir personal. Ahora es vital la tenacidad y hemos de tirar y aflojar de nuestro equipo para motivarle y comprometerle". Su liderazgo se basa en "encontrar el balance entre la estrategia y la operación. Porque hoy el éxito se mide más que nunca en función de la competencia". En cambio, el de Salvador Alemany, de Abertis, radica en: "mucho trabajo, tratar de situarme en la posición de cada uno, tener información, escuchar y preocuparme por la anticipación".

Carmen Sánchez Silva para Negocios.

Poder público, fines privados

Corrupción: monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad en la decisión, menos obligación de rendir cuentas.

Un aspecto llamativo del caso Gürtel es que personas adultas y con experiencia política se pusieran en manos de una cuadrilla de facinerosos, asumiendo una fuerte dependencia de ellos. Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza de la trama en Valencia, le dijo a Garzón que su organización llevaba "el día a día del partido", montándole "actos casi a diario: mítines, ruedas de prensa, presentaciones...". Si esas actividades, las propias de cualquier partido, las organizaba una entidad externa, ¿qué hacían los dirigentes, asesores y demás personal a sueldo del partido? La dependencia llega al extremo de que el secretario general, Costa, le pida a El Bigotes que interceda ante el presidente Camps para que le meta en su Gobierno; y el propio Camps recurre a esa mediación para que le consiga una foto con Obama.

El político vocacional y altruista pasó a la historia, pero el político profesional clásico, que pone su conocimiento y experiencia al servicio del partido, también se ha pasado de moda: ahora su trabajo consiste en encargar trabajos a otros. Los informes encomendados por el Gobierno catalán a asesores externos, muchos de ellos ligados a los partidos que lo forman, han suscitado una emoción limitada en esa comunidad y apenas ha trascendido fuera de ella. Sin embargo, esa forma de canalizar dinero público hacia bolsillos privados o del partido recuerda al montaje de los informes ficticios de Filesa, que tanto escándalo suscitaron a comienzos de los noventa.

Seguramente, no todos los informes son tan esotéricos como algunos de los que la prensa ha citado desde que se destapó el asunto (y que los miembros del Govern se resisten a hacer públicos, sin duda porque les da vergüenza que se conozcan). En primavera se supo que los había sobre temas como el cultivo de la chufa, el murciélago Nana o la almeja brillante; o uno que respondía a la petición de "argumentos para el fomento del juguete no sexista": alguien estaba a favor de ese tipo de juguetes, pero necesitaba ayuda para saber por qué. Otros que se han conocido este otoño son igual de absurdos, como el destinado a conocer la opinión que los niños tienen de la consejera de Sanidad o la que los columnistas de la prensa catalana tienen de los partidos del tripartito de Montilla.

En 2007, ese Gobierno encargó 2.967 informes externos, con un coste de 32 millones de euros. De una muestra de 300 analizados por una empresa auditora, 49 fueron considerados superfluos: directamente inútiles o que podían haber sido realizados por personal a sueldo del Gobierno. Esos 49 informes costaron 729.000 euros. Extrapolando la cifra en relación con los casi 3.000 encargados sale un coste (o sea, un dispendio) de siete millones de euros.

Una ironía del destino ha querido que uno de los informes, que versaba sobre "buenas prácticas en el sector cultural", fuera encargado (por 11.600 euros) al secretario de la Fundació Orfeó Català, recientemente destituido por el caso Millet: la estafa de guante blanco por un importe de 20 millones de euros, una parte de los cuales fue canalizada hacia una asociación ligada a CiU, a modo de blindaje público de la corrupción particular. Con el añadido de que la entidad saqueada recibió en los últimos diez años fuertes subvenciones del Ministerio de Cultura (25 millones de euros), la Generalitat (6,7 millones) y el Ayuntamiento de Barcelona (4,3 millones).

Cuando la economía iba viento en popa, no había mucha presión para que las instituciones subvencionadas rindieran cuentas de la utilización de los dineros públicos. Está por ver si seguirá siendo así con cuatro millones de parados, y si los escándalos de corrupción tienen repercusiones electorales. Algún sondeo reciente (Público, 12-10-09) indica que el PP sí pierde votos (por la corrupción), pero menos que el PSOE (por la crisis). Esto puede deberse a que a quien gobierna se le considera responsable en alguna medida de no haber impedido la corrupción; pero también a que la irritación que provoca el desempleo masivo favorece el trasvase de votos del partido gobernante al de la oposición, mientras que la corrupción más bien favorece la abstención.

El descrédito de los partidos es otro factor que la crisis ha potenciado. Existe el riesgo de que ese descrédito aliente a su vez el surgimiento de movimientos populistas o antisistema, de insumisión fiscal o de impugnación de la democracia. Hay algún síntoma de esto, pero la propia crisis puede ser una ocasión para que los partidos se reformen internamente, adoptando métodos de funcionamiento más austeros (como la crisis del petróleo de los años setenta sirvió para modificar algunos usos del consumo energético) y comprometiéndose a rendir cuentas del dinero que reciben y administran.

Un experto en la materia propuso hace años esta ecuación para definir la propensión a la corrupción: monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad en la decisión, menos obligación de rendir cuentas. No es casual que la corrupción tienda a florecer en los periodos o territorios en que la oposición está muy debilitada frente a Gobiernos con mayoría absoluta. El poder ciega y el poder absoluto ciega absolutamente.

