Un poco de federalismo, por favor

El camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de ’segunda generación’ no apunta en la dirección adecuada

En España, la construcción del Estado del bienestar y el proceso de descentralización hacia el denominado Estado de las Autonomías, han avanzado en paralelo, a lo largo de las últimas tres décadas.

En una primera etapa, desde la Constitución de 1978 hasta 2002, existieron diferencias apreciables en las competencias de las diversas comunidades autónomas, pero con la transferencia generalizada de la sanidad, a comienzos de 2002, todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de los dos servicios públicos fundamentales del Estado del bienestar.

Tres décadas después del cambio democrático, es hora de hacer un breve balance de ambos procesos. Mientras que el Estado del bienestar se ha consolidado en lo fundamental, con un aceptable despliegue de los servicios públicos esenciales de sanidad y educación (aunque ambos deben ser objeto de atención y mejora), se observan mayores sombras en lo concerniente al Estado Autonómico.

Lo que debería haber sido un amplia avenida, para que circularan las preferencias de los ciudadanos y se reflejaran en distintas opciones sobre los servicios públicos descentralizados, se ha convertido en un verdadero laberinto en materia de Hacienda autonómica, donde se producen continuas bifurcaciones, que las más de las veces permiten al gobierno de turno favorecer a las comunidades autónomas afines o más capaces de ejercer influencia política.

Sin caer en la ingenuidad de querer llegar un "sistema cerrado" de descentralización (un gran teórico de la descentralización, William Riker, advirtió ya hace décadas que toda solución federal es siempre un equilibrio inestable entre las fuerzas centrípetas, que empujan de nuevo en la dirección de la centralización y fuerzas centrífugas, que amenazan desembocar en la secesión), creo que existen potenciales mejoras que podrían hacer que aumentara la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado Autonómico y la eficiencia en la prestación de servicios, aspectos básicos que desde el punto de vista económico justifican la descentralización. Para conseguir estas mejoras, la receta sería aplicar a nuestro Estado Autonómico las lecciones de la experiencia adquirida en estos años y, sobre todo, algunos mecanismos básicos del federalismo.

En primer lugar, convendría recordar el punto de partida; la descentralización supone abrir una puerta a la diversidad y para ello debe asegurarse que, en igualdad de posiciones de salida, se abran cauces para que las regiones puedan desarrollar políticas diferenciadas.

En cuanto a la igualdad de posiciones de salida, debemos sacar algunas lecciones de la experiencia pasada, aunque puedan resultarnos incómodas.

La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la autonomía en favor de "las Comunidades Autónomas que se constituyan" (art 137) en un proceso sujeto a incertidumbre en el que no se conocía si sólo algunas zonas que habían manifestado anteriormente un mayor sentimiento autonomista (Pais Vasco, Cataluña) se constituirían en comunidades autónomas o si lo harían todas las regiones, como finalmente sucedió.

El esquema de relaciones bilateral, que tenía sentido en un principio, para materias que lógicamente deberían ser objeto de aceptación individual (Comisiones Mixtas de Transferencias, que permitían a cada comunidad autónoma aceptar una transferencia sólo si consideraba que los recursos traspasados eran suficientes) y sobre todo, si se pensaba que sólo algunos territorios iban a constituirse en comunidades autónomas, carece de sentido en el momento actual, cuando comprobamos que el Estado Autonómico se ha asentado en todos los territorios y el nivel competencial es esencialmente homogéneo. En consecuencia, el camino hacia las relaciones bilaterales que se abre en muchos Estatutos de "segunda generación" no parece que apunte en la dirección adecuada.

Unido a lo anterior, está el espinosos tema de los regímenes forales, tanto en lo que respecta a su muy discutible carácter de "sistemas paccionados" como en lo referente a las ventajas fiscales, cuando se aplican en regiones de renta relativa elevada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas forales puedan participar en la decisión de cómo se articula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que a estas últimas les está completamente vedado participar en las negociaciones para determinar el concierto impositivo o los cupos quinquenales.

Que una Cámara territorial decidiera sobre todas estas cuestiones sería poner un poco de lógica federalista en el actual rompecabezas autonómico, aunque requiere una buena dosis de coraje político.... y ya se sabe que todos los recursos son escasos.

En cuanto a las políticas diferenciadas, debemos constatar un gran déficit de diversidad, cuando observamos el desarrollo de la Hacienda autonómica.

Las comunidades autónomas, que han asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto, siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal.

Más aún, recientemente hemos dado clamorosos pasos atrás, sin que ninguno de los intervinientes en decisiones que merecerían una detallada explicación a los ciudadanos en un Estado mínimamente federal se haya sentido obligado a explicar nada.

Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacia presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros.

Además de la alegre inauguración de "proyectos emblemáticos", hace falta la explicación y defensa de los "impuestos problemáticos" necesarios para financiar esos y otros gastos

No cabe argumentar, al menos desde 2002, que no existen instrumentos para obtener recursos impositivos por parte de las Haciendas autonómicas, puesto que pueden aumentar la recaudación del tramo autonómico del IRPF, los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas sobre el juego y tramo autonómico de hidrocarburos, además de todo el abanico de tasas y precios públicos

Desde otra perspectiva, las discusiones en materia de descentralización parecen resentirse todavía del "reflejo condicionado" que asocia centralización con el régimen dictatorial anterior y descentralización con democracia (para unos) o Estado centralizado y garantía de trato equitativo a todos los ciudadanos y Estado de las Autonomías y reinos de taifas (para otros).

