Egoístas, maniáticos y desinformados

Queremos soluciones que se ajusten a nuestro egoísmo y nos parezcan, a la vez, moralmente satisfactorias

Llegué a la economía por accidente. Creo que casi todo ocurre por accidente; ése, al menos, es mi caso. Hacia finales de los setenta me dedicaba a los sucesos. Mis tratos con policías y delincuentes coincidieron en el tiempo con una crisis devastadora en la industria catalana. Las empresas textiles se hundían por docenas, y algunos de sus propietarios, habituados a la doble contabilidad y al desfalco, no se sentían con ánimo para explicarse ante el juez. Cuando la empresa suspendía pagos, el dueño ya había volado. Aquellos emprendedores de manos y pies ligeros sentían preferencia por Brasil.

El caso es que asuntos puramente mercantiles se convertían en policiales, y las páginas económicas del diario donde trabajaba (El Correo Catalán, extinto hace ya muchos años) eran una colección de anuncios de búsqueda y captura. Poco a poco fui instalándome en esas páginas, y me quedé en ellas, saltando de periódico en periódico, durante una década.

¿Qué aprendí? Fundamentalmente, dos cosas. Una, que el libre comercio es mejor que el proteccionismo. Dos, que la política económica es demasiado importante para dejarla en manos de burócratas. Estoy desaprendiendo, me temo, la segunda. No estoy nada convencido de que la gestión de la economía pueda dejarse en manos de los electores y de los políticos. Por desgracia, sigo sin fiarme de los burócratas.

Acabo de leer El mito del votante racional. Por qué las democracias eligen malas políticas, un libro que va más allá de la provocación académica. El autor, el profesor Bryan Caplan, no propone la vuelta a regímenes dictatoriales u oligárquicos. Se limita a constatar, de entrada, que el votante es un tipo mal informado, cargado de prejuicios y, sobre todo, muy emocional. No hace falta estudiar mucho para ser consciente de eso. Si uno se pregunta por qué votó a quien votó en las últimas elecciones, encuentra miedos, manías e ideología (que en un terreno de juego tan estrecho como el nuestro tiene mucho de prejuicio), y un poderoso sentimiento negativo hacia el rival del candidato que elegimos.

Eso es normal, y no necesariamente grave. En un grupo lo bastante amplio, la ignorancia individual tiende a convertirse en sabiduría colectiva gracias al "milagro de la agregación", un fenómeno que funciona gracias al carácter aleatorio de nuestros errores. Si los errores son sistemáticos, el "milagro de la agregación" se va al garete. El profesor Caplan demuestra (también lo hace la historia) que en lo tocante a la economía y sus derivados (energía, agua), somos propensos al error sistemático.

En España, eso tampoco es muy grave. Desde el ingreso en la Unión Europea, la política macroeconómica española no ha dado demasiados bandazos; desde la adopción del euro, menos. Carecemos de autonomía. Imaginemos, sin embargo, que ciertas cuestiones se sometieran a referéndum. La cuantía del salario mínimo, por ejemplo. Nuestro buen corazón nos impulsaría a establecer un mínimo generoso, y, de un día para otro, crearíamos millones de parados. Lo mismo ocurriría con el comercio. Sospecho que, por razones de todo tipo, los votantes limitaríamos las importaciones chinas, y crearíamos un tirón de los precios. O devaluaríamos para exportar más, e importaríamos inflación.

Las señales de cambio climático nos ofrecen ahora la posibilidad de cometer espléndidos errores, de terroríficos efectos a nivel planetario. La coyuntura resulta idónea: urgencia, emoción, profecías apocalípticas e información escasa. Nosotros, la opinión pública y los burócratas en quienes delegamos, queremos soluciones que se ajusten a nuestro egoísmo y nos parezcan, a la vez, moralmente satisfactorias. Para afrontar el problema de las emisiones de gases y, a la vez, mantener nuestro estilo de vida, nos ha parecido buena la opción de los biocombustibles limpios, fabricados con biomasa y, sobre todo, con cereales.

Combustible limpio. Suena bien, ¿no? Hemos conseguido un combustible caro, con un proceso de fabricación contaminante y dañino para los bosques (que absorben carbónico). Hemos conseguido, además, disparar el precio de los cereales y condenar al hambre a cientos de millones de personas en todo el mundo.

Y esto es sólo el principio. -

The myth of the irrational voter. Why democracies choose bad policies, de Bryan Caplan. Princeton University Press. 276 páginas.

Enric González

Un soñador para un pueblo

Muchos presos para tan pocos delitos

España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa y una de las más bajas de criminalidad - Crecen las voces que abogan por suavizar el Código Penal y favorecer la redención de las penas

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales -robo y tráfico de drogas-; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional.

"Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función". Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano.

El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

"Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo", dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos.

"Depende de cómo sea el tirón se puede castigar hasta con cinco años. ¿Debe ir a la cárcel esa persona si ha delinquido por primera vez?", se pregunta Eduardo Navarro, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, con 20 años de experiencia, 17 de ellos en juzgados de instrucción. "La sociedad no entiende que no sea así. Los incidentes que he tenido como juez han sido por no enviar a alguien a la cárcel", afirma.

Díez Ripollés ratifica que algunas penas son desproporcionadas. "No es razonable que un delito urbanístico se castigue con un máximo de dos años de cárcel, lo mismo que un hurto agravado, porque al final siempre acaban en la cárcel los mismos". Es el inicio de una tela de araña en la que queda atrapado el preso y que él ayuda a tejer en muchas ocasiones, pues los índices de reincidencia se sitúan entre el 40% y el 70%.

El perfil del recluso español apenas ha variado con los años. Es un hombre, de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas (48,4%).

El llamado Código Penal de la democracia de 1995 que impulsó el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch eliminó la redención de pena por trabajo o estudio y estableció el cumplimiento íntegro. Eso significa que la mayoría de las condenas se pagan "a pulso", en lenguaje carcelario, y que se aplica en muy pocas ocasiones la secuencia lógica en la vida penitenciaria: prisión preventiva, segundo grado, permisos, tercer grado, libertad condicional y libertad definitiva.

