Usted no es normal. Si está leyendo estas páginas, seguramente pertenece a la minoría de la humanidad que tiene un empleo estable, adecuado acceso a la Seguridad Social y que además disfruta de una considerable libertad política. Además, a diferencia de otros 860 millones de personas, usted sabe leer. Y gasta más de dos euros al día. El porcentaje de la población mundial que combina todos estos atributos es menos del 4%.
La Organización Internacional del Trabajo calcula que un tercio de la población activa está desempleada o subempleada, y la mitad de la población mundial no tiene acceso a seguridad social de ninguna clase. Freedom House, una organización que estudia los sistemas políticos de los países, clasifica a 103 de las 192 naciones del mundo como "no libres" o "parcialmente libres", lo cual significa que las libertades civiles y los derechos políticos básicos de sus ciudadanos son nulos o muy reducidos. Más de 3.600 millones de personas, o un 56% de la población mundial, viven en esos países. Según el Banco Mundial, aproximadamente la mitad de la humanidad vive con menos de dos euros al día.
Así, estadísticamente, hoy en día un ser humano "normal" es muy pobre; vive en condiciones físicas, económicas y políticas opresivas, y está regido por un gobierno incapaz y corrupto. Pero la normalidad no sólo se define mediante estadísticas. Normal quiere decir algo que es "habitual, típico o esperado". Por tanto, lo normal no es sólo lo que es estadísticamente más frecuente, sino también lo que otros suponen que lo es. En ese sentido, las expectativas de una pequeña pero influyente minoría distorsionan la realidad de la vasta mayoría. Existe una enorme diferencia entre lo que el ciudadano medio de las democracias occidentales avanzadas -y las élites más ricas en todas partes- suponen que es o debería ser normal, y las realidades diarias que confronta la abrumadora mayoría de la gente. La información sobre las nefastas condiciones habituales en los países pobres es bien conocida y ampliamente debatida. Sorprendentemente, sin embargo, las expectativas sobre lo que significa ser normal en el mundo actual suelen reflejar la anormal realidad de unos pocos países ricos y no la norma global. Suponemos que es normal comer tres o cuatro veces diarias; caminar por la calle sin miedo, y tener acceso al agua, la electricidad, el teléfono y el transporte público. O que durante el día los niños van a la escuela. Lamentablemente, nada de esto es lo más común. Hoy en día, 852 millones de personas, incluidos muchos niños y ancianos, no comen tres veces al día, y cuando lo hacen, esa comida no les proporciona el consumo calórico diario necesario para una persona normal. Aproximadamente, 1.600 millones de personas carecen de acceso a la electricidad, y 2.400 millones recurren a combustibles tradicionales como la madera y el estiércol para la cocina y la calefacción. Un 30% de la población mundial jamás ha hecho una llamada telefónica. La delincuencia callejera y la violencia urbana son normales en gran parte del mundo. El índice medio de homicidios en Latinoamérica es de aproximadamente 25 por cada 100.000 habitantes, y en el África subsahariana, de unos 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes. (En la Unión Europea se producen sólo tres homicidios por cada 100.000 habitantes). Se calcula que unos 246 millones de niños, aproximadamente uno de cada seis, trabajan, y de ellos, 73 millones tienen menos de 10 años. Mientras que un nacimiento generalmente es un momento de alegría y celebración en los países de mayores ingresos elevados, en el resto del mundo es una amenaza de muerte, enfermedades y discapacidades. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de medio millón de mujeres debido a complicaciones derivadas del embarazo en los países en desarrollo, donde el riesgo de mortalidad materna es de una de cada 61. En los países ricos, el riesgo de mortalidad materna es de una entre 2.800.
Esta percepción distorsionada de lo que es normal puede adoptar formas más sutiles. Un buen ejemplo son las suposiciones que hacemos sobre la calidad de las noticias que recibimos. Lo normal es suponer que las noticias están exentas de injerencias gubernamentales. Pero en gran parte del mundo, ése no es el caso. Un sondeo del Banco Mundial sobre la propiedad de los medios de comunicación descubrió que en 97 países, un 72% de las cinco emisoras más importantes y un 60% de las cinco empresas de televisión más vistas son propiedad del Estado. El estudio también encontró pruebas estadísticas fehacientes de que los países con un mayor control estatal de los medios disfrutan de menos derechos políticos, así como de una calidad muy pobre de servicios educativos y sanitarios.
Las suposiciones del mundo rico sobre lo que constituye la norma global pueden resultar en costosos errores. Se han derrochado miles de millones de euros porque se da por hecho que los gobiernos de los países más pobres son en diseño y normas más o menos similares a los de las naciones ricas, sólo que un poco menos eficaces. A pesar de los constantes recordatorios de que la mayoría de los gobiernos del mundo son incapaces de realizar tareas relativamente sencillas, como entregar el correo o recoger la basura, la mayoría de las fórmulas que se proponen sobre cómo deberían solventar sus problemas dichos países suponen la existencia de capacidades inexistentes en la gran mayoría del sector público del mundo.
Esto en parte sucede porque queremos que la gente tenga una vida mejor, y es natural que usemos nuestra definición de normalidad como guía para ayudar a los demás. Lo que impulsa el desfase entre lo que suponemos que es normal y la realidad a la que se enfrentan miles de millones de personas no es sólo la tendencia provinciana a imponer nuestra experiencia a los demás, sino también una manifestación sincera de nuestros valores. Esto no quiere decir que estos juicios de valor acerca de cómo deben ser las cosas deben abandonarse; de hecho, son estos valores los que señalan la dirección en la que se encuentra el progreso. Pero una cosa es tenerlos como metas y otra muy distinta -y peligrosa- es suponer que nuestros ideales son parte de la realidad. Es fácil equivocarse diseñando una política educativa "normal" para un país donde es común que los niños lleguen a la escuela sin haber comido o donde las niñas arriesgan su seguridad física cada vez que salen de su casa. La política de impuestos o de normas laborales en países donde el trabajo informal y las transacciones ilícitas son lo normal tampoco responde bien a los conceptos tradicionales.
