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Un mundo amurallado

Un mundo amurallado

La actual proliferación de barreras para impedir el tránsito de personas ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global". Se desnacionaliza la vida económica y a la par se renacionaliza la vida política

La actual pretensión danesa de controlar las fronteras con Alemania y Suecia viene tras los cierres de Francia e Italia, pero resulta aún más inquietante si lo ponemos en relación con una tendencia en el mundo actual a cerrar, impedir el paso y controlar, que responde a la demanda creciente de protección. Desde que en 1989 cae el muro de Berlín, la construcción de nuevos muros se ha multiplicado, como si se tratara de una carrera frenética por hacer frente a una nueva desprotección: entre México y Estados Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y Malasia...

¿En qué consisten estos muros? ¿Cuál es su utilidad o el propósito con que se levantan? Estas barreras no están pensadas para impedir el ataque de ejércitos enemigos, sino para impedir el tránsito de personas; quieren hacer frente a fuerzas persistentes y desorganizadas más que a estrategias militares o económicas; son más post-, sub- y transnacionales que internacionales; son una respuesta a los flujos desconectados de las soberanías estatales. Los muros actuales no responden a la lógica de la guerra fría sino que son muros de protección; indican la desconfianza frente al otro, el extranjero, y dicen mucho acerca de las ambigüedades de la globalización. Se dirigen contra el movimiento de bienes y personas que muchas veces no tienen su causa en una invasión exterior sino en la demanda interna: mano de obra, drogas, prostitución...

Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo, estereotipado, ubicuo y en ocasiones fantasmal. Los muros funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo, que se hace coincidir frecuentemente con las fronteras nacionales. Todos los procesos de guetización participan de esa misma lógica al segmentar la ciudad de una manera invisible, arruinando así su vocación de aproximar a sus habitantes. Las barreras recuperan una modalidad de poder soberano, material y delimitado en un entorno, para algunos inquietante, en el que el poder se presenta como una realidad difusa y débil. Los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto problemáticas, como la diferencia entre ejército y policía, los criminales y los enemigos, la guerra y el terrorismo, derecho y no-derecho, lo público y lo privado, el interés propio y el interés general.

La construcción de muros no solamente ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global", sino que testimonia unas tendencias subterráneas de la globalización que alimentan el retorno de ciertas formas de "neofeudalización" del mundo. Un mundo en el que son asombrosamente compatibles la integración de la economía global y el aislamiento psicopolítico. Cabría incluso afirmar que la defensa de esta compatibilidad se ha convertido en un objetivo ideológico en esa síntesis de neoliberalismo político y nacionalismo estatal de cierta nueva derecha cuyo proyecto ha sintetizado Saskia Sassen en el doble objetivo de "desnacionalización de la vida económica y renacionalización de la vida política". No vivimos en un mundo ilimitado, sino en la tensión entre una geografía de los mercados abiertos que tiende a abolir las fronteras y una territorialidad de la seguridad nacional que tiende a construirlas. No hay coherencia entre la práctica geoeconómica y la práctica geopolítica que equilibre las diferentes agendas del comercio y de la seguridad.

Sabíamos desde Maquiavelo que las fortalezas suelen ser más perjudiciales que útiles. Los muros proyectan una imagen de jurisdicción y espacio asegurado, una presencia física espectacular que se contradice con los hechos: por lo general no contribuyen a solucionar los conflictos e impiden muy escasamente la circulación. Complican el objetivo, obligan a modificar el itinerario, pero en tanto que prohibiciones de paso suelen ser poco eficaces.

El ejemplo más elocuente de ello lo encontramos en el control de la emigración, que aumenta o disminuye por factores que no están vinculados a la rigidez o porosidad de las fronteras. Hay emigración porque hay un diferencial de oportunidades o, si se prefiere, porque las desigualdades son actualmente percibidas en un contexto global. Cuando se piensa que el establecimiento de barreras es la solución para el incremento del número de los emigrantes y refugiados es porque se ha considerado previamente que la causa de esos desplazamientos era la flexibilidad de las fronteras, lo que es radicalmente falso.

Si no cumplen esa función que se les asigna, entonces ¿para qué sirven esas fronteras que adoptan la forma de muros? Dada su falta de eficacia, lo que hay que preguntarse es cuáles son las necesidades psicológicas que su construcción satisface. Y la respuesta está en la necesidad de limitación y protección de quienes se perciben a sí mismas -muchas veces contra toda evidencia- como "sociedades asediadas" (Bauman). En lo que hace referencia a los muros está claro que aluden inmediatamente a la defensa contra unos asaltantes venidos de un "afuera" caótico, pero sirven como instrumentos de identificación y cohesión, responden al miedo frente a la pérdida de soberanía y a la desaparición de las culturas homogéneas. De esta manera se construye una siniestra equivalencia entre alteridad y hostilidad, lo que es además un error de percepción (la mayor parte de los atentados que se han cometido en EE UU han provenido de terroristas del interior). Y se asienta el prejuicio de que la democracia no puede existir más que en un espacio cerrado y homogéneo.

Así pues, se trata de remedios físicos para problemas psíquicos, de una teatralización con efectos más visuales que reales. Un muro aparenta ofrecer seguridad en un mundo en el que la capacidad de protección del Estado ha disminuido, en el que los sujetos son más vulnerables a las vicisitudes económicas globales y a la violencia transnacional. Todo lo que acompaña a la escenografía rotunda de los muros no son sino gestos políticos destinados a contentar a cierto electorado, a suprimir la imagen de un caos políticamente embarazoso y sustituirla por la de un orden reconfortante. Aunque es imposible muchas veces cerrar completamente las fronteras, es peor dar la impresión de que no se hace nada. Construir una barrera es la mejor manera de no hacer nada dando la impresión de que se hace algo; de este modo se despliega una seductora salva política dirigida contra un conjunto de problemas especialmente complejos, a los que es imposible aportar una solución de corto plazo.

Los muros serían inicuos si se limitaran a dejar sin resolver los problemas que de manera tan simplista pretenden delimitar. Pero no es ese el caso: los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, agravan muchos de los problemas que tratan de resolver, exacerban las hostilidades mutuas, proyectan hacia el exterior los fracasos internos y excluyen toda confrontación con las desigualdades globales. Además, cuando se acentúa ostentativamente la seguridad se provoca al mismo tiempo un sentimiento de inseguridad. Son demasiados daños laterales como para que compensara la débil protección que pueden proporcionar.

Frente a la nostalgia por el orden perdido que clama por límites crispados y barreras de exclusión, la reivindicación de una frontera que comunique, demarque, equilibre y limite puede ser una estrategia razonable para transformar esos espacios de choque, cierre y soberanía en zonas porosas de contacto y comunicación. La alternativa, en cualquier caso, no es entre la frontera y su ausencia, sino entre las fronteras rígidas que siguen colonizando buena parte de nuestro imaginario político y una frontera red que permitiría pensar el mundo contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y entrecruzan, creando así unos puntos fronterizos que son también puntos de paso y comunicación.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad de Zaragoza.

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La otra deuda se dispara

La otra deuda se dispara

El pasivo ajeno a los protocolos de déficit se duplica en los Ayuntamientos y crece un 66% en las autonomías - Hay 1.279 entes regionales que no computan

Entidades como el Instituto de Geométrica de Cataluña, la Fundación Galicia-América o Andalucía Aeroespacial han proliferado sin demasiados recelos durante la etapa de expansión autonómica que ha vivido España. Estos tres organismos son solo una muestra de los casi 1.300 que las comunidades han alumbrado sin que sus números se sometan al corsé de déficit y deuda que España, como el resto de países europeos, está obligada a vestir. Lejos de frenarlas, la crisis ha alentado aun más esas prácticas, perfectamente legales. Y esta deuda de las administraciones territoriales se ha disparado en los últimos tres años. Las autonomías la han elevado un 66%, mientras los ayuntamientos prácticamente la han duplicado, según datos del Banco de España.

