cuatrodecididos

La actual proliferación de barreras para impedir el tránsito de personas ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global". Se desnacionaliza la vida económica y a la par se renacionaliza la vida política

La actual pretensión danesa de controlar las fronteras con Alemania y Suecia viene tras los cierres de Francia e Italia, pero resulta aún más inquietante si lo ponemos en relación con una tendencia en el mundo actual a cerrar, impedir el paso y controlar, que responde a la demanda creciente de protección. Desde que en 1989 cae el muro de Berlín, la construcción de nuevos muros se ha multiplicado, como si se tratara de una carrera frenética por hacer frente a una nueva desprotección: entre México y Estados Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y Malasia...

¿En qué consisten estos muros? ¿Cuál es su utilidad o el propósito con que se levantan? Estas barreras no están pensadas para impedir el ataque de ejércitos enemigos, sino para impedir el tránsito de personas; quieren hacer frente a fuerzas persistentes y desorganizadas más que a estrategias militares o económicas; son más post-, sub- y transnacionales que internacionales; son una respuesta a los flujos desconectados de las soberanías estatales. Los muros actuales no responden a la lógica de la guerra fría sino que son muros de protección; indican la desconfianza frente al otro, el extranjero, y dicen mucho acerca de las ambigüedades de la globalización. Se dirigen contra el movimiento de bienes y personas que muchas veces no tienen su causa en una invasión exterior sino en la demanda interna: mano de obra, drogas, prostitución...

Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo, estereotipado, ubicuo y en ocasiones fantasmal. Los muros funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo, que se hace coincidir frecuentemente con las fronteras nacionales. Todos los procesos de guetización participan de esa misma lógica al segmentar la ciudad de una manera invisible, arruinando así su vocación de aproximar a sus habitantes. Las barreras recuperan una modalidad de poder soberano, material y delimitado en un entorno, para algunos inquietante, en el que el poder se presenta como una realidad difusa y débil. Los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto problemáticas, como la diferencia entre ejército y policía, los criminales y los enemigos, la guerra y el terrorismo, derecho y no-derecho, lo público y lo privado, el interés propio y el interés general.

La construcción de muros no solamente ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global", sino que testimonia unas tendencias subterráneas de la globalización que alimentan el retorno de ciertas formas de "neofeudalización" del mundo. Un mundo en el que son asombrosamente compatibles la integración de la economía global y el aislamiento psicopolítico. Cabría incluso afirmar que la defensa de esta compatibilidad se ha convertido en un objetivo ideológico en esa síntesis de neoliberalismo político y nacion

El pasivo ajeno a los protocolos de déficit se duplica en los Ayuntamientos y crece un 66% en las autonomías - Hay 1.279 entes regionales que no computan

Entidades como el Instituto de Geométrica de Cataluña, la Fundación Galicia-América o Andalucía Aeroespacial han proliferado sin demasiados recelos durante la etapa de expansión autonómica que ha vivido España. Estos tres organismos son solo una muestra de los casi 1.300 que las comunidades han alumbrado sin que sus números se sometan al corsé de déficit y deuda que España, como el resto de países europeos, está obligada a vestir. Lejos de frenarlas, la crisis ha alentado aun más esas prácticas, perfectamente legales. Y esta deuda de las administraciones territoriales se ha disparado en los últimos tres años. Las autonomías la han elevado un 66%, mientras los ayuntamientos prácticamente la han duplicado, según datos del Banco de España.

Todas las Administraciones públicas -incluida la central- tienen, junto a la deuda oficial, un apéndice en el que incluyen organismos total o parcialmente públicos con autorización para salir de los registros que examina la Unión Europea. La contabilidad comunitaria considera que no lastra al sector público aquella sociedad cuyos ingresos comerciales permiten financiar al menos la mitad de sus costes. De los 2.386 entes autonómicos que tiene contabilizados el Ministerio de Economía, más de la mitad se ajustan a esos criterios que marca Bruselas. Las empresas que no computan en la caja general acumulan un pasivo de 17.284 millones de euros en el caso de las comunidades (el 1,6% del PIB nacional) y de otros 9.000 en los ayuntamientos, según las cifras de cierre de 2010 que recoge el Banco de España.