Siete de cada diez penados están en segundo grado, y así pasan la mayor parte de su estancia entre rejas, sin lograr permisos. Solo el 15,1% cumple condena en régimen abierto, y los que logran la libertad condicional suponen el 11%. "Es totalmente innecesario estar tanto tiempo en la cárcel. El cumplimiento íntegro no es bueno desde ningún punto de vista porque aumenta la reincidencia", sostiene José Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que ha analizado el fenómeno en el libro El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006.

El abogado madrileño José Luis Galán lleva en la profesión más de 35 años y sigue en el turno de oficio. Tiene claro que la situación se hace cada más vez insostenible y que urge un cambio legislativo en sentido contrario al incremento punitivo de los últimos años. "Lo que no se puede hacer es buscar el aplauso fácil. No siempre se legisla para sacar votos, porque, si no, no habría impuestos. Hay que cambiar las normas que se aplican para que la cárcel sea el último recurso, no el primero y único", asegura. A renglón seguido reprocha al PSOE la aplicación de una política punitiva que, de manera sustancial, coincide con la del PP. "La izquierda se ha abonado a la chita callando a esa política represora. Cuando no se ha puesto al frente de la procesión, ha ido detrás con el capirote y gran mansedumbre".

Galán también cuestiona que algunas conductas estén tipificadas como delito. "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es disparatado que las amenazas del marido a la esposa sean delito. Y con la última reforma sobre seguridad del tráfico se han pasado". Ahora hay en España 3.721 presos penados cuyo delito principal es de violencia doméstica, desde un asesinato -una minoría-, a lesiones o amenazas. También hay 816 reclusos por delitos al frente del volante.

"La delincuencia patrimonial de escasa importancia no es razonable que se castigue con penas que comportan la entrada en prisión", dice Díez Ripollés. Con tres matices: que sean delitos graves, que los cometan reincidentes o altos sectores de la sociedad. "A esos solo se los puede intimidar con la cárcel", afirma el jurista. Y es que los delincuentes de cuello blanco que acaban entre rejas son una excepción. Casi nadie discute el efecto ejemplarizante que eso causa en la sociedad, aunque tarden en entrar porque pagan mejores abogados y agotan todos los recursos, muchas veces con el beneplácito de los tribunales.

"El Código Penal es duro con el débil y débil con el duro", asegura Díez Ripollés. "Los tribunales tienden a ser más comprensivos con determinados delitos porque la ley es interpretable", opina la abogada barcelonesa Lidia Lajara, con 16 años de experiencia como penalista. "Hay muchos tipos de jueces y sería injusto no reconocer que muchos creen en la rehabilitación y apuestan por ella", dice José Cid. Lo que ocurre es que las administraciones no les ofrecen la posibilidad de imponer medidas alternativas. "Hay que decir que los jueces de Cataluña somos unos afortunados y que sí podemos imponer penas al margen de la cárcel de las que en otras comunidades no han oído ni hablar", dice el juez Navarro.

"Otra política criminal es posible", afirma el catedrático Díez Ripollés, y las penas alternativas para delitos menores son un ejemplo. Ayudarían a descongestionar las prisiones y reducirían el gasto público. Una medida así cuesta 3,05 euros diarios, y el coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat catalana, la única comunidad con competencias en prisiones.

"No se puede dejar de castigar al delincuente, pero sin tanta dureza y aplicando las políticas que ya han dado resultados en otros países", dice Díez Ripollés. Como en Finlandia, recuerda, que a principio de los ochenta tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y ahora está a la cola.

La droga y ’los BBC’

Un grupo de presos que cumplía condena en Madrid por tráfico de drogas fue conocido durante muchos años como los BBC: procedían de Bogotá, habían aterrizado en Barajas y acabaron en la cárcel de Carabanchel. En las prisiones españolas hay ahora 15.868 penados con el vigente Código Penal por delitos contra la salud pública, que representan el 27,8% del total. Quedan otros 200 con el código derogado hace 13 años, lo que da idea de la dureza de las penas por esos delitos.

"No puede ser que se condene igual a quien se le pilla con 800 gramos de cocaína que al que se le coge con varios kilos. Y, además, éste saldrá antes porque tiene mejores abogados", advierte el juez Eduardo Navarro. "Por esos 800 gramos de cocaína le pueden caer de 9 a 13 años y medio, seguramente más que por un homicidio, que se castiga de 10 a 15 años".

Mercedes Gallizo también constata que "el pequeño traficante casi siempre acaba cumpliendo una pena muy alta". ¿Debería cambiarse el Código Penal? "No me gusta pronunciarme sobre eso. Es el legislador el que debe analizarlo. Lo que hay que tener claro es que la droga lleva a la cárcel y que las penas son muy altas", dice. "Cuando impones una pena así, duele, porque ves que ese mulero se ha jugado una condena muy alta por 3.000 euros, pero la ley dice lo que dice", añade Navarro. "Con el tráfico de drogas existe muy poca consideración de los jueces. Y no solo para condenar, sino para que se aplique un atenuante de drogadicción", razona la abogada Lidia Lajara. "No se tienen en cuenta las circunstancias personales y sociales del que llega con una bola en el estómago jugándose la vida. Es verdad que la ley no permite considerarlo como estado de necesidad, pero tampoco se puede ser ajeno a los motivos que lo han llevado a delinquir", añade.

Hay otros casos. "Está muy bien que cerremos los psiquiátricos, pero no los hemos sustituido por nada", dice Gallizo. Y eso que el 25% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental.

Y después están los extranjeros, que son el 37% de los presos. Como no tienen domicilio conocido es más fácil que acaben en prisión preventiva y más difícil que logren un permiso. Muchos son expulsados cuando salen de la cárcel y por haber delinquido una sola vez.

Pepe Ríos para El País.

