Donde acaba el derecho y empieza la ideología

Los jueces son reacios a admitir que los prejuicios a menudo condicionan las sentencias - El sistema de acceso ha favorecido que la judicatura sea mayoritariamente de signo conservador

Al iniciarse este año había en España 4.439 jueces en activo. El 74% tiene menos de 50 años. Es decir, que estudiaron la carrera en democracia y con la Constitución ya vigente, pero a diario imparten justicia de manera muy distinta sobre cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos: desde una demanda por un accidente de tráfico, una reclamación económica de un banco, un desahucio, las medidas derivadas de una separación matrimonial, un conflicto laboral en una empresa o a la hora de condenar o absolver a un acusado, entre otros muchos ejemplos.

La extendida creencia instalada en la ciudadanía de que la resolución de un pleito puede depender en buena parte del juez que a uno le toque en suerte -aunque no menos decisivo resulta el abogado que le defienda- es un hecho que pocos jueces admiten sin reparos. Ninguno duda de que todas las leyes son interpretables, pero son reacios a admitir que eso y no otra cosa es impartir justicia.

Son casos minoritarios, pero existen actuaciones de jueces que amparados en esa discrecionalidad se niegan a aplicarla porque es contraria a sus convicciones personales, como ocurrió con el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita, que ha acabado inhabilitado porque, como él es contrario al matrimonio homosexual, bloqueó una adopción a una pareja de lesbianas.

Algunas de las deliberaciones y votaciones que se producen en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la votación prevista para hoy sobre la ley del aborto, ilustran también esa diferente manera de interpretar la ley, con dos bloques de juristas, conservadores frente a progresistas, que votan en bloque sobre una misma cuestión.

¿Condiciona la ideología a los jueces? "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas", se dice en el artículo 3.1 del Código Civil.

"Si la sociedad piensa que los jueces dictan sentencia movidos por su ideología es que algo estamos haciendo mal entre todos y que no somos capaces de ganarnos la confianza de los ciudadanos", explica Margarita Robles, magistrada en excedencia del Tribunal Supremo y en la actualidad vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.

En su opinión la ley sólo es interpretable, "desde un punto de vista jurídico, que no ideológico". En ese razonamiento coincide Pablo Llarena, magistrado de la Audiencia de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a la que están afiliados una cuarta parte de los jueces de España. "Que se juegue con la ideología de los jueces para establecer un pronóstico de la resolución hace que la ciudadanía pierda la confianza en la justicia", asegura.

Menos equidistante que sus compañeros se expresa el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ramón Sáez. "Lo que hay que preguntarse es porqué en casos similares se dictan sentencias distintas. El derecho es débil y no hay duda de que a la hora de aplicarlo influyen la ideología, los perjuicios y los posicionamientos personales del juez. Hay que asumir sin complejos que tenemos un poder y que al dictar sentencia lo imponemos a las partes".

Sáez, como Robles, pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia, a algunos de cuyos integrantes les han colgado sus compañeros conservadores la etiqueta de practicar, en ocasiones, lo que se denomina el uso alternativo del derecho. Es decir, la desmitificación del carácter científico que tiene la interpretación y aplicación de la ley y la necesidad de apostar por las clases más desfavorecidas.

Son muy pocos los jueces que reconocen abiertamente que interpretan la ley desde su ideología y abundan los que suscriben las tesis de Pablo Llarena, en el sentido de que su función consiste en asegurar "una justicia imparcial, técnicamente formada, equidistante y alejada de la política". Sin embargo, el mismo Llarena reconoce que "la resolución judicial puede variar según el juez que la dicte. Eso no es ninguna perversión, es que es así. Cada juez puede visualizar una realidad en un mismo procedimiento", explica.

"¡Claro que los jueces tenemos ideología, porque somos personas! Pero no somos ni más ni menos conservadores que cualquier colectivo profesional de alto nivel", explica el magistrado Sebastián Moralo, miembro del comité nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda organización judicial de España, con 600 afiliados. "La seguridad jurídica que ofrecemos los jueces es igual o superior a la que pueda tener el dictamen de un ingeniero, de un médico o un abogado, pero con la diferencia de que las sentencias están sometidas a un sistema de revisión de recursos", explica Moralo. Ramón Sáez discrepa abiertamente de esa posición. "Ese modelo del juez técnico, distante, neutral y que sólo aplica una técnica como un fontanero o un médico es una ficción, es el vacío, es la nada. Pasa en todas las jurisdicciones y cuanto más arriba se esté más consolidadas están las certezas y los jueces operamos con más automatismos", asegura.

"Si la carrera judicial en España es mayoritariamente conservadora es porque el actual sistema de oposición facilita esa tendencia y porque los preparadores que buscan esos opositores también son casi siempre conservadores", explica Alejandro Sáinz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y es que no todas las familias pueden mantener a un aspirante a juez, que, tras los años de carrera universitaria, tarda otros cinco años y tres meses de media en superar una oposición.

Con todo, cada vez existe mayor permeabilidad social en la judicatura. Hace 30 años, por ejemplo, sólo eran hijos de obreros el 8% de los alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y únicamente una tercera parte de los estudiantes eran mujeres. Sólo dos de esa minoría de alumnos de clases populares acabaron la carrera.

Ahora las mujeres representan ya más del 47% de los jueces de España, son mayoría entre los 20 y los 40 años y suponen desde hace años más del 60% de cada promoción. Pero sólo representan el 8,11% en el Tribunal Supremo, por ejemplo, porque para llegar hasta allí hacen falta muchos años de experiencia, al margen del aval de las asociaciones judiciales y del Poder Judicial.

