Miserables urbanistas
¿Estamos ante una corrupción urbanística generalizada? Seguramente, desde un punto de vista penal, no. Hay muchos ayuntamientos en los que la recalificación de terrenos no se hace buscando obtener fondos para la financiación extra, e ilegal, de los partidos políticos, ni para el provecho personal del alcalde, de los concejales y de todo tipo de sinvergüenzas añadidos. Pero una cosa es estar convencido de eso y otra, creer que en Mallorca y en Baleares no hay más casos de corrupción urbanística penalmente sancionable que los que ya se han detectado, como pareció anunciar el pasado miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. O bien el fiscal general padece un problema de facundia o sufre una repentina necesidad de congraciarse con todo el mundo, de cara a las fiestas navideñas. Cualquier cosa es posible, menos esperar que los ciudadanos crean que la Fiscalía Anticorrupción ya lo ha investigado todo, en Baleares como en otros lugares de España.
Pase lo que pase con esos graves casos de corrupción urbanística, es posible que lo más importante que ocurre hoy día en España no sea tanto ese tipo de delitos concretos como la extensión de algo que no es un crimen pero que tiene, incluso, consecuencias más desastrosas para el conjunto de la ciudadanía: la notable indecencia intelectual que padece desde hace ya bastantes años el urbanismo y la arquitectura en este país, con el resultado de un territorio cada vez más destrozado e irrecuperable.
Lo incomprensible es que haya prosperado casi sin oposición la feroz idea de los expertos ultraliberales, acogidos en el seno del PP, según los cuales todo el territorio de este país es edificable, salvo pequeñas parcelas perfectamente definidas que deben ser protegidas, bien sea por su valor paisajístico extraordinario o por otras circunstancias igualmente particulares y determinadas. El resto, decían, es un solar potencial. Así se abarataría el suelo y bajaría el precio de la vivienda.
El resultado está a simple vista de los ciudadanos: el suelo y la vivienda son más caros que nunca y, al mismo tiempo, sin beneficio alguno a cambio, el territorio está cada vez más destruido y arrasado. El resultado es Seseña, un páramo de Toledo donde se levantan miles de viviendas y donde, obviamente, no había ninguno de esos escasos bienes legales a los que, según los ultraliberales, cabe proteger. Desde luego, no el paisaje, un secarral de tomo y lomo. Tampoco primorosos cultivos agrícolas, puesto que aquellos fueron unos aburridos campos de cebada. Es posible que en Seseña, como en otras tantas catástrofes urbanísticas que padece España desde hace algunos años, no haya corrupción ni delito. Lo que sí hay es desvergüenza. Un urbanismo desvergonzado que construye donde no hay ni agua ni equipamientos ni, sobre todo, necesidad alguna. El mismo urbanismo descarado e insolente que cree que todo lo que se puede hacer, se debe hacer. El que quiere arrasar parte de Guadarrama o la ladera de los montes de Cee en la Costa de la Muerte, el que ya ha arrasado Los Cristianos, en Tenerife, o la costa valenciana.
El resultado de esa indecente idea es el deterioro de un bien irrecuperable e insustituible que era propiedad de todos nosotros. ¿Qué ha pasado con los alcaldes, urbanistas y arquitectos que en los años 80 advertían contra esa locura? ¿Qué ha sido de aquellos alcaldes y de aquellos especialistas que luchaban por un urbanismo comprometido con la ciudadanía, con una forma de ser de la ciudad y del paisaje? ¿Con aquellos concejales y consejeros de urbanismo que creían en el patrimonio común y en que no era lo mismo dejar que la ciudad creciera por un lado que por otro, de una manera que de otra? La gran mayoría estaba en la izquierda y, lamentablemente, fue la izquierda la que prescindió de ellos. Todos se contaminaron de esa otra visión burocrática, rutinaria y miserable del urbanismo que ahora sufrimos los ciudadanos y que nadie, ni tan siquiera aquellos urbanistas y arquitectos que en otros momentos levantaron la voz, parece hoy querer, ni saber, combatir.
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