La pobreza de hoy tiene un rostro joven

El perfil del nuevo pobre se aleja del anciano y dibuja a un trabajador precario con niños pequeños - El reto es doble: crear empleo y fortalecer una red social que impida heredar la exclusión

Casi 80 millones de personas son pobres en Europa, una inmensa legión que no se debe a estos dos años de crisis y que tampoco ha podido combatir una década de bonanza económica. La pobreza va cambiando su aspecto, del rostro envejecido que ha mostrado siempre, engordado a base de magras pensiones de jubilación, ha pasado a perder arrugas y ahora son millones los hogares de gente joven que corren el riesgo de caer en el pozo de la miseria. Y encima, la penuria se hereda, como muy bien perciben los ciudadanos europeos: un 25% piensa que criarse en una familia sin recursos perpetuará esa suerte. Y así es, en muchos casos, porque se cerrarán las puertas a la formación y será difícil sobreponerse a un entorno social de cierta marginación.

"La educación, que hasta ahora había ayudado a moderar las desigualdades sociales, es ahora un terreno donde se generan", dice el irlandés Fintan Farrell, director de la European Anti-Poverty Network (EAPN), una red de organizaciones que luchan contra la pobreza. Farrell, de visita en Madrid para participar en las conferencias que abren el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, advierte que este fenómeno no es de hoy, sino que tuvo su origen en políticas ultraliberales, como las de Reagan (EE UU) y Thatcher (Reino Unido), que "generaron unos niveles de desigualdad que no hubo forma de reconducir en los años siguientes".

Los problemas que la EAPN está detectando en Europa son los clásicos: de acceso directo a comida diaria, a la vivienda, a la formación académica. Los universitarios, dice Farrell, están rejuveneciendo el rostro de la pobreza.

Y la crisis poco tiene que ver con este panorama, por ahora, pero dejará una nueva oleada de exclusión en unos años, si no se vira el timón. Porque poner diques para contener el desempleo, que es la medida en la que se emplean los responsables políticos, no es la única solución. "La crisis sólo ha mostrado las vergüenzas. España está seis puntos por debajo de la media europea en inversión social y la pobreza relativa alcanza al 19% de la población. Eso no se ha mejorado en nada la pasada década, los años de mayor crecimiento económico", afirma Carlos Susías, responsable en España de la organización europea que preside Farrell, la EAPN. En ella se agrupan organizaciones tan influyentes como la Cruz Roja, Cáritas, el Secretariado Gitano, Cocemfe, hasta 14 estatales. "El empleo no podrá por sí solo mejorar esta situación", prosigue Susías, "porque no basta con tener un trabajo si este no es de calidad, si es precario", si uno recibe el finiquito cuando se tienen dos hijos y una hipoteca por pagar. "Ya antes de la crisis había un 11% de trabajadores pobres en España, un 8% como media en Europa". Ahí arranca ese vergonzoso dato del 24% de pobreza infantil, la que está afectando a los menores de 16 años.

Los consultados coinciden en que este dramático fenómeno que va de la pobreza a la exclusión social es tan estructural en Europa como en otros continentes menos favorecidos, porque la causa está en el modelo: "La cohesión social no resulta del crecimiento económico, sino que es por sí misma la que tiene capacidad de generar ese crecimiento", resume Susías. Y reclama acciones inmediatas para evitar que esa situación de miseria se herede de padres a hijos. "No hay que crecer para distribuir, eso ya lo hemos hecho y no ha funcionado, sino cambiar la forma de crecimiento económico". A su modo de ver, la protección social no puede basarse en parches económicos que capeen el temporal sino en solventes sistemas de protección social. Y el español no es de los mejores.

Alguien está en situación de pobreza relativa cuando su renta está por debajo del 60% de la mediana de las rentas del país de que se trate. Y así extrae Eurostat ese dato del 19% español, tres puntos por encima de la media europea. "Pero hay que añadir que un 7% de esos españoles está bajo la pobreza extrema", dice José Manuel Caballol, director general de la Fundación RAIS, Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral. La pobreza extrema es una situación combustible que prenderá a poco que se arrime a esa mecha un factor de exclusión, drogas, la ruptura de una relación. Y ese es un viaje del que no siempre se vuelve.

Benito Artal nació en una familia de pastores en Teruel. Cuando acabó el servicio militar se puso a trabajar en la Tudor, "la de las pilas". Pero aquello duró hasta que "circunstancias de la vida" le llevaron a la cárcel. Y no por un delito menor, precisamente: pagó 20 años de prisión. Entró en 1978 y cuando salió no le esperaba más que la calle. Buscó trabajo en la construcción, pero todos sabían que había estado entre rejas. Tiene un hermano del que no quiere saber nada (o quizá al revés) y hubo una novia que desapareció mientras él estaba encerrado. Hoy ha ido a comer al Albergue Municipal de Zaragoza y quizá aparezca de nuevo para dormir, pero eso no es más que una posibilidad. En su caso es difícil determinar si fue la pobreza la que le llevó a la exclusión o la exclusión social la que le dejó en la calle para siempre. La trabajadora social que lleva su caso lamenta una circunstancia que estos días está en el candelero: el empadronamiento. Para que Benito Artal cobre un subsidio social necesita un año de empadronamiento, pero eso ya será imposible porque en 2010 cumple 65 años y pierde el derecho a esa prestación. Le queda entonces la pensión no contributiva, pero las condiciones son aún más restrictivas para eso: se precisa una decena de años empadronado en algún sitio y dos años más consecutivos empadronado antes de cobrar. "¿Cómo cumplimos ese requisito administrativo?", se rebela la trabajadora social. Las leyes que son básicas para el común de las personas se vuelven kafkianas con los excluidos.

Así que Benito, con las piernas débiles, "como si estuviera borracho", pasea las calles de Zaragoza en un ir y venir sin mucho rumbo. No pide, pero le dan y se lo gasta en algún bocadillo, unas cervezas...