Todas las Administraciones públicas -incluida la central- tienen, junto a la deuda oficial, un apéndice en el que incluyen organismos total o parcialmente públicos con autorización para salir de los registros que examina la Unión Europea. La contabilidad comunitaria considera que no lastra al sector público aquella sociedad cuyos ingresos comerciales permiten financiar al menos la mitad de sus costes. De los 2.386 entes autonómicos que tiene contabilizados el Ministerio de Economía, más de la mitad se ajustan a esos criterios que marca Bruselas. Las empresas que no computan en la caja general acumulan un pasivo de 17.284 millones de euros en el caso de las comunidades (el 1,6% del PIB nacional) y de otros 9.000 en los ayuntamientos, según las cifras de cierre de 2010 que recoge el Banco de España.

Si se sumase a la deuda oficial, su peso sobre el total autonómico sería del 13% y del 20% sobre el municipal. Aunque no resulten muy abultadas, estas cantidades inquietan en un momento en que las cuentas territoriales están en el punto de mira. Los datos revelan que su crecimiento se ha acelerado desde finales de 2007, especialmente en los ayuntamientos. "Cuantas más restricciones presupuestarias hay, mayor contabilidad creativa se da", analiza Jordi Sevilla, ministro de Administraciones públicas con el primer Gobierno de Zapatero y ahora asesor de la consultora PriceWaterhouseCoopers. "Son prácticas legales", recuerda Sevilla.

Aunque el recurso a esta vía ha sido generalizado, no todas las comunidades lo han empleado con la misma intensidad. Cataluña es, con diferencia, la que más entidades de este tipo ha creado (304), seguida de Andalucía (159) y de Madrid (92). Lógicamente, la puesta en marcha de estos entes tiene mucho que ver con el tamaño y las competencias de cada comunidad, aunque también con una estructura algo desbordada de la Administración pública. Cataluña está también a la cabeza en la deuda que esas entidades generan (un 4% de su PIB regional). Con este parámetro, quien le sigue es la Comunidad Valenciana (3% del PIB) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Ese cúmulo de sociedades en la sombra es muy heterogéneo. "Hay colesterol bueno y colesterol malo", bromea César Cantalapiedra, experto en sector público de Analistas Financieros Internacionales. En algunos casos, el peligro de que el contribuyente tenga que acabar cargando con el peso de esa deuda parece salvado. Cantalapiedra cita el caso de una empresa pública vasca que explota la concesión de autopistas y que con el dinero que ingresa financia otras obras públicas. Es decir, no solo no es gravosa, sino que genera recursos que benefician a la comunidad.

Existen casos más dudosos, como algunas empresas de transporte urbano. Tanto Hacienda como Eurostat, la oficina estadística europea, evalúan constantemente estas sociedades y en muchas ocasiones corrigen a la Administración correspondiente la decisión inicial de haberlas sacado de los criterios de déficit y de deuda. Así ocurrió con Mintra, sociedad de infraestructuras del Metro de Madrid, que Bruselas obligó a incluir en los desequilibrios declarados porque no creía que tuviera capacidad de financiarse fuera del abrigo público. Una buena parte de las entidades asociadas a las autonomías figura sin adscripción clara en el inventario. Es decir, pendiente de que el grupo de trabajo decida si deben ser contabilizadas en el sector público o pueden instalarse en la Administración paralela.

La muestra más evidente de que las comunidades han tardado en reaccionar en cuanto a la escasez de recursos públicos reside en la evolución que han mostrado las entidades públicas que controlan. No es solo que haya aumentado la deuda, es que también lo ha hecho el número de entes autonómicos, al pasar de 2.280 a principios de 2008 a 2.386 en julio de 2010 (la actualización con datos de 2011 se conocerá en breve). Estas cifras incluyen tanto los que consolidan como los que no.

En el mismo periodo, la Administración central ha pasado de tener 477 entes a 454. No se trata de un cambio abismal, pero la tendencia es a la baja. El experto de AFI augura un inmediato descenso en el inventario de entes autonómicos. "No ha dado tiempo a que se refleje. Hay muchos planes de racionalización del sector público que han estado esperando a las elecciones para empezar a aplicarse", asegura Cantalapiedra.

Aunque los desequilibrios existan, la tensión entre el PP y el PSOE a cuenta de la fiabilidad de las cifras no hace sino magnificarlos. "El país necesita que los dos grandes partidos se sienten y acuerden 10 cosas, entre ellas las finanzas públicas", concluye Jordi Sevilla.

Lucía Abellán para El País.

La hora de las renovables

La hora de las renovables

La crisis nuclear rafitica la idea de un futuro de energía limpia - El Gobierno acababa de recortar primas y contemplaba ampliar la edad de las atómicas

En el futuro, el suministro energético mundial dependerá de las energías renovables. La afirmación es tan cierta como imprecisa. Más cierta, si cabe, tras el desastre de la central nuclear de Fukushima en Japón. Pero nadie, ningún experto, ningún Gobierno, sabe cuánto tiempo va a llevar sustituir la energía nuclear y los combustibles fósiles -cada vez más caros, cada vez más escasos y siempre contaminantes- por energías limpias. Eso sí, nadie duda de que va a suceder. Porque los pasos en esa dirección se suceden. La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha aprobado que en 2020 el 20% de la energía consumida sea limpia, renovable. Ello supone que, en el caso de la producción eléctrica, en torno al 40% de la generación provenga de los parques eólicos (on shore y off shore), las presas hidráulicas, los parques fotovoltaicos y las instalaciones termosolares, principalmente.

También la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe World Energy Outlook 2010 empuja en esa dirección. Evitar el calentamiento global peligroso, en el horizonte de 2030, sostiene, requerirá mejorar en un 60% la eficiencia en el uso final de la energía; alcanzar el 20% de energías renovables en el consumo; mantener un 10% de energía nuclear y lograr un 10% en la captura y secuestro de carbono.

En este contexto, la alerta nuclear decretada en Japón, tras el terromoto de magnitud 9 y el posterior tsunami que destrozó la central nuclear de Fukushima, no ha hecho sino reforzar la idea de que el futuro será energéticamente limpio o no será. La energía nuclear, de gran relevancia en muchos países desarrollados (en España aporta en torno al 19% de la producción eléctrica), ha demostrado, pese a que muchos lo suavizan, que es vulnerable. Puede convertirse en el no problem más grande de la historia, según la frase de los años cincuenta atribuida a un experto estadounidense y referida a los residuos que genera.

El responsable de la Fundación Renovables, Javier García Breva, lo resume así: "No se puede asumir la maduración de una tecnología, como la nuclear, a base de desastres", dice. Así pues, habrá parón nuclear.

Sin duda, es la hora de las renovables. Es un hecho que pone a todos los Gobiernos, a las empresas y a los partidos políticos en una encrucijada. Porque como la industria nuclear asumió en los años ochenta, "un accidente en una central nuclear en cualquier país es un accidente en todos los países".

En el caso de España, con un tercio de la producción eléctrica de origen renovable, esa encrucijada es especialmente evidente. Las miradas se vuelven hacia las energías limpias justo cuando el Gobierno ha decidido recortar las subvenciones a las renovables para sujetar el llamado déficit tarifario eléctrico, camino de los 20.000 millones. Sucede justo también cuando la presión de las grandes empresas energéticas había logrado eliminar, mediante una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, cualquier referencia a los 40 años como límite de la vida útil de las centrales nucleares.