Ha llegado el momento de la historia

Está desapareciendo la última generación de europeos que vivió la II Guerra Mundial

Europa es situar la dignidad y la libertad en el primer lugar, en el último y en el intermedio

El último año ha sido testigo de la muerte de tres pensadores europeos extraordinarios, que asumieron un profundo compromiso con la vida pública de su época. Los libros que publicaron sobre historia, filosofía, sociología y política llenarían varias estanterías. En momentos cruciales, en 1956, 1968, 1989, su compromiso político ayudó a construir la historia de Europa. Cada uno de ellos tenía una mente que era una maravilla observar en acción, pero también una personalidad rica, compleja y vital. Además de sentir el dolor de su pérdida, creo que su desaparición tiene un significado más amplio.

Con ellos, desaparece la última cohorte de europeos que se formaron con los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en Centroeuropa. Unas personas que entendían en sus entrañas por qué necesitamos una Europa de libertades y leyes, porque, de adolescentes y jóvenes, fueron testigos de todo lo contrario. Ahora, nosotros, los hijos de una época más afortunada, debemos sostener esa Europa sin el impulso elemental que nace de la experiencia personal.

No es que hablaran a menudo ni de buen grado de sus encuentros juveniles con el mal. Más bien al revés. Lo hacían con poca frecuencia y a regañadientes. De modo que hay algunas cosas, entre ellas seguramente los peores horrores, que nunca sabremos... y que no tenemos derecho a saber. Sin embargo, en sus últimos años, sí nos dejaron, en fragmentos autobiográficos y pedazos de conversación, algunos atisbos de la gehena, el infierno del que nació la Europa actual.

Quien vivió lo peor fue el que dejó menos testimonio. Sólo en breves pasajes y en conversaciones infrecuentes con amigos cercanos habló Bronislaw Geremek -historiador medieval convertido en asesor de Solidaridad y ministro de Exteriores de Polonia, que murió en un accidente de automóvil el verano pasado- sobre la vida y la muerte que había presenciado de niño en el gueto de Varsovia. "Cerré esa caja con llave", dijo en una ocasión, cuando se lo preguntó un entrevistador bienintencionado.

En una larga conversación autobiográfica, publicada en polaco hace un par de años, Leszek Kolakowski -filósofo, historiador de las ideas, analista, crítico y coautor del desmantelamiento del comunismo, que murió en Oxford la semana pasada- recordaba su experiencia de la guerra en la Polonia ocupada. Cómo le enviaron a trabajar, a hacer juguetes de madera, cuando tenía 15 años. Cómo, después de que los ocupantes alemanes cerrasen las escuelas, se educó a sí mismo leyendo en una biblioteca medio saqueada. (Contaba, en broma, que de la enciclopedia sabía todo de la A, la D y la E, pero nada de la B y la C, porque los campesinos locales habían cogido esos volúmenes para encender fuego). Relataba

cómo vio con sus propios ojos el tiovivo que siguió funcionando en la plaza Krasinski de Varsovia mientras allí cerca ardía el gueto y "en el aire flotaban trozos carbonizados de ropa" (una escena inmortalizada por Czeslaw Milosz en su poema Campo di Fiori). Cómo, cuando veía un avión bajo, tenía la sensación instintiva -incluso cuando era anciano y vivía en Inglaterra- de que en cualquier momento iba a empezar a arrojar bombas. Y cómo los ocupantes alemanes de Varsovia detuvieron y asesinaron a su padre en 1943.

Curiosamente, fue el reticente y discreto alemán del norte Ralf Dahrendorf -el pensador social, político y educador germanobritánico, que murió el mes pasado- quien dejó un testimonio más amplio sobre los años de la gehena en Europa.

Su padre, un político socialdemócrata, fue detenido por su participación en el plan del 20 de julio de 1944 para atentar contra Hitler y a duras penas consiguió salvar la vida. A los 15 años, Dahrendorf se incorporó con unos compañeros de colegio a un movimiento de resistencia antinazi y fue detenido por la Gestapo. (Los conspiradores, que eran muy estudiosos, se escribían mensajes unos a otros en latín, con la idea de que los matones de la policía secreta no podrían leerlos, pero la Gestapo encontró una solución fácil: detuvieron al profesor de latín).

Años después recordaba que aquellos 10 días de prisión incomunicada despertaron en él ese "anhelo casi claustrofóbico de libertad, esa resistencia instintiva a verme encerrado, por el poder personal de los individuos o por el poder anónimo de las organizaciones" que sería durante toda su vida la base de su pasión por la libertad.

En unas memorias escritas en alemán y tituladas Über Grenzen (que significa al mismo tiempo "a través de las fronteras" y "sobre las fronteras"), ofrece la visión inolvidable de un campo de prisioneros de la Gestapo a través de los ojos de un chico de 15 años. En una ocasión, alinearon a los presos para que presenciaran la ejecución de uno de ellos por robar 200 gramos de margarina. Colgaron al hombre, escribe Dahrendorf, "de una forma terriblemente cruel y tuvimos que contemplar la larga agonía".

Aquellos tres jóvenes de talento excepcional podían muy fácilmente haber acabado asesinados, arrojados a la pira de la loca autodestrucción de Europa, como acabaron muchos de sus amigos y familiares. Pero lograron seguir adelante, con una vida larga y plena en la que crearon una obra de valor duradero. Cada uno de ellos contribuyó, con inteligencia, claridad, valor y sentido del humor, a la Europa libre en la que hoy vivimos.

No crean que los tres profesores pensaban lo mismo de la Unión Europea. Ni mucho menos. Geremek era un auténtico entusiasta del proyecto de integración de Europa. Nunca olvidaré una ocasión en la que Bronek (como le llamaban sus amigos) se volvió hacia mí en un pasillo del Parlamento polaco y me dijo: "Para mí, Europa es una especie de esencia platónica". Creía tanto en el ideal como en la realidad. Y acabó su vida como miembro del Parlamento Europeo.

Dahrendorf era sin duda lo que en el Reino Unido llamamos un "proeuropeo" y había sido comisario, pero en sus últimos años empezó a criticar bastante cómo estaba evolucionando la UE. Su Europa siempre fue una Europa de libertad, y ése era el criterio con el que medía la Unión.

