75 años de la última expulsión de los Jesuitas

El 23 de enero de 1932 (hace ahora 75 años), a las once de la noche, el presidente de la República, Manuel Azaña, hizo llegar al entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, el documento en virtud del cual se ordenaba la «disolución en territorio español de la Compañía de Jesús».

El decreto, publicado al día siguiente en La Gaceta -órgano oficial del régimen-, ABC y El Socialista, estipulaba la propiedad estatal de todos los bienes de los jesuitas, a quienes daba un plazo de diez días para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación. No era la primera vez que la Compañía de Jesús sufría una expulsión en España, pero sin duda sí fue la más dolorosa y cruenta.

La disolución de los jesuitas ponía el punto y aparte a una situación de persecución contra la Iglesia que comenzó a fraguarse nada más instaurarse la II República. Esta etapa tuvo su punto culminante con la aprobación del artículo 26 de la Constitución republicana -que declaraba disueltas aquellas órdenes religiosas que impusieran, «además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado»- y con el famoso discurso de Azaña, el 13 de octubre de 1931, en el que declaraba que «España ha dejado de ser católica».

Durante aquellos días llegarían la quema de iglesias y conventos, que se agudizarían tras la disolución de la Compañía y durante los primeros meses de la Guerra Civil. Como apunta el historiador y ex presidente del Parlamento de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa, «desde los primeros momentos del régimen la Compañía fue objeto de animadversión y persecución».

La ejecución del decreto afectó a los 3.001 jesuitas españoles, además de los 621 que estudiaban en el extranjero. «De golpe y porrazo», constata el jesuita Alfredo Verdoy, se clausuraron 80 casas de la Compañía en España, echaban el cierre todos sus centros educativos y obras sociales y sus estudiantes se exiliaban a Bélgica e Italia.

Comienza la persecución

Apenas se proclamó la República, la Compañía sintió la persecución. Uno de los mayores expertos en esta materia, el jesuita Alfredo Verdoy (autor de «Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la II República», Trotta) señala cómo «en muy pocos meses, de octubre de 1931 a enero de 1932, se fue cociendo la perentoria necesidad no sólo de disolver la Compaía de Jesús, sino todas las órdenes y congregaciones religiosas, especialmente las que más influjo tenían en el campo educativo y social».

Sin embargo, no fueron pocos los jesuitas que, desafiando el orden establecido, optaron por permanecer en España. La revista de los jesuitas en Castilla recordaba, en junio de 2004, cómo todos ellos hubieron de «refugiarse en un régimen de clandestinidad en diversos pisos», conocidos como «Coetus», donde continuaron ejerciendo su ministerio.

Las negociaciones previas a la entrada en vigor del decreto, que encabezaron el Nuncio y el cardenal Vida y Barraquer, sólo sirvieron para limitar el alcance de la ley a los jesuitas. En opinión de Arbeloa, «los jesuitas eran la punta de lanza de la Iglesia, especialmente en el ámbito social y cultural. Y por ello molestaban, y mucho. Los políticos laicistas no hicieron esfuerzo alguno para tratar de llegar a una «concordia» como la que preparó el equipo del cardenal Vidal y Barraquer y el Nuncio Tedeschini».

¿Por qué los jesuitas y no todos los religiosos? Para Verdoy, «porque, de haber optado por expulsar a todos, el Gobierno republicano se hubiera enterrado vivo. No olvidemos que el deseo de suprimir la Compañía había unificado a los anticlericales y a todos cuantos pensaban que los jesuitas acabarían mermando el poder de la República, y dulcificando su carácter revolucionario».

Aunque los jesuitas estaban preparados para una expulsión, «hicieron cuanto pudieron en su defensa y, ante el decreto, reaccionaron con altura de miras, incluso con generosidad, y sobre todo con mucho dolor por lo que su Gobierno quería para ellos», dice Verdoy.

La decisión de disolver la Compañía causó una profunda polémica en la España republicana. Las crónicas de ABC en las siguientes semanas ponen de manifiesto la protesta vivida en todas las iglesias y centros católicos. El propio Pío XI proclamaba, el 25 de enero, que los jesuitas eran «mártires del Papa».

La medida fue fue contestada en otros ambientes. Como recuerda Arbeloa, el propio Gobierno «estuvo dividido en este punto», y algunos de sus miembros, como Alcalá Zamora o Maura, defendieron hasta el final su no aplicación.

Setenta y cinco años después, y en mitad de un proceso revisionista de nuestra historia más reciente llevado a cabo por el Gobierno, Arbeloa subraya cómo «hay laicistas españoles, antes y ahora, muy ignorantes, zafios, sectarios y crueles. Suelen ser, en buena parte, católicos «renegados», que quieren acabar con cualquier influencia del Cristianismo y de la Iglesia en la sociedad».

