Viaje al país de los fueros

Se ha dado por supuesto que la expresión oasis catalán, resucitada con intenciones sarcásticas tras los escándalos de corrupción recientemente aflorados en esa comunidad, procede de los años de la República. Sin embargo, como recordó en este periódico Antonio Elorza, el origen de la metáfora del oasis es muy anterior, y nació en referencia al País Vasco. La usó el periodista conservador Juan Mañé y Flaquer, director del Diario de Barcelona, en un libro publicado entre 1878 y 1880 titulado El Oasis: Viaje al País de los Fueros. Lo escribió tras una visita a las Vascongadas y Navarra poco después del fin de la segunda guerra carlista, cuando se discutía sobre la definitiva abolición de los Fueros, a lo que el periodista catalán se oponía fervientemente.

En Ideologías del nacionalismo vasco, aparecido en 1978, Elorza había citado ya la obra de Mañé como fuente del estereotipo que presenta a los fueros como residuo admirable del Antiguo Régimen que el liberalismo estaría "a punto de arruinar, borrando al mismo tiempo la singularidad política de los territorios forales". La visión de esas tierras como oasis que resiste a los males de la modernidad es, a su vez, uno de los puntos de apoyo de la teoría de Jon Juaristi (en El linaje de Aitor) sobre Vasconia como "utopía de la España conservadora": la prueba viviente de que su ideario político de religión, orden y cultura ruralista es realizable. Esa imagen idealizada sería tomada por los fueristas y más tarde por los nacionalistas vascos como confirmación exterior de sus ideales.

Existe por tanto un deslizamiento desde la admiración por el oasis vasco por parte del conservadurismo catalán del XIX, hasta la atribución a Cataluña de esa condición de excepción respecto a una España frívola y corrompida. Pero el único aspecto del regimen foral que suscitará el interés del nacionalismo catalán será el Concierto, en relación a la polémica sobre las balanzas fiscales. En el debate constitucional no hubo reclamación catalana de autonomía fiscal; según ha dicho siempre el PNV, porque por entonces (segunda mitad de los setenta, en plena crisis económica) a los nacionalistas catalanes les parecía muy arriesgado (e impopular) asumir la responsabilidad de recaudar los impuestos.

Más tarde, a la vista del rendimiento que los vascos sacaban al sistema, el asunto del Concierto fue incorporado a la argumentación catalanista, pero más bien en términos de agravio comparativo. En un ponderado artículo sobre las Haciendas autonómicas publicado en 1989 en un libro colectivo (Pasado, presente y futuro de las Comunidades Autónomas. Instituto de Estudios Económicos. Madrid), Antoni Castells, el hoy consejero de Economía del Gobierno catalán, consideraba "deseable que la forma de aplicación del sistema de Conciertos -y especialmente la determinación del cupo- se hiciera de tal forma que diera un resultado equivalente al que se obtendría aplicando el régimen común". Es decir, se proponía la equiparación mediante el recorte de la ventaja comparativa que suponía para País Vasco y Navarra su sistema peculiar, tal como se estaba aplicando: sin incluir en el cupo contribución alguna a los mecanismos de solidaridad interterritorial.

Pero en el Pacto de Gobierno que suscriben PSC, ERC e ICV a fines de 2003, en vísperas de la constitución del Tripartito presidido por Maragall, la perspectiva se invierte: "los ingresos por habitante de Cataluña tenderán a equipararse progresivamente con los obtenidos por aplicación de los sistemas de Concierto y Convenio vigentes en las comunidades forales". Lo que ahora se propone es la extensión a Cataluña de la situación ventajosa de Vascongadas y Navarra.

Esa aspiración se intentó llevar al nuevo Estatuto a través de una minuciosa normativa que incluye límites a la aportación a los fondos de solidaridad y nivelación. Normativa que debería plasmarse a su vez en el nuevo sistema de financiación autonómica. El acuerdo sobre tal cuestión alcanzado en julio, tras dos años de negociaciones, se vota hoy en el Congreso. A fines de octubre, en la votación sobre las enmiendas de totalidad, partidos como el BNG o UPyD impugnaron la reforma por considerar que el nuevo reparto favorecía a Cataluña; pero también CiU mantuvo su oposición con el argumento de que incumplía el Estatuto.

Ya se verá cuando se conozcan las cifras, pero si los ingresos por habitante de Cataluña crecen tanto como han dicho sus negociadores, habrán alcanzado el objetivo de llevar a su comunidad a las puertas del paraíso foral sin asumir en exclusiva la responsabilidad recaudatoria. Algo especialmente arduo en periodos de crisis: las diputaciones vascas recaudarán este año un 20% menos que en 2008.

Patxo Unzueta

Objetivo, impulsar la vivienda de alquiler

Un grupo de expertos plantea subsidiar las rentas libres y dejar de construir pisos públicos - La propiedad de las casas protegidas impide la movilidad laboral, pero el alquiler social apenas existe

La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo. Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?

Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.

El informe de Fedea hace hincapié en todos los males que acarrea un mercado inmobiliario arraigado en la propiedad: un excesivo endeudamiento de las familias, una baja movilidad laboral que impide que los trabajadores del sur se desplacen al norte, donde hay menos paro, o una tasa de emancipación muy baja en comparación con otros países. Según Fedea, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, cuando en Francia, Holanda y Reino Unido está proporción se mueve entre el 20% y el 22%.