¿Qué es la exclusión social? "No se trata sólo de tener un mejor nivel económico porque hay pobres que tienen buenas relaciones sociales, que le ven sentido a la vida, pero los hay que tienen un trabajo para el que se levantan por la mañana como autómatas y vuelven a la pensión de mala muerte después de un par de cervezas en soledad", dice José Manuel Caballol, de RAIS. "Pero si no estuviéramos convencidos de que se puede salir de la exclusión no estaríamos aquí, trabajando en ello cada día", señala animoso.

Muchas organizaciones están en la calle con estas personas que Caballol no quiere llamar indigentes, porque lo ve peyorativo, ni mendigos, "porque la mayoría no lo son". Trabajan con ellos, les proporcionan alojamiento, comida, y les enseñan a pescar, porque es la única forma de salir de la espiral miserable.

La crisis sí ha golpeado, sin embargo, a aquellas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad social y a otras muchas las colocará en ese escalón de precariedad.

El inmigrante es uno de los nuevos perfiles de personas con problemas de pobreza. El desempleo entre los extranjeros es feroz y a muchos puede vérseles en la cola de los comedores sociales. Los africanos son los más afectados entre ellos, como señala el informe anual de vulnerabilidad social de la Cruz Roja. No hay un solo perfil para estas personas en riesgo: afecta a las mujeres mayores de 65 (peores pensiones), a los hombres entre 25 y 49; y más a las personas solteras que a las casadas. Tener hijos acrecienta el riesgo y ellos tienen más que la media: 1,8 frente a 1,3. Todos estos datos los extrae Cruz Roja de una inmensa muestra de 189.186 personas atendidas en 2007. Pero en su boletín de julio de 2009 hay información reciente a partir de encuestas a casi 23.000 personas atendidas. El 56% opina que la crisis ha influido en su situación económica mientras que al 37% no le ha afectado. El empleo y la vivienda se señalan como los dos grandes problemas que se han agravado con la recesión económica. La precariedad en el empleo ha afectado a más de uno de cada cuatro, que ha cambiado de trabajo en el último año. Toda esto ha revuelto la vida de aquellos que ya estaban expuestos a un alto nivel de riesgo en 2008, dice el informe de Cruz Roja. El 91% declara haber tenido problemas familiares, peleas por temas de dinero, y el 80% manifiesta angustia permanente u ocasional. El lenguaje con el que se redactan los resultados de las encuestas puede ser aburrido y frío, pero en esos datos está la mecha que enciende la exclusión social.

Estos problemas, con todo, no son propios ni exclusivos de España. La estrategia de Lisboa no ha surtido el efecto deseado en una década y ahora hay planes para 2020. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó la conferencia de hoy, que reunirá a expertos con motivo del año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Jiménez reconoció problemas comunes a los europeos y fijó los objetivos para este año: visualizar el problema y acercarlo a la agenda política, propiciar la coordinación entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales para contribuir a incrementar la cohesión social. Y renovar los compromisos europeos y nacionales. El comisario europeo de Asuntos Sociales, el checo Vladimir Spidla, admitió que Europa no tiene gran poder sobre los Estados miembros para imponer políticas pero quiso hacer hincapié en las recomendaciones que alumbrarán futuras reuniones, como el impulso de empleo de calidad o la lucha contra la transmisión de la pobreza como una herencia ineludible. Spidla recordó que "trabajar en los sistemas educativos y en capital humano es más importante que las infraestructuras", a pesar de que muchos planes económicos emprendidos por los Gobiernos para espantar la crisis han apoyado esta última vía del empleo temporal.

Mientras los políticos se reúnen otra vez para sacar adelante nuevas estrategias de inclusión social, para ahuyentar el fantasma de la pobreza en una Europa que ha hecho gala tradicionalmente de una buena protección social, unas 30.000 personas no tienen hogar en España, el eslabón más débil de esta cadena. "La crisis no ha agudizado en nada la situación de esta gente, porque el que nada tiene, nada pierde...", dice Gustavo García Herrero, responsable desde hace más de 13 años del Albergue Municipal de Zaragoza. Su amplia experiencia y los datos recogidos en todo ese tiempo muestran que apenas ha cambiado el panorama. Los hombres sin hogar siguen siendo la amplia mayoría del colectivo y los extranjeros siguen representando algo más del 50%. La infravivienda y el hacinamiento afecta sobre todo a estos últimos. "Lo que sí percibimos es un leve repunte de la cronificación, es decir, los que no pueden salir del pozo porque las oportunidades son menos, y de eso sí tiene la culpa la crisis. Los anuncios de empleo de los periódicos que ponemos en el tablón del albergue son escasísimos", lamenta García Herrero. Y entre los sin hogar, que no entre los pobres, sí se aprecia, prosigue, un ligero envejecimiento. García Herrero advierte que la cuestión económica no es la que lleva a la calle si se tiene vivienda.

"Incluir en las estadísticas la posesión de una vivienda en propiedad mejoraría sustancialmente los datos de pobreza españoles y los de los países mediterráneos en general", dice el presidente del Comité de Protección Social de la UE, Aurelio Fernández. Y tiene razón. Hay criterios que cambiarían las gráficas.

Pero sustancialmente nada mejorará mucho "si hay políticas de empleo y vivienda pero no se refuerzan las redes profesionales de apoyo a estas personas para que salven los conflictos y el abandono, para que no pierdan la motivación", dice García Herrero. El responsable del Albergue de Zaragoza reconoce el "esfuerzo que están haciendo todas las administraciones por incrementar los recursos para la inclusión y la inserción así como para ayudas urgentes". Pero todo se quedará en "asistencialismo", asegura, si no hay una red de atención a personas sin hogar. "Y en muchas grandes ciudades eso todavía no existe".

Carmen Morán para El País.

Joven promesa o vieja gloria

Los presidentes españoles llegan pronto y se marchan siendo todavía jóvenes

"Como en el fútbol, no se trata de la edad que tengas sino de los años que lleves en esto", dijo Rubalcaba cuando le preguntaron por la suya tras haber descartado la posibilidad de suceder a Zapatero como candidato en 2012, si el presidente renunciaba a serlo. Podría estar pensando en esos futbolistas (Julen Guerrero, por ejemplo) que fueron figuras desde muy jóvenes pero cuya carrera se vio frenada a la edad en que otros llegados más tarde están en plenitud. En la política española también se pasa demasiado rápidamente de joven promesa a vieja gloria.

