El triunfo de los Reyes

EL progresivo avance de la Navidad abstracta, que poco a poco se va imponiendo mediante la abolición más o menos silenciosa de símbolos religiosos, tropieza en el mito de los Reyes Magos con la última barricada que le separa del triunfo completo. El laicismo en boga ha sustituido la tradicional iluminación urbana por un decorado vagamente panteísta, ha neutralizado o suprimido muchas funciones escolares, ha abolido la iconografía cristiana de los christmas y ha arrinconado los belenes institucionales en beneficio del neutro árbol anglosajón, pero no encuentra el modo de superar la expectativa multitudinaria de esta gran noche de la ilusión infantil sin cometer un crimen contra la inocencia. El auge de Papá Nöel, Santa Claus, el olentzero y demás leyendas de la Nochebuena no ha podido derribar en España la supremacía mágica de Melchor, Gaspar y Baltasar; si acaso mantener una cohabitación razonable mientras la crisis no imponga a las familias la necesidad de escoger una sola oportunidad para la ceremonia fascinante de los regalos y los juguetes. Cuando eso ocurre, el liderazgo de los Reyes se muestra entre nosotros terminante, avasallador y perentorio. Incólume.

Bien es cierto que de todo el relato católico de la Navidad el episodio de la Adoración de los Magos es el de más débil base evangélica -sólo lo menciona Mateo, sin atribuirles la condición de reyes ni especificar el número-, que sus detalles proceden de una posterior tradición semiapócrifa y que el carácter fantástico, mestizo y orientalista del mito le otorga una condición fácil de integrar en el discurso multicultural; sin embargo resulta imposible soslayar de esta celebración su potente simbología religiosa, vinculada de forma inapelable al Nacimiento de Jesús y a un ritual de pleitesía y reconocimiento de su origen divino. La celebración navideña puede encontrar sucedáneos antropológicos más o menos genéricos pero el bucle postrero de la Epifanía consagra el protagonismo esencial del Niño con la fuerza imparable de un homenaje a la infancia.

Es ahí, en el mundo sagrado e intocable de los sueños infantiles y de su evocación melancólica por los adultos, donde reside el secreto de la resistencia victoriosa de esta fiesta quimérica. Nadie se atreve a alterar el derecho de los niños a mantener viva la bellísima leyenda de esta fantasía candorosa, capaz de arrasar la inútil autocensura que la sociedad occidental se impone a sí misma para eliminar de su identidad moral la huella de una de sus más hermosas tradiciones espirituales. No habrá belén, ni estrella, ni pastores, ni ángeles, pero al cabo vienen los Reyes con su cortejo esplendoroso de imaginación y de utopía. Y no hay modo coherente de contar ese relato extraordinario sin la referencia última de un Niño en el que simbolizar el comienzo inocente y liberador de una nueva Historia.

Ignacio Camacho y López de Sagredo es columnista del diario Abc.

Todo el poder para los que se equivocaron

Las agencias de calificación mantienen una gran influencia en los mercados pese a los continuos errores de los últimos años - Sus últimas decisiones han desatado el miedo de los inversores

El magnate Bernard Madoff, el mayor estafador de los últimos años -una categoría realmente difícil de alcanzar en los tiempos que corren-, lucía una sonrisa maléfica en las fotos y una rutilante triple A en la tarjeta de presentación de su entidad financiera. Muchas de las ya mundialmente conocidas como hipotecas basura y sus aledaños tóxicos presumían de esa misma triple A, incluidos algunos de los bonos del quebrado Lehman Brothers, un banco cuya caída detonó algo parecido a una bomba atómica sobre los mercados internacionales. La omnipresente triple A es la máxima nota que conceden las agencias de calificación a los productos financieros -y a la deuda de los Estados más solventes- para que los inversores sepan de qué y de quién fiarse. Si usted tiene entre manos cualquier producto con esa nota, desde un bono alemán hasta la última retorcida innovación de la industria financiera, debería estar tranquilo: la probabilidad de impago es prácticamente nula, según los modelos estadísticos más avanzados que utilizan esas agencias.

En teoría, claro. Porque en los mercados financieros, las matemáticas ya no son lo que eran.

A la vista de lo ocurrido con Madoff, con las subprime y con Lehman, las agencias de rating son el mismísimo demonio, o al menos uno de los grandes diablos de la crisis. No vieron venir nada de lo que se avecinaba. No hicieron bien su trabajo. No advirtieron que la banca estaba vendiendo crecepelo. Incluso puede que contribuyeran a vender humo. Y ahora, justo cuando la economía empieza a reactivarse, amenazan con cortar de cuajo las alas de la recuperación alimentando el miedo en los mercados con los problemas de Grecia, y de retruque meten en el mismo -o parecido- saco a la economía española o a la británica. De la euforia al desaliento: cuando las cosas van bien sufren ataques de optimismo, y cuando van mal castigan sin piedad, agravando de esa manera los ciclos y los problemas de los países afectados. En fin: culpables. Oscar Wilde debía estar pensando en ellas al escribir aquello de "conocen el precio de todo y el valor de nada".