Kolakowski era francamente escéptico ante lo que consideraba tendencias homogeneizantes del proyecto de la UE. Aunque reconocía las claras ventajas de la Unión, tenía miedo de que salieran perdiendo la identidad nacional y la diversidad cultural. En muchas conversaciones vespertinas en Oxford, solía tomarme el pelo por mi entusiasmo europeísta.

Su escepticismo podría atribuirse a sus casi 40 años de residencia en las Islas Británicas, salvo que no creo que el Reino Unido ejerciera nunca una gran influencia sobre él. Pero sí creía, con una convicción apasionada, que Europa central, desterrada tras el Telón de Acero, debía incorporarse a la gran familia de la Europa libre, y contribuyó a ese fin, tanto con su desmantelamiento intelectual del comunismo como con su pensamiento estratégico sobre cómo salir de él.

Cuando hablamos de Europa, no estamos hablando de las instituciones concretas de Bruselas. Hablamos de la totalidad de un sistema legal, político y económico, una forma de sociedad, un espíritu ético, un compromiso, que, a través de unas naciones europeas distintas, sitúan la dignidad y la libertad individual del ser humano en primer lugar, en el último y en el centro. Ésa es la Europa en la que los tres creían y por la que lucharon.

Mi conclusión es sencilla, aunque nada fácil de trasladar a la práctica. En la medida en que ya no podemos depender de los recuerdos personales, ni siquiera de los contactos directos con la última de las generaciones de la guerra, necesitamos que en nuestras escuelas se enseñe más y mejor historia. Una Historia para todos. Una Historia que, para que resulte cercana, debe recurrir a experiencias humanas individuales. Un buen profesor podría empezar con estas tres: las de Bronek, Leszek y Ralf.

Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y profesor titular de la Hoover Institution en la Universidad de Stanford.

Donde acaba el derecho y empieza la ideología

Los jueces son reacios a admitir que los prejuicios a menudo condicionan las sentencias - El sistema de acceso ha favorecido que la judicatura sea mayoritariamente de signo conservador

Al iniciarse este año había en España 4.439 jueces en activo. El 74% tiene menos de 50 años. Es decir, que estudiaron la carrera en democracia y con la Constitución ya vigente, pero a diario imparten justicia de manera muy distinta sobre cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos: desde una demanda por un accidente de tráfico, una reclamación económica de un banco, un desahucio, las medidas derivadas de una separación matrimonial, un conflicto laboral en una empresa o a la hora de condenar o absolver a un acusado, entre otros muchos ejemplos.

La extendida creencia instalada en la ciudadanía de que la resolución de un pleito puede depender en buena parte del juez que a uno le toque en suerte -aunque no menos decisivo resulta el abogado que le defienda- es un hecho que pocos jueces admiten sin reparos. Ninguno duda de que todas las leyes son interpretables, pero son reacios a admitir que eso y no otra cosa es impartir justicia.

Son casos minoritarios, pero existen actuaciones de jueces que amparados en esa discrecionalidad se niegan a aplicarla porque es contraria a sus convicciones personales, como ocurrió con el juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita, que ha acabado inhabilitado porque, como él es contrario al matrimonio homosexual, bloqueó una adopción a una pareja de lesbianas.

Algunas de las deliberaciones y votaciones que se producen en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la votación prevista para hoy sobre la ley del aborto, ilustran también esa diferente manera de interpretar la ley, con dos bloques de juristas, conservadores frente a progresistas, que votan en bloque sobre una misma cuestión.

¿Condiciona la ideología a los jueces? "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas", se dice en el artículo 3.1 del Código Civil.

"Si la sociedad piensa que los jueces dictan sentencia movidos por su ideología es que algo estamos haciendo mal entre todos y que no somos capaces de ganarnos la confianza de los ciudadanos", explica Margarita Robles, magistrada en excedencia del Tribunal Supremo y en la actualidad vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.

En su opinión la ley sólo es interpretable, "desde un punto de vista jurídico, que no ideológico". En ese razonamiento coincide Pablo Llarena, magistrado de la Audiencia de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a la que están afiliados una cuarta parte de los jueces de España. "Que se juegue con la ideología de los jueces para establecer un pronóstico de la resolución hace que la ciudadanía pierda la confianza en la justicia", asegura.

Menos equidistante que sus compañeros se expresa el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ramón Sáez. "Lo que hay que preguntarse es porqué en casos similares se dictan sentencias distintas. El derecho es débil y no hay duda de que a la hora de aplicarlo influyen la ideología, los perjuicios y los posicionamientos personales del juez. Hay que asumir sin complejos que tenemos un poder y que al dictar sentencia lo imponemos a las partes".

Sáez, como Robles, pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia, a algunos de cuyos integrantes les han colgado sus compañeros conservadores la etiqueta de practicar, en ocasiones, lo que se denomina el uso alternativo del derecho. Es decir, la desmitificación del carácter científico que tiene la interpretación y aplicación de la ley y la necesidad de apostar por las clases más desfavorecidas.

Son muy pocos los jueces que reconocen abiertamente que interpretan la ley desde su ideología y abundan los que suscriben las tesis de Pablo Llarena, en el sentido de que su función consiste en asegurar "una justicia imparcial, técnicamente formada, equidistante y alejada de la política". Sin embargo, el mismo Llarena reconoce que "la resolución judicial puede variar según el juez que la dicte. Eso no es ninguna perversión, es que es así. Cada juez puede visualizar una realidad en un mismo procedimiento", explica.

"¡Claro que los jueces tenemos ideología, porque somos personas! Pero no somos ni más ni menos conservadores que cualquier colectivo profesional de alto nivel", explica el magistrado Sebastián Moralo, miembro del comité nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda organización judicial de España, con 600 afiliados. "La seguridad jurídica que ofrecemos los jueces es igual o superior a la que pueda tener el dictamen de un ingeniero, de un médico o un abogado, pero con la diferencia de que las sentencias están sometidas a un sistema de revisión de recursos", explica Moralo. Ramón Sáez discrepa abiertamente de esa posición. "Ese modelo del juez técnico, distante, neutral y que sólo aplica una técnica como un fontanero o un médico es una ficción, es el vacío, es la nada. Pasa en todas las jurisdicciones y cuanto más arriba se esté más consolidadas están las certezas y los jueces operamos con más automatismos", asegura.

