opinión

La paradoja de la corrupción

¿Por qué políticos y partidos relacionados con la corrupción mantienen en España altos niveles de aplauso popular? Podría evitarse con burocracia meritocrática, cambio del sistema electoral y prensa independiente

Tres historias diferentes en tres países muy distintos (Haití, Afganistán y Grecia) han atraído gran parte de la atención internacional en el último año. En Haití, la interpretación dominante es que la pobreza extrema del país hizo que un terremoto terrible se convirtiera en una tragedia humana sin precedentes; en Afganistán, que una ocupación extranjera en aumento es incapaz de frenar la violencia y traer estabilidad; y en Grecia, que la conjunción de una mala política fiscal junto a la imposibilidad de recurrir a una política monetaria propia le está llevando al borde del colapso económico. Sin embargo, si preguntamos a expertos, miembros de los Gobiernos y ciudadanos de esos países qué causa señalarían como la principal responsable de sus problemas, la respuesta sería sorprendentemente bastante similar.

En documentos anteriores al terremoto, como Por qué la ayuda internacional a Haití ha fallado, tanto observadores externos como funcionarios implicados durante décadas en la ayuda a Haití admiten que si el problema hubiera sido la pobreza lo habrían podido afrontar. Pero con lo que sistemáticamente se estrellaban sus esfuerzos era con una corrupción endémica creciente. En Afganistán, el estudio de opinión pública más exhaustivo, llevado a cabo recientemente por Naciones Unidas, señala que la corrupción es considerada como el principal problema del país, por encima de la violencia. Por su parte, el primer ministro griego, Papandreu, ha reconocido en una cumbre europea, provocando el estupor entre sus homólogos, que la corrupción es la principal causa de los problemas económicos.

Haití, Afganistán y Grecia son casos extremos de lo que expertos, como Simon Kurer, llaman la "paradoja de la corrupción". Por una parte, la corrupción es una actividad impopular en todo el mundo, pero, por otra, los políticos corruptos resultan populares en muchos sistemas políticos y sobreviven en sus cargos, ganando en numerosas ocasiones elecciones democráticas. Otros ejemplos vienen de países como Italia, India, Tailandia o México, donde, en determinadas elecciones, estar procesado por corrupción no daña o incluso aumenta las probabilidades de reelección de un político. Otros estudios -como algunos en EE UU o en Brasil- muestran que estar involucrado en actividades corruptas reduce, modesta, pero significativamente, tus probabilidades de reelección. Por supuesto, en los países menos corruptos del mundo estos estudios no se pueden llevar a cabo porque no hay un número suficiente de casos como para extraer conclusiones.

En España, mientras vamos cayendo año a año en las comparativas internacionales de "buen gobierno" y los ciudadanos están crecientemente preocupados por la corrupción, nuestras instituciones parecen tener problemas para eliminar a los políticos corruptos. Por un lado, más del 70% de los alcaldes envueltos en escándalos de corrupción mantuvieron la alcaldía tras las últimas municipales. Por el otro, las encuestas muestran cómo partidos con numerosos dirigentes procesados en algunas autonomías mantienen (o aumentan) su ventaja electoral sobre la oposición.

La causa de que nos encontremos cada vez más hundidos en la paradoja de la corrupción hay que buscarla en la ausencia de tres mecanismos que, en otros países de nuestro entorno, facilitan que los políticos corruptos sean castigados en las urnas.

El primero, y que he mencionado ya en otras ocasiones aquí, es la adopción de una burocracia meritocrática impermeable al clientelismo. Los políticos corruptos sobreviven en sus cargos gracias a que ofrecen bienes particularizados a miembros de redes clientelares, ya sean legales, como puestos en la Administración pública, o ilegales, como tratos de favor en contratos públicos. Los países donde los políticos corruptos se consolidan a perpetuidad en el cargo suelen tener términos específicos -padrino, cacique, o jao pho (en Tailandia)- reservados para designar a los cabecillas de las redes clientelares que distribuyen trabajos en la Administración, accesos preferenciales a servicios públicos, contratos públicos o licencias de negocios. Los políticos corruptos exitosos electoralmente son aquellos que, cuando llegan al poder, no llegan solos sino que son capaces de colonizar la Administración pública con los miembros de una red clientelar. Y en España es bastante sencillo. Por el contrario, la fortaleza de los cuerpos de la Administración central del Estado impiden que ésta pueda ser politizada. Esto explicaría el misterioso caso de la trama Gürtel, que se gesta al comienzo de la era Aznar y que extiende sus tentáculos en numerosos municipios y comunidades autónomas, pero que no logra contaminar una sola institución de la Administración central del Estado. Las diferencias entre la relativamente incorruptible Administración central española y la relativamente corruptible italiana, tradicionalmente mucho más politizada, podrían explicarse también por la ausencia en esta última de una burocracia central resistente al clientelismo político.