Al Gobierno español, como a algunas empresas, la alarma nuclear en Japón le ha pillado con el paso cambiado. Apenas unos meses atrás (diciembre de 2010), el Ejecutivo, en un gesto de ajuste a la realidad, había decidido recortar costes por decreto en el sector eléctrico. En una decisión muy discutida, incluso por Bruselas, el Ministerio de Industria recortó un 30% las primas a los huertos solares para ahorrar 2.220 millones de euros en tres años. Además, estableció un nuevo peaje para las empresas generadoras de 0,5 euros por megavatio-hora producido y extendió medio año, hasta 2013, el llamado bono social, cuyo coste -150 millones- asumen las compañías eléctricas para no subir la luz a los colectivos más desfavorecidos.

El decreto, contrastado, tamizado, discutido y aceptado con y por el sector, preveía también que las empresas costearan, con 670 millones en tres años, el desarrollo de los planes de ahorro y eficiencia energética que hasta ahora se apoyaban en la tarifa eléctrica. A la luz de lo sucedido tras el terremoto en Japón, todo parece un tanto irreal. De pronto, lo que parecía caro y prescindible, adquiere importancia. Y lo que parecía indiscutible y asentado, pierde posiciones. El ministro de Industria, Miguel Sebastián fue muy claro ayer mismo: "Si las centrales nucleares no superan las pruebas habrá que prescindir de su actividad", dijo al término de una reunión extraordinaria de responsables de Energía de la UE.

Tras el desastre de Fukushima, la decisión de Alemania de desconectar las siete centrales nucleares más antiguas del paísy la paralización del programa nuclear chino ha llevado a muchos analistas a considerar la posibilidad de que se produzca un parón nuclear en toda regla. Si se produce, tendrá lugar en el momento en que la industria atómica preparaba su despegue. Pero está por ver. También con ocasión del gran vertido de petróleo de BP frente a las costas de EE UU se habló de un antes y después de la industria del petróleo.

En España, los documentos del Foro Nuclear, la asociación que agrupa a las empresas que operan en el sector, habían calificado el periodo 2000-2030 como el de la "reintroducción y consolidación" de la industria. Una reintroducción necesaria tras lo sucedido en Estados Unidos en 1979 (accidente de Three Miles Island) que dio lugar, según los documentos del Foro Nuclear, a una etapa de "radiofobia social y estancamiento" acentuada por la explosión de la central de Chernóbil (Ucrania) en 1986.

Las grandes empresas eléctricas españolas operan seis centrales nucleares, todas ellas en la península. Dos plantas disponen de dos reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman ocho reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.728 MWe. Con ese parque, las dos compañías de mayor tamaño, Endesa (propiedad del grupo italiano Enel) e Iberdrola, han tomado posiciones en lo que todavía suponen que será una gran negocio: el desarrollo nuclear. Endesa comunicó, hace apenas unos días, la firma de un acuerdo con la compañía estadounidense Westinghouse (fabricante de la mitad de los reactores en funcionamiento en el mundo) para entrenar y formar personal ante posibles nuevos proyectos nucleares. Proyectos, recogía expresamente el comunicado, que podrían extenderse también a España. Iberdrola, por su parte, tiene también tomadas posiciones en los planes del Gobierno de Reino Unido para construir nuevas plantas.

En España, la presión solo ha llegado, de momento, a la eliminación de los 40 años como límite de funcionamiento de una central y al cuestionamiento del cierre de la central de Garoña en 2013. Por supuesto, todas las demandas del sector tienen el respaldo de lo que el Foro Nuclear define como "instituciones internacionales relevantes". De la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a la Agencia Internacional de la Energía, pasando por la OCDE, existen toda clase de informes y documentos en los que se aconseja a los Gobiernos integrar la energía nuclear en sus parques de generación. Todo eso está ahora en cuestión. La seguridad de las centrales nucleares se va a revisar en todos los países mientras el mundo aguanta la respiración ante cada nueva vaharada en la central japonesa.

Hay mucha desconfianza ante una industria que, aunque ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años por aparecer como más transparente, aún da para narrar detalles curiosos. Dos ejemplos: los residuos nucleares se contabilizan como "bultos" y las estadísticas sobre radiación de los trabajadores de las centrales se publican y comparan como dosis "colectivas". Los "bultos" radiactivos, de los que en España se produjeron 3.914 en 2009, se definen por la industria como "embalajes con su contenido radiactivo, tal y como se presentan para su transporte y almacenamiento". Las llamadas dosis "colectivas", por su parte, son "dosis efectivas, equivalentes o comprometidas que recibe el conjunto [de empleados]. Se mide en sv-persona (sievert, unidad de radiación) y se obtiene sumando las dosis recibidas por cada uno de los miembros del conjunto".

A la industria nuclear, señalan los organizaciones ecologistas, antinucleares y las asociaciones de renovables, le queda mucho camino que recorrer para explicar su actividad, su rentabilidad económica y social y sus verdaderos costes. "Lo que habría que destacar", señala García Breva, "es que en España, por mucho que se diga, sobra capacidad de generación y podría plantearse, sin ningún problema, el cierre programado de las centrales". Los datos en los que basa sus afirmaciones son rotundos: la punta de demanda registrada en España ronda los 44.000 Megavatios, mientras que la potencia instalada supera los 100.000 Megavatios.

Tanto para García Breva, como para el exdirector de Greenpeace España, Juan López de Uralde (fundador de Equo), el futuro solo puede ser renovable. López de Uralde, en los foros en los que participa, sostiene que "el coste de un modelo energético 100% renovable no sería superior al de un modelo convencional". Puede parecer una utopía, pero el planteamiento de un modelo renovable 100% cuenta con el apoyo y el respaldo de estudios como los del Instituto de Investigación Tecnológica (ITT) de la Universidad de Comillas -Modelo 100% renovable para el Sistema Eléctrico Español-; documentos de la Fundación Ideas (vinculada al PSOE) e informes como los elaborados por el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama).

El debate se calienta mientras sube el precio del gas y del carbón; las empresas con activos renovables suben en Bolsa; baja el precio del uranio y aumenta la volatilidad en el mercado del crudo. Apuntando a las nucleares, desde la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se destaca: "Si todas las energías internalizaran sus costes externos, las renovables competiríamos con ventaja en el mercado". Mientras el debate se despeja, se puede trabajar en mejorar lo que existe. Es la receta que viene defendiendo Red Eléctrica de España (REE): iniciativas para mejorar la gestión de la demanda, lograr un consumo más eficiente y flexibilizar la demanda. ¿Cómo? Más bombeo (almacenamiento de agua), más interconexiones y más coche eléctrico.

Santiago Carcar para El País.

Poco productor para atajar el hambre

Poco productor para atajar el hambre

El cambio climático y el precio del petróleo en un mundo en crecimiento ponen en jaque la lucha contra la escasez de comida - Los alimentos están en pocas manos, con riesgo para el mercado - Los expertos recomiendan diversificar la producción

Hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que se van a dormir con hambre cada día de su vida. Y las perspectivas no son nada halagüeñas: la producción de alimentos no sigue la misma velocidad de crucero que el crecimiento de la población mundial y mucho menos el acceso de esta a la comida. El mundo ha pasado de 2.500 millones de habitantes en 1950 a unos 7.000 en la actualidad. Naciones Unidas echa cuentas respecto a la tasa de fertilidad y espera 9.000 millones de vecinos en 2050. Es, como decía el economista Jeffrey Sachs, un país abarrotado.Abarrotado de futuros trabajadores, consumidores, líderes y subordinados, pero, sobre todo, en todos y cada uno de los casos, 2.000 millones más de futuras bocas que alimentar. 2.000 millones más de estómagos que, según coinciden los expertos, tendrán que pagar la comida más cara que nunca.