"Si la carrera judicial en España es mayoritariamente conservadora es porque el actual sistema de oposición facilita esa tendencia y porque los preparadores que buscan esos opositores también son casi siempre conservadores", explica Alejandro Sáinz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y es que no todas las familias pueden mantener a un aspirante a juez, que, tras los años de carrera universitaria, tarda otros cinco años y tres meses de media en superar una oposición.

Con todo, cada vez existe mayor permeabilidad social en la judicatura. Hace 30 años, por ejemplo, sólo eran hijos de obreros el 8% de los alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y únicamente una tercera parte de los estudiantes eran mujeres. Sólo dos de esa minoría de alumnos de clases populares acabaron la carrera.

Ahora las mujeres representan ya más del 47% de los jueces de España, son mayoría entre los 20 y los 40 años y suponen desde hace años más del 60% de cada promoción. Pero sólo representan el 8,11% en el Tribunal Supremo, por ejemplo, porque para llegar hasta allí hacen falta muchos años de experiencia, al margen del aval de las asociaciones judiciales y del Poder Judicial.

La última hornada que ha salido de la Escuela Judicial con sede en Barcelona y que desde hace unos días ya imparte justicia en todos los rincones de España está formada por 127 jueces y sólo 28 son "hijos del cuerpo". Es decir, tienen algún familiar en profesiones jurídicas. Cada vez escasean más los nuevos jueces que representan la tercera o cuarta generación de una de esas sagas de abolengo jurídico que hay en España.

Los nuevos jueces tienen una media de edad de 29 años y el perfil mayoritario de esa promoción, como de las anteriores y seguramente de las próximas, es el de un profesional muy escéptico con el poder político, absolutamente distanciado de cualquier posible injerencia en su función y muy crítico con la actuación de las asociaciones judiciales que les representan. Todos proclaman su "independencia", el vocablo que más les gusta pronunciar cuando aún no visten toga y que tanto repetirán a lo largo su carrera, que finaliza a los 70 años.

"La independencia es lo que es y nada más: que el juez esté libre de presiones al impartir justicia. Pero una cosa es la independencia y otra el condicionamiento ideológico que tienen jueces y fiscales en su trabajo diario", precisa Carlos Jiménez Villarejo, Fiscal Anticorrupción entre 1995 y 2003. "¿Alguien puede negar que los jueces del Tribunal Supremo que han admitido la querella contra Garzón por prevaricación por su actuación en el caso de las fosas de la Guerra Civil no han actuado con una fuerte carga ideológica? ¿Alguien duda que la actuación del Fiscal General del Estado y del Tribunal Supremo reclamando la ilegalización de Iniciativa Internacionalista que después anuló el Tribunal Constitucional no estaba condicionada por los intereses del Gobierno en el asunto?", se pregunta Villarejo. "Y con el poder económico la lista de asuntos es muy larga: desde las cesiones de créditos del Banco de Santander, que ni siquiera llegó a juicio, a las cuentas de los directivos del BBV, que acabaron absueltos. La carrera judicial y fiscal es mayoritariamente condescendiente con quien ostenta cargos, se les tiene un poder reverencial por ser quienes son", dice Villarejo.

Las sentencias a las que se refiere el ex fiscal son una minoría en el conjunto de la actividad judicial en España, pero configuran en la ciudadanía una determinada imagen de la judicatura. "El 95% de los jueces de España no están ideologizados", sentencia Margarita Robles, quien considera que "no hay nada peor que un juez que se abstraiga de la realidad social, que sea capaz de decir que no lee los diarios para no contaminarse".

"La manera de entrar en la judicatura, con casi 10 años de estudio entre la carrera y la oposición, es lo que marca el modelo de juez que hay en España y lo que habría que revisar", explica Carlos Gómez, director de la Escuela Judicial entre junio de 1999 y abril de 2002 y en la actualidad presidente de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Durante ese tiempo vio pasar a casi 600 futuros jueces e intentó aplicar un plan de estudios para que recibieran "una formación adecuada a los tiempos que corren", explica. "Después de tantos años de estudio, los futuros jueces llegan a la Escuela escasamente motivados y con ganas de tocar balón de una vez y de impartir justicia", explica Alejandro Sáinz.

"Pero acaban resignados. Han de pasar de la memoria a la razón. Por lo menos se intentará que aprendan a escribir resoluciones razonadas y con un lenguaje inteligible", añade. Y es que ese modelo de Escuela Judicial que enseña a los futuros jueces conocimientos muy diversos que no están en las leyes ni en los códigos tampoco acaba de ser del agrado de buena parte de la judicatura, hasta el punto de que la mayoría conservadora del anterior Consejo General del Poder Judicial estuvo a punto de desmantelarla.

El fin de un sistema de acceso basado en la memoria

España es uno de los pocos países europeos en el que la oposición de acceso a la judicatura se basa en dos exámenes memorísticos: uno escrito y otro oral. Desde que un estudiante empieza derecho hasta que aprueba la oposición transcurre una media superior a los nueve años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere cambiar ese marco legal aprovechando la reforma universitaria del plan Bolonia de reforma universitaria, que obligará a retocar la ley orgánica.

El borrador que se baraja y que será común a jueces y fiscales pasa por cuatro años de estudios para obtener el grado (la actual licenciatura), al que seguirían dos años de posgrado con un grupo de profesores en el que los jueces y fiscales serían mayoritarios. Esos estudios contarían con becas para facilitar la permeabilización social de los estudiantes.

Tras los estudios de posgrado (lo que ahora es el doctorado) se volverían a evaluar con otro examen, como sucede en Alemania. Después habría de superarse una oposición con menos temas (ahora son 360) en la que bastarían una media de dos años de intenso estudio. La estancia en la Escuela Judicial se mantendría en dos años, pero fomentando los "Erasmus judiciales", tal y como recomienda la Comisión Europea y la Red Europea de Formación Judicial.