El segundo mecanismo sería el sistema electoral. Por una parte, votar a candidatos individuales es mejor que a listas de partido cerradas, porque aumentan los incentivos a comportarse honestamente. Si los votantes te pueden echar a ti directamente, intentarás mantener tu reputación intacta. Esta es una característica buena de los sistemas electorales denominados "mayoritarios" (como los anglosajones) y que nosotros no tenemos, pues votamos a una tribu entera. Por otra parte, la falta de responsabilidad individual se compensa en muchos países europeos -que, como nosotros, tienen sistemas electorales denominados "proporcionales"- con un instrumento para limpiar la política de partidos corruptos: diseñar circunscripciones electorales que elijan simultáneamente a muchos representantes. En otras palabras, en esos países hay pocas "barreras de entrada" para que una opción política nueva pueda entrar en la vida política, pues incluso un modesto porcentaje de voto te garantiza representación. Esa característica está muy limitada en España, donde abundan las circunscripciones electorales minúsculas y los incentivos para favorecer el bipartidismo. En resumen, a la hora de limpiar las instituciones de políticos corruptos tenemos lo peor de cada sistema electoral: ni candidatos a los que podemos castigar individualmente (como sucede en los sistemas mayoritarios) ni la opción de dirigir el voto hacia alternativas nuevas o minoritarias (como sucede en los sistemas verdaderamente proporcionales).

En tercer lugar, disponer de medios de comunicación independientes juega un papel clave para que la corrupción tenga efectos electorales. En España tenemos una gran pluralidad externa (entre medios de comunicación), pero la pluralidad interna (dentro de cada medio) es limitada. El extremo opuesto sería el mundo anglosajón, donde la pluralidad externa es mucho menor, pero a costa de una mayor pluralidad interna. Así, nosotros podemos elegir entre un mayor número de medios, pero estos medios ofrecen un mensaje más monolítico. El mayor paralelismo entre medios de comunicación y partidos políticos que existe en España hace que, al contrario que en otros países, las noticias de corrupción se perciban como el resultado de intereses políticos encubiertos. Podemos discutir cuáles son las causas -aunque, la alta discrecionalidad política que tienen los Gobiernos, sobre todo autónomos, para moldear a su imagen y semejanza canales públicos regionales y para asignar subvenciones, licencias de radio y televisión u otras vías de subsistencia a grupos privados de comunicación es una seria candidata-.

Por tanto, si los dirigentes políticos españoles estuvieran realmente interesados en eliminar la corrupción, deberían proponer tres acciones opuestas a las que han estado implementando en los últimos años y que, en un ejercicio de ignorancia o de cinismo, siguen postulando hoy día como solución. En lugar de "prestigiar la política", deberían aspirar a prestigiar la Administración. Y enfatizo que eso no nos acercaría al franquismo, sino a las democracias más avanzadas. En lugar de dar más fuerza a los partidos, deberían dar más peso a los políticos individuales. Y en lugar de fomentar una pluralidad externa y sectaria de los medios de comunicación, deberían mimar la pluralidad interna. O esto o, sin ánimo de ser Casandra, nos deberíamos ir preparando para una tragedia griega.

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

'Hardware' y 'software'

Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto

Los países son como los ordenadores: necesitan tanto unas buenas infraestructuras (el hardware) como personas capacitadas para obtener el máximo rendimiento de ellas (el software). Como cualquier usuario de informática sabe, de nada sirve comprar el último ordenador disponible en el mercado si uno no reserva el suficiente dinero para adquirir los programas informáticos que lo harán funcionar. Pues igual que un ordenador sin programas no es más que una caja tonta, cabe preguntarse si un país que tenga el mayor número de kilómetros de vías de alta velocidad de Europa y, a la vez, más de cuatro millones y medio de parados y un gasto ridículo en innovación y desarrollo, es también una caja tonta.

En el año 2009, España no solo invirtió en infraestructuras el triple que Alemania (1,79% del PIB frente a 0,69%), sino que como hemos conocido por boca del propio Ministro de Fomento, esas inversiones se realizaban sin "el análisis de la previsión de la demanda para valorar la viabilidad económica de las obras o el estudio de las necesidades de mantenimiento".

Así que mientras que el Gobierno se gastaba una parte de los 17.200 millones anuales de presupuesto para infraestructuras en lindezas como una doble entrada de alta velocidad a Galicia o Cantabria, España seguía sin una red pública de educación infantil (0-3 años), contaba con una red de escuelas de Primaria que en su mayoría datan de los años sesenta, soportaba un fracaso escolar del 30% en la Educación Secundaria Obligatoria, disponía de una Formación Profesional víctima de un abandono histórico, no contaba con ninguna de sus 77 universidades entre las primeras 150 del mundo y se conformaba con unos servicios de empleo incapaces de gestionar de forma ágil y flexible el reciclaje formativo de los desempleos para orientarlos a nuevos empleos.

Haría falta un estudio en profundidad para ver cómo y por qué se han asignado las prioridades de gasto en este país, pero el resultado es claro: mucho hardware y poco software (y, por añadidura, poco gasto social).

Cuando en 1986 me matriculé en el último curso de Bachillerato en el instituto público de Hillerød, una pequeña población de unos 30.000 habitantes al norte de Copenhague, mi sorpresa fue mayúscula: en mi instituto danés, además de tener menos de 20 alumnos en clase, se impartían tres idiomas, había piscina cubierta, varios campos de fútbol, aula de teatro y clases de 10 o 12 instrumentos musicales.

