Morir dignamente

EL debate público sobre la eutanasia suele descuidar un asunto medular. Me refiero al efecto desmoralizador que los alegatos en pro del suicidio asistido causan entre quienes sobrellevan una existencia signada por el dolor. Para ellos y para sus familiares, cada nuevo día pone a prueba su capacidad de resistencia, sus ganas de seguir viviendo y de seguir dando vida. Me parece una grave irresponsabilidad que estas personas que han hecho del sacrificio y el afán de superación una épica cotidiana, que se esfuerzan por mantener enhiestos los añicos de su maltrecho ánimo, reciban constantemente incitaciones al desistimiento. Me parece ignominioso que se haya impuesto la expresión «derecho a morir dignamente» para referirse a la eutanasia, como si la muerte de quienes deciden afrontar los innombrables sufrimientos que su enfermedad les acarrea fuese indigna; como si su vida, mermada en las facultades físicas, no mereciera la pena ser vivida. Me parece escandaloso, en fin, que cada vez que alguien decide poner fin a su existencia, en pleno uso de su voluntad o -como suele ser más frecuente- a impulsos de una voluntad gravemente viciada (por las penalidades que padece y por la propaganda ambiental), enseguida sea encumbrado a la categoría de héroe mediático. Cuando los verdaderos héroes, quienes de verdad demandan nuestro reconocimiento y gratitud, son los miles de personas que, aun en medio de la postración, mantienen invicto su deseo de morir cuando la naturaleza lo decrete. Que ésta es, por mucho que la propaganda cacaree lo contrario, la muerte más digna y valiente.

El reportaje que ayer publicaba María José Muñoz en este periódico daba voz a quienes habitualmente carecen de ella: esa infinita mayoría de tetrapléjicos que, pese al pedrisco de la propaganda, perseveran en su deseo de vivir. Son ellos, y los familiares que los atienden, quienes merecen -aparte de apoyo material y asistencial- el aplauso que insensatamente se tributa a quienes carecen de su entereza de ánimo. Quienes ponen fin a su vida, incapaces de soportar por más tiempo el diario tormento de una existencia mermada, deben merecer nuestro más hondo respeto; pero de ahí a entronizarlos como modelos media un largo trecho, sólo salvable para las sociedades que han dimitido de sus valores y declinado sus obligaciones. Porque preservar la vida de sus individuos es una obligación que compete a la sociedad; y cuando la sociedad declina esa obligación, o incluso la revierte, proclamando un demencial «derecho a la muerte», podemos afirmar, sin temor a errar el diagnóstico, que se trata de una sociedad enferma, poseída por un arrebato de automutilación.

Es regla general del Derecho que un principio jurídico no puede ejercerse para ser destruido o anulado: un hombre no puede utilizar su libertad para abdicar de ella y convertirse voluntariamente en esclavo; tampoco puede utilizarla para exigir el fin de su vida. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que «el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte». Y también que «la vida es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» y un «supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible». Y, aunque estemos asistiendo a una destrucción acelerada del Derecho, conviene recordar que las sentencias del Tribunal Constitucional no pueden ser conculcadas por leyes adventicias regidas por la matemática parlamentaria. La obligación del Derecho (mientras aún exista) es proteger la vida, no facilitar la muerte. El primer paso en esa «protección positiva» de la vida podría consistir en impedir que la propaganda ambiental y sus promotores desmoralicen a quienes, en un acto supremo de dignidad, deciden seguir viviendo, sobreponiéndose al dolor.

Juan Manuel de Prada