Ahora bien, ¿por qué debe dejarse de construir VPP? El profesor de la London School of Economics y firmante del documento Luis Garicano sostiene que una primera razón es coyuntural. Con un stock de pisos que las estimaciones más conservadoras sitúan en un millón, levantar más pisos sociales supondrá "agravar" la crisis del sector. Pero hay más. "El principal motivo es el componente de lotería que tiene una vivienda pública, además del fraude que hay en las adjudicaciones. A quien le toca uno de estos pisos recibe una subvención enorme, mientras que otros se quedan sin nada", afirma Garicano.

A su juicio, el Gobierno debe eliminar, primero, las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. A la vez, prosigue, el Ejecutivo debe poner las bases para fomentar el alquiler de precio de mercado, dejar de construir VPP y crear un sistema de ayudas para subvencionar parte de la renta a las familias que no puedan acceder a una vivienda. Son palabras mayores para un país de propietarios y donde la construcción de pisos públicos es una de las principales políticas sociales de la agenda de cualquier partido.

Desde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la respuesta es clara: se coincide en el fin, el fomento del alquiler, pero no en el método. El subsecretario de Vivienda, Marcos Vaquer, explica que, a raíz de la crisis inmobiliaria y de las nuevas medidas del Gobierno, los contratos de alquiler subieron un 18%, lo cual ha permitido que el arrendamiento haya pasado del 11% del parque de viviendas español al 13,2%. Y este incremento se da incluso en ciudades donde el mercado de alquiler era más amplio y en el que se temía que hubiera tocado techo, como Barcelona, donde uno de cada cuatro ciudadanos arrienda.

Vaquer asegura que el Ministerio apuesta por el alquiler. Ahora bien, también "por un parque amplio y estable de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. No hay país que carezca de él". En estados como Dinamarca, Francia, Austria o Suecia el alquiler social representa más del 15% de todas las casas, y eso que en algunos países las políticas de signo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 liquidaron parte de ese parque. En Holanda, los pisos protegidos que se arriendan suponen incluso el 35% del total.

En cualquier caso, Vaquer rechaza que la política de vivienda se base "al 100% en cheques". Una fórmula que también rechazan los sindicatos. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que "la vivienda es un derecho constitucional" que requiere "políticas activas y no simplemente regulaciones del mercado". Por ello, López defiende "patrimonios públicos de suelo" y más VPP. Fuentes de CC OO aseguran, por su parte, que basarse en el alquiler libre es inviable, puesto que la oferta es reducida y los precios todavía son muy altos.

Tampoco las inmobiliarias lo aceptan, puesto que temen que el efecto acabe siendo nulo, como ocurre con las desgravaciones por la compra de vivienda. Pedro Pérez, presidente del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, opina que hay que ir "con mucha cautela" con las ayudas permanentes. "Hay fórmulas alternativas mejores y más limpias que estas subvenciones", sostiene.

Sin embargo, Pérez admite que la obtención de un piso protegido en propiedad sí es una lotería. "Resulta una política poco ponderada: o accedes a una vivienda en propiedad o bien te quedas sin tus necesidades resueltas", añade. La propiedad de la VPP plantea, además, otro debate: el de la inequidad.

Los detractores de la vivienda protegida de compra ponen siempre el mismo ejemplo: un joven de 24 años, por ejemplo, puede ser beneficiario de una VPP. Y este joven, al cabo de tres años, puede conseguir un buen empleo. Incluso puede ser directivo de una empresa al cabo de otros tres. Y no tendrá la obligación de devolver su piso a pesar de que ya puede acceder al mercado libre. En cambio, en el mismo concurso se habrá presentado alguien sin recursos que transcurridos seis años se hallará en la misma situación. Y además, al cabo de unos años -por regla general, 30- el piso pondrá venderse a precio de mercado libre.

Para evitar que la subvención acabe siendo un negocio y tener un parque de VPP estable, la Generalitat decidió que los pisos en suelo público sean protegidos durante 90 años. La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, rebate, además, el argumento de la inequidad. "Los veinteañeros no son el perfil de los que buscan un piso protegido de propiedad, entre otras cosas porque la mayoría no tiene los ingresos necesarios para comprarlo. Estamos viendo que la mayoría de los que tienen entre 22 y 30 años nos está pidiendo alquiler", asegura Trilla, que opina que la política de vivienda debe ser el resultado de usar "todos los instrumentos disponibles".

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que también firma el documento de Fedea, rechaza la VPP de compra, pero no se opone a un parque público de vivienda de alquiler. "Lo ideal sería que los subsidios al alquiler funcionaran bien, pero el problema es que pueden ser inflacionistas", indica.

Ahí está el ejemplo de las ayudas al alquiler para jóvenes, de 210 euros, que en algunos casos supusieron que los alquileres se encarecieran porque el propietario sabía que el inquilino iba a disponer de más recursos. Luis Garicano, no obstante, no cree que ese sea ahora el problema más acuciante. "Puede ser un revulsivo. Imaginemos que una ayuda de 120 euros se reparte a partes iguales entre arrendador y arrendatario. Es una forma de ayudar a la oferta y a la demanda", asegura.

