opinión

Valor económico de la educación

Hace poco se conocieron sendos informes del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial que coincidían en la pérdida de competitividad de la economía española. Las causas de ello eran múltiples, entre ellas la necesidad de mejorar el modelo educativo. En relación con esta crisis tan profunda que estamos padeciendo se acentúa el valor económico de la educación.

Este valor no es el primero a tener en cuenta. La primera dimensión de la educación es la ciudadana; en una sociedad democrática la educación es una de las fórmulas de ciudadanía, y por tanto es un derecho. Otra dimensión es la social: es un elemento nivelador de primer orden, de igualdad de oportunidades, de integración y de cohesión social. Se dice que la mejor política social a largo plazo es la educación. La tercera dimensión es la económica; en estos momentos, en nuestro país hay nueve millones de estudiantes y más de 800.000 profesores. En coyunturas de recesión se manifiesta la importancia de la educación en su relación con el desempleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro entre los menos formados duplica a la de los universitarios; cuanto más elevado es el nivel educativo, menor es la pérdida de empleo. Quienes sólo lograron cursar primaria tienen una tasa de paro del 25,4%; quienes estudiaron la primera fase de secundaria registran un desempleo del 23,6%; para quienes finalizaron la segunda fase de secundaria el paro se acerca al 17,3%. Los universitarios son quienes menos sufren el desempleo, con un 9,5% de tasa de paro. Y entre los doctores el desempleo es aún menor.

La crisis económica ha tenido como característica singular la de homogeneizar algunos problemas a escala planetaria, pero cuando se salga definitivamente de la recesión cada sociedad se enfrentará a sus propios fantasmas. Los de España son principalmente la falta de competitividad y un porcentaje muy alto y absurdo de desempleo. Para combatirlos es para lo que se necesitan las reformas estructurales, entre ellas la de la educación. El nuevo modelo de crecimiento que se busca no se basa sólo en la educación, pero sin ella tampoco será posible. De ahí que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esté empeñado en un pacto social y político que consiga mejorar, modernizar y estabilizar la educación. Veremos qué capacidad de sacrificios compartidos son capaces de hacer los que han de participar en él, en un puñado de asuntos cruciales que representan la clara inadecuación del sistema educativo.

Entre ellos hay un problema de financiación (aunque ni mucho menos es la única dificultad). Según la oficina estadística de la Comisión Europea, en 2005 el gasto en educación en relación con el PIB en la media de la Unión Europea suponía un 5,03%. España estaba en la cola con un 4,23% y por delante estaban países como Alemania (5,03%), Francia (5,65%), Italia (4,43%), Reino Unido (5,45%), Países Bajos y Finlandia. En 2009, la inversión del conjunto de las administraciones públicas en educación ascenderá a 52.000 millones de euros, es decir, un 4,95% del PIB, prácticamente el doble que en 2001 y tan sólo a poco más de una décima de la UE.

El diagnóstico de la situación lo ha proporcionado el último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Más allá de los siniestros datos sobre el abandono y el fracaso escolar, que tanto se destacan, también hay otros muy representativos. Por ejemplo, el 49% de la población adulta sólo ha acabado la enseñanza obligatoria; el 51% de los españoles de entre 25 y 64 años tiene estudios postobligatorios, lo que supone que por primera vez este colectivo supera a quienes sólo han finalizado los estudios obligatorios; un 29% posee titulación superior y un 22% tiene estudios secundarios no obligatorios. Los titulados de formación profesional de grado superior han llegado al 14%, etcétera.

Habrá que seguir las vicisitudes de este pacto sobre la educación. Será un test central para saber quién asume como retórica y quién como realidad lo que el presidente del Gobierno escribía el pasado lunes en una carta abierta a los maestros: "Nunca antes nuestro porvenir ha dependido tanto de la educación, del conocimiento, de la capacidad creadora e innovadora, que son la base del bienestar y de un nuevo modelo de crecimiento económico".

Joaquín Estefanía

No debemos resignarnos a la corrupción

El clientelismo y el deficiente control de la financiación de los partidos son variables que están detrás de los escándalos recientes. Pero también influyen un exceso de leyes innecesarias y la ausencia de otras necesarias

La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.

Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.

Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.

En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.

En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.

Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:

1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...

2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.

3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.

4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.

5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.

7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.

8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.

9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.

10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.

Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.

Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.