La hipótesis de que Zapatero pueda rehusar ser candidato en 2012 no fue planteada por periodistas malévolos y tampoco por el PP, sino por José Bono. Fue el ex ministro de Defensa y actual presidente del Congreso quien, en vísperas de las elecciones de 2008, en la presentación de un libro sobre el presidente, dijo tener "la impresión y la intuición", por lo que le había oído, de que no repetiría como candidato tras el segundo mandato.

Ello suscitó reacciones similares a las que se han producido ahora: desmentidos por parte del entorno presidencial, especialmente rotundas cuando provenían de personas cuya carrera política depende directamente de la del líder. Hay un antecedente significativo: en agosto de 1995, Felipe González reunió a una docena de dirigentes, los más próximos a él, para comunicarles que ya había decidido irse y pedirles ayuda para hacer un relevo ordenado. Todos menos uno, Eguiagaray, trataron de disuadirle. Lo cuenta con detalle Gonzalo López Alba en El relevo (Taurus, 2002), libro sobre el proceso de cambio de liderazgo socialista entre 1996 y 2000.

Zapatero fue en 1986, a sus 25 años, el diputado más joven del Congreso, y secretario general antes de cumplir los 40. Entró en La Moncloa a los 43 y, tras ocho de presidente, llegará a las elecciones de 2012 con 51. Los mismos (o menos) que tenían los principales líderes europeos actuales al iniciar su primer mandato: Sarkozy, 52 en 2007; Merkel, 51 en 2005; Brown, 56 en 2007, Berlusconi, 58 en 2004.

Pero la excepción española afecta también a los antecesores de Zapatero (salvo Calvo-Sotelo). Suárez fue presidente con 43 años, y dejó de serlo a los 48; González llegó a los 40 y perdió las elecciones con 53; y Aznar estuvo entre los 43 y los 51. Sus principales colegas europeos de la época habían iniciado sus respectivas carreras presidenciales con al menos 50: los que tenían Kohl y Thatcher en 1982 y 1979. Chirac fue elegido a los 62 en 1995, y tenía 69 al iniciar su segundo mandato, tras unas elecciones en las que compitió con Jospin (64) y Le Pen (74). Mitterrand tenía 64 al ganar en 1981, y 71 al ser reelegido en 1988. González ha dado estos días el dato de que la permanencia media de los presidentes europeos viene siendo desde hace cuatro décadas de algo más de siete años.

Como ha explicado aquí Javier Pradera, es poco verosímil que Zapatero deje de presentarse en 2012: si la economía sigue mal, porque su retirada sería vista como una deserción; y si va bien, porque el PSOE no dispondría de una alternativa mejor para ganar. Es posible que Zapatero tuviera asumido en su momento el principio de la autolimitación de mandatos, a favor del cual hay poderosas razones, avaladas por la experiencia. Así lo dice el citado López Alba en un artículo publicado en Público (26-4-09): "Llegó a la conclusión de que ningún presidente podría gobernar en España más de ocho años después de que Aznar cumpliera el compromiso de limitar su mandato a dos legislaturas". Pero tendría que haberlo manifestado al llegar a La Moncloa o incluso en la campaña previa. Ahora no podría hacerlo sin convertirse en un pato cojo, como dicen los americanos, justo cuando más autoridad necesita para hacer frente a la crisis.

Zapatero ha dado cancha a la novísima generación, con nombramientos sorprendentes o sólo entendibles como preparación de su sucesión. Pero tras el experimento de Aznar no puede hacer movimientos que puedan ser interpretados como de señalamiento de heredero o heredera. En su momento reprochó a Aznar que la cuestión sucesoria estaba limitando su actuación, aplazando decisiones urgentes, como la remodelación de su Gobierno, en función de cálculos sobre la designación del sucesor. (EL PAÍS, entrevista con Soledad Gallego-Díaz. 19-5-02).

Queda otra cuestión. Si Zapatero se retirase a los 51, ¿a qué se dedicaría? Cuesta imaginarle como conferenciante en inglés, a lo Aznar, o como comisionista internacional, a lo Schröder. Y escribir sus memorias a los 51 años, como Baroja, parece algo prematuro. Él ha dicho alguna vez que su pasión es la política y que no sólo se puede practicar desde el Gobierno. La cuestión es si seguiría en ella desde la oposición, si se presenta y pierde.

Patxo Unzueta

¿Dónde están los inmigrantes?

Se habla mucho de crear una economía sostenible, pero poco de cómo crear una sociedad sostenible

Fue una agradable sorpresa ver que el nuevo presentador del telediario de la noche fuera de origen marroquí; al fin y al cabo, hay casi tres cuartos de millón de ellos en España. Dice mucho del nuevo director general de Televisión Española que haya entendido que lo que es invisible no existe y que haya apostado decisivamente porque la parrilla de los telediarios refleje la diversidad de este país. También fue interesante pasear por Lavapiés y ver unas patrullas de policía tan mixtas como el propio barrio: un policía llevaba turbante e incluso había una mujer policía que llevaba un pañuelo cubriéndole la cabeza. En el barrio todo el mundo está muy contento; por fin tienen la sensación de que la policía es parte de la comunidad que tiene que proteger.

Se acabó también lo de pedir la documentación en función del color de la piel o el aspecto extranjero. El recién nombrado fiscal general del Estado (de origen dominicano) ha sido tajante al respecto: al menos el bochorno que causó su detención cuando paseaba pacíficamente por la Gran Vía una noche de sábado ha servido para poner fin a una práctica tan inaceptable.

Lo que nos lleva al Tribunal Constitucional: la llegada de una jurista de origen saharaui al máximo tribunal ha sido un paso sumamente importante y ha puesto fin a las absurdas discriminaciones en cuanto a la vestimenta que imperaban en el mundo judicial.