Aunque la situación actual es bien distinta, el historiador sostiene que los citados sectores «quieren hacer desaparecer desde los belenes a los crucifijos». Empero, apunta que «son distintos los ateos, agnósticos y anticlericales. Espero que entre todos controlemos a los fundamentalistas peligrosos, de cualquier especie». Para evitar que la Historia se repita.

Jesús Bastante

Foro Social Mundial. Nairobi 2007

La séptima edición del Foro Social Mundial atrae al mundo a África como activistas, movimientos sociales, redes, coaliciones y otras fuerzas progresistas del Pacífico Asiático, América Latina, el Caribe, América del Norte, Europa y todos los rincones del continente africano haciéndoles converger en Nairobi, Kenia, durante cinco días de resistencia cultural y celebración; paneles, talleres, simposios, movilizaciones, muestras de cine y mucho, mucho más; iniciando el 20 de enero y culminando el 25 de enero de 2007.

Desde sus modestos orígenes en Porto Alegre en el año 2001, el Foro Social Mundial se ha extendido hasta convertirse en una contra-fuerza global que desafía las suposiciones y los dictados del imperialismo y sus políticas neo-liberales asociadas que a lo largo de décadas han impuesto el colonialismo y el neocolonialismo; han devastado las economías del Sur; han reforzado las maniobras desastrosas y represivas de variadas dictaduras artificiosas; han marginado a las mujeres; han privado a la juventud de su derecho a participar; han intensificado la destrucción del medio ambiente; han desatado conflictos sangrientos, inhumanos e innecesarios en nación tras nación, en región tras región y han profundizado la explotación de las personas pobres alrededor del mundo.

Conjugando fuerzas alrededor del llamado a la acción enfocado en que Otro Mundo es Posible, el Foro Social Mundial ha colocado la justicia social, la solidaridad internacional, la equidad de género, la paz y la defensa del medio ambiente en el orden del día de las personas de mundo. Desde Porto Alegre a Mumbai, desde Bamako a Caracas, desde Karachi y ahora Nairobi, las fuerzas y los contingentes del Foro Social Mundial han ampliado colectivamente los espacios democráticos para aquellas personas que buscan alternativas sostenibles y progresistas ante la globalización imperialista.

Aún así el proceso del Foro Social Mundial no es la última tentativa para crear un "movimiento mundial revolucionario de vanguardia" monolítico, ni tampoco es una reencarnación del "frente unido" internacional que procura derrocar, uno por uno, a los gobiernos alrededor del mundo. Tal noción sería una negación completa de la esencia misma y el concepto propio del Foro Social Mundial tal como se ha planteado en su Carta de Principios. No, el Foro Social Mundial no es para nada eso, y dista mucho de ello.

Más bien, el Foro Social Mundial es, para utilizar una palabra de Kiswahili, un Jukwaa global, es decir, una PLATAFORMA internacional, para citar la Carta de Porto Alegre "un lugar abierto de reunión donde grupos y movimientos de la sociedad civil opuestos al neo-liberalismo y a un mundo dominado por el capital o por cualquier forma del imperialismo, que a su vez están comprometidos con la construcción de una sociedad planetaria concentrada en la persona humana, se juntan para conjugar su pensamiento, para debatir las ideas democráticamente, para formular propuestas, para compartir sus experiencias libremente y para crear redes de acción efectivas."

El FSM Nairobi 2007 será una oportunidad para presentar a África y sus movimientos sociales; África y su historia intacta de la lucha contra la dominación extranjera, el colonialismo y el neocolonialismo; África y su rica herencia de la riqueza natural, la diversidad cultural, lingüística y étnica; África y su reputación para abrazar las comunidades alrededor del mundo; África y sus contribuciones a la civilización del mundo; África y su papel en la búsqueda de una posible y más progresista sociedad humana global.

El tema de la séptima edición del Foro Social Mundial es "las Luchas de las Personas, las Alternativas de las Personas".

Unas simples palabras no pueden capturar la vitalidad, la potencia, la promesa y el entusiasmo de un acontecimiento como el Foro Social Mundial. No existe una mejor alternativa que el estar ahí, y sobre todo, participar, congregar, conversar, marchar, cantar, reír, bailar, soñar, hacer contactos y construir estrategias junto a hermanas y hermanos, amistades y vecinos, camaradas y colegas de cinco continentes, a través de océanos, montañas, desiertos y ríos de más de ciento cuarenta países.

Foro Social Mundial

Difícil unidad

El atentado de Barajas con el que ETA rompió el alto el fuego es un hecho que obliga a replantear teorías e hipótesis muy arraigadas en los partidos en materia antiterrorista, por razonables que en su momento las considerasen. Obliga al Gobierno a explicar no sólo que su optimismo era equivocado, como hizo Zapatero, sino las razones que le llevaron a no reaccionar frente a señales obvias que contradecían ese optimismo. Y obliga al principal partido de la oposición a reconocer que eran falsas sus acusaciones sobre las concesiones que el Gobierno ya había hecho a ETA.

