opinión

Sorpresas tras la caída del Muro

El capitalismo chino transformará más a Europa que el comunismo soviético

La caída del muro de Berlín fue una mala noticia para los sovietólogos. En todo el mundo, miles de espías, generales, diplomáticos, profesores, periodistas y expertos se ganaban la vida estudiando la Unión Soviética. Ninguno pronosticó su colapso.

Pero si el pacífico fin del maligno imperio soviético fue una sorpresa, su final tuvo repercusiones tanto o más sorprendentes para Europa. Éstas son cuatro de las consecuencias inesperadas que tuvo el derrumbe soviético para los europeos -y que los expertos tampoco vieron venir-.

1. China desplazó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como principal amenaza para los europeos. Cuando cayó el muro de Berlín nadie se imaginó que China afectaría más directamente a la vida de los europeos occidentales de lo que jamás lo había hecho la URSS. No por su poder nuclear, sino por su poder económico. Después de la II Guerra Mundial, Europa occidental había vivido bajo la amenaza de una letal confrontación con los soviéticos. Afortunadamente, esa amenaza nunca se hizo realidad y, en la práctica, la vida cotidiana de los europeos no se vio muy afectada. En cambio, el ascenso económico de China toca todos los días las vidas de los europeos: lo que pagan por televisores, medicinas, gasolina o las hipotecas sobre su vivienda. O la posibilidad de conseguir empleo. El capitalismo chino transformará más a Europa que el comunismo soviético.

2. El euro. Nadie pronosticó que la caída del Muro estimularía la creación del euro. ¿Quién se hubiese atrevido a decir que los alemanes estarían dispuestos a abandonar el marco? ¿O que los franceses tolerarían no tener su propia moneda, sino otra controlada desde Frankfurt -la sede del Banco Central Europeo-? ¿Y que, además, otros 14 países renunciarían a sus divisas para plegarse al euro? ¿O que, después de una crisis financiera mundial con efectos devastadores para Europa, la moneda de refugio para quienes temen que el valor del dólar caiga en picado sea el euro? El euro era una utopía y hoy es una realidad que no sorprende a nadie. Y ésa es una sorpresa.

3. La debilidad política europea. En principio, cuantas más naciones formen parte de una alianza, más influyente debería ser esa alianza. En 1960, la alianza europea contaba con seis países miembros; en el 2003, con 15; y hoy, con 27. Europa es una potencia económica mundial. Sus democracias y sus políticas sociales son envidiadas por el resto del mundo y sus generosas ayudas al desarrollo son codiciadas en muchos rincones del planeta. Paradójicamente, sin embargo, su peso en la política mundial ha disminuido.

De acuerdo con un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (CERE), la influencia del continente en Naciones Unidas con respecto a la defensa de los derechos humanos -un valor fundamental de Europa- ha caído en picado. A finales de los noventa, el 70% de los países de la ONU apoyaba a Europa en las votaciones sobre derechos humanos. Hoy, 117 de los 192 países de ese organismo votan regularmente contra Europa. El CERE también nota que, en 2008, Europa mandó más soldados a Afganistán que Estados Unidos -500 de los cuales perdieron la vida-. También estuvo a la par en ayuda financiera. Sin embargo, no tiene mayor peso en las decisiones estratégicas. Lo mismo ocurre en el conflicto entre israelíes y palestinos. Europa manda mucho dinero pero influye poco. La Unión Europea no actúa de manera muy unida y eso disminuye su importancia en el mundo.

4. Islam en la vieja Europa, y Estados Unidos en la nueva. ¿Quién se hubiese imaginado en los momentos más tensos de la guerra fría que muchos europeos se llegarían a sentir más amenazados por la inmigración proveniente de países árabes que por la expansión de las dictaduras comunistas? ¿O que Polonia, Hungría o la República Checa se convertirían en baluartes del pro-americanismo mundial? Pero éstas son otras de las sorpresas de la Europa post-Muro. La angustia por la inmigración, sobre todo de países musulmanes, se ha transformado en un tema de debate cotidiano. Que Europa se convierta en "Eurabia" es el corolario de estas angustias. Hoy los inmigrantes constituyen cerca del 10% de la población de la mayoría de los países de Europa occidental, y en algunas grandes ciudades llegan al 30%. Inevitablemente, las encuestas revelan que el 57% de los europeos opina que en su país "hay demasiados extranjeros". Mientras tanto, en algunos países de la ex Unión Soviética florece el pro-americanismo: económico, político, cultural y hasta militar. Que esto pase en un continente donde el antiamericanismo es habitual es otro sorprendente legado de la caída del muro de Berlín.

Moisés Naím

Cambiar el reglamento y echar al árbitro

Los nacionalistas han acudido mil veces al Constitucional cuando no les gustaban las leyes de la mayoría

Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice

Los debates suscitados por la sentencia sobre el Estatuto catalán llevan camino de ocupar más páginas que la sentencia. En lo esencial, pueden reducirse a dos géneros. El primero atañe a los problemas propiamente jurídicos, a lo que dice el Estatuto, a su compatibilidad con la Constitución y, en algún caso, resulte o no compatible, al contenido del Estatuto, porque, conviene decirlo, hay majaderías completamente constitucionales. Una dieta exclusiva de comida basura no está prohibida por la ley máxima.