Si se sumase a la deuda oficial, su peso sobre el total autonómico sería del 13% y del 20% sobre el municipal. Aunque no resulten muy abultadas, estas cantidades inquietan en un momento en que las cuentas territoriales están en el punto de mira. Los datos revelan que su crecimiento se ha acelerado desde finales de 2007, especialmente en los ayuntamientos. "Cuantas más restricciones presupuestarias hay, mayor contabilidad creativa se da", analiza Jordi Sevilla, ministro de Administraciones públicas con el primer Gobierno de Zapatero y ahora asesor de la consultora PriceWaterhouseCoopers. "Son prácticas legales", recuerda Sevilla.

Aunque el recurso a esta vía ha sido generalizado, no todas las comunidades lo han empleado con la misma intensidad. Cataluña es, con diferencia, la que más entidades de este tipo ha creado (304), seguida de Andalucía (159) y de Madrid (92). Lógicamente, la puesta en marcha de estos entes tiene mucho que ver con el tamaño y las competencias de cada comunidad, aunque también con una estructura algo desbordada de la Administración pública. Cataluña está también a la cabeza en la deuda que esas entidades generan (un 4% de su PIB regional). Con este parámetro, quien le sigue es la Comunidad Valenciana (3% del PIB) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Ese cúmulo de sociedades en la sombra es muy heterogéneo. "Hay colesterol bueno y colesterol malo", bromea César Cantalapiedra, experto en sector público de Analistas Financieros Internacionales. En algunos casos, el peligro de que el contribuyente tenga que acabar cargando con el peso de esa deuda parece salvado. Cantalapiedra cita el caso de una empresa pública vasca que explota la concesión de autopistas y que con el dinero que ingresa financia otras obras públicas. Es decir, no solo no es gravosa, sino que genera

La crisis nuclear rafitica la idea de un futuro de energía limpia - El Gobierno acababa de recortar primas y contemplaba ampliar la edad de las atómicas

En el futuro, el suministro energético mundial dependerá de las energías renovables. La afirmación es tan cierta como imprecisa. Más cierta, si cabe, tras el desastre de la central nuclear de Fukushima en Japón. Pero nadie, ningún experto, ningún Gobierno, sabe cuánto tiempo va a llevar sustituir la energía nuclear y los combustibles fósiles -cada vez más caros, cada vez más escasos y siempre contaminantes- por energías limpias. Eso sí, nadie duda de que va a suceder. Porque los pasos en esa dirección se suceden. La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha aprobado que en 2020 el 20% de la energía consumida sea limpia, renovable. Ello supone que, en el caso de la producción eléctrica, en torno al 40% de la generación provenga de los parques eólicos (on shore y off shore), las presas hidráulicas, los parques fotovoltaicos y las instalaciones termosolares, principalmente.

También la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe World Energy Outlook 2010 empuja en esa dirección. Evitar el calentamiento global peligroso, en el horizonte de 2030, sostiene, requerirá mejorar en un 60% la eficiencia en el uso final de la energía; alcanzar el 20% de energías renovables en el consumo; mantener un 10% de energía nuclear y lograr un 10% en la captura y secuestro de carbono.

En este contexto, la alerta nuclear decretada en Japón, tras el terromoto de magnitud 9 y el posterior tsunami que destrozó la central nuclear de Fukushima, no ha hecho sino reforzar la idea de que el futuro será energéticamente limpio o no será. La energía nuclear, de gran relevancia en muchos países desarrollados (en España aporta en torno al 19% de la producción eléctrica), ha demostrado, pese a que muchos lo suavizan, que es vulnerable. Puede convertirse en el no problem más grande de la historia, según la frase de los años cincuenta atribuida a un experto estadounidense y referida a los residuos que genera.

El responsable de la Fundación Renovables, Javier García Breva, lo resume así: "No se puede asumir la maduración de una tecnología, como la nuclear, a base de desastres", dice. Así pues, habrá parón nuclear.

Sin duda, es la hora de las renovables. Es un hecho que pone a todos los Gobiernos, a las empresas y a los partidos políticos en una encrucijada. Porque como la industria nuclear asumió en los años ochenta, "un accidente en una central nuclear en cualquier país es un accidente en todos los países".