Evidentemente, el veredicto no puede ser tan tajante. No es tan fácil. Nada relativo a esa pseudociencia social conocida como economía puede ser tan sencillo. Pero por ahí van los tiros: algo habrán hecho mal cuando la Unión Europea, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos centrales y casi todo quisque les señalan, si no como culpables, sí como colaboradores necesarios de la crisis. Y cuando hasta las propias agencias asumen que tienen que cambiar algunas cosas.

La traducción literal de Standard & Poor’s es "normal y pobre". Moody’s, en román paladino, significa algo así como "deprimido, de humor variable". Si el nombre hace la cosa (algo dudoso en los países anglosajones: hay alguna gran empresa llamada "Ernesto y Joven"), las agencias de calificación de riesgos están de capa caída. S&P y Moody’s, que copan casi el 80% del negocio, gozaban de una gran reputación en los mercados financieros hasta hace sólo unos años, pero en cada una de las últimas crisis se han ido dejando jirones de credibilidad. Y aun así se han convertido en un contrapoder capaz de desestabilizar empresas, sectores enteros e incluso Gobiernos: pese a sus continuos errores y abusos mantienen una gran influencia sobre los mercados.

La confianza, las promesas son la base de la economía; la piedra filosofal. Y hace ya tiempo que en lo relativo a la confianza las agencias juegan con fuego: "En los años ochenta, le retiraron la máxima nota a Venezuela un día antes de que su Gobierno decidiera suspender el pago de la deuda externa; en la crisis asiática de los noventa mantuvieron los ratings hasta que se desató el huracán, y sólo entonces empezaron a degradar rápidamente las calificaciones de varios países, con un proceder que no hizo sino agravar la situación y contribuir al comportamiento rebaño de los inversores, que retiraron masivamente capitales", ataca Juan Ignacio Crespo, de Thomson Reuters. "Con esos antecedentes, parece increíble que los mercados sigan fiando su salud mental y financiera a las opiniones de las agencias", sostiene.

Las quiebras de Enron y Parmalat acabaron de sembrar de dudas la labor de las agencias: actuaron con una lentitud exasperante, que algunos sólo entendían por el hecho de que eran -y son- las mismas empresas que reciben sus notas las que les pagan por las calificaciones. "Conflicto de interés": así se denomina finamente ese problema mayúsculo. Si un banco (o un Estado) quiere una nota para evaluar la calidad de su deuda, paga religiosamente por esa nota a las agencias. Y a veces paga incluso por labores de asesoría, en un modelo de negocio que recuerda peligrosamente al de las auditoras y consultoras y que saltó por los aires hace unos años, tras la morrocotuda crisis de confianza provocada por Enron.

Los errores con las subprime parecían la puntilla: "Las agencias han desempeñado un papel clave en la crisis", denuncia Amadou N. R. Sy, del FMI, en un trabajo demoledor sobre el sector. Asignaron ratings elevados a los productos estructurados -la también llamada basura hipotecaria-, hasta que la burbuja explotó. Hay indicios de que en algunos casos contribuyeron a definir los modelos matemáticos que permitían a esos complicados productos cosechar las máximas calificaciones de crédito para que pudieran comprarlas los fondos de inversión y de pensiones. Sólo cuando todo reventó iniciaron una "abrupta e inesperada carrera de rebaja en las notas crediticias que multiplicó el miedo, las pérdidas y un rápido drenaje de la liquidez". "Son procíclicas: alimentan las compras en los buenos tiempos y aceleran las pérdidas en los malos tiempos", resume Sy.

Pero hay más. A la crisis subprime (o financiera) le ha seguido una durísima crisis económica (o real), a la que los países desarrollados y los emergentes han respondido a la manera keynesiana: montañas de déficit y deuda pública que, según todos los análisis, han evitado una Gran Depresión. Y ahí vuelven a aparecer problemas con las agencias, que pueden estar castigando a los países que llevan a cabo justamente las políticas que la coyuntura exige. Hace unos días, Dubai anunció que debe posponer el pago de parte de la deuda de Dubai World, un holding controlado por el Gobierno del emirato. Las agencias llegaron tarde y degradaron los rating dubaitíes cuando esa decisión estaba tomada. Pero lo grave es que ahora ven problemas por todas partes: apretaron el gatillo contra Grecia por su pésima situación financiera, y amenazan a otros países con situaciones muy diferentes como España y, en menor media, EE UU y Reino Unido, lo que ha provocado el habitual incendio en los mercados.

"Se están equivocando de la forma habitual", afila el látigo un rotundo Paul de Grauwe, economista de la Universidad de Lovaina. "Tras infravalorar el riesgo de los activos tóxicos que provocaron la crisis financiera, tras fallar de forma estrepitosa, ahora exageran y se pasan al otro extremo con la deuda soberana", añade. "Tampoco esta vez son capaces de ver nada: bajaron las notas de los bonos de Dubai cuando ya era demasiado tarde. Y sobrerreaccionan ahora con la deuda pública de muchos países: Grecia es realmente un problema, pero España no lo es. Quieren que esta vez no les pille el toro y por eso preparan nuevas rebajas, para tapar el hecho de que no se han enterado de nada. Para cubrirse, en suma. Cada vez que llega una crisis, primero no la ven, y luego no hacen más que agravarla: son de gran ayuda para desestabilizar el sistema financiero", remacha.