El mundo afronta la segunda sacudida de precios de los alimentos desde la crisis alimentaria de 2007 y 2008. El repunte del petróleo (que en 2008 alcanzó su máximo histórico), los subsidios en los países más ricos, el uso de los campos para producción de biocombustible y las eventuales malas cosechas se combinan habitualmente en el repunte de lo que cuesta alimentarse.

Uno de los problemas es que esos -hoy- casi 7.000 millones de personas que esperan su ración se nutren a la postre de muy pocas fuentes, lo que supone un riesgo fenomenal para la oferta de alimentos. Estados Unidos, por ejemplo, controla el 73% del mercado del maíz en todo el mundo. Un problema climático en aquel país supone un tremendo revolcón para este mercado.

Un puñado de cifras dan buena cuenta del nivel de dependencia que hay respecto a algunos países, al margen de que las condiciones naturales de un territorio favorecen la producción de un tipo de producto y la especialización. Cinco países controlan el 90% de las exportaciones de arroz (Estados Unidos, con el 68%, seguido de Corea, Japón, Tailandia y China). Además del caso del arroz y el maíz, también hay una elevada concentración en el mercado del trigo (Estados Unidos vende el 25% del total, Canadá el 13%, y Australia, Rusia y Francia otro 11% cada uno de ellos), según señala el Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias de EE UU (IFPRI, en sus siglas en inglés). "Hay una alta concentración de estos productos y el principal riesgo es que cualquier trastorno climático en uno de esos países tiene un efecto directo en los precios", advierte Máximo Torero desde este think tank estadounidense.

La alta inflación está afectando a todos los países en desarrollo, incluyendo aquellos con el mayor número de personas pobres. Por ejemplo, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, la inflación alcanzó el 10% en China y el 18% en India, sobre todo por el tirón de la carne, el pescado, los lácteos, la verdura y la fruta.

"Más que una segunda crisis alimentaria en tres años, creo que esta es la misma crisis que se prolonga, porque las causas estructurales persisten, así que tenemos una crisis prolongada que tuvo una punta en 2008", reflexiona Jesús González Regidor, profesor de Economía y Política Agroalimentaria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que ha asesorado en esta materia a la OCDE y la Comisión Europea.

La oferta no crece con la misma velocidad que la demanda porque los avances tecnológicos se han estancado. Además, parte de los cultivos se desvían a la producción de unos biocombustibles muy subvencionados y, como telón de fondo, hay cambio radical en la demanda, pues gigantes como China e India están mejorando su nivel de renta y piden más al supermercado del mundo. La concentración, coincide el profesor, es otro factor. "El gran mercado de commodities [materias primas] mueve grandes volúmenes con pocos inversores, los precios se marcan prácticamente en las grandes lonjas de Chicago, Nueva York, Londres...", apunta Regidor.

A la coyuntura -la inestabilidad política que desata el pánico comprador en muchos países, desastres climáticos o el precio del crudo- se suman los problemas de estructura. Según un informe que acaba de presentar la ONG Intermón Oxfam, apenas 500 compañías controlan el 70% del sector alimentario en todo el mundo. Y tres empresas agrícolas -Cargill, Bunge y ADM- se reparten buena parte del comercio de cereales. Para Gonzalo Fanjul, director del Estudios de la ONG, hay países muy eficientes, con recursos naturales y gran capacidad comercial y otros, entre los que destaca Estados Unidos y los europeos, que cuentan con una cantidad colosal de subsidios para su agricultura cuando son ya grandes exportadores.

"Eso supone una desventaja para otros países, como por ejemplo los del África subsahariana, que tienen mucha capacidad potencial, pero no logran mejorar su agricultura comercialmente por los altos aranceles que les imponen en otros mercados, como es el caso de la Unión Europea", apunta Fanjul.

La ONG ha puesto en marcha esta semana en 24 países la campaña Crece para combatir el hambre. Entre otras medidas, la iniciativa lanza una crítica la política de las ayudas en los países avanzados y cifra en 252.000 millones de dólares (unos 175.000 millones de euros) el total que reciben los países de la OCDE.

"Eliminar las barreras arancelarias ayudaría", admite Torero. Pero la realidad no apunta a esa tendencia. Las presiones de carácter proteccionista, incluyendo restricciones, están creciendo en los países que forman el G-20, según el último informe de vigilancia elaborado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Pero se puede dar un tijeretazo brusco a los subsidios? "Esa es una cuestión política muy sensible y los países tienen su autonomía en ello", responde Torero, si bien defiende "brindar más información al mercado sobre estos subsidios, que la gente los conozca bien".

El número de personas hambrientas en el mundo ha crecido en los últimos años (ver gráfico). Los altos precios de los alimentos y la crisis han empujado a otros 115 millones de personas hacia la pobreza y el hambre, según la FAO (el organismo de Agricultura de Naciones Unidas). En 2009, el número total de personas hambrientas en el mundo alcanzó los 1.000 millones y, aunque desde entonces la cifra ha descendido a 925 millones, Naciones Unidas contempla un nuevo aumento por esta última oleada inflacionista.

Una escalada del petróleo revoluciona los precios, lo cual es un fastidio para las economías occidentales, una noticia constante en los medios y un nuevo problema para los presupuestos familiares. Pero al hablar de esa parte pobre del planeta, el fastidio pasa a la categoría de drama. "El encarecimiento de los alimentos tiene un efecto directo en estas cifras porque los pobres destinan gran parte del su presupuesto (del 50% al 70% frente al 10% o 20% de Estados Unidos) a los alimentos", apunta Torero. Por eso un repunte de la cesta de la compra resulta letal para esa economía familiar.

Ese mundo de 2050 necesita producir más. Hay algunas estimaciones al respecto: la producción de carne tendrá que crecer un 75%, hasta 460 millones de toneladas, y los cereales en 3.000 millones, según datos de varios estudios citados por el IFPRI.

La cuestión es a qué precio. El largo plazo plantea serias incertidumbres en el terreno de los costes para la población. La comida tiene visos de ser cada vez más cara. El cambio climático tiene efectos en las cosechas y, por tanto, en el comportamiento de los precios.

Los alimentos básicos como el trigo, el arroz, el ganado o el maíz sufrirán incremento del 100% al 180% hasta 2030 incorporando el efecto del cambio climático, según Oxfam. Torero, del IFPR, matiza esta valoración: "El cambio climático claramente puede duplicar el precio de los alimentos en 40 años, pero el mayor problema que genera no es tanto eso como la volatilidad".

"Estamos sentados sobre una bomba de relojería y no es por casualidad", alerta Fanjul. Según Oxfam, hasta 2050 la demanda de alimentos se incrementará en un 70% y, sin embargo, la capacidad para incrementar la producción de alimentos está en descenso, ya que la tasa de crecimiento en el rendimiento de las cosechas ha caído en picado. "Si no mejoramos en nivel de reservas y de productividad, la situación será crítica. Si no se aumenta la producción mundial, y los importadores netos, y China empieza a comprar en el mundo... La situación es muy sensible", señala Máximo Torero.

Bettina Prado, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), cree que los países están reaccionado mejor que hace tres años. "La comunidad internacional, muchos Gobiernos se han mostrado mejor preparados y vemos que recurren menos a las restricciones comerciales", apunta, y llama a la cautela antes de predecir una crisis global en toda regla, aunque admite: "No hay duda de que reducir el hambre y la malnutrición mientras la población mundial sigue creciendo supone un gran reto para los próximos años". El IFAD cree que los pequeños propietarios de tierras de países en desarrollo pueden desempeñar un papel más importante del que tienen ahora, ayudando a alimentar a la población las próximas décadas.

