Sudán como chivo

Ante un mundo impasible, Sudán se desangra en Darfur. No es la única herida de África, donde la impunidad reina. La Corte Penal Internacional quiere procesar al presidente sudanés. ¿El mejor camino?

África no es inocente. Es decir, buena parte de los dirigentes africanos no son inocentes de las atroces injusticias que sufren sus pueblos. El caso de Sudán es paradigmático: la población “africana” (cristianos y animistas al sur, musulmanes al oeste, en el martirizado Darfur) ha sido sometida a una férrea dictadura militar, trufada de islamismo, que para sus políticas de exterminio ha gozado del respaldo de potencias como Rusia y sobre todo China, ávida del petróleo que atesora el subsuelo del país más grande de África. La ONU ha vuelto a mostrar la inoperancia que dio vía libre al genocidio ruandés, acaso todavía lastrada por el estrepitoso fracaso de Somalia, donde puso en marcha una intervención militar humanitaria que acabó como el rosario de la aura y dejó al Cuerno de África abandonado a su suerte. La Corte Penal Internacional (CPI), cuya constitución en Roma hace una década desató grandes expectativas de poner coto a la impunidad de tantos líderes que desprecian a sus pueblos, todavía no ha juzgado a nadie. Vivero de tantas desgracias, la CPI ha lanzado sus acusaciones contra tres líderes guerrilleros (otros dirían terroristas, porque el terror ha sido en gran medida su instrumento político): los congoleños Jean Pierre Bemba y Thomas Lubanga y el ugandés Joseph Kony. Omar al Bashir, el presidente sudanés, es el primer presidente en ejercicio puesto en la picota por el fiscal jefe de la Corte, Luis Moreno-Ocampo, que acusa al responsable del golpe de Estado de 1989 de genocidio y crímenes de guerra, no en vano el régimen de Jartún es el instigador, maestro armero y genio maléfico de los “yanyauid” (diablos a caballo), que han causado la muerte de al menos 300.000 almas en Darfur y convertido a 2,5 millones de sudaneses en refugiados o desplazados, como Koultuuma Abdelkarím, de 37 años, masalit de la aldea de Bigbekar, con nueve hijos, que lleva cinco años refugiada en el campo de Ryad junto a otros miles de sudaneses «africanos” como ella. Pero hay más figuras en el parque jurásico africano –como Robert Mugabe, de Zimbabue- que merecerían disfrutar de la atención de un tribunal que nació con la intención de que los responsables de crímenes atroces no tuvieran que responder más que ante Dios y ante la historia antes de que la parca les cierre los ojos. La decisión de Moreno-Ocampo, sin embargo, ha desatado cierta controversia. Como mostraba Itziar Ruiz-Giménez en “Las ‘buenas intenciones’. Intervención humanitaria en África”, donde analizaba el caso somalí, queriendo hacer un bien a veces se causa un mal mayor.

“En mi opinión, estamos viviendo un momento histórico, que puede durar al menos una década, en la que colisionan el interés de reforzar los mecanismos internacionales de derechos humanos y el realismo que se necesita para finalizar algunos conflictos armados”, dice Vicenç Fisas, director de la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona “En el caso de la actuación del CPI sobre un conflicto armado abierto, es inevitable la tensión que pueda producir algunas órdenes de detención, en la medida que reavivan las fidelidades del grupo que se siente acusado, con lo que puede intensificar sus acciones armadas y causar mayor sufrimiento. Sucede en Darfur y en Uganda, por ejemplo, de forma muy clara, y podría pasar en Zimbabue en un futuro”, subraya Fisas, que matiza: “Otra cosa es cuando la CPI ordena la detención de un dictador una vez ha finalizado el conflicto armado y este dictador no ocupa un cargo gubernamental importante. El impacto de su detención sería menor. Por tanto, en estos momentos hay que tener mucha precaución en este tema, pues hay que sopesar las dos cosas a la vez, las ventajas y los inconvenientes. Estamos también en una época en la que proliferan las experiencias de justicia transicional y de alternatividad penal, para que no impere la impunidad pero haya un camino donde la justicia reduce su intensidad a cambio de verdad y reparación. En el caso específico de Darfur, desgraciadamente puede empeorar las cosas. Es una penosa conclusión de quienes observamos los conflictos y las dificultades para que avancen los procesos de paz”.