Vicente Pallardó, del Observatorio de Economía Internacional de la Universidad de Valencia, resume las principales críticas que arrastran las agencias desde hace años. Un póquer peligroso: "Hay un problema manifiesto de incentivos: las mismas empresas que deben ser examinadas les pagan generosamente, con márgenes de hasta el 50%. Y cuanto más negocio hay más comisiones cobran, lo que ha contribuido a propagar innovaciones financieras peligrosas". Dos: hay escasa competencia. Apenas tres agencias (Moody’s, S&P y Fitch) se reparten más del 90% del pastel, "y cuando en un mercado no hay competencia se producen cosas raras". Tres: "Usan la misma escala para los productos financieros más innovadores y para los bonos públicos: no es lo mismo una triple A para la deuda alemana que para una titulización hipotecaria, con lo que se da una señal equívoca a los inversores". Y cuatro: "La propia regulación les da un estatus, una credibilidad, que no se corresponde con los errores de los últimos años". La normativa financiera obliga, por ejemplo, a que los fondos de pensiones inviertan sólo en productos triple A. En su descargo, las agencias aducen que los gestores de esos fondos lo fían todo a sus calificaciones y se ahorran así una parte fundamental de su trabajo: no analizan lo suficiente el riesgo asociado a esos productos y compran activos que acaban provocando incendios en sus cuentas de resultados. Una práctica -la de no mirar con lupa los riesgos, que llevó a la barra libre de excesos-, que es prácticamente la semilla de esta crisis. De casi todas las crisis.

Esas dificultades no son fáciles de resolver. Tanto EE UU como la UE -que en los últimos años optó por que las agencias se autorregularan- estudian ahora nuevas reglas para evitar que se repitan viejos errores. Descartada la hipótesis de los mercados perfectos, arrasada por la crisis, las agencias siguen siendo necesarias para evitar los fallos de "información imperfecta": no son infalibles, pero pueden ser una buena guía para un inversor que sabe poco acerca de lo que circula en los mercados. "Las agencias tienen un gran poder de lobby y se saben imprescindibles. Así que van a mantenerse: pactarán una nueva regulación que a ellas mismas les permita atarse parcialmente de manos sin que el negocio se resienta", afirma Xavier Freixas, de la Pompeu Fabra.

Una de las reformas más perfiladas es separar su labor de asesoría de la de calificación de riesgos, las famosas murallas chinas, a la manera de lo que hicieron consultoras y auditoras tras el escándalo de Enron. "Otra de las posibilidades sería traspasarle el coste del rating al inversor, lo que reduciría los conflictos de interés, aunque eso puede provocar errores en la formación de precios", abunda Gilles Saint-Paul, de la Universidad de Toulouse, para quien al fin y al cabo "tampoco las agencias han jugado un rol tan importante en la crisis". "Las calificaciones hubieran sido correctas si la burbuja inmobiliaria no hubiera explotado, y nadie (ni los mercados ni los bancos ni los Gobiernos) asumía que eso era posible. Así que la crisis no es obra de las agencias. Hubiera sido exactamente igual sin ellas", apunta.

Hay quien no piensa lo mismo. En los últimos años las agencias no han perdido ni uno solo de los numerosos juicios por sus errores, algunos de ellos flagrantes. Se acogen a la sexta enmienda de la Constitución de EE UU, la relativa a la libertad de expresión: un rating es simplemente una opinión. Una opinión sobre la solvencia y la capacidad crediticia de una deuda o un deudor. Nada más. Con ese argumento no hay juez que las condene (aunque por eso mismo algún economista las despacha con desdén como "simples periodistas financieros"). Y aun así, las demandas siguen apareciendo: ahora mismo hay decenas en los juzgados. El fiscal general de Ohio, en nombre de los fondos de pensiones públicos, les reclama millones de dólares por daños y perjuicios, por negligencia y fraude. Varios Estados estudian unirse a esa demanda.

Martin Win, de S&P, se defiende y admite incluso algunos errores: "Entendemos que algunas de las cosas que han pasado son una decepción, pero la nueva normativa va a mejorar la calidad y la transparencia de las calificaciones de deuda y va a reducir los conflictos de interés". A la luz de lo que ha salido de Bruselas y de Washington (meros apuntes para una reforma que se adivina tibia), eso está por ver.

Los expertos solían ser tibios con S&P, Moody’s y compañía. Pero las cosas están cambiando. El economista Daniel Gros considera que son "una forma de expresión más del humor de los mercados". Y ese humor es de lo más caprichoso; volcánico. Antonio Baños, autor de La economía no existe, es más directo: "Los mercados siguen creyendo de forma hipnótica en las matemáticas, en la borrachera de estadísticas de los últimos años. Las agencias les dan eso con modelos bellísimos, elegantes, supuestamente perfectos. Pero hay truco. Han montado un tinglado sensacional en torno al riesgo: lo modelizan, lo granulan, lo empaquetan, pero nunca van a conseguir que el riesgo desaparezca, por mucha triple A que inventen. Es increíble que opine S&P y España suba o baje, como en Eurovisión, por una simple opinión cuyo fundamento es cuando menos dudoso".

