El Estado de bienestar va rumbo a la UVI

La crisis y la foto demográfica ponen en tensión las cuentas públicas en España - Se impone un nuevo contrato social

La Gran Recesión tenía que cambiarlo todo: el mercado libre o libertino, el dominio de una casta con mucho más dinero que sentido común, los excesos del capitalismo de casino. Una ola de intervención pública -de más Estado- cuando peor iban las cosas evitó una Gran Depresión. Irónicamente, sus consecuencias devuelven el péndulo cerca de donde estaba: "Una crisis que puso en duda el futuro del capitalismo acabará por poner en duda el futuro del Estado", ironiza desde Washington el sociólogo Norman Birnbaum. Al final, la Gran Recesión va a traer algunos cambios, pero por donde menos se esperaban: la crisis cuestiona las dos o tres grandes ideas que ha aportado Europa en el último medio siglo. Una de ellas es la construcción europea, amenazada por el ascenso de un populismo derechista, por la insolidaridad de Alemania en la tragedia griega, por ese sálvese quien pueda que deja muy tocado el euro. Relacionada con la anterior, la otra idea en crisis es el Estado de bienestar. EE UU lo amplía y en Europa (y particularmente en España) hay presiones para reducirlo. El mundo al revés.

La diferencia entre la felicidad y la miseria, decía Charles Dickens, reside en no gastar sistemáticamente más de lo que uno ingresa. Y eso es lo que sucede ahora. ¿Puede España garantizar su Estado de bienestar tras el derrumbe de un modelo económico antaño burbujeante?

La respuesta arquetípica en economía, y puede que en política, es un melancólico depende. Pero no es aventurado decir que vienen curvas: los ajustes (sin eufemismos: recortes de gasto y subidas de impuestos) son impepinables a corto plazo si como hasta ahora mandan los mercados. Aunque, atención: de ser así se corre el riesgo de truncar de raíz una recuperación que ni siquiera ha comenzado aún. Y a más largo plazo, el debate de nunca acabar de las reformas estructurales deberá traducirse en algo tangible. En plata: más recortes. Una vez más, eso es lo que sucederá si los mercados siguen dictando el guión, y no está claro que los políticos puedan (y ni siquiera que deban) llevarles la contraria: ahí está el caso de Grecia, tan diferente pero también tan amenazador. A corto, a medio y a todos los plazos, eso, en pocas palabras, son malas noticias. Conflictos a la vista.

A mediados del pasado siglo se ponen los cimientos de una forma europea de entender el capitalismo que incluye sanidad y educación universales, y lo que en su momento fue una revolución: las pensiones. Seguridad desde la cuna hasta la muerte. En España eso empieza más tarde, pero se desarrolla con rapidez: "En sólo tres décadas se ha puesto en pie un edificio que aún no es comparable con el Estado de bienestar de los países nórdicos, ni siquiera de los centroeuropeos, pero con unos estándares aceptables", asegura Jesús Fernández-Villaverde, de la Universidad de Pensilvania. "El problema es que, con el tiempo, el Estado -y las autonomías, que no son más que eso mismo: Estado- hace cada vez más cosas porque la riqueza del país se multiplica, la población aumenta y demanda más servicios, la esperanza de vida sube. Y en paralelo, izquierdas y derechas se meten en una carrera de reducción de impuestos con el argumento falaz de que eso se traducirá en más actividad económica y a la postre más recaudación. Hasta que ese edificio se viene abajo con la crisis, que de alguna manera va a obligar a repensar ese contrato social que llamamos Estado de bienestar", asegura el profesor del IESE Alfredo Pastor, ex secretario de Estado de Economía socialista.