Sin embargo, las carreteras danesas eran solo regulares, y sus trenes de cercanías, aunque puntuales, estaban viejos. Cruzar el país era una pesadilla, pues cada pocos kilómetros tenías que meter el coche en un transbordador para cruzar de una isla a otra. Eso sí, la asistencia dental era gratuita para todos los daneses, su sistema de becas fantástico y su red pública de residencias de ancianos sencillamente apabullante.

No he mirado cuál era la renta per cápita de Dinamarca en 1986, pero imagino que no sería muy distinta de la de España hoy en día. Los daneses tardaron bastantes años y dudaron mucho a la hora de construir los grandes puentes que los unen hoy con Escandinavia y con el continente, ya que los costes eran enormes y las prioridades educativas y de bienestar estaban claras.

Hoy siguen siendo uno de los países más ricos del mundo, con mejores niveles educativos y con tasas de paro ridículamente bajas, a la vez que una de las sociedades más igualitarias.

Al otro extremo de Europa, en España, teníamos unas infraestructuras penosas que era necesario modernizar, pues suponían una de las razones de nuestro histórico atraso. Sin embargo, parece que no supimos o no quisimos parar. La airada reacción del presidente de Cantabria ante el anuncio de la suspensión del proyecto del AVE Palencia-Cantabria, advirtiendo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que los cántabros no tolerarán "la humillación" (sic) de ir a Madrid en alta velocidad pasando por Bilbao, muestra todavía hasta qué punto a este país se le han subido las infraestructuras a la cabeza en detrimento del gasto social o educativo.

Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto y sus actitudes hacia la educación. De lo contrario, seguirá siendo ese país que un ex ministro de Exteriores alemán describió irónicamente como "un precioso país lleno de autopistas vacías".

José Ignacio Torreblanca

Ángeles y demonios

¿Ángeles o demonios? Los fundadores de Estados Unidos no lo dudaron: demonios. Por ello, a la hora de diseñar su sistema constitucional partieron del supuesto de que cualquiera que ocupara una posición de poder tendería a abusar de él. Así, aun a riesgo de generar bloqueos y dificultades a la hora de gobernar, optaron por dividir el poder en tres pilares separados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y dos niveles (la Federación y los Estados), con un sistema de pesos y contrapesos que impidiera que uno se impusiera a otro. Con el apoyo de un cuarto elemento (la prensa libre) y todo tipo de incentivos para que de la sociedad civil emergieran asociaciones de ciudadanos dedicados a defender sus propios intereses, el círculo quedó cerrado.

La historia les ha dado la razón: la democracia en Estados Unidos no sólo ha pervivido dos siglos, sino que goza de una salud envidiable. Envidiable no quiere decir perfecta. Para eso sus gestores tendrían que ser ángeles. Pero aun siendo un país gobernado por demonios, el resultado es más que razonable: la democracia estadounidense ha transitado por la oligarquía de las grandes fortunas, la caza de brujas del macartismo, el segregacionismo, el complejo militar-industrial, las guerras secretas de la CIA en Laos o Camboya y, últimamente, una batalla contra el terror puesta en marcha por Bush que a punto estuvo de llevarse por delante algunos derechos civiles básicos. Pero mal que bien, el sistema ha ido funcionado, y al final el chófer de Bin Laden ganó su juicio y salió a la calle mientras el jefe de Gabinete del vicepresidente Cheney (Scooter Libby) iba a la cárcel.

Diseñar un sistema político pensando en que los políticos son (potencialmente) unos demonios puede parecer una sabia decisión, especialmente si el objetivo es prevenir la tiranía y evitar la corrupción. Pero construir una institución como la Iglesia partiendo de un supuesto similar debe ser metafísicamente imposible: lo lógico es pensar que los administradores de la fe estarán más cerca de Dios que del demonio. Se entienden así los enormes problemas que está sufriendo a la hora de hacer frente a las críticas por su pésima gestión de los presuntos casos de pedofilia. No se trata pues de discutir si el celibato tiene estas o aquellas consecuencias, o de si la pedofilia afecta a un número alto o bajo de religiosos, sino de preguntarse qué sistemas de control y rendición de cuentas existen dentro de la Iglesia para que ésta pueda detectar sus manzanas podridas. En eso es tan poco divina y tan mundana como cualquier otra institución, y sus problemas se multiplican en relación directa a su falta de transparencia, que es notable. Por eso, el Benedicto XVI que aparece estos días desorientado ante las críticas y revelaciones de los medios de comunicación no se distingue en gran cosa de ese Raúl Castro atónito ante las críticas internacionales por la muerte del activista Orlando Zapata, o del propio Mariano Rajoy, también indeciso sobre cómo y cuándo cortar en los asuntos de corrupción que acosan al Partido Popular.

