JK 5022
Tres banderas
Las sociedades occidentales modernas han planteado como meta deseable el surgimiento de proyectos vitales autónomos (libertad),a través de la equiparación de derechos u oportunidades (igualdad), y en un contexto comunitario que nos vinculara al otro con la responsabilidad que se manifiesta en las relaciones de parentesco (fraternidad).
200 años más tarde...
* El liberalismo ha enarbolado con orgullo la primera bandera, y sin duda ha profundizado en el reconocimiento de la propia valía y capacidad individual. Lamentablemente, sus formas de concreción socio-económica actualmente vigentes conllevan la preeminencia de un mercado global opresor y alienante para muchos individuos. Enferma la Libertad, ¡viva la Libretá!.
* La segunda bandera ha sido tarea prioritaria del socialismo, contribuyendo de forma inexcusable a la dignificación de la vida para minorías y grupos sociales previamente muy marginados. Su expresión política posterior ha implicado, muy a nuestro pesar, bien el sacrificio de la individualidad a manos de lo colectivo, bien la pérdida progresiva de la identidad más propia. Aguada la Igualdad, ¡viva el Igual-dá!.
* Y finalmente, nos queda casi inédito el abordaje de proyectos políticos de envergadura que, basándose en la tercera gran bandera de la Ilustración, no descuide la relevancia de los dos anteriores. La iglesia de Cristo, tantas ocasiones punta de lanza en lo que a construcción de humanidad se refiere, peca otras veces de un clericalismo complaciente y poco preocupado por la promoción de la justicia, entendida como esperanza exclusiva para el "otro mundo". Pospuesta la Fraternidad, ¡viva la Frat-eternidad!.
Luis Carlos en pastoralsj.
NYC
Start spreading the news, Im leaving today
I want to be a part of it - New York, New York
These vagabond shoes, are longing to stray
Right through the very heart of it - New York, New York
I wanna wake up in a city that doesnt sleep
And find Im king of the hill - top of the heap
These little town blues, are melting away
Ill make a brand new start of it - in old New York
If i can make it there, Ill make it anywhere
Its up to you - New York, New York
New York, New York
I want to wake up in a city that never sleeps
And find Im a number one, top of the list
King of the hill, a number one
These little town blues, are melting away
And Im gonna make a brand new start of it - in old New York
And if i can make it there, Im gonna make it anywhere
Its up to you - New York New York
Quién hundió la economía mundial
Las crisis globales nunca tienen una sola causa ni un solo padre. Aquí se citan algunos culpables
Las cosas venían muy bien. Entre el 2002 y el 2007 la economía mundial tuvo su mejor periodo en cuatro décadas. Las economías crecieron, la inflación fue la más baja en 40 años, la pobreza declinó y la clase media apareció donde nunca antes había existido. Hoy en día este reciente nirvana económico parece casi prehistórico. Los precios de los alimentos y de la gasolina por las nubes, crisis inmobiliarias, economías en picada, desempleo en ascenso y pesimismo generalizado son ahora los titulares de las noticias. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos tan rápido del paraíso al infierno?
Hay varios posibles culpables de esta crisis. Identificarlos es útil porque permite aclarar el diagnóstico de la enfermedad económica que hoy aqueja al mundo. Éstos son los principales indiciados:
Alan Greenspan. A finales de 2004 el entonces jefe del banco central estadounidense decía que "es improbable que exista una severa distorsión en los precios del sector inmobiliario". Hace poco y refiriéndose a la actual crisis inmobiliaria, Greenspan comentó: "No me di cuenta hasta que ya era tarde". A Greenspan se le acusa de haber respondido a las diferentes crisis financieras estimulando demasiado la liquidez monetaria, con lo cual creó problemas aún mayores después. La crisis asiática, el crash de las empresas de Internet, de grandes fondos de inversión, o los problemas del sector inmobiliario fueron todos tratados por Greenspan inyectando liquidez. También creía mucho en la innovación financiera: "Los consumidores americanos se beneficiarían si los bancos les ofrecen productos hipotecarios más variados y más alternativas que las hipotecas tradicionales a tasas fijas de interés", declaró en 2004. Los bancos le hicieron caso y entre los productos "no tradicionales" que ofrecieron en abundancia estuvieron hipotecas a familias que no las podían pagar. El resto es historia conocida.