Hay varias ideas profundamente equivocadas que contaminan todo este debate. Para empezar, esa historia que oímos constantemente de una economía europea estancada en la que los impuestos elevados y los beneficios sociales generosos han eliminado los incentivos y detenido el crecimiento y la innovación, se parece poco a los hechos. "La lección de Europa es en realidad la opuesta a la que cuentan los conservadores: Europa es un éxito económico; la democracia social funciona", escribía en estas páginas hace tres meses el Nobel Paul Krugman. Los equívocos tienen, además, versiones puramente españolas, basados en prejuicios o incluso en errores intencionados. Hecho: el peso de los funcionarios sobre el total de trabajadores es en España menor que en las economías con las que se compara. Hecho: el peso del gasto público total es inferior; no llega a la media de la OCDE ni en sanidad, ni en pensiones, ni en educación ni en prácticamente nada. Hecho: los impuestos son menores, la presión fiscal es muy inferior a la de los países con cuyos Estados de bienestar quiere compararse el español.

"España quiere ser Suecia y a la vez EE UU: quiere flexibilidad y bajos impuestos, como los estadounidenses, y a la vez un gasto social elevado y un Estado de bienestar impecable, como los suecos. No se puede ir en las dos direcciones: hay que escoger", critica André Sapir, de Bruegel. Y más ahora. Las huellas de la crisis van a ser profundas en términos de paro, empobrecimiento de las clases medias y desigualdad, pero también en lo relativo al déficit y la deuda.

Cuando alguien ha estado al borde de la muerte eso le hace revisar sus prioridades y valores: el capitalismo lo estuvo en algún momento de octubre de 2008, tras la caída de Lehman Brothers; ahora son algunos Estados -y España está en esa lista negra- los que se enfrentan a una situación potencialmente devastadora. Es el momento de repensar algunas cosas. "En España y en otros países mediterráneos los Estados de bienestar son muy ineficientes, y además no mueven suficientes recursos de ricos a pobres", critica Alberto Asesina desde Harvard. "Es necesaria una combinación de reducción del fraude, recortes en el gasto y reformas que no perjudiquen a los más desfavorecidos. Hay muchos grupos sobreprotegidos (desde el improductivo funcionariado a los prejubilados de 50 años) cuyos beneficios deben ser reducidos", afirma donde más duele.

Desde dentro, los economistas consultados abogan por recetas similares, pero no es nada fácil ponerle el cascabel al gato. Un día, 100 destacados economistas proponen una reforma laboral con medidas de flexibilización; al día siguiente salen 700 diciendo prácticamente lo contrario. Esa misma polarización se da en la arena política con la educación, con las pensiones, con el sistema de salud, con todo. La capacidad de consenso pareció acabarse con los Pactos de la Moncloa. Pero al menos hay un cierto acuerdo en los boquetes de ese edificio. Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco, describe algunos: "Es intolerable que el ex director general de una entidad financiera cobre el paro, es inadmisible que las ayudas a la natalidad sean exactamente iguales para un Botín que para alguien sin apenas ingresos, es inaceptable la supresión del impuesto sobre el patrimonio o las enormes rebajas en sucesiones, o la tributación de las Sicav, o en general la cada vez mayor falta de equidad del sistema fiscal, y es imprudente que algunas pensiones no contributivas no se financien vía impuestos, o que nos jubilemos a los 62 años: eso es insostenible porque, al fin y al cabo, como país somos más pobres, bastante más pobres de lo que creíamos. Hay que redefinir el Estado de bienestar, dirigirlo a quien realmente lo necesita".

Luis de Guindos, ex secretario de Estado con el PP, asegura que hay margen para retocar "la inversión pública, los sueldos de los funcionarios (teniendo en cuenta que no son precisamente ellos quienes van a perder el empleo y que algún genio aumentó su sueldo el 3,7% en 2009), hay margen de mejora en la gestión de las autonomías en sanidad y educación, y se pueden tocar aspectos de las pensiones como la ampliación del plazo de cotización. Nos jugamos mucho si eso no se hace y España sigue perdiendo credibilidad fiscal".

