Adicción al trabajo: malo para ti y para tu empresa

Entre el 7% y el 12% de los españoles tienen una relación patológica con el empleo, por pasar demasiadas horas y hacerlo de forma compulsiva - No son más productivos y crean mal ambiente

¿Se siente culpable si no está en la oficina? ¿Siente ansiedad en sus momentos de libranza? Esto le interesa.

La cara visible de José, de 54 años, era la del médico de éxito con una envidiable trayectoria investigadora que había alcanzado la cima profesional. La oculta era la del enfermo que se refugiaba en el alcohol y los tranquilizantes para soportar el estrés de jornadas laborales de 16 horas. "Llegué a tomar nueve cañas de cerveza y cajas de tranquimazines al día". Hace unos 10 años tocó fondo y, como él dice, salió de la burbuja en la que vivía. Desde entonces ha cambiado de trabajo y ha bajado el ritmo, pero sigue tratamiento en la clínica Capistrano de Mallorca después de varias recaídas: "Es largo y difícil dejar el alcohol y las pastillas".

La adicción al trabajo es un problema que padecen, en distinto grado, entre el 7% y el 12% de los trabajadores, según los distintos estudios publicados en España. En esencia, consiste en "mantener una relación patológica con algo tan elemental y básico como el trabajo", como apunta José María Vázquez-Roel, responsable del centro Capistrano, especializado en el tratamiento de las adicciones. Y, como le sucedía a José, no es raro que vaya asociado con otras dependencias. El propio Vázquez-Roel apunta que en el 30% de los casos que atienden por abuso de cocaína, el problema principal es la adicción al trabajo.

Hasta hace un par de décadas había aspectos de esta conducta que no se veían con malos ojos, como destaca Mario del Líbano, investigador de la Universidad Jaume I de Castellón. No sólo por el sector empresarial -que, en parte, sigue sin advertir el lado más oscuro de este hábito- sino por distintos estudios que hablaban de una vertiente positiva relacionada con la elevada productividad de estas personas o incluso con la satisfacción que les proporcionaba estar volcados de forma absolutamente incondicional en su carrera profesional.

Sin embargo, las últimas investigaciones han echado por tierra estas lecturas. La más reciente, publicada por un equipo de investigadores dirigidos por Del Líbano y colegas de la Universidad de Utrecht el pasado mes de febrero en la revista Psicothema, ha servido, por un lado, para resolver uno de los problemas que ha perseguido a estos pacientes: la dificultad de afinar su diagnóstico. El artículo presenta un test relativamente sencillo de 10 preguntas, el DUWAS (Dutch Work Addiction Scale), dirigido a detectar los niveles de adicción de los trabajadores.

Pero, además, el artículo deja claro el carácter patológico de este comportamiento. "Hemos demostrado que la adicción al trabajo es un concepto negativo, ya que a mayor adicción existe una menor felicidad y una peor percepción de la salud que tienen estas personas", sostiene Del Líbano. En ello abunda José María Vázquez-Roel desde una perspectiva más clínica, fruto de la experiencia del tratamiento a decenas de pacientes: "El trabajo les destroza la vida, viven sólo por y para trabajar, por lo que su vida se convierte en algo absolutamente unidimensional. Sacrifican todo lo demás, ya sean aspectos tan importantes como la salud o la familia".

El estudio de las dos universidades, elaborado a partir de datos obtenidos de 2.714 trabajadores -de los que 2.164 son holandeses y 550 españoles- ha servido para delimitar el perfil del adicto al trabajo (los autores se refieren a la palabra anglosajona workaholic, algo así como trabajohólico) a partir de dos criterios.

Por un lado está el trabajo excesivo. Pero no basta con pasar 50 horas a la semana en la oficina, simultanear dos empleos, entrar el primero y salir el último del despacho o acudir habitualmente al puesto de trabajo los fines de semana y festivos. Además, debe ser un trabajo compulsivo. "Es gente que no puede dejar de trabajar y que si lo hace se siente ansiosa y culpable" apunta Del Líbano. "No saben qué hacer si no tienen trabajo y se aseguran tener siempre algo pendiente para poder mantener esta actividad de forma constante", añade. "Son sensaciones similares al síndrome de abstinencia de los consumidores de drogas", pero con una diferencia muy importante, "a un alcohólico se le puede prohibir que siga bebiendo, pero a un adicto al trabajo no le puedes impedir que siga trabajando".

Su perfil suele ser el de personas de 35 a 45 años que han alcanzado puestos de responsabilidad en sus empresas y que desempeñan tareas cualificadas. "Este tipo de trabajo proporciona mucha autonomía a la persona, de forma que puede dilatar a su voluntad los horarios de trabajo e imponerse las cargas laborales que quiera asumir", comenta el investigador de la Universidad Jaume I. Pero, además, se trata de personas con funciones "que ofrecen posibilidad de crecer, de potenciar la creatividad, de aprender, desarrollarse, evolucionar", características todas ellas muy estimulantes y con una potencial carga adictiva elevada. "Hay que tener en cuenta que, al igual que cualquier sustancia química que crea dependencia, esta actividad proporciona placer, alivio, una desconexión del mundo real, como sucede con los ludópatas o adictos al sexo", indica José María Vázquez-Roel. "La adicción apenas se da en trabajos rutinarios, ya que una labor menos cualificada ofrece menos retos y suele tener horarios más rígidos, además de que no puedes trabajar si no estás en la empresa o la fábrica", añade Del Líbano.

"Yo diría que existen dos perfiles del adicto al trabajo", comenta el responsable de la clínica Capistrano. "Por un lado están los obsesivos, personas muy perfeccionistas y exigentes que no saben delegar y quieren tener el control de todo; por otro, los narcisistas, que es gente muy ambiciosa y cegada por la obtención de poder". Entre estos últimos, el responsable del centro de rehabilitación destaca a los políticos. "De hecho", apunta, "ahora mismo tenemos a alguno de ellos en tratamiento; la política es muy adictiva". La adicción no distingue entre sexos, según el investigador de la Universidad de Castellón. "Últimamente hay una mayor proporción de trabajadoras afectadas, pero ello se debe al mayor acceso de la población femenina a altos cargos".

Además de los problemas que provoca este comportamiento en las personas que lo padecen, está el impacto que tiene en las empresas. "Es difícil de evaluar", indica Eva Cifre, que dirige, también en la Universidad Jaume I, un trabajo sobre las estrategias de recuperación frente al estrés y cómo afectan estas a la productividad y el bienestar psicológico de los trabajadores. "Se suele evaluar a partir de las percepciones de los supervisores, clientes y subordinados de estas personas".

A corto plazo, este tipo de personas ofrece un excelente rendimiento, de forma que, a primera vista, pueden resultar un perfil muy atractivo en los procesos de selección de personal. "Hasta hace poco era gente muy solicitada", admite Del Líbano. Sin embargo, a medio plazo, el ritmo de trabajo tan elevado que se imponen estos trabajadores y los retos tan ambiciosos a los que aspiran provocan que, al final, no puedan con las metas que se marcan. "Es gente que acaba comiendo mal, cuidándose poco, durmiendo de forma insuficiente...", por lo que su rendimiento cae en picado.

"Se acaban convirtiendo en un problema para sus empresas", añade José María Vázquez-Roel, que introduce un nuevo elemento: el mal ambiente que acaban generando. Se trata de personas muy competitivas que fuerzan a su entorno a seguir un ritmo muy elevado, que no saben delegar ni trabajar en equipo, por lo que cada vez se encuentran más aislados, de forma que generan un ambiente en sus empresas muy negativo y una tensión constante en sus relaciones con el resto de compañeros, como destaca Del Líbano.

A ello se suman los problemas personales que padecen en sus relaciones sociales, al reducir el círculo de amistades por no dedicar tiempo más que al trabajo, así como en su entorno familiar. "Hay estudios en Estados Unidos que reflejan una tasa de divorcios más elevadas en gente con este tipo de problema", según el investigador de la Jaume I, pero también tiene más riesgo de sufrir problemas de salud (cardiovasculares, gastrointestinales, incluso diabetes por episodios de estrés o emocionales).

Del Líbano advierte que es importante no confundir la adicción al trabajo con el compromiso con la empresa, que es "un concepto positivo". La diferencia fundamental entre estos dos comportamientos consiste en que las personas comprometidas, además de ser eficientes, tienen capacidad de desconectar de la vorágine laboral. Y es esta habilidad la que les permite descansar y, al volver al trabajo, mantener elevadas tasas de productividad.

"Es gente que sabe mantener el equilibrio entre el trabajo y su vida personal, de forma que el exceso de trabajo no les afecta a sus relaciones sociales ni familiares", apunta Del Líbano. Sobre esta facultad, la de recuperarse de la presión del trabajo, está preparando un estudio su compañera en la Jaume I Eva Cifre. No sólo sobre fórmulas de recuperación y cómo afectan a la productividad y el bienestar psicológico de los trabajadores; también trata de determinar cuáles son las claves que permiten a determinadas personas compatibilizar elevados ritmos de trabajo con un buen rendimiento, mientras otras personas caen en la ansiedad y la ineficiencia.