No se aleja mucho de las impresiones de Fisas el autor de “Hierba alta. Historias de paz y sufrimiento en el norte de Uganda”, José Carlos Rodríguez: “En noviembre de 2003 empezamos a oír los primeros rumores sobre una posible intervención de la Corte Penal Internacional en el caso del norte de Uganda. La primera reacción de los que trabajábamos en iniciativas de paz fue bastante negativa, ya que temíamos que la entrada en escena de este nuevo actor complicaría más las cosas. Cuando el presidente ugandés, Yoweri Museveni, y Ocampo lo anunciaron formalmente el 29 de enero de 2004, afloraron cuestiones como que “la CPI sólo hablaba de juzgar a los líderes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA es su acrónimo en inglés). Esto, y el hecho de que apareció en la conferencia de prensa con Museveni, dio una primera impresión muy negativa: que la CPI no era imparcial, ya que mostraba que no tenía intención de investigar crímenes de guerra cometidos por el otro bando, el gubernamental”. Rodríguez, que acaba de regresar a España después de dos décadas entregadas a Uganda, recalca, como Fisas, que “los tribunales para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona han juzgado a criminales de guerra una vez que el conflicto había terminado, pero querer hacer esto cuando la guerra sigue aún en curso tiene dos inconvenientes: Primero, que no se puede llamar a un líder rebelde a la mesa de negociaciones y al mismo tiempo darle la señal de que “por cierto, y cuando venga usted vamos a detenerle”. Y es que nos guste o no, a veces teta y sopa no puede ser y justicia y paz a la vez suele resultar casi imposible de obtener. Segundo: la eterna cuestión de quién le pone el cascabel al gato, o quién detiene a un criminal de guerra aún en activo. Cuando le pregunté esto a Ocampo en marzo de 2005 me respondió sin dudarlo: “Lo hará el SPLA (siglas en inglés del Ejército Popular de Liberación de Sudán, que tras firmar la paz con Jartún forma parte del gobierno sudanés, aunque sus relaciones son muy tirantes)”. Cuando pregunté a un general del SPLA en Nimule a los pocos meses si podrían hacerlo ellos, me respondió: “Acabamos de firmar el acuerdo de paz con Jartún y según sus términos no estamos autorizados a realizar ninguna acción militar de ofensiva”. Esto Kony (el líder del ERS) lo sabe muy bien y por eso sabe que puede seguir jugando al gato y al ratón. Por supuesto, está muy a salvo en sus nuevas bases de Congo y República Centroafricana, donde sabe que los ejércitos de estos países nunca moverán un dedo por detenerle”.

Respecto a las acusaciones contra el presidente sudanés, José Carlos Rodríguez reconoce que “el Gobierno islamista de Jartún sólo suele reaccionar por presiones o cuando ven que algo les trae una gran ventaja (como ocurrió con la entrega de Carlos, “el Chacal”). Pero a veces demasiada presión es contraproducente y cuando un radical se ve acorralado puede ser más peligroso. En este sentido, Jartún ya ha declarado que esta acción de la CPI puede traer “consecuencias negativas” para el proceso de paz en el Norte de Uganda. Teniendo en cuenta que Kony se ha aprovisionado de armas desde hace algo más de un año con uno de los grupos rebeldes de Centroáfrica (apoyado a su ver por Jartún), esta insinuación parece apuntar a que Jartún podría intensificar su apoyo al ERS y hacer la vida más complicada a su vecino del sur (Uganda), a quien ve como de los más firmes aliados de la CPI en África”.

No participa de la misma opinión el historiador congoleño Mbuyi Kabunda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Basilea y miembro del Instituto de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid: “La orden de Ocampo de llevar al presidente sudanés y a medio centenar de sus colaboradores ante la CPI me parece acertada. Lo único que deploro es que ha intervenido muy tarde. Desde comienzos de 2003, Al Bashir, con su grupo de autoproclamados árabes, han cometido graves crímenes de genocidio, crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad en el Darfur, por los “yanyauid” interpuestos, las famosas milicias progubernamentales, intentando presentar el conflicto como nacido de rivalidades entre ganaderos y agricultores, o entre sedentarios y nómadas, cuando en el fondo se trata de una agresión por un gobierno a su propio pueblo, el del Darfur. Se aprovechó durante mucho tiempo del carácter “ambiguo” del genocidio en el Darfur: unos negros que matan a otros negros, unos musulmanes que matan a otros musulmanes. Ya todo el mundo se ha dado cuenta de la jugada: los verdugos fueron armados y entrenados por el gobierno”. Kabunda cree que la medida adoptada por la CPI es acertada porque “en Darfur se caminaba hacia una solución a la ruandesa. La única diferencia con Ruanda, como decía el entonces representante de la ONU en Sudán, Mukesh Kapila, era el número de víctimas. El Gobierno militaro-islamista de Jartún pensaba que podría actuar en la impunidad total, rechazando todas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Darfur con el apoyo de China y de Rusia, y bajo el pretexto de soberanía y asunto interno, hasta rechazar la presencia de los “cascos azules”, para seguir con su guerra de agresión en Darfur. Por ello, prefirió la ineficiente Misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Sudán (AMIS) que la presencia de las tropas de las Naciones Unidas. Tras cometer crímenes contra la población del sur de Sudán, y hoy en el Darfur, era ya hora de llevar Al Bashir ante la CPI y acabar con la impunidad”.