La última hornada que ha salido de la Escuela Judicial con sede en Barcelona y que desde hace unos días ya imparte justicia en todos los rincones de España está formada por 127 jueces y sólo 28 son "hijos del cuerpo". Es decir, tienen algún familiar en profesiones jurídicas. Cada vez escasean más los nuevos jueces que representan la tercera o cuarta generación de una de esas sagas de abolengo jurídico que hay en España.

Los nuevos jueces tienen una media de edad de 29 años y el perfil mayoritario de esa promoción, como de las anteriores y seguramente de las próximas, es el de un profesional muy escéptico con el poder político, absolutamente distanciado de cualquier posible injerencia en su función y muy crítico con la actuación de las asociaciones judiciales que les representan. Todos proclaman su "independencia", el vocablo que más les gusta pronunciar cuando aún no visten toga y que tanto repetirán a lo largo su carrera, que finaliza a los 70 años.

"La independencia es lo que es y nada más: que el juez esté libre de presiones al impartir justicia. Pero una cosa es la independencia y otra el condicionamiento ideológico que tienen jueces y fiscales en su trabajo diario", precisa Carlos Jiménez Villarejo, Fiscal Anticorrupción entre 1995 y 2003. "¿Alguien puede negar que los jueces del Tribunal Supremo que han admitido la querella contra Garzón por prevaricación por su actuación en el caso de las fosas de la Guerra Civil no han actuado con una fuerte carga ideológica? ¿Alguien duda que la actuación del Fiscal General del Estado y del Tribunal Supremo reclamando la ilegalización de Iniciativa Internacionalista que después anuló el Tribunal Constitucional no estaba condicionada por los intereses del Gobierno en el asunto?", se pregunta Villarejo. "Y con el poder económico la lista de asuntos es muy larga: desde las cesiones de créditos del Banco de Santander, que ni siquiera llegó a juicio, a las cuentas de los directivos del BBV, que acabaron absueltos. La carrera judicial y fiscal es mayoritariamente condescendiente con quien ostenta cargos, se les tiene un poder reverencial por ser quienes son", dice Villarejo.

Las sentencias a las que se refiere el ex fiscal son una minoría en el conjunto de la actividad judicial en España, pero configuran en la ciudadanía una determinada imagen de la judicatura. "El 95% de los jueces de España no están ideologizados", sentencia Margarita Robles, quien considera que "no hay nada peor que un juez que se abstraiga de la realidad social, que sea capaz de decir que no lee los diarios para no contaminarse".

"La manera de entrar en la judicatura, con casi 10 años de estudio entre la carrera y la oposición, es lo que marca el modelo de juez que hay en España y lo que habría que revisar", explica Carlos Gómez, director de la Escuela Judicial entre junio de 1999 y abril de 2002 y en la actualidad presidente de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Durante ese tiempo vio pasar a casi 600 futuros jueces e intentó aplicar un plan de estudios para que recibieran "una formación adecuada a los tiempos que corren", explica. "Después de tantos años de estudio, los futuros jueces llegan a la Escuela escasamente motivados y con ganas de tocar balón de una vez y de impartir justicia", explica Alejandro Sáinz.

"Pero acaban resignados. Han de pasar de la memoria a la razón. Por lo menos se intentará que aprendan a escribir resoluciones razonadas y con un lenguaje inteligible", añade. Y es que ese modelo de Escuela Judicial que enseña a los futuros jueces conocimientos muy diversos que no están en las leyes ni en los códigos tampoco acaba de ser del agrado de buena parte de la judicatura, hasta el punto de que la mayoría conservadora del anterior Consejo General del Poder Judicial estuvo a punto de desmantelarla.

El fin de un sistema de acceso basado en la memoria

España es uno de los pocos países europeos en el que la oposición de acceso a la judicatura se basa en dos exámenes memorísticos: uno escrito y otro oral. Desde que un estudiante empieza derecho hasta que aprueba la oposición transcurre una media superior a los nueve años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere cambiar ese marco legal aprovechando la reforma universitaria del plan Bolonia de reforma universitaria, que obligará a retocar la ley orgánica.

El borrador que se baraja y que será común a jueces y fiscales pasa por cuatro años de estudios para obtener el grado (la actual licenciatura), al que seguirían dos años de posgrado con un grupo de profesores en el que los jueces y fiscales serían mayoritarios. Esos estudios contarían con becas para facilitar la permeabilización social de los estudiantes.

Tras los estudios de posgrado (lo que ahora es el doctorado) se volverían a evaluar con otro examen, como sucede en Alemania. Después habría de superarse una oposición con menos temas (ahora son 360) en la que bastarían una media de dos años de intenso estudio. La estancia en la Escuela Judicial se mantendría en dos años, pero fomentando los "Erasmus judiciales", tal y como recomienda la Comisión Europea y la Red Europea de Formación Judicial.

"Cualquier propuesta de cambio debería tener el apoyo de los compañeros y las asociaciones antes de que la aprobase el poder legislativo. Yo creo que lo lograremos tras el necesario debate", explica Félix Azón, vocal del Poder Judicial encargado de la reforma y que tras el verano llevará su propuesta a una comisión creada para ese fin. Según Azón, la "reforma es una necesidad urgente y la oposición no puede basarse sólo en un sistema memorístico". En este sentido, recuerda que cada año hay en España menos aspirantes a juez: en 2000 fueron 5.640 y en 2008 se redujeron a 3.548.

Al mismo tiempo, el CGPJ se propone revitalizar el llamado cuarto turno, un sistema de acceso a la judicatura con la categoría de magistrado a juristas con más 10 años de experiencia que hibernó el anterior Consejo. La entrada a la carrera al margen de la oposición pura y dura siempre ha provocado recelos en parte de la judicatura. Son los llamados patas negras, que, con cierto tono despectivo, califican a esos compañeros de turneros.

Pepe Ríos para El País.