Lo que no acaba de llegar

Llevo años esperando ese momento y ese momento no acaba de llegar. No sé muy bien en qué consiste, ni siquiera sé si sabría identificarlo si ocurriera, pero tengo la impresión de que aún no ha sucedido. Lo sueño, trabajo por él, vivo para él, lo persigo. Me sostiene cada día, me hace desperezarme, levantarme. No pienso en otra cosa y no he llegado aún a ninguna conclusión. No es que obedezca a una determinada insatisfacción o a un descontento, más parece ser fruto de cierta incompletud, carencia o falta. No podría acharcárselo a nadie. Incluso cabía decir que, si bien no soy exactamente un privilegiado, desde luego no soy ni un damnificado ni una víctima. He tenido la suerte suficiente, la salud suficiente, la satisfacción suficiente, los amigos, el amor, suficiente. Si no ha ocurrido, no he de atribuirlo ni a los demás ni a mi sórdida o difícil situación. Si fuera otro, encontraría que me van las cosas razonablemente bien. Quizá sea un exigente, o un exagerado, o un ansioso, pero ni siquiera ello explicaría por qué eso no acaba de llegar. Tal vez no soy capaz de salir de alguna suerte de adolescencia, no ya temporal sino constitucional. Pero tampoco eso daría cuenta de esta convicción de que aún no ha sucedido.

A veces pienso que eso que espero está ya aquí, que no lo sé ver, que me rodea, que me abraza, que me es tan próximo y evidente que ni siquiera yo soy capaz de reconocerlo. En otros momentos, considero que quizá su modo de estar aquí conmigo consiste en que está ya, pero siempre por venir, nunca dado del todo. Es lo que me hace vibrar y vivir, como una utopía o un horizonte, como un deseo sin objeto, que se vuelve sobre sí mismo, como un deseo de desear.

Tal vez temamos que se haga patente y que finalmente no sea para tanto. Quizá resulte impresentable, indecible, incluso no sólo insuficiente, sino invivible. Eso no es algo, ni alguien. Es tan nuestro que nos constituye. En ocasiones, nos desalienta su imposible posesión, pero en otras es la clave de todo estímulo y desafío. He vislumbrado eso en una tarde, en una escritura, en un perfil, en unos pasos, en unos ojos, pero no acaba de llegar. A veces considero que es mejor así, pero en cuanto lo acepto y me resigno se desvanece y me encuentro peor, y no por estar sin eso, sino por encontrarme con eso atrapado, poseído, muerto. Y, entonces, me alegro de que ese momento aún no haya sucedido.

Permanezco activo y a la espera. Y no ya tanto a la expectativa de ninguna llegada o venida, sino de alguien otro que cerca, y poblado por esa misma experiencia de lo que no acaba de llegar, sea una compañía, un estímulo, una complicidad, o quizás algo más.

Ángel Gabilondo

Europa necesita una sola voz

La Unión Europea no logra superar las pruebas de Gaza y de la crisis del gas. En política exterior, está más débil y dividida que nunca. ¿Por qué no somos capaces de hacer las cosas bien?

Débil, dividida, incoherente, hipócrita e irritante: así se oye calificar en privado a la UE en Pekín y Washington. Y los hechos de la primera semana de 2009 indican que nuestros críticos tienen toda la razón.

Fíjense en qué lío estamos. Europa afronta dos graves crisis que ponen en peligro nuestros intereses y nuestros valores. La guerra de Gaza es una negación de todos los principios que Europa asegura representar. Afecta directamente a nuestros intereses, entre otras cosas porque la última oleada de sufrimiento palestino (a la que contribuye la propia dirección palestina, dividida e irresponsable) exacerbará aún más la ira de los musulmanes que viven en Europa. En cuanto a la disputa entre Rusia y Ucrania por el gas, ya ha hecho que los ancianos de varios Estados miembros de la Unión Europea estén pasando frío en sus viviendas por falta de calefacción. Si evitar que nuestra gente muera de frío no es un interés vital, que me lo expliquen. Además de que esta situación es también una burla de los ideales europeos de resolución de conflictos mediante negociaciones pacíficas y bajo el imperio de la ley.

¿Y cómo reacciona Europa? Para nuestro gran ridículo, en Oriente Próximo ha estado representada no por una sino por dos misiones separadas: una oficial de la UE, encabezada por el ministro checo de Exteriores -dado que la República Checa acaba de tomar el relevo de Francia en la presidencia de la UE, todavía bajo el régimen de rotación cada seis meses-, y otra formada por el rey emperador Nicolas Sarkozy, que claramente ha disfrutado tanto siendo presidente europeo durante los seis últimos meses que tiene la impresión de que ni Europa ni el mundo pueden vivir sin él. Para adaptar la frase de Luis XIV, "L’Europe, c’est moi".

En un momento en el que Estados Unidos está suspendido entre un presidente saliente que no está dispuesto a hacer nada para detener la matanza y un presidente entrante que siente que no puede actuar aún, Europa tiene la oportunidad de demostrar qué puede hacer. Y aquí está: débil, dividida y tan irritante, pomposa y llena de autobombo como a principios de los noventa, cuando el ministro de Exteriores de Luxemburgo llegó a una Yugoslavia en plena desintegración y proclamó: "Ha llegado la hora de Europa". Como los Borbones, la Unión Europea parece no haber olvidado nada y no haber aprendido nada. La exigencia de alto el fuego inmediato de la UE se ha visto acogida con el rechazo. A Sarkozy hay que reconocerle que, por lo menos, ha trabajado urgentemente con el Estado limítrofe con el sur de Gaza, Egipto, para elaborar un plan concreto. No obstante, en el caso de que Israel acepte una versión del plan egipcio, lo hará por sus propios motivos operativos y de política interna y porque Washington ejerza presiones reales.