Muchas decisiones de política pública han sido erradas porque han confundido ideales con realidades. En tiempos como éstos, en los cuales los valores se han vuelto tan habituales en la retórica política, es importante estar muy alerta a la posibilidad de que nuestras opiniones, planes y decisiones se cimienten en falsas suposiciones sobre lo que es normal. Cuando eso ocurre, los valores conducen a malas decisiones, y no a una mayor claridad moral.
Hay quienes afirman que en España se respira un clima similar al que se extendió en los años previos a la Guerra Civil. La especie ha sido divulgada por los propagandistas del tremendismo, pero también por personas de buena fe que contemplan con alarma la exhumación de fantasmas que ya creíamos saludablemente olvidados, la vindicación de una memoria tergiversada que no es sino la coartada del rencor. No participo de esta actitud alarmista; aunque, ciertamente, vislumbro ciertos síntomas de cainismo en la acción de nuestros políticos y ciertos signos de encanallamiento en la convivencia ciudadana que me hielan el corazón. Las circunstancias actuales no son, desde luego, equiparables a las que prefiguraron el conflicto bélico hace ahora setenta años. Para empezar, debemos considerar que en la España de los años treinta el ochenta por cierto de la población vivía en una situación lindante con la pobreza, o decididamente inmersa en sus lodazales; el hambre, que aviva el ingenio, también afila los caninos y exacerba los resentimientos atávicos. Aquel magma de multitudes desesperadas que convirtieron la política en una excusa para el ajuste de cuentas y la crueldad sin cortapisas no existe hoy, afortunadamente; tampoco aquella fascinación insensata y perniciosa compartida por izquierdas y derechas hacia ideologías que declaraban periclitada la democracia. En cambio, barrunto que la posibilidad de una tercera España, superadora de diferencias seculares, capaz de reconocer los yerros y las atrocidades que se perpetraron desde uno y otro bando en aquella remota guerra de nuestros antepasados, capaz también de perdonarlos sinceramente no desde una vocación de amnesia o escapismo, sino, por el contrario, asumiendo compungidamente su legado, se empieza a agostar. Quienes nos sentimos hijos de esa tercera España contemplamos con algo de ofendida perplejidad el desarrollo de los acontecimientos, molestamente hostilizados por la avalancha de revisionismos que insisten en ofrecer una visión manipuladora y parcial de un conflicto que no podrá ser del todo superado mientras no logremos apartarnos las anteojeras de los prejuicios.
A la versión oficial y hegemónica impuesta durante décadas por los vencedores se ha sucedido otra corriente igualmente tendenciosa que mitifica la Segunda República. Esta beatificación un tanto rudimentaria de la causa republicana ha propiciado, a su vez, una reacción airada de quienes proponen una rehabilitación del franquismo. Y uno se teme que, a la postre, en este juego energúmeno y simplificador, la Guerra Civil se convierta en la coartada para seguir alimentando odios ancestrales, en una suerte de metáfora recurrente de nuestra incapacidad para la reconciliación. En los últimos años se han puesto de moda los libros y coleccionables que confrontan versiones opuestas de aquel conflicto, para que el lector elija aquella que mejor se avenga con su particular idiosincrasia. Y uno se pregunta si no sería tiempo ya de arrumbar vetustos apriorismos y abordar el estudio de aquel episodio vergonzoso de nuestra Historia como lo que realmente fue, un choque de ideologías nefastas que hicieron de nuestro país el perfecto campo experimental para la imposición de sus quimeras. Frente a esta visión sintética que execre las tropelías de uno y otro bando y abogue por una tercera España siempre pisoteada y reducida al silencio, se persevera en las visiones dialécticas y maniqueas que convierten nuestra convivencia en un perpetuo duelo a garrotazos.
Mi abuelo me contaba que perdió un par de hermanos en la Guerra Civil, batallando en bandos adversos. Cuando veo a los españoles atrincherados en posturas irreconciliables, dispuestos siempre a desenterrar a sus muertos y a utilizarlos como arma arrojadiza frente al contrincante, siento una suerte de melancólica amargura por aquellos tíos a los que nunca pude conocer.
Pese a la ofensiva de los nacionalismos periféricos reforzada desde los años finales de la dictadura, pese a las ambigüedades de una parte de las fuerzas políticas democráticas, mi impresión es que la nación española sigue gozando de buena salud. Es demasiado honda la génesis del surgimiento histórico de España, demasiado significativa nuestra vida en común en la modernidad, demasiado profunda la construcción de un orden liberal de 1808 a 1936, demasiado larga la dictadura, suficientemente eficaz la vida de nuestra restablecida democracia, para que la vida de la nación española no alcance un reconocimiento abrumador en el mundo actual. La nación de España, entendida como una comunidad de ciudadanos sujeta a un régimen común de derechos y libertades, espacio de una solidaridad histórica renovada día a día por los avatares de una vida en común, pienso que se sostiene firme, hoy por hoy, por debajo de los datos políticos cotidianos.
Toda la importancia del peso de la historia no nos debe hacer perder de vista, sin embargo, que cualquier construcción política necesita de una renovación cotidiana. Que una nación, una comunidad política construida mejor que inventada, no es una excepción a esta necesidad de rehacer, de reconstruir. Que ni las más sólidas realidades nacionales, y España lo ha sido y todavía lo es, son empresas hechas de una vez y para toda la eternidad.