Claudi Pérez para El País.

Valor económico de la educación

Hace poco se conocieron sendos informes del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial que coincidían en la pérdida de competitividad de la economía española. Las causas de ello eran múltiples, entre ellas la necesidad de mejorar el modelo educativo. En relación con esta crisis tan profunda que estamos padeciendo se acentúa el valor económico de la educación.

Este valor no es el primero a tener en cuenta. La primera dimensión de la educación es la ciudadana; en una sociedad democrática la educación es una de las fórmulas de ciudadanía, y por tanto es un derecho. Otra dimensión es la social: es un elemento nivelador de primer orden, de igualdad de oportunidades, de integración y de cohesión social. Se dice que la mejor política social a largo plazo es la educación. La tercera dimensión es la económica; en estos momentos, en nuestro país hay nueve millones de estudiantes y más de 800.000 profesores. En coyunturas de recesión se manifiesta la importancia de la educación en su relación con el desempleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro entre los menos formados duplica a la de los universitarios; cuanto más elevado es el nivel educativo, menor es la pérdida de empleo. Quienes sólo lograron cursar primaria tienen una tasa de paro del 25,4%; quienes estudiaron la primera fase de secundaria registran un desempleo del 23,6%; para quienes finalizaron la segunda fase de secundaria el paro se acerca al 17,3%. Los universitarios son quienes menos sufren el desempleo, con un 9,5% de tasa de paro. Y entre los doctores el desempleo es aún menor.

La crisis económica ha tenido como característica singular la de homogeneizar algunos problemas a escala planetaria, pero cuando se salga definitivamente de la recesión cada sociedad se enfrentará a sus propios fantasmas. Los de España son principalmente la falta de competitividad y un porcentaje muy alto y absurdo de desempleo. Para combatirlos es para lo que se necesitan las reformas estructurales, entre ellas la de la educación. El nuevo modelo de crecimiento que se busca no se basa sólo en la educación, pero sin ella tampoco será posible. De ahí que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esté empeñado en un pacto social y político que consiga mejorar, modernizar y estabilizar la educación. Veremos qué capacidad de sacrificios compartidos son capaces de hacer los que han de participar en él, en un puñado de asuntos cruciales que representan la clara inadecuación del sistema educativo.

Entre ellos hay un problema de financiación (aunque ni mucho menos es la única dificultad). Según la oficina estadística de la Comisión Europea, en 2005 el gasto en educación en relación con el PIB en la media de la Unión Europea suponía un 5,03%. España estaba en la cola con un 4,23% y por delante estaban países como Alemania (5,03%), Francia (5,65%), Italia (4,43%), Reino Unido (5,45%), Países Bajos y Finlandia. En 2009, la inversión del conjunto de las administraciones públicas en educación ascenderá a 52.000 millones de euros, es decir, un 4,95% del PIB, prácticamente el doble que en 2001 y tan sólo a poco más de una décima de la UE.

El diagnóstico de la situación lo ha proporcionado el último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Más allá de los siniestros datos sobre el abandono y el fracaso escolar, que tanto se destacan, también hay otros muy representativos. Por ejemplo, el 49% de la población adulta sólo ha acabado la enseñanza obligatoria; el 51% de los españoles de entre 25 y 64 años tiene estudios postobligatorios, lo que supone que por primera vez este colectivo supera a quienes sólo han finalizado los estudios obligatorios; un 29% posee titulación superior y un 22% tiene estudios secundarios no obligatorios. Los titulados de formación profesional de grado superior han llegado al 14%, etcétera.

Habrá que seguir las vicisitudes de este pacto sobre la educación. Será un test central para saber quién asume como retórica y quién como realidad lo que el presidente del Gobierno escribía el pasado lunes en una carta abierta a los maestros: "Nunca antes nuestro porvenir ha dependido tanto de la educación, del conocimiento, de la capacidad creadora e innovadora, que son la base del bienestar y de un nuevo modelo de crecimiento económico".

Joaquín Estefanía

Regalos invisibles

La cantidad de cosas que nos habrán regalado a lo largo de nuestra vida.

Por mil motivos, por mil fiestas, por celebrar mil historias. Juguetes, flores, libros, corbatas, plumas estilográficas, prendas, bolsos...

Pero lo cierto es que los regalos que traen la mayor ilusión son aquellos que no se ven, aquellos que sólo yo sé que son un regalo, en el momento preciso, en el lugar indicado. Una palabra, una sonrisa, una buena noticia, un saber que cuento para alguien...

Tú te nos regalas así. Invisible, pobre, niño, nada. Pero con una fuerza y una grandeza diferentes, que todo lo transforman.

Miguel en Pastoralsj.

No debemos resignarnos a la corrupción

El clientelismo y el deficiente control de la financiación de los partidos son variables que están detrás de los escándalos recientes. Pero también influyen un exceso de leyes innecesarias y la ausencia de otras necesarias

La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.

Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.

Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.

En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.

En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.

Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:

1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...

2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.

3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.

4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.

5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.

7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.

8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.

9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.

10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.

Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.

Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.

¿Una generación sin pensiones?

El sistema público se agota y los privados están en cuestión por la crisis - España avanza hacia el envejecimiento sin una solución en el horizonte para los jubilados

A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación... ¡en 70 años! Si el canciller de hierro levantara la cabeza se quedaría pasmado: ahora vivir más de 70 años, al menos en Europa, es de lo más corriente. La idea de garantizar una renta a las personas mayores, además de generalizarse, se ha complicado sobremanera. Más ahora, cuando el reciente colapso financiero ha golpeado (y muy duro) a los fondos privados de pensiones, la solución que ganaba terreno en los últimos años. El siguiente golpe se lo pueden llevar los sistemas públicos de reparto, como el español: si el paro se enquista, los problemas derivados del envejecimiento de la población estarán aquí en un futuro demasiado próximo. Y todo se viene encima de una generación que ahora soporta las pensiones de sus padres y abuelos, pero que, con los mecanismos actuales, no tienen certeza de acceder a una jubilación digna cuando lleguen a viejos.

En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.

En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.

Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.

"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.

No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.

La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.

"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.

Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.

Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.

Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.

El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.

Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).

El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.

Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.

Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente. El secretario de Estado de la Seguridad Social rebate que esos cambios hayan contribuido a aumentar el número de cotizantes de forma notable. Entre ellos destaca que se han reducido los retiros anticipados, pese a que aún se jubila antes de los 65 años más del 40% de los pensionistas, o que se haya incentivado (con una ganancia del 1% anual en la pensión) alargar de forma voluntaria la edad de jubilación.

El Gobierno cree que el cambio demográfico no pondrá el sistema en déficit hasta 2023 y que, entonces, el fondo de reserva de las pensiones permitiría compensar ese saldo negativo al menos seis años más. La crisis puede trastocar ese cálculo: si el paro, cercano al 18%, tarda años en volver a reducirse y las cotizaciones se mantienen en niveles bajos, el fondo de reserva dejará de crecer y el déficit puede aparecer antes de lo previsto. "No veo ningún problema si la crisis dura menos de cinco años", sentencia Granado. Ése es precisamente el periodo que vaticina ahora mismo el FMI para la economía española.

El secretario de Estado sí asume que serán necesarios cambios profundos, pero evita dar pistas. Sobre la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que revisa precisamente ahora la estrategia de pensiones, recae la responsabilidad de tomar las medidas que garanticen las pensiones de toda una generación.

Alejandro Bolaños para El País.

Justicia climática

En Copenhague se debate la justa distribución de las emisiones futuras de CO2. Países pobres en vías de desarrollo y ricos sostienen criterios distintos. Actuar sin hacer daño puede ser un principio unificador

Las dificultades para llegar a un acuerdo en materia de actuaciones contra el cambio climático tienen su origen en tres propiedades relativamente nuevas de este fenómeno: su carácter antropogénico, su universalidad y la densidad de interacciones que están en juego. Debido a lo primero, ha surgido un nuevo ámbito de deliberación e intervención en lo que antes era una fatalidad sobre la que no había que tomar ninguna decisión. El tiempo y el clima, paradigmas de lo que viene dado, son actualmente unas realidades parcialmente modificables por los seres humanos y, por tanto, sólo ahora objeto de controversia. El clima ha experimentado un cambio de naturaleza y apreciación similar a otras realidades como la salud, la intimidad o las desigualdades: han pasado de ser hechos inevitables a constituirse en variables dependientes y, por tanto, en un asunto de ciudadanía democrática como cualquier otro. El tiempo era antes, podríamos decir, un tema insípido para las conversaciones de ascensor y ahora se ha convertido en objeto de debates apasionados.

La segunda característica de este nuevo problema es su universalidad, es decir, el hecho de que afecte a todos indistintamente, que no haya espacios protegidos del cambio climático ni estrategias territoriales para limitar su alcance. Aunque también es cierto que no afecta exactamente de la misma manera a quienes viven en un espacio u otro, a ricos y a pobres, o a países cuyo nivel de desarrollo puede o no permitirse determinadas autolimitaciones. Si la afectación universal es un motivo para ponerse de acuerdo, la desigualdad en la afectación es la causa de que haya distintos intereses que dificultan el acuerdo.

La tercera fuente de complejidad procede de la red global de interdependencias ante la que nos encontramos. No se trata tanto de la cantidad de autores que intervienen como de la complejidad de los criterios de justicia que se hacen valer en las negociaciones. Este tipo de acuerdos pone a prueba la capacidad de la humanidad para llegar a un compromiso en el que se equilibren intereses contrapuestos y distintas pretensiones de justicia. Y es que los daños no están geográficamente distribuidos con criterios de igualdad, no es un asunto neutral, sino que hay quien pierde más que otros. De ahí que el cambio climático se haya convertido en parte de la esfera política.