"Cualquier propuesta de cambio debería tener el apoyo de los compañeros y las asociaciones antes de que la aprobase el poder legislativo. Yo creo que lo lograremos tras el necesario debate", explica Félix Azón, vocal del Poder Judicial encargado de la reforma y que tras el verano llevará su propuesta a una comisión creada para ese fin. Según Azón, la "reforma es una necesidad urgente y la oposición no puede basarse sólo en un sistema memorístico". En este sentido, recuerda que cada año hay en España menos aspirantes a juez: en 2000 fueron 5.640 y en 2008 se redujeron a 3.548.

Al mismo tiempo, el CGPJ se propone revitalizar el llamado cuarto turno, un sistema de acceso a la judicatura con la categoría de magistrado a juristas con más 10 años de experiencia que hibernó el anterior Consejo. La entrada a la carrera al margen de la oposición pura y dura siempre ha provocado recelos en parte de la judicatura. Son los llamados patas negras, que, con cierto tono despectivo, califican a esos compañeros de turneros.

Pepe Ríos para El País.

Conciencia y calidad de la democracia

Los miembros de los partidos deben ejercer su libertad de conciencia y no ceder ante el monolitismo

Hace unos meses, la propaganda de la película Valkiria llevaba una leyenda bien impactante. Decía algo así como "mientras otros obedecían, él escuchó a su conciencia". "Él" era el coronel Von Stauffenberg, el líder del último atentado contra Hitler, alguien que no se doblegó ante lo "políticamente correcto", cuando no doblegarse implicaba exponerse a la tortura y la muerte. No sólo a no recibir el aplauso de la mayoría o a ser mal considerado, sino a perder la vida, como realmente sucedió. Gentes así despiertan admiración, o deberían hacerlo.

Como Shtrum, el personaje de Vasili Grossman en Vida y destino, el científico caído en desgracia durante el régimen de Stalin, que se niega a reconocerse culpable -porque no lo es-, aunque sus amigos le aconsejan hacerlo para evitarse males mayores. Socialista convencido, confiesa a su hija: "Creo que nos precipitamos al hablar de socialismo; éste no consiste sólo en la industria pesada. Antes de todo está el derecho a la conciencia. Privar a un hombre de este derecho es horrible. Y si un hombre encuentra en sí la fuerza para obrar con conciencia, siente una alegría inmensa".

La conciencia personal frente al totalitarismo, nacionalsocialista, soviético o de cualquier otro género. La persona artífice de su propia vida, como diría Séneca, responsable de su propio destino.

Justamente, la estrategia de los totalitarismos consiste en anularla con distintas coartadas, como la tan conocida de la "obediencia debida" al Führer, al Estado soviético, al mando militar. Una coartada inadmisible en sociedades democráticas, que se caracterizan por hacer de la igual autonomía de los ciudadanos la clave de la vida social y, por lo tanto, no pueden permitirse anular las conciencias que es la forma de anular a las personas.

En estas sociedades existe la objeción de conciencia; claro está, que cualquier ciudadano puede presentarla cuando considera que una ley viola sus convicciones más profundas, aunque sólo se reconocerá el derecho a ejercerla en los casos tipificados a tal efecto, y lo que pase de ahí es desobediencia civil. Pero en esta vida no todo se agota en los reconocimientos legales ni queda asegurada la supervivencia de la conciencia personal porque exista el derecho a objetar en determinados casos. ¿Qué sucede -por ejemplo- cuando los partidos políticos se niegan a dejar libertad de conciencia a sus miembros a la hora de votar en situaciones especialmente conflictivas para ellos? ¿No es entonces la disciplina de voto una versión suave de la obediencia debida para estómagos democráticos?

Sin duda, las sociedades abiertas se enfrentan a un buen número de contradicciones, pero, precisamente por su carácter abierto, se ven obligadas a sacar a la luz los problemas, a reconocerlos como tales y a tratar sobre ellos para tratar de enfrentarlos con altura humana. Ésa es la grandeza y la responsabilidad de los mundos abiertos.

Es verdad que los partidos políticos, sean muchos o pocos, han de presentar propuestas unitarias a los ciudadanos dentro de sus programas, porque en caso contrario pierden eficacia y sentido. Parece entonces que no puede haber pluralismo interno, porque ¿cómo sabrán los electores a quién votar si hay disensiones internas? Pero tampoco se puede eludir la otra cara de la moneda: ¿qué hace un militante que está de acuerdo con su partido en la mayor parte de las propuestas pero se siente incapaz de apoyar algunas porque se lo impide su conciencia?

La calidad de una democracia representativa exige que los ciudadanos puedan esperar de los partidos que cumplan sus programas, a los que debería haberse llegado por debate interno y externo. En este cumplimiento mostrarían su operatividad y ese valor tan preciado por nuestras sociedades que se llama "eficiencia". Pero esa misma calidad de la democracia reclama que los miembros de los partidos ejerzan su libertad de conciencia, porque mal pueden contagiar pluralismo instituciones monolíticas.

El monolitismo no es un valor positivo, que atrae, sino un valor negativo, que repele, y resulta más convincente un partido -o cualquier otra institución- cuyos miembros pueden poner en duda propuestas del aparato. Recuerdo en este sentido las declaraciones de un miembro del PSOE, alcalde en un pueblo de Alicante, que aseguraba haber probado durante años el agua de las desalinizadoras y haber llegado por experiencia a la conclusión de que era mejor un sistema mixto, porque el agua que es buena para las personas no lo es tanto para la agricultura. Ante la pregunta del periodista "¿cómo dice eso siendo del partido que es?", la respuesta era extraordinaria: "No me sentiría a gusto en mi partido si no dijera lo que he comprobado por experiencia".