El otro debate es de principio. No se discute lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, sino su legitimidad para decirlo. En Cataluña sucede cada día. Sin ir más lejos, la pasada Diada, Ernest Benach, presidente del Parlament, sostuvo que "el TC no puede cambiar lo dicho en un referéndum". Una más de las diversas declaraciones que contraponen "la voluntad nacional de Cataluña", por utilizar la colosal expresión de Joan Saura, a la interpretación que de la Constitución pudiera hacer el máximo tribunal. La voluntad democrática de los ciudadanos actuales tendría prioridad sobre una Constitución no votada por esos mismos ciudadanos. La democracia, entendida como la voluntad de la mayoría, chocaría con una Constitución que acota el campo de lo que la mayoría puede decidir.

Parecería que estamos ante un ejemplo de una clásica discusión de los filósofos del derecho: el control judicial de las leyes establecidas por los representantes cercenaría la democracia. Por dos razones, al menos. Porque mediante la Constitución una generación limitaría la voluntad de las siguientes: una "tiranía de los muertos", en palabras de Jefferson. Las Constituciones, resultado de la voluntad popular, pondrían trabas a la voluntad popular. Nacidas para asegurar a los ciudadanos sus derechos, impedirían a los ciudadanos decidir el contenido y alcance de sus derechos. El control judicial de constitucionalidad añade a este problema otro: la decisión final quedaría en manos de unas personas, los jueces, carentes de legitimidad democrática directa. No sólo eso. Dada la naturaleza inevitablemente abstracta y con frecuencia vaga del texto constitucional, la labor interpretativa del TC, en realidad, equivaldría a una labor legislativa. Un debate, como se ve, de hilván fino. Está lejos de resolverse pero, en todo caso, conviene insistir en que la tesis democrática, que cuestiona la legitimidad de las llamadas "instituciones contramayoritarias" como el TC, cuenta con poderosos argumentos. Bastante convincentes, a mi parecer.

¿Es éste nuestro caso? Empecemos por la "voluntad nacional de Cataluña". Un poco de historia, que no empiece hace 10 minutos, nos remite, antes que a otra cosa, a la "voluntad de los políticos catalanes". La idea de un nue

-vo Estatuto es cosa suya. De siempre. Por sus pactos de aquella hora o por lo que fuera, Pujol ya reclamaba su reforma en el instante siguiente a la aprobación del anterior. Cada vez que se acercaban las elecciones. Luego se olvidaba. Era su manera de mantener la tensión política, la letanía del victimismo y de la reclamación permanente insatisfecha, la identidad misma del nacionalismo. Naturalmente, no iba en serio. Como tampoco iba en serio Mas en octubre del 2002, cuando, sobre el horizonte de las autonómicas del año siguiente, volvió a repetir la misma cantinela, esta vez bajo la decoración de un "nuevo" Estatuto. Apenas un par de semanas antes, en el Parlament, ante una propuesta de Carod de reforma del Estatut, Pujol había silbado, alegando que en ese momento era "inviable" y "crearía frustraciones". Por supuesto, volvió a repetir, la próxima legislatura ya sería otra cosa.

Para desnudar sus intenciones, y a sabiendas de que el PP y CiU no iban a complicarse mutuamente la vida, PSC, ERC e IC recordaron a Pujol y a Mas que no hacía falta esperar a las elecciones. Maragall insistía en que con el PSOE en Madrid las cosas serían bien diferentes, que entonces sí se podría "cumplir el proyecto catalán y el de todos y cada uno de los pueblos de España, comenzando por el vasco" (EL PAÍS, 24 de octubre de 2002). Muy bonito pero, con las perspectivas electorales de aquellas horas, simple fantasía. A sabiendas. Y es que todos estaban convencidos de que el PP ganaría y, sobre ese trasfondo, el nuevo Estatuto no era más que un entretenimiento electoral. CiU pedía el cielo, el mismo de siempre; eso sí, para después de las elecciones. También como siempre. Y los otros, lo mismo, pero antes, para dejar a cada cual en su sitio, y porque, a qué engañarse, no daban un duro por Zapatero. Acabadas las elecciones, las cosas volverían a donde estaban.

Nadie creía entonces que el juguete iba a durar mucho más. Porque, a pesar de vivir en el eco de su propia voz, ni los más trastornados ignoraban que tampoco esta vez la vida de verdad se rozaba con sus entretenimientos. Ramoneda lo escribía en aquellos días aquí mismo: "Los catalanes están mucho más preocupados por el trabajo, por las pensiones, por la seguridad, por la inmigración, por la vivienda, por la carestía de la vida, por la sanidad y, en determinados momentos, por el terrorismo (...). Sin embargo, el principal debate que entretiene a la clase política catalana es la reforma del Estatuto (...). Se entiende por parte de la coalición nacionalista gobernante (...). Tampoco es extraño que Esquerra juegue esta carta (...). Es, sin embargo, difícil de comprender que entre al trapo el PSC. ¿A estas alturas todavía, de verdad, creen que necesitan competir en nacionalismo con Convergència i Unió?". En resumen, voluntad de la clase política.