No hubo ayer ni lo uno ni lo otro. Zapatero no dio una explicación de lo ocurrido, ni avanzó los criterios sobre los que, sobre la base de la experiencia, propone refundar la unidad contra ETA en el nuevo pacto multilateral que propuso. Y Rajoy no sólo no rectificó sus acusaciones, sino que las agravó con juicios de intenciones a voleo, incluyendo uno gravemente calumnioso que no rectificó cuando el presidente del Congreso le dio ocasión para hacerlo: que "si no hay bombas será porque ha cedido".

Casi lo único positivo de la jornada fue que Rajoy aceptara participar en la reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista propuesta por Zapatero como paso previo a una reunión de todas las formaciones democráticas para poner en común iniciativas de respuesta a la nueva situación. Con esa propuesta, el presidente buscaba un equilibrio entre el reconocimiento de que un partido con cerca de diez millones de votos y con el que tiene firmado un pacto en la materia no es uno más; y su intención de ampliar ese pacto a otras formaciones que en su momento no lo suscribieron. Ambas cosas son acertadas, pero faltó que Zapatero ofreciera a Rajoy una explicación de los motivos que le llevaron en su momento a renunciar a un aspecto esencial de aquel pacto: la negativa a negociar con ETA. Rajoy le recordó que en el programa electoral con el que ganó el PSOE las elecciones figuraba el compromiso de aplicar ese principio y de mantener vigente el pacto hasta la desaparición definitiva de ETA.

Ayer era una buena ocasión para explicar que era precisamente el éxito de la política de firmeza (orientada a la derrota policial de ETA) que recogía el Pacto Antiterrorista lo que permitió en 2005 explorar la posibilidad de un final pactado que evitase una sangrienta agonía de ETA y facilitase la integración de los 150.000 votantes de Batasuna en el sistema democrático. Había motivos para considerarlo verosímil. Pero antes de dar el paso de la resolución del Congreso, Zapatero debió asumir como una prioridad convencer al PP de que podían dar ese paso juntos; habría permitido concertar una respuesta también compartida si el ensayo fracasaba.

Es posible que Zapatero piense que es más prudente no adelantar sus propias propuestas para el nuevo periodo, a la espera de esa reunión con el PP y de la ronda de contactos del ministro del Interior con los demás grupos. Pero precisamente porque, como él mismo recordó, suya es la responsabilidad de dirigir la política antiterrorista, debió haber sido menos genérico a la hora de sacar las conclusiones de este fracaso con vistas a la nueva orientación. Por ejemplo, respecto a la separación radical entre lo que cabe acordar con ETA (reinserción) y lo que de ninguna manera puede ser sujeto de negociación con los terroristas.

Existen divergencias sobre a partir de qué grado de debilidad de ETA deja de ser imprudente la búsqueda de un final pactado; sin embargo, esa diferencia es ahora menos acusada desde el momento en que hasta los partidos nacionalistas admiten que Barajas no sólo ha arruinado esta tregua sino cualquier proceso planteado sobre la base de treguas de cualquier tipo: el abandono definitivo y comprobable de la actividad terrorista será en adelante condición para cualquier diálogo sobre la reinserción de los presos y activistas clandestinos. Rajoy admitió, aunque de manera oblicua, que (sólo) en esos términos podría contar el Gobierno con su apoyo. Luego hay alguna posibilidad de recomponer un acuerdo básico para el periodo inmediato, en el que nadie plantea repetir un proceso como el ahora roto. Zapatero dejó claro que Batasuna no podría presentarse a las elecciones sin cumplir los requisitos de la Ley de Partidos.

Rajoy se mostró dogmático y ofensivo contra el presidente del Gobierno. Incluso cuando pidió una aclaración final, que pudo utilizar para matizar sus despropósitos, la utilizó para remachar: como si sólo le interesara la destrucción política del adversario. Sus acusaciones desmedidas han envenenado la relación entre los dos grandes partidos, han fortalecido el narcisismo de los tontos que mandan en ETA (convenciéndoles de que habían conseguido todo eso que el PP decía que había concedido Zapatero) y han evitado una crítica racional a errores no tan graves pero ciertos cometidos por el presidente en su gestión de este asunto. A las razones políticas en favor del consenso de PP y PSOE en esta materia habría que añadir la conveniencia de evitar el traslado de la bronca entre ellos a todo tipo de asociaciones, colectivos profesionales (jueces, por ejemplo) y hasta a las relaciones personales entre particulares. Es incomprensible lo que está pasando tras el brutal atentado del 30 de diciembre.