Justicia climática

En Copenhague se debate la justa distribución de las emisiones futuras de CO2. Países pobres en vías de desarrollo y ricos sostienen criterios distintos. Actuar sin hacer daño puede ser un principio unificador

Las dificultades para llegar a un acuerdo en materia de actuaciones contra el cambio climático tienen su origen en tres propiedades relativamente nuevas de este fenómeno: su carácter antropogénico, su universalidad y la densidad de interacciones que están en juego. Debido a lo primero, ha surgido un nuevo ámbito de deliberación e intervención en lo que antes era una fatalidad sobre la que no había que tomar ninguna decisión. El tiempo y el clima, paradigmas de lo que viene dado, son actualmente unas realidades parcialmente modificables por los seres humanos y, por tanto, sólo ahora objeto de controversia. El clima ha experimentado un cambio de naturaleza y apreciación similar a otras realidades como la salud, la intimidad o las desigualdades: han pasado de ser hechos inevitables a constituirse en variables dependientes y, por tanto, en un asunto de ciudadanía democrática como cualquier otro. El tiempo era antes, podríamos decir, un tema insípido para las conversaciones de ascensor y ahora se ha convertido en objeto de debates apasionados.

La segunda característica de este nuevo problema es su universalidad, es decir, el hecho de que afecte a todos indistintamente, que no haya espacios protegidos del cambio climático ni estrategias territoriales para limitar su alcance. Aunque también es cierto que no afecta exactamente de la misma manera a quienes viven en un espacio u otro, a ricos y a pobres, o a países cuyo nivel de desarrollo puede o no permitirse determinadas autolimitaciones. Si la afectación universal es un motivo para ponerse de acuerdo, la desigualdad en la afectación es la causa de que haya distintos intereses que dificultan el acuerdo.

La tercera fuente de complejidad procede de la red global de interdependencias ante la que nos encontramos. No se trata tanto de la cantidad de autores que intervienen como de la complejidad de los criterios de justicia que se hacen valer en las negociaciones. Este tipo de acuerdos pone a prueba la capacidad de la humanidad para llegar a un compromiso en el que se equilibren intereses contrapuestos y distintas pretensiones de justicia. Y es que los daños no están geográficamente distribuidos con criterios de igualdad, no es un asunto neutral, sino que hay quien pierde más que otros. De ahí que el cambio climático se haya convertido en parte de la esfera política.

En las negociaciones para los acuerdos sobre cambio climático no se discute propiamente sobre el clima, pues nadie cuestiona la necesidad de un acuerdo de intervención para frenar el cambio climático. Los Estados parecen entenderse sobre el principio de una acción determinada contra el calentamiento del planeta, pero siguen profundamente divididos en cuanto al reparto de los esfuerzos entre los países avanzados y los países en vías de desarrollo. Lo que es objeto de controversia son los criterios de justicia a partir de los cuales se han de tomar las decisiones correspondientes, quién, cómo y cuándo carga con qué peso en favor de la protección del medio ambiente, algo que no tiene tanto que ver con el agua, el aire y los árboles como con el empleo y el bienestar. Los países menos desarrollados no entienden por qué deben asumir los costes del desarrollo irresponsable de las naciones industriales. Los países de Asia o del antiguo bloque soviético no quieren amenazar su proceso de recuperación económica, mientras que las economías más avanzadas se resisten a ser quienes paguen por el resto del mundo. Y los más desarrollados creen que serían injustamente afectados por las restricciones. Los intereses contrapuestos apenas permiten avanzar en los compromisos.

La convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático ha sido construida sobre la base de un principio de responsabilidad común pero diferenciada según las circunstancias de cada país (artículo 4). Esta disposición ha supuesto de hecho una coartada para la falta de compromiso de reducción por parte de los países en vías de desarrollo y emergentes, posición que ha sido confirmada en el Protocolo de Kyoto. Estados emergentes como China -y más aún India- no han mostrado hasta ahora ninguna disposición a renunciar a las ventajas que de este modo se les conceden, incluso aunque un compromiso de este tipo no debería efectuarse antes de un plazo de 10 o 20 años. Al mismo tiempo, han suspendido cualquier iniciativa en esta dirección condicionándola a que los países industrializados -y especialmente Estados Unidos- demuestren que van a realizar esfuerzos sustanciales para disminuir las emisiones.

Los países en vías de desarrollo han desarrollado dos líneas de argumentación a este respecto. La primera concierne a la "responsabilidad histórica" por el carbono que han emitido hasta ahora las economías desarrolladas. Estos países avanzados han agotado una gran parte de la capacidad de la atmósfera para absorber el carbono y deberían compensar a los países en vías de desarrollo por esta "expropiación". El argumento es serio pero cabría plantearle ciertas objeciones. Los países ricos no han actuado con conocimiento de causa; se han desarrollado con la convicción -hasta hace poco casi universal- de que la atmósfera era un recurso infinito. Además, los "expropiadores" están muertos y enterrados. Sus descendientes, aunque pudieran ser identificados, no deberían ser considerados como responsables de actos que no han cometido. Estas objeciones no anulan del todo el argumento de la "responsabilidad histórica" ya que las economías desarrolladas se benefician enormemente de su industrialización pasada.