Una de las grandes especialistas en esta materia es Sabine Sonnentag, profesora de la Universidad de Constanza (Alemania). En sus estudios, alude a las distintas estrategias que ayudan a recuperarse del estrés laboral. Entre ellas está el distanciamiento psicológico, que consiste, por ejemplo, en irse de viaje o realizar actividades que sirvan de descanso mental como puede ser jugar con los niños. Los llamados procesos de relajación fisiológica (masajes, balnearios, yoga), o las denominadas experiencias de dominio, que consisten en desarrollar actividades fuera del trabajo que supongan un desafío, como puede ser actividades deportivas o el aprendizaje de una afición. A ellas añade las experiencias de control: actos en los que la persona sienta que lleva las riendas y que puede elegir, que pueden ser tan simples como ir a la compra.

En todo caso, no existen reglas genéricas que sirvan para todo el mundo. "Hay a quien le bastan 10 minutos de relajación para recuperarse, y quien necesita una hora", apunta Cifre.

La reflexión de Cristina Simón, decana de Psicología Organizacional del Instituto de Empresa también tiene que ver con el compromiso con la empresa, pero desde una perspectiva diferente. Apunta que tradicionalmente se ha identificado este comportamiento con las jornadas maratonianas. Ahora, sin embargo, "lo que se valora más es cumplir con los objetivos" e, incluso, "es hasta políticamente incorrecto" echar demasiadas horas. Buena parte de este cambio de tendencia no tiene que ver con las empresas, "que nunca te van a decir que dejes de trabajar y siguen identificando el compromiso con echar el resto". Tampoco con los efectos negativos que puedan generar estos empleados o jefes en su entorno, "que pueden llegar a convertir el trabajo en una olla a presión". El cambio ha llegado de la mano de una transformación en las dinámicas sociales: las nuevas generaciones valoran cada vez más el tiempo libre.

Ernesto Poveda, presidente de Recursos Humanos ICSA, coincide con esta idea. "Es un efecto rebote de los jóvenes en contra de lo que han visto en casa. Buscan una vida más equilibrada entre el trabajo y su vida privada". En ICSA, la empresa de selección de personal que dirige, lo ven a diario, asegura. "A pesar de la crisis, la gente joven es exigente en esta parcela y quiere tener otras compensaciones no remuneradas en sus empleos y te pregunta: ’¿Voy a tener tiempo para formarme o simplemente ir a pasear?". Poveda compara estas actitudes con las de su generación, quienes entraron en el mercado laboral en las décadas de 1960 o 1970 con una cultura empresarial muy distinta, donde lo "inhabitual" era salir antes de las 20.30 del trabajo. "En buena parte, esta tendencia la marcaron las multinacionales. Yo estuve en Ernst&Young en 1978 en Nueva York y era relativamente frecuente la gente que salía tarde para aparentar", apunta. "Es una cultura muy extendida, insana y que nunca desaparecerá al 100%". Ernesto Poveda añade un factor coyuntural que mediatiza el grado de dedicación al trabajo: el de la supervivencia. En una situación económica tan turbulenta como la actual, señala, buena parte de las pequeñas y medianas empresas -"que suponen el principal tejido empresarial"- no tienen más remedio que volcarse en el trabajo para salir adelante. "A medio plazo habrá que buscar un equilibrio entre la vida profesional y laboral; pero en estos momentos la urgencia es sobrevivir".

Cómo detectar la adicción al trabajo

Las universidades Jaume I de Castellón y la de Utrecht han elaborado un cuestionario para detectar la adicción al trabajo. Las respuestas se valoran con un punto (nunca / casi nunca), dos (a veces), tres (a menudo) y cuatro (siempre / casi siempre). Si la media final es superior a 3,3, existe una situación de riesgo.

1. Parece que estoy en una carrera contrarreloj.
2. Continuamente salgo del trabajo después que mis compañeros.
3. Es importante trabajar duro aunque no disfrute.
4. Generalmente estoy ocupado, llevo muchos asuntos entre manos.
5. Un impulso interno me lleva a trabajar duro, es algo que tengo que hacer quiera o no.
6. Dedico más tiempo a trabajar que a estar con amigos, a hobbies o actividades de placer.
7. Me siento obligado a trabajar duro, incluso cuando no lo disfruto.
8. Hago dos o tres cosas a la vez, como comer y tomar notas mientras estoy hablando por teléfono.
9. Me siento culpable cuando tengo un día libre.
10. Me resulta difícil relajarme cuando no trabajo.

Jaime Prats para El País.

Fiscalidad, compromiso e interés general

Progresividad e igualdad han dejado de ser los pilares básicos de nuestro sistema tributario Hay que reflexionar sobre un impuesto a grandes patrimonios y sobre sucesiones y donaciones

Creo no equivocarme al afirmar que no es hoy cierto el principio por el que todos hemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica con criterios de progresividad e igualdad. No en vano, la obtención de réditos políticos a través de la fiscalidad es una de las razones del desmesurado elenco de incentivos, de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, de la pasividad ante el trasvase de rentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) al impuesto sobre sociedades (IS), de permitir el abuso de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica por gran número de comunidades autónomas al suprimir de hecho el impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD), o de decisiones de difícil justificación en términos de justicia como la de la deducción de los 400 euros.

Como resultado de ello, la progresividad y la igualdad han dejado de ser los pilares básicos de nuestro sistema tributario, que se aleja así de los principios a los que la Constitución obliga. Urge pues una reforma de calado, tarea nada fácil dada la crisis de ideas para articular una política fiscal coherente y "sostenible".

Recordemos que los impuestos son el instrumento para recaudar con criterios de justicia los ingresos necesarios para sufragar el gasto público; circunstancia que exige definir un proyecto de Estado y que se concreten y cuantifiquen las políticas de gasto e inversión, así como su gestión y los mecanismos de control y transparencia; aspectos todos ellos necesarios para conocer la cifra de ingresos que se necesita.

Por ello, la primera reforma ha de ser revisar el gasto y su aplicación, ya que cuanto menor es su importe, menor es también el de los impuestos a recaudar. De ahí la importancia de su gestión y control. Desde esta perspectiva, las medidas de reducción del gasto adoptadas hasta hoy son insuficientes ya que eluden afrontar con realismo la única solución posible: analizar partida a partida su destino, necesidad, eficacia y eficiencia.

Centrándonos en las principales reformas, no olvidemos que para valorar su viabilidad hay que conocer los datos que sólo el Gobierno tiene. Hay que tener también en cuenta que a pesar de que los impuestos no son nunca neutrales, la fiscalidad ha de interferir lo menos posible en las decisiones de los ciudadanos y de las empresas; neutralidad que exige ser muy cauteloso en la política de incentivos que son, a su vez, los que pueden plantear problemas de equidad.

Sea como fuere, si el objetivo es recuperar la progresividad e igualdad, la única vía para conseguirlo es centrarse fundamentalmente en el IRPF y en el IS. Empezando por este último, es necesario introducir una mínima progresividad según la distinta tipología de sociedades distinguiendo entre entidades cotizadas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y compañías que se sitúan entre unas y otras. Es razonable pensar que según cual es el tamaño de la sociedad, mayor es también su capacidad de generar recursos. Los tipos impositivos no deberían ser muy distintos del 20%, 30% y 40% para pequeñas y medianas empresas, entidades de tamaño intermedio y compañías cotizadas, respectivamente. Asimismo, y para evitar el trasvase de rentas del IRPF al impuesto de sociedades, hay que fijar un tipo en el IS equivalente al marginal máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas con la finalidad de gravar las rentas de las entidades que no realizan realmente ninguna actividad económica productiva, sino que son un simple instrumento para aliviar la tributación que les correspondería en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Definir este tipo de sociedades es difícil pero no imposible. En cualquier caso es necesario para evitar y disuadir que las rentas más altas eludan la tributación del IRPF. Y es asimismo necesario revisar la tributación de todos los regímenes especiales, entre otros, el de las SICAV.

Si nos centramos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, dos son las cuestiones esenciales: los tipos y la fiscalidad del capital. Es cierto que según cuál sea esta última se incentiva el consumo y se penaliza el ahorro. A pesar de ello, no hay ninguna razón para que este tipo de rentas tributen de forma distinta que las procedentes del trabajo y de actividades económicas, salvo los dividendos y las rentas y ganancias de capital generadas en más de un año; supuestos para los que existen técnicas para evitar la doble imposición o los efectos negativos que la progresividad produce al aplicar tipos diseñados para rentas generadas hasta un año, a rentas y ganancias de capital generadas en más de un año. Respecto a los tipos, no deberían diferir excesivamente de los del impuesto sobre sociedades. Por ello, parece razonable fijar un tipo marginal máximo del 40%-45% para las rentas que excedan de 150.000 euros.