Los reguladores del sector financiero. El sistema financiero mundial ha crecido en tamaño y complejidad a mucha mayor velocidad que la capacidad de los Gobiernos para entenderlo y regularlo adecuadamente. Y no son sólo los Gobiernos. Los banqueros mismos con frecuencia confiesan no entender plenamente algunos de los instrumentos financieros que negocian. Si bien los reguladores de diferentes países intentan coordinar sus actividades, la realidad es que la globalización financiera, cuyos beneficios son indudables, hace muy difícil que los funcionarios públicos que operan desde un solo país puedan tener una visión adecuada de los mercados que regulan. No hay dudas que las fallas en la supervisión financiera contribuyeron a crear la crisis que hoy vivimos.
Los especuladores. Éstos son los culpables preferidos de los políticos. En casi todos los países ha habido recientemente una rueda de prensa donde algún ministro o algún político han explicado por qué los especuladores son la causa de la crisis. Las multas o, mejor aún, la cárcel son el remedio favorito de quienes acusan a los especuladores. Y por supuesto que la especulación inmobiliaria, financiera o con los alimentos o el petróleo ha contribuido a la crisis. Ha contribuido. Pero no la ha creado. Y mandar gente a la cárcel nunca soluciona los problemas económicos.
George W. Bush. Dos guerras pagadas con rebajas a los impuestos de quienes más ganan. Acelerada expansión del gasto y la deuda pública. Descuido en la inversión pública no bélica. Políticas que indirectamente aumentan el precio internacional del petróleo. ¿Hace falta decir más?
Los chinos. Y los indios, los indonesios y todos los pobres del mundo. Su culpa es que millones de ellos ahora tienen cómo comer más y mejor que antes, lo cual genera presiones inflacionarias. Esto está pasando, y ciertamente conlleva costos para todos. Pero es una tendencia que hay que aplaudir en vez de denigrar; estimular en vez de frenar. Además, no es cierto que la actual ola de inflación mundial es causada principalmente por los nuevos consumidores. Las causas de la inflación tienen más que ver con las políticas de los países ricos que con los hábitos de los consumidores pobres. Las estadísticas muestran que los subsidios al etanol por ejemplo, encarecen más la comida que el aumento en el consumo de alimentos en los países pobres.
Las crisis globales nunca tienen una sola causa ni un solo padre. Los culpables que aquí menciono, algunos más importantes que otros, simbolizan algunas de las fuerzas que nos han moldeado la situación actual. Y estos culpables no serán los únicos causantes de nuestros problemas. Esta crisis es un drama en varios actos que recién está comenzando. Vendrán otros actos y con ellos otros culpables.
Moisés Naím en El País.
Los inmigrantes salvan el Estado del bienestar
Algunos dudan de que el sistema de servicios públicos sea sostenible en plena crisis tras el gran flujo de inmigración - Los extranjeros contribuyen al Estado más de lo que reciben de él.
En España, un inmigrante de un país pobre, en situación irregular, sin trabajo, viviendo en la calle, tiene acceso a servicios que no podría tener en su propio país trabajando normalmente. La sanidad y la educación son universales y gratuitas. Si tiene tarjeta de residencia, puede además acceder a una pensión, protección por desempleo, viviendas de protección oficial... ya no le diferencia nada de un español, en cuanto a ayudas se refiere. En los principales países de origen (Marruecos, Rumania o Ecuador), la clase media sufre para alcanzar un nivel de atención social que en España es accesible incluso sin papeles. Es evidente que el sistema gasta en los inmigrantes. Un estrato social de españoles percibe que los servicios públicos están copados por los recién llegados. Algunos partidos políticos europeos ya hacen campaña al grito de "¡No cabemos todos!". ¿No cabemos todos en el Estado de bienestar? La respuesta es sí.