La segunda línea de argumentación de los países en vías de desarrollo concierne a la justa distribución de las emisiones futuras de carbono. Supongamos que las emisiones globales sean controladas gracias a los permisos de emisión. Los países en vías de desarrollo consideran que esos permisos deberían ser distribuidos sobre la base de la población o de la renta per cápita. Si se toma como criterio la población, el razonamiento es de orden jurídico: cada ser humano tiene el mismo derecho a utilizar el carbono global. Sobre la base de la renta per cápita, el argumento es igualitarista: los permisos deberían concederse a los más pobres para que alcancen el nivel de los otros. Estos dos principios implican que tales permisos deben ser concedidos a las economías en vías de desarrollo, ya sea porque ellas representan la mayor parte de la población mundial, o bien porque representan a la mayor parte de los pobres del mundo. El problema es que estos principios mencionados no son generalmente reconocidos en las relaciones internacionales. Si no existe, por ejemplo, acuerdo alguno sobre el principio de reparto de los recursos naturales, ¿por qué va a haberlo en lo que se refiere a la atmósfera?

Para salir de este laberinto el economista Vijay Joshi proponía aplicar en este asunto un principio que es ampliamente aceptado como condición mínima de imparcialidad: actuar sin hacer daño. En el contexto del cambio climático, la aplicación de este principio equivaldría a permitir que los países en vías de desarrollo reduzcan sus esfuerzos hasta que hayan eliminado la miseria. Se trataría de consentir que mantengan su actual ritmo de crecimiento durante algún tiempo (más amplio para África que para China, por ejemplo), tras el cual la concesión de esos permisos sería progresivamente reducida. Para acelerar el movimiento de convergencia se podría favorecer la transferencia de ciertas tecnologías a los países menos desarrollados de manera que éstos puedan reducir el coste de sus esfuerzos.

Las negociaciones sobre el cambio climático son tan importantes que nadie se puede permitir el lujo de instalarse en las propias posiciones. Para el éxito de las negociaciones son clave las cuestiones de adaptación, si es que se quiere incluir en los acuerdos a países como China, India o Brasil, ya que ellos representarán en un futuro próximo una gran parte de las emisiones mundiales. Y para ello es esencial realizar el reparto en un espíritu de justicia. Por supuesto que las concepciones de la justicia son tan diversas y controvertidas como los intereses. Precisamente por eso la habilidad política es insustituible a la hora de construir un compromiso entre las diferentes partes.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía en la Universidad de Zaragoza.

Cerrojazo informativo

El acceso a las fuentes informadas es cada vez más difícil. El aparato de comunicación institucional secuestra información que debería estar a disposición de los ciudadanos

"No sólo los políticos no aman a los periodistas. Los directores de corporaciones y grandes empresas, los gerentes de los grandes hospitales, entre otros, tampoco. Y lo peor es que los mismos dueños de los periódicos no aman a los periodistas y me temo que algunos periodistas de hoy tampoco aman al periodismo y los que lo aman, no lo defienden, con lo cual, la democracia se va por el pedregal". Éste es el escueto pero incisivo comentario que envía Montserrat López a propósito de mi artículo Políticos que no aman a los periodistas. Ella ha trabajado durante 20 años en un periódico de Barcelona y si he decidido comenzar este escrito con su reflexión es porque creo que ni Gracián hubiera sintetizado de manera más concisa un estado de opinión que, según el Libro Blanco de la Profesión Periodística, elaborado por el Colegio de Periodistas de Catalunya, comparten muchos profesionales.

No es extraño, pues, que entre las cartas que he recibido a propósito de ese artículo las haya también de periodistas. Todas coinciden en rechazar unas prácticas que, como sostienen Carolina Alés Matas o Elena Lázaro Mateo, debilitan la democracia y desgastan la profesión. Pero también hay quienes, como Carlos Tomeo Escuin, director de Radioduende, piden una reflexión sobre la dificultad o incapacidad de los periodistas para reaccionar.

No me propongo, apreciados lectores, hacer un ejercicio de victimismo periodístico. En absoluto. En los escritos de Montserrat López y Carlos Tomeo hay una fuerte carga de autocrítica que comparto. Lo que me propongo es explicarles una serie de cambios que se están produciendo en el ecosistema mediático que creo que deben conocer, no porque dificulten el trabajo de los periodistas, sino porque afectan al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Me refiero, como les anuncié, a la relación con las fuentes informativas.

Lo que no sale en los medios no existe, al menos a efectos de agenda política, y participar en la vida pública exige posicionarse en lo que el sociólogo John B. Thompson define como "esfera pública mediática". La necesidad de gestionar la visibilidad pública ha llevado a todo tipo de instituciones, empresas y actores sociales a crear o contratar gabinetes de prensa. Ha surgido así un gran aparato de comunicación, externo a los medios, cuyo único objetivo es influir y, si pueden, condicionar los contenidos informativos. Son los intermediarios de los intermediarios y practican lo que se denomina periodismo de fuentes.