Patxo Unzueta

Nadadores a contracorriente

Escribía Chesterton que sólo quien nada a contracorriente sabe con certeza que está vivo. Se trata, desde luego, de un ejercicio nada plácido, pues la energía que el nadador a contracorriente emplea en cada brazada no se corresponde con un avance proporcional; y basta con que flojee en su ímpetu para que la tentación del desistimiento haga mella en él. Quien nada a favor de la corriente, en cambio, no tiene que molestarse en bracear; y ni siquiera es preciso que esté vivo, pues la corriente seguiría arrastrándolo como si tal cosa. Las grandes batallas del pensamiento, las conquistas que han ensanchado el horizonte humano, siempre se han librado a contracorriente; y, con frecuencia, quienes se atrevieron a protagonizarlas fueron contemplados por sus contemporáneos como retrógrados, incluso como peligrosos delincuentes. Pero, junto al rechazo o incomprensión de su época, estos pioneros que osaron contrariar el «espíritu de los tiempos» pudieron proclamar con orgullo que estaban vivos; y con su sacrificio irradiaron vida en un mundo acechado por la muerte, convocaron a la vida a quienes por cobardía, por estolidez, por conformidad con las ideas establecidas nadaban a favor de la corriente.

Así debió ocurrir con los primeros patricios que, en la época de máximo esplendor del Imperio Romano, empezaron a manumitir esclavos, como aquel Filemón que, siguiendo las instrucciones de San Pablo, decidió acoger a su esclavo Onésimo como si de un «hermano querido» se tratase. Cuando Filemón manumite a Onésimo, la esclavitud no era tan sólo una institución jurídica plenamente reconocida, auspiciada y protegida por la ley; era también el cimiento de la organización económica romana. Según establecía el derecho de gentes de la época, los esclavos eran individuos que, aun perteneciendo a la especie humana, no eran «personas» en el sentido jurídico de la palabra, sino «bienes» sobre los que sus amos podían ejercer un «derecho» de libre disposición. Los nadadores a contracorriente como Filemón alegaron entonces que, más allá de los preceptos legales, existía un estado de naturaleza que permitía reconocer en cualquier ser humano una dignidad inalienable; y que tal dignidad era previa a su consideración de ciudadano romano. Aquella subversión del sistema legal establecido ponía en peligro el progreso material de Roma; y quienes entonces nadaban a favor de la corriente se emplearon a fondo en el mantenimiento de un orden legal que favorecía sus intereses. Tan a fondo se emplearon que la abolición de la esclavitud aún tardaría muchos siglos en imponerse; y no lo hizo hasta que el ímpetu pionero de nadadores a contracorriente como Filemón propició una metanoia social, un cambio de mente que antepuso ese meollo irrenunciable de humanidad que nos permite distinguir la dignidad inalienable de cualquier persona sobre los indudables beneficios económicos de la esclavitud. Y en el largo camino que condujo a esa conquista muchos Filemones fueron señalados como retrógrados, perseguidos y condenados al ostracismo.

Como ocurriera hace dos mil años a los primeros patricios romanos que empezaron a manumitir esclavos, ocurre hoy a quienes se oponen al aborto. Los nadadores a favor de la corriente los anatemizan y escarnecen, los calumnian presentándolos como detractores de los «derechos de la mujer», los caracterizan como sombríos «retrógrados» que amenazan el progreso social. Pero, como aquellos primeros patricios romanos que reconocieron en cualquier persona una dignidad inalienable, quienes hoy se oponen al aborto no hacen sino velar por ese meollo irrenunciable de humanidad que nos constituye, que nos permite reconocer como miembro de la familia humana a quien aún no tiene voz para proclamarlo, que nos impone proteger la vida gestante, la más desvalida e inerme, como garantía de nuestra propia supervivencia moral, para que no nos ocurra lo que Marcel Proust denunciaba, al describir el clima de corrupción en el que se desenvolvían sus personajes: «Desde hacía tiempo ya no se daban cuenta de lo que podía tener de moral o inmoral la vida que llevaban, porque era la de su ambiente. Nuestra época, para quien lea su historia dentro de dos mil años, parecerá que hubiese hundido estas conciencias tiernas y puras en un ambiente vital que se mostrará entonces como monstruosamente pernicioso y donde, sin embargo, ellas se encontraban a gusto».

El día en que nos encontremos a gusto en un ambiente vital que consagra el aborto como «derecho» habremos dejado de merecer el calificativo de humanos; porque simplemente habremos dimitido de la razón, que es -según nos enseñaba Aristóteles- capacidad de discernimiento sobre lo que es justo y lo que es injusto. Y cuando el hombre se desprende de la razón es como cuando las ramas se desprenden del árbol, que no les aguarda otro destino sino amustiarse. Cuando el aborto se acepta como una conquista de la libertad o del progreso, cuando se niega o restringe el derecho a la vida de las generaciones venideras, nuestra propia condición humana se debilita hasta perecer; y entonces nos convertimos, irrevocablemente, en esos nadadores a favor de la corriente que, sin advertirlo, aceptan su propia muerte con tal de no bracear. Porque muertos están quienes por cobardía, por estolidez, por conformidad con las ideas establecidas defienden el aborto; y también quienes con su silencio o indiferencia lo amparan, quienes con su anuencia sorda respiran sus miasmas, fingiendo que no les contagian.