¡Ach Europa!, suspiraba el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger hace unos 20 años, con afecto y exasperación. ¡Ach Europa!, grito yo en 2009, con más indignación que tristeza. Aunque el sufrimiento humano causado por la disputa del gas entre Rusia y Ucrania es menos grave que el de Gaza, el fracaso europeo en este caso es todavía más imperdonable. Europa, por más poder económico que tenga, no puede impedir la tragedia de Gaza sin la ayuda de Estados Unidos. En el caso del gas ruso, la situación es distinta. Si hubiéramos hecho lo que llevan pidiendo los expertos desde la última obstrucción del gasoducto ruso y hubiéramos empezado a crear un mercado único europeo de gas natural, si los 27 Estados miembros de la UE tuvieran siempre una misma postura frente a Rusia y Ucrania, nunca habríamos llegado a encontrarnos en esta miserable circunstancia. Ahora, cuando oigo a las autoridades de la Comisión Europea sacando pecho y protestando -esto es "inaceptable", dicen, "Rusia debe..."-, no sólo doy por descontada la reacción de desprecio de Gazprom y Vladimir Putin, sino que, en mi fuero interno, casi la comparto.

¿Por qué los europeos no podemos hacer las cosas como es debido en nuestras relaciones con el resto del mundo? En nuestro continente hemos hecho grandes cosas: hemos completado casi del todo la ampliación más ambiciosa en la historia de la Unión y acabamos de celebrar el décimo aniversario del euro. En política exterior hemos avanzado poco desde hace un decenio. Y el tiempo no está de nuestra parte. A medida que ascienden potencias como China e India, el poder relativo de Europa disminuye de forma inevitable, así que unir nuestros recursos no es, en cierto modo, más que la única forma de mantenernos a su altura. El calentamiento global y la proliferación nuclear no van a esperar a que acabemos nuestros interminables debates internos.

Hay dos elementos clave para que hagamos las cosas bien: el institucional y el político. En los últimos 10 años hemos prestado demasiada atención al institucional y demasiado poca al político. Las instituciones son importantes. Con todos sus defectos, Sarkozy ha demostrado, en el último semestre, el efecto que puede tener un presidente enérgico y seguro de sí mismo en representación de Europa. Sería todavía mejor contar con un presidente y un alto representante nombrados para un periodo más largo, tal como se prevé en el Tratado de Lisboa. Y, aunque sea menos visible, también ayudaría disponer de un solo "servicio de acción exterior" formado por funcionarios y diplomáticos que se encarguen de identificar sistemáticamente los intereses, valores e instrumentos europeos en todas las grandes cuestiones internacionales (Israel-Palestina, gas ruso, lo que sea).

Por eso, algunos dicen que estos hechos demuestran que verdaderamente necesitamos el Tratado de Lisboa y, por consiguiente, los irlandeses deben celebrar un segundo referéndum que produzca la respuesta adecuada. Me parece una postura antidemocrática en los principios y con pocas posibilidades de triunfar en la práctica. Si fuera irlandés, esa actitud me parecería intimidatoria y paternalista y, por tanto, me sentiría más inclinado a decir "no". Lo que deberíamos hacer es reflexionar sobre qué cambios institucionales son necesarios para contar con una política exterior más eficaz y cómo es posible ponerlos en marcha o añadirlos a los tratados que componen la constitución de la UE.

Las instituciones, en definitiva, no son más que instrumentos. Cuando existe voluntad política, hay una vía institucional. Cuando no existe voluntad política, los mejores ordenamientos institucionales del mundo no sirven para nada. A estas alturas es habitual que los grandes estadistas retirados -un recurso del que nuestro continente está más que dotado- se dediquen a lamentar la falta de "liderazgo" en la Europa de hoy (se da por sobrentendido que la situación era mucho mejor en sus tiempos). Francamente, no me parece que nuestros dirigentes actuales sean tan malos. Es verdad que todos quieren pavonearse y destacar en el escenario mundial; ¿qué político no quiere? El problema de fondo no está en estas estrellas políticas, sino en nosotros. Es culpa nuestra, porque premiamos su vanidad.

Mientras nosotros, los ciudadanos de los países de la Unión Europea, no nos despertemos y exijamos a nuestros dirigentes que se aclaren las ideas, en interés de todos y cada uno de nosotros, no tendrán ningún incentivo político para hacerlo. Puede que intelectualmente acepten (o no, en el caso de los conservadores británicos) los argumentos a largo plazo en favor de una Europa con una voz más fuerte y coherente en el mundo, pero, mientras ocupen cargos electos, ese análisis no significará nada frente a las posibles ventajas políticas a corto plazo.

Somos nosotros, los ciudadanos de Europa, los que debemos alterar ese cálculo de las ventajas. Eso significa abrir también nosotros los ojos al peligroso mundo en el que vivimos: un mundo en el que ahora afrontamos una larga lucha para conservar el modo de vida relativamente próspero, libre y civilizado que hemos construido durante los últimos 50 años. Hasta que los europeos no reunamos esas fuerzas, nuestros "amigos" norteamericanos, chinos y rusos tendrán verdaderos motivos para despreciarnos.

Timothy Garton Ash

El racismo en las escuelas se ceba con los musulmanes

Un estudio revela que los gitanos ya no son los más rechazados entre los alumnos

Por primera vez después de siglos, los gitanos no son el colectivo que más sufre el racismo en la escuela. Ahora son los marroquíes. Lo llevan siendo desde el año 2002, después de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas en Nueva York, según la encuesta escolar sobre racismo que elabora desde 1986 el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA) de la Universidad Complutense. Aquel año, los resultados de la encuesta no se publicaron "para no echar más leña al fuego, porque revelaban una islamofobia brutal", afirma Tomás Calvo Buezas, antropólogo y director del CEMIRA. La encuesta se volvió a repetir en 2004, pero no fue publicada. Ahora -año 2008- que la fuerza del rechazo ha disminuido, el CEMIRA hace públicos los datos de las tres encuestas hechas entre chavales españoles de 13 a 19 años.

Los resultados de 2008 revelan que ese racismo visceral se ha reducido. Mientras que en 2002 un 48,6% de los chavales afirmaron que echarían a los marroquíes de España, seis años después la cifra se ha reducido al 39,1%. En otras preguntas, la islamofobia se mantiene: el año del 11-S, el 23,7% afirmó que le molestaría tener a un marroquí como compañero de clase, y en 2008 respondió lo mismo el 23,1%.