Philippe Legrain, autor del libro Immigrants: your country needs them (Inmigrantes: tu país los necesita) realizó recientemente un estudio para el Consejo de la Globalización de Suecia. El Gobierno sueco se propone, al revés que media Europa, estudiar formas de atraer a más ciudadanos extracomunitarios. Legrain analizó el impacto de la inmigración en el sistema sueco de protección social, probablemente el más generoso del mundo, con este punto de partida: ¿Es compatible la inmigración libre con el Estado de bienestar europeo?
Dentro de este planteamiento general, Legrain se pregunta si la beneficencia de los países ricos es un imán para inmigrantes. Es decir, si se vive mejor de la beneficencia en los países ricos que trabajando en los países pobres, es una buena razón para emigrar. Y si emigran muchos, en un momento dado ese Estado benefactor será insostenible.
Para que eso sucediera, explica, se tendrían que dar ciertas condiciones: los emigrantes deben estar tan desesperados que los supuestos beneficios compensen el tremendo coste económico y psicológico de la migración; de todos los destinos posibles, tienen que elegir Suecia; los ingresos por la beneficencia sueca deben ser mayores que trabajando en sus países; y por último, deben conformarse con la beneficencia, en vez de aspirar a mayores ingresos trabajando en Suecia.
Los inmigrantes son "una minoría selecta" de sus países, explica Legrain. Son los jóvenes con más ganas de trabajar y mayor espíritu emprendedor. Pero si lo que quieren es vivir de la beneficencia, Suecia sería el mejor país para hacerlo. Según datos de la OCDE de 2005, un inmigrante sin permiso de trabajo recibe del sistema sueco 103.000 coronas (11.030 euros) al año. Si tiene dos hijos, 167.500 coronas (18.000 euros). La cifra es tres veces superior al salario medio en Marruecos y cuatro veces el de Pakistán.
La razón principal de que no haya "inmigrantes de beneficencia" es que, incluso si están mejor con subsidios en Suecia que trabajando en su país, les va todavía mejor trabajando en Suecia. Deben pagar su viaje, deben enviar dinero a sus países y deben garantizarse un futuro.
Ese debate se puede plantear en España. ¿La atención pública y gratuita es una atracción? "No existe ninguna prueba de que Suecia, que probablemente tiene el sistema de beneficencia más generoso del mundo, actúe como un imán benéfico, así que es extremadamente poco probable que eso ocurra en España, incluso si elevara su nivel de protección social", asegura Legrain por correo electrónico.
Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, sí cree que las ayudas suponen una atracción, pero no en España. "En el norte de Europa existe ese imán", dice Oliver. "Hay una parte de lo que llaman seekers [buscadores], atraídos por ese Estado de bienestar muy generoso. En nuestro caso, no vienen buscando unas ayudas, que no existen como en los países nórdicos. Vienen buscando trabajo, que es lo que hay".
Oliver destaca que "hasta la jubilación de los inmigrantes, toda la literatura económica mundial apunta a que, si te entran individuos jóvenes, contribuyen más de lo que se llevan. El saldo es favorable. Su contribución excede a los beneficios de ese Estado de bienestar. Las pensiones no las cobrarán hasta que se jubilen". Eso significa que, por ahora, "los inmigrantes se pagan su estancia".
En España había 2.357.000 extranjeros legales a finales de 2007. De ellos, 1.316.000 estaban afiliados a la Seguridad Social. Sólo con su contribución a la caja, se pagan 900.000 pensiones. Los inmigrantes aportan el 7,4% de las cotizaciones de la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto en pensiones.
