Encuentra tu equilibrio interior
Permanece abierto a cuanto te acontece, pero sigue tu propia estrella
Asume tu tiempo, pero busca tu propio ritmo
Configura el mundo, pero no permitas que te absorba
Busca la energía interior, que se halla en la entrega, no en el ego
Asume tu responsabilidad y fomenta las posibilidades ajenas
Que no te absorba el trabajo, pero haz a gusto lo que haces
Ama el presente y aprende a vivir con serenidad
Vive tus propios valores, pero no valores ni juzgues a los demás
Persigue tus propios objetivos, pero busca también la paz
Sé bueno contigo mismo y abre tu corazón a los demás
Acepta tus propios miedos y transfórmalos en energía vital
En la vida no hay sólo días soleados: acepta también las crisis como oportunidad
Vive tu deseo, porque lo que existe no lo es todo
Acepta tu finitud, pero no olvides que eres infinitamente amado
Busca incesantemente el silencio
Anselm Grün
El cuarto pilar del bienestar está cojo
Los servicios sociales carecen de financiación básica estable y de una ley estatal que los consolide - Con la crisis, la necesidad está llamando a una puerta equivocada, la del trabajador social
Los servicios sociales son el cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a la sanidad, las pensiones y la educación. Pero todos los indicadores de cobertura social en España están por debajo de la media de los países de la UE-27. ¿Por qué? Hay dos razones de carácter histórico cultural: el franquismo, que perpetuó la beneficencia y la caridad décadas después de que en Europa se fueran consagrando los derechos sociales; y la mentalidad que eso ha dejado en varias generaciones, que renuncian a ejercer sus derechos porque no quieren aparecer como menesterosos o abandonados por la familia.
Es un gran reto para el Estado. En épocas de bonanza económica, las autoridades a duras penas cubren las necesidades sociales de sus ciudadanos. En medio de la crisis, con las arcas públicas menguadas y un número creciente de usuarios desasistidos, ¿aguantará el Estado de bienestar? No va a ser fácil. Hay agujeros en las políticas actuales: no hay una ley estatal de servicios sociales que articule todo el sistema y falta un modelo de financiación para las entidades locales -ayuntamientos y diputaciones- que dé estabilidad presupuestaria. Los municipios siguen aportando el 60% del presupuesto para servicios sociales básicos.
A pesar del retraso sobre el resto de Europa, en España ya hay mucho camino recorrido y la mayoría de las comunidades autónomas empiezan a reconocer tímidamente en sus últimas leyes los derechos sociales como derechos subjetivos, es decir, que los ciudadanos pueden reclamarlos en los tribunales.
En este escenario se aprobó hace dos años y medio la Ley de Dependencia, que ha supuesto "un hito histórico porque consagra derechos subjetivos. Por primera vez en España, una ley estatal garantiza un mínimo de protección para todos los ciudadanos", resume Gustavo García Herrero, jefe de sección de Inserción Social y Albergue Municipal de Zaragoza. García Herrero fue asesor ministerial en los ochenta, cuando se sentaban las bases del sistema de servicios sociales.
Pero la Ley de Dependencia, por más que importante, es sólo una parte de los servicios sociales. Porque, como recuerda constantemente el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, "todas las personas en situación de dependencia son usuarios de servicios sociales, pero no todos los usuarios de servicios sociales son personas dependientes".
En todo caso, la Ley de Dependencia -de nombre real Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia- es el modelo para el sistema social, por la consolidación de los derechos subjetivos. Lo que más nos acerca a Europa.
Cada mañana, Pilar Serrano ocupa su puesto en la oficina de la trabajadora social de Tauste (Zaragoza), un pueblo de algo más de 7.000 habitantes. Y pasa consulta. "Una de las principales ocupaciones actuales es la dependencia, la gente que viene a solicitar una ayuda de la ley. Los problemas ya los tenían hace tiempo, pero ahora les podemos ofrecer la recetica", se ríe. Ríe siempre, una de las condiciones indispensables para este colectivo, el buen humor, según dicen. "Yo ya sabía lo que les pasaba, les conozco de hace años y puedo redactar su plan individual de atención casi sin verlos", dice Serrano. Pero en 1985, cuando ella empezó, la gente reclamaba cosas sencillas, "como el abono del teléfono". Entonces, los asistentes sociales eran más animadores socioculturales e impulsores del asociacionismo.
En efecto, el perfil de la persona que se acerca a la consulta del trabajador social ha cambiado con los años. Serrano recibe entre 20 y 30 visitas diarias. Ahora, la gente es consciente de sus derechos y sabe adónde hay que acudir para ejercerlos, como el que va al médico cuando le duele algo, muy distinto de lo que ocurría hace décadas. "Eso es fundamental en los servicios sociales, un buen sistema de información, porque de poco serviría tener derechos si la gente no sabe que existen o cómo acceder a ellos", explica José Manuel Ramírez.