La temperatura de "la voluntad nacional" la tomaba una investigación realizada por diversas universidades: entre las autonomías investigadas tan sólo los andaluces se sentían más satisfechos con su nivel de autonomía. A comienzos de 2003, según el CIS, tener un mayor grado de autogobierno sólo preocupaba al 3,9% de los catalanes. Resultados que no se vieron desmentidos tres años más tarde, cuando, después de una campaña de propaganda sostenida y atosigante, lo que se presentaba como la respuesta a las demandas del pueblo catalán recibió el refrendo, sobre el total del censo, del 35% de los ciudadanos, con una participación de menos de la mitad de los ciudadanos, una cifra inferior a la de las elecciones en plena guerra en Afganistán. Por situarnos.

Sencillamente aquí no hay voluntad democrática enfrentada a la Constitución. Pero no sólo por los esmirriados resultados, sino por razones más fundamentales. No tiene sentido alguno apelar a la democracia, a la mayoría, para contraponer la voluntad de una parte de la comunidad política, los ciudadanos catalanes, a la Constitución, que atañe al conjunto de la comunidad política. Lo mismo vale, con más razón, para el Parlament, que, por lo demás, no ha votado el actual texto. Si acaso, si somos serios al apelar a la democracia, la comunidad relevante, la mayoría a contraponer al TC tendría que ser el conjunto de los españoles. Dicho de otro modo, un refrendo nacional favorable a Estatuto sí que permitiría invocar a la democracia.

Cuando estas cosas se recuerdan, la argumentación rápidamente cambia de montura, se descabalga de la apelación a la democracia, y se acuerda de "las reglas", del procedimiento. Pero, claro, el procedimiento, las reglas nos conducen al TC. Lo que no se puede es descalificar lo que, en singular expresión, se llaman "tecnicismos jurídicos" y, cuando flaquea la democracia, cuando votan cuatro y el cabo, invocar los procedimientos y decir "¡ah, bueno, pero ésas son las reglas!". Una consideración a tener en cuenta también cuando se recurre a un argumento más atendible: la votación del Parlamento español, tampoco clamorosa, por lo demás; en el Senado, por los pelos. Y es que esa votación, como bien lo sabían los parlamentarios, no era una votación final. Todos conocían que quedaba el paso por el TC. Ése era exactamente su voto: un sí, que sabía que no era la última palabra. Los primeros que lo sabían eran los nacionalistas, que han acudido mil veces al TC, cuando no les gustaban las leyes de la mayoría. Con ese reglamento llevan jugando años. Lo que no vale es querer cambiarlo a mitad del partido y echar al árbitro para que cambie el resultado. Podemos discutir el TC, pero de frente, no cuando nos disgusta lo que dice. Pero, francamente, no creo que los nacionalistas, confesos o vergonzantes, estén muy dispuestos a jugar en serio a la democracia.

Félix Ovejero Lucas es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.

México, no; Brasil, sí

Hace apenas unos años México simbolizaba el éxito de América Latina, y Brasil, su fracaso. Hoy sucede lo contrario.

Las reformas políticas y económicas de México en los años noventa fueron ejemplares. De repente, el país se liberó de un hiper-nacionalismo que le impedía relacionarse sanamente con el mundo, sobre todo con su problemático vecino del norte. También se sacudió, sin violencia, un sistema político dominado durante siete décadas por un mismo partido. La firma del Tratado de Libre Comercio con EE UU y Canadá, su entrada a la OCDE -el club de países ricos-, su rápida recuperación del crash financiero de 1994, su posterior estabilidad económica, su potencial petrolero, su atractivo turístico, su gran tamaño (es la 11ª economía más grande del mundo) y su privilegiada situación geográfica hicieron de México la promesa de América Latina. En los foros mundiales, y en los titulares de prensa, el protagonista -y la esperanza- era México, no el otro gigante continental: Brasil. El sarcasmo mil veces repetido era que Brasil es el país del futuro... y lo seguiría siendo. Para siempre.

No más. Ahora, Brasil es la esperanza y México, la desazón. La percepción es que mientras Brasil despega, México está empantanado. El año pasado la economía brasileña creció un 5%, mientras que la mexicana lo hizo un 1%. Brasil es, junto con China e India, uno de los países que menos ha sufrido por la crisis económica mundial. México, en cambio, es uno de los más afectados. En Brasil, el empleo ya ha alcanzado los niveles que existían antes de la crisis. Las cifras financieras también son sorprendentes: este año, los bancos brasileños prestaron el 60% de los créditos otorgados en toda América Latina. La Bolsa ha aumentado un 144%. Brasil antes mendigaba dinero del FMI; hoy, le presta. El magnetismo financiero de Brasil es tal que el Gobierno, buscando frenar el enorme flujo de capitales que está entrando al país, acaba de poner un impuesto a las inversiones extranjeras ("Una sabia medida", editorializó el conservador Financial Times).

Los mexicanos ven estas noticias con nostalgia por los tiempos en que este tipo de noticias se referían a ellos. También ven con envidia cómo Brasil se está convirtiendo en una potencia petrolera mundial, mientras que una combinación suicida de restricciones legales, políticos irresponsables y sindicatos corruptos impiden que México desarrolle su enorme potencial.

Lo más importante es que el progreso de Brasil no es sólo económico. En los últimos años, 20 millones de brasileños han salido de la pobreza extrema y la distribución de los ingresos ha mejorado, aunque continúa situándose entre las peores del mundo. En México también ha habido progreso social y una importante expansión de la clase media. Pero este progreso se ha visto limitado por una economía que crece poco y, más recientemente, por una avalancha de plagas: la narcoviolencia, el virus H1N1 y la caída de exportaciones, remesas, inversiones, turismo y petróleo.