Editorial del diario El País

El efecto huida

Una de las tentaciones políticas más peligrosas es empeñarse en ofrecer respuestas simples a los problemas complejos, y eso es lo que está ocurriendo con el debate sobre la inmigración. A estas alturas, es muy difícil sostener que nuestras reformas legales juegan algún papel relevante en el hecho de que casi 30.000 africanos hayan llegado a las costas españolas a lo largo de este año. Se trata de hombres, mujeres y niños que se embarcan en un viaje en el que tienen serias posibilidades de perder la vida, y que a menudo obliga a sus familias y comunidades a contraer deudas con las que cargarán durante años. Hace falta una buena razón para asumir semejante riesgo, y parece poco probable que la encontremos en el BOE.

En realidad, de lo que estamos hablando es de un poderoso efecto huida: los africanos se aferran a cualquier oportunidad para salvar a sus familias de una vida miserable, y cualquiera en su lugar haría lo mismo. Uno de cada seis niños africanos muere antes de cumplir los cinco años, casi siempre por una combinación de malnutrición y enfermedades que serían fácilmente prevenibles, lo que significa que en este debate no hay atajos: hasta que no resolvamos el problema de la pobreza, la inmigración insegura seguirá siendo incesante e imparable.

Ésta es una respuesta incómoda, porque el desarrollo de África es un problema muy complicado en el que los propios africanos deben tomar la iniciativa. Uno de los retos principales consiste en superar la debilidad institucional y democrática heredada de la colonia y de la Guerra Fría. Pero sería insensato ignorar el papel que debe jugar la comunidad internacional, cuyo compromiso hasta ahora ha sido, por decirlo de forma suave, insuficiente. La ayuda internacional es imprescindible, por ejemplo, para elevar el alarmante estado de la educación, que en países emisores de emigrantes como Malí deja a uno de cada dos niños fuera de la escuela primaria. Lamentablemente, la cooperación de los países industrializados sigue sin estar a la altura de la retórica de sus dirigentes.

Lo que es peor, los intereses creados en los países ricos pueden destruir con una mano lo que los ciudadanos y contribuyentes construyen con la otra a través de la ayuda al desarrollo, como demuestra el caso español. Mientras la cooperación oficial ha situado a África entre sus prioridades, incrementando los recursos y los esfuerzos para reducir la pobreza de este continente, otras políticas gubernamentales trabajan exactamente en el sentido contrario. España se opone, por ejemplo, a una reforma de la política agraria europea que beneficiaría a África enormemente. Un incremento de tan sólo el 1 por ciento en la cuota mundial de exportaciones que disfruta este continente se traduciría en un aumento de más del 20 por ciento en la renta media per cápita de los africanos, equivalente a 50.000 millones de euros anuales.

El comercio no es el único ámbito en el que los intereses nacionales van por delante de las buenas intenciones. España es el principal exportador mundial de municiones para armas ligeras a África subsahariana, por delante de grandes fabricantes como el Reino Unido. Entre los años 2002 y 2003 empresas españolas exportaron a Ghana 534 millones de cartuchos, una cifra similar a la de años anteriores. Dice el Ministerio de Comercio que se trata de munición de caza, pero eso convertiría a este pequeño país de África occidental en una monumental montería, así que es muy posible que esa munición tenga usos menos recreativos. Ghana es limítrofe con un país como Costa de Marfil, que sufre un grave conflicto interno, y cercano a otras zonas de gran inestabilidad como Sierra Leona, Guinea Conakry o Liberia. Todos ellos son países emisores de emigración hacia Europa.

El Gobierno ha empezado a ser consciente de este conflicto, y por eso presentó hace unos meses el Plan África con el doble objetivo de reducir los flujos de inmigración y de contribuir al desarrollo de la región. Sin embargo, y aunque es un primer paso en la dirección correcta, no parece que esta iniciativa vaya a resolver ni una cosa ni la otra. Con excepción de una defensa cerrada de nuestros intereses en ciertos sectores económicos como el energético o el pesquero, el contenido del plan no es más que una sucesión de lugares comunes y vagas intenciones. Si queremos responder al reto de África necesitamos un programa de trabajo mucho más coherente y menos superficial de lo que se nos ha ofrecido hasta ahora.

España no es la culpable de la pobreza africana y, con toda seguridad, no es la única responsable de su desarrollo. Pero hay ámbitos concretos donde una combinación de voluntad política y recursos económicos puede contribuir a romper el círculo vicioso del subdesarrollo. La preocupación suscitada entre la población de nuestro país por la llegada de inmigrantes africanos ofrece la oportunidad de que España se convierta en parte de la solución, y no en parte del problema como hasta ahora.

Gonzalo Fanjul es coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam.