Los arquitectos imaginan los edificios en los que vivimos, y los ingenieros de caminos construyen las autopistas por las que circulamos. Los politólogos, aunque su tarea sea poco conocida o valorada, diseñan las instituciones que administran nuestras libertades, y reflexionan sobre cómo mejorarlas. Como pone de manifiesto Bueno de Mesquita en su obra The predictioneer (El predictor), la ventaja de una buena institución es que nos ahorra tener que dilucidar la naturaleza moral de las personas. Leopoldo II (1865-1909) está considerado como uno de los mejores monarcas de la historia de Bélgica. Bajo su reinado, el sufragio (aunque sólo el masculino) se universalizó, la educación primaria se convirtió en obligatoria, se prohibió trabajar a los menores de 12 años, se limitó la jornada laboral a 12 horas, y las niñas comenzaron a acceder a la educación secundaria. Sin embargo, ese mismo rey también gobernó (por llamarlo de alguna manera) el Congo entre 1885 y 1908, dejando tras sí un legado de explotación, miseria, saqueo de recursos naturales y terribles abusos y mutilaciones sobre los congoleños. Ángel o demonio, se trataba de la misma persona, en el primer caso limitada en su poder por un Parlamento y una opinión pública, en el segundo administrando un territorio de forma personal y sin rendir cuentas ante nadie.

En España o en Cuba, en el Vaticano o en el Congo, la opacidad es la antesala del abuso, y la transparencia su único antídoto. Curiosamente, España, como el Vaticano, carece pese a las promesas electorales de una Ley de Transparencia. Debe ser que aquí también hemos pensado que la mayoría somos ángeles. Y probablemente sea verdad: el problema es lo fácil que se lo ponemos a los demonios.

José Ignacio Torreblanca

Elefantes blancos

El marco institucional hace que sea rentable políticamente invertir en malos proyectos de infraestructuras

Al margen de su funcionalidad, las obras públicas de ingeniería civil combinan, peligrosamente, dos elementos: el primero, la creencia popular de que cuanto más, más grande y de última tecnología mejor (especialmente, cuando no se paga directamente por su uso); el segundo, la presencia de un agente decisorio político sin responsabilidad económica por los errores que comete. Puede que el político pague sus equivocaciones con una reducción de la probabilidad de reelección, pero la larga vida de las infraestructuras, la dificultad de imputar los errores a negligencia o mala suerte, y la buena prensa que tiene la inversión en grandes obras de ingeniería suelen protegerle de las consecuencias sociales de sus malas decisiones.

La favorable acogida social de asignar fondos públicos a la construcción de nuevas infraestructuras, o a la ampliación de las existentes, se amplifica cuando, como ocurre en la actualidad, la economía entra en recesión. Las políticas keynesianas consistentes en impulsar la demanda agregada mediante un aumento del gasto público gozan de popularidad, aunque no todos los economistas comparten el mismo entusiasmo.

En economía hay preguntas de fácil respuesta; por ejemplo, si debe existir una infraestructura de transporte que conecte Madrid con Barcelona. Otras preguntas son más difíciles de responder: ¿es suficiente una carretera, dos aeropuertos y una línea ferroviaria convencional o añadimos una línea ferroviaria de alta velocidad?

Las segundas preguntas las resuelven los agentes privados diariamente, no comprando la mejor casa de la ciudad, ni cambiando de vehículo cada vez que aparece un nuevo modelo. Saben que tienen que elegir, aunque les disguste hacerlo. La inversión pública sólo está justificada si los beneficios sociales superan los costes sociales, y este principio no hay por qué cambiarlo en épocas de crisis económica. Si se destina más dinero público a la construcción de infraestructuras, mejor hacerlo en aquellas con mayor valor social evitando los elefantes blancos; es decir, las obras de dudosa utilidad con altos costes de mantenimiento y operación que, con independencia de sus efectos inmediatos en el periodo de construcción, acaban convirtiéndose en una pesada carga para la sociedad.

En el caso de España, con una escasa práctica de evaluación de inversiones en las Administraciones públicas, separación entre quien decide y quien financia, y cierta inclinación a construir elefantes blancos, megaproyectos, frente a actuaciones más modestas pero socialmente más rentables, resulta especialmente útil recordar que elegir buenos proyectos de inversión pública contribuye al crecimiento económico a largo plazo y es compatible con el estímulo keynesiano de corto plazo. No parece razonable ignorar los principios económicos básicos de evaluación porque lo urgente sea impulsar la demanda agregada. Tiene más sentido concentrarse en la evaluación de los beneficios sociales de los proyectos concretos de infraestructuras evitando comprometer gasto público sin previamente examinar su impacto a medio y largo plazo sobre el bienestar social.

Comparar los beneficios y costes sociales esperados de los proyectos en infraestructuras de acuerdo con las mejores prácticas disponibles, evaluar las alternativas, incorporar a la iniciativa privada en su construcción y operación con contratos que repartan el riesgo de manera eficiente, identificar a los beneficiarios últimos para diseñar fórmulas imaginativas de financiación; y hacer públicos los informes de evaluación de los proyectos que aspiran a ser financiados es hoy una tarea ineludible.

¿Si las soluciones parecen tan sencillas, por qué no se aplican? Simplemente porque los incentivos existentes favorecen el despilfarro. No habrá solución si no se cambian los incentivos. El marco institucional actual hace que sea políticamente rentable invertir en malos proyectos. Gobiernos regionales que presionan por infraestructuras que jamás hubiesen construido con fondos propios, gobiernos nacionales que para maximizar la co-financiación supranacional promueven malos proyectos cuyo alto coste no es nada comparado con el proceso de expansión de elefantes blancos que por agravio comparativo se desencadenan en las comunidades autónomas. Sin un nuevo diseño institucional que haga políticamente rentable invertir en buenos proyectos seguiremos haciendo planes que no se cumplen, metodologías que no se aplican y artículos lamentándonos.