Brasil también ha desplazado a México en influencia internacional: se ha convertido en país indispensable en las negociaciones sobre el medio ambiente, el comercio, las reformas del sistema financiero y hasta la no-proliferación nuclear. Es ilustrativo que, en la crisis de Honduras, Brasil esté teniendo más protagonismo que el vecino México.

Todo lo anterior no quiere decir que Brasil haya superado sus inmensos problemas. Padece tragedias sociales tan graves o peores que las de México. Los criminales brasileños no tienen nada que envidiar a los mexicanos. Además, en las diferencias entre México y Brasil, la suerte, la geografía y la geopolítica también han desempeñado papeles importantes. No es culpa del Gobierno mexicano que el virus H1N1 haya atacado al país y devastado el turismo. O que China sea un extraordinario cliente de las materias primas de Brasil y un terrible competidor de los productos fabricados en México.

Pero la realidad es que, por ahora, Brasil está dejando atrás a México. Las explicaciones son muchas. Pero una, y que para mí es la más importante, es que el progreso de México ha sido secuestrado por sus carteles. Y no me refiero a los carteles de la droga. Me refiero a empresas privadas, sindicatos, agrupaciones políticas, universidades, medios de comunicación y gremios profesionales que limitan la competencia dentro de sus respectivos sectores. México está lleno de carteles, muchos de los cuales gozan de privilegios y vetos que impiden los cambios sin los cuales el país seguirá perdiendo oportunidades. Ojalá que la competencia con Brasil estimule la competencia dentro de México.

Moisés Naím

El descrédito de la política

El sistema de listas cerradas convierte a los parlamentarios en rehenes de los líderes del partido
Callar por miedo implica un tipo de corrupción que el Código no castiga

Uno de los síntomas más preocupantes del estado actual de las democracias es el creciente desprestigio de los políticos, a los que se les considera tan ineptos como corruptos. De poco sirve escudarse en que no todos los políticos son iguales, una obviedad manifiesta, ni advertir de las fatales consecuencias para la estabilidad del orden político establecido, una amenaza que al menos tiene la virtud de mostrar lo hondo que esta opinión ha calado.

Empero, lo más grave de la situación radica en que la clase política esté poco dispuesta y menos capacitada, no ya para enfrentarse, sino ni siquiera para detectar las causas de este desprestigio, cuyas perversas secuelas, por otro lado, a nadie se le ocultan. La mala fama de los políticos, que deteriora ya las instituciones, hunde sus raíces en dos malformaciones propias de las democracias contemporáneas: las competencias del Parlamento en buena parte las ejercen los partidos, y éstos no respetan la democracia interna.

Y de ambas, los ganadores, pero también los perdedores, son los políticos, presos de una aporía de la que no pueden librarse. Su legitimidad proviene de representar al conjunto de los ciudadanos, cuya voluntad soberana expresa el Parlamento; pero, los que deberían actuar según los dictados de su conciencia, según reza la Constitución, poco pueden hacer en este sentido. No sólo los reglamentos regulan el comportamiento de los grupos parlamentarios, sin dejar apenas resquicio para una actuación individual responsable, sino que se trata a los parlamentarios como si hubieran recibido un mandato imperativo que restringe casi por completo su libertad, máxime si en las próximas elecciones pretenden mantenerse en las listas.

El mayor acto de libertad individual que le queda al parlamentario es abandonar el grupo en cuya lista ha sido elegido, una decisión que, no importa cómo la justifique, la opinión pública y los partidos consecuentemente la rechazan por no encajar en el sistema de listas cerradas y bloqueadas, pero sin preguntarse si el principio constitucional de actuar según la propia conciencia no fuese tal vez incompatible con la elección en listas cerradas. Nadie accede al Parlamento por méritos propios -aunque algunos, o muchos, puedan tenerlos-, sino por la voluntad de aquellos que los colocan en la lista en un puesto de salida.

Algunas consecuencias graves, que permanecen en una discreta penumbra, se derivan de este modelo electoral. Una vez que dada la complejidad de las sociedades modernas, el Parlamento no parece el instrumento adecuado para legislar y controlar al Ejecutivo, es perfectamente coherente el que se impida el acceso a los que pretendan responder ante su conciencia. Probablemente, un Parlamento de personas libres,elegidas en virtud de su cualificación y con un apoyo popular individualizado, resultaría ingobernable. Pero ante uno de autómatas, la gente no se libra de la impresión de que se obtendría el mismo resultado, y sobre todo sería más barato, si quedase reducido a las cabezas de grupo, aduciendo cada uno el número de escaños con que cuenta.

Antes de ocupar la secretaría general del partido, en sus muchos años de parlamentario, como la mayor parte de sus colegas, el señor Rodríguez Zapatero no tuvo la menor oportunidad de darse a conocer. Aunque se supone una mayor legitimidad democrática en el representante de la nación que en el que asciende en la jerarquía del partido, únicamente se logra una cierta visibilidad cuando se llega a la cúspide de la organización. La parte más dura, y la decisiva, en la vida de un político se realiza con la mayor opacidad de puertas adentro. Se puede llegar al poder sin haber tenido apenas contacto con el país real y desconociendo por completo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. A veces ni siquiera se guardan las formas, y el jefe nombra directamente a su sucesor, el "dedazo" que dicen los mexicanos, que practicó tanto González con Almunia, como Aznar con Rajoy.