Por supuesto que el que expresa su libre conciencia se puede equivocar, por supuesto que existen los iluminados peligrosos. Pero bien puede ocurrir que una persona, a pesar de intentar aceptar al máximo lo que le une a la mayoría, de un partido o de una sociedad, acabe pronunciando la famosa frase de Lutero: "No puedo más, aquí me detengo". En un sentido o en otro. Anular esa posibilidad es apostar por la Raza, por el Estado o por el Partido, por lo contrario de la sociedad abierta.

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Poder vitalicio, poder limitado

Los líderes a perpetuidad pueden dañar la calidad democrática de un país - La clave, que haya siempre garantías de alternancia

En una pequeña localidad de Castilla-La Mancha el alcalde, en vísperas de las elecciones, es recibido prácticamente por todo su pueblo al grito de: "¡Alcalde!, ¡Alcalde!, todos somos contingentes, ¡pero tú eres necesario!, ¡Viva el munícipe por antonomasia!". El edil, entusiasmado, saluda a izquierda y a derecha. La escena es de ficción, sí. Tanto que las elecciones en ese pueblo manchego son anuales. Se trata de la película Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Y es cierto que no es lo mismo hablar del alcalde manchego que del presidente de un país. Pero hay una sensación que recorre a muchas de las personas que alcanzan el poder y es sentirse que son necesarios, como el alcalde de la película. Y vuelven a presentarse a las elecciones. Una, dos, tres veces... En algunos países incluso se cambian las leyes para permitir esa perpetuidad. ¿Es bueno que una persona esté al frente de un país por un tiempo ilimitado? ¿Corre riesgo la democracia?

La experiencia que otorga estar muchos años en primera línea frente a las rutinas que se asientan; el inmovilismo que brota con la permanencia ante el ágil debate que fomenta la alternancia. La presidencia vitalicia, los mandatos prolongados tienen ventajas e inconvenientes para todos los gustos. Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, lo sintetiza así: "La democracia es un sistema de poder delegado; pero también limitado. Los gobernantes sólo tienen un determinado poder, en tanto gozan de la confianza de los ciudadanos. Se trata por tanto de un sistema de gobierno consentido y renovable, pero limitado. Sin duda es un poder provisional y acotado temporalmente, cuyo horizonte es temporal, no la duración eterna".

La limitación es tan subjetiva que los expertos consultados creen que tiene pros y contras. Entre los puntos negativos, Enrique Guerrero, eurodiputado socialista, asegura que los ciudadanos "tienen la capacidad de decidir la continuidad de un proyecto. No se les puede robar esa oportunidad. En España nunca se ha dado el caso de que un partido pierda las elecciones tras un mandato. Los españoles sobrentienden que un proyecto político tiene, al menos, ocho años", asegura.

El hecho de que haya dirigentes que se perpetúen en el poder, en España, Europa o América Latina, suscita una cuestión: ¿corre riesgo la democracia? En el caso de las que están asentadas, desde luego que no. Sí se pone en riesgo, sin embargo, la calidad democrática. "Un problema importante es que una persona esté en el poder sin tener una posibilidad de alternancia", opina Guerrero. Ocurrió con el PSOE en el 82, con 202 diputados, y en el 86, con 184. Fueron ocho años sin que apenas se percibiese a la oposición.

De ahí la importancia de las mayorías absolutas. No tanto por llegar a conseguirlas sino por lo que implican. Los mecanismos parlamentarios cambian. No es lo mismo que todas las leyes salgan adelante a que haya que negociarlas con otros partidos. "Sin mayoría absoluta, la democracia tiene más voces", reconoce Guerrero.

Si bien los analistas están de acuerdo en que la alternancia aviva el debate político, los representantes de los dos principales partidos de España -PSOE y PP- asumen que no es sencillo. "Incluir la limitación en una reforma constitucional es complicado. Sí sería bueno incluirlo en un pacto entre los partidos políticos", afirma Jaime García-Legaz, secretario general de FAES y diputado del Partido Popular.

Tomando ocho años como frontera entre la limitación y la perpetuidad de los mandatos, Jaime García-Legaz considera la marcha del ex presidente José María Aznar como un "buen ejemplo", ya que "se puede conseguir los objetivos que se plantean". "La limitación de poder es una garantía de seguridad democrática. Instalarse en el poder es un campo que siembra la corrupción. La alternancia de líderes propicia también la alternancia en el partido que gobierna", opina el secretario general de FAES.

Enrique Guerrero incide en que limitar el poder de los mandatarios promueve la renovación de la clase política. "Los programas de los partidos tienen una vigencia corta, relativa, de ocho años. Es bueno que haya un replanteamiento de esos programas. Todas las elecciones en las que ha habido un cambio de Gobierno coincidieron con una alta participación ciudadana. Las que han tenido una participación baja han propiciado Gobiernos de continuidad", argumenta el eurodiputado socialista.

En efecto, los comicios de 1979, 1986, 1989, 1993, 2000 y 2008 arrojan una participación media del 71,2%. La participación máxima (76,4%) se produjo en 1993, mientras que las primeras elecciones de la democracia y las que dieron paso a la alternancia (1977, 1982, 1996 y 2004) tuvieron una media de 78,3%, con la mínima de 77,3% en 2004.

La diferencia entre sistemas presidencialistas y parlamentarios es importante. En los primeros, la figura del mandatario cobra mucho más protagonismo que en los segundos, donde el papel de los partidos políticos se supone tiene que ser más relevante. Sin embargo, esta línea es cada vez más difusa.

En Estados Unidos, el modelo presidencialista por excelencia, después de que Franklin D. Roosevelt consiguiese ser reelegido por tercera vez, estableció que los presidentes sólo ocupasen su cargo dos mandatos de cuatro años cada uno. La reforma, que entró en vigor el 26 de febrero de 1951, y que se conoce como la enmienda XXII a la Constitución, aún sigue vigente. Esta decisión, opinan varios analistas consultados, creó una cultura política en la gente que aún pervive. Los ciudadanos saben que cada cuatro u ocho años puede haber cambio de presidente. Un sistema que, en cierto modo, conduce a la estabilidad, según los expertos. "La democracia más antigua del mundo, la más sana, la más abierta, tendría que ser un ejemplo", opina Jaime García-Legaz.