El 11-M
Lo sorprendente es que, cuando dos años después del 11-S, el terrorismo islamista azotó la capital de España, el 11 de marzo de 2004, los niños no respondieron con más odio. La fobia no creció e incluso se rebajó algunos puntos. "Sucedió gracias a una pedagogía muy eficaz. Tanto en las manifestaciones como en los medios de comunicación se creó un discurso correcto: ’Terroristas no / inmigrantes sí’. Un discurso del que, además, ya había un antecedente en España: ’Vascos sí, ETA no’. La disociación entre terroristas e inmigrantes ha dado sus frutos positivos". Abdennur Prado (jefe de la comunidad musulmana de Cataluña) asegura que el crecimiento del rechazo hacia los musulmanes "es una bola". "Si no se hace algo para evitarlo va a estallar. Es necesario seguir las recomendaciones de la Unión Europea, que ha aconsejado realizar campañas entre menores y mayores para prevenir la islamofobia".

Los gitanos son ahora los segundos más repudiados. Durante cinco siglos han sido el grupo que sufría más y "pese a ser españoles, también han padecido el auge del rechazo en el mismo paquete imaginario de los inmigrantes", asegura Calvo Buezas. Aunque la xenofobia contra ellos ha decrecido, siguen manteniéndose niveles muy altos de recelo. En 2002, un 32% de los niños respondió que echaría de España a los gitanos (frente a un 48,6% que echaría a los marroquíes). En 2004 respondieron que les expulsarían el 29,5%, y en 2008 el 27,4%.

Mónica Chamorro González, responsable del área de educación de la Fundación Secretariado Gitano, asegura que, en general, sí han notado que el rechazo hacia los gitanos ha disminuido. Aunque puntualiza: "Es un dato que varía mucho entre los distintos barrios y colegios". Aun así, opina que el hecho de "que haya crecido el racismo hacia los musulmanes no significa necesariamente que haya menos rechazo hacia los gitanos. Hay mucho trabajo por hacer. Muchas veces, como los gitanos tienen un nivel más bajo a consecuencia de su elevado absentismo escolar, se les mete en las clases de educación compensatoria sin hacerles ningún examen previo. Esa actitud es un error porque su permanencia en grupos segregados continúa estigmatizándoles".

El rechazo a los latinoamericanos es el que más ha crecido: de un 15% de adolescentes que les echaría de España en 2002, a un 24,7% en 2008. En 1986, el primer año que se hizo la encuesta, tan sólo un 4,2% quería expulsarles. La animadversión hacia ellos ha crecido en 2008 en todos los indicadores: casarse con un latino, compartir pupitre con uno de ellos, echarles del país... "Los que antiguamente veíamos como nuestros hermanos latinos hoy ocupan el tercer puesto del rechazo, detrás de los marroquíes y de los gitanos. El amor romántico y fraternal de antaño se ha roto", ratifica Calvo Buezas. Sin embargo, el profesor opina que "aún quedan brasas ardientes de similitud en la lengua, en la religión, en la historia y en la cultura que darán sus frutos positivos como el mayor mestizaje y la mayor adaptación de sus hijos".

Los latinos son el ejemplo de lo que está pasando con todos los grupos: cuando llegan los primeros colectivos, crece el racismo hacia ellos, pero luego el rechazo no aumenta exponencialmente conforme van llegando más inmigrantes. (Véase gráfico).

Después de los latinoamericanos, el rechazo a los asiáticos se mantiene. En 2002, un 25,8% les hubiera expulsado; en 2008, un 23%. "Siempre han ocupado niveles medios de xenofobia. Su variación, al alza o a la baja, suele coincidir con los niveles generales de rechazo a la inmigración". Los negros de África son los quintos en la ignominiosa clasificación. Ellos también han experimentado un notable aumento de la xenofobia desde la primera encuesta, hace ya 22 años. Entonces, un 4,2% les hubiera expulsado; en 2002, un 26,7%, y en 2008, un 21,6%. "En los primeros años no eran visibles y se tenía hacia ellos un sentimiento compasivo", asegura el antropólogo.

Los judíos ocupan un nivel de rechazo muy bajo (un 18,8%), sobre todo si comparamos este dato con los resultados que una encuesta internacional arrojaba sobre el sentimiento hacia los judíos entre los adultos. El trabajo, elaborado por el centro de investigación estadounidense Pew Center, reveló este año que eran los segundos más odiados. Según esa encuesta, el 52% de los españoles rechaza a los musulmanes y el 46% a los judíos.

Pero más allá de todo esto, el CEMIRA señala con preocupación que entre los escolares está creciendo "muy peligrosamente" una "estigmatización, criminalización y satanización" de los inmigrantes sin papeles, lo que responde al discurso reinante en los medios y en la calle, dicen las conclusiones de la encuesta. "Se están convirtiendo en chivos expiatorios y son etiquetados como apestados", asegura Calvo Buezas. Si en 1999 el 33,5% de los chavales afirmaba que todos los inmigrantes irregulares debían regresar a sus países, ahora lo dice el 52,8%. Esta agresividad contra los sin papeles se ve más claramente en las redacciones y en los dibujos que les piden a los alumnos al final del cuestionario. Un mayoritario 79,2% (frente a un 17,9%) opina que los inmigrantes regularizados tienen los mismos derechos que los españoles.

¿Estamos a tiempo de combatir el racismo y la xenofobia en los colegios? El profesor Calvo Buezas cree que sí, siempre que en las aulas se fomenten "los valores de hospitalidad y solidaridad". "Hay que tener en cuenta que el racista se hace, no nace. Pero también el solidario. Por eso tenemos que introducir valores nuevos sin descuidar los que ya teníamos", añade. El segundo punto clave, asegura, es la reciprocidad: "La solidaridad tiene que ser una carretera de doble vía para que esto funcione".

El País

Aquí no dimite ni dios

Del blog de Eduardo San Martín...