En fin: la diana señala a los funcionarios y tal vez a los futuros pensionistas, a la inversión pública y a las subidas de impuestos: "Eso es tan desafortunado y tan triste como necesario", afirma categórico el catedrático de la UPF Guillem López-Casasnovas, uno de los grandes expertos españoles en Hacienda Pública. "De lo contrario hay serios riesgos de tener una crisis fiscal a la griega", abunda. No hay comidas gratis: una economía que ha vivido por encima de sus posibilidades debe purgar sus excesos tarde o temprano. "La clave será repartir las cargas de la crisis: hay que poner sobre la mesa varias píldoras muy duras de tragar. Y hacer que toda la factura recaiga en sindicatos, funcionarios y beneficiarios del gasto social sería inaceptable: hay que subir impuestos a las rentas altas para que el ajuste no penalice mayoritariamente a las clases populares", señala López-Casasnovas.

Y aun así, eso apenas vale para salir del paso, de esa ratonera fiscal en la que ya está metida Grecia. La parte del león del gasto se va en pensiones, sanidad, educación y subsidios de paro, y se iría también en gastos sociales si la dependencia fuera algo más que una ley. A pesar del agujero en las cuentas públicas, el grueso del Estado de bienestar no puede permitirse estar en crisis porque sus prestaciones ya son reducidas. No parece fácil bajarle el sueldo a un país de mileuristas para que la economía gane competitividad, como piden algunos premios Nobel. Y la misma lógica vale para el Estado de bienestar: es tremendamente difícil recortar las pensiones cuando la pensión media es tan baja (775 euros). Ni uno solo de los 15 economistas, sociólogos y políticos o ex políticos consultados para este reportaje cree que haya que rebajar los servicios fundamentales.

"Reducir el gasto en educación sería un desastre: España ya ocupa pésimos puestos en términos de fracaso escolar, paro juvenil o competitividad como para planteárselo", apunta el ex ministro socialista Jordi Sevilla. "Lo mismo ocurre con sanidad y pensiones; por ahí sólo es posible actuar desde las reformas estructurales, desde el pacto y con la seguridad de que los efectos sólo llegarán a largo plazo: reconversión industrial del modelo sanitario (un debate serio sobre el copago, una reforma focalizada a tratar a los enfermos crónicos y a los dependientes), retoques en las pensiones (ampliación selectiva de la edad de jubilación, financiación con impuestos) y evidentemente una reforma laboral", añade Sevilla.

El sociólogo Gregorio Rodríguez Cabrero considera que los recortes, además, pueden ser contraproducentes. "El gasto en educación, sanidad y servicios sociales es una gran fuente de empleo, contribuye a generar demanda, incrementa la productividad: es una inversión social de futuro y aumenta el bienestar del presente. El fetichismo del déficit aboga por la contención del gasto, pero la obsesión por el déficit será una fuente potencial de conflictos sociales", advierte.

En el fondo, tras la supuesta crisis del Estado de bienestar se esconde un jugoso debate ideológico de fenomenales consecuencias para la ciudadanía. A un lado, los mercados, los bancos y una parte de los economistas, advirtiendo del negro futuro de un país con un déficit que supera el 10% del PIB. Al otro, quienes piensan que el debate está excesivamente viciado por la sostenibilidad financiera, por el economicismo, por quienes sostienen que las matemáticas del déficit definen la agenda política por una combinación de cobardía y miopía política.

Vicenç Navarro, de la Pompeu Fabra, es uno de ellos. "Mientras EE UU contrata a miles de funcionarios, aprueba una reforma sanitaria a la europea y sale con ello de la crisis, España decide recortar el 80% la oferta de empleo público, se obsesiona con el déficit, ve como algo inevitable la cura de adelgazamiento del Estado. El problema de España no es la deuda pública, sino el paro. ¡Un 20%, un 40% de paro juvenil! El Gobierno toma la línea opuesta a la que recomiendan organismos tan poco sospechosos de izquierdistas como el FMI: no retirar estímulos hasta que salgamos de esta". "Además", añade, "es urgente una subida de impuestos a las rentas altas que acabe con la falta de progresividad en el sistema fiscal, para gastar ese dinero en empleo público y en estimular la demanda", avisa Navarro, en una tesis que defiende también -con matices- Josep Borrell: "Sistema fiscal y Estado de bienestar están directamente relacionados; es un error reducir una parte y pensar que la otra no se va a ver afectada".