Fórmulas para evitar guetos

La mala gestión de los pisos sociales en algunos países de Europa es uno de los argumentos de los que se vale la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para rechazar la construcción de viviendas de protección pública (VPP). Una mala gestión que en algunos casos ha acabado por convertir esos edificios en guetos, según el profesor de la London School of Economics Luis Garicano. “La vivienda protegida de alquiler acaba por descuidarse. Al final podemos encontrarnos con inmuebles marginales donde se hacina la gente”, apunta.

Sin embargo, otros de los firmantes del documento, como José García-Montalvo, no se oponen a esos edificios. “La experiencia de otros países no es extrapolable a España, pero es cierto que se generan problemas de mantenimiento a largo plazo”, asegura. No obstante, García-Montalvo recuerda que la gestión de los parques de vivienda social de alquiler también pueden tener una gestión privada. “Hay empresas que se dedican a eso, y no estaría mal desarrollar un sector del alquiler más profesionalizado”, apunta.

La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, asegura que la única fórmula de alquiler rentable para un promotor es precisamente el social. “Los pisos de obra nueva para arrendar no son viables si se hacen a costes de mercado libre, porque resultan un producto muy caro para el promotor y muy arriesgado. Las administraciones estamos elaborando planes de vivienda para que haya más alquiler, y en muchos casos se tratan de ayudas al promotor. Ahora bien, estas subvenciones tienen que tener una contrapartida, y ésta es que nos aseguren un precio social, es decir, más asequible”, explica Trilla.

La responsable de Vivienda de la Generalitat recuerda que países como Alemania, donde el alquiler supone el 51% del mercado inmobiliario, los ciudadanos arriendan porque los precios son mucho más baratos que las cuotas de una hipoteca. “Y eso es posible porque los propietarios de las viviendas tienen ayudas del Gobierno”, añade Trilla.

El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Marcos Vaquer, recuerda que ahora apenas hay empresas que se dediquen al alquiler, lo que el Ejecutivo quiere cambiar con la nueva ley de sociedades inmobiliarias cotizadas, que da ventajas fiscales a las firmas que se dediquen a este mercado. “Algunas empresas sí se están dedicando al alquiler, y lo hacen casi sin incentivos. Las administraciones queremos poner facilidades para que otras empresas también lo hagan”, explica Vaquer.

No obstante, Carme Trilla también señala que las leyes de urbanismo ya prevén que los nuevos desarrollos estén compuestos por vivienda libre y protegida precisamente para que no haya guetos. La política de vivienda puede ser, pues, también una estrategia de cohesión social.

Lluis Pellicer para El País.

God Bless the World

Mighty God, Father of all,
Compassionate God, Mother of all,
bless every person I have met,
every face I have seen,
every voice I have hear,
especially those most dear;
bless every city, town, and
street that I have ever known,
bless every sight I have seen,
every sound I have heard,
every object I have touched.

In some mysterious way these
have all fashioned my life;
all that I am,

I have received.
Great God, bless the world.

John J. Morris, SJ

Dinero contra burócratas

Un sistema mundial de regulación financiera, pero con diferentes sistemas nacionales, tendrá brechas

Sucedió de nuevo. La recuperación económica se produjo antes de lo esperado y fue tan sorprendente como el súbito colapso financiero. El trimestre pasado, la economía estadounidense creció al 3,5%. A comienzos de año, los titulares anunciaban que estábamos a punto de entrar en una depresión peor que la de los años treinta y que el estancamiento duraría una generación o más. Ahora sabemos que los expertos, los gobiernos y los inversionistas que no vieron venir el crash tampoco vieron venir la recuperación de la economía mundial. Claro, los pesimistas creen que la recuperación no es tal y que una nueva caída es inevitable. Los alarman -con razón- los enormes déficit fiscales, la deuda pública, las altas y crecientes tasas de desempleo y un sistema financiero aún muy frágil. Pero mientras los preocupados se angustian, las economías más importantes del mundo están creciendo más y mucho antes de lo que ningún experto había anticipado. Lo mismo sucedió durante los muchos accidentes financieros de la década de 1990. En Asia, América Latina y en Rusia, la recuperación fue tan rápida y tan sorprendente como los accidentes mismos. Pero si bien es obvio que la reanimación económica es preferible a la recesión prolongada, una rápida recuperación también tiene su costo: le quita a los políticos las ganas de hacer cambios necesarios para evitar futuras crisis.

Así pasó en las crisis financieras anteriores y me temo que volverá a ocurrir ahora. En el clímax de la crisis, los gobernantes de los países más influyentes se reunieron de urgencia y declararon que "fortalecer la arquitectura del sistema financiero mundial" era una prioridad. También anunciaron su compromiso de "reducir los riesgos de crisis recurrentes en el futuro y mejorar nuestras técnicas para responder a las crisis cuando ocurran". ¿Suena bien, verdad? Lástima que éste es el texto exacto del comunicado emitido por los líderes del mundo hace una década, cuando se reunieron en Reino Unido para decidir cómo responder a la crisis financiera asiática.

Poco después de esa cumbre, las economías asiáticas sorprendieron a todos cuando comenzaron a crecer a gran velocidad, eliminando la presión de reformar el sistema financiero. Así, diez años y una gran crisis después, los líderes de ahora siguen prometiendo reformar las finanzas globales. Y, al igual que a sus predecesores, a ellos también la recuperación les está quitando las ganas de ir a fondo con las reformas. Esto no significa que no habrá cambios. Los bancos estarán más controlados, los pagos a sus directivos tendrán topes y los paraísos fiscales serán más vigilados. Pero estas y otras nuevas reglas no se aplicarán de la misma manera en todas partes. Cada país tendrá su propia legislación, interpretará las reglas a su manera y las ejecutará con distintos niveles de entusiasmo. Los reguladores de la banca en Alemania, por ejemplo, tendrán motivaciones algo distintas que las de, digamos, sus colegas de Mónaco. O de Rusia.