Si la dimisión de un cargo público no implicara necesariamente la admisión de una culpa directa sería más fácil exigir que esos cargos abandonen sus puestos como ejemplo de higiene política en determinados casos. Ejemplo: la ministra de Fomento no es la culpable de que una borrasca se desplazara unos cuantos kilómetros de las previsiones iniciales; tampoco de que muchos ciudadanos eligieran utilizar sus coches privados en una jornada amenazante para el transporte; y mucho menos de que otras administraciones no cumplieran con sus propias obligaciones. Pero es inadmisible que en un país con el nivel de desarrollo como España y en pleno invierno, cuando se supone que esas cosas suelen ocurrir, la capital del país se colapse, y su aeropuerto se vea obligado a cerrar, por una simple nevada; fuerte, pero una nevada al fin y al cabo. Y en una democracia, unos de cuyos principios básicos es la rendición de cuentas por lo poderes públicos, alguien tiene que asumir la responsabilidad de que las cosas no hayan funcionado como se espera que lo hagan en un país que, según nos recuerda el gobierno cada día, es “la octava potencia económica del mundo”. No estoy seguro de si, en el caso que nos ocupa, Magdalena Álvarez debe dimitir o no. Lo que quiero recordar es que en este país no dimite un cargo público importante (más allá de algún que otro infeliz alcalde) desde hace décadas. Y creo ocurre así porque no se ha establecido la necesaria distinción entre responsabilidad y culpabilidad. Los partidos suelen cerrar filas en torno a los suyos para evitar que la asunción de una responsabilidad determinada pueda entenderse como la admisión de una culpa. Dimitir puede ser injusto en determinados casos (ningún cargo público puede estar al tanto de absolutamente todas las funciones que se desarrollan bajo su responsabilidad) pero a veces es la única manera de que un gobierno corresponda a los ciudadanos indignados con un gesto que implique una rendición de cuentas: de acuerdo, no hemos podido evitarlo, los acontecimientos nos han sobrepasado, nadie lo habría previsto, pero nuestra responsabilidad es que estas cosas no ocurran y creemos que la única manera de que los ciudadanos entiendan que aceptamos esa responsabilidad es la sustitución de quien se situaba en el cúspide de la cadena de mando. Tampoco ayuda a que una actitud como la descrita entre dentro de los parámetros de la normalidad el hecho de que los partidos, cuando están en la oposición, exigen esas responsabilidades con tanta incontinencia como resistencia muestran en no aceptarlas cuando están en el gobierno. Se ha banalizado de tal forma la petición de dimisiones por cualquier bobada que, cuando se presenta un caso en el que estaría plenamente justificada, se contempla desde la filas del poder como una rutina más del ejercicio de la oposición. Y, entretanto, todos pegados a la silla.

Eduardo San Martín

Modelos de estrategias para las ciudades

Con el siglo XXI ha comenzado una nueva era urbana. Las ciudades medianas (menos de 500.000 habitantes) concentran más de la mitad de la población urbana y crecen más rápidamente que las grandes. Este hecho se produce especialmente en los países occidentales, donde muchas ciudades están poniendo en práctica modelos de ciudad atractivos que integran desarrollo económico, sostenibilidad y calidad de vida. Las ciudades españolas tienen el reto de seguir creando riqueza en competencia cada vez más directa con otras ciudades europeas, no sólo españolas.

Ubicación geográfica y recursos económicos no son condiciones suficientes para garantizar el éxito de una ciudad, el gran reto es atraer a los mejores profesionales para que lideren su dinamización económica y social. El paradigma ha cambiado: mientras que antes las ciudades atraían ciudadanos por su oferta de puestos de trabajo, ahora es la oferta de profesionales la que atrae hacia las ciudades a los agentes económicos. Estos profesionales valoran muy especialmente aspectos como la calidad de vida y un entorno intelectual desarrollado. Es la llamada City Strategy, o desarrollo de estrategias para gestionar las ciudades. La competitividad de una ciudad depende de un posicionamiento único y estable en el tiempo, siendo sus principales elementos:

- Un modelo de ciudad ambicioso y compartido, basado en el realismo.

- La gestión con ámbito metropolitano de infraestructuras, transporte y comercio, integrando y optimizando ciudad y municipios periféricos. En la actualidad existen más de 120 entidades metropolitanas en Europa.

- Una marca y plan de marketing de la ciudad, gestionados por una institución y recursos con dedicación exclusiva.

- Infraestructuras de transporte desarrolladas, respetando los más exigentes estándares medioambientales.

- La existencia de un comercio urbano moderno y adaptado a las necesidades de la ciudad y de sus visitantes.

- Una Administración centralizada y eficiente, integrando las nuevas tecnologías.

- Fuentes de financiación públicas (incluyendo la comunitaria), privadas (esponsorizaciones y fundaciones) y mixtas.

Josep Ros es socio director general de Roland Berger Strategy Consultants en España.

La estafa del enseñar a enseñar

La publicación en EL PAÍS de un Manifiesto Contra el Nuevo Máster de Formación del Profesorado (ECI/3858/2007) ha sido respondida en estas páginas por algunos pedagogos que lo defienden. Las pretendidas evidencias con que argumentan son, sin embargo, falsas. La tesis principal es que un profesor no sólo debe conocer su materia, sino que debe también aprender a enseñarla. Esto parece muy de "sentido común", pero es un sofisma con el que los "expertos en educación" llevan muchos años abduciendo a las autoridades ministeriales. Los futuros profesores, se dice, deben "aprender a enseñar" y los alumnos "aprender a aprender". Para conseguirlo, existe un cuerpo de especialistas (con sus propios intereses corporativos), cuya función es "enseñar a enseñar". Ahora bien, para ello precisamente se confió a los pedagogos el curso del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). Este curso jamás se ha sometido a una evaluación objetiva entre los profesores de secundaria y bachillerato. Se sabía de sobra que los profesores no sólo no avalarían su utilidad, sino que lo valorarían como una estafa o una impostura. ¿Qué solución propone el ministerio? Nada menos que sustituir el quinto año de preparación disciplinar específica por un Máster de Formación del Profesorado que no es más que un CAP más largo y más caro. Cualquier cosa menos preguntar a los profesores sobre la utilidad en las aulas de la formación pedagógica. Por lo visto, los únicos que saben lo que se necesita en las aulas son los que jamás han pisado un aula. Por lo mismo, los únicos que saben cómo se enseña matemáticas, gramática o historia, son los que no saben ni matemáticas, ni gramática, ni historia (pero son, en cambio, expertos en enseñar a enseñar cómo se aprende a aprender).