La red social es, en la actualidad, la más descentralizada de todas las existentes en España. "En los ochenta no había un pueblo que no tuviera su maestro, el médico y el cura; ahora eso ya no es así, ciertos servicios se han ido concentrando en las cabeceras de comarca, sin embargo, la red de servicios sociales de atención primaria es la más descentralizada de servicios públicos del país: no hay un pueblo donde no llegue el trabajador social al menos una vez a la semana. Y esa extensión en el territorio, la proximidad a las personas, es una de las mayores fortalezas del sistema", explica García Herrero.
Sólo trabajadores sociales hay unos 27.000. A ese batallón hay que sumar otros perfiles profesionales, psicólogos, animadores, auxiliares de hogar, educadores, terapeutas, que ponen los nombres y apellidos a este cuarto pilar del bienestar.
Adelina Laiz es auxiliar de hogar y trabaja en San Andrés de Rabanedo (León). Ayuda, por lo general, a ancianos en las tareas que ya no pueden hacer, pero también da compañía y conversación a gente más joven, como una mujer de 59 años con trastorno bipolar. Hace la limpieza, va a la compra. "Me gusta lo que hago, les coges cariño, son agradecidos", afirma esta mujer de 41 años que ahora se va a apuntar a un curso de lenguaje para sordos, porque también atiende a uno de ellos.
La profesionalización de estos cuidados, de siempre en manos de las mujeres de la familia, sobre todo en los países mediterráneos, es ahora una esperanza para combatir el paro, incluso un buen yacimiento de empleo más allá de la crisis actual.
Pero hay que detenerse en la crisis y en la financiación de los servicios sociales. Porque la recesión económica está saturando los ya de por sí magros recursos del sistema. Lo saben bien los trabajadores sociales, que estos meses reciben en sus consultas las peticiones económicas de familias en paro a las que no les llega para alimentar a sus hijos.
Y lo reconoce el Gobierno: "La coyuntura económica exige esfuerzos para cubrir las vulnerabilidades sociales que se producen en época de crisis", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza.
Sin embargo, ésa no es la función de los servicios sociales, sino la de asegurar la convivencia personal y social a personas que por distintos motivos (discapacidades físicas o psíquicas, desestructuración familiar, inmigración, drogas, cárcel, aislamientos, exclusión) no pueden desarrollarla adecuadamente.
"Mientras falte un sistema de garantía de ingresos mínimos, los servicios sociales se colapsarán", explica Gustavo García Herrero. Es lo que está pasando. "No podemos dar una vivienda a quien no la tiene, ni un empleo, eso corresponde a otras áreas, a otras políticas; lo que sí hacemos es asesorarlos para que lo encuentren y sepan mantenerlo", añade. El último congreso de trabajo social, celebrado en Zaragoza, expuso una conclusión primordial: el Estado debía garantizar unos ingresos mínimos a quienes no los perciben (parados, jóvenes) si espera que los servicios sociales sigan a flote.
Por eso es fundamental para la consolidación del sistema de servicios sociales una ley que consagre derechos, que luego se materializarán en recursos. Si el Estado impone como obligatoria la educación de 6 a 16 años, está obligado a garantizar de forma gratuita la escolarización en esas edades. Pues lo mismo en servicios sociales. Pero, salvo la Ley de Dependencia, no hay muchos derechos garantizados en este terreno, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades autónomas parchean como pueden las nuevas necesidades económicas de la gente.
Los municipios siguen aportando al sistema el 60% del presupuesto para servicios sociales, alrededor de un 30% las comunidades autónomas, y el Gobierno apenas el 10% restante. Francisco Moza reconoce el retraso histórico respecto a Europa, pero insiste en que se está haciendo un gran esfuerzo, y aporta unos datos: "Éste es el quinto año consecutivo en que los Presupuestos Generales del Estado dedican más del 50% a política social". Es cierto, pero ahí se incluyen educación, sanidad... "Es fundamental, como demuestran algunas encuestas entre mayores y la importancia que conceden a la salud, que haya una buena coordinación entre la sanidad y la política social", rebate Moza. Y prosigue: "En los últimos seis años, la teleasistencia se ha multiplicado por tres y tanto la ayuda a domicilio como las plazas en centros de día y residencias han experimentado un gran incremento".