Al igual que no deberíamos caer en el simplismo de asociar la pesca del salmón con las tendencias dictatoriales, sería bueno ver la descentralización como un mecanismo funcional para obtener mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, sin predeterminar cual debe ser siempre la dirección de los ajustes competenciales que deban introducirse

Ello implicaría admitir que la solución federal no tiene porqué ser inamovible y que en ciertas circunstancias, como la actual, sería sensato aumentar el peso del gobierno central, que es quien está mejor situado para hacer frente a las consecuencias de la recesión económica o replantear (en ambos sentidos) la asignación competencial, cuando parezca necesario a la luz de nuevas circunstancias (¿tienen sentido ficciones como la de convertir a los militares en bomberos y travestir las competencias de defensa en competencias de protección civil creando la Unidad Militar de Emergencias, en vez de discutir abiertamente si no sería mejor llevar una parte de las competencias de protección civil al gobierno central?).

En mi opinión, tendremos un sector público que merezca realmente el nombre de descentralizado cuando un ajuste presupuestario importante sea asumido por las comunidades autónomas mediante decisiones propias y autónomas, que en unos casos pasarán por reducciones del gasto y en otros por ajustes impositivos de diverso tipo, en vez de recurrir repetidamente a que la Hacienda central actúe de paraguas para todos. Si a ello añadiéramos la capacidad de discutir con tanta naturalidad que hay competencias estatales que pueden delegarse hacia las comunidades autónomas, como que hay algunas competencias autonómicas que podrían volver a ser centralizadas, quizá fuera posible quitarle el pantalón corto al Estado Autonómico y convertirlo sin complejos en un Estado Federal, en el que nos ocupáramos más de mejorar los aspectos de aplicación del modelo que de poner (pretendidamente) las esencias del modelo en cuestión un mes si y otro también.

Carlos Monasterio Escudero es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo

Las grandes colmenas

Urbanistas, sociólogos, políticos, arquitectos y otros profesionales tienen el desarrollo de las grandes urbes en el punto de mira. La ciudad está enferma, pero sus síntomas son analizados paso a paso mediante studios de todo tipo. Se conocen los problemas y las soluciones. Lo que hace falta son decisiones políticas.

No nos engañemos, la ciudad ideal para vivir no existe. Aunque algunas se acercan más que otras a esa antigua aspiración humana. Según estudios realizados por distintos medios y empresas que evalúan anualmente la calidad de vida en cuanto a estabilidad, infraestructuras, sanidad, educación, cultura y medioambiente, Canadá es el país con mejores condiciones en tres de sus grandes ciudades (Vancouver –en el primer puesto–, Toronto y Calgari), seguido por Australia, con Melbourne en el tercer lugar y otras cuatro ciudades australianas (Sydney, Perth, Adelaida y Auckland) en los puestos del 7 al 10, según el Mercer Quality of Living Survey para el Economist Intelligence Unity en el último año. Viena, en el segundo lugar, es la ciudad más votada en la encuesta como la que elegirían para vivir. En esta lista, Barcelona ocupa el lugar 42, y Madrid, el 48.

El reverso de la moneda estaría en las que el citado estudio señala como las peores ciudades para vivir entre 140 urbes encuestadas. Estas son: Dakar (Senegal) y Teherán (Irán) –empate en el lugar 130–, Colombo (Sri Lanka), Katmandú (Nepal), Douala (Camerún), Karachi (Pakistán), Lagos (Nigeria), Port Moresby (Papúa Nueva Guinea), otro empate en el 139 entre Argel (Argelia) y Dhaka (Bangladesh), y en último lugar, Harare (Zimbabue).

Los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre el salto entre la aldea y la ciudad que tuvo lugar hace unos 5.000 años. Lo cierto es que los restos de las primeras grandes civilizaciones aparecieron ya plenamente desarrolladas, con palacios, edificios de uso público y murallas que los protegían tanto de los ataques enemigos como de la inmigración descontrolada. Porque las ciudades son desde su origen un importante foco de atracción para gente en busca de mejores condiciones de vida y más libertades. Las grandes concentraciones urbanas han tenido más o menos los mismos problemas desde el principio, en distinta medida: la necesidad de agua para el consumo de sus habitantes, la eliminación de los desperdicios y basura, la contaminación, la circulación de vehículos y el peligro de desórdenes públicos.

El crecimiento demográfico es cada día más preocupante y el crecimiento de las megaurbes un tema al que es indispensable prestar mayor atención y previsión. En 2050 el 70% de la humanidad vivirá en ciudades, cuando en 1900 sólo lo hacía un 10%. Tokio, México DF, Mumbai, Nueva York, São Paulo, Delhi, Calcuta, Yakarta, Buenos Aires y Dhaka (Bangladesh) son hoy, en ese orden, las ciudades más pobladas del mundo. Se calcula que en 2020 cerca de 1.400 millones personas vivirán en zonas chabolistas en todo el planeta, según resultados del Urban Age Project, una organización que ha tomado como referencia seis ciudades (Nueva York, Shangai, Londres, México DF, Johanesburgo y Berlín) para el seguimiento tanto de su expansión arquitectónica como de los factores sociales y económicos en juego, resumidos en el libro The Endless City (Phaidon).