A los soldados aliados que, en su avance hacia Berlín, liberaban los campos de concentración donde durante años se habían hacinado prisioneros famélicos, puras radiografías de hombre despojadas de su dignidad, no les estremecía tanto el espectáculo dantesco que se desplegaba ante sus ojos como la pretendida ignorancia de los lugareños vecinos, que habían visto llegar trenes abarrotados de presos al apeadero de su pueblo, que habían visto humear las chimeneas de los hornos crematorios, que habían visto descender la ceniza de los cadáveres incinerados sobre sus tierras de labranza y, sin embargo, habían fingido no enterarse de lo que estaba sucediendo ante sus narices. Con esta nueva forma de holocausto que es el aborto ocurre lo mismo: llegará el día en que las generaciones venideras, al asomarse a los cementerios del aborto, se estremezcan de horror, como hoy nos estremecemos ante las matanzas que ampararon los totalitarismos de hace un siglo (sólo que, para entonces, las cifras del aborto serán mucho más abultadas, vertiginosas de tan abultadas); pero se estremecerán, sobre todo, ante la complicidad tácita de una sociedad que, dimitiendo de su humanidad, prefirió volver el rostro hacia otro lado cuando se trataba de defender la vida más inerme, que incluso aceptó el aborto como un instrumento benéfico, entronizándolo en la categoría de «derecho». A esas generaciones futuras les consolará, sin embargo, saber que, mientras muchos de sus antepasados renegaba de su condición humana, acatando la barbarie y bendiciéndola legalmente, hubo unos cientos de miles de españoles que el sábado 17 de octubre de 2009 salieron a la calle para gritarle a una sociedad que yacía agusanada en la tumba: «Levántate y anda». Y, agradecidos, comprobarán que, con su gustoso sacrificio de nadadores a contracorriente, aquellos cientos de miles de españoles irradiaron vida en un mundo acechado por la muerte.

Juan Manuel de Prada

Cierre de filas cerradas

Por diferentes motivos -fundadas acusaciones de corrupción en un caso; fundado malestar por la cesarista política anticrisis en el otro-, los dos grandes partidos de ámbito estatal han llamado a los dirigentes de los aparatos central y autonómicos a un cierre de filas en sendos rituales de exaltación del líder supremo. En ambos casos, los líderes han pronunciado el discurso de rigor presentándose como víctimas inocentes de ataques externos y en ambos han encontrado el calor procedente de la reverberación de sus palabras en el aliento de sus leales. En conjunto, un éxito en la exhibición de un mundo satisfecho, autorreferencial, inmune a la crítica externa, pero también mudo, cegadas las fuentes de las que pudiera surgir una voz solicitando explicaciones, aclarando críticamente las cuestiones planteadas. En un sistema de monopolio discursivo sólo habla el líder; los demás no hablan, alaban y dicen amén.

¿Qué pasa, pues, con los partidos políticos? Lejos están los tiempos de aquellos partidos de clase, que planteaban desde la sociedad reivindicaciones al Estado y que veían crecer corrientes debatiendo los programas máximo y mínimo; lejos han quedado también los partidos "recógelo todo" o interclasistas que aparecieron en la transición y que pretendían hablar, como intermediarios entre la sociedad y el Estado, en nombre de una mayoría social. Por un desplazamiento que no es exclusiva ni originariamente español, pero que aquí ha tenido sus propias características, los partidos se han convertido en organizaciones de profesionales -especialmente en marketing electoral- que dependen del Estado para mantenerse y crecer. No les importan ya las "amplias masas" ni el número de afiliados; lo que les importa es la simbiótica relación de la organización de profesionales con el Estado, del que proceden sus recursos y donde encuentran el ámbito de su expansión.

Pero el Estado no es esa especie de gran Leviatán que gravita por encima de la masa amorfa: Estado son las concejalías de los ayuntamientos, los escaños de los parlamentos, los ministerios y consejerías de los gobiernos, sedes del poder político desde las que se contrata a buena parte del personal de las administraciones públicas; donde se asignan obras y servicios, se conceden subvenciones, se crean redes clientelares, se llega al público a través de medios de comunicación de propiedad estatal o autonómica; se controla la administración sanitaria, el sistema educativo; se nombran los miembros de las comisiones nacionales -de la energía, de las comunicaciones, del mercado de valores...- y de altas instituciones: el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial y por derivación los tribunales superiores y el Supremo, por no hablar del Constitucional.

Todo esto, y más que se podría añadir, crea un nuevo tipo de partido en el que se cultiva un nuevo profesional de la política. Si las cosas no van mal, alguien que es hijo o hija de concejal puede sentir la vocación de papá o de mamá, ingresar en el partido y tras un cursus honorum por sus diversos escalones encontrar una recompensa como miembro del Parlamento Europeo, o de la comisión nacional de tal o cual cosa, o del Poder Judicial, o de la televisión autonómica, o del museo nacional. Esa carrera tiene sus servidumbres, entre las que se cuenta ser leal miembro de la organización, no mostrar una personalidad muy definida, no tener demasiadas ideas propias -¡para lo que sirven!-, ser forofo del líder y manifestarlo cada vez que la ocasión se presente y hasta cuando no se presenta.