El que el Parlamento ya no sirva de plataforma para seleccionar a los líderes explica que el debate político, salvo en ocasiones excepcionales, se haya trasladado a los medios. Algunos comentaristas, tertulianos o columnistas, son más conocidos e influyentes que la mayor parte de los parlamentarios. Agazapados en sus escaños y callados como muertos ante escándalos de los que todos hablan, menos ellos, terminan por tragar todo lo que les echen ¿Saben de algún político del PP que se haya posicionado ante las noticias escalofriantes que a diario nos proporcionan los periódicos? En conversaciones privadas, y algunos más privilegiados en los medios, todos expresamos una opinión, menos la inmensa mayoría de los políticos, que se han convertido en los únicos ciudadanos a los que parece que no les concierne nada de lo que sucede.

Callar por miedo a los altos costos personales que habría que pagar si se cumpliera con esta obligación implica un tipo de corrupción que el derecho penal no castiga, pero que fomenta el que se expandan otras formas punibles. Una clase política, dispuesta a asumir sin el menor filtro crítico todo lo que dicte la cúpula, ampara la corrupción, al fomentar el marco de silencio que necesita para reproducirse. Cuando se ha renunciado a manifestar lo que se piensa, echando por la borda principios y convicciones, la única compensación es asegurarse un beneficio personal.

Los políticos que tenemos son producto de los dos hechos enunciados: pérdida de la centralidad del Parlamento, desplazado a mero instrumento de ratificación de lo decidido fuera de su órbita, y el que en los partidos la democracia interna haya quedado reducida a mínimos. Los políticos son los ganadores de esta situación, en cuanto muchos, si otras hubieren sido las vías de acceso, no habrían llegado a los cargos que ocupan, pero también son los perdedores, porque una vez instalados perciben en su propia carne hasta qué punto les perjudica cualquier intento de sobresalir o tan sólo mostrar alguna ambición. El Parlamento, lejos de ser la plataforma en la que poner de manifiesto la valía personal, se rige por la consigna de que "el que se mueva, no sale en la foto".

El desprestigio creciente de los políticos tiene su fundamento en un sistema de selección y promoción que no favorece a los mejores, aunque algunos de primera hayan sabido acoplarse a las condiciones impuestas, conscientes de que no se puede navegar contra viento y marea. A éstos les favorecería un cambio en las reglas de juego, pero la más pequeña innovación que promoviese una mayor competitividad interna no parece viable, al oponerse con gran tesón la cúspide de los partidos.

Aunque seguirá creciendo el distanciamiento de la población ante los políticos, mientras la participación no baje de un 50% y se mantenga una polarización visceral entre las sedicentes izquierda y derecha que refuerza la cohesión interna; mientras que la política social, gobierne el que gobierne, descienda a un ritmo tolerable y se perfeccionen los canales por los que transcurre la corrupción, de modo que los escándalos se dosifiquen en el tiempo, y sobre todo sigamos con una Ley Electoral tan injusta como poco apropiada para restablecer el prestigio de los políticos, me temo que los partidos esperarán a que pase el chaparrón y se apacigüen los ánimos, sin emprender nada que pueda disminuir el poder acumulado.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología en excedencia.

¿Qué significa deslegitimar?

No hay deslegitimación de ETA sin legitimación del Estatuto de Gernika; y de su aniversario

Pronto se cumplirán cinco años del discurso de Otegi en Anoeta, y uno del asesinato por ETA del empresario Ignacio Uria, al que seguirían, ya en 2009, los de un policía y dos guardias civiles. El discurso fue el punto de partida para el intento de fin dialogado de ETA impulsado por Zapatero; y los cuatro asesinatos, la prueba de que ETA no tiene intención de renunciar a hacer política armada.

En las últimas semanas se han conocido planes de ETA y de su entorno para poner en marcha una estrategia que conduciría a la reanudación del diálogo en el punto en que quedó interrumpido, hace ahora tres años. Esa estrategia parte de la formación de un polo soberanista encabezado por Batasuna que negociaría con el Gobierno el programa mínimo de ETA: autonomía conjunta de Euskadi y Navarra con reconocimiento del derecho de autodeterminación: la última propuesta de Otegi en Loyola, en otoño de 2006.

Es un planteamiento poco realista. Aralar sacó de aquel fracaso la conclusión de que en el futuro no debería tomarse en consideración ninguna propuesta de ese mundo que no viniera precedida del abandono unilateral e incondicional de la violencia. EA interrumpió sus conversaciones polo-soberanistas con la izquierda abertzale a raíz del asesinato de Uria, Y el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi y eje de todas las iniciativas de unidad nacionalista con programa soberanista, ha condicionado cualquier avance conjunto al abandono de ETA. Con independencia de que lo justifique por la necesidad de "desarmar la razón de Estado", el pronunciamiento es claro: "En anteriores procesos, la desmilitarización ha estado sujeta a que el Estado" reconociera a cambio "determinados elementos políticos". El Estado "no va a dar eso", por lo que tiene que ser ETA quien dé pasos "unilaterales".