¿Por qué el CAP ha sido una estafa y una vergüenza todos estos años? No porque fuera muy corto, sino porque es falso que quien no sabe matemáticas pueda enseñar a enseñar matemáticas. Y todavía es más falso que haya un saber que no sea ni física, ni latín, ni geografía, y cuyo contenido sea el enseñar en general para cualquiera de esas disciplinas. Un profesor debe saber captar la atención de los alumnos enseñándoles a amar el conocimiento, y para lograrlo no hay otra garantía que su propio amor por el conocimiento. Las matemáticas, la historia o el derecho procesal son apasionantes y la obligación de un profesor es saber transmitirlo a sus alumnos. Ahora bien, su mejor arma, en realidad su única arma, es saber matemáticas, historia o derecho procesal. ¿Saber historia no significa saber enseñar historia? Cualquier docente experimentado diría que la cosa es exactamente al revés: la mejor prueba de que algo que uno creía saber no lo sabe en realidad es que fracasa al enseñarlo. Si no se sabe cómo enseñar algo es porque no se sabe suficientemente, y la consecuencia es que hay que estudiarlo más y mejor. Estudiar más física, matemáticas o latín, no pedagogía. Por supuesto que siempre habrá grandes investigadores muy sabios que no amen la enseñanza y se nieguen a ejercerla. La figura del buen investigador y mal docente no cesa de blandirse como un argumento incontestable, pero es una falacia: los investigadores que no aman la enseñanza enseñan mal, no porque no sepan, sino porque no quieren hacerlo, y ningún curso de formación del profesorado les hará cambiar de opinión. Por otro lado, licenciados que nunca han enseñado no saben enseñar, pero no porque les falte teoría pedagógica (o psicopedagógica), sino porque les falta práctica docente. El acceso a la profesión de profesor, como a la de juez o a la de médico, no debería hacerse sin haber superado un periodo de prácticas seriamente concebido, tutelado, y remunerado. Y por cierto que sólo una vez acreditada una formación no básica y generalista, sino avanzada y específica en un campo determinado de conocimiento. Es lo único que solicita el denostado Manifiesto. Eso, y que se deje de tomar el pelo a la sociedad mientras se desmonta pieza a pieza el sistema de instrucción pública.

Andrés de la Oliva es catedrático de Derecho de la Complutense de Madrid (UCM). Firman el texto otros 15 profesores de universidad o instituto, entre los que figuran Tomás Calvo, catedrático de Filosofía de la UCM; José Luis Pardo Torío, catedrático de Filosofía de la UCM; Alberto Fernández Liria, psiquiatra y profesor asociado de la Universidad de Alcalá; Juan José Fernández Parrilla, profesor de matemáticas de secundaria, y Silvia Porres Caballero, profesora de griego de secundaria.

¿En qué trabaja su señoría?

Los intentos de reformar el Reglamento del Congreso han chocado con los partidos - 315 diputados tienen actividades al margen del escaño

Varios centenares de personas corren por los pasillos de un edificio vetusto, mientras suena una especie de campana, insistente y prolongada. Salen de despachos o de la cafetería y dan la impresión de que van apurados hasta que entran en un hemiciclo y se sienta cada uno en un sillón. A una orden del que está enfrente de todos miran a uno de ellos que levanta uno, dos o tres dedos y, en función de la indicación, aprietan un botón determinado de los tres que tienen delante. No tienen necesidad de pensar si deben pulsar el que pone sí, no o abstención, porque alguien se lo da resuelto.

Cuando terminan se levantan de sus asientos y, ya sin premura, vuelven a sus lugares de procedencia hasta que suene de nuevo la machacona campana. Algunos se quedan a escuchar desde sus asientos a los que hablan desde la tribuna y otros charlan con los cercanos. Los que se quedan deben responder a otro estímulo automático: aplaudir cuando termina de hablar al que se sienta en el mismo lado que ellos.

Son los diputados. Son 350 y sobre sus espaldas la Constitución ha puesto la capacidad de aprobar leyes y la de controlar al poder ejecutivo. Las fotos repetidas con los escaños vacíos han descargado sobre ellos el foco crítico y las acusaciones de absentismo. Su respuesta es que gran parte de su actividad está fuera del pleno y que puede resultar más pasivo el que permanece en el pleno sin moverse. Por ejemplo: el jueves pasado, durante la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero para exponer nuevas medidas económicas, un diputado del PP, del equipo más próximo a Rajoy, dedicó la tarde desde el escaño a participar en foros de Internet sobre el debate. ¿Estando en el hemiciclo trabajaba más que otros diputados ausentes? En todo caso, en esta legislatura ningún diputado ha sido sancionado por su grupo por ausencias.

El diputado-internauta servía de atrezzo del pleno. Utilizaba los ordenadores que Manuel Marín hizo instalar en cada escaño para que los diputados trabajaran en el hemiciclo y no en sus despachos. No lo consiguió. Y ahora la mayoría de esas pantallas incrustadas en las maderas nobles permanecen apagadas, testigos mudos de una institución que, según la coincidencia general, requiere un baño de modernidad.

Su actividad más visible es la que se produce en el hemiciclo, con unas 20 horas en plenos a la semana, tres días por semana, tres semanas al mes y ocho meses al año. Algo menos llamativo es el trabajo en una media de 15 comisiones por semana, y media docena de subcomisiones. Hay otro trabajo reservado a la negociación entre los grupos parlamentarios, preparación de iniciativas, actividad política en las circunscripciones y presencia ante los medios de comunicación.