Con tales reformas es posible reducir la fiscalidad de las rentas bajas y medias y aumentar la de las medias-altas y altas, además de configurar un IS más justo y de revisar los incentivos del impuesto sobre sociedades e IRPF sin perjuicio de mantener los coyunturalmente necesarios teniendo en cuenta que cuantos más sean, mayores han de ser los tipos y viceversa. Un sistema tributario sencillo, neutro y más justo exige reducir, reorientar y simplificar al máximo los incentivos.

Hay que reflexionar igualmente sobre la conveniencia de un impuesto sobre los grandes patrimonios, de una profunda reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, de una tributación transitoria para las entidades financieras que no reduzcan su riesgo ni aumenten el crédito a particulares y empresas, y de incentivos a las pequeñas y medianas empresas que capitalicen sus beneficios mejorando su estructura económico-financiera. El ajuste en la recaudación, preferiblemente una vez finalizada la crisis, ha de venir a través de los impuestos especiales y del IVA. Recuperar la progresividad e igualdad es una obligación constitucional. Educar a los ciudadanos en la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en lugar de utilizar los impuestos en clave electoral es una necesidad democrática. Concebirlos como un instrumento de política económica exige no ceder a las presiones. En definitiva, valentía, objetividad y compromiso con el interés general frente al particular.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor de la UPF y socio director de Duran-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa.

Zapatero, el lobo y la factura de la crisis

A las medidas de austeridad hay que añadir medidas orientadas al crecimiento

Hay que lograr un reparto más equitativo de la carga de la crisis

Una de las cuestiones que estaban pendientes en la agenda de la crisis era quién acabaría pagando la factura. Otra era cómo volver al crecimiento, sin el cual el pago de esa factura nos puede abocar a una economía de la miseria.

El martes se destapó esa agenda oculta: serán los funcionarios, empleados públicos, pensionistas y personas dependientes -de entre los grupos sociales-, los que tendrán que pagar el grueso de la factura. Por la dureza de alguna de las medidas -nunca antes se había hecho un recorte en los salarios nominales-, el anuncio ha significado un fuerte shock social.

La historia de Pedro y el lobo, ligeramente modificada, puede ayudarnos a comprender ese shock. Durante dos años el presidente del Gobierno se ha dedicado a jugar con la crisis diciendo que ya se veían los brotes verdes, y negando la amenaza del lobo. Cuando, finalmente, estas últimas semanas, se presentó en forma de especulación en los "mercados" de deuda, los españoles no lo esperaban. De ahí la sorpresa.

¿Quiénes son los que Zapatero y sus ministros llaman "especuladores"? Los que años anteriores han dejado dinero a la banca y a las empresas, y los que ahora prestan su dinero para financiar el déficit público con el cual pagamos una parte importante del gasto social, educativo o sanitario. Imaginen por un momento que lo dejasen de hacer, y que tuviésemos que recortar el gasto social en una cuantía igual al déficit, un 11% del PIB.

Es cierto, y hay que insistir en ello, que ese déficit público no fue la causa de la crisis, sino su consecuencia. Una consecuencia provocada básicamente por la dramática caída de ingresos fiscales y, en mucha menor medida, por el aumento de gastos que el rescate bancario, el mantenimiento de empleo y las prestaciones del paro han originado.

Pero, en cualquier caso, esa factura había que pagarla. La cuestión pendiente era saber sobre quién acabaría haciéndola recaer el Gobierno. Ahora ya lo sabemos.

¿Cuál será la eficacia y el impacto de esas medidas? Por un lado, habrá que ver los efectos en el presupuesto y en la economía. El riesgo es que un freno de la incipiente recuperación y el aumento del paro neutralicen parcialmente los recortes. Por otro, están los efectos sociales y políticos. Permítanme que aquí y ahora me pare en estos dos últimos.

Como ocurre con otras muchas cosas de la vida, lo relevante de las medidas no es su contenido, sino la percepción social que generen. En este sentido, parece evidente que la percepción social dominante es de injusticia en el reparto de la factura. No es sólo una cuestión moral. Afectará a la eficacia de esas medidas. Y, lo que quizá es más importante, puede bloquear reformas necesarias para salir bien parados de la crisis.

Además, existe la sensación de que han sido impuestas desde fuera. Esto daña la autoestima de una sociedad y de unos actores sociales que en el pasado fueron capaces de enfrentarse a peores situaciones y consiguieron salir con éxito de ellas.

Por otro lado, la forma en la que se han adoptado, casi con nocturnidad, no es sólo una

cuestión estética. Ha dejado a los sindicatos con el trasero al aire y cuestionado su papel y eficacia en la interlocución social. El riesgo es que esa situación desairada les lleve a cruzar la línea roja que nunca habían cruzado desde diciembre de 1988 en que convocaron una huelga general que dejó a la economía sin dirección política, y a la política socialista sin rumbo.

A esa percepción de injusticia se suma la sensación de improvisación. La mayoría de ciudadanos estamos dispuestos a apretarnos el cinturón si confiamos en que ese esfuerzo es para mejorar. Tengo la convicción de que muchos funcionarios y trabajadores habían descartado ya hace meses una congelación salarial. Pero el Gobierno no se atrevió a proponerlo. Ahora dicta el recorte salarial y la austeridad. Pero la austeridad por la austeridad es una aberración. No se trata de reducir el déficit a costa de reducir el crecimiento, sino de reducir el déficit fomentando el crecimiento. Sin crecimiento los ingresos públicos no volverán. Y sin los ingresos el déficit no se puede reducir de forma sostenible sólo con tijeretazos a los gastos.

Hasta ahora, todas las políticas exitosas de estabilización que se han llevado a cabo en España han venido acompañadas de otras políticas orientadas a fomentar el crecimiento y el empleo. Se hizo así en 1959, en plena época autoritaria. Y, ya en democracia, con los Acuerdos de La Moncloa de 1977, o el plan a medio plazo para la estabilización y el crecimiento de 1983. Ese mix de estabilidad y crecimiento es el buen camino.

¿Y ahora qué? El presidente del Gobierno no puede pretender que una vez ha tomado la decisión "valiente" de salir a anunciar la mala nueva, a lo hecho pecho y a seguir como si no hubiese pasado nada.

Sin cuestionar la necesidad de pagar la factura de la crisis, es necesario lograr dos cosas. En primer lugar, un reparto más equitativo de la factura de la crisis. En segundo lugar, complementar las medidas de austeridad con medidas orientadas al crecimiento.

Se trata, ante todo, de buscar un reparto más equitativo de la factura de la crisis. Por un lado, repartiendo mejor y más eficientemente los recortes del gasto público. Por otro, aumentando la presión fiscal sobre grupos sociales y económicos que hasta ahora escapan a la fiscalidad. Así, es necesaria una política decidida de lucha contra el enorme fraude fiscal, una lucha contra la economía sumergida y una reforma del sistema tributario. Quizá no se logre, pero ese esfuerzo es indispensable para crear al menos la percepción de equidad en el reparto de la carga de la crisis.

En este sentido, las reuniones que se han abierto con agentes sociales y otras fuerzas políticas deberían conducir a elaborar un verdadero programa de estabilización, reforma y crecimiento a medio plazo para la economía española. Pero un programa así necesita un liderazgo político fuerte. Fuerte no en sentido autoritario, sino en el sentido de convincente y persuasivo, capaz de lograr la confianza de los ciudadanos.

El presidente Zapatero tiene también que sacar consecuencias políticas. Si la situación económica es realmente grave como dice, y sin duda lo es, no puede entonces pretender seguir como si nada hubiese pasado. Ha de optar por una de estas cuatro opciones. La primera, convocar elecciones. Eso permitiría un verdadero debate público sobre la situación económica y que los ciudadanos decidan. La segunda sería ceder el liderazgo político y de gobierno a otro miembro de su partido. Pero esta opción abocaría de hecho a la anterior. La tercera sería un gobierno de coalición con mayoría parlamentaria suficiente que permitiese gobernar la economía hasta el final de la legislatura. La cuarta sería una remodelación profunda del Gobierno con un ministro fuerte al frente de la economía. Pero Zapatero nunca ha querido un perfil así a su lado. Por eso, imagino, se fue Pedro Solbes.

Naturalmente le queda una quinta opción: no hacer nada. No descarto que sea la elegida.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.

Justicia de doble velocidad

Los pleitos se disparan en España con los mismos jueces - No hay forma de evaluar su rendimiento - El ciudadano paga la falta de recursos desigualmente: según donde vive

Si existe una imagen asociada a la justicia española es su lentitud. También está extendida la creencia de que los jueces españoles trabajan poco. Pero no es un diagnóstico suficiente, porque los males del sistema judicial, como los de la sanidad o los de la educación, responden a causas diversas que no se solventan únicamente con una mayor presencia del juez en su despacho. Como tampoco se resuelven los males endémicos del sistema sanitario exigiendo a los médicos que pasen más tiempo en los hospitales o a los profesores en los centros educativos, si, además, no disponen de los medios humanos y técnicos para trabajar en mejores condiciones.