España como Nación de naciones

EL PAÍS Opinión

El año 2006 pasará a la historia política y constitucional española como el año en el que las Cortes Generales aceptaron que Cataluña se autodenominara nación en el preámbulo de su nuevo Estatuto de Autonomía. El debate sobre el Estatuto puso nuevamente sobre la mesa los términos clásicos de "nación" y "nacionalidad", pero también introdujo el debate sobre el uso de conceptos como "comunidad nacional" o "realidad nacional", para referirse a determinadas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña o Andalucía.

Casi coetáneamente, la Unión Astronómica Internacional decidió cambiar la definición de "planeta" y considerar que se "equivocó" cuando anteriormente aceptó a Plutón como tal. Semanas antes de la decisión, se planeaba, en cambio, ampliar el concepto de "planeta" y dar cabida en él a objetos que hasta entonces se consideraban "lunas" o "asteroides".

Los términos jurídico-políticos, en cambio, no viven en el mundo de las ideas o en un laboratorio, y se usan en un sentido polémico. Muchas veces son difíciles de concretar. Y raramente, por no decir nunca, se pueden definir después de una votación entre especialistas. El concepto de nación es uno de aquellos términos que han hecho correr ríos de tinta. Además arrastra unos condicionantes históricos, simbólicos y culturales que añaden más complejidad aún al propio intento de definir el concepto.

La tradicional distinción entre un concepto jurídico-político de nación (ligado a la soberanía, al poder constituyente de un Estado) y un concepto cultural-histórico de nación (ligado a aspectos antropológicos) es muestra del peso de las experiencias históricas y políticas (la Revolución Francesa en el primer caso y la construcción del Estado alemán en el segundo).

La determinación concreta del concepto de nación en tierras españolas se ha encontrado con estos condicionantes, y con otros más "celtibéricos" derivados de la peculiar historia del artículo 2 de la CE.

Aquella palabra ("nacionalidad") utilizada inicialmente sólo por los partidos nacionalistas en los inicios de las Cortes Constituyentes está plasmada en tal artículo constitucional. El Gobierno de la UCD vio en ella una posibilidad para la integración de los nacionalistas o, al menos, de los moderados. Aquella otra palabra ("nación") evitada por los partidos de izquierda (y ausente de los primeros trabajos parlamentarios del texto constitucional) será adoptada por éstos (y contemplada también en el artículo segundo de la Constitución). Para explicar esta coexistencia se utilizó la expresión "Nación de naciones".

La idea de "Nación de naciones" pretende predicar el carácter nacional de diversas instancias pertenecientes a un mismo conjunto. Se asienta, por tanto, sobre la base de un concepto no excluyente de nación, es decir, evitando que la afirmación del carácter nacional de un ente se haga a costa de excluir el carácter nacional de otros sujetos. Por ejemplo: ¿España es una nación porque no lo son Castilla, Cataluña o el País Vasco? O ¿Cataluña es una nación porque España no lo es? El carácter nacional de España no tiene que ser incompatible con el carácter nacional de Cataluña ni fundarse en su negación. La idea de "Nación de naciones" sugiere la imagen postmoderna del mosaico o por usar la expresión inglesa patchwork, esos cubrecamas hechos con retales que son una unidad, algo nuevo, pero cuyas partes conservan una singularidad plenamente distinguible.

Pero la idea de España como "Nación de naciones" además tiene otra potencialidad: permite ir más allá de la distinción entre nación en sentido jurídico-político y nación en sentido cultural-histórico. E implica reconocer los elementos políticos de las nacionalidades (derivados de su autonomía política constitucionalmente garantizada) y los elementos culturales de la Nación española (derivados de los elementos culturales comunes). Por consiguiente, no cabe considerar Cataluña una simple nación cultural que forma parte de España como Nación política, sino Cataluña como nación política que forma parte de una Nación política mayor: España.

Poniendo el énfasis en los elementos políticos (y no en los elementos culturales, que son en esencia plurales), es decir, ligando el concepto de nación al de ciudadanía, se permite la coexistencia de distintas expresiones culturales y sentimientos nacionales tanto entre los ciudadanos catalanes, como del conjunto de España. Se construye un concepto de nación capaz de responder a la realidad plural interna de Cataluña en el marco de la pluralidad nacional española.

Por ello, la idea de "Nación de naciones" tiene un potencial universal, porque transmite una idea de convivencia, de confluencia de identidades, en un momento en que el pensamiento unidireccional (ya sea en términos nacionales, territoriales, religiosos o culturales) vuelve a florecer.