En el caso de España, con un tercio de la producción eléctrica de origen renovable, esa encrucijada es especialmente evidente. Las miradas se vuelven hacia las energías limpias justo cuando el Gobierno ha decidido recortar las subvenciones a las renovables para sujetar el llamado déficit tarifario eléctrico, camino de los 20.000 millones. Sucede justo también cuando la presión de las grandes empresas energéticas había logrado eliminar, mediante una enmienda a la Ley de Econom&ia

El cambio climático y el precio del petróleo en un mundo en crecimiento ponen en jaque la lucha contra la escasez de comida - Los alimentos están en pocas manos, con riesgo para el mercado - Los expertos recomiendan diversificar la producción

Hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que se van a dormir con hambre cada día de su vida. Y las perspectivas no son nada halagüeñas: la producción de alimentos no sigue la misma velocidad de crucero que el crecimiento de la población mundial y mucho menos el acceso de esta a la comida. El mundo ha pasado de 2.500 millones de habitantes en 1950 a unos 7.000 en la actualidad. Naciones Unidas echa cuentas respecto a la tasa de fertilidad y espera 9.000 millones de vecinos en 2050. Es, como decía el economista Jeffrey Sachs, un país abarrotado.Abarrotado de futuros trabajadores, consumidores, líderes y subordinados, pero, sobre todo, en todos y cada uno de los casos, 2.000 millones más de futuras bocas que alimentar. 2.000 millones más de estómagos que, según coinciden los expertos, tendrán que pagar la comida más cara que nunca.

El mundo afronta la segunda sacudida de precios de los alimentos desde la crisis alimentaria de 2007 y 2008. El repunte del petróleo (que en 2008 alcanzó su máximo histórico), los subsidios en los países más ricos, el uso de los campos para producción de biocombustible y las eventuales malas cosechas se combinan habitualmente en el repunte de lo que cuesta alimentarse.

Uno de los problemas es que esos -hoy- casi 7.000 millones de personas que esperan su ración se nutren a la postre de muy pocas fuentes, lo que supone un riesgo fenomenal para la oferta de alimentos. Estados Unidos, por ejemplo, controla el 73% del mercado del maíz en todo el mundo. Un problema climático en aquel país supone un tremendo revolcón para este mercado.

Un puñado de cifras dan buena cuenta del nivel de dependencia que hay respecto a algunos países, al margen de que las condiciones naturales de un territorio favorecen la producción de un tipo de producto y la especialización. Cinco países controlan el 90% de las exportaciones de arroz (Estados Unidos, con el 68%, seguido de Corea, Japón, Tailandia y China). Además del caso del arroz y el maíz, también hay una elevada concentración en el mercado del trigo (Estados Unidos vende el 25% del total, Canadá el 13%, y Australia, Rusia y Francia otro 11% cada uno de ellos), según señala el Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias de EE UU (IFPRI, en sus siglas en inglés). "Hay una alta concentración de estos productos y el principal riesgo es que cualquier trastorno climático en uno de esos países tiene un efecto directo en los precios", advierte Máximo Torero desde este think tank estadounidense.

La alta inflación está afectando a todos los países en desarrollo, incluyendo aquellos con el mayor número de personas pobres. Por ejemplo, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, la inflación alcanzó el 10% en China y el 18% en India, sobre todo por el tirón de la carne, el pescado, los lácteos, la verdura y la fruta.

"Más que una segunda crisis alimentaria en tres años, creo que esta es la misma crisis que se prolonga, porque las causas estructurales persisten, así que tenemos una crisis prolongada que tuvo una punta en 2008", reflexiona Jesús González Regidor, profesor de Economía y Política Agroalimentaria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que ha asesorado en esta materia a la OCDE y la Comisi&oacu

Los países que más invierten en apoyo a la familia logran resultados, pero España está a la cola - Es más útil financiar guarderías que dar "cheques-bebé"

"Las buenas políticas familiares son las que ayudan a la gente a trabajar y a tener el número de hijos que quieran tener, y a hacer frente a los desafíos para el mercado laboral de una población que envejece". Esta es la conclusión del megaestudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentado ayer sobre la situación y la atención a las familias en 44 países. La prueba está en los países nórdicos. En un contexto en el que la natalidad ha descendido mucho en la mayoría de países desarrollados desde los años ochenta, las cifras reflejan que allí han conseguido aumentarla con políticas de conciliación que ayudan a las parejas a ser padres sin tener que renunciar a su carrera profesional y sin tener que hacer milagros para combinar empleo y niños.