En las negociaciones para los acuerdos sobre cambio climático no se discute propiamente sobre el clima, pues nadie cuestiona la necesidad de un acuerdo de intervención para frenar el cambio climático. Los Estados parecen entenderse sobre el principio de una acción determinada contra el calentamiento del planeta, pero siguen profundamente divididos en cuanto al reparto de los esfuerzos entre los países avanzados y los países en vías de desarrollo. Lo que es objeto de controversia son los criterios de justicia a partir de los cuales se han de tomar las decisiones correspondientes, quién, cómo y cuándo carga con qué peso en favor de la protección del medio ambiente, algo que no tiene tanto que ver con el agua, el aire y los árboles como con el empleo y el bienestar. Los países menos desarrollados no entienden por qué deben asumir los costes del desarrollo irresponsable de las naciones industriales. Los países de Asia o del antiguo bloque soviético no quieren amenazar su proceso de recuperación económica, mientras que las economías más avanzadas se resisten a ser quienes paguen por el resto del mundo. Y los más desarrollados creen que serían injustamente afectados por las restricciones. Los intereses contrapuestos apenas permiten avanzar en los compromisos.

La convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático ha sido construida sobre la base de un principio de responsabilidad común pero diferenciada según las circunstancias de cada país (artículo 4). Esta disposición ha supuesto de hecho una coartada para la falta de compromiso de reducción por parte de los países en vías de desarrollo y emergentes, posición que ha sido confirmada en el Protocolo de Kyoto. Estados emergentes como China -y más aún India- no han mostrado hasta ahora ninguna disposición a renunciar a las ventajas que de este modo se les conceden, incluso aunque un compromiso de este tipo no debería efectuarse antes de un plazo de 10 o 20 años. Al mismo tiempo, han suspendido cualquier iniciativa en esta dirección condicionándola a que los países industrializados -y especialmente Estados Unidos- demuestren que van a realizar esfuerzos sustanciales para disminuir las emisiones.

Los países en vías de desarrollo han desarrollado dos líneas de argumentación a este respecto. La primera concierne a la "responsabilidad histórica" por el carbono que han emitido hasta ahora las economías desarrolladas. Estos países avanzados han agotado una gran parte de la capacidad de la atmósfera para absorber el carbono y deberían compensar a los países en vías de desarrollo por esta "expropiación". El argumento es serio pero cabría plantearle ciertas objeciones. Los países ricos no han actuado con conocimiento de causa; se han desarrollado con la convicción -hasta hace poco casi universal- de que la atmósfera era un recurso infinito. Además, los "expropiadores" están muertos y enterrados. Sus descendientes, aunque pudieran ser identificados, no deberían ser considerados como responsables de actos que no han cometido. Estas objeciones no anulan del todo el argumento de la "responsabilidad histórica" ya que las economías desarrolladas se benefician enormemente de su industrialización pasada.

La segunda línea de argumentación de los países en vías de desarrollo concierne a la justa distribución de las emisiones futuras de carbono. Supongamos que las emisiones globales sean controladas gracias a los permisos de emisión. Los países en vías de desarrollo consideran que esos permisos deberían ser distribuidos sobre la base de la población o de la renta per cápita. Si se toma como criterio la población, el razonamiento es de orden jurídico: cada ser humano tiene el mismo derecho a utilizar el carbono global. Sobre la base de la renta per cápita, el argumento es igualitarista: los permisos deberían concederse a los más pobres para que alcancen el nivel de los otros. Estos dos principios implican que tales permisos deben ser concedidos a las economías en vías de desarrollo, ya sea porque ellas representan la mayor parte de la población mundial, o bien porque representan a la mayor parte de los pobres del mundo. El problema es que estos principios mencionados no son generalmente reconocidos en las relaciones internacionales. Si no existe, por ejemplo, acuerdo alguno sobre el principio de reparto de los recursos naturales, ¿por qué va a haberlo en lo que se refiere a la atmósfera?

Para salir de este laberinto el economista Vijay Joshi proponía aplicar en este asunto un principio que es ampliamente aceptado como condición mínima de imparcialidad: actuar sin hacer daño. En el contexto del cambio climático, la aplicación de este principio equivaldría a permitir que los países en vías de desarrollo reduzcan sus esfuerzos hasta que hayan eliminado la miseria. Se trataría de consentir que mantengan su actual ritmo de crecimiento durante algún tiempo (más amplio para África que para China, por ejemplo), tras el cual la concesión de esos permisos sería progresivamente reducida. Para acelerar el movimiento de convergencia se podría favorecer la transferencia de ciertas tecnologías a los países menos desarrollados de manera que éstos puedan reducir el coste de sus esfuerzos.

Las negociaciones sobre el cambio climático son tan importantes que nadie se puede permitir el lujo de instalarse en las propias posiciones. Para el éxito de las negociaciones son clave las cuestiones de adaptación, si es que se quiere incluir en los acuerdos a países como China, India o Brasil, ya que ellos representarán en un futuro próximo una gran parte de las emisiones mundiales. Y para ello es esencial realizar el reparto en un espíritu de justicia. Por supuesto que las concepciones de la justicia son tan diversas y controvertidas como los intereses. Precisamente por eso la habilidad política es insustituible a la hora de construir un compromiso entre las diferentes partes.