Más productividad agrícola, sostenible, adaptarse y mitigar al mismo tiempo los efectos del cambio climático, mejorar la situación de las mujeres del campo, que realizan alrededor de la mitad del trabajo pero tienen poco acceso al crédito, la tecnología y los servicios... La lista de tareas es interminable. Oxfam añade a ella un control a la inversión especulativa en los mercados y también a la adquisición y apropiación de tierras en los países menos desarrollados.

Amanda Mars para El País.

La natalidad puede remontar si el Estado cumple su parte

La natalidad puede remontar si el Estado cumple su parte

Los países que más invierten en apoyo a la familia logran resultados, pero España está a la cola - Es más útil financiar guarderías que dar "cheques-bebé"

"Las buenas políticas familiares son las que ayudan a la gente a trabajar y a tener el número de hijos que quieran tener, y a hacer frente a los desafíos para el mercado laboral de una población que envejece". Esta es la conclusión del megaestudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentado ayer sobre la situación y la atención a las familias en 44 países. La prueba está en los países nórdicos. En un contexto en el que la natalidad ha descendido mucho en la mayoría de países desarrollados desde los años ochenta, las cifras reflejan que allí han conseguido aumentarla con políticas de conciliación que ayudan a las parejas a ser padres sin tener que renunciar a su carrera profesional y sin tener que hacer milagros para combinar empleo y niños.

Noruega ha pasado de 1,72 niños por mujer a 1,98; Suecia, de 1,68 a 1,94; Finlandia de un 1,63 a 1,86; y Dinamarca de 1,55, a 1,84. Y lo han conseguido en un mundo desarrollado en el que parece más complicado tener hijos que hace algunas décadas. Las familias con hijos han desplazado a los mayores como el tipo de hogar de mayor riesgo de pobreza. El porcentaje de niños que viven en hogares pobres en la OCDE ha pasado del 11,6% a mediados de los noventa al 12,7% en 2009; España, con un 17,3%, es el segundo país de la UE con la cifra más alta, solo por detrás de Polonia.

En un contexto de crisis económica, el informe habla del gran reto de las políticas públicas para atender a unas familias cuya complejidad se ha multiplicado, que son más pequeñas (el 21% de los hogares tiene más de un hijo, y el 60%, ninguno), con los padres más mayores, que trabajan más y menos niños viven con sus dos padres (las familias monoparentales de la OCDE son el 8,7%, un punto más que hace 15 años). Uno de los retos es conseguir aumentar la natalidad o, al menos, que la gente tenga el número de hijos que quiera a la edad que desee, algo que, según el informe, "no ocurre en muchos países de la OCDE". Por ejemplo, porque cada vez "más hombres y mujeres quieren establecerse en el mercado laboral antes de iniciar una familia", dice el estudio.

Así, la tasa de natalidad, que en los años setenta era de 2,2 hijos por cada mujer, en 2009 era 1,7. En España, la cifra está en 1,4. Pero, según la última encuesta de fecundidad del CIS, de 2006, las españolas tienen, de media, un hijo menos del que desearían, recuerda la socióloga y demógrafa del CSIC Margarita Delgado.

Muchos expertos, entre ellos Delgado, han enfocado la cuestión de la reducción de la natalidad mientras se da un progresivo envejecimiento de la población, como una situación insostenible a medio y largo plazo porque no habrá suficientes personas trabajando por cada jubilado, sobre todo en el sur y el este de Europa. Sin embargo, otros especialistas rebajan la alarma, y dicen que no es la demografía, sino que son los problemas económicos los que ponen en tensión las pensiones del futuro. "Si yo tuviese que calificar con un único término el cambio demográfico experimentado por España lo haría con la palabra ’progreso", escribía el pasado noviembre en este periódico el también demógrafo del CSIC Julio Pérez Díaz.

Pero, en cualquier caso, ambos enfoques colocan la base para un futuro mejor en el mismo sitio: "Los humanos, una vez dotados de buenas dosis de recursos, cuidados, ocupación, atención, respeto, cultura o justicia, tienen la sorprendente y ancestral peculiaridad de mejorar notablemente las sociedades a las que pertenecen", escribía Pérez Díaz. Es decir, volviendo al estudio de la OCDE, políticas que permitan a la gente tener los hijos que quieran y a las mujeres no tener que elegir entre su trabajo y ser madres. A pesar del espectacular aumento de los últimos 15 años, están empleadas el 53,5% de las españolas, frente al 59,6% de la OCDE.

El gasto público en España en apoyo familiar es el 1,61% del PIB, frente al 2,23 de media de la OCDE y el 3,67% en Francia y Dinamarca. Pero no se trata tampoco de gastar sin más. Para aumentar la natalidad resultan más eficaces las políticas de servicios que las ayudas económicas o las rebajas fiscales, explica la analista de la OCDE María Huerta. Es decir, políticas de conciliación que apoyen la natalidad sin tener que renunciar al potencial de buena parte de las mujeres en el mercado de trabajo.

El estudio sobre familias pone los ejemplos de la baja incidencia en la natalidad de los cheques-bebé en Australia desde 2004 y cuestionan el resultado a largo plazo de una iniciativa similar puesta en marcha en Rusia en 2007. También mencionan el cheque-bebé que se dio en España y que se retiró dentro de las medidas anticrisis. En el lado contrario, el ejemplo son los países nórdicos, donde, con un gasto público elevado en servicios de atención infantil (guarderías, actividades extraescolares, etcétera), "más mujeres trabajan y nacen más niños", dice Huerta.

En España, la escolarización de los menores de seis años presenta buenas cifras: 67% frente al 58% de media de la OCDE en 2008. Sin embargo, se trata también de la calidad y del coste, sobre todo en las guarderías para menores de tres años. En España acude a estos centros el 37,5% de los niños, pero las diferencias entre los hijos de familias pobres y de medios y altos ingresos es de 20 puntos (van el 23% de los pobres y más del 43% del resto). En Noruega, por ejemplo, esa diferencia es de menos de seis puntos, y globalmente van a clase el 45%. El Gobierno español puso en marcha en 2007 el programa Educa3 para aumentar las plazas de guardería, pero aún no se ha hecho ningún estudio sobre su impacto.

Pero, según María Huerta, quizá el mayor problema en este sentido en España llega en la educación primaria a la hora de intentar casar los horarios y las vacaciones escolares con los del trabajo de los padres. Según el estudio de la OCDE, en 2006 apenas un 6% de los niños españoles de 6 a 11 años se beneficiaban de servicios de atención pública fuera del horario esolar, mientras que en Dinamarca, Suecia, Hungría y Australia eran entre el 50% y el 70% de los chavales los que se beneficiaban de esos servicios, muchas veces, dentro de los propios colegios. Es cierto que en España ese 6% no refleja el porcentaje de chavales que hacen actividades extraescolares (las hacen la inmensa mayoría), que en muchas ocasiones cuentan con subvenciones públicas, por ejemplo, de Ayuntamientos. Sin embargo, la oferta es muy dispersa (suelen encargarse las asociaciones de padres) y no garantiza, de nuevo, que puedan acceder a ellas las familias con menos ingresos.