No va a haber una nueva arquitectura financiera global, sino una combinación de pocas y tímidas iniciativas multilaterales y muchos cambios a nivel nacional. Esto será así porque, si bien el dinero responde cada vez más a incentivos globales, los gobiernos siguen dependiendo de sus realidades locales. Y la regulación bancaria no sólo la determinan criterios técnicos, sino que, en todas partes, resulta de un proceso esencialmente político. Por tanto, el resultado será un sistema financiero mundial, donde el dinero seguirá operando sin fronteras mientras que los gobiernos seguirán operando primordialmente dentro de sus jurisdicciones nacionales. Este irregular mosaico mundial de reglas creará extraordinarias oportunidades para los especuladores. Los gobiernos podrán controlar a los bancos tradicionales y a otras empresas financieras. Pero no a todas. Ni todos los banqueros serán empleados de empresas reguladas por los gobiernos, ni los más ambiciosos y talentosos de entre ellos se quedaran trabajando en los bancos donde el Gobierno limita su remuneración. Va a aparecer, por tanto, un nuevo sistema financiero "en la sombra" que, sin ser ilegal, va a obtener inmensas ganancias gracias a las nuevas reglas. Un sistema mundial de regulación financiera formado por diferentes sistemas nacionales inevitablemente tendrá brechas, contradicciones e incongruencias. Aprovechar, por ejemplo, una oscura e ininteligible regla contable en Tailandia que crea oportunidades en Holanda, donde la regla es distinta, será un negocio muy lucrativo. O crear fondos de capital destinados a "arbitrar" las distorsiones producidas por las incongruencias regulatorias entre distintos países. Y hay muchos expertos financieros con el conocimiento, los contactos, las tecnologías y el capital que sabrán encontrar y aprovechar estas oportunidades para hacer mucho dinero. Hasta la próxima crisis.

Moisés Naím

Rodiezmo contra Kioto

La izquierda se debate entre su alma obrerista y la ecologista - Las ayudas al carbón contradicen la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las renovables

El mismo día que el G-20, con la presencia de España, acordaba "retirar paulatinamente, en el medio plazo, los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles", el Ministerio de Industria se reunía con las empresas del sector para retomar el sistema de primas al carbón nacional, que lleva casi todo el año sin quemarse por la caída de la demanda eléctrica y el aumento de las renovables. Ocurrió el pasado 26 de septiembre, y hoy Industria ya tiene un borrador de real decreto en el que plasma el sistema de ayudas para que el carbón nacional vuelva a producir electricidad -y CO2- y no cierren las minas.

No era la primera vez que el discurso del Gobierno pone una vela a las renovables y el medio ambiente y otra al carbón. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró el primer fin de semana de septiembre una fábrica de obleas de silicio para paneles solares fotovoltaicos en Valdefreno, León. "Muchas veces me preguntan qué es la economía sostenible. Esto es la economía sostenible: una empresa como ésta", declaró Zapatero. La fotovoltaica había perdido 20.000 empleos, según la patronal ASIF, en los últimos 12 meses debido a un cambio normativo de Industria tras una etapa de frenesí inversor que el ministerio considera una burbuja especulativa. Al día siguiente, Zapatero acudió a la tradicional apertura del curso político con los mineros en Rodiezmo, también en León. Allí, se comprometió a pelear por prorrogar las ayudas al carbón durante la presidencia española de la UE.

La contradicción en el discurso es clara, pero si se escarba un poco la discusión está llena de matices. Como explicó la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, con el decreto de ayudas el Gobierno cumple "la palabra dada". Se trata de hacer cumplir el plan de reducción del carbón pactado en 2004 entre todos los sectores y que casi nadie criticó entonces. "Entonces acordamos reducir el carbón nacional, pero de forma paulatina. Sin embargo, lo que ha pasado es que este año no se ha producido nada con carbón nacional. Sólo pedimos que se cumpla el acuerdo", resume el secretario de la Minería de Comisiones Obreras, Juan Carlos Álvarez Liébana.

Con el decreto, Industria dará prioridad al carbón nacional y primará su quema para producir electricidad. Con el precio actual del mercado eléctrico, la prima ascenderá a unos 2.000 millones en tres años. A eso hay que sumar la compensación que tendrán las centrales de gas natural que dejen de funcionar por entrar el carbón y los derechos de emisión de CO2. La cantidad de ayudas es imposible de calcular. Si los próximos dos años se recupera la demanda eléctrica, sube el precio del gas o llueve poco (lo que reduce la producción hidroeléctrica), el mercado eléctrico mayorista subirá y la prima será menor. La patronal del carbón, Carbunión, asegura que si el precio del mercado sube un 50% y vuelve a los niveles de hace dos años la ayuda será de 486 millones.

Aún sin cifras, se puede resumir así: el Estado pagará más por quemar carbón nacional, mayoritariamente de Asturias y León, e indemnizará a tecnologías más modernas y menos contaminantes que no podrán arrancar. El decreto establece que en las empresas de gas que tengan contratos de suministro fijo con otros países el Gobierno pagará ese gas. Así, España pagará a Argelia por un gas que no se consume aquí para que se pueda utilizar en otro sitio. Además, aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales y eso habrá que pagarlo también.

