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El síndrome confederal

El síndrome confederal

En sus explicaciones sobre el pensamiento político del siglo XIX, José Antonio Maravall no ocultaba su simpatía por Francisco Pi y Margall. Su proyecto de organización federal de España, asentado sobre las reformas sociales, le parecía a largo plazo mucho más realista que la centralización y el nacionalismo español conservadores de Cánovas. Había sin embargo un punto débil. Pi no percibía la distinción entre federación y confederación, esto es, entre la articulación de sucesivos niveles de poder hasta configurar un centro último de decisiones, la federación, y la primacía reservada a la "soberanía" de cada uno de los Estados asociados sobre las competencias delegadas a un centro reducido a funciones de coordinación, la confederación.

La descentralización de competencias puede ser muy amplia en la federación, incluso en el nuevo federalismo cabe insistir en la importancia de las funciones compartidas entre el Estado central y los Estados federados, pero el núcleo de las decisiones políticas y la garantía de la igualdad de derechos permanecen en manos del Gobierno y las instituciones federales. La ventaja aparente de la confederación reside en "sentirse cómodos" (Maragall) y su gran inconveniente en que la paridad entre los componentes, así como la simple condición de mediador del centro, impiden que el Estado cree un mecanismo eficaz de resolución de los conflictos. Además, según advirtiera Hamilton en El Federalista, sobre la experiencia de los primeros pasos confederales en Norteamérica, el predominio de los intereses propios daba lugar a verse "alternativamente amigos y enemigos entre sí, con mutuos celos y rivalidades".

Las confederaciones han estallado en los dos últimos siglos una tras otra. Recordemos la trágica explosión de Yugoslavia al hacer valer Milosevic el predominio fáctico de Serbia sobre las reglas confederales establecidas por la Constitución de 1974, empezando por la rotación de la presidencia. En cuanto a la Confederación suiza, por la Constitución de 1999, se autodefine como Estado federal.

En ésta y en otras cuestiones, nuestra clase política no escapa a la calificación establecida por el arbitrista González de Cellorigo, quien en "el tiempo del Quijote" definía a España como "una república de hombres encantados", en estado de permanente disociación respecto de la realidad. Asuntos como la montaña de juicios sin tramitar o la increíble peripecia de los policías tipo Sed de mal en Coslada llevan a la pregunta de si tienen existencia real los ministerios y organismos competentes. Otro tanto cabe decir de los grandes especialistas que hubieran debido ir más allá del tema de la constitucionalidad formal de los nuevos Estatutos, catalán a la cabeza, preguntándose por el curso que iba a adoptar el propio Estado de entrar en vigor esta singular reforma del orden constitucional, socavando la estructura del mismo en nombre del principio de bilateralidad. El Consejo de Estado emitió un notable dictamen de alcance general al que nadie hizo caso. Luego, silencio.

España no se ha roto, pero la aplicación del criterio de la comodidad, un policentrismo de hecho, muestra cómo la deriva confederal introduce crecientes elementos de disociación. "A cada comunidad, su río", de manera que en tiempo de sequía el Estado tiene que acudir a solidaridades de partido y a eufemismos para que el agua disponible llegue a quien la necesita. No es cuestión de conferencias ni de buenas voluntades: la soberanía de una comunidad sobre tales recursos contradice el interés general. Otro tanto cabe decir de la reforma financiera interterritorial. Puede ser necesaria para quienes más pagan como Cataluña (o Baleares, o Madrid), pero lo grave es el planteamiento del president Montilla, que se limita a esgrimir frente al Estado la supuesta imposibilidad de que Cataluña soporte la situación actual, proponiendo la aplicación del principio que ya contenía la Constitución de los confederados en la guerra de Secesión americana: no aportar recursos para disminuir la desigualdad interterritorial. Es la afirmación más nítida de un principio de bilateralidad, que reposa sobre la lógica interna del Estatut, por encima de los remiendos para "constitucionalizarlo": hay una nación, Cataluña, y un Estado español, nunca España. De nuevo conferencias y tratos para salir del paso. Falta un mecanismo constitucional, de carácter federal, que aborde tales conflictos de decisiva importancia.

No hablemos de Ibarretxe. Incluso un hombre discreto como Montilla, ex ministro, acepta la falsa evidencia de que es posible pensarlo todo exclusivamente desde Cataluña, que resulta lógica la hegemonía impuesta al modo de Quebec hasta el límite en la enseñanza y en la expresión pública de la "lengua propia" sobre el idioma de todos, que la política de apoyo a los inmigrantes musulmanes, como explica el profesor Moreras, entregada a ERC, tenga por objetivo ganarles para la idea de la independencia de Cataluña, que la idea de solidaridad característica de la izquierda haya sido reemplazada por la defensa a ultranza de los propios intereses económicos.

Claro que Cataluña da muchos votos al PSC y que cualquier lector de su ponencia política puede apreciar el apego del PP a una concepción preconstitucional, unitaria, sin nacionalidades, de la nación española. Petición final: que Montilla, de un lado, y el ponente popular, de otro, dejen de mencionar el nombre de federación contradiciendo su significado.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.


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