Ese aparato de influencia ha crecido en los últimos años de tal forma que ya hay, por ejemplo, muchos más periodistas trabajando en empresas, organismos, bancos e instituciones económicas, que periodistas encargados de informar sobre economía en los medios de comunicación. Lo mismo puede decirse de cualquier otro sector. El resultado es que los medios cada vez tienen más dificultades para decidir su propia agenda y cada vez son más prisioneros de la que trata de imponerles ese aparato de influencia.

En teoría, los gabinetes de prensa se han creado para ofrecer un mejor servicio a los periodistas y al público. Así es en muchos casos y es muy meritorio el esfuerzo que muchos realizan para mejorar la calidad de la información, particularmente los vinculados a la universidad, los centros de conocimiento o las entidades sociales. Pero en el ámbito de la política y de las instituciones públicas, lo que nació como un servicio se está convirtiendo en un mecanismo de control de la información, una barrera para el acceso a las fuentes y a los datos.

En general, la relación entre los gabinetes y los periodistas son plácidas en las informaciones neutras o de complacencia. El problema surge cuando la información es negativa o no encaja en la agenda diseñada en función de intereses propagandísticos.

Se dirá que la relación de los periodistas con las fuentes ha sido siempre difícil cuando se trata de recabar una información que les perjudica. Cierto. También que es normal que las fuentes perjudicadas traten de eludir la presión de los medios y que es obligación de los periodistas arreglárselas para pasar por encima de esas dificultades. Cierto también. Pero creo que superar esas dificultades requiere hoy algo más que una resistencia individual. Estamos ante un nuevo escenario en el que el control de la visibilidad pública se ejerce modulando el acceso a las fuentes informadas, secuestrando información de interés público y tratando de canalizar como información lo que sólo es propaganda. Y esta dinámica es sólo una consecuencia más de la creciente y agobiante partidización de la vida pública española. Cuando cambia un gobierno, sea central, autonómico o municipal, cambian en cascada no sólo los altos cargos de confianza política, sino muchos cargos de naturaleza técnica u organizativa.

Los responsables de los gabinetes de comunicación son, casi siempre, cargos de confianza política. Nada habría que objetar si no fuera porque el nombramiento de estos cargos se acompaña habitualmente de órdenes internas estrictas que prohíben a todos los miembros de la organización facilitar información o tener contacto con los medios de comunicación. La instrucción es que cualquier petición de un periodista se canalice siempre a través del gabinete de prensa, de modo que técnicos y cargos intermedios se arriesgan a represalias si aparecen como fuente de una información no controlada por su responsable de prensa. Y es cada vez más frecuente que cuando se facilita el acceso a un técnico o un cargo como fuente, esté el responsable de prensa fiscalizando la entrevista.

Poco a poco el cerco se ha ido estrechando. El resultado es un cerrojazo informativo como nunca lo habíamos conocido. Un apagón que afecta incluso a datos e informaciones que por su naturaleza, y por imperativo legal, deberían ser públicos y estar a disposición de cualquier ciudadano. No es sólo que los periodistas no puedan acceder a información relevante, como los contratos o concesiones de una administración. Tampoco pueden asegurar que los datos que ofrecen sobre listas de espera, seguimiento de una huelga, escolares en barracones o delitos cometidos se correspondan con la realidad.

La preeminencia de este aparato de influencia y control ha invertido la correlación de fuerzas. Ya no está el periodista en posición de poder exigir la información, sino el gabinete de comunicación en posición de concedérsela o denegársela. Y ello ha generado mecanismos perversos de relación. Los gabinetes tienen la llave de la información, y están en condiciones de canalizarla en forma de exclusivas que administran en función de criterios de afinidad o acatamiento. Lo cual contribuye, indirectamente, al atrincheramiento y etiquetaje político de los propios medios.

"El problema es que el periodismo tiene su propio frentismo partidista y social. Se puede leer una cosa en un periódico y la contraria en otro [sobre el mismo hecho]", apunta Carlos Tomeo. "Ya sé lo complicado que es ser ajeno a esa fuerza y ser independiente. (...) Ejercer nuestra profesión con inteligencia y no con seguidismo o baboseo; (...) saber distinguir el grano de la paja y describir la propaganda como propaganda. El político tiene su estrategia, pero el periodismo no está sabiendo encontrar la suya porque vive demasiado entregado a una inmediatez que le nubla".

Este aparato de influencia se beneficia, ciertamente, del periodismo perezoso, acomodaticio o de trinchera que a veces se practica. Pero incluso los medios que se esfuerzan por hacer su trabajo de forma rigurosa e independiente sufren consecuencias que acaban afectando a la calidad de la información. Un ejemplo claro es el recurso creciente a fuentes anónimas. Muchas veces las fuentes informadas temen represalias y piden anonimato. Pero el uso de fuentes anónimas aumenta el poder de discrecionalidad del periodista, resta credibilidad al medio, acentúa la apariencia de parcialidad y hurta a los lectores un dato básico para interpretar la información, la fuente de la que procede.