Nos encontramos hoy en España con unos procesos muy intensos de construcción de unos hechos nacionales distintos al español. A su servicio se han puesto unos gobiernos subestatales que han entendido el Estado de las Autonomías no como un marco de convivencia de distintas sensibilidades nacionales, sino como rampa de lanzamiento para la construcción de unos hechos nacionales que no se satisfacen con su afirmación, sino que prolongan su acción en la negación de la común nación española. Porque negación es, al fin y al cabo, la afirmación de una nación catalana o vasca junto al reconocimiento de una "nación de naciones", España, en la que no cabe ver sino la vieja categoría de un Estado que engloba en su seno auténticas y genuinas naciones.
Si no queremos que la idea de España como nación histórica capaz de englobar a todos sus ciudadanos vaya sufriendo una erosión imparable, será llegado el momento en que, quienes creemos en ella, tomemos conciencia de la necesidad de insuflar un nuevo consenso nacional en la vida de los españoles. Porque ni el más glorioso de los pasados es suficiente para asegurar la vida de una nación. Si esa nación está sometida a un desafío constante y eficaz por poderosas instancias políticas, no es exagerado concluir en la necesidad de un programa de actualización y defensa de la solidaridad nacional para la misma.
Una política en defensa de la nación española debe partir del reconocimiento de la pluralidad consagrada por la Constitución do 1978. La nación española debe aceptar gustosamente su convivencia con unas nacionalidades y regiones que forman parte de ella. Pero el reconocimiento de esta pluralidad no debe suponer la renuncia a impulsar una cultura y una socialización políticas que actualice la solidaridad nacional de los españoles. Es necesario, en primer lugar, que los dirigentes políticos del conjunto de España tomen nota de un problema que no se va a resolver renunciando a una afirmación de la nación común. No se trata de una batalla por palabras, sino de un combate político y democrático por hechos que afectan directamente a la convivencia de todos nuestros ciudadanos. Una comunidad nacional no sobrevive al aislamiento de sus gentes y sus territorios. No se consigue asegurar la especial solidaridad que aporta la pertenencia a una nación sin sentirse parte de una empresa política común, sin reconocerse con una realidad histórica y sociológica en la que todos los nacionales formamos parte. Es necesario que el Estado ponga a disposición de una empresa de renovación nacional los medios indispensables requeridos por una sociedad moderna: medios de comunicación, instituciones culturales y educativas, acción exterior y el trabajo de una Administración común coordinada con las restantes administraciones existentes en un Estado plural.
Se trata de una empresa que no va contra nadie; entre otras cosas, porque una nación española renovada, segura de sí misma, confiada en su futuro, es una nación que puede afrontar nuevos procesos de reparto territorial del poder, que puede entenderse mejor con otras conciencias nacionales existentes en España y que puede garantizar más eficazmente el pluralismo de nuestra sociedad.
La llamada al patriotismo que esta empresa lleva implícita, no tiene nada que ver con la retórica del patriotismo de la dictadura y es posible que tenga escasa relación con el patriotismo de la Restauración. Se trata en última instancia de reconstruir un patriotismo de raíz liberal-democrática al servicio de una comunidad de ciudadanos que no ignora su inclusión en la vida de un viejo Estado europeo. De un patriotismo que no niega reconocimiento al surgimiento de espacios políticos por encima y por debajo de su Estado y su nación. Pero que no dimite de su responsabilidad de aportar un cemento para el afianzamiento de la vida de sus comunidades políticas en tanto éstas sigan jugando un papel significativo en la vida de sus ciudadanos.
No se trata de inventar un nuevo patriotismo. Puestos a inventar, quizá necesitaríamos una nueva palabra, libre de las adherencias de estas últimas décadas, para describir la idea. Se trata más bien de dar continuidad a una larga tradición española. Iniciado con el reformismo ilustrado, es el patriotismo español que aflora en el proceso gaditano, que se mantiene en nuestra tradición liberal progresista, que se expresa en la obra de Larra, que da un hilo conductor al sexenio revolucionario, que sigue con la tradición liberal en la Restauración, que expresa el republicanismo español, que ilustra el pensamiento krausista-institucionalista, que tiene su reflejo en la obra de Pérez Galdós, que construye nuestra historiografía liberal, que se manifiesta en buena parte de los escritores regeneracionistas y de la generación del 98, que en el primer tercio del siglo XX teorizan autores como Ortega y Gasset y el propio Azaña, que apoya lo mejor de la tradición socialista del siglo XX, que se cultiva en el exilio exterior e interior de la dictadura franquista. No son precisamente antecedentes lo que le falta a la izquierda para redescubrir un patriotismo cuya ausencia se hace sentir hoy en la vida española. Este patriotismo liberal-democrático deberá convivir, no solamente con los nacionalismos periféricos que se afirman con la crisis final del siglo XIX, sino con otras tradiciones del patriotismo español ligadas a visiones más conservadoras. Pero reivindicando en todo caso su derecho a manifestarse en la vida española de los inicios del siglo XXI.
De entre todo el alud de publicaciones, conferencias, seminarios y exposiciones con que se está conmemorando el cuarto centenario del Quijote, destacan por mérito propio los trabajos dedicados a releer la interpretación que hace casi un siglo avanzó Ortega y Gasset de nuestro mayor mito nacional. Es verdad que la orteguiana es una reconstrucción sesgada de la gran novela cervantina que, según propone Anthony Close (en una línea algo distinta a la de Mijaíl Bajtin), habría que leer en clave de humor costumbrista y no de trascendencia romántica, como se ha empeñado en hacer la filología española secundando al idealismo alemán. Pero si bien Ortega tampoco escapó al melodramatismo de la tragedia nacional, tal como habían hecho sus predecesores del 98 (Ganivet, Azorín, Unamuno, etcétera), lo cierto es que su interpretación es lo suficientemente sofisticada como para merecer la entusiasta revisión que ahora le dedican especialistas como Pedro Cerezo, José Lasaga, José Luis Villacañas y José Luis Molinuevo, quienes releen las Meditaciones del Quijote a la luz de otros textos relacionados, como la reconstruida Meditación de El Escorial.
