Algo habrá que darles

Un artículo de Maite Pagazaurtundua en El País sobre el "proceso"...

En el diccionario de la RALE, la voz "pragmatismo" señala que se trata del "método filosófico según el cual el único criterio válido para juzgar de la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos". Detrás de la expresión "doctrina científica, moral o religiosa" de la definición anterior podríamos añadir el adjetivo "política" a los efectos de este artículo. Este diccionario también identifica como pragmatismo la "propensión a adaptarse a las condiciones reales".

¿Cuál es el efecto práctico que buscamos con respecto a ETA y Batasuna? Hay distintas posibilidades; por tanto, permítanme que señale algunas de las que podrían ser más comunes: a) Que dejen de matar. b) Que dejen de matar y que los principios democráticos borren todo resto de autoritarismo en la sociedad vasca incluso durante su final. c) Que dejen de matar, que se borre todo resto de autoritarismo en la sociedad vasca incluso durante su final y dos huevos duros: que no se equipare a las víctimas y a los verdugos. Porque hemos tenido que escuchar a un obispo vasco nacionalista afirmar que víctimas y verdugos son ambas víctimas, aunque de distinta manera. La primera cuestión que debemos determinar con claridad meridiana es cuál es el efecto práctico que buscamos o con el que nos conformamos. No lo hemos hecho suficientemente y hablamos de cosas distintas, unos y otros, me parece.

La filosofía del "algo habrá que darles" a los etarras, miembros de Batasuna y nacionalistas en general corresponde al aliento pragmático de un número importante de ciudadanos y al primer objetivo, que dejen de matar. De sus palabras y coletillas se desprende que, aunque no olvidan que los etarras encarcelados merecen cumplir sus condenas hasta el final y los de Batasuna merecen el descrédito social durante largo tiempo por el horror inferido, finalmente algo habrá que darles para que dejen de matar y, si no condenan los asesinatos cometidos y el miedo y la tortura que han supuesto para tanta gente, habría que buscar fórmulas en que se encuentren cómodos. Los pragmáticos desean tan intensamente que no se frustre esta tregua que nos animan a "no hacer caso de las palabras (de Batasuna y ETA, se entiende), sino de los hechos" (que no están matando). Considero que lo que se pretende es alargar los días sin muertos para que finalmente los de ETA no puedan dar marcha atrás; pero, claro, los estrategas del mundo de Batasuna y ETA también saben esto y cuentan con ello para no dejarse capturar por la administración de los tiempos del gobierno. De hecho, de momento, más bien parecen ir ganando los de Batasuna y ETA en ello, en la administración de los tiempos, muy especialmente si atendemos a lo que señalan hoy sus analistas afines con datos, muchos datos.

Permítanme una digresión. Estamos al inicio de un nuevo Campeonato Mundial de fútbol y España no lo ha ganado nunca, pese a contar con una liga de altísimo nivel. Mi marido dice que es comparable a las ligas italiana e inglesa. Mis escoltas dicen que es incluso mejor. Por los comentarios que les oigo durante estos días, no parece que ninguno de ellos apueste por que la Selección Española vaya a conseguir ganar el Mundial. Es, pues, un objetivo casi épico. Imaginemos que podemos llegar a ganar el Mundial de fútbol, metiendo un gol con la mano, sin que nos vea el árbitro o, al menos, no en el momento de dar por bueno el gol. Aunque me quede en minoría digo: así no. Y no se trata de que esté en contra de que España gane el Mundial.No habría utilizado el ejemplo anterior si no me pareciese detectar la existencia de derivas y fugas más o menos claras hacia el infantilismo psíquico en la actual estructura de la opinión pública española. Como reproduciendo una gran batalla que no atiende a hechos, sino a siglas de forma ciega, y a mantras cerrados, más que a argumentos, y una cierta tendencia que de seguir así puede llegar al delirio colectivo, entendido todo ello en los términos en que lo expresó Sigmund Freud en 1930 en "el malestar en la cultura" cuando se refería al fundamentalismo religioso, aunque lo denominaba religión a secas. Estaba, en realidad, definiendo los rasgos del forofismo, del sectarismo, de nuestro más genuino espíritu cainita.