"En la universidad nos enseñan a desentrañar el juego de los gabinetes, para acabar luego haciéndonos eco sin crítica de lo que ellos quieren. Éste no es el periodismo que los que amamos la profesión queremos", escribe desde Sevilla Rocío Peña, estudiante de cuarto de Periodismo. Ése no es el periodismo que esperan lectores como José Luis Rojo, de Valladolid.

Ejercer un periodismo independiente requiere romper este tipo de nuevas y sutiles ataduras.

Milagros Pérez Oliva es Defensora del lector en El País.

Dos utopías regresivas

Esta crisis económica y financiera manifiesta un triple fracaso: institucional, intelectual y moral

Han pasado 20 años de aquellos días mágicos que marcaron para siempre a una generación, y le desvelaron definitivamente los excesos y crímenes del estatismo burocrático. Los simboliza la caída del Muro de Berlín. Dos décadas después se ha desplomado otra utopía regresiva, la del radicalismo de mercado, que ha conducido a la Gran Recesión. El icono de este fundamentalismo podría ser la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, que ha sido descrita como "el día en que pudo hundirse el capitalismo" ante el pánico que generó en depositantes, ahorradores e inversores. La paradoja fue que en el único momento en que el sistema aplicó su regla de oro -que cada palo aguante su vela- es cuando se estremece con más virulencia. Como reconoció compungido un teórico, "hemos generado mucho riesgo moral para evitar un riesgo sistémico".

Entre una y otra fecha el mundo ha vivido el periodo más largo de crecimiento económico, más de 14 años seguidos en la parte alta del ciclo, lo que mejoró las condiciones de vida de mucha gente. Pero como escribió hace unos días Gorbachov, uno de los héroes de aquello, el capitalismo occidental, privado de su viejo adversario e imaginándose a sí mismo como el indiscutible ganador histórico y la encarnación del progreso global, abusó de su poder. Fue aquél un crecimiento desequilibrado, sin equidad y salpicado de corrupción.

Como han subrayado Akerlof y Shiller en su Animal Spirits, durante este tiempo el concepto de equidad no solía figurar en los análisis económicos dominantes; la teoría económica lo arrinconó, basta mirar los libros de texto de referencia. Aunque algunos lo mencionaban, normalmente lo relegaban al final de algún capítulo e incluso del libro. La equidad acostumbraba a mencionarse en aquellas partes que los estudiantes sabían que se podían saltar cuando les tocaba estudiar para un examen. Hablar de equidad con algunos economistas equivalía a eructar en una cena de gala. En cuanto a la corrupción, cada una de las tres últimas recesiones en Estados Unidos (la de julio de 1990 a mayo de 1991, la de marzo a noviembre de 2001, y la que comenzó en diciembre de 2007) estuvo relacionada con casos de corrupción. Éstos son tremendamente complejos y al tiempo meridianamente simples, pues se basan en el incumplimiento de los principios elementales de la contabilidad en cuanto a la cantidad de dinero que puede obtenerse de modo legítimo. Son complicados porque quienes los perpetran buscan amparo en la oscuridad con que procuran rodear el incumplimiento de esos principios elementales.

Ahora que empieza a verse en algunos países el final del túnel de la Gran Recesión es el momento de detenernos en el análisis de las secuelas que deja: en el mejor de los casos recuperación económica sin empleo (como muestran los últimos datos de EE UU), empobrecimiento de las clases medias, niños que vivirán peor que sus padres, endeudamiento público y privado, desigualdad, límites cada vez más tangibles en el medio ambiente, caída de los políticos y de los economistas en el descrédito, etcétera.

Robert Skidelski, el biógrafo de Keynes (que recuerda siempre que éste se dispuso a salvar a un sistema capitalista que no admiraba particularmente pero que creía la mejor garantía para la civilización), habla de esta crisis económica como la de un triple fracaso. En primer lugar, fracaso institucional pues los bancos se transformaron en casinos y sucumbieron a la ideología de "los mercados eficientes" que no podían equivocarse al fijar el precio de los activos y por lo tanto necesitaban de poca o ninguna regulación. Segundo, el fracaso intelectual de la economía dominante que no previó lo que iba a suceder o que defendió intencionadamente teorías equivocadas a sabiendas de que beneficiaban a los que la financiaban. Y tercero, un fracaso moral, por la adoración al crecimiento económico como un fin en sí mismo más que como un modo para alcanzar el bienestar para la mayoría y "la buena vida"; esta laguna moral es la que explica la aceptación acrítica de la globalización y la santificación de toda práctica que conduzca a la riqueza como prioridad sobre cualquier otra inquietud humana.