Como era de cajón, este nuevo tipo de partido y de profesional de la política que hemos visto crecer bajo nuestra mirada ha dejado su impronta y sus efectos sobre el Estado. Funcionarios competentes exiliados a los pasillos mientras medran los leales o contratados; equipos desplazados, informes archivados; jueces con la venda en los ojos para no ver cohechos, activos ni pasivos, donde los detecta hasta el más lerdo en derecho; vocales de altos organismos que se perpetúan en los puestos con desprecio de los límites marcados por la Constitución o por las leyes; comisiones de control que sestean complacientes; instituciones del Estado, en fin, convertidas en campo de batallas entre partidos. Y por debajo, una concepción del Estado como fuente de inagotables recursos.

En su triunfal marcha desde la sociedad al Estado, los partidos políticos se han alejado de la primera, con daño para el segundo: lógico que cuando se elevan voces críticas, sus líderes llamen al cierre de unas filas previamente cerradas.

Santos Juliá

Nadie quiere dirigir el instituto

La falta de candidatos para gobernar centros públicos es un problema desde hace décadas - A los profesores no les compensa asumir la responsabilidad; ni ganan más ni tienen autonomía

Al parecer, se trata de una sencilla ecuación: "Demasiada responsabilidad y escasa valoración social y económica. El ratio responsabilidad/valor es demasiado elevado". Así explica Iñaki Zurutuza, director del instituto Alaitz, de Barañain (Navarra), por qué es tan difícil muchas veces que los profesores quieran asumir la labor de dirección de los centros públicos: el 75% de los directores de colegios y el 50% de los institutos públicos navarros fueron nombrados el año pasado por la Administración por falta de candidatos. En el País Vasco, ese porcentaje fue del 70%. En Baleares es el 60%; en Cataluña, el 58%; en Galicia, el 40%.

Y, aunque en algunas comunidades la tasa baje (en Andalucía, que incluye también los centros de educación infantil, está en torno al 37%, en Madrid del 14% y en Canarias, incluso, del 11%), el presidente de la federación de asociaciones de directivos de centros educativos públicos (Fedadi), José Antonio Martínez, calcula que alrededor de la mitad de directores de toda España son elegidos de la misma manera por ausencia de candidatos.

La cuestión es que no se trata de un problema nuevo, sino que se detectó ya en los años setenta del siglo pasado y persiste, más acentuado en algunas comunidades que en otras, a pesar de que todas las reformas educativas desde mediados de los ochenta lo han tratado de paliar. Se cambió el sistema de elección democrática instaurada en los ochenta por la actual selección basada en los méritos, se les ha dado más capacidad de acción y las comunidades van actualizando -aunque para muchos aún de forma insuficiente- los incentivos por el cargo.

Y, sin embargo, el problema persiste. "Se van dando pasitos, pero pasitos cortos", asegura José Manuel Villegas, director en Talavera de la Reina. "Tenemos muchísima responsabilidad, pero escasísimo poder de decisión", se queja Ginés Pérez Gea, director del colegio público de infantil y primaria El Frabraquer, de Campello (Alicante).

El problema, además, es que no se trata de una cuestión menor, si hacemos caso de los recientes análisis que ha hecho la OCDE sobre la importancia del liderazgo en los centros educativos. "Si no directamente, los directores tienen una enorme influencia indirecta en la mejora de los resultados. Hay muchas evidencias de que los profesores son la pieza principal para esa mejora y, a su vez, los directores son los que pueden crear el clima adecuado para que los docentes sean mejores", asegura Beatriz Pont, coautora del estudio de la OCDE Mejorando el liderazgo en la escuela. Y a pesar de esa importancia, "en muchos países, los hombres y las mujeres que dirigen los planteles escolares están agobiados, mal pagados y próximos a jubilarse. Y hay muy poca gente que quiera ocupar esos puestos", alerta el trabajo de la OCDE que coloca a España, según Pont, como un país que va con retraso -¿cómo no?- en este sentido.

Por ejemplo, empezando por lo de mal pagados, los directores de instituto españoles cobran en torno a un 20% más que el resto de profesores, la sexta menor diferencia de la veintena de países analizados en el estudio. En él se hace una división en la que en el tercio bajo, con una diferencia menor del 20%, junto a España están países como Austria, Portugal, Grecia o Luxemburgo. En el medio, entre el 20% y el 40% de diferencia, están Alemania, Italia, Bélgica o Dinamarca. Y en el superior, con más del 40% de distancia, Finlandia, Suecia o Reino Unido, este último, con diferencias que pueden llegar casi al 180%.

Estas cifras comparativas, en todo caso, están tomadas del curso 2002-2003 y, desde entonces, aunque probablemente no hayan variado mucho las posiciones de la estadística anterior, es cierto que los complementos por ser director se han ido actualizando. Éstos varían según el tamaño del centro, pero teniendo en cuenta que la mayoría son grandes, la comparación más ajustada a la realidad es por arriba, explica Antonio Redero, de FETE-UGT. Así, según los datos recabados por el sindicato, la horquilla va desde los 518 euros en el País Vasco y los 754 en Cantabria para infantil y primaria y entre los 613 en el País Vasco y los 995 en Cataluña para secundaria.

Pero si bien el importe puede explicar algunas diferencias, otras no. Por ejemplo, no explica las que se dan entre Canarias (11% de nombramientos por falta de candidatos) y Navarra (más de la mitad), por mucho que se tenga en cuenta el coste de la vida, ya que en ambas comunidades el complemento está entre 500 y 675 euros. Ni tampoco las cifras de Cataluña, donde los responsables de instituto cobran más que en ninguna otra parte y los de primaria están entre los tres primeros y, sin embargo, se tienen que cubrir más de la mitad de los puestos de director a dedo.