En el Congreso, la reciente sentencia sobre la "ley para la integración de los inmigrantes en la vida pública" ha marcado un antes y después. Reflejo de la diversidad de este país, que cuenta ya con más de cinco millones de extranjeros empadronados, aproximadamente unos 40 diputados nacieron fuera de España o son hijos de inmigrantes. El caucus andino, en concreto, que agrupa a los diputados ecuatorianos, peruanos y bolivianos de todos los partidos, ha sido muy activo.

Nuestra política exterior también se está beneficiando enormemente de las nuevas políticas de integración. Gracias a la integración en el cuerpo diplomático de jóvenes de origen subsahariano, nuestro Ministerio de Exteriores conoce a la perfección la política, lenguas, tradiciones y aspiraciones de una región en la que ha abierto recientemente un gran número de nuevas embajadas. A la vez, el nombramiento como secretario de Estado de Cooperación Internacional de un español de origen ecuatoguineano ha sido un gran paso para desterrar todas las acusaciones de neocolonialismo moral que se hacen sobre la ayuda al desarrollo y la promoción de la democracia y los derechos humanos en el exterior. Igualmente, los cinco diputados marroquíes en el Congreso no sólo están siendo esenciales a la hora de desactivar el radicalismo islámico en España sino a la hora de influir positivamente en la evolución democrática de Marruecos.

¿Y qué decir de ese chaval de origen búlgaro que ha ganado la olimpiada de matemáticas en representación de España? ¿Y del empresario de origen cubano que ha revolucionado la telefonía móvil al lograr que todas las llamadas de móvil vayan por Internet, situando a su empresa en el Ibex 35? ¿Y del chino que atiende en la oficina del Inem? Parece que la política de becas y de lucha contra el fracaso escolar de los inmigrantes está funcionando. Menos mal que en este país se entendió a tiempo que la única pregunta relevante sobre la inmigración es si los hijos de los inmigrantes irían a la Universidad.

Evidentemente, todo lo anterior es ficción, un presente que no sólo no existe, sino que, al paso que vamos, camina exactamente en dirección contraria. Así, se nos pretende hacer entrar en un supuesto debate que tiene un método original ("sin complejos"); que predefine la inmigración (en lugar de la xenofobia) como problema; que antes de comenzar ya nos anuncia la conclusión ("aquí no cabemos todos") y, sobre todo, que esconde con todo descaro las verdaderas motivaciones (electorales) de los que lo patrocinan.

Sólo hace falta mirar a nuestro alrededor para adivinar el resultado: en Francia, en lugar de abrir un debate sobre la integración y la discriminación de los inmigrantes, han abierto uno sobre la identidad nacional; en Suiza se convocan referendos sobre los minaretes; en Irlanda la emprenden contra los inmigrantes rumanos; y en Italia, los más exaltados queman los campamentos de los inmigrantes subsaharianos.

Hablamos mucho estos días de cómo crear una economía sostenible, pero muy poco de cómo crear una sociedad sostenible. Los inmigrantes son más de cinco millones, pero son invisibles en la vida pública. Hay países en nuestro entorno que ya han pasado por lo mismo que nosotros (incrementos importantes de la inmigración coincidentes con crisis económicas): ¿de verdad vamos a repetir los mismos errores? ¿Y si, en lugar de aislar, criminalizar y deportar tenemos visión de futuro y construimos una historia de éxito de la que estar orgullosos?

José Ignacio Torreblanca

En defensa de Benedicto XVI

Desde el momento de su elección, el Papa, que ha retomado de forma irrevocable el diálogo judeocatólico, ha sido víctima de un juicio mediático y ha sufrido la continua manipulación de sus textos

Habría que dejarse de tanta mala fe, de tantos prejuicios y, para no callarme nada, de tanta desinformación cuando se habla de Benedicto XVI.

Nada más resultar elegido, el Papa ya fue objeto de un verdadero proceso mediático en el que se le tachaba machaconamente de "ultraconservador" (como si un Papa pudiera ser otra cosa que "conservador").

Luego vinieron las insistentes alusiones, cuando no las bromas pesadas, al "Papa alemán" y al "posnazi" con sotana, al que, ni cortos ni perezosos, los guiñoles de la tele apodaban Adolf II (y eso porque, como todos los niños y adolescentes de su edad, fue enrolado en las juventudes del régimen).

Más tarde le llegó el turno a la manipulación de los textos pura y dura. Por ejemplo, a propósito de su viaje a Auschwitz en 2006, hubo quien pretendió, y a medida que pasa el tiempo y los recuerdos se vuelven más vagos hay quien sigue pretendiendo -y repitiendo igual de machaconamente-, que el Papa se habría referido a los seis millones de muertos polacos como a víctimas de una simple "banda de criminales", sin precisar que la mitad de ellos eran judíos (en este caso, el infundio es apabullante, pues, en realidad, aquel día, Benedicto XVI habló de los "jerarcas del III Reich" que intentaron "aplastar" al "pueblo judío" y borrarlo de la faz de la Tierra -Le Monde del 30 de mayo de 2006-).

Y ahora, tras una visita a la sinagoga de Roma -a la que precedieron otras dos a las de Colonia y Nueva York-, la guinda la ha puesto el mismo coro de desinformadores, que esta vez ni siquiera ha esperado a que el Pontífice cruzara el Tíber para anunciar, urbi et orbi, que ni ha encontrado las palabras apropiadas, ni ha hecho los gestos adecuados, y, por tanto, ha fracasado...

Así que, como el acontecimiento es muy reciente, me voy a permitir poner algunos puntos sobre algunas íes.

Al recogerse ante la corona de rosas rojas depositada frente a la placa conmemorativa del martirio de los 1.021 judíos romanos deportados, Benedicto XVI no hizo sino cumplir con su deber, pero lo cumplió.

Al rendir homenaje a los "rostros" de los "hombres, mujeres y niños" arrestados en el marco del proyecto de "exterminio del pueblo de la Alianza de Moisés", Benedicto XVI dijo algo evidente, pero lo dijo.