Sin embargo, las medidas de conciliación van más allá. Tienen que ver, por ejemplo, con los permisos de maternidad y paternidad apoyados con dinero público. Pero el estudio sugiere que estos permisos son más eficaces cuando apoyan el reparto de las bajas entre padres y madres, pues son estas últimas las que las suelen tomar y, por lo tanto, afecta más a su carrera el hecho de tener un hijo. En España, el permiso destinado para ellos es de dos semanas, mientras que en los países nórdicos tienen entre siete y 13, y en Alemania, 17. Y las empresas también tienen que hacer su parte. En España, el 73% de los empleados no tienen voz alguna a la hora de fijar su horario; en Holanda, Suecia o Dinamarca esa cifra está entre el 35% y el 40%.

Pero España también necesita un cambio cultural, añade Delgado. A la hora de repartir tareas domésticas, ellos dedican menos de dos horas al día y ellas, unas cinco; esta es la sexta mayor diferencia de los países desarrollados. Pero la cuestión también se refiere al apoyo familiar que en los países del sur de Europa, también en España, tradicionalmente han tapado muchos de los agujeros que dejaban los servicios públicos. Un 25% de los abuelos se ocupan diariamente de sus nietos. Pero esto no puede durar siempre, advierte Margarita Delgado, para empezar, porque muchos de los abuelos y, sobre todo, abuelas de hoy están trabajando cuando sus nietos son pequeños.

Delgado cuenta que ese apoyo familiar puede estar teniendo efectos perversos, pues hace que los jóvenes se emancipen más tarde y, por lo tanto, pospongan la edad de maternidad, con lo que al final se tienen menos hijos aunque se quieran más. Las españolas son madres, de media, a los 29 años, la cuarta edad más tardía de la OCDE. Sería injusto, en cualquier caso, no destacar aquí que el elevado precio de la vivienda, unido a la inestabilidad laboral y el paro que ha atacado a los jóvenes españoles durante toda la década, tampoco invita a tener hijos. Con el 42%, España tiene la tasa de paro juvenil más alta de la UE.

J.A. Unión para El País.

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La democracia soñada

La democracia soñada

Nada hay más inquietante para los estados mayores políticos que un fenómeno fuera de control y de agenda. No cabe responder con encuestas ni consultar a los expertos y a los focus group. No hay campaña de publicidad que sirva. Ni siquiera se sabe a quién puede beneficiar o quién puede sacar tajada. Todos los partidos temen como al granizo que sean los otros quienes lo aprovechen. El PP dice que lo está organizando el PSOE, y el PSOE asegura que va a contribuir a la abstención y a la victoria del PP.

Todos estamos indignados y casi ya no sabemos quiénes son los indignantes. ¿Será al final un solo hombre, un banquero o un presidente de Gobierno por ejemplo? Cuidado, porque si así fuera, se trataría de otra cosa: un chivo expiatorio. Esta indefinición señala una revolución sin sujeto. Si caben los parados y los empresarios, los mileuristas y los profesionales, los revoltosos de hoy y los revoltosos de hace 40 años, entonces es un movimiento que no se identifica con un grupo definible, sino con todos. Es entonces una revolución sin sujeto revolucionario.  

Pero es una revolución, adjetivada como española y surgida de un mimetismo perfectamente explicable. Si los jóvenes árabes se levantan, ¿por qué no se pueden levantar los jóvenes españoles? Si la democracia se constituye frente a la dictadura, ¿por qué no se puede reconstituir frente al anquilosamiento y la disfuncionalidad? Ahí están los tres elementos del cóctel: un cambio generacional, la tecnología de las redes sociales y la crisis económica que quita trabajos, viviendas y esperanzas. Para que esta revolución tenga objeto necesita unos objetivos tan claros, difíciles pero tangibles como era echar a Ben Ali o a Mubarak. Aquí esto ya se experimentó, de otra forma, aunque su impulso aparece agotado para las nuevas generaciones. Como ha señalado Felipe González, los jóvenes árabes querían votar como nosotros y los nuestros quieren que no se vote.

Ahí está la diferencia. Cuando una revolución lo impugna todo, al final pierde foco y no impugna nada. Se queda sin objeto. ¿Cambiar la ley electoral? Muy bien. ¿Que los partidos organicen primarias? Perfecto. ¿Que los corruptos se vayan de la política? Albricias. ¿Más impuestos para los ricos y más servicios sociales para los pobres? ¡Qué bien! ¿Que la crisis no la paguen los de siempre? Más que encomiable. Nada que ver con echar al dictador. Y algunos pequeños problemas de solución difícil. ¿Cómo se hace? ¿Quién prepara y decide todas estas reformas? ¿Cuáles son los reconstituyentes concretos y eficaces para una democracia con síntomas de anemia?

La respuesta está bien sintetizada: la democracia real, una forma adjetiva de la democracia que denuncia lo que ahora echamos en falta. No sirve la democracia directa, bellísima en la utopía y en la idealización del ágora griega, pero coartada para la dictadura (véase la república asamblearia de Gadafi). Tampoco la democracia popular que, cuando existió, indicaba exactamente lo contrario: dictadura de un pequeño grupo de burócratas. La democracia real denuncia la idea de una democracia de ficción o virtual, que ya no es efectiva. Pero sería peligroso que toda democracia fuera tachada de ficticia y que se propugnara una democracia arcangélica cuya esencia y sistema de funcionamiento nadie conoce.

No tiene sujeto ni objeto, pero sí tiene sentido. La protesta, a pesar de las conspiraciones que quieran imaginar unos u otros, es síntoma y a la vez estímulo. Demuestra la funcionalidad de la indignación y la encauza. Los organizadores, partidarios de la conversación democrática y del combate por medios pacíficos, ejercen sus derechos de manifestación y de expresión. Quieren perfeccionar el sistema aunque tengan la apariencia de atacar al sistema. Hacen política en estado puro aunque se la tache de antipolítica. Sus protagonistas quieren rentabilizar el malestar y la desafección. Y pueden estar satisfechos, porque ya lo han conseguido. El foco del último tramo de la campaña electoral ha sido entero para ellos. Pero la respuesta a los numerosos interrogantes que plantean deben responderla antes y después de las elecciones los dirigentes y los partidos políticos.

La democracia real es la que tenemos. No hay otra. El sueño debe ser que funcione y que funcione bien, a satisfacción, si no de todos, de cuantos más mejor. Para cambiarla solo hay un método: no se conoce otro. Como dice el tópico, el menos malo de todos los sistemas, aunque se halle en crisis. Se trata precisamente de la democracia representativa: escogemos de vez en cuando a unos representantes que se organizan en partidos para gobernar y legislar. Debemos elegirlos con más tiento y someterlos a mayor control y escrutinio, en vez de dejarlos sueltos, es verdad. Pero ellos son los que pueden cambiar esas cosas que no nos gustan: la ley electoral, las primarias, los impuestos, el Estado de bienestar. Para que lo puedan hacer, finalmente, hay que votarles.

Lluis Bassets en El País.

La indignación no es suficiente

La indignación no es suficiente

En una sociedad con ciudadanía de baja intensidad, desafección galopante hacia la política, debates planos y argumentos inexistentes, cualquier llamamiento a sumarse a las críticas encuentra una inmediata acogida. Si quien escribe ¡Indignaos! es Hessel, que es además un luchador de la Resistencia francesa, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si quienes han escrito Reacciona son personas de indudable talla intelectual, entonces resulta imposible llevarles la contraria o matizar sus opiniones sin parecer un mercenario del sistema.

Et pourtant... La indignación es una virtud cívica necesaria pero insuficiente. Lo siento por estos autores pero yo veo las cosas de otra manera y el problema fundamental en otro sitio. De entrada, no nos sobra indignación sino todo lo contrario. Indignación la hay en todas partes; basta hacer un poco de zapping y uno se encuentra, sobre todo, gente indignada (preferentemente en los canales de la extrema derecha). Indignados están, por ejemplo, los que creen que el Estado de bienestar disminuye pero también los que consideran que está yendo demasiado lejos, los que piensan que ya hay demasiados extranjeros, los fanáticos de todo tipo, aquellos cuyo miedo ha sido agitado por quienes aspiran a gestionarlo.

