Un Estado federal incompleto

Los principios presentados por el vicepresidente Solbes como criterios-base para la financiación autonómica parecen haber satisfecho a grandes rasgos la mayoría de las demandas de las comunidades autónomas. El resultado ha sido bueno si consideramos la endiablada concurrencia de intereses territoriales que había que acomodar. Desde luego, el conflicto se ha resuelto por elevación, aumentando la cantidad total de recursos para las comunidades autónomas. De ahí que las más importantes críticas no hayan sido tanto a los criterios del reparto cuanto a sus posibles consecuencias. A saber, la correlativa debilitación de la capacidad financiera del Estado y, por ende, de su capacidad de acción política; al adelgazamiento del Estado y al correspondiente robustecimiento de las comunidades autónomas. Una vuelta de tuerca más en el proceso de federalización de España. Es muy posible que esto haya sido inevitable dada la particular configuración de que hemos dotado a las Autonomías: a mayores competencias, mayor necesidad también de disponer de los recursos suficientes para hacerlas frente. Pura lógica. ¿O es acaso viable que comencemos a desandar el camino que nos ha conducido hasta aquí?

A la espera de nuevas reacciones políticas a medida que se vayan levantando nuevas cartas, algo ya parece claro: el Estado español es un Estado federal. No hay muchos otros países en los que el porcentaje de los Presupuestos públicos en manos de las unidades territoriales sea equiparable al nuestro. Pero es un Estado federal demediado. Carecemos de los instrumentos políticos necesarios para mantener la congruencia debida entre el sistema que hemos creado y su efectiva viabilidad política. Seguramente sea uno de los costes que hemos de pagar por disponer de un modelo en construcción permanente. Pero quizá por eso mismo ha llegado ya el momento de tomar conciencia de este desfase y adoptar las medidas necesarias para alcanzar lo que debe ser el fin último de todo Estado federal: crear un adecuado balance entre una firme lealtad al centro y el legítimo respeto al autogobierno autonómico. ¿Cuáles son los elementos que se oponen a la consecución de este objetivo?

1.- El primero y fundamental es la ausencia de una institución de auténtica representación territorial, un Senado ajustado a lo que realmente somos. O, lo que es lo mismo, una instancia de representación multilateral entre las comunidades autónomas y el Estado. El "bilateralismo a 17" -o a 15 en temas presupuestarios- es un verdadero sinsentido, como se ha visto en el proceso a través del cual se ha pergeñado la nueva financiación. ¿No hubiéramos preferido que se debatiera en una cámara ad hoc en vez de en la prensa y a través de continuas entradas y salidas de diferentes presidentes autonómicos en La Moncloa? Si Rajoy realmente piensa que Zapatero "ha engañado a todos" ¿por qué no promueve un pacto para reformar la conformación constitucional del Senado?

2.- La presencia, también aquí, del código Gobierno/oposición. Se ha roto ya el tópico según el cual los dos grandes partidos nacionales eran quienes facilitaban la vertebración del Estado. La traslación del conflicto político al ámbito de la organización territorial del Estado ha sido permanente. Lo novedoso ha sido que el intento por parte del PSOE y del PP de "agrupar" a sus gobiernos autonómicos en torno a una "posición común" frente o a favor de esta última decisión del Gobierno se ha encontrado con obvias resistencias, como se pudo contemplar en el caso de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana; o en Cataluña, donde parece primar la propia estabilidad de la coalición gobernante sobre la lealtad de partido.

3.- Nos falta implantar una cultura de "federalismo cooperativo", como lo denomina Ramón Maiz en su imprescindible libro La frontera interior (Ed. Tres Fronteras, 2008). Es decir, eliminar las tentaciones por parte del Estado de erosionar el autogobierno de las comunidades, pero también las de éstas para socavar a la federación mediante la deslealtad, el oportunismo y la no cooperación.

4.- No poseemos tampoco una adecuada percepción ciudadana de lo que significa un verdadero Gobierno multinivel. Los ciudadanos ignoran quién es el responsable por la prestación de qué servicios, y esto afecta decisivamente a la hora de rendir cuentas a los políticos por según qué decisiones. La pedagogía aquí se hace imprescindible para que no paguen tirios por troyanos y la congruencia del reparto del poder se traslade al espacio público.

En definitiva, somos ya una democracia lo suficientemente madura como para no llamar a la cosa por su nombre y actuar en consecuencia.

Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la UAM.