Albert Aixalà i Blanch y Fernando Domínguez García

Los límites de la paz

Un artículo de Fernando Savater

EL PAÍS Opinión
Hace unas semanas, José Blanco acuñó un apotegma taoísta: "Los que no saben, hablan, y los que saben, callan". Bueno, a partir del 30 de diciembre ya quedó claro en cuál de las dos categorías hay que apuntar al Presidente del Gobierno. Aunque la calificación puede extenderse -y con agravantes- a la pléyade de expertos en el asentimiento y el hosanna que se han apiñado últimamente para "asesorar" al prócer en lo tocante al fementido "proceso de paz". Rodeado de tantos empeñados en dar jabón, no es raro que el hombre haya resbalado. Y aún se les oye tocar el tambor a los más obstinados, como a los conejitos de las pilas incansables, llamando al somatén contra el PP, que no apoyó al Gobierno en su confusa aventura. Por cierto que no aclaran lo que hubiéramos ganado si la oposición hubiera brindado en este punto su adhesión inquebrantable al Ejecutivo, salvo que tras el atentado de Barajas se les habría quedado cara de tontos a dos líderes en lugar de sólo a uno. Seguir a estas alturas tratando de culpabilizar a los críticos de Zapatero en nombre de lo que hizo o dejó de hacer Aznar es cubrirse de ridículo, cuando no de alguna sustancia aún más fétida. Pero no cejan porque cuando se les acaba el sectarismo se les agotan las ideas. Incluso hay algún caradura ignorante que sigue llamando "enemigos del proceso de paz" a quienes hicieron desde el primer día las reservas y advertencias que luego se han revelado tan dolorosamente pertinentes.

Sin embargo, tampoco saldremos de pobres con quienes no cesan de bailar la danza de los siete velos pidiendo la cabeza del frustrado Pacificador. Convendría recordar, en cambio, su afirmación más errónea y reveladora: "Hoy estamos mejor que hace un año". Ningún no nacionalista residente en el País Vasco habría suscrito semejante aseveración. Y no sólo por la intensificación de la kale borroka, sino por el regreso de constantes formas de intimidación personal (incluso contra gente moderada del PNV), vuelta a las pintadas y ocupación de espacios públicos por panegíricos del terrorismo, etcétera. Pero también por la perpetuación de una situación de acoso a cuanto no recibe el euskolabel nacionalista en la cultura, la educación, la universidad, los festejos públicos... Si las cosas hubieran realmente mejorado, la gente menos adicta al régimen no seguiría marchándose y los partidos constitucionales no tendrían cada vez más problemas para encontrar voluntarios para las listas electorales. Los aspectos cotidianos que no chorrean sangre pueden hacer también la vida insoportable o humillante para los menos dóciles. Uno se pregunta: ¿en cuántas localidades de mi tierra me está vedado comprarme una casita en el campo o ni siquiera irme a pasar una temporada? Pongo la ETB: aparece uno de los concursos más populares, Date el bote. Cada uno de los participantes se presenta a sí mismo con una breve cancioncilla y a mí me toca el que canta "ya no se puede ir a los bares a potear tranquilo, están llenos de policías, a ver si los mandamos a todos a Jamaica". Risitas, es lo normal. Luego el programa de debate Políticamente incorrecto, en el que aparecen en sobreimpresión mensajes de los telespectadores: "Los españoles son los terroristas, etcétera". Y si tropiezo con la retransmisión de la gran competición de bertsolaris en el palacio Euskalduna, ni cuento los loores a De Juana Chaos y similares que tendré que ver en pancarta y soportar en verso. La lista es interminable, pero por lo visto sólo interesa a quienes vivimos allí.

Y es que se está confundiendo desde comienzos del llamado "proceso" la paz con la tranquilidad. La paz es la Constitución, el Estado de derecho, los estatutos aprobados según las normas legales y los códigos penales y civiles que se aplican por igual a todos los ciudadanos españoles. Esa paz no pueden darla acuerdos subrepticios con los terroristas, ni con sus portavoces o servicios auxiliares ni con quienes se aprovechan del clima de intimidación para sacar adelante sus proyectos políticos presentados como derechos inamovibles e inalienables. Pero, en cambio, la tranquilidad (que viene de tranca, según nos decían de pequeños) sí es algo que los mafiosos pueden alterar o restituir. Lo que no tenemos desde hace décadas en el País Vasco es tranquilidad: y los más intranquilos de todos estamos quienes hemos luchado por mantener la paz y las libertades constitucionales. También en el resto de España el terrorismo ha sabido alterar criminalmente la tranquilidad de los ciudadanos, tomándoles como rehenes para conseguir sus objetivos en Euskadi. Y lo que ahora ETA y quienes la secundan han ofrecido desde un comienzo al Gobierno no es sino la restauración de la tranquilidad a cambio de modificar la paz constitucional al modo que a ellos les parezca más conveniente. Es decir, aumentando la hegemonía nacionalista y blindándola respecto a futuras intervenciones del Estado español, llámesele a eso independencia o de cualquierotra fórmula transitoria menos provocativa. Por ello tenía que haber una segunda mesa estrictamente política, en la cual figurarían los hasta ayer ilegales junto con los nacionalistas legales que han prosperado durante estos años bajo la sombra del terrorismo y también los no nacionalistas que allí firmarían su acatamiento al nuevo orden que les relegaba a un papel secundario... pero eso sí, mucho más tranquilo. Éste es el fondo del asunto y esto es lo que está en juego: sobre esto es sobre lo que se pretende que haya ese "diálogo" al cual los nacionalistas no quieren como es lógico renunciar (aunque bastantes de ellos deploren ahora los modos y el apresuramiento de los etarras, que pueden echarlo todo a perder con su exceso de celo: por eso dice Egibar que el ciclo de la violencia está "agotado").