Simplificando mucho, el Quijote es para Ortega el mito mayor de la cultura española, al que se debe comparar con los demás mitos análogos, como el de Don Juan o El Escorial, para construir con ellos un esbozo de lo que cabe llamar ideología española. Por este concepto cabe entender la versión española del idealismo alemán, que conduce a perder el contacto con la realidad objetiva de las cosas. Recuérdese el axioma de Ortega: "Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a éstas, no me salvo yo". Pues bien, el idealismo consiste en interpretar la realidad circunstancial sólo a partir de la subjetividad y el voluntarismo de cada yo particular. Pero esta ruptura con la realidad es celebrada por el idealismo español de dos formas aparentemente contrapuestas, pero en el fondo idénticas. O bien se falsifica la realidad para sustituirla por un utópico ideal imaginario, como hace el protagonista del Quijote, o bien se reniega de ella para destruirla con egocéntrica agresividad, como hacen Don Juan y los demás héroes nihilistas del fatalismo trágico de la España negra. Pero en ambos casos se impone un voluntarismo unilateral sin objeto ni razón, que sólo conduce a la ruptura con el objeto (falsificación alucinatoria de Don Quijote) o a la ruptura del objeto (nihilismo iconoclasta de Don Juan). Y frente a este vicio tan español del voluntarismo unilateral, que se manifiesta tanto a escala personal (individualismo) como colectiva (el particularismo de la España invertebrada), Ortega propone como antídoto y ejemplo de virtud española el objetivismo de Velázquez y el perspectivismo de Cervantes, cuyo pluralismo multilateral (alcionismo) le permite dar cuenta y razón a la vez de todas las visiones posibles de las cosas.
Creo que esta síntesis orteguiana de la ideología española es tan certera como lúcida. Y más allá de su origen en el análisis de las obras culturales, también puede aplicarse a la realidad política, tanto histórica como contemporánea. No hay espacio aquí para desarrollar la evolución del quijotismo y el donjuanismo políticos desde 1600 (pérdida de la hegemonía europea e inicio del ensimismamiento y la tibetanización), tal como pretendía Ortega cuando denunciaba las peores consecuencias del particularismo de la España invertebrada. Pero en su lugar sí se puede hacer el ejercicio intelectual de rastrear ambos vicios políticos, donjuanismo y quijotismo, en la actualidad española. En el escenario de nuestra flamante democracia, ¿quién hace de Don Juan, quién de Don Quijote y quién de Cervantes?
En cuanto al donjuanismo político, la pregunta que habría que hacerse es quién no hace de Don Juan en nuestra comedia nacional, donde la voluntad de desacreditar al adversario para destruir su reputación es el común denominador que iguala a toda nuestra clase política: aunque sólo sea a este respecto, sí que parecen los mismos perros con distintos collares, ladrando todo su rencor por las cuatro esquinas. Pero si bien la pugna por deshonrar al adversario es general, hoy destacan por su agresivo nihilismo los que podemos llamar los talibanes de la política, cuyo único programa es la destrucción del rival. Y con este epíteto no me refiero sólo a la fracción de CiU que se conoce por ese nombre (conjurada para impedir que el tripartito de Maragall reforme por consenso un nuevo Estatut constitucionalmente viable), sino en general a todos los portavoces de los partidos, y en particular a los especialistas del PP, que están dedicados a tiempo completo a sembrar el odio y la desconfianza. Y aquí se lleva la palma, como es notorio, el iconoclasta señor Aznar, un talibán profesional que ha consagrado su vida a renegar de todos aquellos que no se plieguen a su voluntad.
Respecto al quijotismo político, su máxima representación se suele atribuir al famoso talante de ZP, con su buenismo profesional, su idealismo utópico defensor de los derechos de los más débiles (mujeres, homosexuales, inmigrantes, etcétera) y su autoproclamado optimismo antropológico. Pero esta máscara quijotesca podría no ser otra cosa que una imagen mediática, destinada a componer la figura mientras el auténtico Rodríguez Zapatero (como Alonso Quijano disfrazado de Don Quijote) hace lo que puede para encubrir su debilidad política. Enseguida volveré sobre esto. Pero mientras tanto hay que advertir que los verdaderos quijotes de nuestra comedia política son todos aquellos nacionalistas que, confundiendo sus prosaicos territorios con gigantes históricos, pretenden inventarse cada cual su particular Estado-ficción, auténtica Ínsula Barataria que les permita evadirse de la realidad española. Para eso construyen Estatutos disfrazados de Constituciones como si fuesen castillos en el aire o en la arena, mientras los honrados sanchopanzas, así como los demás mesoneros y molineros, se quedan perplejos al advertir las alucinatorias fantasías de sus señores. Pues hoy Don Quijote se llama Maragall, Ibarretxe o Carod Rovira.