El espectáculo que nos presenta ahora con toda facilidad una herramienta como Google Earth puede ser escalofriante. El ser humano ha dejado su huella en el 80% del territorio del planeta. Somos una plaga . Las ciudades son gigantescas manchas que se extienden como un líquido depredador. Y siguen creciendo. La población urbana ha aumentado en el siglo XX de 220 millones de personas a 2.800 millones. Según las previsiones la escala de crecimiento seguirá en alza especialmente en Asia y África, donde las grandes ciudades llegarán a duplicar su población para 2030, según un informe de la ONU. Se estima que 120.000 personas llegan cada semana a vivir en ciudades asiáticas. En Dubai el 80% de habitantes son extranjeros. Movimientos migratorios extremos para los que los gobiernos locales deberían ir preparándose porque, según recomienda este documento, no será posible detenerlo con medidas de exclusión. Las ciudades fueron el nido de la civilización, el lugar que permitió (y necesitó) que surgieran las leyes, se perfilaran los derechos cívicos, que avanzara la ciencia, el comercio, la industria y las artes. Hoy parecen hormigueros o colmenas, aunque menos organizados que los de los simples insectos. Sin embargo, los directores del Urban Age Project, Ricky Burdett y Philipp Rode, no ven que esto sólo tenga un fin apocalíptico. “Las ciudades no representan sólo la concentración de los problemas –aunque así sucede–, sino que son los lugares donde esos problemas se pueden resolver”.

Fietta Jarque para EPS.

 

La paradoja de la corrupción

¿Por qué políticos y partidos relacionados con la corrupción mantienen en España altos niveles de aplauso popular? Podría evitarse con burocracia meritocrática, cambio del sistema electoral y prensa independiente

Tres historias diferentes en tres países muy distintos (Haití, Afganistán y Grecia) han atraído gran parte de la atención internacional en el último año. En Haití, la interpretación dominante es que la pobreza extrema del país hizo que un terremoto terrible se convirtiera en una tragedia humana sin precedentes; en Afganistán, que una ocupación extranjera en aumento es incapaz de frenar la violencia y traer estabilidad; y en Grecia, que la conjunción de una mala política fiscal junto a la imposibilidad de recurrir a una política monetaria propia le está llevando al borde del colapso económico. Sin embargo, si preguntamos a expertos, miembros de los Gobiernos y ciudadanos de esos países qué causa señalarían como la principal responsable de sus problemas, la respuesta sería sorprendentemente bastante similar.

En documentos anteriores al terremoto, como Por qué la ayuda internacional a Haití ha fallado, tanto observadores externos como funcionarios implicados durante décadas en la ayuda a Haití admiten que si el problema hubiera sido la pobreza lo habrían podido afrontar. Pero con lo que sistemáticamente se estrellaban sus esfuerzos era con una corrupción endémica creciente. En Afganistán, el estudio de opinión pública más exhaustivo, llevado a cabo recientemente por Naciones Unidas, señala que la corrupción es considerada como el principal problema del país, por encima de la violencia. Por su parte, el primer ministro griego, Papandreu, ha reconocido en una cumbre europea, provocando el estupor entre sus homólogos, que la corrupción es la principal causa de los problemas económicos.

Haití, Afganistán y Grecia son casos extremos de lo que expertos, como Simon Kurer, llaman la "paradoja de la corrupción". Por una parte, la corrupción es una actividad impopular en todo el mundo, pero, por otra, los políticos corruptos resultan populares en muchos sistemas políticos y sobreviven en sus cargos, ganando en numerosas ocasiones elecciones democráticas. Otros ejemplos vienen de países como Italia, India, Tailandia o México, donde, en determinadas elecciones, estar procesado por corrupción no daña o incluso aumenta las probabilidades de reelección de un político. Otros estudios -como algunos en EE UU o en Brasil- muestran que estar involucrado en actividades corruptas reduce, modesta, pero significativamente, tus probabilidades de reelección. Por supuesto, en los países menos corruptos del mundo estos estudios no se pueden llevar a cabo porque no hay un número suficiente de casos como para extraer conclusiones.

En España, mientras vamos cayendo año a año en las comparativas internacionales de "buen gobierno" y los ciudadanos están crecientemente preocupados por la corrupción, nuestras instituciones parecen tener problemas para eliminar a los políticos corruptos. Por un lado, más del 70% de los alcaldes envueltos en escándalos de corrupción mantuvieron la alcaldía tras las últimas municipales. Por el otro, las encuestas muestran cómo partidos con numerosos dirigentes procesados en algunas autonomías mantienen (o aumentan) su ventaja electoral sobre la oposición.

La causa de que nos encontremos cada vez más hundidos en la paradoja de la corrupción hay que buscarla en la ausencia de tres mecanismos que, en otros países de nuestro entorno, facilitan que los políticos corruptos sean castigados en las urnas.

El primero, y que he mencionado ya en otras ocasiones aquí, es la adopción de una burocracia meritocrática impermeable al clientelismo. Los políticos corruptos sobreviven en sus cargos gracias a que ofrecen bienes particularizados a miembros de redes clientelares, ya sean legales, como puestos en la Administración pública, o ilegales, como tratos de favor en contratos públicos. Los países donde los políticos corruptos se consolidan a perpetuidad en el cargo suelen tener términos específicos -padrino, cacique, o jao pho (en Tailandia)- reservados para designar a los cabecillas de las redes clientelares que distribuyen trabajos en la Administración, accesos preferenciales a servicios públicos, contratos públicos o licencias de negocios. Los políticos corruptos exitosos electoralmente son aquellos que, cuando llegan al poder, no llegan solos sino que son capaces de colonizar la Administración pública con los miembros de una red clientelar. Y en España es bastante sencillo. Por el contrario, la fortaleza de los cuerpos de la Administración central del Estado impiden que ésta pueda ser politizada. Esto explicaría el misterioso caso de la trama Gürtel, que se gesta al comienzo de la era Aznar y que extiende sus tentáculos en numerosos municipios y comunidades autónomas, pero que no logra contaminar una sola institución de la Administración central del Estado. Las diferencias entre la relativamente incorruptible Administración central española y la relativamente corruptible italiana, tradicionalmente mucho más politizada, podrían explicarse también por la ausencia en esta última de una burocracia central resistente al clientelismo político.