Noruega ha pasado de 1,72 niños por mujer a 1,98; Suecia, de 1,68 a 1,94; Finlandia de un 1,63 a 1,86; y Dinamarca de 1,55, a 1,84. Y lo han conseguido en un mundo desarrollado en el que parece más complicado tener hijos que hace algunas décadas. Las familias con hijos han desplazado a los mayores como el tipo de hogar de mayor riesgo de pobreza. El porcentaje de niños que viven en hogares pobres en la OCDE ha pasado del 11,6% a mediados de los noventa al 12,7% en 2009; España, con un 17,3%, es el segundo país de la UE con la cifra más alta, solo por detrás de Polonia.

En un contexto de crisis económica, el informe habla del gran reto de las políticas públicas para atender a unas familias cuya complejidad se ha multiplicado, que son más pequeñas (el 21% de los hogares tiene más de un hijo, y el 60%, ninguno), con los padres más mayores, que trabajan más y menos niños viven con sus dos padres (las familias monoparentales de la OCDE son el 8,7%, un punto más que hace 15 años). Uno de los retos es conseguir aumentar la natalidad o, al menos, que la gente tenga el número de hijos que quiera a la edad que desee, algo que, según el informe, "no ocurre en muchos países de la OCDE". Por ejemplo, porque cada vez "más hombres y mujeres quieren establecerse en el mercado laboral antes de iniciar una familia", dice el estudio.

Así, la tasa de natalidad, que en los años setenta era de 2,2 hijos por cada mujer, en 2009 era 1,7. En España, la cifra está en 1,4. Pero, según la última encuesta de fecundidad del CIS, de 2006, las españolas tienen, de media, un hijo menos del que desearían, recuerda la socióloga y demógrafa del CSIC Margarita Delgado.

Muchos expertos, entre ellos Delgado, han enfocado la cuestión de la reducción de la natalidad mientras se da un progresivo envejecimiento de la población, como una situación insostenible a medio y largo plazo porque no habrá suficientes personas trabajando por cada jubilado, sobre todo en el sur y el este de Europa. Sin embargo, otros especialistas rebajan la alarma, y dicen que no es la demografía, sino que son los problemas económicos los que ponen en tensión las pensiones del futuro. "Si yo tuviese que cal

Nada hay más inquietante para los estados mayores políticos que un fenómeno fuera de control y de agenda. No cabe responder con encuestas ni consultar a los expertos y a los focus group. No hay campaña de publicidad que sirva. Ni siquiera se sabe a quién puede beneficiar o quién puede sacar tajada. Todos los partidos temen como al granizo que sean los otros quienes lo aprovechen. El PP dice que lo está organizando el PSOE, y el PSOE asegura que va a contribuir a la abstención y a la victoria del PP.

Todos estamos indignados y casi ya no sabemos quiénes son los indignantes. ¿Será al final un solo hombre, un banquero o un presidente de Gobierno por ejemplo? Cuidado, porque si así fuera, se trataría de otra cosa: un chivo expiatorio. Esta indefinición señala una revolución sin sujeto. Si caben los parados y los empresarios, los mileuristas y los profesionales, los revoltosos de hoy y los revoltosos de hace 40 años, entonces es un movimiento que no se identifica con un grupo definible, sino con todos. Es entonces una revolución sin sujeto revolucionario.  

Pero es una revolución, adjetivada como española y surgida de un mimetismo perfectamente explicable. Si los jóvenes árabes se levantan, ¿por qué no se pueden levantar los jóvenes españoles? Si la democracia se constituye frente a la dictadura, ¿por qué no se puede reconstituir frente al anquilosamiento y la disfuncionalidad? Ahí están los tres elementos del cóctel: un cambio generacional, la tecnología de las redes sociales y la crisis económica que quita trabajos, viviendas y esperanzas. Para que esta revolución tenga objeto necesita unos objetivos tan claros, difíciles pero tangibles como era echar a Ben Ali o a Mubarak. Aquí esto ya se experimentó, de otra forma, aunque su impulso aparece agotado para las nuevas generaciones. Como ha señalado Felipe González, los jóvenes árabes querían votar como nosotros y los nuestros quieren que no se vote.