¿Ha de permitirse que algunos jueces acumulen más de un centenar de casos pendientes sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenga mecanismos eficaces de control más allá de las inspecciones rutinarias que sirven de poco y que se anuncian semanas antes? ¿Es tolerable que muchos secretarios judiciales pasen buena parte de su horario laboral en la sala de vistas mirando al techo, mientras el equipo de grabación cumple su función y da fe pública del juicio, en lugar de dedicarse a la gestión y tramitación de los procedimientos? ¿No debería exigirse a todos los funcionarios judiciales una mínima preparación antes de ponerlos a redactar escritos que a menudo revisa el juez porque no se fía de lo que ha de firmar? ¿No parece increíble que en plena época de Internet no exista un sistema informático que conecte un juzgado de Sevilla con otro de Barcelona, por ejemplo? ¿Es inevitable que cada día se desperdicien miles de horas de la jornada de policías, forenses y peritos antes de entrar a testificar un minuto ante un tribunal, situado en ocasiones en la otra punta de España, para decir que se ratifican en el informe emitido en su día, en lugar de declarar por videoconferencia?

Son algunos ejemplos de lo que ocurre con la justicia en España. La relación de preguntas podría continuar, aunque la respuesta sería siempre la misma: falta voluntad política para atajar los males crónicos. Y eso compete al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. De unos depende el control sobre los jueces, de otros la política judicial y los secretarios judiciales, mientras una decena de autonomías tienen traspasadas las competencias sobre los funcionarios y los medios materiales, como el sistema informático.

Ahora no existen mecanismos de control eficaces sobre la labor de los jueces, su capacidad y dedicación que permita despojarlos del recurrente paraguas de la "independencia" que todo lo justifica, incluida la escasa dedicación al trabajo en algunos casos. Pero si no dan abasto por el colapso de expedientes que sufren, si no tienen sistemas informáticos eficientes, si los secretarios judiciales están infrautilizados y si los funcionarios no están formados es difícil que se invierta el panorama actual, en la que cada partido judicial es un reino de taifa. De esta manera, un mismo caso no sólo puede acabar de una manera o de otra en función del juez que a uno le toque, sino que el tiempo hasta obtener sentencia puede ser hasta cinco veces superior en función de dónde se tramite.

Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tarda casi cuatro años en resolver un contencioso administrativo, mientras que en La Rioja el tiempo es de siete meses. Un asunto civil se resuelve en 10 meses en Baleares y de cuatro y medio en Navarra. Un juzgado de lo social de Canarias tarda 10 meses y medio en terminar un asunto, mientras que en el País Vasco y Cataluña lo hacen en cuatro.

Son algunos de los datos de 2008 extraídos de las memorias del Consejo General del Poder Judicial que avalan la doble velocidad de la justicia, según la jurisdicción de la que se hable, el número de asuntos que entran, el partido judicial y, cómo no, la dedicación de los jueces. Pero también de las condiciones en las que trabajan.

España es uno de los países de la Unión Europea con menor proporción de jueces. Un estudio del Consejo de Europa realizado en 2008 lo situaba en el número 38 de 47 Estados. La estadística del CGPJ indica que al iniciarse aquel año había en España 4.674 jueces, lo que supone 10,15 plazas por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2001 eran de 9,57 plazas.

Ese ligero aumento de jueces ha ido acompañado de un desorbitado incremento de los pleitos. En la jurisdicción penal, por ejemplo, se ha pasado de 5,4 millones de casos registrados en 2001 a 6,6 millones en 2008. En ese tiempo, los asuntos civiles casi se duplicaron (de 892.965 a 1.708.762), y en la jurisdicción social se pasó de 323.390 a 420.699, sin contar la avalancha que ha llegado en los últimos meses por la crisis económica. Lo mismo ocurre en la jurisdicción contencioso administrativa, que ha registrado un aumento de 187.686 a 307.146 asuntos.

Y si se analiza lo ocurrido entre 2001 y 2005, cuando se disparó la población española, se comprueba que incluso disminuyó la proporción de jueces. En 2001 había 9,57 por 100.000 habitantes, y en 2005 eran 9,52. Aquella época coincidió con el segundo Gobierno del PP y el mandato del anterior Consejo General del Poder Judicial, cuando se planteó liquidar la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, de la que salen cada año los jueces de toda España. El retorno del PSOE al poder reactivó el centro, y el ministro Francisco Caamaño se comprometió al asumir el cargo a la creación de 750 plazas judiciales en tres años.

"Un juez que trabaje 14 horas al día no puede ser un buen juez. Hay que acabar con esas situaciones", afirma la vocal del CGPJ Margarita Robles, quien también admite sin reparos que "la planta judicial está muy mal diseñada y existen grandes diferencias" en la carga de trabajo. Eso explica que conforme aumenta la experiencia del juez, disminuyen las horas que ha de dedicar al trabajo porque puede optar a destinos más cómodos: de un juzgado abarrotado de pueblo comparable al infierno se pasa a otro que puede ser el purgatorio. De ahí a la placidez de un juzgado o un tribunal de la Audiencia Provincial o al Tribunal Superior correspondiente. Solo unos cuantos alcanzan la gloria del Tribunal Supremo.

El nuevo CGPJ al que pertenece Robles lleva ya casi año y medio funcionando, y los jueces a los que se consulta siguen sin notar la nueva etapa, más allá del mercadeo de cargos entre el sector progresista y el conservador. Robles replica que "las reformas son complicadas, ningún Ayuntamiento ni comunidad autónoma quiere que le quiten juzgados, pero es evidente que en unos sitios sobran y en otros faltan".

El nuevo ministro de Justicia también lleva poco más de un año en el cargo. Se estrenó tras la primera huelga de jueces de la historia de España, el 18 de febrero de 2009, y su talante nada tiene que ver con el de su antecesor, Mariano Fernández Bermejo. Los jueces dicen que tampoco ha adoptado las medidas necesarias, excepto la supresión del llamado ascenso forzoso de juez a magistrado, que podía comportar en algunos casos que les enviasen a la otra punta de España.

Al igual que Robles, Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, asegura que "no hay soluciones mágicas, sino medidas a corto y largo plazo", al tiempo que enumera los objetivos del plan estratégico que se presentó en septiembre de 2009. "Lo importante es que ahora vamos de la mano con las comunidades autónomas, el CGPJ y el ministerio", insiste. Pero la ciudadanía sigue sin percibir que haya mejorado el servicio. Campo repite que en esta ocasión va en serio, y recuerda que el 4 de mayo entrará en vigor una ley que saca a los secretarios de las salas de vista y los pone a trabajar de verdad, realizando tareas de trámite y gestión de los pleitos que ahora han de pasar necesariamente por el juez.

"Vamos a revolucionar el modelo de justicia actual", asegura Campo con un optimismo que no comparten las comunidades autónomas, que durante más de una década han sido incapaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en un sistema informático que permita intercambiar información entre dos territorios distintos. Por no hablar de la escasa formación que tienen algunos trabajadores, especialmente los interinos. Y eso no depende del Gobierno central, sino de los autónomos.

Los jueces que hacen jornadas infernales de los que habla Margarita Robles no son una excepción. Corresponden a los primeros o segundos destinos y representan un tercio de la carrera judicial. Son 1.529 plazas, y las ocupan profesionales con menos de 40 años, con una proporción de dos mujeres por cada hombre (997 frente a 532). Para el 68,2% de ellos, es su primer trabajo, tras una media de cuatro años y cuatro meses preparando la oposición, dos años en la Escuela Judicial y la carrera.

Una parte de esos jueces no alcanza los 30 años, como Rosa Monrabà, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Balaguer (Lleida). Es un ejemplo de las nuevas promociones que se incorporan a la carrera y que dicen estar hastiadas de promesas políticas, de que las asociaciones judiciales se hayan convertido en agencias de colocación para mercadear con los cargos y de que nadie se ocupe de ellos. Esos jueces exigen condiciones dignas de trabajo antes de que se les cuelgue el sambenito de gandules. Monrabà, por ejemplo, trabaja en un juzgado que no se pinta desde hace dos décadas, donde el mobiliario es preconstitucional y donde los expedientes se extienden por los pasillos y el lavabo. Por las mesas de los funcionarios se acumulan más de 400 escritos pendientes de proveer. Es decir, que la juez decida qué hacer con ellos es mero trámite, pero son imprescindibles para que avance el pleito.

Ella califica su destino de asfixiante, porque asegura que sólo vive para trabajar desde que debutó en julio de 2007. Se ve como una turista de la judicatura, salvo que la maleta que acarrea a diario de casa al juzgado y vuelta está llena de expedientes.