Estas reflexiones también tienen que ver con la caída del Muro de Berlín. Como dijo Marx, "he sembrado dragones y he cosechado pulgas".

Joaquín Estefanía

Diplomacia de hierro

El Gobierno español cree en el diálogo con todo tipo de regímenes, pero no escucha a los opositores

Una activista saharaui de renombre internacional se encuentra en huelga de hambre para protestar contra la connivencia de nuestro Gobierno con las autoridades marroquíes que la han deportado ilegalmente a España. El representante del Dalai Lama se marcha de Madrid tras cuatro días de estancia sin haber conseguido que nadie del Ministerio de Exteriores le reciba para exponer su posición. El Ministro de Exteriores viaja a Cuba para reunirse con las autoridades cubanas, pero rechaza reunirse con la oposición al régimen. Un conocido instituto de investigación organiza un seminario sobre la estabilidad en los Balcanes al que acuden representantes de todos los gobiernos de la zona (incluido el serbio) pero como hay un representante del Gobierno de Kosovo, tampoco acude nadie del Ministerio de Exteriores. Y cada vez que algún representante del Gobierno taiwanés aparece por la capital, la misma historia de cautelas y prevenciones. Ayer se celebraron las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial, sin garantía alguna ni observadores internacionales, y España mantendrá una fría y pragmática distancia.

Algo pasa con la política exterior española, que cree en el diálogo incondicional con todo tipo de gobiernos, por terribles que sean sus credenciales democráticas y de derechos humanos, pero se niega a tomar en consideración las demandas de los opositores a muchos de estos regímenes. Y eso que estamos hablando de opositores y movimientos que rechazan expresamente la violencia para conseguir sus reivindicaciones. Al contrario: son estos mismos gobiernos (en Marruecos, China, Cuba o Guinea) los que usan la violencia de forma masiva y completamente arbitraria contra ellos. Y, sin embargo, no merecen ni siquiera ser escuchados por nuestro Gobierno.

¿De dónde viene esta falta de sensibilidad? ¿Cómo se justifica que un país que ha pasado recientemente por una larga dictadura pueda tener tan poca consideración por los activistas por la democracia y los derechos humanos de otros países? Este mismo mes, en un debate al que tuve la oportunidad de asistir, un alto cargo del Ministerio de Exteriores, interpelado por un ciudadano tunecino sobre el porqué del silencio de España ante el clamoroso fraude en las recientes elecciones presidenciales de su país, argumentó que el Gobierno no era quién para decirle a nadie cómo tiene que gobernarse.

Esta doctrina no injerencista choca abiertamente con nuestra reciente experiencia histórica. Muchos recordarán todavía el papel que jugaron las fundaciones de los partidos alemanes a la hora de promover la democracia en España y lo importante que fue para los demócratas españoles contar con apoyo exterior en tiempos de Franco. Europa siempre fue un referente democrático para España. ¿Seremos nosotros alguna vez un referente para los que carecen de libertades y derechos en otras partes del mundo?

Actuando así, además, nuestra política exterior hipoteca la imagen de España y se perjudica a largo plazo. ¿O es que el antiamericanismo español no tiene nada que ver con el abrazo de Eisenhower a Franco, que le permitió perpetuar el régimen 20 años más? ¿O con la declaración del secretario de Estado de Reagan, Alexander Haig, negándose a condenar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, por ser "un asunto interno de los españoles"?

No se trata, claro está, de romper relaciones diplomáticas con todas las dictaduras del mundo. Desgraciadamente, son demasiadas. Imponer la democracia por la fuerza sólo ha funcionado en circunstancias excepcionales, así que no es una opción válida. Y tampoco se puede olvidar que las propias democracias, con demasiada frecuencia, emplean un doble rasero. Después de Guantánamo y Abu Ghraib, la agenda de la promoción de la democracia y los derechos humanos ha quedado en entredicho y desprestigiada. Pero eso no significa que no se pueda hacer nada. La izquierda, que siempre defendió la libertad y los derechos humanos, no puede mirar hacia otro lado y resignarse, porque con ello se convierte en una fuerza conservadora que perpetúa la situación existente y traiciona sus esencias. Recuperar esa agenda es una tarea urgente.

A comienzos de legislatura, el presidente del Gobierno, arropado por Kofi Annan, anunció una política exterior "comprometida"; "comprometida", aclaró, "con los valores que profesa la mayoría de la sociedad española". ¿Hay alguna duda sobre cuáles son esos valores? Claramente, no los de Raúl Castro, Wen Jiabao, Hugo Chávez o Teodoro Obiang. ¿Son estos valores relativos? Claramente, no. Defender los valores que uno profesa significa ir más allá del puro pragmatismo, aunque haya que tomar decisiones difíciles y gestionar las consecuencias adversas. Nada que a un demócrata no le deba salir naturalmente de dentro. Una diplomacia sin el coraje para defender los valores democráticos de la sociedad que representa es una diplomacia sin sentido alguno.