Ahí está la diferencia. Cuando una revolución lo impugna todo, al final pierde foco y no impugna nada. Se queda sin objeto. ¿Cambiar la ley electoral? Muy bien. ¿Que los partidos organicen primarias? Perfecto. ¿Que los corruptos se vayan de la política? Albricias. ¿Más impuestos para los ricos y más servicios sociales para los pobres? ¡Qué bien! ¿Que la crisis no la paguen los de siempre? Más que encomiable. Nada que ver con echar al dictador. Y algunos pequeños problemas de solución difícil. ¿Cómo se hace? ¿Quién prepara y decide todas estas reformas? ¿Cuáles son los reconstituyentes concretos y eficaces para una democracia con síntomas de anemia?

La respuesta está bien sintetizada: la democracia real, una forma adjetiva de la democracia que denuncia lo que ahora echamos en falta. No sirve la democracia directa, bellísima en la utopía y en la idealización del ágora griega, pero coartada para la dictadura (véase la república asamblearia de Gadafi). Tampoco la democracia popular que, cuando existió, indicaba exactamente lo contrario: dictadura de un pequeño grupo de burócratas. La democracia real denuncia la idea de una democracia de ficción o virtual, que ya no es efectiva. Pero sería peligroso que toda democracia fuera tachada de ficticia y que se propugnara una democracia arcangélica cuya esencia y sistema de funcionamiento nadie conoce.

No tiene sujeto ni objeto, pero sí tiene sentido. La protesta, a pesar de las conspiracion

En una sociedad con ciudadanía de baja intensidad, desafección galopante hacia la política, debates planos y argumentos inexistentes, cualquier llamamiento a sumarse a las críticas encuentra una inmediata acogida. Si quien escribe ¡Indignaos! es Hessel, que es además un luchador de la Resistencia francesa, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si quienes han escrito Reacciona son personas de indudable talla intelectual, entonces resulta imposible llevarles la contraria o matizar sus opiniones sin parecer un mercenario del sistema.

Et pourtant... La indignación es una virtud cívica necesaria pero insuficiente. Lo siento por estos autores pero yo veo las cosas de otra manera y el problema fundamental en otro sitio. De entrada, no nos sobra indignación sino todo lo contrario. Indignación la hay en todas partes; basta hacer un poco de zapping y uno se encuentra, sobre todo, gente indignada (preferentemente en los canales de la extrema derecha). Indignados están, por ejemplo, los que creen que el Estado de bienestar disminuye pero también los que consideran que está yendo demasiado lejos, los que piensan que ya hay demasiados extranjeros, los fanáticos de todo tipo, aquellos cuyo miedo ha sido agitado por quienes aspiran a gestionarlo.

Nuestras sociedades están llenas de gente que está "en contra" y escasean los que están "a favor" de algo concreto e identificable. El problema es cómo nos enfrentamos al hecho de que lo que moviliza son energías negativas de indignación, afectación y victimización. Es lo que Pierre Rosanvallon ha denominado como "era de la política negativa", en la que quienes rechazan no lo hacen a la manera de los antiguos rebeldes o disidentes, ya que su actitud no diseña ningún horizonte deseable, ningún programa de acción. En este panorama, el problema es cómo distinguir la cólera regresiva de la indignación justa y poner esta última al servicio de movimientos con eficacia transformadora.

¿Y si el público que escucha con agrado esas imprecaciones no fuera la solución sino parte del problema? Pedir a la gente que se indigne equivale a darles la razón para que continúen como hasta ahora, viviendo en una mezcla de conformismo e indignación improductiva. Lo revolucionario sería romper eficazmente con el populismo, con esa inmediatez y adulación que está en el origen de nuestras peores regresiones. Y este tipo de llamamientos sigue ofreciendo explicaciones simples para problemas complejos. La indignación deja de ser en exabrupto inofensivo e ineficaz a la hora de modificar los hechos intolerables que la suscitan cuando incluye además algún análisis razonable de por qué pasa lo que pasa, si identifica bien los problemas en vez de contentarse con haber encontrado a los culpables, si propone algún horizonte de acción.