Nuestras sociedades están llenas de gente que está "en contra" y escasean los que están "a favor" de algo concreto e identificable. El problema es cómo nos enfrentamos al hecho de que lo que moviliza son energías negativas de indignación, afectación y victimización. Es lo que Pierre Rosanvallon ha denominado como "era de la política negativa", en la que quienes rechazan no lo hacen a la manera de los antiguos rebeldes o disidentes, ya que su actitud no diseña ningún horizonte deseable, ningún programa de acción. En este panorama, el problema es cómo distinguir la cólera regresiva de la indignación justa y poner esta última al servicio de movimientos con eficacia transformadora.

¿Y si el público que escucha con agrado esas imprecaciones no fuera la solución sino parte del problema? Pedir a la gente que se indigne equivale a darles la razón para que continúen como hasta ahora, viviendo en una mezcla de conformismo e indignación improductiva. Lo revolucionario sería romper eficazmente con el populismo, con esa inmediatez y adulación que está en el origen de nuestras peores regresiones. Y este tipo de llamamientos sigue ofreciendo explicaciones simples para problemas complejos. La indignación deja de ser en exabrupto inofensivo e ineficaz a la hora de modificar los hechos intolerables que la suscitan cuando incluye además algún análisis razonable de por qué pasa lo que pasa, si identifica bien los problemas en vez de contentarse con haber encontrado a los culpables, si propone algún horizonte de acción.

¿Y si la indignación actuara en beneficio de quienes están satisfechos o incluso son responsables del estado de cosas contra las que nos indignamos? Puede ser que esas explosiones de airada protesta sean menos transformadoras de la realidad que el trabajo sostenido en el tiempo para formular buenos análisis y esforzarse pacientemente por introducir algunas mejoras. Se podría hablar de una función conservadora de la indignación que estabiliza los sistemas como lo hacen las válvulas de escape o las canas al aire, tan funcionales a la hora de dejar las cosas como están. Ese algo más que necesitamos para transitar hacia un mundo mejor no es una mayor exageración dramática de nuestro descontento; es, de entrada, una buena teoría que nos permita comprender lo que está pasando en el mundo sin caer en la cómoda tentación de escamotear su complejidad. Solo a partir de entonces pueden formularse programas, proyectos o liderazgos que permitan un tipo de intervención social eficaz, coherente y capaz de resultar atractiva para una mayoría que no esté formada solo por gente cabreada.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com).

La 'tasa Robin Hood' se instala en el limbo

La 'tasa Robin Hood' se instala en el limbo

La defensa de un impuesto financiero global abandona la utopía, pero se queda estancada en los discursos de los líderes políticos - El G20 no logra el consenso internacional suficiente

La mano invisible, esa que Adam Smith creía capaz de mover con diligencia al mercado, no debería convertirse en "un puño". El antiguo modelo de globalización, que sacó de la pobreza a millones de personas, tenía, al cabo, una cara oculta: un creciente abismo entre ricos y pobres. La mundialización financiera ha aumentado las desigualdades. Es hora de una globalización más justa.

Quien se despachó así hace un par de semanas en una universidad de Washington no era portavoz de ningún movimiento anti-globalización, ni de una ONG. Era ni más ni menos que el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, quien, dicho sea de paso, se perfila como uno de los posibles candidatos socialistas y rival de Nicolas Sarkozy en las elecciones presidenciales francesas que se juegan de 2012, aunque aún no ha dado el paso.

Strauss-Kahn, claves políticas al margen, defendió la implantación de un impuesto a las actividades financieras para obligar a la banca a absorber parte de los costes sociales de su comportamiento de vértigo, germen de la tormenta financiera. Reclamó la mejora de la supervisión mundial y un marco macroeconómico para un "nuevo mundo". Y con este, dijo, "el péndulo se desplazará -por lo menos un poco- del mercado hacia el Estado". Más Estado y menos mercado, binomio sacrílego antes de esta crisis. El patrón del FMI dando por amortizado el consenso de Washington y, con él, sus grandes mantras. A saber: que desregulación y privatización generan prosperidad per se, que nada como el propio mercado se supervisa y corrige mejor a sí mismo...

Adiós al tabú. Hablar de un impuesto global a los bancos ya no es mentar la bicha. Un millar de economistas de 53 países distintos enviaron hace dos semanas una carta al G-20 (el grupo formado por las grandes potencias económicas y las emergentes) para reclamar la implantación de lo que se ha rebautizado por las ONG como una tasa Robin Hood, una nueva versión de la tasa Tobin que grava las transacciones financieras no minoristas cuyos ingresos se destinasen a combatir la pobreza, el cambio climático y la población castigada por la crisis. En la lista de economistas figuran nombres como el de Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, o Dani Rodrik, de Harvard.

Líderes como Sarkozy que ahora ocupa la presidencia del G-20, y José Luis Rodríguez Zapatero también defendieron una tasa global de estas características en septiembre ante la ONU, durante la Reunión del Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y el FMI, aunque rechaza gravar las transacciones financieras, ha dado en esta crisis un vuelco a su postura al defender por primera vez impuestos al sector.

La mal llamada tasa Tobin -se utiliza el mismo nombre para fórmulas muy dispares- ha viajado del terreno de la utopía al debate de los grandes órganos de poder económico, aunque de momento se halla en el limbo de las buenas intenciones. El impuesto sobre los intercambios monetarios internacionales fue ideado por el Nobel James Tobin en los setenta, inspirado en Keynes, con el fin de "echar arena" en los engranajes de los mercados financieros y frenar la especulación. Luego fue tomada como bandera de los movimientos antiglobalización en los noventa -sobre todo de ATTAC-, de los que el economista de Yale se desmarcó.

¿Una tasa Tobin verá la luz? Cuando le hicieron una pregunta similar al propio Nobel, fallecido en 2002, respondió: "En absoluto, se oponen a ella los que deciden". Al menos tres giros en el guion del capitalismo reciente explican su oportunidad: la tecnología hace posible registrar los millones de transacciones financieras diarias que hace 40 años no se podían controlar; políticos de alto nivel y académicos de prestigio la han adoptado sin complejos como bandera; y tercero, los estragos que el capitalismo de casino -o de bingo- han provocado han resultado la mejor campaña para ganarse el respaldo social. Pero lagunas como la falta de definición y de consenso internacional, la mantiene de momento en el limbo de las buenas intenciones.

"La mentalidad está cambiando de un modo que yo no había anticipado", explica el economista alemán Paul Bernd Spahn, quien lideró en Alemania a principios de la década de 2000 un debate para implantar una Tobin reformulada para gravar los flujos de divisas. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, destaca las dificultades de la implantación de una tasa, aunque cree que "tarde o temprano, la tendencia es ir hacia la creación de una Agencia Tributaria mundial y el G-20 sería el padrino idóneo".

Pero el G-20 celebra sus reuniones muy lejos del bosque de Sherwood, ese en el que un héroe robaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Y Robin de Locksley no se ha dejado caer por las últimas citas. La UE aprobó en su cumbre de junio la implantación de una tasa de transacciones financieras, pero la supeditó a un acuerdo global con los países del G-20. Y el encuentro de Toronto de aquel mismo mes, en el que se debatió el establecimiento de nuevos impuestos los bancos e incluso la famosa tasa, lo descartó. Los mandatarios europeos y estadounidenses no lograron a convencer a los emergentes (Brasil, China, India) y otros desarrollados, como Canadá y Australia, que no han tenido que llevar a cabo rescates bancarios.