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía en la Universidad de Zaragoza.

La identidad nacional prende fuego

La mezcla de inmigración, globalización y recesión constituye un desafío inédito en Europa - La defensa política de la patria puede producir nuevas divisiones

Mientras España espera la fundamental sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, al otro lado de los Pirineos, en Francia, arde desde hace un mes un profundo y ambiguo debate público alrededor de la identidad nacional francesa impulsado por el Gobierno de Nicolas Sarkozy. Un poco más allá, Suiza decidió el 29 de noviembre en un referéndum prohibir la construcción de minaretes. En Italia, miembros de la coalición gubernamental proponen incluir en la bandera nacional el crucifijo, cuya presencia en sus aulas y en las españolas es causa de otra agria polémica.

El párrafo anterior podría ser más largo. Naturalmente, las mencionadas son historias con características muy diferentes. Pero todas ellas y varias otras apuntan a un fenómeno compartido, inquietante y actual. En el corazón de la próspera y pacífica Europa, la cuestión de las identidades nacionales y del fracaso en la integración de minorías -étnicas, religiosas o lingüísticas- provoca nuevos temblores. Nuevos, porque las dificultades históricas se ven agudizadas hoy por una original mezcla de factores: el malestar por la crisis económica y el desconcierto por la globalización, junto con altas tasas de inmigrantes y reivindicaciones autonomistas tradicionales, crean un inédito y explosivo cóctel.

Frente a semejante combinación, que difumina, quiebra o rediseña identidades y equilibrios establecidos, la política a menudo calla o balbucea. Las pocas veces que habla claro, su soplo sobre las llamas es ambiguo: ¿las apaga o las aviva?

Ésta es la pregunta que enciende el debate galo, con el que el Gobierno de París pretende definir qué es ser francés hoy, y que ayer llegó a la Asamblea Nacional. Concentrarse en quiénes somos "nosotros" destaca inmediatamente el concepto de "ellos". ¿Es peligroso eso? ¿Es necesario asumir ese riesgo para mejorar los procesos de integración? Se trata de una cuestión que trasciende las fronteras francesas y ofrece una lección política universal.

"La premisa necesaria es que, más allá de cualquier iniciativa gubernamental, este debate subyace ya a nuestras sociedades. Hay en ellas un claro temor, no digo a perder, pero sin duda a que se transformen las identidades nacionales", argumenta Anthony Smith, profesor emérito de la London School of Economics y referente internacional en materia de estudios sobre nacionalismos. "La coincidencia de grandes flujos migratorios de personas que no manifiestan deseo de integrarse y tiempos de grave crisis económica fomenta ese temor", dice Smith, en conversación telefónica desde Londres. Recesiones y depresiones son incubadoras de virus sociales preocupantes.

"Dada esa premisa, el intento de definir la identidad nacional a través de un debate público impulsado por un Gobierno es sin duda una operación delicadísima y en cierto sentido peligrosa", prosigue el profesor. "Por un lado, creo que no podrá sacar ninguna conclusión firme y certera. Por el otro, podría ampliar distancias entre grupos. Pero yo rechazo el chantaje moral según el cual una iniciativa como esa es sinónimo de ambición nacionalista camuflada, o de anhelo de exclusión disfrazado. Es legítimo intentar definir quiénes somos, cuál es nuestro pasado y cuáles son nuestros valores admirables, y pensar que esto sea útil para fundar un futuro mejor", concluye Smith.

"La definición de la identidad es naturalmente un proceso de exclusión", da por descontado Giovanni Sartori, politólogo y Premio Príncipe de Asturias, desde Italia. "Sin embargo, la identidad nacional es un elemento irrenunciable, y dejar que se pierda sería un grave error. Las sociedades no pueden funcionar sin tejidos conectivos claros y sólidos. Sin ella, los ciudadanos, las personas, tenderíamos a ser átomos desligados, dando un paso atrás en una dimensión fundamental de nuestras vidas". Unus homo, nullus homo, se decía en la Roma antigua. Un hombre solo no es un hombre. Una sociedad atomizada es una colectividad ineficiente y triste.

"Desafortunadamente, las democracias occidentales han quedado reducidas a la espera: afrontan los problemas cuando ya han estallado entre sus manos", prosigue Sartori. "Ahora, si queremos resolver la cuestión de la integración de comunidades aisladas en el seno de nuestras sociedades, no hay otra alternativa que reflexionar sobre cuáles son los valores ético-políticos sobre los que queremos cimentar esa integración".

Nicolas Sarkozy está convencido de ello y argumentó ayer sus motivos en un artículo publicado por el diario Le Monde.

"En lugar de vilipendiar a los suizos porque su respuesta [en el referéndum sobre minaretes] no nos gusta, deberíamos interrogarnos sobre lo que ella indica", escribió el presidente. "Los pueblos de Europa son acogedores y tolerantes, pero no quieren que su marco de vida y forma de pensar sean desnaturalizados. La sensación de pérdida de la identidad puede ser causa de sufrimiento. La mundialización contribuye a avivar ese sentimiento. Ésta quiebra la identidad y crea una necesitad de anclaje. A ese deseo de pertenencia se puede responder con la tribu o con la nación. La identidad nacional es el antídoto al tribalismo y al comunitarismo. Tenemos que hablar de esa amenaza que muchos creen que acecha nuestras identidades, para evitar que, por renegarla, termine alimentando un terrible rencor".