Ésa es la actualidad. Ahora, un poco de historia reciente. Patrocinio de las Heras es la memoria de los servicios sociales en España, porque ella fue la directora general de Acción Social en el Ministerio de Trabajo en 1987, cuando vio la luz el Plan Concertado, la vía de financiación de los servicios sociales en ayuntamientos y diputaciones. "Habíamos transferido a las autonomías de forma integrada servicios dispersos en distintas administraciones. Y las comunidades fueron redactando sus primeras leyes de servicios sociales donde reconocían algunos derechos". Con el común denominador de todas ellas se firmó el Plan Concertado, que se nutre de fondos del Gobierno, de las autonomías y de los propios ayuntamientos. En total ese plan cuenta con 829.831.970 euros (algo más, porque éstos son datos de 2005. No hay nada publicado más actualizado). El Gobierno aportó en los últimos presupuestos 96 millones de euros, lo mismo que ha costado al Real Madrid el fichaje de Cristiano Ronaldo (94 millones). Sumar a eso lo del brasileño Kaká sería de sonrojo.
Patrocinio de las Heras cree que en la actualidad el sistema está "desarrollado por completo a nivel legislativo, y respecto a la gestión también hay leyes sectoriales de todo tipo, de adopción, sobre infancia, malos tratos...". Pero lo que no hay, dice, son los recursos necesarios para garantizar la cobertura. "Está la casa, pero aún le faltan profesionales y otros recursos. La red más desarrollada es la municipal". De las Heras critica la falta de impulso de que ha adolecido el sistema en los últimos tiempos. "En 1998 hubo un nuevo esquema del Plan Concertado para inversiones en nuevos centros que no se ejecutó, no se han desarrollado plantillas interprofesionales y los mapas de servicios sociales se van muriendo". Recuerda cómo en los ochenta, en cada plan de ordenación urbanística para levantar un nuevo barrio, se reservaban espacios para equipamientos de servicios sociales, como se reservan terrenos para hospitales o colegios.
Pone un ejemplo: "Centros de recuperación para mujeres maltratadas, como el de Ana María Pérez del Campo en Madrid. Debería haber muchos más". Cree, sin embargo, que sectorialmente se ha ido avanzando, es decir, centros de día, residencias para personas con discapacidad, modernos geriátricos, centros de tiempo libre para la infancia. "Pero además, los servicios sociales deben ser universales", reclama.
Consolidados en muchos países europeos -hacia donde avanza España con su Ley de Dependencia, entre otras cosas- este sistema de atención a las necesidades de convivencia tiene nuevas necesidades que atender en los últimos años. La inmigración ha abierto un frente, la soledad, que ya es una vieja conocida en Occidente. Muchos psicólogos se están haciendo cargo de estos nuevos problemas, aunque se quejan de falta de personal.
Juan Antonio Marcos es el director del Centro de Servicios Sociales de Alcalá de Guadaira (Sevilla), pero antes ha ejercido como psicólogo de base, otra de las figuras profesionales que integran los servicios sociales. Se queja de la escasez de psicólogos en un momento en que las necesidades requieren cada vez más de profesionales con este perfil. Los casos que atienden son adicciones, abusos, maltratos, agresividad en la escuela, problemas con la pareja, relaciones familiares. "Para todo ello hacemos programas de prevención. Es fundamental, porque atajar a tiempo los problemas es básico".
La soledad y esos otros problemas de los que habla Juan Antonio Marcos, enlazan con la reticencia cultural que persiste en España a acercarse a los servicios sociales cuando se dispone de dinero y de familia. Cuando se tiene cobertura económica, los servicios sociales, piensa la gente, no están hechos para ellos. Nada más erróneo.
En los 15 años que lleva Gustavo García Herrero al frente del albergue de Zaragoza ha visto de todo, -cómo alguien tarda 10 minutos en quitarse un calcetín porque la mugre lo ha fundido con la piel, o emotivas anécdotas de solidaridad-, pero lo que más le ha impresionado, siempre, son las situaciones de soledad, el mal del primer mundo. Es lo que llaman "necesidades ocultas". Están ahí, pero nadie pide ayuda para combatirlas.
Necesidades ocultas, reticencias a acercarse a los servicios sociales, escasez de financiación que condena a la inestabilidad de las subvenciones, ausencia de una ley estatal... A todo esto hay que sumar la ausencia de estadísticas que sirvan de punto de partida para conocer la situación y actuar en consecuencia. El agujero en los datos -salvedad hecha de algunas encuestas entre personas mayores- es tan acusado, que condena a los servicios sociales al silencio. Y la crisis, que deja oleadas de miseria en la puerta equivocada. ¿Se puede llamar a esto el cuarto pilar del bienestar?
Carmen Morán en El País.