Ginés de Rus es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Fiscalidad, compromiso e interés general

Progresividad e igualdad han dejado de ser los pilares básicos de nuestro sistema tributario Hay que reflexionar sobre un impuesto a grandes patrimonios y sobre sucesiones y donaciones

Creo no equivocarme al afirmar que no es hoy cierto el principio por el que todos hemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica con criterios de progresividad e igualdad. No en vano, la obtención de réditos políticos a través de la fiscalidad es una de las razones del desmesurado elenco de incentivos, de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, de la pasividad ante el trasvase de rentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) al impuesto sobre sociedades (IS), de permitir el abuso de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica por gran número de comunidades autónomas al suprimir de hecho el impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD), o de decisiones de difícil justificación en términos de justicia como la de la deducción de los 400 euros.

Como resultado de ello, la progresividad y la igualdad han dejado de ser los pilares básicos de nuestro sistema tributario, que se aleja así de los principios a los que la Constitución obliga. Urge pues una reforma de calado, tarea nada fácil dada la crisis de ideas para articular una política fiscal coherente y "sostenible".

Recordemos que los impuestos son el instrumento para recaudar con criterios de justicia los ingresos necesarios para sufragar el gasto público; circunstancia que exige definir un proyecto de Estado y que se concreten y cuantifiquen las políticas de gasto e inversión, así como su gestión y los mecanismos de control y transparencia; aspectos todos ellos necesarios para conocer la cifra de ingresos que se necesita.

Por ello, la primera reforma ha de ser revisar el gasto y su aplicación, ya que cuanto menor es su importe, menor es también el de los impuestos a recaudar. De ahí la importancia de su gestión y control. Desde esta perspectiva, las medidas de reducción del gasto adoptadas hasta hoy son insuficientes ya que eluden afrontar con realismo la única solución posible: analizar partida a partida su destino, necesidad, eficacia y eficiencia.

Centrándonos en las principales reformas, no olvidemos que para valorar su viabilidad hay que conocer los datos que sólo el Gobierno tiene. Hay que tener también en cuenta que a pesar de que los impuestos no son nunca neutrales, la fiscalidad ha de interferir lo menos posible en las decisiones de los ciudadanos y de las empresas; neutralidad que exige ser muy cauteloso en la política de incentivos que son, a su vez, los que pueden plantear problemas de equidad.

Sea como fuere, si el objetivo es recuperar la progresividad e igualdad, la única vía para conseguirlo es centrarse fundamentalmente en el IRPF y en el IS. Empezando por este último, es necesario introducir una mínima progresividad según la distinta tipología de sociedades distinguiendo entre entidades cotizadas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y compañías que se sitúan entre unas y otras. Es razonable pensar que según cual es el tamaño de la sociedad, mayor es también su capacidad de generar recursos. Los tipos impositivos no deberían ser muy distintos del 20%, 30% y 40% para pequeñas y medianas empresas, entidades de tamaño intermedio y compañías cotizadas, respectivamente. Asimismo, y para evitar el trasvase de rentas del IRPF al impuesto de sociedades, hay que fijar un tipo en el IS equivalente al marginal máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas con la finalidad de gravar las rentas de las entidades que no realizan realmente ninguna actividad económica productiva, sino que son un simple instrumento para aliviar la tributación que les correspondería en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Definir este tipo de sociedades es difícil pero no imposible. En cualquier caso es necesario para evitar y disuadir que las rentas más altas eludan la tributación del IRPF. Y es asimismo necesario revisar la tributación de todos los regímenes especiales, entre otros, el de las SICAV.

Si nos centramos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, dos son las cuestiones esenciales: los tipos y la fiscalidad del capital. Es cierto que según cuál sea esta última se incentiva el consumo y se penaliza el ahorro. A pesar de ello, no hay ninguna razón para que este tipo de rentas tributen de forma distinta que las procedentes del trabajo y de actividades económicas, salvo los dividendos y las rentas y ganancias de capital generadas en más de un año; supuestos para los que existen técnicas para evitar la doble imposición o los efectos negativos que la progresividad produce al aplicar tipos diseñados para rentas generadas hasta un año, a rentas y ganancias de capital generadas en más de un año. Respecto a los tipos, no deberían diferir excesivamente de los del impuesto sobre sociedades. Por ello, parece razonable fijar un tipo marginal máximo del 40%-45% para las rentas que excedan de 150.000 euros.

Con tales reformas es posible reducir la fiscalidad de las rentas bajas y medias y aumentar la de las medias-altas y altas, además de configurar un IS más justo y de revisar los incentivos del impuesto sobre sociedades e IRPF sin perjuicio de mantener los coyunturalmente necesarios teniendo en cuenta que cuantos más sean, mayores han de ser los tipos y viceversa. Un sistema tributario sencillo, neutro y más justo exige reducir, reorientar y simplificar al máximo los incentivos.