Se trata sin duda de una cuestión de esta época. El historiador español Juan Pablo Fusi cristaliza su trascendencia con una idea esclarecedora: "Los Estados-nación en los que vivimos han sido un instrumento excelente para resolver la cuestión de los derechos y libertades de los individuos, de su igualdad ante la ley. Pero la cuestión de los derechos de los colectivos, de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas queda irresuelta. Éste es un tema ineludible, que debe estudiarse. Un tema de filosofía moral. Cuando entra en ello la política, por supuesto despierta preocupación. Pero sólo podemos apelar a un debate riguroso, marcado por la prudencia cívica", explica Fusi, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Con distintos matices, por tanto, los tres intelectuales consultados alertan de los peligros de la irrupción de la política en materia de identidad nacional en tiempos de crisis económica, pero conceden su legitimidad moral y hasta utilidad social. Hay otros, sin embargo, que aborrecen esa irrupción. Es interesante recuperar dos intervenciones provocadas por el debate francés, que resumen bien posiciones comunes y que tienen una vez más un valor que supera las fronteras francesas.

La primera es de Michel Serres, miembro de la Academia de Francia, quien ha titulado lacónicamente Error un comentario suyo al asunto publicado en el diario Libération. "Confundir identidad y pertenencia es un error de lógica. O uno dice A es A, yo soy yo, y entonces hablamos de identidad; o uno dice A pertenece a un determinado grupo, y entonces hablamos de pertenencia. Este error lleva a decir tonterías. Y, además, a un crimen político: el racismo. Decir de alguien que es negro, judío, etcétera, es una frase racista porque confunde la pertenencia con la identidad. Reducir alguien a una sola de sus pertenencias puede condenarle a la persecución. ¿Entonces quién soy yo? Yo soy yo. Yo soy la suma de todas mis pertenencias, incluidas aquellas que no conoceré hasta mi muerte, porque todo progreso consiste en entrar en un nuevo grupo. Identidad nacional: error y delito".

Serres plasma a través de la reflexión lexical el gran temor de fondo. Que la definición de la identidad nacional, por muy incluyente y bienintencionada que sea, cristalice en una división irrecuperable entre el "nosotros" y el "ellos"; que deslice la idea de que "ellos" -léase los inmigrantes- constituyen un factor de "corrupción" de valores previos. Que plante la semilla para futuros actos criminales.

Anthony Smith admite esos riesgos, pero rechaza que sean inevitables y observa que pese a lo inflamable de los tiempos, de momento los impulsos nacionalistas o discriminatorios han sido bastante limitados y puntuales en Europa. Cabe recordar, además del referéndum suizo, las protestas en Reino Unido contra la asignación de empleos a trabajadores extranjeros y ciertas equívocas políticas sobre inmigración clandestina y control de la minoría gitana en Italia.

Montserrat Guibernau, profesora del Queen Mary College de la Universidad de Londres, incide en que "definirse a uno mismo no significa distanciarse, ni mucho menos faltar de respeto a la diversidad". Guibernau, experta en la materia, cree que la búsqueda de un denominador común puede resultar un proceso aglutinador.

Hay, finalmente, quienes rechazan el debate en otro plano de reflexión. La posición expresada por el filósofo Bernard-Henry Levy representa bien ese orden de pensamiento.

"La paradoja es fenomenal. Por un lado, se nos habla de una identidad francesa en peligro.

Al mismo tiempo, mientras esta gente divierte a la galería con su debate lamentable, hay una identidad que está de verdad en peligro: la europea. Hay que elegir. Si consentimos la diversión nacionalista, renunciamos a ese nuevo sujeto político que es la construcción europea. No se pueden hacer ambas cosas a la vez. Lanzar el inútil debate sobre una identidad que todos sabemos que no va peor hoy que hace 10, 20 o 30 años; y alimentar, impulsar el otro debate, que sí es vital y que vierte sobre una Europa que sabe cada vez menos lo que es. No hay aquí 36 maneras de encarar el futuro: hay dos, y se excluyen la una a la otra. La nostalgia de un nacionalismo basado en el oficio de las retóricas populistas y rancias, o la audacia de una Europa de futuro: ésa es la elección".

"Si te miras bien, verás que te pareces a aquella enferma que no puede hallar descanso en la cama, que con sus vueltas intenta calmar el dolor". La metáfora parece dirigida a la Europa actual. Pero su autor es Dante Alighieri, que así se dirigió a Florencia en el sexto canto del Purgatorio para liquidar en tres versos la frenética pero miope actividad política de su ciudad en el siglo XIII, incapaz de componer intereses o acortar distancias entre las facciones y bandos que la desintegraban.

¿Qué es el debate sobre identidad nacional? ¿Una cura o un espasmo más del enfermo?

Andrea Ricci para El País.