El profesor de Organización Industrial de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en el sector energético, Pedro Linares, considera un despropósito la subvención: "Hay un plan del carbón y hay que cumplirlo. De acuerdo. Pero no veo por qué hay que quemar el carbón. Sería mejor hacer como en la agricultura, pagar a los mineros para que no hagan nada o para que mantengan la mina abierta pero sin extraer carbón, o para que lo almacenemos o lo exportemos. Pero ¿pagarles y luego quemarlo aumentando las emisiones y compensando a tecnologías más limpias que no entran en funcionamiento? No tiene sentido quemar ese carbón, y apenas reduce nuestra dependencia energética". El carbón produjo en 2008 el 16% de la electricidad y en lo que va de año ha caído un 19,93%. La mayoría es de importación, más barato y de mayor calidad. Y siempre tuvo ayudas. En los Presupuestos hay 967,3 millones de ayudas a las zonas mineras para la reconversión.

Guillermo Murias, responsable de Economía de IU en León y ex alcalde de Villablino, en el corazón minero, asegura que esa reconversión no es tan sencilla: "Queda muy bien en el papel pero llevarlo a la práctica es otra cosa". Murias, como CC OO, apoya el sistema de ayudas públicas al carbón. "Sin ayudas, las zonas mineras serían guetos. No podemos abandonar a su suerte a unas comarcas y un sector que han apoyado mucho al país y que amortiguan el precio del carbón de importación cuando sube", resume el responsable de CC OO.

El sindicato ha vivido un desgarro interno entre la federación de Medio Ambiente y la Minera. Ganó la segunda. Comisiones nació en la mina de La Camocha y los 5.000 empleos en el sector y sus posibles protestas pesan mucho. También pesan los beneficios que obtendrán las térmicas de carbón de las eléctricas con este nuevo sistema.

El debate de las ayudas al carbón enfrenta a la izquierda con su vieja alma obrerista y la ecologista. Pese a que en España las renovables emplean a 180.000 personas y la minería a 5.000, el poder de los segundos es mayor. El diputado de ICV, Joan Herrera, resolvió el dilema a favor de la opción ecologista: "Hay formas de mantener el empleo en el carbón sin cargarse de un plumazo la estrategia española de cambio climático". Herrera recuerda que cuando el sector fotovoltaico perdió más de 20.000 empleos nadie protestó. Los sindicatos apenas se movieron. En una reunión con las empresas, el secretario de Estado de Energía Pedro Marín, según fuentes del sector, afirmó: "El empleo en la fotovoltaica está subvencionado. Y tenemos formas más baratas de crear empleo".

Así, los ecologistas son los más críticos con el sistema, como resume Ladislao Martínez: "Este apoyo al carbón descabalga la tendencia que se estaba produciendo de reducción de emisiones. Con la misma electricidad, el año que viene subirán las emisiones". Y, según Zapatero, el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta.

El año pasado las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron un 8% y en el primer semestre de 2009 han bajado un 16% respecto al mismo periodo del año anterior. Buena parte se debe a la menor producción industrial por la crisis, pero también por el aumento de las renovables, que a final de año supondrán ya el 25% de la electricidad.

Antes, apoyar las renovables era sencillo, porque la demanda eléctrica crecía tanto que había sitio para todos. Aunque los molinos de viento tenían prioridad en el acceso a la red no quitaban cuota de mercado al gas o al carbón. Con una caída de la demanda sin precedentes como la que vive España, ya no caben todos. Las centrales de gas de ciclo combinado están paradas y las gasistas cargan abiertamente contra las subvenciones a renovables. Si antes se podía apoyar el carbón sin molestar a nadie, ahora ya chirría el sistema al primarlo.

Comisiones Obreras denuncia un plan "para demonizar el carbón nacional y culparle de todos los males del sector energético", pero las críticas no están demasiado extendidas. Incluso los productores de renovables son tibios. El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José María Vélez, resume: "Las renovables tienen que llegar al 20% de la energía en 2020. Cómo se haga el otro 80% nos da igual. Es competencia del Gobierno". Las energías limpias recibirán este año 4.700 millones en primas en la tarifa eléctrica. Quien sí se ha unido a los ecologistas es el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, quien considera que estas ayudas "van contra Kioto y distorsionan el mercado".

Además de su contribución al cambio climático, las minas de carbón a cielo abierto, algunas con sentencia firme de ilegalidad, están destrozando espacios protegidos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó ayer a la comunidad autónoma que incoe un expediente de caducidad de la concesión minera a la empresa Coto Minero Cantábrico, la mayor de España, por tener una sentencia en contra. La Comisión Europea está tramitando un procedimiento de infracción contra España porque las minas dañan espacios naturales protegidos por la UE. Y lo hacen gracias al dinero público.

Rafael Méndez para El País.

Sorpresas tras la caída del Muro

El capitalismo chino transformará más a Europa que el comunismo soviético

La caída del muro de Berlín fue una mala noticia para los sovietólogos. En todo el mundo, miles de espías, generales, diplomáticos, profesores, periodistas y expertos se ganaban la vida estudiando la Unión Soviética. Ninguno pronosticó su colapso.