Y ahora ¿qué nos espera? Pues más de lo mismo, pero agravado. Josu Jon Imaz se ha convertido en la gran esperanza blanca de los que quieren a toda costa tranquilizarse asegurando que el PNV ya es más leal a la legalidad constitucional que la Vieja Guardia a Napoleón. No dudo de la buena intención de Imaz ni de muchos de sus correligionarios que le apoyan, pero los que mandan de veras son Ibarretxe, Urkullu, Egibar, Azkarraga y el resto de los convocantes de la manifestación del sábado, en la que los socialistas vascos harán el papel de mamelucos (Patxi López dice que irán porque no quiere que se repita la desunión vergonzosa de las honras fúnebres de Fernando Buesa... ¡como si de lo que ocurrió entonces hubieran tenido la culpa los socialistas!). Y luego vendrán las elecciones municipales. No sé si Batasuna logrará presentarse a ellas con uno u otro nombre, pero en cualquier caso -como siempre- los verdaderamente ilegales serán socialistas y populares, que no encontrarán gente para sus listas, no podrán hacer campaña electoral con la libertad de los demás, etcétera. Consecuencia: mayoría ampliada de los de siempre y viva el tripartito. Ibarretxe seguirá plan en ristre y dirá que más que nunca es necesaria una consulta popular porque los asuntos de los vascos los tenemos que resolver "los de aquí". Continuará la intimidación callejera y quizá también los asesinatos. Y mucha gente de la que aún no se ha ido pensará que con tal de alcanzar por fin cierta tranquilidad cualquier concesión parece razonable...

Sí, hay que hacer algo, claro que hay que hacer algo. Por supuesto, recuperar el Pacto Antiterrorista, sobre todo en su preámbulo, que condenaba el nacionalismo obligatorio estilo Lizarra (luego plan Ibarretxe) como precio al cese del terror. Pero es hora de ir decididamente más allá. Del famoso "proceso" queda en pie una frase que Zapatero repitió varias veces: primero el final de la violencia, luego la política. A lo largo de todos estos años hemos intentado hacer política en el País Vasco a pesar de la violencia y de su permanente adulteración de la voluntad ciudadana intimidada. Pero puede que el Presidente tenga razón y que debamos tomar su fórmula al pie de la letra. Es hora de que los constitucionalistas nos neguemos a participar en el juego político mientras dure el terrorismo. No más elecciones, no más fingimiento de que se puede ser normal en plena anormalidad y de que quienes sacan ventaja de la situación la padecen tanto como sus víctimas directas. La autonomía no puede beneficiar sólo a unos, no es un derecho divino sin contrapartidas ni obligaciones con el Estado. Ya que tanto se invoca el caso irlandés en otras ocasiones, podemos recordar que Blair no ha vacilado en suspender la autonomía mientras no se daban las condiciones políticas y la aceptación de la legalidad necesarias para la convivencia. La pervivencia del terrorismo y de quienes no lo condenan (o lo apoyan) y lo rentabilizan crea una situación excepcional que es preciso encarar con medios políticos excepcionales si queremos alguna vez romper el círculo diabólico en el que estamos metidos. Me parece que todos los ciudadanos que no esperan ventajas directas o indirectas de la coacción etarra o de la subasta política de su liquidación condicional pueden comprender, aceptar y apoyar estas medidas clarificadoras.

Un último recuerdo para nuestros hermanos de Ecuador, que vinieron a España con su esfuerzo y sacrificio para labrarse un futuro, colaborando al desarrollo de nuestro país (como la inmensa mayoría de los inmigrantes, conviene recordarlo), y murieron víctimas de un terrorismo en el que los ricos asesinan a los humildes en nombre de ideales xenófobos y retrógrados, a menudo con la comprensión política -cuando no con la complicidad- del izquierdismo más obtuso y falsario de Europa.

Fernando Savater

El misterio

Os quedaréis sin la vida
si le quitáis el misterio.
Hay que salvar el aroma
de la madera cortada.
La mano de Dios confina
con las murallas del mundo,
con la esperanza del hombre.
Jugarse el tipo, de gracia,
como los niños que juegan.
Servir bajo el día a día.
Crecer contra la evidencia.
Decir siempre una palabra
última de lucha, para
caer luego de rodillas
en silencio.