Hay que reflexionar igualmente sobre la conveniencia de un impuesto sobre los grandes patrimonios, de una profunda reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, de una tributación transitoria para las entidades financieras que no reduzcan su riesgo ni aumenten el crédito a particulares y empresas, y de incentivos a las pequeñas y medianas empresas que capitalicen sus beneficios mejorando su estructura económico-financiera. El ajuste en la recaudación, preferiblemente una vez finalizada la crisis, ha de venir a través de los impuestos especiales y del IVA. Recuperar la progresividad e igualdad es una obligación constitucional. Educar a los ciudadanos en la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en lugar de utilizar los impuestos en clave electoral es una necesidad democrática. Concebirlos como un instrumento de política económica exige no ceder a las presiones. En definitiva, valentía, objetividad y compromiso con el interés general frente al particular.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor de la UPF y socio director de Duran-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa.

Zapatero, el lobo y la factura de la crisis

A las medidas de austeridad hay que añadir medidas orientadas al crecimiento

Hay que lograr un reparto más equitativo de la carga de la crisis

Una de las cuestiones que estaban pendientes en la agenda de la crisis era quién acabaría pagando la factura. Otra era cómo volver al crecimiento, sin el cual el pago de esa factura nos puede abocar a una economía de la miseria.

El martes se destapó esa agenda oculta: serán los funcionarios, empleados públicos, pensionistas y personas dependientes -de entre los grupos sociales-, los que tendrán que pagar el grueso de la factura. Por la dureza de alguna de las medidas -nunca antes se había hecho un recorte en los salarios nominales-, el anuncio ha significado un fuerte shock social.

La historia de Pedro y el lobo, ligeramente modificada, puede ayudarnos a comprender ese shock. Durante dos años el presidente del Gobierno se ha dedicado a jugar con la crisis diciendo que ya se veían los brotes verdes, y negando la amenaza del lobo. Cuando, finalmente, estas últimas semanas, se presentó en forma de especulación en los "mercados" de deuda, los españoles no lo esperaban. De ahí la sorpresa.

¿Quiénes son los que Zapatero y sus ministros llaman "especuladores"? Los que años anteriores han dejado dinero a la banca y a las empresas, y los que ahora prestan su dinero para financiar el déficit público con el cual pagamos una parte importante del gasto social, educativo o sanitario. Imaginen por un momento que lo dejasen de hacer, y que tuviésemos que recortar el gasto social en una cuantía igual al déficit, un 11% del PIB.

Es cierto, y hay que insistir en ello, que ese déficit público no fue la causa de la crisis, sino su consecuencia. Una consecuencia provocada básicamente por la dramática caída de ingresos fiscales y, en mucha menor medida, por el aumento de gastos que el rescate bancario, el mantenimiento de empleo y las prestaciones del paro han originado.

Pero, en cualquier caso, esa factura había que pagarla. La cuestión pendiente era saber sobre quién acabaría haciéndola recaer el Gobierno. Ahora ya lo sabemos.

¿Cuál será la eficacia y el impacto de esas medidas? Por un lado, habrá que ver los efectos en el presupuesto y en la economía. El riesgo es que un freno de la incipiente recuperación y el aumento del paro neutralicen parcialmente los recortes. Por otro, están los efectos sociales y políticos. Permítanme que aquí y ahora me pare en estos dos últimos.

Como ocurre con otras muchas cosas de la vida, lo relevante de las medidas no es su contenido, sino la percepción social que generen. En este sentido, parece evidente que la percepción social dominante es de injusticia en el reparto de la factura. No es sólo una cuestión moral. Afectará a la eficacia de esas medidas. Y, lo que quizá es más importante, puede bloquear reformas necesarias para salir bien parados de la crisis.

Además, existe la sensación de que han sido impuestas desde fuera. Esto daña la autoestima de una sociedad y de unos actores sociales que en el pasado fueron capaces de enfrentarse a peores situaciones y consiguieron salir con éxito de ellas.

Por otro lado, la forma en la que se han adoptado, casi con nocturnidad, no es sólo una

cuestión estética. Ha dejado a los sindicatos con el trasero al aire y cuestionado su papel y eficacia en la interlocución social. El riesgo es que esa situación desairada les lleve a cruzar la línea roja que nunca habían cruzado desde diciembre de 1988 en que convocaron una huelga general que dejó a la economía sin dirección política, y a la política socialista sin rumbo.

A esa percepción de injusticia se suma la sensación de improvisación. La mayoría de ciudadanos estamos dispuestos a apretarnos el cinturón si confiamos en que ese esfuerzo es para mejorar. Tengo la convicción de que muchos funcionarios y trabajadores habían descartado ya hace meses una congelación salarial. Pero el Gobierno no se atrevió a proponerlo. Ahora dicta el recorte salarial y la austeridad. Pero la austeridad por la austeridad es una aberración. No se trata de reducir el déficit a costa de reducir el crecimiento, sino de reducir el déficit fomentando el crecimiento. Sin crecimiento los ingresos públicos no volverán. Y sin los ingresos el déficit no se puede reducir de forma sostenible sólo con tijeretazos a los gastos.

Hasta ahora, todas las políticas exitosas de estabilización que se han llevado a cabo en España han venido acompañadas de otras políticas orientadas a fomentar el crecimiento y el empleo. Se hizo así en 1959, en plena época autoritaria. Y, ya en democracia, con los Acuerdos de La Moncloa de 1977, o el plan a medio plazo para la estabilización y el crecimiento de 1983. Ese mix de estabilidad y crecimiento es el buen camino.