Pero si el pacífico fin del maligno imperio soviético fue una sorpresa, su final tuvo repercusiones tanto o más sorprendentes para Europa. Éstas son cuatro de las consecuencias inesperadas que tuvo el derrumbe soviético para los europeos -y que los expertos tampoco vieron venir-.

1. China desplazó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como principal amenaza para los europeos. Cuando cayó el muro de Berlín nadie se imaginó que China afectaría más directamente a la vida de los europeos occidentales de lo que jamás lo había hecho la URSS. No por su poder nuclear, sino por su poder económico. Después de la II Guerra Mundial, Europa occidental había vivido bajo la amenaza de una letal confrontación con los soviéticos. Afortunadamente, esa amenaza nunca se hizo realidad y, en la práctica, la vida cotidiana de los europeos no se vio muy afectada. En cambio, el ascenso económico de China toca todos los días las vidas de los europeos: lo que pagan por televisores, medicinas, gasolina o las hipotecas sobre su vivienda. O la posibilidad de conseguir empleo. El capitalismo chino transformará más a Europa que el comunismo soviético.

2. El euro. Nadie pronosticó que la caída del Muro estimularía la creación del euro. ¿Quién se hubiese atrevido a decir que los alemanes estarían dispuestos a abandonar el marco? ¿O que los franceses tolerarían no tener su propia moneda, sino otra controlada desde Frankfurt -la sede del Banco Central Europeo-? ¿Y que, además, otros 14 países renunciarían a sus divisas para plegarse al euro? ¿O que, después de una crisis financiera mundial con efectos devastadores para Europa, la moneda de refugio para quienes temen que el valor del dólar caiga en picado sea el euro? El euro era una utopía y hoy es una realidad que no sorprende a nadie. Y ésa es una sorpresa.

3. La debilidad política europea. En principio, cuantas más naciones formen parte de una alianza, más influyente debería ser esa alianza. En 1960, la alianza europea contaba con seis países miembros; en el 2003, con 15; y hoy, con 27. Europa es una potencia económica mundial. Sus democracias y sus políticas sociales son envidiadas por el resto del mundo y sus generosas ayudas al desarrollo son codiciadas en muchos rincones del planeta. Paradójicamente, sin embargo, su peso en la política mundial ha disminuido.

De acuerdo con un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (CERE), la influencia del continente en Naciones Unidas con respecto a la defensa de los derechos humanos -un valor fundamental de Europa- ha caído en picado. A finales de los noventa, el 70% de los países de la ONU apoyaba a Europa en las votaciones sobre derechos humanos. Hoy, 117 de los 192 países de ese organismo votan regularmente contra Europa. El CERE también nota que, en 2008, Europa mandó más soldados a Afganistán que Estados Unidos -500 de los cuales perdieron la vida-. También estuvo a la par en ayuda financiera. Sin embargo, no tiene mayor peso en las decisiones estratégicas. Lo mismo ocurre en el conflicto entre israelíes y palestinos. Europa manda mucho dinero pero influye poco. La Unión Europea no actúa de manera muy unida y eso disminuye su importancia en el mundo.

4. Islam en la vieja Europa, y Estados Unidos en la nueva. ¿Quién se hubiese imaginado en los momentos más tensos de la guerra fría que muchos europeos se llegarían a sentir más amenazados por la inmigración proveniente de países árabes que por la expansión de las dictaduras comunistas? ¿O que Polonia, Hungría o la República Checa se convertirían en baluartes del pro-americanismo mundial? Pero éstas son otras de las sorpresas de la Europa post-Muro. La angustia por la inmigración, sobre todo de países musulmanes, se ha transformado en un tema de debate cotidiano. Que Europa se convierta en "Eurabia" es el corolario de estas angustias. Hoy los inmigrantes constituyen cerca del 10% de la población de la mayoría de los países de Europa occidental, y en algunas grandes ciudades llegan al 30%. Inevitablemente, las encuestas revelan que el 57% de los europeos opina que en su país "hay demasiados extranjeros". Mientras tanto, en algunos países de la ex Unión Soviética florece el pro-americanismo: económico, político, cultural y hasta militar. Que esto pase en un continente donde el antiamericanismo es habitual es otro sorprendente legado de la caída del muro de Berlín.

Moisés Naím

UCA 1989-2009. Los pobres les convirtieron

En 1986, tres años antes de su muerte, estuve en la UCA de San Salvador dando clases de teología. Vivía en la misma comunidad de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró. En una comunidad muy cercana vivían Juan Ramón Moreno y Joaquín López y no lejos vivía Amando López.

La gran mayoría de ellos, comenzando por Ellacuría, eran profesores universitarios, intelectuales competentes, personas de gran peso en la sociedad salvadoreña.

Pero hubo algo más en sus vidas que hizo de ellos no sólo ilustres catedráticos, sino testigos del evangelio y mártires como Jesús.
Ellacuría no fue únicamente un gran filósofo discípulo de su paisano vasco Xavier Zubiri, ni Montes sólo un experto en derechos humanos, ni Martín-Baró se limitó a ser un gran psicólogo. Moreno no fue sólo un buen pastoralista, Amando no se contentó con ser un gran teólogo y Joaquín fue algo más que un director de Fe y Alegría. Había en todos ellos una secreta pasión por el Reino de Dios y su justicia, un deseo profundo de seguir Jesús de Nazaret hoy y aquí, una indignación por la triste situación del pueblo salvadoreño, un sentimiento de compasión ante tanto sufrimiento injusto. Fueron místicos y profetas en El Salvador.