Y queda Cervantes, el autor escondido tras sus personajes que no parece tener perspectiva propia porque hace suyas a la vez todas las de sus criaturas de ficción, por contradictorias e incompatibles que sean éstas entre sí. ¿Qué actor político asume hoy en España esta perspectiva pluralista y multilateral que Ortega denominó alcionismo? Nadie más que Rodríguez Zapatero, a quien la oposición acusa de falta de liderazgo porque carece de posición política propia, siendo su único programa el dialogar con unos y con otros dejando que todos se relacionen entre sí a su particular albedrío. Es la metáfora de la España plural, con la que Cervantes y Zapatero parecen confundirse a la espera de salvarse a sí mismos (como Ortega quería) si salvan a todas sus circunstancias, por plurales y adversas que éstas sean. Pero hay una diferencia entre ambos, y es que Cervantes no era nada más que un novelista (aunque llegara a ser el primero de todos) obligado a servir a sus lectores, mientras que Zapatero es nada menos que un gobernante obligado a ejercer el poder que le confiaron sus electores.
Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle: entonces comprendió: y rompió todos sus versos.
Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde: a donde el aire no apestase a muerto.
Tiendas de paz, brizados pabellones, eran sus brazos, como llama al viento; olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved, por todo el cuerpo.
¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo; horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, de puerto a puerto.
Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a once de abril, cincuenta y uno.
Muchos esperábamos que Mariano Rajoy, después de la derrota del 14-M, encabezaría, quizás gradualmente y no de pronto, un cambio de dirección del Partido Popular; que lo centraría. Cualquier observador de la política española sabe que tanto el PP como el PSOE para ganar las elecciones tienen que conseguir el voto del electorado que se mueve en la zona del centro político. Aznar, en su segundo mandato, sobre todo en los dos últimos años, tomó decisiones que le apartaron de ese centro político y llevaron al PP de manera creciente hacia lo que llamamos derecha. Por eso se llegó, la semana antes del 11-M, la última en que se podían publicar encuestas electorales, a una situación en la que unas encuestas, recuerdo las de El Mundo y las de Abc, daban la victoria, casi por mayoría absoluta, al PP; otras, la de La Vanguardia, daban la victoria al PSOE por una diferencia sobre el PP muy parecida a la que luego salió en la realidad, y otra serie de encuestas daban empate técnico entre los dos partidos; una de ellas, la del Instituto Opina, desde el mes de septiembre anterior, venía anotando que una mayoría de españoles creían que debía haber un cambio en el partido del Gobierno, es decir, creían que debía ganar el PSOE.
Esperábamos que Rajoy lograra romper el aislamiento político en el que Aznar había dejado a su partido, llegando a la situación actual, puesta de manifiesto ahora en las elecciones gallegas, en la que el PP sólo podía gobernar si sacaba mayoría absoluta.
Y todo eso lo esperábamos porque somos muchos los que creemos -yo, desde luego- que es bueno para nuestro sistema democrático que haya un partido nacional en la oposición que sea, en su momento, una alternativa real de poder.
Al principio todo parecía indicar que el inicio del cambio se produciría cuando concluyera sus sesiones la comisión parlamentaria del 11-M. Sería entonces cuando Rajoy y el presidente Zapatero se reunirían para hablar y quizás esbozar los principios de un acuerdo o fijar los puntos de desacuerdo en torno a las reformas institucionales: Estatutos y Constitución.
Lo que ha pasado ha sido lo contrario de lo que se esperaba de Rajoy. Después de su réplica al informe del presidente sobre el estado de la nación, en la que la dureza de fondo se unió a una dureza de forma que, cuando habló de la "traición a los muertos", rompió con todos los límites que una oposición responsable debe guardar en aras de la convivencia política, él y todos los que han tenido intervenciones públicas en nombre del PP, su secretario general, su portavoz, diputados y miembros de la organización del partido, obedeciendo de una manera clara a unas instrucciones acordadas, se han dedicado, con cualquier motivo o pretexto, a atacar, descalificar o ridiculizar cualquier actuación del presidente Zapatero, a intentar desprestigiarle aplicándole continua y repetidamente calificativos insultantes que, a mi juicio, desprestigian siempre a quienes los emiten, sean del partido que sean. Utilizan además locuciones tremendistas tales como: "El desmantelamiento de España", para referirse al Estatuto catalán que todavía se estaba discutiendo por los partidos políticos de Cataluña; entre otros, por antiguos aliados del PP del presidente Aznar y del entonces vicepresidente Rajoy. Miembros del PP que fueron en su momento buenos ministros u honestos servidores públicos se convierten de pronto en "jabalíes", en el sentido orteguiano, que olvidan y abandonan toda mesura y decencia política en sus intervenciones.
Está claro que, a pesar del Estatuto de la autonomía valenciana, el objetivo que persiguen es destruir, si pueden, la imagen que del presidente Zapatero tienen y la confianza que suscita en una mayoría de españoles, repitiendo las mismas tácticas que utilizaron contra Felipe González.
Hasta ahora esa táctica ha tenido para el PP un resultado negativo: en las elecciones europeas, en las del País Vasco y últimamente en las elecciones gallegas, a pesar del prestigio personal de Fraga y la perseverante y entregada presencia de Rajoy en ellas. Además, en las encuestas, el presidente Zapatero sigue estando por encima de los demás políticos, incluido Rajoy, en la estimación de los españoles y también su partido. Y otra, y quizás más grave consecuencia, es que dentro del PP surgen voces que piden un cambio de rumbo y la sustitución del secretario general y de su portavoz. Tengo razones para pensar que esas voces no se limitan a la que publicó la prensa no hace muchos días.
Supongo que el supuesto del que parten Rajoy y sus inmediatos colaboradores es que el tema del Estatuto catalán, unido a que ETA no declarará en un plazo corto su voluntad de abandonar la lucha armada, deteriorará la imagen de Zapatero y que, incluso, el tema del Estatuto catalán puede forzar unas elecciones anticipadas si ERC, el demonizado Carod Rovira, retira su apoyo parlamentario al Gobierno.