En América Latina también rige un sistema presidencialista en prácticamente toda la región. A pesar de que vive su mejor periodo democrático en muchos años, durante los últimos 30 no han sido pocos los gobernantes que han decidido modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. El último intento, el de Manuel Zelaya en Honduras, ha desembocado en un golpe militar cuyas consecuencias siguen siendo impredecibles

Carlos Menem, el único presidente argentino que ha permanecido 10 años seguidos en el poder, fue el primero en conseguir una reforma de la Constitución. Le siguió Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, quien también cambió las reglas del juego en mitad del partido, aunque con los años, y viendo los resultados que ha obtenido el país, las críticas hacia las formas han disminuido. "Una larga permanencia en el poder, so pretexto de dar continuidad a lo que de bueno haya podido hacerse por el bien general, nunca ha generado más que la formación de camarillas y facciones personalistas de un mismo partido gobernante", matiza Ibsen Martínez, escritor y periodista venezolano.

Actualmente, los casos que más llaman la atención son los de Hugo Chávez, en Venezuela, que, después de un intento, consiguió ganar el referéndum, y el de Álvaro Uribe, en Colombia, que aún sigue deshojando la margarita ante sus aspiraciones a un tercer mandato.

Como se puede comprobar, no responden a componentes ideológicos, van de izquierda a derecha. ¿Hay, sin embargo, diferencias entre unas y otras? "Toda, absolutamente toda aspiración a perpetuarse en el poder es odiosa. El argumento de ser el hombre imprescindible, esgrimido por todos los autócratas, desde Simón Bolivar hasta Fidel Castro, no admite sino rechazo", sentencia Martínez. Para el autor, sin embargo, hay una sutil diferencia entre los Gobiernos de Caracas y Bogotá: "En Colombia, a diferencia de Venezuela, las instituciones reguladoras, la opinión pública, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, los poderes que hacen contrapeso al Ejecutivo funcionan de forma más efectiva e independiente".

Uno de los argumentos más utilizados por los mandatarios latinoamericanos a quienes se critica por querer continuar en el poder es que algunos líderes europeos, como Felipe González, en España, o Helmut Kohl, en Alemania, permanecieron largo tiempo en la cumbre política. Y nadie les criticó por ello. "El argumento obra de mala fe, porque no atiende al hecho de que, a diferencia de los regímenes parlamentaristas europeos, la mayoría de constituciones latinoamericanas son muy presidencialistas, otorgan al Ejecutivo un sinfín de poderes", insiste Martínez.

"El parlamentarismo tiene la ventaja de que los actores son los partidos, no los presidentes. Fue su propia formación quien se quitó de en medio a John Mayor y quien puede que se quite a Gordon Brown, en el caso de Inglaterra", afirma Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y director del CIS.

En España un presidente puede ser reelegido hasta que los ciudadanos quieran. Felipe González estuvo en el poder 14 años; José María Aznar, por el contrario, decidió irse al cumplir su segundo mandato. José Luis Rodríguez Zapatero aún no ha aclarado su futuro. Llama quizás la atención el largo periodo que han permanecido en el poder algunos presidentes autonómicos. Jordi Pujol estuvo 23 años al frente de la Generalitat; Manuel Chaves, 19 años presidiendo la Junta de Andalucía; Rodríguez Ibarra, 24 años en Extremadura; José Bono, 19 años en Castilla-La Mancha y Manuel Fraga, 15 en Galicia. Por no hablar de alcaldes locales, como los de la película de Cuerda.

Para Vallespín, una de las ventajas de que un político permanezca en el poder es la experiencia. "Un político con éxito es un activo para un partido. Prescindir de él es casi suicida. Los partidos, hoy por hoy, no pueden prescindir de algunos candidatos. Allí donde hay grandes resultados es muy difícil que surja gente de la misma especie. Su propia relevancia lo impide. Ocurrió con Joaquín Almunia, después de Felipe González; en Inglaterra, con John Mayor, después de Margaret Thatcher", argumenta Vallespín, quien no en vano reconoce que tampoco es una sentencia categórica, ya que "el poder hace que se asienten las rutinas. La alternancia mejora el debate interno en los partidos".

Pros y contras del gobierno vitalicio

- Ventajas. Que una persona no se perpetúe en el poder garantiza la calidad de la democracia de un país e incentiva el debate interno en los partidos. Los programas y los líderes políticos suelen tener fecha de caducidad y es bueno que se renueven. Si no, las rutinas se asientan. En los regímenes presidencialistas la figura del líder tiene mucha trascendencia y puede llegar a establecer una relación clientelar con el resto de poderes del Estado.

- Inconvenientes. La experiencia es un grado. Un líder que ha permanecido mucho tiempo en el poder suele aportar un carisma que es muy difícil de conseguir en otro político. Además, la sociedad tiene derecho a elegir una y otra vez a un candidato si así lo desea. No se les debe robar esa oportunidad.

Javier Lafuente para El País.

La Palabra dice

Se te ha dicho:

Sé siempre el primero. Saca las mejores notas en la escuela, y rompe con tu pecho la cinta de la meta en toda competencia. Que no veas a nadie delante de tus pasos ni se sienten delante de ti en los banquetes. Asombra a todos los amigos luciendo el último invento, caros juguetes de adulto para despistar el tedio. Que sólo el peldaño más alto sea el lugar de tu descanso.

Pero La Palabra dice:

Siente la mirada de Dios posarse sobre ti, porque él alienta posibilidades infinitas en tu misterio. Despliégate todo entero sin trabas que te amarren, ni el miedo dentro, ni los rumores en la calle, ni la codicia del inversor, ni las amenazas de los dueños. Y no temas sentarte en una silla pequeña con los últimos del pueblo. Allí encontrarás la alegría de crear con el Padre libertad y vida para todos sin la esclavitud de exhibir un certificado de excelencia. A la hora de crear el Reino los últimos de este mundo pueden ser los primeros.

Benjamín González Buelta, sj