Hay muchos pragmáticos que dicen que la transición se cerró con la desmemoria y que las viudas de los represaliados de la guerra civil ni hablaron mientras se fraguaba la Constitución del año 78, ni tuvieron voz durante la larguísima dictadura. Hablan del olvido necesario. Este, por ejemplo, es un mantra. Y la apelación a la amnesia surte el efecto placebo sobre algunas conciencias. Pero, claro, el nacionalcatolicismo fue derrotado como ideología, así que no podemos hablar de la existencia de ningún tipo de impunidad ideológica. Algunos heredamos en la familia la conciencia de que no debía pasar nunca más eso de no tener ni voz, ni libertad. En nuestra casa prevaleció la memoria del abuelo socialista, encarcelado y represaliado en la posguerra, y eso que también nos narraron las historias de los pragmáticos que estuvieron todo lo a bien que se podía con el régimen franquista mientras duró y sólo en sus estertores redescubrieron sus ideales políticos, el euskera para sus hijos... Con Franco se trataba de que faltaba la libertad. Con ETA se trata de lo mismo, de que amenazan con el asesinato para obligarnos a soluciones nacionalistas para el País Vasco. No es un secreto que pertenezco a la corriente de ciudadanos que se identifican con lo que ha dado en calificarse como partidarios de la "firmeza democrática" para derrotar a ETA. Yo, sin reservas, me apunto al objetivo c) del primer párrafo. Sé que es más difícil a corto plazo, pero me parece que contiene menos riesgos a medio plazo para preservar la calidad democrática de nuestro sistema político. Y sobre todo, consuela más a muchas víctimas y conforta más a los que más han aguantado el tipo por conseguir libertad para todos. No apacigua a los intolerantes. Eso es también así. Me parece un riesgo que debemos asumir. Es un riesgo.

En el asunto de que hablamos no todo es blanco o negro, por supuesto. Pero tenemos que elegir la información que nos parece relevante y, en mi opinión, lo primero que debemos tener en cuenta es que ETA no ha entregado las armas y que ha declarado una tregua condicionada y reversible. Por eso, muchas víctimas están tan susceptibles, con las heridas tan abiertas. Se les están deshaciendo sus sueños entre los dedos y Batasuna, con su chulería, les echa sal en las heridas, cada día. Dos generaciones de víctimas de ETA han soñado con derrotarlos y consideran que Batasuna no debe ser exonerada ahora de su responsabilidad en el horror por la puerta de atrás. La decisión de ser recibidos por los socialistas vascos sin haber renunciado a ese pasado -con la advertencia de que en caso contrario todo saltaría por los aires- es una conquista objetiva de Batasuna y no es una cuestión menor en mi humilde opinión. Hay muchas víctimas de ETA que temen que los de Batasuna terminen por ser aceptados con su teoría del conflicto y de los muertos como efectos colaterales indeseados, como ausentes involuntarios. Los pragmáticos pueden aceptar buscar únicamente el efecto práctico de evitar más muertos, aceptando para ello el diseño de Anoeta con sus dos mesas, el modelo de conciliación, sin "vencedores ni vencidos", o sea, la paz de Azkoitia más o menos maquillada. Al menos de momento, y esperar tiempos mejores. La opción primera de conformarse con que dejen de matar.

Pero esto lo saben los de Batasuna. Conocen a la perfección nuestra opinión pública, nuestro cainismo político, las dos grandes tendencias, la pragmática de la conciliación y la de la firmeza democrática. Y saben presionar y atornillar. La presión funciona en el juego con los pragmáticos, y Batasuna y ETA presionan. Así las cosas, y con todo respeto al Gobierno -no es blanco o negro, tal vez ellos tampoco esperaban que los pilotes del llamado proceso de paz estuvieran clavados en arenas movedizas-, yo considero que no se puede premiar la barbarie, ni a los bárbaros. Por un tema de calidad democrática. Porque no nos estallen los relatos en las manos en la siguiente generación... O en ésta.

Maite Pagazaurtundua Ruiz

El Camino de Santiago II. Ponerse en camino

Tomar la decisión de hacer el Camino
supone la opción de ponerse en camino;
desde ese momento eres peregrino, alquien que,
aunque se fija una meta (sabe a dónde va),
sólo sabe que llegará, si Dios quiere, algún día.
Mientras tanto, se instala en la provisionalidad,
se abandona a la providencia...
y a la solidaridad de los demás.