José Ignacio Torreblanca

Viaje al país de los fueros

Se ha dado por supuesto que la expresión oasis catalán, resucitada con intenciones sarcásticas tras los escándalos de corrupción recientemente aflorados en esa comunidad, procede de los años de la República. Sin embargo, como recordó en este periódico Antonio Elorza, el origen de la metáfora del oasis es muy anterior, y nació en referencia al País Vasco. La usó el periodista conservador Juan Mañé y Flaquer, director del Diario de Barcelona, en un libro publicado entre 1878 y 1880 titulado El Oasis: Viaje al País de los Fueros. Lo escribió tras una visita a las Vascongadas y Navarra poco después del fin de la segunda guerra carlista, cuando se discutía sobre la definitiva abolición de los Fueros, a lo que el periodista catalán se oponía fervientemente.

En Ideologías del nacionalismo vasco, aparecido en 1978, Elorza había citado ya la obra de Mañé como fuente del estereotipo que presenta a los fueros como residuo admirable del Antiguo Régimen que el liberalismo estaría "a punto de arruinar, borrando al mismo tiempo la singularidad política de los territorios forales". La visión de esas tierras como oasis que resiste a los males de la modernidad es, a su vez, uno de los puntos de apoyo de la teoría de Jon Juaristi (en El linaje de Aitor) sobre Vasconia como "utopía de la España conservadora": la prueba viviente de que su ideario político de religión, orden y cultura ruralista es realizable. Esa imagen idealizada sería tomada por los fueristas y más tarde por los nacionalistas vascos como confirmación exterior de sus ideales.

Existe por tanto un deslizamiento desde la admiración por el oasis vasco por parte del conservadurismo catalán del XIX, hasta la atribución a Cataluña de esa condición de excepción respecto a una España frívola y corrompida. Pero el único aspecto del regimen foral que suscitará el interés del nacionalismo catalán será el Concierto, en relación a la polémica sobre las balanzas fiscales. En el debate constitucional no hubo reclamación catalana de autonomía fiscal; según ha dicho siempre el PNV, porque por entonces (segunda mitad de los setenta, en plena crisis económica) a los nacionalistas catalanes les parecía muy arriesgado (e impopular) asumir la responsabilidad de recaudar los impuestos.

Más tarde, a la vista del rendimiento que los vascos sacaban al sistema, el asunto del Concierto fue incorporado a la argumentación catalanista, pero más bien en términos de agravio comparativo. En un ponderado artículo sobre las Haciendas autonómicas publicado en 1989 en un libro colectivo (Pasado, presente y futuro de las Comunidades Autónomas. Instituto de Estudios Económicos. Madrid), Antoni Castells, el hoy consejero de Economía del Gobierno catalán, consideraba "deseable que la forma de aplicación del sistema de Conciertos -y especialmente la determinación del cupo- se hiciera de tal forma que diera un resultado equivalente al que se obtendría aplicando el régimen común". Es decir, se proponía la equiparación mediante el recorte de la ventaja comparativa que suponía para País Vasco y Navarra su sistema peculiar, tal como se estaba aplicando: sin incluir en el cupo contribución alguna a los mecanismos de solidaridad interterritorial.

Pero en el Pacto de Gobierno que suscriben PSC, ERC e ICV a fines de 2003, en vísperas de la constitución del Tripartito presidido por Maragall, la perspectiva se invierte: "los ingresos por habitante de Cataluña tenderán a equipararse progresivamente con los obtenidos por aplicación de los sistemas de Concierto y Convenio vigentes en las comunidades forales". Lo que ahora se propone es la extensión a Cataluña de la situación ventajosa de Vascongadas y Navarra.

Esa aspiración se intentó llevar al nuevo Estatuto a través de una minuciosa normativa que incluye límites a la aportación a los fondos de solidaridad y nivelación. Normativa que debería plasmarse a su vez en el nuevo sistema de financiación autonómica. El acuerdo sobre tal cuestión alcanzado en julio, tras dos años de negociaciones, se vota hoy en el Congreso. A fines de octubre, en la votación sobre las enmiendas de totalidad, partidos como el BNG o UPyD impugnaron la reforma por considerar que el nuevo reparto favorecía a Cataluña; pero también CiU mantuvo su oposición con el argumento de que incumplía el Estatuto.

Ya se verá cuando se conozcan las cifras, pero si los ingresos por habitante de Cataluña crecen tanto como han dicho sus negociadores, habrán alcanzado el objetivo de llevar a su comunidad a las puertas del paraíso foral sin asumir en exclusiva la responsabilidad recaudatoria. Algo especialmente arduo en periodos de crisis: las diputaciones vascas recaudarán este año un 20% menos que en 2008.

