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Problemas y cosas a aclarar

Un problema es una cuestión dudosa que se trata de aclarar o un conjunto de circunstancias que dificultan la consecución de un fin. Lo que tenemos en España son problemas: cosas que aclarar (el uso de las lenguas oficiales, por ejemplo) y circunstancias, por ejemplo, económicas, que dificultan nuestros fines. Situaciones que no se resuelven con pesimismo ni con optimismo, sino con estadísticas, razonamientos ordenados que despejen dudas, y, claro está, con medidas adecuadas que, por lo menos, atenúen las circunstancias adversas.

Nadie dice que sea fácil, pero desde luego suele ser menos difícil si se va al centro del asunto y no se pierde demasiado tiempo en discusiones periféricas, poco relacionadas con los problemas en cuestión.

En el caso español, se diría que hay cada vez más asuntos enfocados de manera periférica y muy poco interés, no sólo por parte de los políticos, sino también de otros sectores de la sociedad, por promover debates públicos sobre esos asuntos centrales que, bien mirado, son los que más afectan a la vida de los ciudadanos.

Quienes creemos que la transparencia ayuda a atraer la atención sobre debates importantes, estamos de acuerdo con la publicación de las balanzas fiscales. Es bueno que quienes vivimos en una u otra zona del territorio español sepamos dónde está la riqueza y cómo se mueven los flujos para reducir las disparidades económicas y sociales. Es bueno que se abra un debate público sobre cómo compaginar los legítimos intereses de comunidades autónomas que son ricas, como Cataluña (pero también como Madrid o Baleares), con comunidades que precisan, también legítimamente, un fuerte trasvase de fondos, sin el que no sería posible garantizar la cohesión territorial del conjunto del Estado.

El problema en España no es que se publiquen las balanzas fiscales, sino que no se publiquen más estadísticas y balanzas sobre esas y otras cuestiones. El problema es que el Ministerio de Sanidad se niega a publicar las listas de espera para operaciones quirúrgicas por comunidades, que los diferentes ministerios no promueven ni proporcionan estadísticas comparables sobre la vida y la situación de los ciudadanos en diferentes territorios del Estado.

A lo mejor con todos esos datos en la mano desaparecerían muchos debates falsos y muchos políticos especialistas en calcular a ojo de buen cubero. Seguro que un extremeño comprendería (es un ejemplo hipotético, no un dato) que no es razonable que un catalán espere tres veces más que él para operarse de una cadera o que un catalán estaría de acuerdo en que se dedicaran más recursos a la enseñanza en Andalucía, en el caso de que sean muchos más los jóvenes andaluces que abandonaran la enseñanza superior que los jóvenes catalanes. (Y si no estuvieran de acuerdo, por lo menos se les podría reprochar, con toda razón, su falta de solidaridad).

Lo mismo sucede en el caso del uso de las diferentes lenguas oficiales del Estado. El debate central no es quién decide si en Cataluña se deben estudiar dos o tres horas de español a la semana, sino si los ciudadanos que viven en Cataluña quieren que sus hijos aprendan bien el español, su gramática y su literatura en la escuela pública. ¿Alguien les ha preguntado a los expertos si reducir su enseñanza a dos horas pone en peligro ese correcto conocimiento? Una cosa es que los niños hablen español en el patio del colegio (¿por qué inquieta eso tanto a la Generalitat?) y otra que aprendan a escribirlo y a disfrutarlo.

El aprendizaje de dos lenguas en el sistema escolar no debería formar parte de los dogmas políticos. El bilingüismo es una cuestión muy estudiada, aunque en España, Cataluña incluida, no existan aún suficientes informes técnicos sobre los resultados de nuestras propias políticas lingüísticas. Es muy probable que si unos y otros aceptáramos planteamientos más científicos, la enseñanza de las dos lenguas dejaría de ser tan polémica y tan discutida.

La realidad es que el debate central que se está planteando, de forma muy encubierta, no es el bilingüismo, sino saber si se quiere imponer identidades nacionales a través de la disciplina que supone el uso preferente de una lengua u otra o si se aceptan identidades plurales. Los catalanes hablan indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales y es evidente que entre ellos no existe problema para el uso de español. Los inconvenientes, que sí existen, no los ponen los ciudadanos, sino sus representantes políticos. Sin preguntarles siquiera su opinión.

Soledad Gallego-Díaz

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