José María Alvear, sm

Cuidado, saleroso

Un artículo de Fernando Savater sobre el proceso de fin de ETA...

Quizá la más conocida de todas las citas de Abraham Lincoln sea esa en la que afirma que "se puede engañar a parte de la gente todo el tiempo o a toda la gente parte del tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo". Pese a su venerable retórica, parece algo digno de ser recordado en el actual tira y afloja político a raíz de que ETA declarase su forzoso alto el fuego permanente. Subrayo lo de "forzoso" para que nadie olvide que no se trata de una concesión generosa de la banda, sino de un callejón sin salida al que ha llegado no porque se haya cedido a sus exigencias, sino porque se la ha acorralado -nacional e internacionalmente- sin ceder a ellas. Sin embargo, ETA no se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni ha desaparecido de la noche a la mañana (sus idas y venidas por Francia revelan que sigue activa aunque en suspenso, a la espera de ver qué es lo que le conviene hacer). Es posible que aún siga enviando cartas de extorsión a los empresarios: en cualquier caso, es seguro que nos ha mandado una carta de extorsión colectiva a todos los españoles, a través del Gara y de sus portavoces habituales de Batasuna, con exigencias políticas y territoriales muy claras. Y es el momento de recordar lo que siempre se ha recomendado a quienes recibían esas cartas: que no pagasen, aunque ello implicara correr riesgos. Supongo que tal consejo es válido también para el chantaje colectivo y no sólo para el individual...

Por decirlo suavemente, la actitud del Gobierno en esta tesitura está llena de contradicciones que nos preocupan cada vez más a quienes hemos querido democráticamente confiar en su gestión del asunto. De ahí el recordatorio de la frase de Lincoln citada más arriba. Si de lo que se trata es de que representantes institucionales se reúnan con los jefes de la banda para organizar con ellos el abandono definitivo de las armas, salidas individuales judicialmente aceptables para los terroristas, acercamiento gradual de presos, etc., el asunto puede resultar más o menos vidrioso, pero sin duda merece la pena intentarlo. La "mesa con ETA", por llamarla así, puede despertar preocupación o llamadas a la prudencia, pero no escándalo. Lo que en cambio parece imposible de asumir por instinto de conservación democrático es mezclar esas conversaciones con otras de corte político en las que se involucrarían en un totum revolutun los portavoces del terrorismo, el resto de los partidos nacionalistas y acólitos en busca de réditos por el fin de la violencia (tras haber obtenido tantos antaño de la violencia misma) y los representantes de los partidos constitucionales, es decir, de los ciudadanos que han padecido estos años la coacción terrorista. Y todo ello en una segunda "mesa", "espacio" o lo que sea, situada fuera del Parlamento y de las instituciones, que quedarían así visiblemente suspendidas y entre paréntesis derogatorios como ETA siempre ha pretendido.

Si yo no les comprendo mal -y a estas alturas comprenderles bien no resulta precisamente fácil-, el Gobierno y el PSE dan por buena y necesaria esta segunda mesa, ayer decían que "en ausencia de violencia" y hoy parece que también con violencia, al menos latente y amenazante. Una pregunta cándida pero necesaria y que sin embargo aún no he escuchado: ¿alguien puede facilitar a los ciudadanos un solo argumento a favor de la necesidad o de la oportunidad de tal mesa, aunque haya acabado la violencia terrorista? ¿Es que acaso hay temas que no pueden tratarse en el Parlamento, que es la institución destinada al debate político en democracia? Si los partidos que van a reunirse en ese foro son legales, ¿por qué no van al Parlamento, como han venido haciendo hasta ahora, y marcan los cánones constitucionales? Si algunos no son legales, ¿por qué los demás van a reunirse institucionalmente con ellos, poniéndose a su altura, en lugar de presionarles con su no reconocimiento fáctico para que se legalicen cuanto antes? Se dice que después de la violencia, vendrá la política. ¿Qué política? ¿No se ha hecho política democrática hasta ahora en el País Vasco? ¿No se han