La Oficina Económica de La Moncloa elaboró un informe en 2006 muy revelador sobre este punto. Los inmigrantes, según ese estudio, suponen el 8,8% de la población española, pero absorben sólo el 5,4% del gasto público. Consumen el 4,6% del gasto en sanidad y el 6,6% en educación. Pero su aportación es el 6,6% de los ingresos totales. En total, su presencia en España supone un beneficio neto para el país de unos 5.000 millones de euros.
La situación es parecida en todos los países, también con un bajo nivel de protección social. En Estados Unidos, un estudio de la National Academy of Sciences concluyó que un inmigrante recibe unos 3.000 dólares del Gobierno estadounidense en toda su vida. Sus hijos serán contribuyentes netos al sistema a razón de unos 80.000 dólares cada uno a lo largo de su vida.
"Nuestros inmigrantes tienen entre veinte y pico y cuarenta y pico años", explica Oliver. "En los próximos 20 años empezaremos a tener que pagar una parte de lo que nos han avanzado. Esto, teniendo en cuenta su vida individual. Pero hay que ver también qué deja detrás de él. Si deja hijos con una formación más elevada, ganarán más dinero que él" y contribuirán más al sistema. Hay mucha probabilidad de que esto suceda, ya que "los hijos no tienen que adaptarse, como hizo el padre".
Pero los extranjeros también se hacen viejos. Y se quedan sin trabajo cuando vienen mal dadas. En estos casos no aportan al sistema y empiezan a ser receptores netos de ayudas: pensiones y subsidio de paro. ¿Sufre el sistema de bienestar? "Tienen derecho a las ayudas, porque han pagado impuestos y han contribuido a la economía y la sociedad cuando las cosas iban bien", opina Legrain. Actualmente, con el paro subiendo, la tasa de actividad es un 19% más alta entre los extranjeros.
Pero, aparte de tener derecho, "en general, la literatura económica sugiere que incluso considerando el pago de pensiones el saldo final es favorable para el que recibe la inmigración", asegura Oliver, aunque reconoce que "el debate sobre qué pasará cuando se jubilen es muy complejo".
La supuesta crisis de pensiones sucederá en torno a 2025. "En un sistema en que los viejos viven del ahorro de los jóvenes, ¿qué pasará cuando haya más viejos que jóvenes? La inmigración es una entrada de población joven y trabajadora. En general, la crisis no se va a superar sólo con la inmigración, pero contribuirá a mitigarla", opina Oliver.
Admitido que los inmigrantes no abandonan su familia y su cultura y se juegan la vida a cambio de un bocadillo de la Cruz Roja y sanidad gratis. Admitido que no son una carga para el sistema, sino más bien todo lo contrario. Cabe una última pregunta, ¿está justificada la percepción de que copan todos los servicios sociales? En España, esto tiene mucho que ver con un tema tan de actualidad como laberíntico para el gran público: la financiación autonómica.
"Lo de los servicios es parcialmente cierto", admite Oliver. "Es un error del sistema de financiación que ahora se está discutiendo. No puedes tener, como en Madrid y Cataluña, aumentos de población de 15% y mantener los mismos ingresos. El gasto público para la inmigración está muy concentrado geográficamente, pero los ingresos que genera esa inmigración se van al Estado central. El Estado se lleva los ingresos y los gastos son de otros. Los beneficios son macroeconómicos y los problemas, microeconómicos".
Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, lo dice con sus datos: "En integración de los inmigrantes nosotros invertimos 1.500 millones de euros y el Estado 40. Los extranjeros están aportando al Estado 8.000 millones de euros. Sólo 200 millones van a las comunidades, que somos los que damos la educación, la sanidad, la vivienda, etcétera".
Clemente aclara que "los inmigrantes no copan los servicios públicos, son las rentas más bajas las que copan los servicios públicos. Inmigrantes y españoles". Especialmente cuando la inmigración ya no es un fenómeno nuevo. "Hace 10 años era más así, pero no ahora. Algunos ya son empleadores, por ejemplo. Al final, son como los que vienen a Madrid de otras provincias".