Los portavoces de los grupos admiten que el funcionamiento de la Cámara ha quedado anticuado y encorsetado. Félix Pons, Luisa Fernanda Rudi, Federico Trillo y Manuel Marín, los últimos presidentes del Congreso, intentaron cambiar el Reglamento para actualizar y dinamizar su funcionamiento. Llegaron a pactar propuestas y, finalmente, renunciaron al topar con el interés de los partidos. José Bono ha abandonado esa reforma e intenta vencer las resistencias para hacer los cambios de forma sutil. Incluido el de colocar a las nueve de la mañana los plenos de control al Gobierno.

Las reformas pactadas en otras legislaturas incluían novedades como la reducción del debate técnico a las comisiones, dejando para el pleno el debate político; permitir las intervenciones de diputados a título personal, al margen de los portavoces, y facilitar la creación de comisiones de investigación y multiplicar las interpelaciones al presidente del Gobierno. PSOE y PP bloquearon las reformas que, en la práctica, podían incomodar a los Gobiernos.

En el Reino Unido, además de que la conformación de las circunscripciones vincula a los diputados con sus electores, se permite la improvisación en los debates. En España no hay preguntas orales al Gobierno sin presentación por escrito días antes. Ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay disciplina de voto y en España se les sanciona y pagan multas por votar de manera distinta a la dirección del grupo.

Hasta en la Segunda República española, el Reglamento de las Cortes favorecía el debate improvisado y la presencia del presidente del Gobierno en un debate, en cualquier momento, incluso en comisión. Manuel Azaña relata en sus diarios la forma en la que acudía de improviso a las Cortes y participaba en un debate sobre un hecho de la víspera. Ahora, eso es imposible.

"La sociedad siempre va más deprisa que las normas, pero si hay una ley desfasada es el Reglamento del Congreso", asegura José Luis Ayllón, secretario del Grupo Parlamentario Popular, que defiende un cambio profundo para dinamizar el Congreso. El número dos del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, va más allá y reconoce que le resulta muy difícil "repartir juego" entre sus diputados.

Ayllón matiza que en el PP sí existe libertad de los diputados para presentar iniciativas y que, además, se han establecido fórmulas como las de responsables de asuntos concretos, más allá de las portavocías de las comisiones, para intervenir en cada asunto. Por ejemplo, además del portavoz en la Comisión de Industria, hay un responsable de las ayudas al sector del automóvil. Hasta ahora ya han intervenido en el pleno y en comisiones 120 de los 153 diputados del PP. En el pleno han hablado 92. El PSOE no tiene estadísticas sobre intervenciones de sus diputados, pero la cifra es notablemente inferior, al renunciar a una parte sustancial de su cupo.

En este momento hay sólo 35 diputados con dedicación exclusiva. El resto compatibiliza el escaño con distintas actividades, desde un despacho de abogados a la organización del partido o la participación en tertulias de medios de comunicación, conferencias o actividades docentes.

Oficialmente, toda actividad remunerada al margen de la de diputado debe ser expresamente autorizada; pero se ha aplicado siempre un criterio laxo. Así, en la anterior legislatura se permitió que el entonces portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos, Ricard Torres, ponente en todas las normas sobre impuestos, abriera en la Comunidad Valenciana despachos de asesoría fiscal. A 67 de los diputados que declararon otra actividad se les pidió aclaración en junio y aún no han respondido todos.

Esos datos de actividades son reservados. A instancias del diputado de ICV Joan Herrera se va a incluir en el debate sobre una hipotética reforma de la ley electoral una propuesta para que los diputados tengan dedicación exclusiva o, al menos, que sea transparente la concesión de compatibilidades.

Pese a que en el Parlamento se pide luz y taquígrafos y se invoca la transparencia, es una de las instituciones más opacas. Es imposible conocer oficialmente las estadísticas de ocupación de los diputados. Este periódico solicitó al responsable de prensa del Congreso, hace más de un mes, datos sobre los viajes oficiales de los parlamentarios, pagados con dinero público y remunerados con dietas; a día de hoy, no ha sido posible acceder a esa información.

Jáuregui asegura que son pocos los que en el Grupo Socialista compatibilizan su actividad como diputados con la de un despacho de abogados, la más frecuente. El Grupo Socialista no establece ningún control específico sobre la actividad de sus diputados, pero muchos, por su cuenta, remiten a la dirección sus trabajos, artículos o conferencias. Jáuregui asegura que debería crearse una especie de registro voluntario de actividad, pero no le parecería mal la dedicación exclusiva y, en todo caso, una total transparencia.

José María Michavila, ex ministro de Justicia y diputado del PP, es un ejemplo de parlamentario que compatibiliza su actividad pública con otras privadas. Tiene abierto un despacho de abogados, actúa como representante de artistas reconocidos y mantiene una fundación. Su tesis es que la exigencia de dedicación exclusiva empobrecería el Parlamento e impediría su contacto con la sociedad. Se jacta de no haber faltado a ninguna votación del pleno.

Ferran Bono mantiene aún la visión del recién llegado a la política. Es periodista y no está afiliado al PSOE. Diputado por Valencia, se dedica exclusivamente al escaño. "Se podría optimizar el funcionamiento del Congreso porque, por ejemplo, en el reciente debate de Presupuestos se duplican debates que ya se han producido en las comisiones, que son más dinámicas y operativas", asegura.

Otro caso es el de los diputados con portavocías, es decir, con responsabilidad en asuntos concretos y, además, en su partido. Por ejemplo, Carmen Montón, diputada socialista por Valencia, es miembro del comité federal del PSOE, responsable de la sectorial de participación ciudadana de su partido y portavoz de Igualdad en el Congreso. Es portavoz en las subcomisiones de reforma de la ley del aborto y de violencia de género, que se celebran a puerta cerrada. Asegura que hay un trabajo no visible de preparación de intervenciones, de estudio de comparecencias, de coordinación con el Gobierno, de negociación de enmiendas y de presencia en esas subcomisiones que, al ser a puerta cerrada, carecen de proyección pública. Se completa con la actividad en el partido y el contacto con la circunscripción.