Se puede discutir si el complemento en sí es mucho o poco, pero la verdadera cuestión es si alcanza para compensar todo el esfuerzo. En general, el sueldo de los profesores españoles (unos 29.000 euros de media al empezar) está por encima de la media de la OCDE y de UE, pero los informes internacionales siempre han señalado que hay una escasa progresión, salvo por la acumulación de experiencia. Para muchos, ello crea entre los profesores la sensación de que parece dar igual, a efectos de reconocimiento profesional (y ya no sólo de dinero), hacer bien o hacer mal el trabajo, esforzarse un poco más o salir corriendo cuando suena el timbre, escaquearse siempre que hay ocasión o hacerse cargo de todas las excursiones, ser director o no serlo... En fin, un ambiente en el que todo parece quedar a merced de la buena voluntad y el pundonor profesional de cada uno.

El estatuto docente (promesa pendiente de la anterior legislatura) tenía que llegar para paliar de alguna manera esa situación. Se retrasó por desacuerdos entre el Gobierno y los sindicatos y ahora se retomará en medio de una terrible crisis económica. El tema concreto de la dirección no está sobre la mesa, pero el Gobierno siempre está dispuesto a hablar de todo lo que planteen los sindicatos, asegura un portavoz del Ministerio de Educación.

En general, los directores dicen que no se trata, o no sólo, de una cuestión de incentivos económicos. "Nunca se hace por el dinero", asegura María Jesús Melián, docente canaria de inglés durante los últimos 20 años, de los que ha pasado nueve como directora. Dejó de serlo hace dos, para trasladarse más cerca de su casa y para recuperar algo de tranquilidad. Precisamente, Canarias tiene una tasa muy baja de nombramientos a dedo por falta de candidatos. La Consejería canaria de Educación acaba de aprobar un decreto que regula la función directiva con el que, entre otras cosas, los directores que tengan una evaluación positiva de su paso por el cargo podrán consolidar una parte del complemento. Sin embargo, aparte de que ese decreto todavía no ha podido afectar a esa estadística del 11%, María Jesús Melián cree más bien que se trata de que más gente se anime a tomar la dirección para ganar méritos que le sirvan para ir a otro destino (una isla más grande o la Península) o para dar el salto a la inspección educativa.

José Antonio Martínez, director de institutos desde mediados de los ochenta, insiste en que no se trata sólo de dinero. "Al final, la soledad del despacho es muy dura", dice. Y se queja de que los directores han ido asumiendo cada vez más responsabilidades, pero eso no ha ido acompañado de una capacidad real para llevarlas a cabo. Desde el arreglo de una ventana rota o la reunión con los padres de ese chaval que se porta como un demonio hasta la presunta dirección pedagógica, el director (junto al equipo directivo que completan el jefe de estudios y el secretario, es justo decirlo) se ocupa de casi todo en medio de una maraña de trabajo burocrático que les ahoga. Los datos periódicos de planificación, estadística o inventario, de proyectos, memorias, peticiones... una enorme lista que muchas veces les impide atender sus responsabilidades pedagógicas, o les obliga a hacerlo fuera de su jornada de trabajo. Todo ello, sumado a la complejidad que ha tomado la propia tarea educativa de los centros, sobre todo los de secundaria, por la heterogeneidad de los alumnos, y de la relación con los padres, asegura José Manuel Villegas, director en Talavera de la Reina.

En primaria, por otro lado, también aumenta la burocracia, y las dificultades muchas veces son mayores, ya que en gran parte de las comunidades no existe en los colegios apoyo de un administrativo y hay mayores dificultades para restar horas de clase a los directores para que se dediquen a la gestión: pueden hacerlo, pero muchas veces a costa de cargarle con mucho más trabajo al resto de profesores, porque no hay apoyos, dice Ginés Pérez Gea.

Son muchas horas que se acumulan a lo largo del año - "entre una y media y dos veces más que el resto de profesores", según Villegas-, pero también se trata muchas veces de esa frustración por no poder llevar realmente a la práctica la dirección del centro. "Cuando aceptas el cargo te das cuenta de que nadas entre dos ríos. Por una parte eres Administración y por otra no puedes ni deseas descolgarte del claustro de profesores. Y, realmente, se crea una cierta desconfianza por ambas partes: la Administración desea que no le des problemas, y así se llevará bien contigo, y los compañeros desean que estés de su parte en todo momento. Y ninguna de las dos cosas es posible muchas veces", explica Rocío Fernández, directora hasta hace dos años de un instituto asturiano. Lo dejó al trasladarse de centro: "No sé si volvería hacerlo, ahora puedo disfrutar de mi tiempo libre sin estar pegada al móvil y con la cabeza libre de responsabilidades", añade.

Hace pocos días, el profesor de Sociología de la Educación Rafael Feito, a cuenta de la polémica sobre la autoridad del profesor, escribía que el único que debiera ser autoridad pública es el director. Aseguraba que en los procesos de democratización de los centros, durante muchos años la inspección educativa no ha funcionado y el director "se habría de convertir en el director-compañero que justificaría los retrasos, ausencias y cómodos horarios de algunos de sus colegas". Además, sostenía que muchas veces las asociaciones de padres han "tenido que tratar de realizar las labores -intromisión, según algunos- de inspección, coordinación y dirección que desaparecieron o menguaron". Sea intromisión o no, algunos directores sostienen -privadamente, eso sí- que el excesivo protagonismo de los padres en la toma de decisiones, por ejemplo, en las sanciones disciplinarias, también dificulta la gestión.