¿Y si la indignación actuara en beneficio de quienes están satisfechos o incluso son responsables del estado de cosas contra las que nos indignamos? Puede ser que esas explosiones de airada protesta sean menos transformadoras de la realidad que el trabajo sostenido en el tiempo para formular buenos análisis y esforzarse pacientemente por introducir algunas mejoras. Se podría hablar de una función conservadora de la indignación que estabiliza los sistemas como lo hacen las válvulas de escape o las canas al aire, tan funcionales a la hora de dejar las cosas como están. Ese algo más que necesitamos para transitar hacia un mundo mejor no es una mayor exageración dramática de nuestro descon

La defensa de un impuesto financiero global abandona la utopía, pero se queda estancada en los discursos de los líderes políticos - El G20 no logra el consenso internacional suficiente

La mano invisible, esa que Adam Smith creía capaz de mover con diligencia al mercado, no debería convertirse en "un puño". El antiguo modelo de globalización, que sacó de la pobreza a millones de personas, tenía, al cabo, una cara oculta: un creciente abismo entre ricos y pobres. La mundialización financiera ha aumentado las desigualdades. Es hora de una globalización más justa.

Quien se despachó así hace un par de semanas en una universidad de Washington no era portavoz de ningún movimiento anti-globalización, ni de una ONG. Era ni más ni menos que el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, quien, dicho sea de paso, se perfila como uno de los posibles candidatos socialistas y rival de Nicolas Sarkozy en las elecciones presidenciales francesas que se juegan de 2012, aunque aún no ha dado el paso.

Strauss-Kahn, claves políticas al margen, defendió la implantación de un impuesto a las actividades financieras para obligar a la banca a absorber parte de los costes sociales de su comportamiento de vértigo, germen de la tormenta financiera. Reclamó la mejora de la supervisión mundial y un marco macroeconómico para un "nuevo mundo". Y con este, dijo, "el péndulo se desplazará -por lo menos un poco- del mercado hacia el Estado". Más Estado y menos mercado, binomio sacrílego antes de esta crisis. El patrón del FMI dando por amortizado el consenso de Washington y, con él, sus grandes mantras. A saber: que desregulación y privatización generan prosperidad per se, que nada como el propio mercado se supervisa y corrige mejor a sí mismo...

Adiós al tabú. Hablar de un impuesto global a los bancos ya no es mentar la bicha. Un millar de economistas de 53 países distintos enviaron hace dos semanas una carta al G-20 (el grupo formado por las grandes potencias económicas y las emergentes) para reclamar la implantación de lo que se ha rebautizado por las ONG como una tasa Robin Hood, una nueva versión de la tasa Tobin que grava las transacciones financieras no minoristas cuyos ingresos se destinasen a combatir la pobreza, el cambio climático y la población castigada por la crisis. En la lista de economistas figuran nombres como el de Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, o Dani Rodrik, de Harvard.

Líderes como Sarkozy que ahora ocupa la presidencia del G-20, y José Luis Rodríguez Zapatero también defendieron una tasa global de estas características en septiembre ante la ONU, durante la Reunión del Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y el FMI, aunque rechaza gravar las transacciones financieras, ha dado en esta crisis un vuelco a su postura al defender por primera vez impuestos al sector.

La mal llamada tasa Tobin -se utiliza el mismo nombre para fórmulas muy dispares- ha viajado del terreno de la utopía al debate de los grandes órganos de poder económico, aunque de momento se halla en el limbo de las buenas intenciones. El impuesto sobre los intercambios monetarios internacional

Las imágenes de la Sala de Situación de la Casa Blanca captan la gravedad moral del momento

Podemos imaginar la foto que no hemos visto y que la Casa Blanca no quiere que veamos. Hace las veces de prueba definitiva: la de que era Osama bin Laden quien fue abatido por dos disparos a la cabeza. Tiene el morbo de la sangre y el simbolismo primitivo de los despojos del enemigo cazado, y por eso Obama no quiere que se vea. Al menos por el momento, porque en los tiempos en que vivimos sabemos que más pronto o más tarde terminará saliendo. Pero poco cabe esperar de esta imagen convertida en tabú. Hay otra foto, en cambio, que ya hemos visto y que es la buena. No hay cadáver, no hay ejecutores, solo un grupo de personas que mira a una pantalla. Pero esa es la imagen del momento histórico, que la mayor parte de medios de comunicación dieron en sus primeras páginas y fue tomada por Pete Souza, el jefe del equipo de fotógrafos de la Casa Blanca.