Otro caso completamente distinto es el de los diputados de grupos minoritarios. En esos casos la actividad parlamentaria les obliga a multiplicarse. Por ejemplo, Joan Tardà, diputado de ERC, interviene varias veces en el pleno sobre asuntos dispares y en varias comisiones para fijar posición; para lo que, además, debe negociar y pactar detalles de las propuestas.

Según la explicación de Jáuregui, la semana de los diputados socialistas se inicia el lunes por la mañana con las reuniones orgánicas en cada una de las sedes del partido. Por la tarde se reúne la dirección del Grupo Socialista para preparar las proposiciones, mociones y debates de los plenos y fijar la estrategia de la semana. El martes por la tarde y el miércoles por la mañana hay pleno. En teoría, el jueves por la mañana también, pero en esta legislatura la producción legislativa del Gobierno es tan escasa que pocas son las semanas con plenos los jueves. El viernes queda reservado a las respectivas circunscripciones.

El número dos del grupo socialista distingue tres escalones: los miembros de la dirección, los 30 portavoces y los diputados de a pie. Los portavoces de cada una de las comisiones son para Jáuregui la "columna vertebral del grupo" y, en la mayoría de los casos, tienen plena dedicación.

Los "diputados rasos" provocan mayor preocupación a Jáuregui por los problemas para darles participación. Por ejemplo, el encorsetado reglamento dificulta que, al margen de comisiones y subcomisiones, se celebren conferencias de un solo día o jornadas parlamentarias en las que acudan miembros de la sociedad civil, empresarios, asociaciones, etcétera. El modelo sería el estadounidense, que termina con la aprobación de libros blancos que sirven de guía a la Cámara.

Los grupos controlan sólo con recomendaciones la asistencia de los diputados a plenos y sólo fijan sanciones para las ausencias en votaciones. De los dos partidos mayoritarios, sólo el PSOE proporciona el reglamento interno completo, mientras que el PP se limita a informar de las sanciones que contempla. Hay coincidencia en que muchos diputados admiten no tener conocimiento de tales normas internas.

El del PSOE prevé una multa de "200 euros por ausencia no autorizada a votaciones en ponencia o comisión", "400 euros por ausencia no autorizada a votaciones en pleno" y "600 euros por ausencia no autorizada a votaciones del pleno que requieran mayoría cualificada o tenga singular importancia y así se haya indicado previamente".

En lo que va de legislatura sólo se ha multado con 600 euros al diputado Juan Antonio Barrio de Penagos, por romper la disciplina de voto a propósito de una moción que censuraba el paso del ex responsable de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, al lobby de las firmas constructoras.

En el PP, la ausencia no justificada a votaciones se sanciona con 100 euros de multa; pero al igual que en el PSOE, en esta legislatura no se ha impuesto ninguna. La multa por romper la disciplina de voto en el PP es de 300 euros y se han impuesto tres: a dos diputados de Murcia por no apoyar el estatuto de Castilla-La Mancha y a uno de UPN en la votación del Presupuesto. La diputada por Zaragoza Luisa Fernanda Rudi rompió la disciplina de voto sobre el minitrasvase a Barcelona, pero no fue sancionada; sólo hubo un apercibimiento casi simbólico.

Los populares preparan un nuevo reglamento interno. En su caso, el absentismo tiene que ver a veces con sus tensiones internas. Así, es normal que diputados considerados críticos no acudan a las sesiones de control al Gobierno en las que interviene Mariano Rajoy. Son, por ejemplo, Juan Costa, Ángel Acebes, Gabriel Elorriaga, Carlos Aragonés e Ignacio Astarloa, entre otros. La dirección del Grupo Popular no se da por enterada.

Del régimen de los diputados, lo único plenamente transparente son los sueldos, cuyo baremo está colgado en la web del Congreso, accesible para todos los ciudadanos. Los salarios están en función del grado de responsabilidad. Todos reciben una asignación mínima e idéntica de 3.126,52 euros al mes, con complementos mensuales que varían según el cargo y que pueden llegar hasta los 9.000 euros en el caso del presidente de la Cámara.

Fernando Garea en El País.

Crisis económica y liderazgo político

La gravedad de la situación exige mucho más que medidas dispersas. Zapatero debe tomar las riendas de un proyecto que implique a empresarios, trabajadores y administraciones. Es su prueba de fuego

La crisis está produciendo paradojas interesantes. Una es ver a un liberal como Miguel Boyer defender la intervención del Estado para mantener el control nacional de una empresa privada como Repsol, mientras un socialdemócrata como José Luis Rodríguez Zapatero defiende el libre juego entre "empresas privadas". Otra es escuchar a líderes sindicales defender la mejora de la productividad y la competitividad mientras el presidente de la patronal pide "un paréntesis en la economía de mercado" e intervenciones del Estado para salvar empresas. El mundo al revés.

Hay una maldición china que consiste en desear que vivas "tiempos interesantes", y éstos lo son. Esas paradojas sugieren que en este momento los clichés ideológicos y los roles del mercado y del Estado han de amoldarse a una realidad nueva. Esa nueva realidad se impuso a la ideología el día en que Gordon Brown tomó la audaz decisión de utilizar al Estado para salir al rescate de los bancos privados y evitar la pérdida de confianza en el sistema financiero. Y lo volvió a hacer el día en que olvidando el santo temor al déficit puso en marcha un fuerte programa fiscal para contener la recesión. Ahora sabemos una cosa: que esta crisis requiere un liderazgo político fuerte, audaz y coherente, capaz de reducir incertidumbres y volver a crear confianza.

Ese liderazgo político es aún más necesario en España. Sin embargo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero parece tener dificultades para articular un discurso político sobre la salida de la crisis que sea algo más que un conjunto de medidas dispersas que, aunque necesarias, no están coordinadas y no consiguen reducir incertidumbre ni generar confianza.

Pero antes de entrar en la cuestión del liderazgo político del Gobierno permítanme un comentario sobre la crisis de la economía española.