Parábola del náufrago y el pollo
Ha fracasado el intento de una política de comunicación con mucha comunicación y ninguna política
La cifra de votaciones perdidas en el Congreso, 11 de un total de 800 desde el inicio de la legislatura, no justifica la sensación de que el Gobierno se enfrenta a una irresoluble soledad parlamentaria. Y, sin embargo, ésa es la imagen que se ha impuesto en las últimas semanas, coincidiendo con las primeras escaramuzas en el Congreso para la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que, a la vuelta del verano, el Gobierno se enfrentará a ellos con lastres tanto políticos como económicos. Entre los primeros, los retrocesos electorales en las elecciones gallegas y, sobre todo, en las europeas, que volvieron a poner de manifiesto un fenómeno recurrente desde las generales de 2000: convocatoria tras convocatoria, la derecha siempre obtiene similares porcentajes de voto y, por tanto, sólo está en situación de ganar aquellas elecciones en las que el apoyo a la izquierda se desploma. Entre los lastres económicos, por su parte, el Gobierno deberá hacer frente de nuevo a su pecado original ante la crisis: primero negada y abordada, después, como un simple problema de comunicación, en el que lo importante era anunciar un improvisado paquete de medidas detrás de otro.
Pero si con los números en la mano no puede afirmarse que el Gobierno esté solo, la pregunta inevitable es por qué, entonces, está transmitiendo esta imagen de soledad. No faltarán, sin duda, quienes desde el Gobierno o desde su entorno se apresuren a diagnosticar los errores en la presentación pública del atropellado batallón de medidas reveladas tras cada Consejo de Ministros, y promuevan, en consecuencia, nuevas ofensivas mediáticas con su renovado catálogo de consignas rutilantes y su correspondiente coro de portavoces para aventarlas. La lección que parece desprenderse, sin embargo, de estas semanas en las que se ha ido abriendo paso la imagen de soledad del Gobierno es que ha fracasado la pretensión de desarrollar una política de comunicación con mucha comunicación y ninguna política. Los reiterados anuncios de brotes verdes, de fechas para la recuperación, de horizontes radiantes, han podido distraer durante un rato a los ciudadanos, aunque al inmenso coste de acabar invitándolos a considerar, pasado el embrujo de las palabras, que da igual lo que diga el Gobierno.
Y tal vez haya sido ahí, en esa creciente grieta entre los aspavientos de comunicación del Gobierno y la rocosa tozudez de la realidad económica, donde la imagen de soledad empezó a echar sus raíces. Porque, como demuestra la exigua cifra de votaciones perdidas durante la legislatura, no es que el Gobierno esté solo en el Congreso. Si está solo es a la manera de esos personajes hiperactivos que, ante cualquier noticia, buena o mala, echan a correr dando gritos en todas direcciones, y a los que conviene mirar desde lejos porque, por más que se intente, resulta imposible seguirlos en sus circunvoluciones imprevisibles. En fin, y únicamente para entendernos, la soledad que podría estar aquejando al Gobierno no es la del náufrago, sino la del pollo sin cabeza. El acuerdo de esta semana con Izquierda Unida para gravar las rentas más altas y abolir los regalos fiscales, un acuerdo que sólo sobrevivió algunas horas, ya fuera por descoordinación entre el Ejecutivo y el grupo parlamentario, ya por otras causas desconocidas, es un ejemplo. Como también lo son los vaivenes sobre las subidas de impuestos, las voces discordantes sobre la eventual reforma del mercado laboral, los meandros indescifrables de la financiación autonómica o las declaraciones en contra o a favor de la energía nuclear y el cierre de Garoña.
A la vuelta del verano, la negociación de los presupuestos será el primer examen para saber cuánto dará de sí esta legislatura. Para entonces, o el Gobierno ofrece una sola voz y, desde esa voz, un único mensaje, o unos presupuestos a base de remiendos multicolores y negociados a la desesperada pueden traducirse, aunque se aprueben, en un reforzamiento de esa imagen de soledad que no se corresponde con los números. La soledad de los náufragos es trágica, y por eso se suele contemplar desde la solidaridad e, incluso, la admiración. Pero la de los pollos sin cabeza es aturullada y, pese al horror que la provoca, no acostumbra a mover sino a la risa. Para un Gobierno que ha hecho de las cuestiones de imagen una obsesión, la comparación entre náufragos y pollos constituye casi una parábola. Una parábola sobre la que tendrá que pronunciarse a la vuelta del verano, no ya para evitar la soledad parlamentaria, sino para no dejarse en una carrera sin dirección a sus propios electores.
José María Ridao en El País.