Oxfam ha retomado la defensa por la Tobin, con la Campaña por la tasa Robin Hood, un movimiento nacido en Reino Unido y trasladado a varios países cuyo ideólogo es Max Lawson, quien da por seguro que "2011 será el año de la tasa financiera". En España es Intermón Oxfam quien defiende esta campaña por el gravamen, que se aplicaría a las operaciones financieras de instituciones y profesionales, como el intercambio de acciones, bonos y otros en mercados organizados y operaciones extrabursátiles (OTC). Un tipo del 0,05% permitiría recaudar unos 400.000 millones de dólares en el mundo, y del 0,005%, 40.000 millones, según sus estimaciones. "El retorno sería recaudado a nivel nacional para destinarlo a las prioridades decididas por cada uno, aunque pedimos a cada Estado rico que done la mitad para luchar contra la pobreza", apunta Lawson.

El FMI, en concreto, propone una tasa fija sobre activos bancarios, sobre todo los de mayor riesgo, y una tasa sobre los beneficios que contribuiría a reducir el tamaño de las entidades: la Financial Activities Tax (FAT), cuyas siglas forman la palabra gordo en inglés.

Los bancos españoles rechazan impuestos cuyo objetivo sea recuperar ayudas públicas o penalizar el riesgo excesivo. "Los bancos españoles, por su modelo de banca comercial, no han contribuido en el desarrollo y desenlace de la crisis financiera internacional, tampoco han recibido ayudas públicas de capitalización", explican fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB), de modo que "no tendría sentido, y además sería injusto, imponer a los bancos españoles una tasa que persiga alguno de esos dos objetivos". Si el fin es crear un colchón ante futuras crisis financieras, "los bancos españoles disponen del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se capitaliza de forma permanente", añaden las mismas fuentes.

La patronal de las cajas de ahorros, la CECA, rehúye hacer declaraciones, si bien fuentes de este sector defienden la "neutralidad" de los productos financieros, para que ningún gravamen traslade el coste a los clientes.

"El sistema financiero actual es como un Ferrari que va sin faros por una carretera con curvas por la que nunca ha circulado, a toda velocidad", dice y retoma la metáfora de Tobin: "La única manera, en mi opinión, de evitar accidentes es poner baches en la carretera, echar un poco de arena en la máquina". Pero ¿seguro que la Tobin es la solución? "La tasa es potencialmente una buena forma de hacerlo, aunque la implementación es complicada y requiere un acuerdo internacional", muy difícil. Pero, en cualquier caso, "hay que entender que tal tasa no hubiera afectado a las burbujas inmobiliarias, y a la crisis del euro que estamos sufriendo", advierte Garicano.

Otros diques mantienen la batalla plácidamente estancada en los discursos. No hay definición ni consenso sobre el tipo de impuesto concreto que debería diseñarse, tampoco sobre los fines exactos a los que se destinaría su recaudación ni mucho menos el órgano supranacional que lo recaudaría, nuevo o ya existente (Banco Internacional de Pagos, Banco Mundial, FMI u otros), o si sería Estado por Estado. "Eso no deja de ser dar más poder a un organismo de Washington, también sería posible una aproximación país a país", dice Carlos Mulas, director de la Fundación IDEAS, que alumbró un informe dirigido por el Nobel Joseph Stiglitz que defiende los efectos que tendría una tasa financiera.

"El FMI y el Banco Mundial han perdido mucha credibilidad en la zona de América Latina", tercia Juan José Rubio, quien se muestra más partidario de alguna organización vinculada a la ONU. De hecho, en su opinión, "tampoco Washington pretende acumular más papel, Barack Obama se ha mostrado en estos años más partidario de distribuir un poco más las responsabilidades y eso se ve también en cómo ha afrontado las relaciones internacionales". El catedrático defiende un control vinculado a la ONU, pero recalca la necesidad de que cualquier gravamen tenga una dimensión global, dados los desplazamientos de capital que supondría que solo se aplicasen en algunos mercados.

La banca también advierte de eventuales de capital. Los defensores de la tasa coinciden en poner el mismo ejemplo: Reino Unido grava con un 0,5% las transacciones de acciones y Londres permanece como una de las mayores plazas financieras del mundo. También Brasil aplica desde 2009 un impuesto sobre operaciones financieras (IOF) del 2% con el fin de frenar la apreciación del su moneda, debido al fenomenal crecimiento económico y la entrada de capital caliente.

Desde Alemania, Spahn sí reconoce, no obstante, que este tipo de transacción está muy descentralizado, de modo que propone "comenzar con impuestos de transacciones monetarias para lograr cierta experiencia". El catedrático alemán plantea actuar sobre las transacciones que están altamente concentradas (y que es necesario resolver con el Banco Central Europeo (BCE), de forma que la parte en euros fuese gravada (a una tasa muy baja) en el cierre. En este caso, el BCE podría ser el recaudador y distribuidor de esos nuevos ingresos fiscales generados.

De momento, los que sí se han convertido en realidad son algunos impuestos a la banca en varios países (Alemania, por ejemplo) para asegurar el pago de rescates ante futuras crisis.El estudio de IDEAS defiende tres tipos de impuestos (ver cuadro), uno que incremente el IRPF sobre las plusvalías financieras, otro sobre los activos y el que defiende como idóneo, el de las transacciones financieras. Para este último plantean un tipo de entre el 0,01% y el 0,05% del importe negociado que restase atractivo a las operaciones especulativas cuyo beneficio depende de oscilaciones de precios muy pequeñas y de corto plazo (pero sobre grandes volúmenes, de ahí lo jugoso del negocio). La medida podría reducir este tipo de contrataciones hasta un 65%, tras el cual se prevé una recaudación de 2.200 millones de euros en España y de 467.000 millones en todo el mundo, según los expertos (ver cuadro).

Ese "puño" del que hablaba Dominique Strauss-Kahn -se supone que también invisible, como la mano del mercado, y, por tanto, bastante peligroso- no trata a todos por igual. Paul Krugman habló con mucha ironía del "sacrificio compartido" en uno de sus últimos artículos: "Los pobres tienen que aceptar grandes recortes en Medicaid

[seguro médico para personas con pocos ingresos] y los cupones de alimentos; la clase media tiene que aceptar grandes recortes en Medicare [seguro médico para personas mayores de 65 años] que en realidad suponen el desmantelamiento de todo el programa, y que las corporaciones y los ricos tienen que aceptar grandes bajadas en los impuestos que tienen que pagar. ¡Sacrificio compartido!".

Jesús Lizcano, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, enmarca cualquier iniciativa para una tasa en el proceso hacia una mayor gobernanza económica global (un tema recurrente en Europa al prender la discordia entre una política monetaria común y la falta de sintonía fiscal). Lizcano destaca que la tormenta financiera "sensibiliza mucho" y que, independientemente del futuro próximo, "el debate ha alcanzado un punto sustantivo sobre el que es difícil volver atrás".

Ahora, a la vista de discursos como el de Nicolas Sarkozy, por ejemplo, parece que cosecha más apoyos que nunca. Aunque el presidente francés ha recibido alguna que otra acusación de electoralista. La última, la semana pasada. Su Gobierno anunció una ley para obligar al pago de una prima a los trabajadores de las empresas de más de 50 empleados que, aumenten los dividendos que pagan a sus accionistas. Otro -el enésimo- problema de la tasa Robin Hood es que el espíritu del arquero de Locksley convierta en un juguete político.

Amanda Mars para El País.

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