La coordinadora de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, Carmen Escalera, asegura que "con los datos de 2006, la atención a la población inmigrante no regularizada es el 0,8% de las consultas de atención primaria" en Andalucía. "Es falso que colapsen los servicios sociales. Suponen un 0,6% de las visitas a domicilio y un 2,5% de las urgencias. En partos suponen un 4,6%. Eso nos viene hasta bien, porque es savia nueva".
¿Y cuando vayan envejeciendo? "Tendremos que ir adaptando el sistema", admite Escalera. Pero "se están dando reagrupaciones familiares, que se asumen la vida de aquí. A partir de ese momento, no se distinguen en nada de la población autóctona. Consumen los mismos recursos y a la vez generan la misma riqueza".
El Consejo Económico y Social se ocupa de este asunto en su Memoria 2007. El responsable del estudio, Jesús Cruz, dijo que España debe incrementar sus servicios sociales para toda la población para responder a "un imprevisible, rápido e intenso crecimiento, y está compuesta en un 10% por extranjeros".
Porque, como dice Josep Oliver, "al nativo que ve degradarse su barrio por un impacto migratorio muy grande, no se le puede explicar que la inmigración es buena para la economía". El catedrático da toda la razón a las comunidades que reclaman mayor financiación: "La garantía para que se integre y se quede la inmigración, que la necesitamos, es que se atiendan los gastos donde se producen, para que el bienestar de los nativos no se vea afectado. El dinero de la inmigración debe ser para el que se lo gana, para el que sufre ese impacto".
En una entrevista con EL PAÍS, el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho reconocía que "un país en el que existe un contingente importante de inmigrantes no puede subsistir con un Estado de bienestar diseñado a la medida de cuando no los había".
Corbacho decía que el desarrollo económico "no es suficiente" para sostener el sistema, "porque el desarrollo económico necesita amplios contingentes de inmigración para sostenerse. Cuando a un país llega un amplio contingente de inmigrantes, el Estado de bienestar se debilita, a no ser que el Estado le inyecte más economía. Si no, puedes correr el riesgo de que el que llega se lleve la parte del Estado de bienestar porque su situación es peor que la del que está aquí, que su situación económica no ha cambiado, y éste deje de recibir lo que el Estado de bienestar le estaba dando. De ahí al conflicto, hay dos pasos". La solución, para Corbacho, sólo es una: "Poner más dinero".
Pablo Ximénez de Sandoval en El País.
La Europa social, en franca retirada
Asistimos a la erosión del modelo social europeo. Se imponen las tesis ultraliberales anglosajonas. La decisión del Consejo de la UE sobre las 65 horas de trabajo semanales es un suma y sigue
La decisión mayoritaria del Consejo de la Unión Europea del pasado 9 de junio sobre la revisión de la directiva relativa al tiempo de trabajo no ha modificado el precepto básico de que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada periodo de siete días. Pero al mantener la posibilidad de que por acuerdo individual entre el trabajador y el empresario se pueda superar dicho umbral, y al cifrar esa excepción en un tope de 65 horas a la semana, amenaza con vaciar de sustancia el límite legal de la jornada de trabajo, debilitar y condicionar la negociación colectiva y establecer un nuevo horizonte simbólico para la duración de la semana laboral.
El acuerdo del Consejo de la UE "britaniza" el derecho europeo del trabajo. El eslogan de Sarkozy, "trabajar más para ganar más", toma el relevo en Europa a la bandera sindical de "trabajar menos para trabajar todos". Todo un cambio de paradigma. Causa de enorme perplejidad y decepción para los que tienen en el mundo el modelo social europeo como referencia. Y una profunda incoherencia con el discurso a favor de la salud en el trabajo y de la conciliación laboral y personal.