sometido a elecciones los candidatos constitucionales amenazados, aun sabiendo que tenían muy limitadas sus posibilidades de expresión política por la violencia terrorista? ¿No han muerto Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa y tantos otros por intentar hacer política, contra viento y marea? ¿Resulta ahora que los nacionalistas del PNV y EA, que llevan gobernando, haciendo y deshaciendo a su antojo educativa e informativamente, monopolizando la política en el País Vasco gracias a que los demás están acogotados por ETA, aún necesitan nuevas concesiones del Estado y más manos libres para blindar definitivamente su espuria hegemonía? ¿Hay que concederles alguna compensación ya que en el futuro van a perder la ventaja política que les atribuía la actividad de ETA?

A favor de la segunda mesa de partidos sólo puede haber dos argumentos, aunque nadie se moleste en darlos explícitamente porque son difíciles de sostener en público. El primero es que ya se ha pactado bajo cuerda con los nacionalistas -tanto con los que muerden como con los que de momento llevan el bozal puesto- que habrá semejante concesión política para que ETA opte definitivamente por la jubilación. Será el momento de buscar una fórmula en la que "todos los partidos vascos se sientan cómodos". Ahora bien, no existe una mágica fórmula política según la cual puedan estar simultánea e igualmente cómodos los partidarios de los derechos ciudadanos y los que piensan que los derechos son inherentes a los territorios, los que mantienen que el ser -es decir, la identidad étnica- cuenta más que el estar -o sea, la igualdad constitucional- y quienes opinan lo contrario, los que creen que sólo hay que abrir el estado de derecho por arriba, hacia la unidad europea, y los que desean desguazarlo por abajo, hacia las inacabables y legendarias "realidades nacionales" que vayan proponiéndose. Hay que elegir también aquí, como es preciso elegir entre educación confesional o laica, guerra preventiva o prevención de la guerra, asistencia social justa a quien padece cargas familiares extraordinarias o simple caridad privada, etc. A fin de cuentas, el final político de ETA no puede ser más que el refrendo de la Constitución, es decir, de las normas para la libertad de todos, o el refuerzo del nacionalismo obligatorio y omnicomprensivo que consigue en esta "nueva etapa" más privilegios. O lo uno o lo otro, pero todo a la vez y por igual, desde luego que no.

El segundo argumento a favor de la mesa de partidos (y su paso previo, el entendimiento torticero del PSE con Batasuna) es que sin tal concesión queda bloqueado el "proceso de paz" (¿) y ETA puede volver a las andadas. Ante eso, no podemos sino remitirnos a lo aconsejado en caso de recibir una carta de extorsión: por el bien de todos, resistir y no pagar. ¿Que Batasuna bloquea no sé qué? Pues es problema suyo, porque los que están ilegalizados son ellos y ellos son los que necesitan normalizar su situación para gozar de lícitas ventajas institucionales. O espabilan ahora o tendrán que prolongar su "apartheid" hasta que lo insostenible de su posición les lleve a ceder. Los demás no tenemos prisa. ¿Que ETA se enfada? Y ¿qué va a hacer? ¿Volver al tiro en la nuca y el coche bomba en las circunstancias de la España y de la Europa actuales, que le son tan poco propicias? No cabe duda de que puede hacer sufrir todavía, pero lo que no consiguió antaño con vientos históricos más favorables, menos va a lograrlo ahora. Prolongará nada más la retahíla de sus presos y el sacrificio idealista e ingenuo de jóvenes arrastrados hacia la violencia. Los que tanto les hemos resistido ya, podemos resistirles un poco más todavía. De modo que ellos verán. El alto el fuego permanente es una noticia excelente si lleva a que los militantes dejen ETA y acepten la legalidad; pero sería muy malo si determinase que es la legalidad la que debe reconocer a ETA. Y hay que ser muy bribón o muy obtuso para decir que quienes ponen condiciones a la negociación no quieren la paz. ¿Paz? Los que hemos vivido décadas bajo la paz franquista y hemos padecido su propaganda ya sabemos algo de las ambigüedades de la palabreja... Aprendimos, por ejemplo, que la mayoría no quiere la paz (que si es verdadera se basa en la libertad), sino sólo que les dejen en paz, aunque sea encerrados en un corral.