Pedro Casaldáliga

Año de memoria

"ADMITO, ADMIRO y agradezco el alzamiento popular en defensa de la República. Pero usted no ignora que dentro de él han ocurrido abusos monstruosos. La crueldad, la venganza, hijas del miedo y de la cobardía, me avergüenzan", dice Garcés a Marón en La velada en Benicarló, diálogo sobre la Guerra Civil que Manuel Azaña, presidente de la República, escribió en mayo de 1937. Marón responde: "Mayores atrocidades cometen los rebeldes". Y Garcés replica: "Lo sabemos. Nadie monopoliza la barbarie ni el desmán. Pero esto no es una compensación. Ellos son la negación de la ley; nosotros somos el Gobierno, la legitimidad, la República. Una conducta noble, sin otro rigor que el de la justicia, habría robustecido la autoridad de nuestra causa".

Este diálogo manifiesta la impresión dominante entre quienes, combatiendo por la República contra la rebelión militar, se sentían desolados por la crueldad que también en territorio leal condujo a abusos monstruosos. Nada justificaba el golpe de Estado, nada excusaba aquella rebelión militar que el mismo Azaña definió como horrenda culpa y crimen de lesa patria; pero nada justificaba tampoco las atrocidades cometidas en la República, no siempre por grupos de incontrolados; no las justificaban, ni la rebelión, ni aquella justicia histórica invocada por Ángel Ossorio / Marón en el diálogo con Garcés / Azaña.

Este desgarrador sentimiento de repulsa a la rebelión y de vergüenza por los crímenes cometidos en la República no puede confundirse con una igualación o equiparación de culpas ni de responsabilidades. A cada cual correspondía la suya. A los rebeldes, por haber desencadenado una guerra civil de efectos devastadores; a los que tomaron las armas para aplastar la rebelión, porque, además de que nada justificaba la matanza de tantos inocentes, contribuyeron a hundir la propia República.

Así vivieron sus memorias muchos españoles del exilio y muchos disidentes de la dictadura: es el recuerdo que late en la, de otra forma, engañosa expresión "todos fuimos culpables", acuñada en el exilio. Por eso, cuando los exiliados comenzaron a encontrarse con disidentes del interior -monárquicos, católicos, antiguos falangistas-, el primer punto del orden del día era proyectar hacia atrás una amnistía general que permitiera mirar hacia adelante. Sin ella habría sido imposible el encuentro de Múnich o las "mesas democráticas" en las que comunistas y católicos se hicieron demócratas antes de la democracia.

Sobre ese clima moral, que entrañaba profundas consecuencias políticas, se basó la transición. No es verdad, por mucho que se repita, que aquéllos fueran años de amnesia y silencio sobre el pasado: nunca se ha escrito ni debatido tanto de la guerra y del franquismo como en los años de la transición. Ocurrió, sin embargo, que memoria y recuerdo se encaminaron a abrir caminos de futuro: si la transición fue posible se debe a que los mayores, los que hicieron la guerra, habían aprendido su terrible lección, y a que sus hijos, al borrar la divisoria entre vencedores y vencidos, liquidaron su no menos terrible herencia.

Esa historia compleja, alimentada por tantas biografías cruzadas -de padres fascistas que caminan a la democracia, de hijos educados en Falange o en la Acción Católica que se hacen socialistas o comunistas-, es lo que el Gobierno, en su culto al adanismo, no tuvo en cuenta cuando se embarcó en un proyecto de ley denominado, en sus primeros pasos, de memoria histórica. ¿Y qué es memoria histórica en un país dividido a muerte por una guerra, en la que hermanos -de sangre, nada de metáforas- tomaron partido contra hermanos? Cuando un país se escinde, la memoria compartida sólo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado: ése es el sentido de la amnistía general, como Indalecio Prieto y José María Gil-Robles lo comprendieron ya desde los primeros años de la posguerra.

Pero amnistiar no es ignorar ni silenciar: sabemos muy bien lo que pasó. Hay cientos, miles de relatos de todo tipo sobre la guerra y la dictadura. Tal vez el Gobierno debió haberlo pensado un momento antes de proponer una ley de memoria histórica. Lógicamente, como en tantas ocasiones, ha tenido que volver sobre sus pasos. La ley ha cambiado de nombre y de objetivo. Ahora se trata de reconocer y ampliar derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia en la guerra y en la dictadura, es decir, de hacer lo que se ha venido haciendo paso a paso desde la transición. Para culminar la tarea habrían bastado decisiones políticas sobre las cuestiones pendientes. No ha sido así, y el año de la memoria se cierra, como no podía ser de otra forma, con todas las memorias enfrentadas.

Santos Juliá