Lo peor es que éste sólo es un síntoma más, que se añade a otros, en una Europa social que, en expresión del secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, se "bate en retirada". Y cuya superación depende básicamente de un binomio de cuestiones hoy por hoy inexistente: un proyecto político de Europa que prevalezca sobre las reglas económicas que rigen la vida comunitaria y una coalición de fuerzas capaz de llevarlo adelante.
La actual regulación europea de la jornada semanal ya es muy flexible. Establece que el periodo obligatorio de descanso diario será de 11 horas y el semanal de 24, con lo que, en realidad, se pueden llegar a trabajar 78 horas a la semana. La vigente directiva permite, además, un descuelgue -opt-out- individual, pactado entre el trabajador y el empresario, del máximo legal semanal. Y establece un "periodo de referencia" de cuatro meses durante el cual se pueden realizar más de 48 horas de trabajo a la semana, mediante una "ordenación irregular de la jornada" a lo largo de ese periodo, pactada en convenio.
Como consecuencia de todo ello, en el Reino Unido, principal valedor de los contenidos de la actual norma, cerca de cinco millones de personas trabajan más de 48 horas a la semana, y algunos centenares de miles llegan a las 78 con cierta frecuencia
Para evitar los abusos a que ha dado lugar el opt-out se esperaba que la Comisión y el Consejo derogaran el descuelgue individual de la jornada máxima semanal o, al menos, establecieran un periodo transitorio al cabo del cual se procediera a su extinción. Que ampliaran los tiempos de descanso obligatorio, diario y semanal, y propusieran que la superación del límite máximo de tiempo de trabajo semanal se acuerde exclusivamente por la vía de la negociación colectiva. Y adaptaran la directiva a varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), cuyo contenido determina inequívocamente que los tiempos de guardia forman parte del tiempo efectivo de trabajo. Pero no ha sido así. El acuerdo del Consejo sigue manteniendo la posibilidad de derogación individual, aunque limitada por nuevos requisitos. En las guardias, se da carta de naturaleza a que los "tiempos inactivos" no se consideren tiempo de trabajo, salvo convenio o norma en contrario, y se establece la posibilidad, en uno de los supuestos sin acuerdo colectivo, de ampliar hasta 12 meses el periodo de referencia para la anualización de la jornada.
Todo ello implica una potencial amenaza para la duración máxima legal de trabajo en cada Estado miembro y para la regulación de las guardias de colectivos como médicos, bomberos o cajeras de supermercado. Y de otros sectores laborales que, como los trabajadores móviles del transporte por carretera, tienen reconocido, en otra directiva comunitaria, el tiempo "de atención continuada" como tiempo de trabajo.
Es previsible que el opt-out británico se extienda a otros países, alimentando, de esa manera, el dumping social. Y que la negociación colectiva sea marginada allá donde se pueda para así establecer periodos de referencia más amplios y tiempos de trabajo semanales desmesurados. Como se está intentando hacer ya en Francia, las 35 horas de trabajo semanal a tiempo completo pasarán al baúl de los recuerdos y, en general, aumentará la discrecionalidad empresarial para flexibilizar aún más la organización del tiempo de trabajo.
Es posible, y deseable, que, no obstante, el Parlamento Europeo (PE) elimine, en el procedimiento de segunda lectura, los elementos más negativos de la propuesta consensuada en el Consejo. Pero salvo que se produzca una gran reacción social y política en contra, no está claro que ello termine sucediendo, sobre todo tras el cambio de posición de Francia e Italia. Y tampoco está garantizado que, incluso si eso sucede, no termine acaeciendo lo que está pasando tras la profunda modificación que realizó el PE del proyecto de la directiva "Bolkenstein": algunos de sus contenidos se están intentando reintroducir de nuevo, al amparo de la revisión de la directiva de desplazamiento de trabajadores y de las sentencias del TJE.
La parálisis legislativa del último decenio en el campo social, la creciente sustitución de los procedimientos obligatorios por los indicativos y voluntarios, el contenido regresivo de las propuestas que terminan aprobándose, el drástico endurecimiento de las políticas migratorias, las recientes sentencias del TJE sobre los casos Laval, Viking y Rüffert son algunas de las manifestaciones que indican que lo que está sucediendo con la directiva de tiempo de trabajo no es un hecho aislado.