Aunque lo parezca, la crisis financiera internacional no es la causa de la aguda recesión que está experimentando la economía española. Ha sido, eso sí, el desencadenante. Pero su mayor intensidad está causada por una especie de enfermedad asintomática que estaba tapada por la euforia de una década de crecimiento espectacular. Sin embargo, conocíamos sus síntomas: baja productividad, elevada inflación diferencial y, especialmente, un fuerte déficit comercial -el 10% del PIB, el mayor del mundo-, y su reverso, un elevado endeudamiento exterior que servía para financiarlo.

Sea cual sea la salida a la crisis bancaria y a la sequía de crédito, el Gobierno tiene que afrontar tres retos. Primero, evitar que la crisis se transforme en una recesión profunda, larga y dolorosa, especialmente en términos de desempleo. Segundo, fomentar acuerdos estratégicos para mejorar la productividad y promover nuevas especializaciones productivas capaces de aumentar la competitividad y generar empleo de salarios elevados. Y tercero, modular los efectos colaterales negativos que pudiese tener el elevado endeudamiento de grandes empresas inmobiliarias e industriales con la banca.

El objetivo prioritario a corto plazo tiene que ser el evitar una anorexia del consumo y la inversión. Las recesiones profundas no son la penitencia a pagar por el pecado de los excesos del crecimiento. Atribuir un sentido moral a la recesión es una creencia conservadora. Las recesiones lo único que traen son consecuencias sociales y políticas devastadoras, especialmente el desempleo. La función de los gobiernos es evitarlas.

La capacidad de destrucción de empleo de esta crisis es elevada. Para tener una idea del riesgo es útil la comparación con la recesión de 1992-93. En aquella ocasión el PIB cayó desde el 3,8% en 1991 al -1% en 1993; es decir, 4,8 puntos. Y el desempleo pegó un brinco enorme, que lo llevó a un techo del 23%. Ahora las previsiones de analistas independientes hablan ya de un desplome del PIB que van desde el 3,8% de 2007 al -1,5 o -1,8% en 2008. Es decir, una caída de 5,8 puntos en dos años. La mayor en nuestra historia. Y los pronósticos sobre el desempleo son proporcionales a la intensidad de la recesión, especialmente en el sector inmobiliario.

El ajuste es inevitable y las empresas han de tener flexibilidad para adaptarse a la nueva situación del mercado. Pero no da igual la forma en que se aborde. No es lo mismo que se produzca bajo fórmulas del "sálvese quien pueda" o del "todos contra los más débiles", a que se lleve a cabo mediante una solución cooperativa que amortigüe y distribuya equitativamente el coste del ajuste y del cambio productivo.

Ahora bien, una solución cooperativa que implique a empresarios, trabajadores y administraciones exige liderazgo. Requiere que alguien tome sobre sus espaldas la responsabilidad y la tarea de poner de acuerdo a todos los actores ante unos objetivos y una "hoja de ruta". Esa tarea corresponde a la política y a los políticos. En primer lugar, al Gobierno.

Pero el Gobierno y su presidente han tenido un comportamiento curioso. Al principio negó la existencia de crisis y mostró una complacencia exagerada en la inmunidad de la economía española al virus de la crisis. Después utilizó eufemismos, como el definirla como un "periodo de especiales dificultades". Ahora practica un hiperactivismo de medidas orientadas a proteger intereses de grupos concretos, pero que no hacen emerger un interés general, no muestran cuál es la "política" que hay detrás de esas políticas. Esto debilita la confianza en su liderazgo.

Decía Winston Churchill que los norteamericanos son reacios a tomar medidas frente a los nuevos problemas, pero que cuando no tienen más remedio acaban haciendo bien lo que tienen que hacer. Quizá nuestro presidente es un norteamericano honorario al que hay que darle tiempo. Pero la verdad es que tiempo no hay mucho si queremos evitar un elevado desempleo y el colapso del consumo.

No es función de un economista decir lo que han de hacer los políticos. Pero sí podemos decir algo acerca de los efectos de las diferentes formas de enfrentarse a los problemas.

El gobierno de esta recesión será más complicado que el de las anteriores. No disponemos de la política monetaria. Tampoco de la palanca del tipo de cambio para ganar competitividad. Nos queda la moderación salarial. Pero sería injusto y políticamente imposible hacer descansar todo el ajuste en los salarios y el desempleo.

Una solución ideal podría ser una política que se apoye en cuatro columnas: 1) acuerdos sobre flexibilidad y moderación salarial -con algún tipo de acuerdo sobre salario mínimo y salarios no monetarios-; 2) compromiso de las empresas en inversiones en mejoras de productividad; 3) una política fiscal y presupuestaria activa orientada a mantener empleo y evitar la asfixia del consumo; y 4) una mayor capacidad de financiación pública de las infraestructuras y del tejido empresarial existente.

Una política de este tipo tiene la ventaja de que evita la estrategia del "sálvese quien pueda", da coherencia a las medidas parciales, genera confianza y permite a empresarios, trabajadores y administración reducir incertidumbre y crear expectativas ciertas sobre el comportamiento de unos y otros. No es una política fácil. Exige liderazgo político. Pero ya lo hicimos con éxito en los llamados Acuerdos de la Moncloa de 1977. No se trata de copiar los contenidos de esos acuerdos, sino de aprender del proceso que hizo posible aquella experiencia exitosa.

Esta crisis es el test del liderazgo político de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablando de la crisis de los años 80 y de la reconversión industrial, Felipe González ha dicho que "no se sabe cuál es la calidad de un gobernante hasta que no se enfrenta a una crisis", y que "un gobierno socialista no tiene por qué ser un gobierno estúpido, sino afrontar la crisis y abrir vías de esperanza". Y no se abren vías de esperanza sólo con un activismo al que le falta hilo conductor y hoja de ruta. Es necesario un liderazgo político capaz de generar una solución cooperativa a la crisis económica que vaya más allá de las medidas parciales y haga emerger un interés general. El bien común.

Y en estas estamos, esperando el liderazgo del Gobierno.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.