No desconoce Kabunda, autor de libros como “Derechos humanos en África: teorías y prácticas”, los posibles efectos perniciosos de la acusación contra el líder sudanés: “El único mal con esta orden de detención es que Al Bashir intentará perpetuarse o aferrarse al poder para no ser juzgado. Y por lo tanto, la perpetuación de la dictadura y de la agresión en el Darfur. Además, se ha rotado la base de una unidad futura de Sudán. Las víctimas no van a querer vivir juntos con sus verdugos acusados de genocidio. El lado positivo es que se ha enviado un mensaje claro a los dirigentes africanos: no pueden quedar impunes de sus crímenes y cinismo”. Unos dirigentes africanos que deberían dormir con un ojo abierto, ya que según Kabunda la lista de candidatos a ser sometidos al escrutinio de la CPI “sería muy larga. Se podría empezar con todos los jefes de Estado de la región de los Grandes Lagos, y algunos del África Central, que ya deberían comparecer ante la CPI por crímenes de guerra y crímenes económicos de saqueo”.

A Kabunda, que vive entre Suiza y España, le consta que “el Gobierno sudanés nunca ha preferido una solución negociada en el Darfur. Su estrategia ha consistido en dividir los movimientos rebeldes del Darfur y profundizar la dimensión étnica del conflicto, para desviar la opinión de la verdadera razón del conflicto: la lucha de los pueblos fur, massalit y zaghawa contra el colonialismo interno y la marginación económica y social por parte del poder central arabo-islamista. El gobierno de Al Bashir movilizó a las milicias progubernamental de origen árabe, los “yanyauid”, para agredir y acallar las reivindicaciones de las etnias de origen africano del Darfur. A partir de la propia Carta de las Naciones Unidas y de nuevos principios de la evolución de la noción de “seguridad colectiva” (el derecho de injerencia y el deber de proteger), hace tiempo que la ONU y la comunidad internacional deberían de haber intervenido en Darfur donde una población es agredida por su propio Estado”.

Human Rights Watch es una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que de forma más constante vigila los abusos que se cometen en buena parte de África, con especial interés en países como Chad, Sudán, Ruanda, Burundi y la República Democrática de Congo. Sus informes son un valioso instrumento para poner a los líderes africanos contra sus propias mentiras y contradicciones. Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas en HRW, la orden de detención contra Al Bashir es también, como para Kabunda, “un paso importante para acabar con el clima de total impunidad de aquellos responsables de las atrocidades en Darfur. Human Rights Watch ha señalado que la responsabilidad de la campaña de “limpieza étnica” en Darfur la tienen los líderes de Sudan, incluyendo el presidente Omar al Bashir, el vicepresidente Ali Osman Taha y otros ministros y jefes de seguridad claves. Hasta la fecha, ningún funcionario de alto rango ha sido juzgado por estos crímenes y el Gobierno sudanés no se ha mostrado dispuesto a ponerle fin a sus ataques deliberados contra civiles en Darfur. Las acusaciones en contra del presidente por crímenes de lesa humanidad y genocidio muestran que nadie está por encima de la ley”.