La experta de la OCDE Beatriz Pont pone además de relieve lo corto del mandato de los directores que, tras cuatro años, pueden volver al puesto anterior. "Es un periodo muy corto, con lo que si se tiene que tomar una decisión difícil frente al profesorado, no se hace", asegura.

Además, es un periodo muy corto, continúa, como para que a las administraciones les merezca la pena invertir en la formación de los directores. Sin embargo, los directores de Fedadi, aunque defienden la estabilidad de los equipos directivos, no son partidarios de crear un cuerpo profesional de directores, pero sí de que se les reconozca claramente su liderazgo, para gestionar la labor del profesorado (designar a los jefes de departamento, distribuir las clases, etcétera), con una autonomía real de los centros o esa formación específica, aunque no piden, como algunas otras voces, que se recupere el antiguo cuerpo de directores. Un reciente informe de la OCDE señala que los centros españoles tienen muy poca autonomía (valorada según la capacidad de la dirección para elegir profesores, fijar su salario inicial o las subidas de sueldo), sólo por encima de Brasil, México, Turquía, Italia y Malaisia.

Para el profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Girona Joan Teixidó, precisamente, la cuestión no es si profesionalizar o no la dirección, ya que todo el mundo está de acuerdo en que la tarea, según está concebida ahora mismo, requiere gran preparación, sino hasta dónde dar autonomía a los centros. Y esto supone un dilema, "ya que más autonomía significa menos controles". Se trata de una cuestión de modelos, de inercias y fuerzas dentro del sistema que implicarían para Teixidó grandes cambios legales, incluso, en la propia esencia del funcionariado. Algo, como poco, complicado.

Mientras tanto, hay cambios, esos pequeños pasitos de los que hablaba algún director. Por ejemplo, la recién aprobada Ley de Educación de Cataluña trata de que haya equipos directivos con más poder, precisamente uno de los temas que primero se desarrollarán, junto a la autonomía de centro. El tiempo dirá si será tan infructífero como intentos anteriores o si por fin funcionará.

El País

Cataluña/España

Las demandas de autonomía planteadas por los nacionalistas catalanes al Estado español se caracterizan, desde principios del siglo pasado, por una constante sobre la que se ha llamado poco la atención: en todas ellas, Cataluña se presenta como punta de lanza de una nueva organización del Estado. Históricamente, Cataluña, más que pactar con España, aspira a disponer, dentro del Estado español, de una autonomía que habrá de extenderse al resto de las regiones o pueblos del Estado.

Así ocurría ya en el manifiesto de senadores y diputados regionalistas de enero de 1906 cuando afirmaba que "hoy uno es el interés, una la causa y uno el destino de todas las regiones españolas" y saludaba con alborozo "la germinación del ideal regionalista en Galicia, en Valencia, en Aragón, en Mallorca, en la misma Castilla...". Bien, se podría decir, estaban todavía en lo que Prat de la Riba llamó fase regionalista. Pero es el mismo Prat de la Riba, padre del nacionalismo catalán y autor de su obra fundacional, La nacionalitat catalana, el que habla de la urgencia de "rehacer el Estado español sobre sus bases naturales: reconocer a sus diferentes nacionalidades [nacionalitats] el derecho de gobernarse con la más plena autonomía".

Esta constante línea de estrategia y de pensamiento político tuvo su más clara expresión cuando, metidos ya en plena fase nacionalista, el presidente de la Generalitat presentó en agosto de 1931 al presidente del Gobierno provisional de la República el Estatuto de autonomía plebiscitado por los catalanes unas semanas antes. Cataluña, dice su Preámbulo, "quiere que el Estado español se estructure de una manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos, ya establecida de momento por medio de estatutos particulares como el nuestro, ya de manera gradual".

Al presentar aquel Estatuto, la Generalitat sabía que la conquista de la autonomía implicaba una modificación de la estructura general del Estado. También lo sabían los diputados constituyentes, que lo rechazaron, sin sentir ningún ruido de sables, hasta no resolver previamente la cuestión de la organización del Estado, motivo de apasionados debates que culminarán con la definición de la República como Estado integral y con la introducción, nueva en nuestro constitucionalismo, del principio dispositivo para la formación de regiones autónomas como "núcleos político-administrativos dentro del Estado español".