En los papeles de ETA incluidos en el auto de Garzón se da por hecho que al Gobierno no le quedará más remedio que negociar políticamente, pronto o tarde. ELA ya no lo cree posible, y ello es el resultado de la política antiterrorista del Gobierno; mejor dicho, de haber mantenido esa política desde la ruptura de la tregua, desoyendo las voces que en algún momento han tratado de convencerle de que flexibilizara su posición para favorecer tal o cual movimiento de Otegi. En la respuesta de Zapatero al discurso de Anoeta ya se decía que política y pistolas eran incompatibles, y que sólo el abandono de las armas abriría paso al diálogo. Pero en la práctica se acabó dando por sobrentendido que ese abandono formaría parte de una negociación con contrapartidas políticas. Lo que ha cambiado es que, no ya los socialistas, sino los soberanistas le dicen a ETA que renuncie unilateralmente, y condicionan a ello su participación en cualquier iniciativa con la izquierda abertzale.

Es posible que en el fondo de su corazón Otegi piense que el tiempo de la lucha armada ha pasado, pero se resiste a decirlo (y a decírselo a ETA). La (según Gara) "propuesta de calado" de Batasuna se limita a hablar de un proceso "sin violencia ni injerencias externas", que es menos de lo que dijo Otegi hace 5 años, con el resultado conocido en cuanto ETA decidió volver a matar. Y los papeles ahora conocidos revelan que se mantiene una "estrategia Político-militar" que reserva a ETA la función de remover obstáculos a la negociación política.

Ante esto, ¿qué tendrían que hacer los nacionalistas? El entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, escribía en 2007 que "en las circunstancias actuales, sólo la acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno son los caminos que nos permiten trabajar por la paz y la libertad en Euskadi". La acción policial (y judicial) ha cumplido su parte, y un efecto de ello es que en las cárceles y otros lugares se haya abierto paso la duda sobre la eficacia de la violencia.

Pero el mensaje del nacionalismo a Otegi y compañía no es decirles que sólo podrán ser legales si se desvinculan de ETA, sino el de proporcionarles argumentos para no dar ese paso. Por ejemplo, sumándose a movilizaciones como la de San Sebastián contra las detenciones con el argumento de que la Ley de Partidos obedece a intereses electoralistas. Arzalluz retomaba ayer este argumento en Gara tras opinar que los detenidos son "patriotas dignos de todo respeto y admiración" cuya intención era "superar la violencia".

En su libro de 2005, Otegi proclamaba que el PNV había acabado dando la razón a ETA en su negativa a aceptar un "Estatuto que dividía al país". Por eso, la deslegitimación que pedía Imaz pasa también por abandonar tópicos de Lizarra como el del "agotamiento del Estatuto" o el de su "incumplimiento" (magnificando divergencias sobre algunas transferencias); y porque dirigentes y ex dirigentes que hace años que no creen en esos tópicos se atrevan a participar en la conmemoración del aniversario del Estatuto de Gernika.

Patxo Unzueta

Europa: ¿museo o laboratorio?

Ésta no es la pregunta que aparece en los referendos en Europa. Pero es la pregunta que los europeos se están tratando de contestar.

¿Serán su cultura y sus tradiciones las principales fuerzas que impulsarán a Europa? ¿O lo será más bien su capacidad para inventar nuevas formas de gobernarse, integrarse entre sí y relacionarse con el resto del mundo? ¿Dependerá la Europa del futuro más de sus museos, orquestas y restaurantes o de sus fábricas, laboratorios y universidades? Ésta es por supuesto una caricatura de los dilemas y posibilidades de Europa. Europa siempre será una potencia cultural y también seguirá teniendo fortalezas científicas, industriales y militares. Pero como toda caricatura, la visión de una Europa museo en contraste con una Europa laboratorio sintetiza dos futuros muy diferentes. La Europa laboratorio no se refiere principalmente a sus capacidades científicas sino a su capacidad para experimentar con nuevas formas de gobierno; con nuevas instituciones, políticas públicas y reglas de conducta.

Sobre esto acaban de votar los irlandeses. La primera vez que se les preguntó - el año pasado- dijeron que no. Ahora dijeron que sí. ¿Pero a que dieron el sí? A que Europa tenga un líder a tiempo completo, en vez de depender, como hasta ahora, de una presidencia que se rota cada seis meses entre los jefes de Estado de los 27 países miembros. El nuevo presidente durara dos años y medio en el cargo y podrá ser reelecto una vez más. Felipe González y Tony Blair son fuertes candidatos a ser los primeros en ocupar este cargo. También votaron a favor de tener un sistema más justo de votaciones para la toma de decisiones colectivas, para que cada país miembro tenga un representante en la Comisión Europea, para mejorar el funcionamiento del Parlamento Europeo, para que haya un represéntate de Europa ante el resto del mundo con un mandato más claro y con mayor autoridad y varios otros cambios por el estilo, todos los cuales le darán algo más de eficiencia y transparencia al funcionamiento de la Unión Europea. Muchos de estos son cambios burocráticos aburridos, complicados de entender -y de explicar-. Por eso es que los opositores irlandeses prefirieron basar su campaña para el referéndum en enfatizar que de votar a favor se estaría apoyando la rebaja del salario mínimo, la legalización del aborto y el envío de militares irlandeses a Afganistán entre otras maldiciones escondidas en el Tratado de Lisboa, el acuerdo que contiene las reformas propuestas. Los votantes no les creyeron y apoyaron abrumadoramente al sí.