¿Y ahora qué? El presidente del Gobierno no puede pretender que una vez ha tomado la decisión "valiente" de salir a anunciar la mala nueva, a lo hecho pecho y a seguir como si no hubiese pasado nada.

Sin cuestionar la necesidad de pagar la factura de la crisis, es necesario lograr dos cosas. En primer lugar, un reparto más equitativo de la factura de la crisis. En segundo lugar, complementar las medidas de austeridad con medidas orientadas al crecimiento.

Se trata, ante todo, de buscar un reparto más equitativo de la factura de la crisis. Por un lado, repartiendo mejor y más eficientemente los recortes del gasto público. Por otro, aumentando la presión fiscal sobre grupos sociales y económicos que hasta ahora escapan a la fiscalidad. Así, es necesaria una política decidida de lucha contra el enorme fraude fiscal, una lucha contra la economía sumergida y una reforma del sistema tributario. Quizá no se logre, pero ese esfuerzo es indispensable para crear al menos la percepción de equidad en el reparto de la carga de la crisis.

En este sentido, las reuniones que se han abierto con agentes sociales y otras fuerzas políticas deberían conducir a elaborar un verdadero programa de estabilización, reforma y crecimiento a medio plazo para la economía española. Pero un programa así necesita un liderazgo político fuerte. Fuerte no en sentido autoritario, sino en el sentido de convincente y persuasivo, capaz de lograr la confianza de los ciudadanos.

El presidente Zapatero tiene también que sacar consecuencias políticas. Si la situación económica es realmente grave como dice, y sin duda lo es, no puede entonces pretender seguir como si nada hubiese pasado. Ha de optar por una de estas cuatro opciones. La primera, convocar elecciones. Eso permitiría un verdadero debate público sobre la situación económica y que los ciudadanos decidan. La segunda sería ceder el liderazgo político y de gobierno a otro miembro de su partido. Pero esta opción abocaría de hecho a la anterior. La tercera sería un gobierno de coalición con mayoría parlamentaria suficiente que permitiese gobernar la economía hasta el final de la legislatura. La cuarta sería una remodelación profunda del Gobierno con un ministro fuerte al frente de la economía. Pero Zapatero nunca ha querido un perfil así a su lado. Por eso, imagino, se fue Pedro Solbes.

Naturalmente le queda una quinta opción: no hacer nada. No descarto que sea la elegida.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.

La travesía del desierto

La crisis dejará en España más huellas que en ningún otro país, con la única excepción de Irlanda
En 2009 llegaron a las arcas del Estado 65.000 millones de ingresos públicos menos que en 2007

La Comisión Europea ha evaluado los programas de estabilidad de 14 países de la eurozona, entre ellos el de España. La mayor parte de ellos fueron considerados voluntaristas. En el caso de nuestro país, la Comisión entiende que el escenario previsto por el Gobierno parece basado en unas previsiones de crecimiento ligeramente optimistas para 2010 (-0,3%) y "marcadamente optimistas para los años siguientes" (1,8% en 2011; 2,9% en 2012; y 3,1% en 2013).

El consenso de los diversos servicios de estudios privados coincide en ese voluntarismo; todos pronostican que la recuperación del PIB podría iniciarse este ejercicio pero que es muy difícil que el ritmo de crecimiento pueda llegar al 3% en los próximos tres o cuatro años. Y ese porcentaje, el 3%, es el que deslinda el estancamiento del mercado de trabajo de la creación neta de empleo.

Así pues, más allá de la discusión sobre el tiempo de duración de la recesión (siete u ocho trimestres seguidos de contracción del PIB), lo significativo es analizar las secuelas que la crisis va a dejar a medio plazo en la sociedad española. Secuelas que la acción del Gobierno, en el mejor de los casos, sólo habrá podido paliar. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar un estudio en el que indica que esta crisis dejará en España más huellas que en ningún otro país, con la única excepción de la hasta hace poco halagada Irlanda.

Según la OCDE, la recesión acabará barriendo 10,6 puntos del PIB potencial, entendido éste como el nivel de producción máximo que puede alcanzar la economía con el trabajo, el capital y la tecnología existente, sin provocar inflación. Irlanda perderá 11,8 puntos, pero la media de la OCDE será sólo de tres puntos de PIB potencial, y países en los que la crisis se ha cebado, como EE UU, Reino Unido o Francia, estarán por debajo de la media en pérdida de PIB potencial.

¿Por qué España va a sufrir más que los demás?: por el gigantesco aumento del paro, que resta a nuestro país más de ocho puntos de su PIB potencial. El trabajo de la OCDE concluye anunciando que "los niveles de crecimiento previos a la crisis no volverán a corto plazo".

Las huellas de la recesión también se manifiestan en la vida cotidiana de la gente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos los datos provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida, correspondientes a 2009. Tres tendencias destacan por encima de las demás: primero, que casi el 19% de los hogares (1,5 puntos más que un año antes y el porcentaje más elevado en los últimos seis años) manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad; segundo, que uno de cada tres hogares (5,8 puntos más en 2008) no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; y tercero, que casi el 20% de la población residente en España está por debajo del umbral de pobreza relativa, medida ésta sin considerar la posesión de vivienda.