Hay que dejar de repetir como loros que -cuando reproduce palabra por palabra los términos de la oración que Juan Pablo II pronunciara 10 años atrás en el Muro de las Lamentaciones, cuando pide "perdón" al pueblo judío pogromizado por el furor de un antisemitismo que durante mucho tiempo fue de origen católico, y lo pide, insisto, leyendo el propio texto de Juan Pablo II- Benedicto XVI hace menos que su predecesor.

Cuando declara, tras una segunda estación ante la inscripción conmemorativa del atentado cometido en 1982, en Roma, por unos extremistas palestinos, que el diálogo judeo-católico entablado por el Vaticano II es ya "irrevocable"; cuando anuncia que pretende "profundizar" y "desarrollar" el "debate entre iguales" que representa el debate con esos "hermanos mayores" que son los judíos, a Benedicto XVI se le puede acusar de todo lo que se quiera, pero no de "congelar" el proceso abierto por Juan XXIII.

Y luego, en cuanto al asunto de Pío XII... Si es necesario, me detendré en el caso de Pío XII, que es enormemente complejo.

Me detendré en el caso de Rolf Hochhuth, autor de la famosa obra El vicario, que abrió, en 1963, la polémica sobre los "silencios de Pío XII".

Me detendré, en particular, en el hecho de que este ardiente justiciero es también un conocido negacionista, condenado varias veces como tal, y cuya última provocación consistió en una entrevista, publicada hace cinco años en el semanario de extrema derecha Junge Freiheit, en la que defendía a David Irving, que niega la existencia de las cámaras de gas.

Por ahora, sólo quiero recordar, como acaba de hacer de nuevo Laurent Dispot en la revista que dirijo -La Règle du Jeu-, que, en 1937, el terrible Pío XII, que todavía era el cardenal Pacelli, fue coautor de la encíclica Con viva preocupación, que sigue siendo, aún hoy, uno de los manifiestos antinazis más firmes y elocuentes.

Por ahora, para restablecer la exactitud histórica hay que precisar que antes de optar por la acción clandestina, antes de abrir, sin decirlo, sus conventos a los judíos romanos perseguidos por los sicarios fascistas, el silencioso Pío XII pronunció unos discursos radiofónicos (por ejemplo, los de las navidades de 1941 y 1942) que después de su muerte le valdrían el homenaje de Golda Meir, que sabía lo que significa hablar y no dudó en declarar: "Durante los diez años del terror nazi, mientras nuestro pueblo sufría un martirio espantoso, el Papa alzó su voz para condenar a los verdugos".

Y, por ahora, lo asombroso es que todo el peso, o casi, del ensordecedor silencio que se hizo en el mundo entero alrededor de la Shoah recaiga sobre uno de los soberanos de aquel tiempo que: a) no tenía ni cañones ni aviones a su disposición; b) según la mayoría de los historiadores, no escatimó esfuerzos para compartir con aquellos que los tenían la información de la que disponía; c) salvó -sí, él-, tanto en Roma como en otros lugares, a un gran número de aquellos de los que se sentía responsable moralmente.

Último apunte en el Gran libro de la bajeza contemporánea: ya se trate de Pío o de Benedicto, se puede ser Papa y chivo expiatorio.

Bernard-Henri Lévy

¿Por qué tememos a la sostenibilidad?

Con empresas innovadoras como las que tenemos, la economía española no debe temer a la sostenibilidad

En 1970 California aprobó la primera legislación medioambiental que incluía criterios de eficiencia energética en los electrodomésticos. Los fabricantes de frigoríficos tenían dos opciones: fabricar un tipo de frigorífico para California y otro para el resto del mundo o, sencillamente, reducir los estándares de consumo de los frigoríficos. Lógicamente, optaron por lo segundo. Las críticas contra una ley de la que se dijo que llevaba la industria al matadero fueron lacerantes. Sin embargo, las restricciones medioambientales, técnicamente bien establecidas, actuaron como un motor para la innovación. Si en esa época un frigorífico medio consumía 1.800 kWh al año, el que usted y yo podemos comprar hoy consume cinco veces menos. Además, su precio comparativo es menor de la mitad y sus prestaciones son mayores a día de hoy. ¿Quién dijo que la sostenibilidad iba en contra del crecimiento económico y social?

"Mientras Detroit dormía", ha denominado Thomas Friedman la actitud de la industria automovilística norteamericana al dar la espalda a la sostenibilidad. Detroit apostó por usar el lobby de los congresistas de Michigan para defender sus intereses, en lugar de promover la innovación en sus propios grupos empresariales. Dieron la espalda a la eficiencia en los motores, apostando por los vehículos de elevado consumo, convencidos de que eso era lo que quería el automovilista norteamericano. De los 10 vehículos más vendidos el pasado año en EE UU, 6 eran japoneses. Mientras Detroit dormía, los consumidores americanos se dedicaron a comprar coches extranjeros más sostenibles. El pasado otoño, la industria automovilística estadounidense tuvo que ser rescatada por el Gobierno. Olvidarse de la sostenibilidad supuso perder competitividad.

Hace unos meses, el mismo Thomas Friedman, en un artículo publicado en el New York Times, comparaba el caduco tren que tomó para ir al aeropuerto JFK de Nueva York con el moderno y veloz que le llevó en Hong Kong del aeropuerto al centro de la ciudad. Aunque Friedman no lo decía, ese tren está fabricado por la empresa guipuzcoana CAF. En la campaña electoral de 2008, Barack Obama visitó la planta de aerogeneradores de Gamesa en Pensilvania. Buscaba mostrar cómo las políticas sostenibles pueden crear nuevos empleos en el deprimido Rust Belt americano, y no encontró una foto mejor. Son dos ejemplos que nos demuestran que si hay algún área en la que las empresas de nuestro país tienen capacidad para liderar la transformación económica, es en energía e infraestructuras para la movilidad. Las dos prioridades de la Administración Obama. ¿Tenemos que irnos a América para darnos cuenta de nuestras potencialidades?