Paraje natural
La privada conquista la tarta sanitaria pública
PP y PSOE repiten modelo en todas las autonomías: externalizar servicios para sortear deuda y listas de espera - Fundaciones sin ánimo de lucro o sociedades anónimas se ocupan de la gestión
La asistencia sanitaria de más de un millón de valencianos depende de una única empresa privada. La misma compañía -Ribera Salud- que realiza las pruebas analíticas de otro millón de madrileños. En Cataluña, Entidades de Base Asociativa (EBA), cuyos accionistas son los propios médicos, gestionan doce centros de atención primaria. En Andalucía, la Consejería de Salud derivó a 17 hospitales no públicos más de 60.000 intervenciones quirúrgicas sólo en 2007. En Baleares, el PSOE prometió modificar el modelo de gestión del nuevo hospital de referencia Son Dureta cuando accediera al Gobierno autónomo. Ahora, ha cambiado de parecer y mantendrá el mismo sistema público-privado que ha generalizado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En Canarias, el Gobierno autónomo mantiene conciertos con los hospitales de la red privada Hospiten. Y el resto de comunidades han firmado acuerdos con empresas privadas para derivarles pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Una fórmula que, en la mayoría de los casos, permite aligerar las abultadas e interminables listas de espera. ¿Suponen estas nuevas modalidades de prestación sanitaria una privatización encubierta del sistema público de salud mientras los usuarios no deban pagar ni un solo euro?
Nadie se pone de acuerdo en la respuesta y aparecen, por doquier, voces discordantes, tanto a favor y en contra de las cada vez más imaginativas fórmulas de gestión no estatutarias -empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro- frente a las eminentemente públicas -estatutarias- que prestan los servicios autonómicos de salud con su presupuesto, personal e infraestructuras.
"La sanidad se privatiza cuando estás obligado a pagar por el servicio que recibes, no en función de quien te lo presta", afirma Joan Farré, director general técnico del Consorcio Hospitalario de Cataluña, una entidad que asocia a fundaciones sin ánimo de lucro y entidades municipales que gestionan varias áreas sanitarias y nueve hospitales. "El debate sobre la provisión no es inocuo y privatizar es cualquier forma de ceder la gestión a otro que no sea la propia autoridad sanitaria", contradice Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. "Sin duda hay una privatización creciente y cada vez más importante, porque se introducen mecanismos de gestión privada en centros de titularidad pública. Y aquí incluyo también a las fundaciones", abunda Marciano Sánchez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que acaba de emitir un informe muy crítico sobre la situación de este sector en España. El documento, por ejemplo, denuncia que, de todo el gasto sanitario anual de cada persona, el sector público cubría el 81% en 1980 cuando en 2007 se redujo al 70%. Es decir, el ciudadano paga de su bolsillo ya el 30%.
Los nuevos modelos de gestión hospitalaria surgieron en Cataluña a principios de los noventa, porque fue la primera comunidad en asumir sanidad. Mientras en el resto de España el antiguo Insalud tenía a su cargo el 80% de los centros hospitalarios, en Cataluña el porcentaje era del 35%, porque coexistían cerca de 60 centros propiedad de órdenes religiosas, ayuntamientos, consorcios, fundaciones y organismos con todas las formas jurídicas posibles. Y para integrar a estos hospitales en el sistema público se inventó el denominado "modelo catalán", que consiste en convertir a la Administración en "compradora" de servicios sanitarios a diversos "prestadores" de los mismos. Una fórmula que todas las regiones copiaron pero introduciendo múltiples variables conforme iban asumiendo las transferencias en materia sanitaria.
Mientras Cataluña y otras regiones -Andalucía, Baleares, Aragón- limitaron la gestión distinta de la pública a entidades sin ánimo de lucro, el PP empezó a explorar en Valencia y Madrid nuevas fórmulas de colaboración con sociedades anónimas, empresas privadas que, en muchos casos, eran ajenas a la sanidad. La más novedosa empezó en la Comunidad Valenciana en 1999 con el denominado Modelo Alzira y carece de precedentes en los países de la OCDE. El Gobierno del PP ha concedido a Ribera Salud (propiedad a partes iguales de Bancaixa y la CAM) la organización de cinco áreas sanitarias (Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche), y atiende desde la asistencia primaria hasta la hospitalaria, junto a aseguradoras como Adeslas, Asisa y DKV. El Gobierno del PP paga 599 euros por cada usuario de esa zona, con una media de 200.000 habitantes cada una. En Cataluña, un consorcio recibe unos 545 euros per cápita.