Si hay un punto en que la Constitución de 1978 copió las líneas maestras y hasta la letra de la Constitución de la República es precisamente éste. Los catalanes que venían reclamando autonomía entendieron, como sus antepasados, que no sería posible sin una nueva estructuración del Estado que la garantizase también a todas las regiones y nacionalidades que la demandaran. De hecho, en el debate constitucional el problema nunca fue la generalización de la autonomía, sino la introducción en una Constitución española del término nacionalidad, exigencia innegociable de la minoría catalana a la que se opusieron los llamados poderes fácticos, o sea, los militares. Pero no hubo a este respecto concesiones ni artificios para anegar en un magma la autonomía catalana. Lo que hubo fue el reconocimiento de una realidad histórica que había llegado a su punto de maduración, como en 1931, sólo que varios escalones más arriba: la distribución competencial resultó mucho más favorable a las autonomías; Cataluña conquistó su Estatuto, celebrado como un gran triunfo porque dejaba en pañales al de la República; y las demás nacionalidades y regiones no perdieron tiempo en seguir el camino

Ésta es, más o menos, la historia, culminada en un éxito que dio razón a los catalanistas cuando aspiraban a la autonomía en el marco de una reestructuración del Estado español. El pacto entre Cataluña y España, que tanto se agita ahora como argumento para deslegitimar esa historia, no pasa de ser una metáfora: Cataluña no pacta con España, Cataluña o sus parlamentarios pactan en el Parlamento español con los diputados del resto de nacionalidades -y de las regiones que van quedando- el Estatuto de su autonomía, que reestructura la organización del Estado. El problema hoy -debido a la irresponsabilidad y la ignorancia con la que el Gobierno del Estado impulsó la reforma del Estatuto- no es si España-nación rompe un pacto con Cataluña-nación; el problema es hasta dónde el Tribunal Constitucional puede enmendar la plana al Parlamento español en orden a la reestructuración del Estado dentro de la actual Constitución.

Santos Juliá

Sin mezquitas en mi barrio

Los recelos hacia el islam y los intereses económicos frenan la apertura de nuevos oratorios musulmanes - La presión vecinal lleva a los ayuntamientos a limitar la libertad religiosa

Cuando un colectivo musulmán decide abrir una mezquita, los vecinos se sublevan y toman la calle para detener el proyecto. Con distintos grados y matices, ese mismo conflicto se ha repetido hasta 60 veces en España desde mediados de los noventa. La presión vecinal pone contra las cuerdas a los gobiernos municipales que, al paralizar algunos proyectos a fin de conseguir la buena convivencia, limitan la libertad religiosa de los 1,3 millones de musulmanes que habitan la península.

Los argumentos que esgrimen los vecinos para evitar que se instalen centros de culto islámicos en sus barrios son variopintos. Desde supuestas molestias por el "ruido", las "aglomeraciones" en la vía pública o la dificultad para aparcar, hasta las objeciones -en apariencia neutras- de carácter técnico, que alertan del "riesgo de incendio" de locales como en Anglès (Girona), ocurrido el pasado agosto. Pero, ¿cuáles son las razones profundas que hay tras lo que muchos consideran meras excusas? ¿Por qué cada vez que se abre un oratorio emerge un movimiento vecinal -espontáneo o alentado por sectores políticos- para detenerlo?

En España funcionan unos 650 centros de culto islámicos, según diversas estimaciones. Casi una tercera parte están en Cataluña, que cuenta con una vigorosa comunidad musulmana. Los conflictos vienen de lejos. En 1990, por primera vez, los vecinos recogieron firmas para frenar la mezquita de Vic. Y en 1999, los enfrentamientos callejeros entre vecinos en Ca n’Anglada, en Terrassa (de tintes claramente xenófobos) situaron el asunto de los oratorios en el centro de la agenda pública.

"Las protestas surgen de la misma forma. Alguien pide una licencia para abrir una mezquita y el movimiento nimby -acrónimo inglés que significa "no en mi patio trasero"- se pone en marcha, explica Juli Ponce Solé, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona. Jordi Moreras, sociólogo experto en el mundo islámico, coincide con él en que el "resurgimiento del orgullo del espacio propio en los barrios" lleva a los vecinos a intentar impedir que otros se instalen en su núcleo urbano; a lo sumo, aceptan su traslado al extrarradio o a polígonos industriales.

Ni el fenómeno nimby ni la pretendida islamofobia de parte de la sociedad española son suficientes para explicar el rechazo. "Hay opiniones individuales racistas, pero el núcleo del problema es que la gente asocia un oratorio con un equipamiento que pertenece a un grupo de exclusión social, el de los inmigrantes", precisa Ramón J. Moles, director del Centro de Investigación en Gobernanza de Riesgo. "Los oratorios se han instalado donde se ha podido y, a menudo, están infradotados", añade. Lo cierto es que pocos centros pueden considerarse mezquitas en toda regla desde un punto de vista arquitectónico. La inmensa mayoría están ubicadas en antiguos locales comerciales, garajes e incluso pisos. El primero de este tipo se inauguró en 1974, en un entresuelo de la avenida Meridiana de Barcelona.

La identificación entre musulmán e inmigrante conduce a los vecinos, aun de forma inconsciente, a otra reflexión: si se abre el oratorio, éste atraerá a más creyentes (pobres) al barrio, que entrará en un proceso de degradación. Las viviendas, en consecuencia, perderán valor. "Nadie quiere tener una mezquita debajo de su casa, lo mismo que un bar musical", tercia Félix Herrero, presidente de la Asociación Islámica Al Andalus de Málaga.

En opinión de Herrero, el "miedo a lo desconocido" también está en la base de los recelos. Y lo ilustra con una anécdota: hace cinco años, con motivo de la apertura de la mezquita de Málaga, una vecina llamó desesperada a una emisora de radio. Pidió al locutor que "hiciera algo" porque el barrio "se iba a llenar de barbudos". "Al final se echó a llorar y preguntó si estaban seguros de que los que frecuentaban el lugar no éramos terroristas", narra, divertido, Herrero.