Lo que a mi juicio tampoco justificaría nunca la insultante, continua e indecente campaña contra Zapatero, haga lo que haga y diga lo que diga. Los insultos, unidos a un tremendismo esperpéntico, sustituyen el argumento por eslóganes que no llaman a la razón ni buscan convencer sino asustar, impresionar, atizar sentimientos de desprecio y de ira; convierten, para los ciudadanos, la imagen de la noble contienda política en algo parecido a una bronca callejera. Consigan o no su propósito, los que así actúan hacen que los ciudadanos piensen que los políticos son un hatajo de inútiles cuando no de inmorales ("¡son todos iguales!", dicen muchos); erosionan y dañan a la democracia que tenemos y a sus instituciones -no se olvide que el presidente del Gobierno personifica una Institución constitucional-, y puede crear en seguidores y adversarios miedos y odios que engendren conflictos y violencias que se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban.
Mariano Rajoy era capaz de envolver la dureza de sus palabras en una inteligente ironía muy gallega. Cualquiera que sea su futuro político, haría un gran servicio a la cultura democrática de los españoles si, por duras que sean las críticas a las actuaciones del Gobierno y de su presidente, que es su derecho como líder de la oposición, vuelve a su estilo anterior, y hace que los que le rodean usen, si quieren, en sus críticas puño de hierro, pero en guante de seda. Sobre todo, ¡por favor!, y por el respeto que nos deben a los ciudadanos, que todos utilicen argumentos, no eslóganes.
Alberto Oliart, ha sido ministro en Gobiernos de la UCD
En cuanto vuelve a producirse otra matanza terrorista, suena de nuevo la acostumbrada y retórica cantinela: ¿libertad o seguridad? Como si fueran incompatibles, incluso contradictorias. Los que más nos alarman previniéndonos contra el posible recorte de libertades democráticas suelen ser precisamente los mismos que, en épocas de bonanza, no escatiman su escepticismo respecto a ellas: cuando todo marcha bien son meramente formales, aparentes, carentes de garantías. Pero, tras las bombas, se vuelven preciosas: el Leviatán estatal aprovechará la menor ocasión para arrebatárnoslas... Lo cierto es que la dialéctica entre libertad y seguridad proviene de mucho antes que el terrorismo contemporáneo. En realidad, ha solido llamarse "progreso social" al recorte de ciertas libertades particulares a fin de conseguir mayor seguridad de bienes para la mayoría. La enseñanza general obligatoria, por ejemplo, o la no menos obligatoria cotización para la Seguridad Social, la velocidad máxima permitida en las carreteras, los impuestos y qué sé yo cuántas cosas más que limitan la libertad de elección de bastantes en nombre de lo que se supone mejor para todos, ante la indignación de neoliberales y de libertarios de derechas. Según el planteamiento digamos "progresista", la seguridad así conseguida permite un uso más eficaz y auténtico de la libertad a quienes de otro modo verían la suya coartada por la incertidumbre o la necesidad.
Soy lo suficientemente viejo como para recordar las épocas anteriores a la oleada de secuestros aéreos que inició las actuales medidas de seguridad en los aeropuertos: en aquellos días felices se subía uno al avión sin muchos más trámites que al autobús... Y en mis primeros viajes a Londres se fumaba tranquilamente en todos los transportes públicos, incluido el metro, hasta que un incendio fortuito en una estación acabó fulminantemente con tan placentera (para unos) y mortífera (para otros) licencia. Es decir: los proyectos sociales igualitarios imponen ciertas coacciones y los abusos o riesgos de la sociedad de masas restringen algunas privanzas, pero resulta bastante exagerado clamar que cada vez vivimos más esclavizados. La seguridad es un ingrediente fundamental de las libertades públicas, lo mismo que sin éstas nadie está realmente seguro frente a las autoridades o entre los demás. Lo importante es que si desaparecen privilegios o se imponen ciertas incomodidades, sea de modo proporcionado y sin afectar nunca a las garantías fundamentales sobre las que se asienta la democracia (como creo que ha ocurrido en Guantánamo, por ejemplo). Y no olvidemos que algunos de nuestros clásicos -sobre todo los que vivieron períodos de inestabilidad y enfrentamientos civiles- van incluso más allá en la recomendación de amplitud al interpretar las leyes. Por ejemplo, Montaigne: "De verdad, cuando se llega a unas situaciones tan apremiantes que no cabe aguantar más, acaso sería más razonable bajar la cabeza para prestarse un poco a recibir el golpe, en vez de llevar la obstinación hasta sus últimas consecuencias y mostrarse inflexible, porque si no se suelta nada, se da pie a que la violencia todo lo pisotee: cuando las leyes no pueden lo que quieren, más valdría obligarlas a querer todo lo que pueden" (Ensayos, I, XXIII).
Hasta ahora, la amenaza comprobada del terrorismo internacional no ha supuesto en las democracias europeas mutilaciones insoportables de libertades fundamentales, aunque es casi seguro que aumentará restricciones y fastidios de nuestra existencia colectiva en el próximo futuro. Pero debería quedar claro en momentos como los que vivimos que los que ponen en jaque nuestra seguridad y nuestra libertad son los terroristas y no las autoridades que pretenden impedir sus fechorías. Tanto lo ocurrido en Madrid como en Londres indica claramente que ha sido una consideración generosa hasta la negligencia de las libertades de expresión y reunión de ciertos grupúsculos lo que ha facilitado los crímenes que ahora deploramos. En España, las medidas de Garzón y otros contra radicales islamistas fueron denunciadas antes del 11-M como abusos autoritarios destinados a agradar a Bush; en Inglaterra, desde hace más de diez años se permite que líderes radicales lleven a cabo actividades de proselitismo y exhorten al exterminio de los adversarios. Por ello no se entiende muy bien el diagnóstico de Gema Martín Muñoz tras los atentados de Londres: "Ha habido un exceso de celo policial que ha llevado al hostigamiento de las comunidades musulmanas y a interpretar en clave de control policial todo lo que se relaciona con el Islam, fomentando el racismo y perniciosos sentimientos de humillación" (en Al Qaeda y la lucha antiterrorista, EL PAÍS). No parece que tal cosa sea cierta ni en España, ni en Inglaterra, ni en Holanda, por citar tres lugares que han sufrido violencia terrorista recientemente y a distinta escala. No es el celo policial lo que provoca los atentados, sino su ausencia lo que permite fraguarlos.