Frente a las impresiones de Rodríguez y a las cautelas de Fisas, Vivanco recalca que “en el pasado, la estigmatización y marginalización de líderes bajo una orden de detención han reforzado el proceso de paz en otros países. Este es el caso, por ejemplo, de Charles Taylor en Liberia y Radovan Karadzic en Bosnia-Herzegovina. No obstante, es difícil predecir el efecto que esta petición pueda tener en el proceso de paz en Darfur, ya que este proceso ha estado paralizado por diferentes razones, incluida la falta de compromiso de las partes interesadas. En el caso de Al Bashir el desafío al que se enfrenta la oficina del fiscal es enorme. Los fiscales tendrán que demostrar crímenes de lesa humanidad y exhibir pruebas que convenzan a los jueces de la Corte Penal que se configuró el delito de genocidio, el cual es especialmente difícil de demostrar. Para comprobar genocidio, el fiscal debe demostrar que se cometió uno o más de los siguientes actos y que se lo hizo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: matanza, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional del grupo a condiciones que lleven a su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos, y traslado forzoso de niños del seno grupo. Aquí lo que está en juego es la responsabilidad penal del jefe de estado. Esta última es básicamente definida en el Estatuto de Roma como responsabilidad individual o responsabilidad del mando. La responsabilidad individual aplica en situaciones en que se comete un crimen de la competencia de la corte individual o conjuntamente; se ordena, propone o induce la comisión de ese crimen; se facilita y encubre el crimen; o se contribuye a la comisión del crimen de otra forma. El principio de responsabilidad del mando se aplica cuando un jefe militar (o un civil en que actúe efectivamente como jefe militar) sabe sobre el crimen cometidos por fuerzas bajo su mando y no adopta las medidas necesarias a su alcance para prevenir o reprimir su comisión, o para hacer conocer el asunto a las autoridades competentes”.

Los dirigentes africanos han esgrimido con frecuencia la falta de desarrollo y sobre todo las heridas de la colonización para justificar las carencias o las desigualdades que sufren sus países. Raramente asumen sus propias responsabilidades. Basta comparar la ejecutoria de Nelson Mandena en Suráfrica con la de sus sucesor, Thabo Mbeki, o la manera tan diferente en que Botsuana (uno de los países modélicos en África) y Guinea Ecuatorial (una dictadura insaciable) han gestionado sus riquezas para darse cuenta de que seguir midiendo a los dirigentes africanos con un metro “ad hoc” es una forma de paternalismo y de racismo aunque se vista con ropajes izquierdistas.

“En el momento en el que el fiscal tiene pruebas suficientes acerca de la vinculación de cualquier persona con crímenes tan graves como los de genocidio, de guerra y crímenes de lesa humanidad, debe emprender las acciones correspondientes que, en este caso, ha llevado a cabo. Otra opinión merece el momento en que se ha producido esta acusación. Por un lado, es lógica la discusión suscitada acerca de sus consecuencias para la paz en Sudán. Por otro lado, llama la atención la rapidez con que el fiscal ha respondido con esta acusación al varapalo que significó el caso Lubanga, el pasado 3 de Julio, tras ser ordenada su liberación sin restricciones por los jueces de la Corte, decisión que luego sería apelada por el fiscal. Da la sensación de que se necesitaba demostrar la utilidad de la Corte, cuestión que no estaba en entredicho”. Son palabras de Vidal Martín, investigador del área de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), quien recalca que “se trata de un paso más, de otro instrumento más entre los que utiliza la comunidad internacional para detener el genocidio en Sudán. Atajar el genocidio pasa por una combinación de esfuerzos dirigidos al cese de la violencia, a una atención eficaz a la población civil y a la lucha efectiva contra la impunidad. Se trata de procesos paralelos. La CPI tiene que reaccionar ante aquellas situaciones en las cuales el Estado afectado no pueda o no quiera llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas. Su función es complementaria, si bien una solución a largo plazo siempre requerirá un trabajo profundo en las instituciones judiciales del país que acaba de atravesar un conflicto o aún está sumergido en él”.

Sobre los efectos indeseados a causa de una decisión que intenta hacer justicia por encima de todo, Vidal Martín dice que “es importante destacar la independencia que se le presupone a la CPI. Llegado este punto, se podrían vaticinar dos posibles escenarios para Sudán a consecuencia de esta decisión. En un escenario positivo, las víctimas estarían viendo un reconocimiento a la injusticia que están sufriendo y aquellos que están violando sus derechos fundamentales intuirían un preludio a lo que podría sobrevenirles a ellos. En un escenario negativo, crecerán los enfrentamientos en el seno de la sociedad sudanesa, afectando irremediablemente al clima de violencia existente, ya de por sí insostenible. De todos modos, no podemos olvidar que se trata de una decisión judicial y que la decisión política está en manos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. El investigador hace hincapié en la necesidad de que la Corte Penal Internacional “amplíe sus criterios geográficos. Si bien todos los casos abiertos en África tienen su justificación, también lo son otros muchos casos por todo el mundo. Actualmente se baraja la posibilidad de que los siguientes casos se dirijan hacia Colombia o Afganistán. Un criterio de equidad no sólo exigiría apuntar a otros continentes, sino también tener en cuenta los crímenes que fueron cometidos por los países de Occidente y aún no han sido perseguidos”.

Alfonso Armada