Por Mary Robinson
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
ABC. Opinión
¿RECUERDAN la emoción que sentimos cuando hace casi diez años se firmó en Otawa (Canadá) el tratado que prohibió las minas antipersona? Lo que comenzó como una campaña pequeña de las organizaciones sociales consiguió en aquel momento un acuerdo internacional legalmente vinculante para desterrar del planeta el azote de esos artefactos. En este mes de octubre tenemos una oportunidad similar de abordar los horribles excesos del comercio de armas porque, en los próximos días, Naciones Unidas votará una resolución para empezar a trabajar en un tratado sobre esta materia. Esto ocurre exactamente diez años después de que se le pidiera que votara una resolución para apoyar la prohibición de las minas antipersona.
Es imprescindible que los gobiernos apoyen esta resolución y exijan que el Tratado sobre el Comercio de Armas gire en torno a los derechos humanos. Las armas biológicas, químicas y nucleares han estado controladas por medio de tratados internacionales durante décadas, pero no hay aún ningún tratado integral y legalmente vinculante que regule las ventas de armas convencionales, entre las que se incluyen desde los AK-47 hasta los aviones de combate. Las minas antipersona son una de las pocas armas convencionales que están efectivamente controladas. Todo esto ocurre, a pesar de que se estima que sólo una parte de las armas convencionales, las armas pequeñas, matan cada día a 1.000 personas, la mayoría de ellas civiles.
He visto por mí misma lo fácilmente disponibles que están estas armas en demasiadas zonas en conflicto, y cómo contribuyen a que se cometan graves violaciones de los derechos humanos. En Ruanda, armas pequeñas como el AK-47 contribuyeron a las dimensiones del genocidio. Durante la guerra civil en Sierra Leona estaba claro que la proliferación de armas trajo consigo una epidemia de violaciones de mujeres y mutilaciones a punta de pistola. En Timor Oriental, en 1999, el acceso de los grupos armados a las armas les permitió aterrorizar a la población, y cuando ganó el sí, en el referéndum de independencia, en agosto de ese año, también les permitió matar.
Ha llegado, pues, la hora de un Tratado sobre Comercio de Armas. Su proliferación descontrolada está destrozando vidas, comunidades y las oportunidades de muchas personas en todo el mundo, y el problema no hace más que empeorar. En los cinco años que han transcurrido desde el 11 de septiembre de 2001, en nombre de la llamada «guerra contra el terrorismo» se han suministrado un creciente número de armas a países con un pobre historial en derechos humanos.
La resolución del Tratado sobre el Comercio de Armas ha sido presentada por los gobiernos de Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenia y el Reino Unido. Al hacerlo han dado un paso adelante muy valiente, que debería ser reconocido. Sin embargo, es esencial que el texto final de la resolución contenga referencias a las leyes internacionales sobre derechos humanos. Esto no es un mero matiz legalista: los derechos humanos deben ser la espina dorsal del tratado si se quiere prevenir que las armas caigan en manos de quienes los violan. Sólo de esta forma será efectivo a la hora de salvar vidas.
La campaña en favor del Tratado sobre el Comercio de Armas cuenta con el apoyo de 20 galardonados con el Premio Nobel de la Paz y con organizaciones como Oxfam Internacional, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción sobre las Armas Ligeras (IANSA). El tratado que piden estos grupos estaría basado en un principio muy simple: no hay armas para los que violan el derecho internacional. Un tratado así prohibiría a los gobiernos vender armas cuando hay un riesgo claro de que éstas se usen para alimentar conflictos, dificultar el desarrollo de los países o violar los derechos humanos.
Hay quien afirma que un tratado sobre comercio de armas no funcionaría jamás, que los mayores productores de armas en el mundo no lo firmarían y que, si lo hicieran, tampoco habría mucha diferencia. La experiencia que tenemos con el tratado sobre minas antipersona es contraria a este argumento. Varias de las mayores potencias militares del mundo no han ratificado aún el Tratado de Otawa. Sin embargo, se han salvado miles de vidas en la última década; y, tan importante como esto, ha cambiado el comportamiento de todos los gobiernos, porque muy pocos países se atreven ahora a comerciar abiertamente con minas antipersona, como hacían antes de que el tratado entrara en vigor.
Se estima que el conflicto en la República Democrática del Congo ha matado a más de tres millones de personas desde 1998. En este país, Naciones Unidas realiza habitualmente operaciones de recogida de armas, en las que se encuentran piezas fabricadas en países de los cinco continentes. Armas hechas en Bélgica, China, Egipto, Alemania, Francia, Rusia y EE.UU. se encuentran en manos de los grupos rebeldes.
El comercio incontrolado de armas es un problema global. Todos los gobiernos que fabrican, venden o transfieren armas participan en él. Puede que estos gobiernos no vean la destrucción que estas ventas de armas causan, pero nosotros no podemos mirar hacia otro lado. La población civil de las áreas en conflicto -particularmente las mujeres y los niños- claman por una solución conjunta a este problema global.
Mary Robinson
Ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es presidenta honorífica de Oxfam Internacional. Ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2006.