En su primer discurso tras los crímenes de Londres, flanqueado por todos los líderes del G-8, Blair pronunció una frase cuya aparente redundancia me resultó especialmente expresiva: "Nosotros ganaremos; y ellos, no". Algunos habituales de este tipo de alharacas han reprochado al premier británico reincidir en el enfrentamiento entre civilizaciones, monopolizar etnocéntricamente valores universales, etc. Pero a mi juicio dijo algo a la vez obvio, sensato e importante. El "ellos" que utilizó no se refería a los miembros de una etnia o a los fieles de una religión, sino a los terroristas islamistas. Pero lo que quiso subrayar es que "nosotros", es decir, los ciudadanos de sociedades democráticas, debemos ganar, y que para ello los terroristas no pueden ser ignorados o considerados un fenómeno antropológico, sino que han de ser derrotados. Por supuesto, el terrorismo islamista tendrá sus causas, como todos los aconteceres de este mundo. Algunos pensadores nos han brindado las más profundas: el capitalismo salvaje, la arrogancia de Occidente, la injusticia universal, etc. Me extraña que nadie haya mencionado el Pecado Original, que también tuvo mucho vicio. Por cierto, el nazismo y el estalinismo tampoco carecieron de causas, quizá a fin de cuentas compartieran alguna con el terrorismo actual. En cualquier caso, lo urgente ahora es defendernos de sus ataques y proteger los mejores logros de nuestras sociedades frente a ellos. Algunos recomiendan que hagamos examen de conciencia, ejercicio siempre beneficioso; pero, en las trágicas circunstancias actuales, se diría que quienes más urgentemente deben practicarlo son los miembros de comunidades islámicas que desean vivir compartiendo esos valores democráticos que por fin deben ser reco-nocidos como universales y no eurocéntricos. Son ellos los más interesados en preguntarse por qué parece que su mayor aportación contemporánea a la modernidad política es Al Qaeda y cómo modificar la mala fama que tal parentesco puede propiciarles. Sin duda, nuestros países pueden y deben modificar muchos aspectos de su política exterior, luchar contra la miseria y la ignorancia en cualquier parte de nuestro globalizado horizonte, etc. Pero no precisamente para convencer a fanáticos ávidos de poder y venganza, a los que nunca faltarán justificaciones mientras les sobren armas, sino por razones políticamente más nobles.
Porque es precisamente con la política democrática con lo que quiere acabar el terrorismo. Lo ha señalado Michael Ignatieff en su interesante y polémico ensayo El mal menor: "El terrorismo es una forma de política cuya meta es la muerte de la propia política". Y es tal exterminio el que debemos evitar, desde la cordura de nuestras convicciones pero también desde la firmeza en mantenerlas. Lo más importante intelectualmente hoy no es tanto comprender los motivos de los terroristas, sino los nuestros para resistirles sin emplear sus propias armas. Tengamos claro por qué es imprescindible que en todo el mundo se abran paso los valores democráticos, y ellos, no.
En cuanto vuelve a producirse otra matanza terrorista, suena de nuevo la acostumbrada y retórica cantinela: ¿libertad o seguridad? Como si fueran incompatibles, incluso contradictorias. Los que más nos alarman previniéndonos contra el posible recorte de libertades democráticas suelen ser precisamente los mismos que, en épocas de bonanza, no escatiman su escepticismo respecto a ellas: cuando todo marcha bien son meramente formales, aparentes, carentes de garantías. Pero, tras las bombas, se vuelven preciosas: el Leviatán estatal aprovechará la menor ocasión para arrebatárnoslas... Lo cierto es que la dialéctica entre libertad y seguridad proviene de mucho antes que el terrorismo contemporáneo. En realidad, ha solido llamarse "progreso social" al recorte de ciertas libertades particulares a fin de conseguir mayor seguridad de bienes para la mayoría. La enseñanza general obligatoria, por ejemplo, o la no menos obligatoria cotización para la Seguridad Social, la velocidad máxima permitida en las carreteras, los impuestos y qué sé yo cuántas cosas más que limitan la libertad de elección de bastantes en nombre de lo que se supone mejor para todos, ante la indignación de neoliberales y de libertarios de derechas. Según el planteamiento digamos "progresista", la seguridad así conseguida permite un uso más eficaz y auténtico de la libertad a quienes de otro modo verían la suya coartada por la incertidumbre o la necesidad.