Balaguer es un destino del que huye cualquier juez como de la peste, lo mismo que ocurre en decenas de juzgados. Basta ver el último concurso de ascenso de la categoría de juez a magistrado que resolvió el CGPJ a final de 2009 para comprobar que hay plazas a las que nadie quiere ir porque son un polvorín para la carrera profesional, además de alejarlos de su entorno familiar. Se ofertaron 123 plazas, y sólo se cubrieron 47.

Junto a ese colectivo de jueces que trabajan muchas veces en condiciones cochambrosas, hay también amplios sectores, la mayoría con más de una decena de años en la carrera, que tienen funcionarios especializados, ocupan destinos en los que la carga de trabajo es soportable y ejercen en edificios habitualmente dignos, con una plantilla estable de funcionarios experimentados y casi todos los medios técnicos y humanos que hacen falta. Con todo, a muchos de esos jueces les salen jornadas semanales de hasta 40 horas si se cuentan las que emplean para hacer los juicios, deliberar, escribir las sentencias, autos o recibir abogados. Tampoco faltan quienes apenas van al juzgado o la sección de la Audiencia que les corresponde y les sale gratis.

No existe el equivalente a un control de calidad de las resoluciones que se dictan, más allá del sistema ordinario de recursos. Es decir, que un tribunal puede modificar la sentencia que haya dictado otro, pero no existe ninguna vigilancia sobre los dislates de resoluciones que se dictan en ocasiones, ni tampoco se premian las que resuelven un pleito muy complicado que requiere una inmersión en cuestiones muy especializadas.

Tampoco existe un control de producción eficaz, más allá de los módulos que establece el CGPJ sobre la carga de trabajo deseable y que sólo sirve para hacer estadísticas. Porque no puede valorarse de la misma manera la tramitación de una demanda por un accidente de tráfico sin mayores consecuencias, que un pleito civil por un choque de dos aviones en el espacio aéreo alemán en el que murieron 72 personas y que, por esas cuestiones de la competencia judicial, acabó en un juzgado civil de Barcelona con los abogados de las compañías norteamericanas y cuya sentencia exige meses de trabajo.

138 euros brutos por siete días

La juez Marta Monrabà pasa una semana de guardia en Balaguer (Lleida) y otra celebrando juicios civiles y penales. Su juzgado también tiene las competencias de violencia doméstica, por lo que en un mismo día puede enviar a alguien a la cárcel, resolver un desahucio o juzgar un accidente de tráfico. Por siete días de guardia Monrabà cobra un plus de 138 euros brutos, 100 menos que cualquier funcionario de su juzgado.

"La diferencia entre el funcionario y nosotros es que ellos tienen sindicatos y de nuestros problemas no se ocupa nadie", se lamenta la juez de Igualada Rosa Font. Ella tiene más suerte que su compañera de promoción. No sólo porque entra de guardia una vez mes y no dos, sino porque la guardia la cobra a 303,62 euros brutos, también 100 menos que un funcionario.

El servicio de guardia obliga al juez a estar disponible las 24 horas y a permanecer en el juzgado de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, de lunes a sábado, y hasta las 14 horas los domingos o festivos. El funcionario va de 9 a 14 horas. Las tardes y los festivos hacen turnos y ni que decir tiene que la responsabilidad de lo que ocurra recae en el juez.

Esos irrisorios complementos salariales están muy alejados de los 150 euros netos con los que se paga la guardia en Barcelona o Madrid. Si es guardia de detenidos dura 12 horas. En Barcelona se hace una guardia semanal, por lo que el complemento final es de 600 euros netos por cuatro días. Eso puede explicar la escasa movilidad que registran los juzgados de instrucción de las grandes capitales.

"Con cuatro millones de parados es muy delicado hablar de mejorar las retribuciones. La justicia española está viviendo la mayor revolución de su historia. No va a haber ningún ERE y todo el mundo va a salir beneficiado", afirma el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo.

Ni en Balaguer ni en Igualada se descansa al acabar los siete días de guardia, lo que sí ocurre en las grandes capitales.

Pere Ríos para El País.

La travesía del desierto

La crisis dejará en España más huellas que en ningún otro país, con la única excepción de Irlanda
En 2009 llegaron a las arcas del Estado 65.000 millones de ingresos públicos menos que en 2007

La Comisión Europea ha evaluado los programas de estabilidad de 14 países de la eurozona, entre ellos el de España. La mayor parte de ellos fueron considerados voluntaristas. En el caso de nuestro país, la Comisión entiende que el escenario previsto por el Gobierno parece basado en unas previsiones de crecimiento ligeramente optimistas para 2010 (-0,3%) y "marcadamente optimistas para los años siguientes" (1,8% en 2011; 2,9% en 2012; y 3,1% en 2013).

El consenso de los diversos servicios de estudios privados coincide en ese voluntarismo; todos pronostican que la recuperación del PIB podría iniciarse este ejercicio pero que es muy difícil que el ritmo de crecimiento pueda llegar al 3% en los próximos tres o cuatro años. Y ese porcentaje, el 3%, es el que deslinda el estancamiento del mercado de trabajo de la creación neta de empleo.

Así pues, más allá de la discusión sobre el tiempo de duración de la recesión (siete u ocho trimestres seguidos de contracción del PIB), lo significativo es analizar las secuelas que la crisis va a dejar a medio plazo en la sociedad española. Secuelas que la acción del Gobierno, en el mejor de los casos, sólo habrá podido paliar. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar un estudio en el que indica que esta crisis dejará en España más huellas que en ningún otro país, con la única excepción de la hasta hace poco halagada Irlanda.

Según la OCDE, la recesión acabará barriendo 10,6 puntos del PIB potencial, entendido éste como el nivel de producción máximo que puede alcanzar la economía con el trabajo, el capital y la tecnología existente, sin provocar inflación. Irlanda perderá 11,8 puntos, pero la media de la OCDE será sólo de tres puntos de PIB potencial, y países en los que la crisis se ha cebado, como EE UU, Reino Unido o Francia, estarán por debajo de la media en pérdida de PIB potencial.

¿Por qué España va a sufrir más que los demás?: por el gigantesco aumento del paro, que resta a nuestro país más de ocho puntos de su PIB potencial. El trabajo de la OCDE concluye anunciando que "los niveles de crecimiento previos a la crisis no volverán a corto plazo".

Las huellas de la recesión también se manifiestan en la vida cotidiana de la gente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos los datos provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida, correspondientes a 2009. Tres tendencias destacan por encima de las demás: primero, que casi el 19% de los hogares (1,5 puntos más que un año antes y el porcentaje más elevado en los últimos seis años) manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad; segundo, que uno de cada tres hogares (5,8 puntos más en 2008) no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; y tercero, que casi el 20% de la población residente en España está por debajo del umbral de pobreza relativa, medida ésta sin considerar la posesión de vivienda.

Para hacer frente a estas disfunciones, el Gobierno ha utilizado el dinero público hasta el punto de haber superado un 11% de déficit durante el año pasado. Pero la capacidad compensatoria del Estado ha llegado al límite, no sólo por la gran cuantía del déficit público en sí misma (que limita la capacidad de gasto más allá de los estabilizadores automáticos), sino por la espectacular bajada de los ingresos: en sólo dos años, el peso de éstos en el PIB ha pasado del 41,1% al 34,6%; ningún país de la UE ha sufrido tal merma en la recaudación.

Por debajo de España en ingresos públicos (en porcentaje del PIB) sólo se encuentran países como Lituania, Letonia, Irlanda o Eslovaquia. Para hacer una analogía con los países nórdicos, tantas veces citados, Suecia tiene un porcentaje de ingresos públicos del 54,9% del PIB; Dinamarca, del 53,3% y Finlandia, del 53,1%.

O por poner en equivalencia este retroceso de los ingresos públicos en España, en 2009 llegaron a las arcas del Estado 65.000 millones de euros menos que en 2007. Durante el año pasado se destinaron 31.000 millones de euros para el seguro de desempleo, o 21.000 millones de euros para pagar la deuda pública. Éste es el estado de la cuestión.

Joaquín Estefanía

Las costuras de la sanidad revientan

La crisis pone a prueba el sistema nacional de salud - Sin cambios, el modelo, aquejado de déficit crónico, puede zozobrar

La cobertura universal de un sistema sanitario muy eficiente es el sueño mejor cumplido del Estado de bienestar español. La crisis no ha frustrado (aún) esa realidad, pero hace vislumbrar el abismo de una situación estructural que, a largo plazo, pone en cuestión el sistema si no hay reformas: el envejecimiento de la población, la cronificación de enfermedades, la exigencia de más prestaciones y nuevos tratamientos más caros o un gasto farmacéutico que crece a niveles de récord hacen inviable mantener la eficiencia sin más medios o una gestión diferente.