Eloy Jiménez, director general de recursos económicos de la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana, despeja las dudas sobre esta fórmula. "La calidad asistencial se cumple, se da un plus de eficiencia en los recursos, las listas de espera no superan los 60 días, y tenemos un comisionado en cada hospital que vigila las altas, las autorizaciones y realiza una auditoría permanente de los servicios y el funcionamiento". Pero Ribera Salud es una empresa privada y le interesa obtener ganancias, se le interroga. "Hay un compromiso de inversiones que siempre se cumple y además los beneficios superiores al 7,5% de la tasa de rentabilidad interna revierten siempre en una mayor inversión", añade.
En Madrid el modelo es similar, pero se limita a la gestión hospitalaria. Hay dos variantes. El conocido como PPP (public-private-partnership) se ha utilizado en los centros de San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Coslada, Aranjuez, Arganda, Parla y Majadahonda. Consiste en ceder a una sociedad anónima la construcción y gestión de los servicios auxiliares del hospital, mientras el personal clínico es funcionarial. La comunidad, en este caso, paga un canon anual, que el primer año ascendió a 103 millones de euros y los restantes a 95,4.
Por el contrario, en el hospital de Valdemoro la construcción y gestión de todos los servicios es privada. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, quiere extender esta fórmula a los de Collado-Villalba, Torrejón y Móstoles. En Valdemoro, el Gobierno regional paga 330 euros por usuario, aproximadamente unas 110.000 personas.
¿Por qué se utilizan estas fórmulas? Un alto directivo de una de las empresas participantes responde: "La Administración ya no puede endeudarse más en aplicación de las directivas europeas. Y de esta forma traslada el riesgo al sector privado y así no le computa como deuda".
Los defensores de esta fórmula -ceder la gestión a sociedades anónimas- esgrimen argumentos económicos y de calidad asistencial. Eloy Jiménez, por ejemplo, señala que el modelo Alzira es un 25% inferior al coste del conjunto de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana.
Por su parte, Manuel Peiró, vicerector y director de programas de servicios integrados de Salud de ESADE, defiende el Modelo Alzira frente al de Madrid "porque en el primero se controlan todos los flujos de los enfermos y los incentivos van asociados a todas las áreas y niveles de la sanidad". Pero alerta de que la gestión privada se basa en maximizar la inversión y en minimizar costes. "Pueden darse problemas de criterios de calidad y, por tanto, hay que estar muy vigilantes para que cumplan los estándares".
David Elvira, director general de Recursos Sanitarios de la Generalitat de Cataluña, admite que las formas de gestión distintas a la pública son más flexibles y no están sometidas a la "rigidez" del funcionariado pero subraya que tiene sus temores respecto a conceder la gestión a empresas privadas y defiende el modelo catalán, que da preferencia a las entidades sin ánimo de lucro. "Los facultativos del Hospital Clínico de Barcelona [gestionado por un consorcio] decidieron rebajarse el 1% su masa salarial a cambio de realizar cursos de formación y especialización en Estados Unidos. Esto sería impensable en la pública", añade Manuel Peiró.
Los estudios publicados sobre la eficiencia de los centros sanitarios gestionados por empresas públicas o privadas son discordantes. La Organización Mundial de la Salud, en 2006, advirtió que dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, prohibitivamente complejo y, a veces, va en detrimento de la calidad. "La colaboración público-privada complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital", se afirmaba en el documento. Y Marciano Sánchez, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, pone como ejemplo los hospitales de Madrid. "En un mismo centro hay duplicidad de gestión. Es mucho más caro, surgen problemas de coordinación dentro del mismo hospital y se producen distorsiones".
En cambio, un informe de la prestigiosa consultora IASIST, que anualmente elabora la lista TOP 20 de los mejores hospitales españoles, sostiene que los centros con nuevas formas organizativas exhiben una mayor eficiencia "por los costes ajustados y la estancia media" de los pacientes en el hospital. En cambio, la calidad asistencial (mortalidad, complicaciones o readmisiones) entre los centros gestionados por la Administración y por fundaciones o consorcios "no se ve afectada por la implantación de uno u otro modelo" [ver cuadro adjunto]. La directora de IASIST agrega al respecto: "Los hospitales de gestión no estatutaria son más eficientes cuando empiezan, pero al cabo de los años los parámetros respecto a los estatutarios tienden a asimilarse". Y Peiró lo argumenta "por efecto de la misma contaminación del sistema".
Hasta Antonio Cabrera admite que la sanidad pública debería flexibilizar algunas modalidades de gestión siempre que fueran fruto del consenso político "porque ahora es muy rígida. Por ejemplo, suprimiendo la intervención previa, porque no se puede comprar nada sin la autorización de Hacienda, o hacer más profesionales los procesos de selección sin acudir a inventos nuevos". Pero siempre desde la gestión pública.