Para hacer frente a estas disfunciones, el Gobierno ha utilizado el dinero público hasta el punto de haber superado un 11% de déficit durante el año pasado. Pero la capacidad compensatoria del Estado ha llegado al límite, no sólo por la gran cuantía del déficit público en sí misma (que limita la capacidad de gasto más allá de los estabilizadores automáticos), sino por la espectacular bajada de los ingresos: en sólo dos años, el peso de éstos en el PIB ha pasado del 41,1% al 34,6%; ningún país de la UE ha sufrido tal merma en la recaudación.

Por debajo de España en ingresos públicos (en porcentaje del PIB) sólo se encuentran países como Lituania, Letonia, Irlanda o Eslovaquia. Para hacer una analogía con los países nórdicos, tantas veces citados, Suecia tiene un porcentaje de ingresos públicos del 54,9% del PIB; Dinamarca, del 53,3% y Finlandia, del 53,1%.

O por poner en equivalencia este retroceso de los ingresos públicos en España, en 2009 llegaron a las arcas del Estado 65.000 millones de euros menos que en 2007. Durante el año pasado se destinaron 31.000 millones de euros para el seguro de desempleo, o 21.000 millones de euros para pagar la deuda pública. Éste es el estado de la cuestión.

Joaquín Estefanía

En defensa de una libertad frágil

No conozco pasión más anacrónica que la del anticlericalismo

Me gustaría coincidir plenamente con el discurso pronunciado por Juan Luis Cebrián en el acto de entrega de los premios Ortega y Gasset y publicado por este diario al día siguiente, el 5 de mayo. Pero no sería leal a la amistad que nos une si dejara de expresar algunas consideraciones que empañan actualmente la noble y necesaria profesión del periodista.

En realidad, mi discrepancia viene a subrayar lo que él llama acertadamente "libertad frágil" de la profesión.

Es evidente que la opinión pública es básica para el funcionamiento de la democracia. "Los ciudadanos tienen necesidad de estar informados, han de ser capaces de conocer y discernir sobre las diversas opciones electorales, poder analizarlas y pronunciarse sobre ellas".

Las distintas declaraciones de los Derechos Humanos confirman este principio fundamental. También me alegra poder subrayar con el consejero delegado de PRISA que los periodistas no son "los representantes de la opinión pública". Más que representarla contribuyen a formar esa opinión. A la ética personal de esa necesaria contribución van a referirse mis reflexiones prácticas.

A estas alturas de la democracia española, muchos experimentamos con tristeza que la opinión pública que nos transmiten en general los periodistas españoles es muy diferente según el periódico que caiga en tus manos. No exagero si digo que parecen hablar de mundos distintos. No faltan quienes ya han dejado de tomarse en serio lo que dicen unos u otros. ¿Por dónde anda el sentido de la verdad? ¿O es que esto de la veracidad ha pasado a segunda fila?

Por lo visto, se puede poner en duda la honradez de los jueces, de los políticos y, por supuesto, de los curas después de releerse dos o tres periódicos para emprender un serio trabajo de discernimiento e intentar llegar sólo a sospechar más o menos por dónde anda en ese momento la opinión pública.

Merece la pena tomarse más en serio el llamado "periodismo de investigación". Yo, todo lo más, llego a dominar un campo muy reducido. Y con frecuencia inusitada me veo condenado a la insistencia sobre la misma noticia, generalmente contada de manera poco precisa y por personas no pocas veces inexpertas.

Todos conocemos la técnica de la repetición insistente, de la primera plana, del tono del comentario. El pensamiento liberal no es el de que admite todo lo que le dicen o lee, sino el del que se atreve a demostrar lo que dice y lo que piensa. Los hechos son más importantes que el alcalde de Londres.

¿No se podría hacer un esfuerzo mayor por liberarnos de nuestras filias y nuestras fobias? Unos toparon con la Iglesia, amigo Sancho, y otros toparon con su propia armadura que les obliga a comunicarse a través de lanzadas o a través de señales agresivas.

Como soy sacerdote y religioso, de ahora en adelante tendré que andar con especial cuidado en mi trato con los adolescentes. Me felicito, sin embargo, de tener un Papa que se ha enfrentado con el crimen nefando de la pederastia y al que no le ha importado hacer frente a una bronca masiva que, estoy seguro, no se ha producido en toda la historia, ni en la plaza de Las Ventas.

La profesión del periodismo es una de las más serias que se pueden ejercer en la vida. Pero, por favor, hablen más de la religión y tengan un poco más de consideración con los clérigos, que al fin y al cabo no ocupan el porcentaje más alto de pederastia en nuestros cuerpos sociales. Tolerancia cero para ellos, pero respeto para su dignidad personal, al menos como la que conceden los Derechos Humanos a todos los ciudadanos.

Con sinceridad de amigo. No conozco pasión más anacrónica que la del anticlericalismo. Ni causa de más descrédito que la de hablar públicamente de lo que uno no se ha informado suficientemente. Estoy seguro de que la mayoría de los periodistas no caen en los errores que denuncio. Pero, ¡caramba!, es que llevamos un invierno de miedo.

José María Martín Patino es presidente de la Fundación Encuentro.