Soy lo suficientemente viejo como para recordar las épocas anteriores a la oleada de secuestros aéreos que inició las actuales medidas de seguridad en los aeropuertos: en aquellos días felices se subía uno al avión sin muchos más trámites que al autobús... Y en mis primeros viajes a Londres se fumaba tranquilamente en todos los transportes públicos, incluido el metro, hasta que un incendio fortuito en una estación acabó fulminantemente con tan placentera (para unos) y mortífera (para otros) licencia. Es decir: los proyectos sociales igualitarios imponen ciertas coacciones y los abusos o riesgos de la sociedad de masas restringen algunas privanzas, pero resulta bastante exagerado clamar que cada vez vivimos más esclavizados. La seguridad es un ingrediente fundamental de las libertades públicas, lo mismo que sin éstas nadie está realmente seguro frente a las autoridades o entre los demás. Lo importante es que si desaparecen privilegios o se imponen ciertas incomodidades, sea de modo proporcionado y sin afectar nunca a las garantías fundamentales sobre las que se asienta la democracia (como creo que ha ocurrido en Guantánamo, por ejemplo). Y no olvidemos que algunos de nuestros clásicos -sobre todo los que vivieron períodos de inestabilidad y enfrentamientos civiles- van incluso más allá en la recomendación de amplitud al interpretar las leyes. Por ejemplo, Montaigne: "De verdad, cuando se llega a unas situaciones tan apremiantes que no cabe aguantar más, acaso sería más razonable bajar la cabeza para prestarse un poco a recibir el golpe, en vez de llevar la obstinación hasta sus últimas consecuencias y mostrarse inflexible, porque si no se suelta nada, se da pie a que la violencia todo lo pisotee: cuando las leyes no pueden lo que quieren, más valdría obligarlas a querer todo lo que pueden" (Ensayos, I, XXIII).
Hasta ahora, la amenaza comprobada del terrorismo internacional no ha supuesto en las democracias europeas mutilaciones insoportables de libertades fundamentales, aunque es casi seguro que aumentará restricciones y fastidios de nuestra existencia colectiva en el próximo futuro. Pero debería quedar claro en momentos como los que vivimos que los que ponen en jaque nuestra seguridad y nuestra libertad son los terroristas y no las autoridades que pretenden impedir sus fechorías. Tanto lo ocurrido en Madrid como en Londres indica claramente que ha sido una consideración generosa hasta la negligencia de las libertades de expresión y reunión de ciertos grupúsculos lo que ha facilitado los crímenes que ahora deploramos. En España, las medidas de Garzón y otros contra radicales islamistas fueron denunciadas antes del 11-M como abusos autoritarios destinados a agradar a Bush; en Inglaterra, desde hace más de diez años se permite que líderes radicales lleven a cabo actividades de proselitismo y exhorten al exterminio de los adversarios. Por ello no se entiende muy bien el diagnóstico de Gema Martín Muñoz tras los atentados de Londres: "Ha habido un exceso de celo policial que ha llevado al hostigamiento de las comunidades musulmanas y a interpretar en clave de control policial todo lo que se relaciona con el Islam, fomentando el racismo y perniciosos sentimientos de humillación" (en Al Qaeda y la lucha antiterrorista, EL PAÍS). No parece que tal cosa sea cierta ni en España, ni en Inglaterra, ni en Holanda, por citar tres lugares que han sufrido violencia terrorista recientemente y a distinta escala. No es el celo policial lo que provoca los atentados, sino su ausencia lo que permite fraguarlos.
En su primer discurso tras los crímenes de Londres, flanqueado por todos los líderes del G-8, Blair pronunció una frase cuya aparente redundancia me resultó especialmente expresiva: "Nosotros ganaremos; y ellos, no". Algunos habituales de este tipo de alharacas han reprochado al premier británico reincidir en el enfrentamiento entre civilizaciones, monopolizar etnocéntricamente valores universales, etc. Pero a mi juicio dijo algo a la vez obvio, sensato e importante. El "ellos" que utilizó no se refería a los miembros de una etnia o a los fieles de una religión, sino a los terroristas islamistas. Pero lo que quiso subrayar es que "nosotros", es decir, los ciudadanos de sociedades democráticas, debemos ganar, y que para ello los terroristas no pueden ser ignorados o considerados un fenómeno antropológico, sino que han de ser derrotados. Por supuesto, el terrorismo islamista tendrá sus causas, como todos los aconteceres de este mundo. Algunos pensadores nos han brindado las más profundas: el capitalismo salvaje, la arrogancia de Occidente, la injusticia universal, etc. Me extraña que nadie haya mencionado el Pecado Original, que también tuvo mucho vicio. Por cierto, el nazismo y el estalinismo tampoco carecieron de causas, quizá a fin de cuentas compartieran alguna con el terrorismo actual. En cualquier caso, lo urgente ahora es defendernos de sus ataques y proteger los mejores logros de nuestras sociedades frente a ellos. Algunos recomiendan que hagamos examen de conciencia, ejercicio siempre beneficioso; pero, en las trágicas circunstancias actuales, se diría que quienes más urgentemente deben practicarlo son los miembros de comunidades islámicas que desean vivir compartiendo esos valores democráticos que por fin deben ser reco-nocidos como universales y no eurocéntricos. Son ellos los más interesados en preguntarse por qué parece que su mayor aportación contemporánea a la modernidad política es Al Qaeda y cómo modificar la mala fama que tal parentesco puede propiciarles. Sin duda, nuestros países pueden y deben modificar muchos aspectos de su política exterior, luchar contra la miseria y la ignorancia en cualquier parte de nuestro globalizado horizonte, etc. Pero no precisamente para convencer a fanáticos ávidos de poder y venganza, a los que nunca faltarán justificaciones mientras les sobren armas, sino por razones políticamente más nobles.
Porque es precisamente con la política democrática con lo que quiere acabar el terrorismo. Lo ha señalado Michael Ignatieff en su interesante y polémico ensayo El mal menor: "El terrorismo es una forma de política cuya meta es la muerte de la propia política". Y es tal exterminio el que debemos evitar, desde la cordura de nuestras convicciones pero también desde la firmeza en mantenerlas. Lo más importante intelectualmente hoy no es tanto comprender los motivos de los terroristas, sino los nuestros para resistirles sin emplear sus propias armas. Tengamos claro por qué es imprescindible que en todo el mundo se abran paso los valores democráticos, y ellos, no.