Pero ¿cómo se dio este paso de personas ilustradas a profetas y testigos del evangelio? Se acercaron al pueblo y los pobres les enseñaron a leer el evangelio. Les dieron unos ojos y un corazón nuevo para ver la realidad social y eclesial desde los crucificados de la historia, desde los últimos, aquellos que serán nuestros jueces escatológicos en el juicio final de las naciones. Los pobres, poco a poco, los cambiaron, los humanizaron, los evangelizaron, los convirtieron. Como a Mons. Romero.

Por esto, como le sucedió a Jesús de Nazaret, los poderes de este mundo-imperio –dinero, armas, acaparadores de tierras- no los toleraron: los asesinaron. Como a Mons. Romero.

Con ellos asesinaron a dos sencillas mujeres del pueblo, Elba Ramos y su hija Celina, para que no hubiera testigos de la matanza de los seis jesuitas. Pero la muerte de estas dos mujeres quizá simboliza algo más: que el pueblo salvadoreño, al que ellos se habían acercado, los acogía, los hacía suyos, los abrazaba en su misma sangre. Han pasado 20 años, hacemos memoria de su pasión, su sangre clama al cielo y nos interpela como la sangre de Abel, como la de Jesús: Cristianos del siglo XXI ¿qué hemos hecho con los crucificados de nuestra historia, con los pobres, indígenas, africanos, migrantes, ancianos, mujeres y niños? Cristianos del siglo XXI ¿qué hemos hecho con la Buena noticia del evangelio, con la Iglesia de Jesús de Nazaret, para que hoy se hayan convertido en algo irrisorio, insignificante, sin interés, caduco?

Ojala los pobres también a nosotros nos enseñen a leer el evangelio y nos conviertan. Pero para ello no basta leer estadísticas socio-económicas o ver reportajes de TV sobre el hambre del mundo mientras cenamos tranquilamente. Hay que acercarse físicamente a los pobres, bajar a su encuentro, hay que estar junto a Elba y Celina. Seguramente reencontraremos allí al Dios de Jesús.

Víctor Codina, sj. Bolivia

Cambiar el reglamento y echar al árbitro

Los nacionalistas han acudido mil veces al Constitucional cuando no les gustaban las leyes de la mayoría

Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice

Los debates suscitados por la sentencia sobre el Estatuto catalán llevan camino de ocupar más páginas que la sentencia. En lo esencial, pueden reducirse a dos géneros. El primero atañe a los problemas propiamente jurídicos, a lo que dice el Estatuto, a su compatibilidad con la Constitución y, en algún caso, resulte o no compatible, al contenido del Estatuto, porque, conviene decirlo, hay majaderías completamente constitucionales. Una dieta exclusiva de comida basura no está prohibida por la ley máxima.

El otro debate es de principio. No se discute lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, sino su legitimidad para decirlo. En Cataluña sucede cada día. Sin ir más lejos, la pasada Diada, Ernest Benach, presidente del Parlament, sostuvo que "el TC no puede cambiar lo dicho en un referéndum". Una más de las diversas declaraciones que contraponen "la voluntad nacional de Cataluña", por utilizar la colosal expresión de Joan Saura, a la interpretación que de la Constitución pudiera hacer el máximo tribunal. La voluntad democrática de los ciudadanos actuales tendría prioridad sobre una Constitución no votada por esos mismos ciudadanos. La democracia, entendida como la voluntad de la mayoría, chocaría con una Constitución que acota el campo de lo que la mayoría puede decidir.

Parecería que estamos ante un ejemplo de una clásica discusión de los filósofos del derecho: el control judicial de las leyes establecidas por los representantes cercenaría la democracia. Por dos razones, al menos. Porque mediante la Constitución una generación limitaría la voluntad de las siguientes: una "tiranía de los muertos", en palabras de Jefferson. Las Constituciones, resultado de la voluntad popular, pondrían trabas a la voluntad popular. Nacidas para asegurar a los ciudadanos sus derechos, impedirían a los ciudadanos decidir el contenido y alcance de sus derechos. El control judicial de constitucionalidad añade a este problema otro: la decisión final quedaría en manos de unas personas, los jueces, carentes de legitimidad democrática directa. No sólo eso. Dada la naturaleza inevitablemente abstracta y con frecuencia vaga del texto constitucional, la labor interpretativa del TC, en realidad, equivaldría a una labor legislativa. Un debate, como se ve, de hilván fino. Está lejos de resolverse pero, en todo caso, conviene insistir en que la tesis democrática, que cuestiona la legitimidad de las llamadas "instituciones contramayoritarias" como el TC, cuenta con poderosos argumentos. Bastante convincentes, a mi parecer.