La visita al médico ha dejado de ser una excepción en el día a día de los españoles. De concebirse como un sistema de último recurso y limitado a algunos colectivos al principio de la democracia, la sanidad se ha convertido en el elemento más universal del Estado de bienestar. Antes de que el doctor House irrumpiera en las pantallas de televisión, los españoles ya tenían una atención hospitalaria similar a la que se dispensa en la serie. Y, con matices -sobre todo de tiempo-, el sistema público ensaya ese modelo garantista. La diferencia está en la factura. Mientras que en la ficción estadounidense la abona el usuario, en España el sistema público se hace cargo de todo: una grandeza del modelo europeo que la crisis fiscal pone a prueba. La sanidad absorbe 60.000 millones de euros al año, lo que representa un 6% del PIB y un tercio de los ingresos que recibieron las arcas del Estado el año pasado. Y los gastos no dejan de crecer. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a financiar? ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse este modelo aquejado de un déficit crónico?

Los años de exuberancia económica han excluido del debate político la financiación de los servicios públicos, entre ellos la sanidad. Pero mientras la rentabilidad del ladrillo nutría las arcas públicas, el gasto médico crecía a ritmos muy superiores al de la economía (de dos dígitos en algunas comunidades entre 2003 y 2007, según datos del Ministerio de Sanidad). El envejecimiento de la población -en diez años uno de cada cinco españoles tendrá más de 65 años, según la OCDE- y la proliferación de enfermos crónicos, la mejora de la atención y el imparable avance tecnológico han encarecido un sistema que comenzó siendo básico y se ha extendido hasta constituir incluso un atractivo para extranjeros. En un momento en que la hucha del Estado arroja desequilibrios del 11,2% del PIB, uno de los mayores de Europa, se impone una reflexión sobre el gasto y el ingreso.

La financiación sanitaria "va a ser el principal quebradero de cabeza en la vida política y social de nuestro país", dispara Luis Ángel Oteo, experto de la Escuela Nacional de Sanidad, adscrita al Ministerio de Ciencia. La primera pista la otorga el reciente acuerdo sanitario alcanzado entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que han exhibido aquí una agilidad para el pacto que parece imposible en cualquier otra materia. El coste de sufragar un sistema de calidad (alrededor del 6% del PIB, sin contar con las cantidades destinadas al sistema privado) y el crecimiento exponencial de esas partidas ha concienciado a los responsables políticos para intentar contener la hemorragia.

Nadie quiere hablar de lujos ni de despilfarro. Porque la asistencia española es más barata que la media. Con 1.816 euros anuales per cápita proporciona una atención integral a toda la población. ¿Qué seguro privado ofrecería prestaciones similares a ese coste? Representa la mitad que en EE UU, cuyo sistema, privado, resulta más oneroso que el público.

El secreto del relativo bajo coste español reside en los salarios de los médicos, que suponen alrededor de la mitad de los gastos del sistema. "No pagamos bien a nuestros profesionales. La retribución no es para tirar cohetes", expone Manel Peiró, experto en gestión de sistemas sanitarios de Esade. Aunque tradicionalmente la figura del funcionario despierte suspicacias, el personal sanitario no está especialmente bien remunerado, como lo demuestra el hecho de que en ocasiones los médicos en formación deciden emigrar a Portugal, con menor nivel de vida que España pero con mayores señuelos salariales. Hay países en los que los profesionales sanitarios no son funcionarios (en Reino Unido o Dinamarca), y las remuneraciones son mejores.

A pesar del ahorro en esa partida, el sistema arrastra un permanente desfase entre ingresos y gastos. Aun cuando las competencias sanitarias las gestionaba el Estado se tendía a presupuestar por debajo de lo necesario con la idea de que eso mantendría a raya las cuentas. No fue así. En la actualidad, los expertos apuntan a que hay unos 12.000 millones de euros de déficit sanitario acumulado -y que puede superar los 50.000 millones en 2020, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)-, un término del que recela el Ministerio de Economía, pues al no haber unos ingresos específicos asignados, no cabe hablar de agujero. "Siempre ha habido una diferencia entre el gasto real y el presupuesto en torno al 10%", aclara José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad.

Resulta difícil mantener esa brecha en el tiempo, máxime cuando las cuentas públicas se asoman al abismo. En noviembre la Comisión Europea pidió al Gobierno reformas en sanidad y pensiones -"dado el peligro que suponen para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas"- frente al déficit. "El sistema así es totalmente insostenible: o se da un tijeretazo en el gasto o se suben los impuestos", resume Ángel Laborda, director de coyuntura de Funcas, la fundación de las cajas de ahorros. Es el sentir de la mayoría de los expertos consultados, que ofrecen alternativas en los dos capítulos.

Todos los analistas valoran la calidad de la asistencia y abogan por mantenerla, conscientes de que el reto demográfico no hará sino ponerla a prueba. Salvo alguna excepción, el rechazo a recortar prestaciones es rotundo. "No es posible ni deseable. Tendría incidencia en derechos individuales. Es muy complicado, sobre todo porque el nivel no es excesivamente alto", argumenta Alfonso Utrilla, experto en financiación autonómica de la Universidad Complutense de Madrid. En efecto, pese a los atributos del sistema, aún hay prestaciones básicas como la dental que no se ofrecen en todas las regiones. "Recortar prestaciones debe ser lo último", añade José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública por la Universidad de Málaga. Una opinión que compare la responsable de políticas sanitarias del PP y ex ministra del ramo Ana Pastor: "Deberíamos incluso aspirar a incorporar más".

La única voz discrepante en este aspecto proviene de Manel Peiró. Sin apuntar a un recorte en los servicios ya disponibles, el experto de Esade anima a "revisar las prestaciones nuevas que se van introduciendo" con la idea de que "algunas no entren". Peiró pone como ejemplo un sistema similar al de las aseguradoras, en el que "hay que ver qué entra". Con matices, ése es el sistema estadounidense, que el presidente Barack Obama ha intentado desterrar y que sólo en parte ha conseguido corregir para hacerlo más universal. Paradójicamente, uno de sus defectos es el alto coste público que genera sin garantizar una asistencia completa.

Lo que sí se hará a partir de ahora, según el plan del Gobierno, es analizar al milímetro con criterios de coste y eficacia cada nueva tecnología, medicamento o prestación que se incorpore al sistema. Algo que muchos echaron en falta cuando se introdujo en el calendario vacunal la inmunización contra el virus del papiloma humano. Un preparado que cuesta unos 400 euros y que no siempre libra a las mujeres de padecer en un futuro cáncer de cuello de útero. El debate sobre costes cuando lo que hay en juego son vidas siempre será polémico.

Más consenso genera la idea de recortar -o racionalizar, como gustan de decir los expertos- el gasto. Uno de los principales puntos de fuga es el capítulo farmacéutico. Ahí España no puede presumir de estar por debajo de sus socios europeos. El pago de recetas se lleva el 32% de los recursos sanitarios (el 25% en la Unión Europea). Las soluciones aportadas varían. La primera es fomentar el uso de genéricos -hay expertos que llegan a proponer una cobertura pública del 100% en esos medicamentos para disuadir el uso de los de marca-. También controlar las dosis, muchas veces desproporcionadas para la dolencia que se pretende atajar. "Uno de los retos pendientes es adaptarlas a lo que necesitan los pacientes. La unidosis es una medida eficaz que no supone recortes", reflexiona Ana Pastor. Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg, que agrupa a los fabricantes de genéricos, se queja de que en España estos medicamentos sólo representan el 9% del total, frente al 40% de otros países europeos. "El precio de los genéricos no crece pero sí aumenta el número de recetas por persona. Eso es lo que habría que controlar", reclama.

También hay quien sugiere que los pensionistas, exentos de cualquier aportación, sufraguen el medicamento como los demás en caso de gozar de rentas altas. "Hay pensionistas que cobran más de 3.000 euros [la pensión máxima apenas supera los 2.000 euros y la media se fija en 775, pero hay beneficiarios que disfrutan de otras rentas] y que no pagan nada por fármacos, y rentas de 600 euros al mes que pagan el 40% de la factura farmacéutica. No es equitativo. Hay que repensarlo. Todo lo que sea copago debe vincularse a la renta", esgrime Antonio Cabrera, de la Federación estatal de Sanidad de CC OO.

Más allá de esas medidas, hay margen para agruparse en una central de compras (que puede ahorrar un 20% de la factura, según el Gobierno), contener los salarios de los profesionales o frenar las contrataciones, como se ha acordado recientemente con las comunidades, pero no dejan de ser recortes modestos. En total, el Gobierno baraja un ahorro de unos 2.500 millones.

Pero una vez quede atrás lo peor de la crisis, la mayoría de los expertos abogan por aumentar los ingresos. Con el desplome de la presión fiscal (6,5 puntos del PIB) en los dos años de crisis, es imposible pensar en mantener el mismo nivel de prestaciones sin tocar los ingresos. Aunque subir impuestos podría resultar precipitado en medio de esta incertidumbre económica, muchos expertos creen que tarde o temprano habrá que hacerlo. "Hay que preguntarles a los ciudadanos qué quieren con el nivel de impuestos que tenemos", reta Máximo González, presidente del Consejo General de Colegios de Enfermeros.