Su homólogo Antonio Gallego, del sindicato Médicos de Cataluña, mayoritario en el sector, sostiene otra versión: "Podemos explorar nuevas fórmulas de cogestión y que incluso los médicos participen en ella, pero lo que debe primar es la calidad sanitaria porque los médicos tenemos un deber deontológico que es atender al paciente con la máxima eficiencia y calidad posible. Dicho esto, no toleraré que un administrativo nos marque el tiempo que debo dedicar a un paciente".
¿Y los usuarios? Carmen Flores, de la Asociación del Defensor del Paciente señala que la Comunidad de Madrid es la "más condenada y denunciada por la privatización tan tremenda de su sistema sanitario" y señala que "son más denunciados los privados por su mala praxis". Sin embargo, carece de datos comparativos. Carmen Sabaté, directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, admite que cuando se implantaron las primeras EBA en Cataluña puso el grito en el cielo "pero ahora reconozco que son más eficientes que algunos ambulatorios del Instituto Catalán de la Salud".
Público, de ocho a tres
El Hospital Clínico de Barcelona funciona como un centro público por la mañana y como uno privado por la tarde, gestionado por la empresa Barnaclínic. Utiliza las mismas instalaciones -salvo una planta de hospitalización- y dispone de los mismos médicos. Pese a las dudas éticas sobre este modelo, los gestores lo defienden porque supone fidelizar a los profesionales y un alivio para las arcas públicas. En 2008, Barnaclínic facturó 12 millones, de los cuales pagó 8 al Clínico por el alquiler de infraestructuras y equipos.
Josep Garriga en El País.
www.democracia.com
Hoy, gracias a Internet, todo disidente es un corresponsal de la BBC que envía correos o vídeos
¿Se imaginan una tecnología que pudiera convertir cada libro o periódico que compráramos en una imprenta con la que editar cientos de ejemplares y hacerlos llegar a quien quisiéramos? ¿O que cada receptor de radio tuviera un botón con el cual pudiéramos convertir el altavoz en un micrófono con el cual hacer llegar nuestra voz a millones de personas? ¿O que cada aparato de televisión pudiera convertir el salón de nuestras casas en un estudio desde el que producir y emitir nuestros programas?
En un mundo así no es difícil imaginar lo complicada que sería la vida para las dictaduras, empeñadas en publicar libros y periódicos con los que adoctrinar; adictas a machacar con su doctrina a los ciudadanos vía radio y televisión y obsesionadas con suprimir todo el pensamiento disidente.
Afortunadamente, esa tecnología ya está entre nosotros, Internet, y está haciendo que las dictaduras del siglo XXI echen de menos el siglo XX. Como muestra el caso iraní, las nuevas tecnologías de la comunicación están permitiendo a los ciudadanos organizarse de una forma inédita en la historia. Nada más producirse los primeros disturbios, el régimen prohibió a los periodistas extranjeros salir a la calle y, posteriormente, comenzó a expulsarlos. Buen intento, especialmente en lo que se refiere a los corresponsales del servicio de la BBC en farsi, cuyas emisiones desde Londres obsesionan al régimen hasta el punto de gastar millones de dólares en interferirlas. En el pasado, esto hubiera implicado un apagón informativo total. Hoy, gracias a Internet, todo disidente es un corresponsal de la BBC, de tal manera que en sus estudios de Londres viene recibiendo una media de 10.000 correos electrónicos diarios y tres videoclips por segundo con información en tiempo real sobre lo que allí está ocurriendo. Impresionante.
Esta semana pasada, el Gobierno chino ha tenido que dar marcha atrás en su intento de imponer la instalación en toda computadora de un cortafuegos supuestamente destinado a filtrar la pornografía, pero que muchos temían tuviera como objetivo estrechar aún más el cerco que Pekín mantiene sobre Internet. La movilización de millones de blogueros chinos ha dado al traste con el proyecto Presa Verde. La analogía histórica con la muralla china es más que evidente: esta vez han sido los bytes, no los nómadas del norte, los que han mostrado la inutilidad de algunas murallas.
El régimen iraní no sólo ha fracasado a la hora de evitar que la información salga del país; lo que es más importante, no ha podido evitar que circule dentro. Los mensajes de texto desde los móviles, las redes sociales como Twitter o Facebook y las páginas web han permitido a la oposición coordinarse y seguir informándose. Las emisiones de la BBC se pueden interferir y sus corresponsales pueden ser expulsados, pero Internet ha creado una red de comunicación social horizontal que no puede ser filtrada ni obstaculizada. En China o en Irán la información es ya como el agua: no puede ser detenida.