Sostenibilidad significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro de satisfacer las propias. Cuando hablamos de energía en un mundo en el que una de cada cuatro personas carece de electricidad en su hogar, sostenibilidad implica garantizar el suministro con una energía que sea competitiva y, además, hacerlo con respeto al medio ambiente. La Conferencia de Copenhague debe apostar sin duda por la reducción de emisiones de CO2, pero asegurando a su vez un modelo energético que garantice el suministro en un mundo de demanda creciente, en el que centenares de millones de personas en los países emergentes aspiran a mejorar sus estándares de vida. Todo ello requiere más ahorro y eficiencia energética, impulsar con decisión políticas estables para las energías renovables y apostar por nuevos modelos de movilidad, sin olvidarnos de las energías fósiles, que a día de hoy, y probablemente en las dos próximas décadas, van a constituir cerca del 80% de la demanda primaria de energía.

Debemos, por tanto, hacer que esas energías fósiles puedan ser también sostenibles para que, además de garantizar nuestro modelo económico competitivo, nos permitan mantener los objetivos de emisión de CO2. ¿Cómo? Con tecnología. Esa tecnología existe, se llama eliminación o captura del CO2 y, según la Agencia Internacional de la Energía, la eliminación de ese CO2 emitido al quemar gas, carbón o petróleo debe contribuir de una forma importante a alcanzar los objetivos de emisiones en 2030. Todo ello requiere regular el almacenamiento del CO2 capturado, así como dar un fuerte impulso al esfuerzo de Administraciones y empresas en desarrollar el I+D en este área.

Nuestro tejido productivo tiene condiciones para estar presente en el liderazgo de una economía más sostenible a nivel mundial. Dejar de emitir una tonelada de CO2 nos obliga a su vez a ser más eficientes en nuestros procesos productivos reduciendo nuestro consumo energético, lo que mejora nuestros costes y nos hace más competitivos. Surgen incluso nuevos modelos de negocio en los que nuestras empresas pueden y deben estar. El reciente acuerdo entre Repsol y el Ente Vasco de la Energía para desarrollar una experiencia innovadora de una red de recarga del vehículo eléctrico muestra el camino de cómo convertir en oportunidad para las empresas la transformación que una economía sostenible puede promover.

Con unas empresas innovadoras en el campo de la energía como las que tenemos, la economía española no debe temer a la sostenibilidad. Abramos la puerta a este debate con ilusión y esperanza, en lugar de con reticencia y temor. A esta realidad industrial capaz de responder a los retos debemos añadir dos ingredientes para ser líderes: por un lado, una política energética estable, con amplios acuerdos, con visión de Estado que vea en la sostenibilidad una oportunidad; por otro, unas corporaciones energéticas, alineadas con esta estrategia y con visión a largo plazo, implicadas con el tejido industrial y tecnológico, y con vocación de inversión y de innovación. Si somos capaces de hacerlo, la economía española no será sólo un referente de sostenibilidad. Además, será competitiva y creará empleo de calidad. Es tiempo de oportunidad.

Josu Jon Imaz es presidente de Petronor y del Cluster de Energía del País Vasco.

En la corriente

Mientras te amabas
sólo a ti mismo, no crecías.
Pero anhelaste amar y ser amado
y entonces ya
la corriente del río
se puso en movimiento.

Juan Cobos Wilkins

Árbitros vendidos

¿Quién es Standard & Poor’s, la agencia de calificación que baqueteó al Reino de España, poniendo bajo sospecha su solidez financiera futura?

¿Es gente deseable?

Standard es la misma agencia que hasta el 9 de diciembre de 2004 sostenía que la gran compañía italiana Parmalat era seguro boccone di cardinale para los inversores. Y que lo sostuvo hasta 10 días después. Sólo cuando el Bank of America destapó el escándalo y reveló la existencia de falsos documentos de la compañía, le rebajó la calificación. Parmalat acabó en una quiebra faraónica. La agencia fue investigada, y su sede milanesa fue registrada por la justicia, por si conocía ex-ante datos del fraude.

Standard es la misma agencia que el 17 de marzo de 2008 voceaba que Lehman Brothers "ha navegado muy bien" en unos "mercados financieros persistentemente volátiles". Y que hasta el 10 de septiembre, cinco días antes de su quiebra, mantuvo a sus títulos la etiqueta de "alta calidad". La misma a la que, como a sus colegas Fitch y Moody’s, la Securities and Exchange Comission (el regulador norteamericano del mercado de valores) le sacó los colores afirmando que ayudó a los bancos de inversión a colocar paquetes de créditos hipotecarios basura o subprime: el detonante de la presente crisis.

Standard es la misma agencia a la que se atribuye haber asesorado al banco holandés Amro en el diseño de un producto del mismo tenor para que fuera lo más opaco posible, y concedió a esa basura su nota sobresaliente, la triple A. Lo que ayudó al banco a su simpática tarea de vender la porquería y diseminar la crisis.

O sea. Standard & Poor’s no es el vigilante impoluto de las cuentas empresariales frente a crisis futuras, como pretende. Es el cómplice necesario precisamente en los desaguisados que nos han llevado a la recesión. No es árbitro. Es el jugador disfrazado de árbitro. De tasador, de notario, de certificador, de presunta ITV de las finanzas.

Las tres grandes agencias de calificación crediticia, todas anglosajonas, gozan de un poder infinito. Que acarrea costes. En el límite, la ruina de los inversores crédulos en sus falaces certificados. En julio, Standard recortó el precio objetivo de los dos grandes bancos españoles, y Moody’s alertó de "implicaciones negativas" para 13 de sus emisiones de bonos, por 7.000 millones de euros. En octubre, Moody’s acusó a la banca española de ocultar créditos morosos, con grave peligro para su solidez, lo que contradijo Fitch. La semana pasada Fitch rebajó la nota a la solvencia de Grecia, desplomó su Bolsa y obligó al primer ministro Yorgos Papandreu a lanzar un severo programa de ajuste. Pese a ello, Standard hizo lo mismo ayer.