De momento, la alternativa más mencionada es el copago. No tanto como vía recaudatoria, sino más bien como un elemento disuasorio del uso excesivo del sistema. Un par de euros o tres, señalan sus partidarios, invitan a pensar dos veces si la visita al médico es necesaria. Muchos países europeos explotan este sistema, que suscita la siguiente objeción: "¿Y si quien realmente lo necesita no tiene ni para ir?", se pregunta Sánchez Maldonado. "El riesgo de expulsar a gente que lo necesite es grande", responde el secretario general de Sanidad.

Mientras los economistas se avienen al menos a hablar de ello, en los médicos suscita un rechazo frontal. "No podemos introducir copagos. Estamos de acuerdo en delimitar una demanda que se desboca, pero tiene que haber alternativas", enfatiza Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial.

Hay muchos tipos de copago: una cantidad fija sobre la consulta, un porcentaje del coste del servicio, un dinero que se adelanta y luego se reembolsa... Buena parte de los consultados considera que debería gravarse al ciudadano en función de su renta, lo que implica un importante coste organizativo (justificar rentas, crear un perfil específico para el usuario...) que disuade a la hora de aplicarlo. No obstante, dada la experiencia de otros países, quizá sea la vía por la que más fácilmente se encaminen los proyectos futuros.

Una deficiencia casi más pedagógica que real del sistema es la falta de recursos exclusivos, los llamados impuestos finalistas. La sanidad, ahora competencia de las comunidades autónomas, se financia con una cesta común que el Estado dispone para servicios básicos (educación, sanidad, dependencia...), financiada exclusivamente con impuestos. Cada comunidad asigna el porcentaje que quiere, al que puede añadir otros tributos de su propia cosecha. Un sistema que encaja bien con el estado descentralizado, pero que la mayoría de expertos se muestra partidario de modificar. Sostienen que debería haber una partida de presupuesto exclusiva para Sanidad. Carmen López, secretaria de Política Social de UGT, va más allá: "Todo el paquete de financiación sanitaria debe ir con carácter finalista al conjunto de las comunidades, así se haría un análisis real del gasto sanitario".

Caso aparte son los llamados impuestos finalistas, cuya recaudación se dedica sólo al fin para el que fueron creados. Y sólo el llamado céntimo sanitario sobre los hidrocarburos, aplicado en varias autonomías, tiene como fin la sanidad. Un sistema que algunos abogan por ampliar. "Los impuestos tendrían que ser finalistas. Debería acordarse entre las comunidades, para que todos supiéramos que ese porcentaje va al sistema", reflexiona Fernando Lamata, consejero de sanidad de Castilla-La Mancha, con gran trayectoria de gestión en ese campo.Seguramente los ciudadanos apoyarían asignar a la sanidad la recaudación de todo aquello que perjudica a la salud (el tabaco, el alcohol, los hidrocarburos). Y aceptarían de mejor grado impuestos exclusivos para financiar la salud que para otros fines más difusos.

Ese será el gran debate de los próximos años. Cómo financiar un sistema sanitario digno de los pacientes del doctor House -y codiciado por vecinos como los portugueses de Valença, que acaban de perder su centro y acuden al gallego de Tui- con unos recursos públicos víctimas del pinchazo inmobiliario. "No se puede hacer el milagro de los panes y los peces", concluye Ángel Laborda.

El País

En defensa de una libertad frágil

No conozco pasión más anacrónica que la del anticlericalismo

Me gustaría coincidir plenamente con el discurso pronunciado por Juan Luis Cebrián en el acto de entrega de los premios Ortega y Gasset y publicado por este diario al día siguiente, el 5 de mayo. Pero no sería leal a la amistad que nos une si dejara de expresar algunas consideraciones que empañan actualmente la noble y necesaria profesión del periodista.

En realidad, mi discrepancia viene a subrayar lo que él llama acertadamente "libertad frágil" de la profesión.

Es evidente que la opinión pública es básica para el funcionamiento de la democracia. "Los ciudadanos tienen necesidad de estar informados, han de ser capaces de conocer y discernir sobre las diversas opciones electorales, poder analizarlas y pronunciarse sobre ellas".

Las distintas declaraciones de los Derechos Humanos confirman este principio fundamental. También me alegra poder subrayar con el consejero delegado de PRISA que los periodistas no son "los representantes de la opinión pública". Más que representarla contribuyen a formar esa opinión. A la ética personal de esa necesaria contribución van a referirse mis reflexiones prácticas.

A estas alturas de la democracia española, muchos experimentamos con tristeza que la opinión pública que nos transmiten en general los periodistas españoles es muy diferente según el periódico que caiga en tus manos. No exagero si digo que parecen hablar de mundos distintos. No faltan quienes ya han dejado de tomarse en serio lo que dicen unos u otros. ¿Por dónde anda el sentido de la verdad? ¿O es que esto de la veracidad ha pasado a segunda fila?

Por lo visto, se puede poner en duda la honradez de los jueces, de los políticos y, por supuesto, de los curas después de releerse dos o tres periódicos para emprender un serio trabajo de discernimiento e intentar llegar sólo a sospechar más o menos por dónde anda en ese momento la opinión pública.

Merece la pena tomarse más en serio el llamado "periodismo de investigación". Yo, todo lo más, llego a dominar un campo muy reducido. Y con frecuencia inusitada me veo condenado a la insistencia sobre la misma noticia, generalmente contada de manera poco precisa y por personas no pocas veces inexpertas.

Todos conocemos la técnica de la repetición insistente, de la primera plana, del tono del comentario. El pensamiento liberal no es el de que admite todo lo que le dicen o lee, sino el del que se atreve a demostrar lo que dice y lo que piensa. Los hechos son más importantes que el alcalde de Londres.

¿No se podría hacer un esfuerzo mayor por liberarnos de nuestras filias y nuestras fobias? Unos toparon con la Iglesia, amigo Sancho, y otros toparon con su propia armadura que les obliga a comunicarse a través de lanzadas o a través de señales agresivas.

Como soy sacerdote y religioso, de ahora en adelante tendré que andar con especial cuidado en mi trato con los adolescentes. Me felicito, sin embargo, de tener un Papa que se ha enfrentado con el crimen nefando de la pederastia y al que no le ha importado hacer frente a una bronca masiva que, estoy seguro, no se ha producido en toda la historia, ni en la plaza de Las Ventas.

La profesión del periodismo es una de las más serias que se pueden ejercer en la vida. Pero, por favor, hablen más de la religión y tengan un poco más de consideración con los clérigos, que al fin y al cabo no ocupan el porcentaje más alto de pederastia en nuestros cuerpos sociales. Tolerancia cero para ellos, pero respeto para su dignidad personal, al menos como la que conceden los Derechos Humanos a todos los ciudadanos.

Con sinceridad de amigo. No conozco pasión más anacrónica que la del anticlericalismo. Ni causa de más descrédito que la de hablar públicamente de lo que uno no se ha informado suficientemente. Estoy seguro de que la mayoría de los periodistas no caen en los errores que denuncio. Pero, ¡caramba!, es que llevamos un invierno de miedo.

José María Martín Patino es presidente de la Fundación Encuentro.

No es un fracasado, es más sabio

La sociedad estigmatiza a los empresarios que cierran su negocio - El 50% de los españoles no emprende por miedo - Los bancos no dan segunda oportunidad

Han mirado al fracaso de frente. Se cansaron de trabajar para otros y apostaron todo su patrimonio y hasta sus relaciones personales para crear la empresa con la que soñaban. Pero no funcionó. Tuvieron que cerrarla. Una pesadilla de deudas y despidos. Y después, ¿qué? La mayoría vuelve al mercado laboral por cuenta ajena. Pero a algunos, a pesar de todo, aún les quedan ganas de volver a intentarlo. Son emprendedores que buscan una segunda oportunidad. Pero en la mayoría de los casos no les llegará. Los bancos ya no se fían de ellos. La sociedad no está dispuesta a perdonar el fallo. Los emprendedores españoles se lo juegan todo a una carta.

En España la tasa de actividad emprendedora (el porcentaje de población activa embarcado en un proyecto empresarial con menos de tres años y medio de vida) es del 5,1%. Un año antes era del 7%, según el informe GEM, un estudio mundial realizado por instituciones académicas de 54 países. El principal motivo para no emprender aquí: el miedo al fracaso. Más del 50% de la población asegura que nunca se lanzaría a abrir una tienda o un despacho propio porque teme darse un batacazo. Porque el fracaso sale caro. "Si no te sale bien, ponen una crucecita al lado de tu nombre. Y ahí se queda. Los bancos, los inversores, los medios de comunicación...", resume Alberto Fernández, profesor del IESE especializado en estrategia empresarial. La mitad de los que quieren reemprender tienen problemas para encontrar dinero con el que hacerlo.