El segundo mecanismo sería el sistema electoral. Por una parte, votar a candidatos individuales es mejor que a listas de partido cerradas, porque aumentan los incentivos a comportarse honestamente. Si los votantes te pueden echar a ti directamente, intentarás mantener tu reputación intacta. Esta es una característica buena de los sistemas electorales denominados "mayoritarios" (como los anglosajones) y que nosotros no tenemos, pues votamos a una tribu entera. Por otra parte, la falta de responsabilidad individual se compensa en muchos países europeos -que, como nosotros, tienen sistemas electorales denominados "proporcionales"- con un instrumento para limpiar la política de partidos corruptos: diseñar circunscripciones electorales que elijan simultáneamente a muchos representantes. En otras palabras, en esos países hay pocas "barreras de entrada" para que una opción política nueva pueda entrar en la vida política, pues incluso un modesto porcentaje de voto te garantiza representación. Esa característica está muy limitada en España, donde abundan las circunscripciones electorales minúsculas y los incentivos para favorecer el bipartidismo. En resumen, a la hora de limpiar las instituciones de políticos corruptos tenemos lo peor de cada sistema electoral: ni candidatos a los que podemos castigar individualmente (como sucede en los sistemas mayoritarios) ni la opción de dirigir el voto hacia alternativas nuevas o minoritarias (como sucede en los sistemas verdaderamente proporcionales).

En tercer lugar, disponer de medios de comunicación independientes juega un papel clave para que la corrupción tenga efectos electorales. En España tenemos una gran pluralidad externa (entre medios de comunicación), pero la pluralidad interna (dentro de cada medio) es limitada. El extremo opuesto sería el mundo anglosajón, donde la pluralidad externa es mucho menor, pero a costa de una mayor pluralidad interna. Así, nosotros podemos elegir entre un mayor número de medios, pero estos medios ofrecen un mensaje más monolítico. El mayor paralelismo entre medios de comunicación y partidos políticos que existe en España hace que, al contrario que en otros países, las noticias de corrupción se perciban como el resultado de intereses políticos encubiertos. Podemos discutir cuáles son las causas -aunque, la alta discrecionalidad política que tienen los Gobiernos, sobre todo autónomos, para moldear a su imagen y semejanza canales públicos regionales y para asignar subvenciones, licencias de radio y televisión u otras vías de subsistencia a grupos privados de comunicación es una seria candidata-.

Por tanto, si los dirigentes políticos españoles estuvieran realmente interesados en eliminar la corrupción, deberían proponer tres acciones opuestas a las que han estado implementando en los últimos años y que, en un ejercicio de ignorancia o de cinismo, siguen postulando hoy día como solución. En lugar de "prestigiar la política", deberían aspirar a prestigiar la Administración. Y enfatizo que eso no nos acercaría al franquismo, sino a las democracias más avanzadas. En lugar de dar más fuerza a los partidos, deberían dar más peso a los políticos individuales. Y en lugar de fomentar una pluralidad externa y sectaria de los medios de comunicación, deberían mimar la pluralidad interna. O esto o, sin ánimo de ser Casandra, nos deberíamos ir preparando para una tragedia griega.

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

'Hardware' y 'software'

Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto

Los países son como los ordenadores: necesitan tanto unas buenas infraestructuras (el hardware) como personas capacitadas para obtener el máximo rendimiento de ellas (el software). Como cualquier usuario de informática sabe, de nada sirve comprar el último ordenador disponible en el mercado si uno no reserva el suficiente dinero para adquirir los programas informáticos que lo harán funcionar. Pues igual que un ordenador sin programas no es más que una caja tonta, cabe preguntarse si un país que tenga el mayor número de kilómetros de vías de alta velocidad de Europa y, a la vez, más de cuatro millones y medio de parados y un gasto ridículo en innovación y desarrollo, es también una caja tonta.

En el año 2009, España no solo invirtió en infraestructuras el triple que Alemania (1,79% del PIB frente a 0,69%), sino que como hemos conocido por boca del propio Ministro de Fomento, esas inversiones se realizaban sin "el análisis de la previsión de la demanda para valorar la viabilidad económica de las obras o el estudio de las necesidades de mantenimiento".

Así que mientras que el Gobierno se gastaba una parte de los 17.200 millones anuales de presupuesto para infraestructuras en lindezas como una doble entrada de alta velocidad a Galicia o Cantabria, España seguía sin una red pública de educación infantil (0-3 años), contaba con una red de escuelas de Primaria que en su mayoría datan de los años sesenta, soportaba un fracaso escolar del 30% en la Educación Secundaria Obligatoria, disponía de una Formación Profesional víctima de un abandono histórico, no contaba con ninguna de sus 77 universidades entre las primeras 150 del mundo y se conformaba con unos servicios de empleo incapaces de gestionar de forma ágil y flexible el reciclaje formativo de los desempleos para orientarlos a nuevos empleos.

Haría falta un estudio en profundidad para ver cómo y por qué se han asignado las prioridades de gasto en este país, pero el resultado es claro: mucho hardware y poco software (y, por añadidura, poco gasto social).