En realidad, estamos asistiendo a la erosión progresiva del modelo social europeo. Las citadas sentencias han confirmado la prevalencia, en el ordenamiento jurídico comunitario, de los derechos de establecimiento y de libre prestación de servicios sobre los derechos fundamentales de negociación colectiva y de huelga. De esta manera, se ha legitimado la competencia desleal realizada por empresas de unos Estados miembro en otros Estados miembro de la UE, al aplicar a sus trabajadores desplazados menores salarios y peores condiciones de trabajo que los que rigen en los países donde se localizaron esas empresas.
La política social europea está dejando de ser parte de la solución para pasar a ser parte del problema. Por ello, la CES ha propuesto que se incluya en el Tratado de Lisboa un Protocolo de "progreso social" que asegure la prioridad de los derechos sociales fundamentales sobre las libertades económicas y las normas de competencia y evite que las directivas o reglamentos sociales europeos puedan, por la vía de la ley o del convenio, empeorar los estándares nacionales. La política social europea ha pasado de tener como norte, en los años 60 y 70, la "equiparación en el progreso" a perseguir el establecimiento de "prescripciones mínimas" en los años 80 y 90, y, actualmente, a derivar hacia una especie de "competición entre modelos sociales nacionales". Un panorama que desgraciadamente no contribuye a aumentar el entusiasmo de los ciudadanos europeos hacia la construcción europea. Y que reclama con urgencia la reacción de un bloque de países que estén dispuestos a defender el modelo social europeo. El encadenamiento en los próximos dos años de presidencias europeas en las que se van a suceder Francia, Suecia, España y Bélgica puede ser una buena oportunidad para ello.
José María Zufiaur es consejero del Comité Económico y Social Europeo.
La Vida a Cobro Revertido
La primera vez que sales a estudiar al extranjero llamas a casa a cobro revertido. Basta con conectar con la operadora, darle el número del teléfono y esperar a que mamá diga acepto, cuando la operadora le pregunte: fulanito solicita llamada a cobro revertido, ¿acepta la llamada?.
Es fácil la vida a cobro revertido, tienes todos los beneficios (de la distancia, de la independencia, del contacto sin roce) y ningún coste.
Pero ¿es posible la vida a cobro revertido? Durante un tiempo piensas que sí, que no hay nada más evidente y más fácil. Además todo el mundo te invita a vivir a cobro revertido: compra sin pagar, paga sin trabajar, trabaja sin sudar, suda sin sufrir El problema es cuando te pasan la factura, porque, desengañémonos, todas las cosas en este mundo se acaban cobrando y siempre hay alguien que tiene que acabar pagando.
Queremos carreteras y plazas públicas a cobro revertido. Queremos estudios universitarios a cobro revertido. Queremos sanidad pública de calidad a cobro revertido.
Queremos que alguien haga por nosotros el trabajo sucio en el terreno de la política a cobro revertido.
Queremos gente que tire del carro de nuestras instituciones, nuestro club, nuestra asociación de vecinos, nuestra parroquia
a cobro revertido. Queremos tener hijos a los cuarenta, después de haber viajado mucho, después de haber salido mucho por las noches y de habernos realizado, y todavía los queremos a cobro revertido.
De acuerdo, sería genial, pero no es posible. Cuando llames hoy a mamá para ver cómo está el canario, para desahogarte del mal día que has tenido, para que te dé algún mimito de esos que levantan al ánimo, no te olvides de preguntarle cómo le va a ella y de darle algún mimito de los tuyos, y no te olvides tampoco de decirle al final: Bueno mamá, ¿te has fijado que no te he llamado a cobro revertido? Hoy la llamada la pago yo
Anuncio de Endesa. Contra publicidad de Greenpeace