Nada que ver con otros países. Según explica un gestor de inversiones de riesgo que pasó una larga temporada en EE UU, cuando allí llegaba un emprendedor le preguntaban cuántos fracasos había tenido antes. "Si era su primera empresa, le ponían pegas, porque no sabía a qué se enfrentaba. Si tenía más de cinco fracasos, mal también. Demasiado riesgo, porque está claro que no había aprendido de sus errores. Entre dos y tres cierres, estaba bien visto", recuerda. En ese país, tierra de pelotazos empresariales y grandes ideas salidas de un garaje, no se premian los fracasos, pero sí se entienden como parte del juego.

El caso es que la historia empresarial está llena de ejemplos de que las segundas oportunidades pueden merecer la pena. Thomas Edison fracasó en 10.000 experimentos antes de dar con el filamento ideal para su bombilla incandescente. Richard Brandson (creador de Virgin) tuvo dos empresas fallidas antes de saborear el éxito. Incluso Google, el gigante de Internet, ha desarrollado o comprado proyectos que ha tenido que cerrar por su escaso interés, como Jaiku, una herramienta parecida a Twitter que duró dos años en sus manos.

En España, dice Fernández, ir a concurso de acreedores es todo un drama. "Esta fórmula, la antigua suspensión de pagos, se ideó en realidad para garantizar la viabilidad de las empresas. Hay algunas compañías que se ven obligadas a cerrar, pero la culpa no es de una mala gestión, sino del entorno, las deudas de otros proveedores o mala suerte. Pero aun así, ya quedan marcados. Según un estudio de una consultora, sólo el 2% de las empresas que entran en concurso acaban saliendo adelante. Esto es una prueba de que aquí se paga caro fallar", argumenta. Los bancos, y hasta el vecino, mirarán mal a partir de entonces al ex empresario. "No debería ser así, porque para eso están los jueces. Ellos son los únicos que deberían valorar si en el cierre ha habido una mala gestión o han incurrido otras circunstancias", defiende. Incluso cuando la culpa no fue del empresario, ¿por qué no le perdonamos?

Es por el carácter latino, explican los expertos. Los anglosajones suelen ver la botella medio llena después del desastre. Cuanta más cultura emprendedora hay en un país, más fácil es que inversores y sociedad sean más comprensivos cuando las cosas no salen bien. También tiene que ver, coinciden varios entendidos, con el apego a la seguridad laboral. En España se valora mucho la estabilidad. Y el empresario, cuando falla, arrastra a otros al paro y, en algunos casos, a sus familiares a una mala situación económica. Algo que, si se hubiera hecho funcionario, no hubiera ocurrido. "Hay una clara relación entre los niveles de actividad emprendedora y la flexibilidad laboral en un país", defiende Ignacio de la Vega, del IE Business School. Estados Unidos es el paradigma de un extremo: hay muy poca seguridad laboral cuando se trabaja para otros y por eso la gente no ve riesgos al montar una empresa. Al otro extremo, España, donde la seguridad laboral es alta (lo que De la Vega y Fernández califican de un mercado laboral muy inflexible), montar una empresa es cosa de locos o soñadores.

"Yo creo que sí que ha mejorado un poco la situación. El estigma esta ahí, sobre todo de cara a los bancos. Pero muchas redes de inversores ya empiezan a valorar que un cierre no es un fracaso, sino bagaje", explica De la Vega. "No hay que olvidar que el 35% de la mortalidad empresarial no es porque vaya mal la compañía, sino porque la absorbe otra más grande o simplemente porque el dueño encuentra una oportunidad interesante trabajando para otros", apunta.

Su escuela de negocios ha llevado a cabo, a través de la plataforma GEM en España que lideran, un estudio para analizar el clima de la segunda oportunidad para emprender en España. El resultado es aplastante: el 64,2% de los que fracasaron una vez no piensa volver a intentarlo. Sólo un 14%, un año después del cierre, ha puesto otra iniciativa en marcha. Los principales problemas que señalan para reemprender son la falta de financiación (el 50,7%), la crisis (el 30%) o los impuestos (el 27,4%).

El estudio recoge además impresiones concretas de empresarios. Muchos explican que "los bancos no les conceden créditos porque aún están endeudados en relación con la liquidación del negocio anterior". Otros subrayan que el problema es que las entidades "no confían" en que su idea sea viable. Los más positivos señalan sin embargo que al tiempo que los bancos se lo ponen más difícil, sí han encontrado nuevas vías de financiación, como los business angels, inversores particulares que se agrupan para buscar y financiar iniciativas que consideran innovadoras (el 14% cuenta con dinero de estas redes). La Unión Europea lleva años advirtiendo a los Estados miembros de que es necesario reavivar la cultura empresarial, especialmente ahora que las economías están en recesión. Por eso, además de pedir que se fomente en la escuela el espíritu emprendedor, recomienda que se implanten medidas de ayuda a los que prueban una segunda vez. En la Small business act (una lista de recomendaciones aprobada en 2008 para potenciar la pequeña y mediana empresa) pedía a países y regiones que faciliten medidas para que "los empresarios honestos que tuvieron que afrontar una bancarrota reciban rápidamente una segunda oportunidad". Honestos, o lo que es lo mismo, cuyo fracaso no está relacionado con malas prácticas de gestión, acciones ilegales o que no salieron corriendo dejando colgados a proveedores y empleados.

Sin embargo, las líneas de crédito o subvenciones especiales para reemprender, en general brillan por su ausencia. Como mucho, algunas comunidades ofrecen formación algo específica. "La cultura del emprendedor no está arraigada en España. Aquí hay muchos emprendedores carambola", dice Fernando Trías de Bes. Este economista y profesor de ESADE dedicó un libro entero (El libro negro del emprendedor) a los errores más comunes que cometen los que empiezan, y recoge muchos ejemplos de segundos éxitos. Los emprendedores carambola son aquellos que, explica De Bes, no están motivados, sino que encuentran un motivo puntual. De éstos sí hay bastantes. "Ven la necesidad de hacerlo porque se han quedado en la calle o porque un amiguete les ofrece el negocio con el que se harán ricos", explica. Pero emprender "no es probar suerte". Ser un verdadero emprendedor no tiene nada que ver con conseguirlo a la primera, sino con volver a intentarlo. En Estados Unidos, antes de llegar a un triunfo cada emprendedor tiene 3,75 fracasos de media, según recuerda. "El auténtico emprendedor repetirá una y otra vez. Aprende de sus errores, porque cada fracaso duele al bolsillo, y eso cala. Y se nota que no parará hasta conseguirlo, porque tiene un brillo especial en los ojos", defiende.

Si existe ese brillo especial en la mirada de los emprendedores, Julián de Nicolás, de 43 años, lo tiene. Se cayó, pero se ha vuelto a levantar. Hace más de 10 años montó una pequeña cadena de restaurantes mexicanos. Había estudiado económicas y tenía el gusanillo del emprendedor. "Así que busqué la gran idea. Miré a mi alrededor, y me decidí por el sector del ocio. Y entonces me crucé con un distribuidor que me ofrecía productos mexicanos", recuerda. Y se le encendió la bombilla. Montó tres restaurantes. Y le fue mal. La aventura duró dos años. Por el camino perdió dinero. "No fue lo peor. En un proyecto así también inviertes ilusión y mucho tiempo, que le robas a tu vida privada", explica con amargura. Al escucharle hablar se nota que lo que más le dolió fue perder a sus socios. Porque eran amigos. Pero es que, según aprendió, el mejor amigo no es siempre el mejor compañero empresarial.

No sólo aprendió eso. "Para empezar, ahora sé que me faltó un buen análisis de viabilidad y de riesgos. Cuando tienes una idea, no puedes enamorarte de ella sin más. Porque entonces no ves la realidad y crees que tu plan de negocio lo puede aguantar todo", razona. Al menos, se premia, él supo cuándo parar. Escapó de "la trampa del endeudamiento", de seguir huyendo hacia delante y construir una torre enorme con pies de barro.

Después del cierre, pasó 10 años trabajando principalmente para otros. Tenía que recuperarse del golpe. Después probó de nuevo. Y cree que lo ha conseguido. Le quita hierro a los problemas que se ha encontrado por el camino porque dice que, cuando se consigue, la satisfacción es más grande que cualquier obstáculo. "El que tiene el gen del emprendedor no puede evitarlo. Hará lo que haga falta para volver a tener otra oportunidad", dice entre risas. La nueva "gran idea" se llama Supraesport. Lleva dos años fraguándola a fuego lento. Es un centro deportivo en Sevilla, que espera que pronto se convierta en una cadena, con la apertura de dos establecimientos este año. "Salga bien o mal, volveré a emprender otra vez. Cueste lo que cueste", advierte.

Cristina Delgado para El País.