Cuando en 1986 me matriculé en el último curso de Bachillerato en el instituto público de Hillerød, una pequeña población de unos 30.000 habitantes al norte de Copenhague, mi sorpresa fue mayúscula: en mi instituto danés, además de tener menos de 20 alumnos en clase, se impartían tres idiomas, había piscina cubierta, varios campos de fútbol, aula de teatro y clases de 10 o 12 instrumentos musicales.

Sin embargo, las carreteras danesas eran solo regulares, y sus trenes de cercanías, aunque puntuales, estaban viejos. Cruzar el país era una pesadilla, pues cada pocos kilómetros tenías que meter el coche en un transbordador para cruzar de una isla a otra. Eso sí, la asistencia dental era gratuita para todos los daneses, su sistema de becas fantástico y su red pública de residencias de ancianos sencillamente apabullante.

No he mirado cuál era la renta per cápita de Dinamarca en 1986, pero imagino que no sería muy distinta de la de España hoy en día. Los daneses tardaron bastantes años y dudaron mucho a la hora de construir los grandes puentes que los unen hoy con Escandinavia y con el continente, ya que los costes eran enormes y las prioridades educativas y de bienestar estaban claras.

Hoy siguen siendo uno de los países más ricos del mundo, con mejores niveles educativos y con tasas de paro ridículamente bajas, a la vez que una de las sociedades más igualitarias.

Al otro extremo de Europa, en España, teníamos unas infraestructuras penosas que era necesario modernizar, pues suponían una de las razones de nuestro histórico atraso. Sin embargo, parece que no supimos o no quisimos parar. La airada reacción del presidente de Cantabria ante el anuncio de la suspensión del proyecto del AVE Palencia-Cantabria, advirtiendo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que los cántabros no tolerarán "la humillación" (sic) de ir a Madrid en alta velocidad pasando por Bilbao, muestra todavía hasta qué punto a este país se le han subido las infraestructuras a la cabeza en detrimento del gasto social o educativo.

Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto y sus actitudes hacia la educación. De lo contrario, seguirá siendo ese país que un ex ministro de Exteriores alemán describió irónicamente como "un precioso país lleno de autopistas vacías".

José Ignacio Torreblanca

Consejeros más caros que ministros

Tres presidentes de comunidad autónoma, los de Cataluña, País Vasco y Madrid, ganan más que el del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus consejeros, más que los ministros. El jefe del Ejecutivo central percibe 91.982 euros brutos anuales. José Montilla, 169.446; Patxi López, 105.425 y Esperanza Aguirre, 105.215. El resto se mantienen por debajo de los 100.00 euros. El más barato es el de Cantabria: 70.041 al año. Los ministros, con sus 81.155 euros, también ganan menos que los consejeros catalanes, madrileños y vascos (con 127.737 euros, 96.798 y 92.937, respectivamente). La media de los consejeros autonómicos, por estas tres regiones, supera en más de 2.000 euros al sueldo ministerial.

Ángeles y demonios

¿Ángeles o demonios? Los fundadores de Estados Unidos no lo dudaron: demonios. Por ello, a la hora de diseñar su sistema constitucional partieron del supuesto de que cualquiera que ocupara una posición de poder tendería a abusar de él. Así, aun a riesgo de generar bloqueos y dificultades a la hora de gobernar, optaron por dividir el poder en tres pilares separados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y dos niveles (la Federación y los Estados), con un sistema de pesos y contrapesos que impidiera que uno se impusiera a otro. Con el apoyo de un cuarto elemento (la prensa libre) y todo tipo de incentivos para que de la sociedad civil emergieran asociaciones de ciudadanos dedicados a defender sus propios intereses, el círculo quedó cerrado.

La historia les ha dado la razón: la democracia en Estados Unidos no sólo ha pervivido dos siglos, sino que goza de una salud envidiable. Envidiable no quiere decir perfecta. Para eso sus gestores tendrían que ser ángeles. Pero aun siendo un país gobernado por demonios, el resultado es más que razonable: la democracia estadounidense ha transitado por la oligarquía de las grandes fortunas, la caza de brujas del macartismo, el segregacionismo, el complejo militar-industrial, las guerras secretas de la CIA en Laos o Camboya y, últimamente, una batalla contra el terror puesta en marcha por Bush que a punto estuvo de llevarse por delante algunos derechos civiles básicos. Pero mal que bien, el sistema ha ido funcionado, y al final el chófer de Bin Laden ganó su juicio y salió a la calle mientras el jefe de Gabinete del vicepresidente Cheney (Scooter Libby) iba a la cárcel.

Diseñar un sistema político pensando en que los políticos son (potencialmente) unos demonios puede parecer una sabia decisión, especialmente si el objetivo es prevenir la tiranía y evitar la corrupción. Pero construir una institución como la Iglesia partiendo de un supuesto similar debe ser metafísicamente imposible: lo lógico es pensar que los administradores de la fe estarán más cerca de Dios que del demonio. Se entienden así los enormes problemas que está sufriendo a la hora de hacer frente a las críticas por su pésima gestión de los presuntos casos de pedofilia. No se trata pues de discutir si el celibato tiene estas o aquellas consecuencias, o de si la pedofilia afecta a un número alto o bajo de religiosos, sino de preguntarse qué sistemas de control y rendición de cuentas existen dentro de la Iglesia para que ésta pueda detectar sus manzanas podridas. En eso es tan poco divina y tan mundana como cualquier otra institución, y sus problemas se multiplican en relación directa a su falta de transparencia, que es notable. Por eso, el Benedicto XVI que aparece estos días desorientado ante las críticas y revelaciones de los medios de comunicación no se distingue en gran cosa de ese Raúl Castro atónito ante las críticas internacionales por la muerte del activista Orlando Zapata, o del propio Mariano Rajoy, también indeciso sobre cómo y cuándo cortar en los asuntos de corrupción que acosan al Partido Popular.