Este voto tiene menos que ver con el entusiasmo por los cambios institucionales propuestos que con la convicción que a Irlanda le va mejor cuando se alinea con Europa y que a Europa le va mejor cuando se integra más intensa y eficientemente. Pero el referéndum irlandés no culmina el proceso de adopción del Tratado de Lisboa, ya que aún falta que Polonia lo ratifique y que las tácticas dilatorias del presidente de la República Checa, Václav Klaus, no prosperen. Pero de ser aprobado, Europa tendría un nuevo diseño institucional en 2010. Estas innovaciones no son el equivalente político al descubrimiento de la cura contra el cáncer ni la formula mágica que resolverá los graves problemas estructurales que tiene que enfrentar Europa. Pero será un paso positivo para enfrentar mejor lo que le viene a los europeos. Y lo que les viene no tiene precedentes.

Según las estimaciones del historiador y premio Nobel de Economía Robert Fogel en el año 2000, en Europa vivía el 6% de la población mundial y su economía abarcaba el 20% del total mundial. En China e India vivía el 38% de los habitantes y sus economías representaban el 16% del total. Fogel estima que para el 2040, Europa albergará sólo el 4% de la población mundial y su economía será un minúsculo 5% del total. En cambio, China e India llegarán a tener al 34% de la humanidad y sus economías se habrán expandido hasta alcanzar el 52% de la actividad económica mundial.

Desde esta perspectiva, el garantizar que Europa enfrente de manera unida, eficaz e innovadora sus relaciones con el resto del mundo es un requisito indispensable. Y el menor de sus problemas.

Moisés Naím

Poder público, fines privados

Corrupción: monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad en la decisión, menos obligación de rendir cuentas.

Un aspecto llamativo del caso Gürtel es que personas adultas y con experiencia política se pusieran en manos de una cuadrilla de facinerosos, asumiendo una fuerte dependencia de ellos. Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza de la trama en Valencia, le dijo a Garzón que su organización llevaba "el día a día del partido", montándole "actos casi a diario: mítines, ruedas de prensa, presentaciones...". Si esas actividades, las propias de cualquier partido, las organizaba una entidad externa, ¿qué hacían los dirigentes, asesores y demás personal a sueldo del partido? La dependencia llega al extremo de que el secretario general, Costa, le pida a El Bigotes que interceda ante el presidente Camps para que le meta en su Gobierno; y el propio Camps recurre a esa mediación para que le consiga una foto con Obama.

El político vocacional y altruista pasó a la historia, pero el político profesional clásico, que pone su conocimiento y experiencia al servicio del partido, también se ha pasado de moda: ahora su trabajo consiste en encargar trabajos a otros. Los informes encomendados por el Gobierno catalán a asesores externos, muchos de ellos ligados a los partidos que lo forman, han suscitado una emoción limitada en esa comunidad y apenas ha trascendido fuera de ella. Sin embargo, esa forma de canalizar dinero público hacia bolsillos privados o del partido recuerda al montaje de los informes ficticios de Filesa, que tanto escándalo suscitaron a comienzos de los noventa.

Seguramente, no todos los informes son tan esotéricos como algunos de los que la prensa ha citado desde que se destapó el asunto (y que los miembros del Govern se resisten a hacer públicos, sin duda porque les da vergüenza que se conozcan). En primavera se supo que los había sobre temas como el cultivo de la chufa, el murciélago Nana o la almeja brillante; o uno que respondía a la petición de "argumentos para el fomento del juguete no sexista": alguien estaba a favor de ese tipo de juguetes, pero necesitaba ayuda para saber por qué. Otros que se han conocido este otoño son igual de absurdos, como el destinado a conocer la opinión que los niños tienen de la consejera de Sanidad o la que los columnistas de la prensa catalana tienen de los partidos del tripartito de Montilla.

En 2007, ese Gobierno encargó 2.967 informes externos, con un coste de 32 millones de euros. De una muestra de 300 analizados por una empresa auditora, 49 fueron considerados superfluos: directamente inútiles o que podían haber sido realizados por personal a sueldo del Gobierno. Esos 49 informes costaron 729.000 euros. Extrapolando la cifra en relación con los casi 3.000 encargados sale un coste (o sea, un dispendio) de siete millones de euros.

Una ironía del destino ha querido que uno de los informes, que versaba sobre "buenas prácticas en el sector cultural", fuera encargado (por 11.600 euros) al secretario de la Fundació Orfeó Català, recientemente destituido por el caso Millet: la estafa de guante blanco por un importe de 20 millones de euros, una parte de los cuales fue canalizada hacia una asociación ligada a CiU, a modo de blindaje público de la corrupción particular. Con el añadido de que la entidad saqueada recibió en los últimos diez años fuertes subvenciones del Ministerio de Cultura (25 millones de euros), la Generalitat (6,7 millones) y el Ayuntamiento de Barcelona (4,3 millones).

Cuando la economía iba viento en popa, no había mucha presión para que las instituciones subvencionadas rindieran cuentas de la utilización de los dineros públicos. Está por ver si seguirá siendo así con cuatro millones de parados, y si los escándalos de corrupción tienen repercusiones electorales. Algún sondeo reciente (Público, 12-10-09) indica que el PP sí pierde votos (por la corrupción), pero menos que el PSOE (por la crisis). Esto puede deberse a que a quien gobierna se le considera responsable en alguna medida de no haber impedido la corrupción; pero también a que la irritación que provoca el desempleo masivo favorece el trasvase de votos del partido gobernante al de la oposición, mientras que la corrupción más bien favorece la abstención.