Patxo Unzueta

Dinero contra burócratas

Un sistema mundial de regulación financiera, pero con diferentes sistemas nacionales, tendrá brechas

Sucedió de nuevo. La recuperación económica se produjo antes de lo esperado y fue tan sorprendente como el súbito colapso financiero. El trimestre pasado, la economía estadounidense creció al 3,5%. A comienzos de año, los titulares anunciaban que estábamos a punto de entrar en una depresión peor que la de los años treinta y que el estancamiento duraría una generación o más. Ahora sabemos que los expertos, los gobiernos y los inversionistas que no vieron venir el crash tampoco vieron venir la recuperación de la economía mundial. Claro, los pesimistas creen que la recuperación no es tal y que una nueva caída es inevitable. Los alarman -con razón- los enormes déficit fiscales, la deuda pública, las altas y crecientes tasas de desempleo y un sistema financiero aún muy frágil. Pero mientras los preocupados se angustian, las economías más importantes del mundo están creciendo más y mucho antes de lo que ningún experto había anticipado. Lo mismo sucedió durante los muchos accidentes financieros de la década de 1990. En Asia, América Latina y en Rusia, la recuperación fue tan rápida y tan sorprendente como los accidentes mismos. Pero si bien es obvio que la reanimación económica es preferible a la recesión prolongada, una rápida recuperación también tiene su costo: le quita a los políticos las ganas de hacer cambios necesarios para evitar futuras crisis.

Así pasó en las crisis financieras anteriores y me temo que volverá a ocurrir ahora. En el clímax de la crisis, los gobernantes de los países más influyentes se reunieron de urgencia y declararon que "fortalecer la arquitectura del sistema financiero mundial" era una prioridad. También anunciaron su compromiso de "reducir los riesgos de crisis recurrentes en el futuro y mejorar nuestras técnicas para responder a las crisis cuando ocurran". ¿Suena bien, verdad? Lástima que éste es el texto exacto del comunicado emitido por los líderes del mundo hace una década, cuando se reunieron en Reino Unido para decidir cómo responder a la crisis financiera asiática.

Poco después de esa cumbre, las economías asiáticas sorprendieron a todos cuando comenzaron a crecer a gran velocidad, eliminando la presión de reformar el sistema financiero. Así, diez años y una gran crisis después, los líderes de ahora siguen prometiendo reformar las finanzas globales. Y, al igual que a sus predecesores, a ellos también la recuperación les está quitando las ganas de ir a fondo con las reformas. Esto no significa que no habrá cambios. Los bancos estarán más controlados, los pagos a sus directivos tendrán topes y los paraísos fiscales serán más vigilados. Pero estas y otras nuevas reglas no se aplicarán de la misma manera en todas partes. Cada país tendrá su propia legislación, interpretará las reglas a su manera y las ejecutará con distintos niveles de entusiasmo. Los reguladores de la banca en Alemania, por ejemplo, tendrán motivaciones algo distintas que las de, digamos, sus colegas de Mónaco. O de Rusia.

No va a haber una nueva arquitectura financiera global, sino una combinación de pocas y tímidas iniciativas multilaterales y muchos cambios a nivel nacional. Esto será así porque, si bien el dinero responde cada vez más a incentivos globales, los gobiernos siguen dependiendo de sus realidades locales. Y la regulación bancaria no sólo la determinan criterios técnicos, sino que, en todas partes, resulta de un proceso esencialmente político. Por tanto, el resultado será un sistema financiero mundial, donde el dinero seguirá operando sin fronteras mientras que los gobiernos seguirán operando primordialmente dentro de sus jurisdicciones nacionales. Este irregular mosaico mundial de reglas creará extraordinarias oportunidades para los especuladores. Los gobiernos podrán controlar a los bancos tradicionales y a otras empresas financieras. Pero no a todas. Ni todos los banqueros serán empleados de empresas reguladas por los gobiernos, ni los más ambiciosos y talentosos de entre ellos se quedaran trabajando en los bancos donde el Gobierno limita su remuneración. Va a aparecer, por tanto, un nuevo sistema financiero "en la sombra" que, sin ser ilegal, va a obtener inmensas ganancias gracias a las nuevas reglas. Un sistema mundial de regulación financiera formado por diferentes sistemas nacionales inevitablemente tendrá brechas, contradicciones e incongruencias. Aprovechar, por ejemplo, una oscura e ininteligible regla contable en Tailandia que crea oportunidades en Holanda, donde la regla es distinta, será un negocio muy lucrativo. O crear fondos de capital destinados a "arbitrar" las distorsiones producidas por las incongruencias regulatorias entre distintos países. Y hay muchos expertos financieros con el conocimiento, los contactos, las tecnologías y el capital que sabrán encontrar y aprovechar estas oportunidades para hacer mucho dinero. Hasta la próxima crisis.

Moisés Naím