Los arquitectos imaginan los edificios en los que vivimos, y los ingenieros de caminos construyen las autopistas por las que circulamos. Los politólogos, aunque su tarea sea poco conocida o valorada, diseñan las instituciones que administran nuestras libertades, y reflexionan sobre cómo mejorarlas. Como pone de manifiesto Bueno de Mesquita en su obra The predictioneer (El predictor), la ventaja de una buena institución es que nos ahorra tener que dilucidar la naturaleza moral de las personas. Leopoldo II (1865-1909) está considerado como uno de los mejores monarcas de la historia de Bélgica. Bajo su reinado, el sufragio (aunque sólo el masculino) se universalizó, la educación primaria se convirtió en obligatoria, se prohibió trabajar a los menores de 12 años, se limitó la jornada laboral a 12 horas, y las niñas comenzaron a acceder a la educación secundaria. Sin embargo, ese mismo rey también gobernó (por llamarlo de alguna manera) el Congo entre 1885 y 1908, dejando tras sí un legado de explotación, miseria, saqueo de recursos naturales y terribles abusos y mutilaciones sobre los congoleños. Ángel o demonio, se trataba de la misma persona, en el primer caso limitada en su poder por un Parlamento y una opinión pública, en el segundo administrando un territorio de forma personal y sin rendir cuentas ante nadie.

En España o en Cuba, en el Vaticano o en el Congo, la opacidad es la antesala del abuso, y la transparencia su único antídoto. Curiosamente, España, como el Vaticano, carece pese a las promesas electorales de una Ley de Transparencia. Debe ser que aquí también hemos pensado que la mayoría somos ángeles. Y probablemente sea verdad: el problema es lo fácil que se lo ponemos a los demonios.

José Ignacio Torreblanca

Matriculado en la euforia y licenciado en el desastre

España vive el drama de una generación que termina la carrera sin apenas perspectivas de trabajar - Buscan desesperadamente empleo sin importar ya las condiciones, el sueldo o la precariedad

El día que Cristina Carbó asistió a su primera clase en la escuela superior de diseño Elisava, el 3 de octubre de 2005, el Ibex-35 de la Bolsa española alcanzó los 10.880 puntos. La tasa de paro estaba en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, en el 9,33%. La fábrica inmobiliaria española puso en marcha aquel año hasta 716.035 viviendas, un dato esperanzador para una estudiante como ella, recién llegada a los estudios de diseño, con especialidad en interiorismo, en Barcelona. España, en definitiva, sacaba pecho en Europa, con un crecimiento económico del 3,4% aquel año, casi el triple que la zona euro.

Tres años, ocho meses y 13 días después, el 16 de junio de 2009, Cristina presentó su proyecto de fin de carrera en la escuela y, al salir de ella con su título de graduada superior bajo el brazo, el escenario había cambiado: el desempleo castigaba al 17,93% de la población activa y España cumplía su primer año en recesión, con una caída del 4,2% respecto al junio anterior. El número de viviendas que se iniciarían en todo 2009, decían esos días los constructores, no pasarían de las 200.000. Y la Bolsa, que probablemente a ella le importaba poco, estaba en 9.498 puntos. El llamado "milagro económico español", en resumen, fue dado por muerto por todos aquellos expertos que en su día lo jalearon.

Desde entonces, Cristina ha enviado al menos una treintena de currículos. A constructoras: agua. Estudios de diseño: agua. Bolsas de trabajo: agua. Ni una sola llamada de respuesta, ni una entrevista de trabajo, ni un proceso de selección en marcha.

Hay casi 1,3 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años en España que buscan un trabajo, un 52% más que hace un año. Son más de millón y medio si contamos desde los 16 años. Casi 127.000 de ellos buscan su primer empleo, según los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), el mejor termómetro del mercado laboral. Y si se acerca la lupa a esos jóvenes en paro, más de 290.000 tiene formación superior, de los que 26.000 no ha trabajado nunca (ver cuadro).

Los licenciados sufren menos paro que los que tienen formación inferior. Aunque la gente de menos de 30 años tiene mayor tasa de desempleo (de casi el 30%) que la media (17,9%).

Perdida en la ensalada de estadísticas, la de Cristina es esa generación de universitarios que se matriculó en los años de la euforia económica, la más duradera época de bonanza que vivió España en décadas, y ha ido a aprobar su último examen ahora, en el desastre. "Al principio oías noticias de la crisis y pensabas que eso no iba contigo, pero el miedo nos empezó a entrar en febrero, cuando empezamos a preparar el proyecto. Lo peor es que también tus padres creen que cuando acabes la carrera ya empezarás a ganar tu dinero, a tener una nueva vida", reflexiona esta barcelonesa a punto de cumplir los 22 años.

El acceso al primer empleo ha sido un trance difícil para todas las promociones de universitarios, por el círculo vicioso de que sin experiencia, no hay trabajo, y, sin un trabajo, nunca se logra esa experiencia. Pero ahora, con la crisis, aquel primer empleo precario -contrato de prácticas y ayuda al empresario mediante-, ha caído en picado en las bolsas de trabajo. Con lo que muchos jóvenes optan por alargar su etapa educativa.

Ayer, una encuesta de la Fundación Bertelsmann señalaba que la mayor inquietud de los españoles de 18 a 30 años es el paro y ni siquiera les preocupa que el trabajo que encuentren esté mal pagado y sea precario. Y a más de la mitad le gustaría constituir su propio negocio frente a los que quieren ser funcionario.