Y casi lo mismo amagó Standard con España, alegando que la deuda española es abultada, cuando es 20 puntos inferior a la media europea (aunque su incremento futuro preocupe, Bruselas lo ha validado con condiciones). En un solo día, hace hoy una semana, provocó un sobreprecio en la subasta de bonos del Tesoro que la encareció en 10 millones de euros, suyos y míos, querido lector. ¿Por qué no se atreve con la deuda alemana, francesa o británica, todas ellas superiores?

Las agencias son necesarias para evaluar la solvencia de empresas e instituciones, prever el riesgo de sus acciones y emisiones (la posibilidad de impago), balizar el mercado y proteger así al inversor. Pero no lo son estas agencias, que cumplen casi exactamente la función contraria, induciendo al engaño. Quizá en pocos casos, como alegan con estadísticas inanes: serán pocos, pero son los casos decisivos.

Las agencias son un monopolio a tres, en un negocio de 3.000 millones anuales (con escandalosos márgenes del 50%), sin competidores posibles: ingente tarea para el flamante comisario de la Competencia, Joaquín Almunia. Pero lo peor son sus incompatibilidades, que pueden llevar a la corrupción, eso que suavemente se llama conflicto de interés. Paga sus certificados el propio cliente (como a las empresas de auditoría), el único habilitado para proporcionarles información: algo quizá inevitable, pero seguro caldo de cultivo para cualquier enjuague entre alumno y examinador, entre jugador y árbitro.

El peor conflicto de interés sucede cuando las agencias pasan la chuleta al cliente, le aconsejan cómo sortear sus parámetros y obtener la mejor nota.

La autorregulación de ese fatal triángulo ha sido hasta ahora una broma. En 2003 se comprometieron en un código voluntario a "evitar actividades" que atentaran contra su independencia y a "eliminar cualquier conflicto de interés potencial". Con los resultados vistos. El G-20 les ha llamado la atención en tres ocasiones. Y sólo la UE (EE UU todavía no ha despertado) ha empezado a regularlas (Reglamento 1060/2009 del 16 de septiembre), prohibiéndoles "prestar servicios de consultoría o asesoramiento", y obligándolas a la transparencia y a tener consejeros independientes. Pero la autoridad de control, y la capacidad sancionadora, dependerá de cada Estado miembro. También, ojo avizor, del Estado español.

Xavier Vidal-Folch

Coto a la privatización de la sanidad

El Parlamento vota cambiar la ley de Aznar que permite a empresas gestionar hospitales - Revertir los contratos es posible, pero muy caro - Llega un conflicto entre el Estado y autonomías del PP

Los teléfonos de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas son un hervidero de conjeturas, alarmas y disquisiciones sobre el significado de la proposición de ley que el Congreso de los Diputados aprobó la noche del martes, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa Els Verds, con un vehemente discurso de Gaspar Llamazares. El diputado asturiano, médico de profesión, pidió sin ambages el fin de la presencia de la iniciativa privada en el Sistema Nacional de Salud. La respuesta de interlocutores socialistas es un rotundo no. Ahora bien, sí está en marcha un proceso de revisión muy profundo del uso que se está haciendo de la ley 15/1997 sobre "Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". Esta revisión es la que ha aprobado el Congreso con los votos de los grupos de IU, ICV, PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. ERC optó por la abstención y PP, CiU y PNV votaron en contra.

Lo cierto es que Llamazares con su iniciativa ha precipitado un debate que el Gobierno y el Grupo Socialista tenían previsto para el primer trimestre del próximo año. Pero ya no hay más remedio que afrontarlo.

"No vamos a cambiar la Ley General de Sanidad, pero sí vamos a acotar y clarificar el contenido y las condiciones de los conciertos privados con la sanidad pública debido a los abusos que se están produciendo", aclara la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande, que sitúa los abusos "especialmente en Madrid y en Valencia".

Pero también precisa que no todos los conciertos en estas comunidades se salen "del espíritu y la letra de la ley" que hizo posible la participación "en la gestión" de la iniciativa privada. "Tenemos que impedir los casos en los que no hay supervisión pública ya que se entrega la gestión total, en todos los campos", señala Grande. Esta entrega total significa que el sector privado "recibe durante treinta años la gestión sanitaria, no sólo la hostelería u otros servicios auxiliares", explica Grande. "El sector privado no tiene nada que temer; en el PSOE y en el Gobierno apostamos por la colaboración y los conciertos entre la sanidad pública y la privada, pero hay modelos de gestión que hay que limitar, mientras que otros no se tocarán", asegura Grande, médica de profesión.

"Gestionar de forma privada el servicio público puede provocar más riesgo de un deterioro del servicio", dice el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata (PSOE). En su comunidad, algunos servicios están concertados. "No renunciamos a una parte de gestión privada o concertada. Apostamos por la financiación pública y queremos una mayoría de gestión pública. Eso da una estabilidad al sistema, que no se ve influido por elementos inflacionistas u otros intereses", sigue Lamata. Y explica que el PSOE apuesta por un equilibrio dentro de la gestión que sitúe en un 75% el gasto sanitario total público y en 25% el privado (aproximadamente lo que sucede actualmente).

Aunque en el Grupo Socialista se considera inasumible la pretensión de Llamazares, fueron los diputados socialistas de Madrid quienes más insistieron en las reuniones internas para aceptar la propuesta de IU aunque después se intente reconvertir en una norma mucho más mesurada. Rafael Simancas, Juan Barranco y Manuel de la Rocha, recordaron a la dirección del Grupo Socialista que la denuncia de la "privatización" de la sanidad madrileña es una constante de la oposición socialista en Madrid.

"Reconocemos que en Madrid se da especialmente el abuso y el retorcimiento de la ley con la consecuencia indeseada de que el centro de la ocupación y la preocupación ya no es el paciente sino la factura", declara Grande. Esta parlamentaria rompe una lanza por los trabajadores de la sanidad. "En Madrid la sanidad se mantiene en un nivel muy alto porque los profesionales, voten lo que voten, muestran cada día su compromiso con los ciudadanos".