El descrédito de los partidos es otro factor que la crisis ha potenciado. Existe el riesgo de que ese descrédito aliente a su vez el surgimiento de movimientos populistas o antisistema, de insumisión fiscal o de impugnación de la democracia. Hay algún síntoma de esto, pero la propia crisis puede ser una ocasión para que los partidos se reformen internamente, adoptando métodos de funcionamiento más austeros (como la crisis del petróleo de los años setenta sirvió para modificar algunos usos del consumo energético) y comprometiéndose a rendir cuentas del dinero que reciben y administran.

Un experto en la materia propuso hace años esta ecuación para definir la propensión a la corrupción: monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad en la decisión, menos obligación de rendir cuentas. No es casual que la corrupción tienda a florecer en los periodos o territorios en que la oposición está muy debilitada frente a Gobiernos con mayoría absoluta. El poder ciega y el poder absoluto ciega absolutamente.

Patxo Unzueta

Cierre de filas cerradas

Por diferentes motivos -fundadas acusaciones de corrupción en un caso; fundado malestar por la cesarista política anticrisis en el otro-, los dos grandes partidos de ámbito estatal han llamado a los dirigentes de los aparatos central y autonómicos a un cierre de filas en sendos rituales de exaltación del líder supremo. En ambos casos, los líderes han pronunciado el discurso de rigor presentándose como víctimas inocentes de ataques externos y en ambos han encontrado el calor procedente de la reverberación de sus palabras en el aliento de sus leales. En conjunto, un éxito en la exhibición de un mundo satisfecho, autorreferencial, inmune a la crítica externa, pero también mudo, cegadas las fuentes de las que pudiera surgir una voz solicitando explicaciones, aclarando críticamente las cuestiones planteadas. En un sistema de monopolio discursivo sólo habla el líder; los demás no hablan, alaban y dicen amén.

¿Qué pasa, pues, con los partidos políticos? Lejos están los tiempos de aquellos partidos de clase, que planteaban desde la sociedad reivindicaciones al Estado y que veían crecer corrientes debatiendo los programas máximo y mínimo; lejos han quedado también los partidos "recógelo todo" o interclasistas que aparecieron en la transición y que pretendían hablar, como intermediarios entre la sociedad y el Estado, en nombre de una mayoría social. Por un desplazamiento que no es exclusiva ni originariamente español, pero que aquí ha tenido sus propias características, los partidos se han convertido en organizaciones de profesionales -especialmente en marketing electoral- que dependen del Estado para mantenerse y crecer. No les importan ya las "amplias masas" ni el número de afiliados; lo que les importa es la simbiótica relación de la organización de profesionales con el Estado, del que proceden sus recursos y donde encuentran el ámbito de su expansión.

Pero el Estado no es esa especie de gran Leviatán que gravita por encima de la masa amorfa: Estado son las concejalías de los ayuntamientos, los escaños de los parlamentos, los ministerios y consejerías de los gobiernos, sedes del poder político desde las que se contrata a buena parte del personal de las administraciones públicas; donde se asignan obras y servicios, se conceden subvenciones, se crean redes clientelares, se llega al público a través de medios de comunicación de propiedad estatal o autonómica; se controla la administración sanitaria, el sistema educativo; se nombran los miembros de las comisiones nacionales -de la energía, de las comunicaciones, del mercado de valores...- y de altas instituciones: el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial y por derivación los tribunales superiores y el Supremo, por no hablar del Constitucional.

Todo esto, y más que se podría añadir, crea un nuevo tipo de partido en el que se cultiva un nuevo profesional de la política. Si las cosas no van mal, alguien que es hijo o hija de concejal puede sentir la vocación de papá o de mamá, ingresar en el partido y tras un cursus honorum por sus diversos escalones encontrar una recompensa como miembro del Parlamento Europeo, o de la comisión nacional de tal o cual cosa, o del Poder Judicial, o de la televisión autonómica, o del museo nacional. Esa carrera tiene sus servidumbres, entre las que se cuenta ser leal miembro de la organización, no mostrar una personalidad muy definida, no tener demasiadas ideas propias -¡para lo que sirven!-, ser forofo del líder y manifestarlo cada vez que la ocasión se presente y hasta cuando no se presenta.

Como era de cajón, este nuevo tipo de partido y de profesional de la política que hemos visto crecer bajo nuestra mirada ha dejado su impronta y sus efectos sobre el Estado. Funcionarios competentes exiliados a los pasillos mientras medran los leales o contratados; equipos desplazados, informes archivados; jueces con la venda en los ojos para no ver cohechos, activos ni pasivos, donde los detecta hasta el más lerdo en derecho; vocales de altos organismos que se perpetúan en los puestos con desprecio de los límites marcados por la Constitución o por las leyes; comisiones de control que sestean complacientes; instituciones del Estado, en fin, convertidas en campo de batallas entre partidos. Y por debajo, una concepción del Estado como fuente de inagotables recursos.

En su triunfal marcha desde la sociedad al Estado, los partidos políticos se han alejado de la primera, con daño para el segundo: lógico que cuando se elevan voces críticas, sus líderes llamen al cierre de unas filas previamente cerradas.

Santos Juliá