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, que ha dirigido el estudio, recordó que España ocupa los primeros puestos europeos de desempleo juvenil. Por ello, consideró lógico que sólo a un 4% y 7% de los jóvenes, respectivamente, les parezca un problema los salarios bajos o los contratos precarios: "Hay tal ausencia de empleo que lo único que importa es tener trabajo, aunque esté mal pagado".

Pero es que ese primer jornal en prácticas ya no es tan accesible. Para muestra, un botón: la Fundación Universidad y Empresa suele facilitar un primer empleo de prácticas a entre 1.500 y 2.000 titulados, pero este año calculan que la oferta está bajando un 30%. Y en el Servicio de Orientación Laboral de la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, el número de empresas que se ha acercado por allí solicitando titulados universitarios ha caído un 40%, mientras que los jóvenes pidiendo ayuda han subido un 15%. Además, "hemos notado un importante aumento en la demanda de formación por parte de los estudiantes, tanto en especialización de posgrado como en las solicitudes de acceso a la universidad", explica el vicerrector Nicolás Díaz. En este último caso, "en lo que respecta a los alumnos mayores de 25 años, se ha duplicado la demanda con respecto al año anterior, y rondan las 2.000 solicitudes sólo en este colectivo", añade Díaz.

Y es que, con este panorama, muchos jóvenes han optado por estudiar un posgrado o master de turno para progresar ante la tan esperada recuperación económica. "La población activa se ha reducido desde el tercer trimestre de 2007 y, en concreto, entre los menores de 30 años hay 440.000 personas que ha dejado de trabajar o buscar trabajo, debido en buena parte a que la gente alarga sus estudios", apunta Antoni Espasa, el director del Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómicos de la Universidad Carlos III.

Si hubiese que poner nombres y apellidos a todos esos números, los de Cristina serían unos de ellos: "Me llevo moviendo desde junio y no he encontrado nada, así que ahora me he metido en un posgrado de Perímetros privados [traducción para profanos: interiorismo, pero específico para el sector residencial]. Seguir estudiando te da la oportunidad de conseguir prácticas en empresas, aunque con menos sueldo".

La crisis no ha pasado de largo por ningún sector y ningún grupo de población, pero el paro sí se ha cebado especialmente con los jóvenes. De los 1,4 millones de puestos de trabajo que se han destruido desde hace dos años, el 90% lo ocupaban personas de menos de 30 años. "Los jóvenes se están llevando la peor parte de la crisis porque es más fácil despedirles a ellos que a los mayores. Es necesaria una reflexión sobre el mercado de trabajo a la que, si se hace de forma pausada, rigurosa y con la intención de llegar a conclusiones consensuadas, nadie se debiera oponer. Si tenemos una tasa de paro que dobla a la europea, algo estaremos haciendo mal", reflexiona Espasa.

La psicosis se instala ya en las conversaciones de las pandillas de amigos. El paso del tiempo sólo le hace a uno desesperarse. Marta Giménez, de 22 años, estudió Psicología en la Universidad de Barcelona y acabó sus prácticas en febrero. "Primero buscaba trabajo de lo mío, pero apenas había y, si había, requerían experiencia. Cuando llegó abril, volví a coger trabajos puntuales como azafata de ferias y congresos, como hacía cuando estaba estudiando. Al principio no quería, pero ahora voy cogiéndolos", explica.

José (nombre ficticio) es ingeniero técnico de Obras Públicas en Valencia y su currículo estuvo en la lista de espera de McDonald’s durante casi un año. "Pero ni de allí me llamaban, tenía gente por delante. Desde que acabé los exámenes en septiembre de 2008, busqué empleo en todas partes", relata el joven de 26 años.

Hace menos de un mes, le llamaron de una constructora y le ofrecieron un trabajo de becario, por 600 euros al mes. La suya y la de sus compañeros de estudios es una situación peculiar: "Preferimos no presentar nuestro proyecto de final de carrera porque entonces tendremos la licenciatura y ya no nos podrán contratar en prácticas, que les sale más barato. Tendrían que pagarnos más de 600 euros y nos podrían echar". José prefiere no decir su nombre para no tener problemas en esa empresa.

Ampliar los estudios, opina Antoni Espasa, es una buena estrategia, ya que la crisis pasa una factura muy desigual en función del nivel formativo. Mientras los jóvenes de entre 20 y 24 años con formación superior tienen una tasa de paro del 29,9%, los que se quedaron con la educación secundaria la tienen del 36,7%. Lo mismo ocurre de los 25 a los 29 años, la tasa de paro se sitúa en el 16,3% para los licenciados, pero alcanza el 28% para los de secundaria.

Las cifras son tozudas: a mayor formación, menos paro. Y, en general, más dinero. Otra cosa es que esta última diferencia, la brecha salarial entre licenciados y no licenciados, es decir, el incentivo económico para seguir estudiando, se haya estrechado en los últimos años, tal y como puso de manifiesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países más desarrollados.

Pero los más formados siguen siendo menos vulnerables a la crisis. Otro de los elementos que critica la OCDE es que el 22,7% de los trabajadores indefinidos y el 40,27% de los eventuales de entre 16 y 30 años desarrolla un trabajo que requiere menos preparación de la que tiene.