Aunque esta proposición está ya en camino de la Comisión de Sanidad para comenzar su tramitación, los socialistas propondrán que se espere un mes, que es la fecha en la que el Gobierno tiene que enviar un informe de evaluación de modelos de gestión de la sanidad, que ya estaba previsto, también a propuesta de IU.

Precisamente el "buen funcionamiento" de los conciertos entre lo público y lo privado es lo que llevó a los portavoces de CiU y del PNV a votar en contra de esta proposición. Las comunidades invocan su competencia pero desde el Gobierno se rebate que hay margen para la "coordinación".

En España los modelos de gestión privada se pueden dividir fundamentalmente en dos grupos: de gestión privada y financiación privada. El primer sistema, que algunos no consideran realmente privatizador, supone cambiar la fórmula de gestión de los centros sanitarios públicos de toda la vida para permitir en cierta parte la gestión laboral. Es el caso de algunos hospitales de Andalucía -Hospital de Marbella u Hospital de Costa del Sol-, entes de derecho público que cuentan con personal laboral y no estatutario, y que disponen de otros servicios externalizados, como la tesorería.

También pertenecen a este primer modelo las fundaciones sanitarias que gestionan algunos hospitales en Asturias, La Rioja o Baleares. Una fórmula jurídica pública que se rige por la ley de fundaciones. "Son fórmulas jurídicas de lo que se llama huida al derecho privado. Se adopta para flexibilizar la gestión, más rígida en una entidad pública. Así, esta fórmula permite a la fundación que administra el centro hacer cosas con más autonomía, como comprar bienes o servicios", explica José Jesús Martín, director del máster de Economía de la Salud y Organizaciones Sanitarias de la Escuela de Salud de Andalucía.

Existe otra fórmula dentro de este primer modelo. Es el de los consorcios, uno de los esquemas más antiguos, con larga tradición en Cataluña. Un esquema mixto, en el que el consorcio es de carácter público pero sus trabajadores pueden no ser funcionarios.

Tres fórmulas basadas en figuras públicas que, para Martín, no suponen la privatización de la sanidad, sino "cambiar la fórmula de administración para permitir la gestión laboral". Sistemas que, según los expertos, no peligrarían con la revisión de la ley.

Más alejado de estos modelos de administración pública, está el sistema que supone la privatización de parte o toda la propiedad de los centros sanitarios para que su gestión pase directamente a manos del sector privado, a una empresa o a una agrupación privada. Un esquema que va ganando terreno en España y que comunidades como la Valenciana o Madrid (ambas gobernadas por el PP) han abrazado hasta convertirlo en su bandera. Un estandarte, además, ideológico.

Dentro de este modelo está el de los PCI (Iniciativas de Financiación Privada). La externalización de algunos servicios del hospital o centro de salud (cafetería, lavandería o mantenimiento), pero también su construcción, equipamiento, mobiliario y gestión. "Todos esos elementos, en un paquete, pasan a manos de una empresa a través de un concurso", explica Martín. Un modelo que ya funciona en muchos hospitales de Madrid y alguno de Castilla y León (en Burgos) y Baleares.

En esta línea también, pero con un modelo mucho más radical, está el modelo Alzira. Bautizado así por el hospital La Ribera, un centro de Alzira (Valencia), que el Gobierno valenciano financia desde 1999. Una fórmula de gestión privada completa en manos de empresas. Así, mientras que en los PCI de Madrid los médicos y enfermeras están contratados por la administración, en Alzira todo es privado.

Son los modelos de los PCI y el de Alzira los que centran la mayoría de las críticas. También son los que pueden provocar la confrontación entre las autonomías del PP y el Gobierno. Sin embargo, ayer el consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, declaró que la revisión de la norma, aprobada en tiempos de José María Aznar, no afectaría al modelo de gestión sanitaria madrileño sino al que impera en autonomías gobernadas por socialistas.

Los modelos madrileño y valenciano son controvertidos. "Permiten construir, equipar e inaugurar hospitales sin que la comunidad ponga un euro. Esto para un político es atractivo. Permite eludir el tope de déficit público y asegurar la gestión más rápida", dice José Jesús Martín. "Estas iniciativas empeoran la situación de la sanidad y han favorecido su deterioro", dice Marciano Sánchez-Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Pero si se vota la revisión de la normativa, ¿qué sucederá con algunos centros de Madrid o Valencia? Las concesiones a empresas privadas se pueden revertir, y recuperar los centros para el sistema público. Los concursos incluyen cláusulas de rescisión por ambas partes, tal y como confirma un portavoz de Capio, entidad de capital riesgo que gestiona varios hospitales madrileños.

El problema de esa recuperación es que es cara. "No es fácil hacerlo de golpe, pero mucho más dinero se ha inyectado para que los bancos tengan solvencia", sostiene Sánchez-Bayle, más partidario de la propuesta tal y como la ha alumbrado Llamazares.

El vicedecano del área de gestión sanitaria de la escuela de negocios Esade, Manel Peiro, critica la fórmula que se ha adoptado para abordar el tema. "Querría saber en qué piensan cuando hablan de privatización. Actualmente es difícil que algo sea sólo público o privado, lo importante es que el Estado respalde el proyecto", asegura. "Es difícil que todo sea como hasta ahora. La gestión pública es lenta y no está pensada para adoptar avances técnicos, por ejemplo", sigue.

"Los hospitales públicos han de flexibilizar sus mecanismos de gestión, y eso en el contexto público no es posible. En la pública contratar personas, disponer de nuevos aparatajes se convierte en una cosa farragosa y difícil, lenta... en una heroicidad casi diaria y hay modos más ágiles de manejar las cosas", afirma. Peiro es más partidario del modelo Alzira.

Con revisión de la ley o sin ella, los expertos ponen el foco en un punto básico que no se ha abordado, la evaluación del funcionamiento de los centros. "No sabemos qué modelo es el que funciona. Necesitamos un sistema de información estatal para medir la calidad y eficiencia del uso de recursos públicos", sostiene Martín. Y sigue: "Es un escándalo que no tengamos un sistema de evaluación que otros países, como Reino Unido, si tienen".

Anabel Díez y María R. Sahuquillo para El País.