Así, pues, en esta foto oficial difundida por el Gobierno se puede ver todo sin que se vea nada. La gravedad de los rostros. La mirada fijada con extrema atención en la pantalla. Hillary Clinton con la mano cubriéndose la boca, en un gesto que puede ser casual pero que se identifica con la angustia contenida. Dos personas poco conocidas, Tony Binken, consejero de seguridad del vicepresidente, y Audrey Tomason, directora de contraterrorismo, que tienen que esforzarse para ver por encima del hombro del jefe de gabinete de Obama, Bill Daley. No se ve en la foto, pero han contado luego fuentes de la Casa Blanca que en ese momento el vicepresidente Joe Biden, que es católico, tiene un rosario en las manos. Solo uno de los personajes no mira a la pantalla, porque teclea atareado sobre el ordenador: es precisamente el único que se puede identificar como militar, el general Brad Webb, jefe de los comandos especiales que estaban realizando la operación.

En esa sala de cortas dimensiones, la famosa Situation Room tan bien contada por la serie televisiva El Ala Oeste

La Constitución de 1978 ha permitido resolver con indudable éxito la mayor parte de los problemas que durante los dos últimos siglos dividieron a los españoles: la controversia sobre la forma política (Monarquía o República), la cuestión social, la constante intervención del Ejército en la vida pública, la separación Iglesia-Estado, y, en definitiva, la ausencia misma de una Constitución normativa legitimada en la soberanía popular.

Hubo, sin embargo, un problema, el denominado regional o territorial, sobre el que no fue posible alcanzar un consenso. A falta de este, el constituyente de 1977-78 se limitó a recoger un "compromiso apócrifo", por utilizar la terminología de Schmitt, que en última instancia suponía un mero aplazamiento del problema. Y hoy, 32 años después, lamentablemente, seguimos como entonces.

Entre las muchas y diversas razones que explican el fracaso del constituyente a la hora de resolver el problema regional cabe subrayar el profundo desconocimiento por la clase política de lo que el federalismo significa. Ese desconocimiento perdura hoy. Solamente así puede explicarse el amplio espectro de reacciones adversas a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en las que se sostiene que el Tribunal impide la consolidación de nuestro Estado autonómico como un Estado federal.

El Derecho Constitucional Comparado nos pone de manifiesto que el federalismo es el mejor expediente para garantizar el pluralismo territorial en el seno del Estado Constitucional. España no es en este sentido una excepción. El federalismo ofrece los instrumentos para articular la diversidad en la unidad. Por ello, la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿es España ya un Estado federal? Y, si no, ¿qué reformas son precisas para que lo sea?

El Estado federal se distingue del Estado centralizado por reconocer el principio de autonomía política de los entes infraestatales que lo componen (Estados, regiones, comunidades autónomas). Allí donde este principio está establecido en una Constitución normativa y garantizado por un órgano de defensa de la Constitución, cabe hablar de federalismo. Esa autonomía política implica la facultad de autogobierno a través de normas propias emanadas de un poder legislativo infraestatal. La autonomía podrá ser más o menos amplia en función de las mayores o menores competencias que se atribuyan a los poderes regionales, pero siempre que exista nos encontraremos ante un Estado materialmente federal.

Desde esta óptica resulta evidente que España sería ya un Estado federal en la medida en que la autonomía está garantizada y consolidada. A mayor abundamiento, es una autonomía de una amplitud desconocida en el federalismo comparado. La extensión de las competencias regionales es de tal magnitud que a los poderes autonómicos corresponde la gestión de más de un tercio del gasto público.

Sin embargo, España presenta una singularidad que es la que la distingue de todos los demás Estados federales o compuestos existentes en el mundo. Esta diferencia es el denominado principio dispositivo cuyo significado y alcance son fáciles de comprender. En virtud de dicho principio, la Constituci