Jordi Planas, licenciado en Economía y doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), acaba de realizar un estudio sobre las universidades catalanas y asegura que "la mayor parte de los estudiantes afirma que su formación sí le sirve en el trabajo". Otra cosa es que cada licenciado se dedique exactamente a aquellos para lo que teóricamente estudió. "Pero yo no creo que haya un empleo predeterminado para un tipo de titulación. ¿Qué debemos pensar? ¿Pobre Javier Solana, que por formación es físico, y no ha conseguido ser físico, sólo ha llegado a secretario general de la OTAN o a representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores?", espeta. "O Jordi Pujol, que no pudo ejercer de médico y sólo fue presidente de una comunidad autónoma durante 20 años...".

El director gerente de la Fundación Universidad y Empresa, Fernando Martínez Gómez, explica que los licenciados en carreras de humanidades suelen tener más incertidumbre al principio, pero defiende que el mundo de la empresa debería abrirse más a este perfil de futuro profesional: "Les explicamos a los empresarios que los licenciados en Filología inglesa, por ejemplo, pueden trabajar en el departamento de internacional, o los psicólogos en el de recursos humanos".

Más de 1,3 millones de jóvenes se matricularon en las universidades españolas el año pasado, para el curso 2008-2009. Ellos, al revés que Cristina, Marta o José, empiezan sus estudios superiores en la recesión, y la cuestión es cuál será el clima económico cuando acaben. Dice la Comisión Europea que España soportará una tasa de desempleo superior al 20% hasta 2011, aunque sitúa la salida de la recesión para la segunda mitad de 2010. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, la adelanta a finales de este año o principios de 2010.

Amanda Mars para El País.

Elefantes blancos

El marco institucional hace que sea rentable políticamente invertir en malos proyectos de infraestructuras

Al margen de su funcionalidad, las obras públicas de ingeniería civil combinan, peligrosamente, dos elementos: el primero, la creencia popular de que cuanto más, más grande y de última tecnología mejor (especialmente, cuando no se paga directamente por su uso); el segundo, la presencia de un agente decisorio político sin responsabilidad económica por los errores que comete. Puede que el político pague sus equivocaciones con una reducción de la probabilidad de reelección, pero la larga vida de las infraestructuras, la dificultad de imputar los errores a negligencia o mala suerte, y la buena prensa que tiene la inversión en grandes obras de ingeniería suelen protegerle de las consecuencias sociales de sus malas decisiones.

La favorable acogida social de asignar fondos públicos a la construcción de nuevas infraestructuras, o a la ampliación de las existentes, se amplifica cuando, como ocurre en la actualidad, la economía entra en recesión. Las políticas keynesianas consistentes en impulsar la demanda agregada mediante un aumento del gasto público gozan de popularidad, aunque no todos los economistas comparten el mismo entusiasmo.

En economía hay preguntas de fácil respuesta; por ejemplo, si debe existir una infraestructura de transporte que conecte Madrid con Barcelona. Otras preguntas son más difíciles de responder: ¿es suficiente una carretera, dos aeropuertos y una línea ferroviaria convencional o añadimos una línea ferroviaria de alta velocidad?

Las segundas preguntas las resuelven los agentes privados diariamente, no comprando la mejor casa de la ciudad, ni cambiando de vehículo cada vez que aparece un nuevo modelo. Saben que tienen que elegir, aunque les disguste hacerlo. La inversión pública sólo está justificada si los beneficios sociales superan los costes sociales, y este principio no hay por qué cambiarlo en épocas de crisis económica. Si se destina más dinero público a la construcción de infraestructuras, mejor hacerlo en aquellas con mayor valor social evitando los elefantes blancos; es decir, las obras de dudosa utilidad con altos costes de mantenimiento y operación que, con independencia de sus efectos inmediatos en el periodo de construcción, acaban convirtiéndose en una pesada carga para la sociedad.

En el caso de España, con una escasa práctica de evaluación de inversiones en las Administraciones públicas, separación entre quien decide y quien financia, y cierta inclinación a construir elefantes blancos, megaproyectos, frente a actuaciones más modestas pero socialmente más rentables, resulta especialmente útil recordar que elegir buenos proyectos de inversión pública contribuye al crecimiento económico a largo plazo y es compatible con el estímulo keynesiano de corto plazo. No parece razonable ignorar los principios económicos básicos de evaluación porque lo urgente sea impulsar la demanda agregada. Tiene más sentido concentrarse en la evaluación de los beneficios sociales de los proyectos concretos de infraestructuras evitando comprometer gasto público sin previamente examinar su impacto a medio y largo plazo sobre el bienestar social.

Comparar los beneficios y costes sociales esperados de los proyectos en infraestructuras de acuerdo con las mejores prácticas disponibles, evaluar las alternativas, incorporar a la iniciativa privada en su construcción y operación con contratos que repartan el riesgo de manera eficiente, identificar a los beneficiarios últimos para diseñar fórmulas imaginativas de financiación; y hacer públicos los informes de evaluación de los proyectos que aspiran a ser financiados es hoy una tarea ineludible.

¿Si las soluciones parecen tan sencillas, por qué no se aplican? Simplemente porque los incentivos existentes favorecen el despilfarro. No habrá solución si no se cambian los incentivos. El marco institucional actual hace que sea políticamente rentable invertir en malos proyectos. Gobiernos regionales que presionan por infraestructuras que jamás hubiesen construido con fondos propios, gobiernos nacionales que para maximizar la co-financiación supranacional promueven malos proyectos cuyo alto coste no es nada comparado con el proceso de expansión de elefantes blancos que por agravio comparativo se desencadenan en las comunidades autónomas. Sin un nuevo diseño institucional que haga políticamente rentable invertir en buenos proyectos seguiremos haciendo planes que no se cumplen, metodologías que no se aplican y artículos lamentándonos.

Ginés de Rus es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.