¿Es éste nuestro caso? Empecemos por la "voluntad nacional de Cataluña". Un poco de historia, que no empiece hace 10 minutos, nos remite, antes que a otra cosa, a la "voluntad de los políticos catalanes". La idea de un nue

-vo Estatuto es cosa suya. De siempre. Por sus pactos de aquella hora o por lo que fuera, Pujol ya reclamaba su reforma en el instante siguiente a la aprobación del anterior. Cada vez que se acercaban las elecciones. Luego se olvidaba. Era su manera de mantener la tensión política, la letanía del victimismo y de la reclamación permanente insatisfecha, la identidad misma del nacionalismo. Naturalmente, no iba en serio. Como tampoco iba en serio Mas en octubre del 2002, cuando, sobre el horizonte de las autonómicas del año siguiente, volvió a repetir la misma cantinela, esta vez bajo la decoración de un "nuevo" Estatuto. Apenas un par de semanas antes, en el Parlament, ante una propuesta de Carod de reforma del Estatut, Pujol había silbado, alegando que en ese momento era "inviable" y "crearía frustraciones". Por supuesto, volvió a repetir, la próxima legislatura ya sería otra cosa.

Para desnudar sus intenciones, y a sabiendas de que el PP y CiU no iban a complicarse mutuamente la vida, PSC, ERC e IC recordaron a Pujol y a Mas que no hacía falta esperar a las elecciones. Maragall insistía en que con el PSOE en Madrid las cosas serían bien diferentes, que entonces sí se podría "cumplir el proyecto catalán y el de todos y cada uno de los pueblos de España, comenzando por el vasco" (EL PAÍS, 24 de octubre de 2002). Muy bonito pero, con las perspectivas electorales de aquellas horas, simple fantasía. A sabiendas. Y es que todos estaban convencidos de que el PP ganaría y, sobre ese trasfondo, el nuevo Estatuto no era más que un entretenimiento electoral. CiU pedía el cielo, el mismo de siempre; eso sí, para después de las elecciones. También como siempre. Y los otros, lo mismo, pero antes, para dejar a cada cual en su sitio, y porque, a qué engañarse, no daban un duro por Zapatero. Acabadas las elecciones, las cosas volverían a donde estaban.

Nadie creía entonces que el juguete iba a durar mucho más. Porque, a pesar de vivir en el eco de su propia voz, ni los más trastornados ignoraban que tampoco esta vez la vida de verdad se rozaba con sus entretenimientos. Ramoneda lo escribía en aquellos días aquí mismo: "Los catalanes están mucho más preocupados por el trabajo, por las pensiones, por la seguridad, por la inmigración, por la vivienda, por la carestía de la vida, por la sanidad y, en determinados momentos, por el terrorismo (...). Sin embargo, el principal debate que entretiene a la clase política catalana es la reforma del Estatuto (...). Se entiende por parte de la coalición nacionalista gobernante (...). Tampoco es extraño que Esquerra juegue esta carta (...). Es, sin embargo, difícil de comprender que entre al trapo el PSC. ¿A estas alturas todavía, de verdad, creen que necesitan competir en nacionalismo con Convergència i Unió?". En resumen, voluntad de la clase política.

La temperatura de "la voluntad nacional" la tomaba una investigación realizada por diversas universidades: entre las autonomías investigadas tan sólo los andaluces se sentían más satisfechos con su nivel de autonomía. A comienzos de 2003, según el CIS, tener un mayor grado de autogobierno sólo preocupaba al 3,9% de los catalanes. Resultados que no se vieron desmentidos tres años más tarde, cuando, después de una campaña de propaganda sostenida y atosigante, lo que se presentaba como la respuesta a las demandas del pueblo catalán recibió el refrendo, sobre el total del censo, del 35% de los ciudadanos, con una participación de menos de la mitad de los ciudadanos, una cifra inferior a la de las elecciones en plena guerra en Afganistán. Por situarnos.

Sencillamente aquí no hay voluntad democrática enfrentada a la Constitución. Pero no sólo por los esmirriados resultados, sino por razones más fundamentales. No tiene sentido alguno apelar a la democracia, a la mayoría, para contraponer la voluntad de una parte de la comunidad política, los ciudadanos catalanes, a la Constitución, que atañe al conjunto de la comunidad política. Lo mismo vale, con más razón, para el Parlament, que, por lo demás, no ha votado el actual texto. Si acaso, si somos serios al apelar a la democracia, la comunidad relevante, la mayoría a contraponer al TC tendría que ser el conjunto de los españoles. Dicho de otro modo, un refrendo nacional favorable a Estatuto sí que permitiría invocar a la democracia.

Cuando estas cosas se recuerdan, la argumentación rápidamente cambia de montura, se descabalga de la apelación a la democracia, y se acuerda de "las reglas", del procedimiento. Pero, claro, el procedimiento, las reglas nos conducen al TC. Lo que no se puede es descalificar lo que, en singular expresión, se llaman "tecnicismos jurídicos" y, cuando flaquea la democracia, cuando votan cuatro y el cabo, invocar los procedimientos y decir "¡ah, bueno, pero ésas son las reglas!". Una consideración a tener en cuenta también cuando se recurre a un argumento más atendible: la votación del Parlamento español, tampoco clamorosa, por lo demás; en el Senado, por los pelos. Y es que esa votación, como bien lo sabían los parlamentarios, no era una votación final. Todos conocían que quedaba el paso por el TC. Ése era exactamente su voto: un sí, que sabía que no era la última palabra. Los primeros que lo sabían eran los nacionalistas, que han acudido mil veces al TC, cuando no les gustaban las leyes de la mayoría. Con ese reglamento llevan jugando años. Lo que no vale es querer cambiarlo a mitad del partido y echar al árbitro para que cambie el resultado. Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice. Pero, francamente, no creo que los nacionalistas, confesos o vergonzantes, estén muy dispuestos a jugar en serio a la democracia.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.