Cerrar la red de telefonía móvil, ralentizar Internet o filtrar los contenidos de las páginas web de la oposición son medidas a la desesperada que pueden ser efectivas durante algún tiempo, pero que muestran la impotencia del régimen. Ya no hace faltar sospechar del pucherazo: la propia reacción del régimen confirma que estamos ante un golpe de Estado interno que está teniendo más problemas de los previstos para consolidarse, precisamente porque la sociedad iraní es ya demasiado horizontal para que le quepa una teocracia.
Las teocracias se basan en el monopolio de la palabra, en las democracias los ciudadanos tienen la última palabra. Durante veinte años, el régimen ha hablado a los iraníes, pero no les ha permitido responderle. Ahora los ciudadanos han descubierto que pueden hablar entre ellos. Es ilusorio pensar que Internet llevará la democracia a Irán, serán los iraníes los que lo hagan, pero es evidente que Internet ha permitido a los iraníes celebrar la segunda vuelta de unas elecciones cuyos resultados les han robado. El líder supremo no está en Facebook, así que lo tendrá difícil en la segunda vuelta.
José Ignacio Torreblanca
El profesor es la diferencia
Un buen clima escolar depende más de la habilidad del maestro que del tipo de colegio, según la OCDE
"Los alumnos se comportan según el contexto", dice Fernández Enguita
El tiempo que se emplea en imponer silencio es distinto en cada clase
La calidad de la enseñanza de un país no puede ser mayor que la calidad de cada uno de sus profesores, aseguraba la semana pasada el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, al presentar una macroencuesta a 90.000 docentes de secundaria de 23 países. El informe Talis deja claro que las mayores diferencias de percepción del clima escolar, de las relaciones entre docentes y alumnos no se dan entre países (25%), ni siquiera entre el centro que está en la zona rica y el que está en la zona pobre (10%), sino entre los profesores de un mismo colegio que dan clase cada día a los mismos alumnos (65%).
Respecto a la disciplina, el tiempo que pierden los profesores en clase haciendo callar a sus alumnos también varía, sobre todo dentro de la misma escuela: un 85% de las variaciones en lo que el informe llama el ambiente disciplinario de la clase.
Así, lo que dice el estudio es que la diferencia la marca cada docente. "Dado que la mayor cantidad de variaciones en la pérdida de tiempo lectivo se observa entre diferentes profesores dentro de los centros, parece más necesaria una política de prestar atención a las habilidades y la disposición de los profesores a nivel individual que mejorar el ambiente y la disciplina generales de los centros", dice el informe Talis.
Así, desde que el estudio se publicara la semana pasada, las reclamaciones más repetidas han sido las de una mayor formación pedagógica para el profesorado y más profesionales de apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que los docentes españoles son los que peor percepción tienen del ambiente escolar en sus colegios e institutos de los 23 países que han participado en el estudio.
"Lo decisivo, en todo caso, es el profesor", dice el catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita. No le extrañan esos resultados del informe, dice, sobre una institución tan basada en enseñar en grupos pequeños alrededor del docente. "Los alumnos, por otra parte, son muy capaces de variar su comportamiento según el contexto, y el orden en un aula dependerá del grado en que el profesor establezca unas reglas claras, cumpla su parte en ellas o simplemente haga su trabajo", dice Fernández Enguita.
Otro catedrático de Sociología, Julio Carabaña, de la Universidad Complutense, advierte de su gran desconfianza ante este tipo de estudios, que reflejan percepciones haciendo preguntas muy abiertas. En cualquier caso, tampoco está de acuerdo con la receta de formación que sugiere el informe, ya que es muy difícil influir, cambiar lo "que tiene que ver con los rasgos de personalidad del profesor", por muchas herramientas que se le den. Para Carabaña, donde sí sería mucho más efectivo intervenir para mejorar ese clima es cambiando la organización de las clases "para facilitarle al profesor la toma de control", por ejemplo, pensando muy bien cómo agrupar a los alumnos más indisciplinados.
Sí está de acuerdo Carabaña, sin embargo, en que el ambiente de una clase (esas interrupciones) es crucial para el aprendizaje. "No importa si perder 10 minutos haciendo callar es mucho o poco tiempo, basta con que el profesor lo perciba como demasiado y le cree tensión", dice.
Para Fernández Enguita, "una encuesta, por supuesto, recoge percepciones de los problemas sobre los que pregunta, no sobre los problemas mismos, y puede que donde una ve la botella medio llena otro la vea medio vacía". Estas diferentes percepciones sobre una misma realidad pueden ser el reflejo de que los profesores usan métodos de trabajo muy distintos, con muy poca comunicación y colaboración entre ellos, es decir, que cada uno hace la guerra por su cuenta: "Como tantas veces se ha dicho, los institutos suelen ser organizaciones sin una dirección con autoridad y con competencias y sin un proyecto efectivo".