Y aún hay una tercera vía en el debate: quienes afirman que cierta izquierda ha agotado su discurso, ha muerto de éxito. "El Estado de bienestar no está en crisis: lo que está en crisis es la lógica sobre la que fue creado, sobre un modelo de sociedad que ya no existe, con personas que empezaban a trabajar a los 20 años, cotizaban más de 40 y tenían una esperanza de vida de seis meses desde el momento en que empezaban a cobrar una pensión", ataca el ex ministro socialista José María Maravall. "Cincuenta años más tarde, la izquierda está sin ideas y se empeña en mantener el carácter totalmente universal del Estado de bienestar, defiende las rebajas de impuestos, y con ello se dejan como intocables cosas como pensiones no contributivas en el barrio de Salamanca, como grandes banqueros que se van al paro y cobran prestación, como pensionistas multimillonarios que no pagan por las recetas, por poner sólo algunos ejemplos hilarantes. Es el momento de revisar aspectos antidistributivos del Estado de bienestar. Pero no parece que haya coraje para eso".

Moisés Naím, director de Foreign Policy, tercia en la polémica entre más Estado o más mercado, decantada a favor del segundo en los últimos tiempos. "El reto no es Estado o mercado, es combinar ambos: ya se ha visto que no funcionan por separado. No hay recetas simples: el Estado no puede jugar el mismo rol en la sanidad que en las telecomunicaciones, en defensa que en la regulación del sistema financiero. El desafío del Estado de bienestar europeo es responder a los retos que supone la evolución de la demografía, de una economía política de derechos adquiridos que tal vez no se pueden mantener y a la distribución de poder entre generaciones, entre regiones y entre sectores ante las amenazas que deja la crisis".

Hay polémicas que surgen en cuanto se abre ese debate sobre Estado y mercado: el exceso de televisiones en algunas comunidades autónomas; los informes absurdos y costosísimos que encargan las administraciones; los sueldos de los centenares de asesores que pululan alrededor de los Gobiernos central, autónomo y local; ese funcionario a quien todo el mundo conoce que se pasa el día mano sobre mano; la ineficiencia rampante de una parte del sector público, esas cosas. Cientos de conductores de autobús recibieron la baja médica en la última huelga de transportes de una de las grandes capitales españolas. Ejemplos como ese afectan a la calidad del sector público, "pero sobre todo a la moral de la tropa", se queja Josep Oliver, catedrático de la Autónoma de Barcelona. "La crisis nos deja por delante un trabajo titánico: mejorar factores como la competitividad o el absentismo en el funcionariado para redescubrir la función pública. Hay que ganar eficiencia y evitar el fraude, eso es evidente, nadie puede oponerse a eso, y sin embargo ningún partido ha conseguido avances en décadas: no debe ser tan fácil. Además, ese no es el problema: el grueso del dinero no se escapa por la falta de competitividad del sector público, por el segundo canal de una televisión pública, ni siquiera por los centenares de miles de millones de asesores políticos. Eso es meter ruido en el debate para no llegar a ningún sitio. El grueso del dinero se va y se irá en educación, sanidad y pensiones, y eso no va a bajar, no puede bajar, no debe bajar", señala Oliver. "Eso sí, no se puede gastar por sistema más de lo que se ingresa, y hay que gastar mejor para que no parezca que el dinero se desvanece, que desaparece", cierra. La frase de Dickens, felicidad o miseria, es de David Copperfield, personaje de novela convertido hoy en un mago venido a menos. El Estado de bienestar español se enfrenta también a una mutación. Veremos en qué acaba.

Claudi Pérez para El País.