Los oratorios, coinciden los expertos, se rigen por un principio de invisibilidad social. No hay minaretes ni llamadas a la oración. La gente no sabe lo que ocurre en su interior, sólo lo imagina, y ahí nace el recelo. La comunidad musulmana, insiste Herrero, puede hacer algo por evitarlo. "Hay que poner los letreros de las mezquitas en castellano para que la gente vea que son anuncios de trabajo y ofertas de clases". "Procuro que no se queden hablando en la calle al salir de la mezquita, para que no digan que ocupamos el espacio público", añade Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España.

En ocasiones, las comunidades han invitado a los vecinos a "visitar" las mezquitas. Pero persisten las dudas sobre la financiación: quién paga la mezquita y, por tanto, puede influir en su orientación doctrinal. Los expertos aclaran que, en el 90% de los casos, el dinero sale de la aportación voluntaria de los fieles, que en general tienen escaso poder adquisitivo. El 10% restante sí procede de donaciones de Gobiernos de otros países, en general a través de fundaciones.

Los conflictos no son de índole religiosa, sino de convivencia. Y, en no pocas ocasiones, son manipulados por los partidos políticos. "Son irresponsables. Usan un tema serio como éste en las campañas electorales para quitarse votos unos a otros", protesta Tatary.

Un ejemplo cristalino de esa postura es lo que ha ocurrido en Badalona (Barcelona) con la anunciada apertura del último oratorio, que está en obras. Los vecinos recogieron 3.000 firmas contra el centro azuzados por el Partido Popular. A ellos se ha sumado la campaña de la xenófoba Plataforma per Catalunya, que ha colgado un vídeo en YouTube con el explícito título de Al-Badalona 2014, en el que aparece el cántico del muecín sobre la fotografía de una mezquita inmensa. El mensaje "Aún estamos a tiempo de cambiar la historia", acompañado del sonido de las campanas de una iglesia católica, cierra la producción.

Los 60 conflictos, repartidos por todo el territorio, han tenido resoluciones muy distintas. En algunos casos, los musulmanes han abierto la mezquita y el conflicto se ha atenuado. Otras veces han tenido que desistir. La presión de los vecinos ha obligado a los ayuntamientos a ceder -a menudo, por temor a perder votos de los autóctonos que sí tienen derecho a ir a las urnas-, por lo que éstos han limitado, en la práctica, el disfrute de la libertad religiosa que consagra la Constitución, coinciden diversos expertos. En todo caso, unos se sienten perdedores y otros ganadores, lo que contribuye a destruir la convivencia y genera nuevos recelos, subrayan.

Los intereses del Gobierno local de turno no explican un fenómeno más complejo. El Ayuntamiento topa a menudo con un no vecinal monolítico y basado en especulaciones, lo que ha originado conflictos-fantasma. Por ejemplo, una comunidad se posicionó contra una mezquita cuando, en realidad, los que querían abrir un centro de culto eran sijs. En otra ocasión, hubo una protesta preventiva. En una fiesta mayor, los vecinos advirtieron al alcalde de que no querían una mezquita, como en el pueblo de al lado. Lo malo es que ni el alcalde sabía que ya tenían un oratorio en la ciudad; tuvo que comunicárselo un técnico.

Pero es que, además, faltan herramientas para gestionar estas situaciones. "El poder local debería tener esas estrategias de gobernanza basadas en la transparencia y el consenso", opina Moles. Según Moreras, hay que hablar con todas las partes implicadas, aunque hay límites: cuando se han refutado todos los argumentos, se han ofrecido todas las garantías y la respuesta sigue siendo "no porque no", hay poco de lo que hablar.

¿Hasta qué punto las presiones pueden vulnerar un derecho fundamental? La confusión legal ha contribuido a ese deterioro. Existe disparidad de criterios a la hora de conceder licencias. La fórmula más frecuente es solicitar una licencia municipal de apertura que "está sometida a la normativa ambiental", subraya Ponce. Es decir, como si fuera un restaurante. Pero la arbitrariedad ha sido la norma. Algunos han aplicado de forma estricta le ley de policía del espectáculo. Otros han permitido abrir oratorios sin medidas de seguridad. Y otros han creado ordenanzas ad hoc. Como en Lleida, donde se exigía a los centros acceso a la vía pública, de menos de diez metros de ancho y a menos de 100 metros de otro lugar de culto. Algo que, en la práctica, les impedía estar en el centro de la ciudad. Una comunidad expulsada a los polígonos (en este caso, la comunidad evangélica) recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado la razón.

"Hay una legislación dispersa e interpretable", insiste el profesor de Derecho, que coordina el estudio Ciudades, derecho urbanístico y libertad religiosa. Eso ha generado arbitrariedad y abusos.

La ley catalana de centros de culto, pionera en España, pretende poner orden al desaguisado. A partir de ahora habrá un solo tipo de licencia específica para estos centros. La norma prevé, además, que los consistorios prevean suelo para equipamiento religioso en sus planes urbanísticos. Éstos deberán cumplir unos requisitos, que se concretarán en un reglamento.

Moreras cree que, en la práctica, las condiciones impuestas harán casi inviable que se abran espacios en el centro de las ciudades. Las comunidades musulmanas no se muestran del todo contrarias a desplazarse hasta los polígonos. "Si hay que hacerlo por el bien de la convivencia, no nos importa. Pero a cambio queremos que nos compensen", opina Herrero.

Jesús García para El País.