Sin confianza no suele avanzarse, pero el exceso de confianza puede ser letal. El entrañable Miguel Gila contaba en uno de sus monólogos el caso de un conocido que pereció al cruzar la vía del tren. Sea por apresuramiento o por miopía, en el cartel que avisaba "Paso peligroso" leyó: "Pasa, saleroso". Y claro, le atropelló el expreso. Zapatero, resalao, ponte las gafas y mira bien a derecha e izquierda antes de lanzarte a cambiar de acera...

Fernando Savater

El Camino de Santiago I. Una parábola para la vida

Un conjunto de reflexiones de José María Alvear acerca del Camino de Santiago....

El Camino es una parábola de la vida,
en la que recordamos muchas cosas que,
en el ajetreo de nuestros compromisos y trabajos,
hemos olvidado o descuidado.
El Camino es una escuela para la vida,
no un paréntesis en ella:
se es peregrino a partir del Camino,
pero después se vive en casa siendo peregrino.

Solidaridad con Arcadi Espada

Desde aquí mi solidaridad con Arcadi Espada y los Ciudadanos de Cataluña después de sufrir un ataque violento de los de siempre... un fuerte abrazo!

Visita el blog de Arcadi y escríbele unas líneas.

Demócratas relativos

Es lo que trae el uso inmoderado del adjetivo legítimo. Que llega un momento en que, salvo pegar a la madre y cosas así, todo lo demás se considera legítimo. Ahora mismo, y cuando parece iniciarse el final del terrorismo, vuelven los nacionalistas vascos a proclamar al unísono que, "sin violencia, todos los proyectos políticos son legítimos". Sin entrar en honduras, creo entenderles que en ese supuesto cualesquiera iniciativas públicas tienen derecho a su reconocimiento legal. Y como la nuestra es una legalidad democrática, habrá que sobrentender que esos proyectos son legítimos precisamente por ser democráticos. Les confieso que tengo mis dudas ante una democracia de tantas tragaderas y unos demócratas tan relativos.

Para empezar, se me escurre el significado de esa ausencia de violencia. Su abandono -o la renuncia a secundarla- no nos aclara si responde a razones de principio (porque asesinar pisotea un derecho humano elemental) o instrumentales (resulta inútil para el objetivo apetecido). Por el momento, de los terroristas y sus cómplices directos aún no hemos oído la primera clase de razones. Pero el caso es que, se entienda en un sentido o en el otro, esa falta de violencia no vuelve ella sola legítimo lo que esencialmente no lo era ni puede serlo. Tampoco los medios decentes justifican un fin indecente. Entre nosotros muchos piensan todavía, gracias a pasar por alto el porqué y el para qué mataba, que la maldad de ETA se agotaba en sus crímenes y que, muerto el perro, acabará la rabia. Para éstos el hecho de mantenerse dentro de los límites de la ley basta para declarar democráticos pronunciamientos que, bien mirados, darían toda la impresión de totalitarios.

Quizá le malinterpreto, pero es lo que parece sugerir nuestro presidente de Gobierno en una entrevista reciente. Cuando Flores d'Arcais le plantea si las últimas enseñanzas papales en esta materia no revelan una "pulsión antidemocrática" por parte de la Iglesia Católica, el presidente Zapatero responde: "No, sinceramente no, porque creo que la democracia se basa en la disputabilidad de las decisiones del poder. Aun desde posiciones que están equivocadas (...), tienen derecho a negar incluso algunos de los fundamentos más esenciales de la libre convivencia, tienen derecho a manifestarse (...). Lo que no tienen derecho es a imponer".

Uno se pregunta cómo armoniza con esa disputabilidad la creencia que se arroga ser la administradora de la Verdad absoluta, incluida la política. Fuera de eso, ¿quién desvelará el profundo misterio de que no deba tacharse de antidemocrática una doctrina que socava las bases de la vida democrática? Y aun si un gobierno le concediera graciosamente el derecho a su libre expresión, ¿por qué iba a transformarse el autoritarismo así expresado en algo acorde con el ideal de democracia? Muy sencillo: porque lo democrático en las decisiones del poder consistiría tan sólo en ser disputables, sin que haya norma previa o más honda para calificarlas. ¿Acaso no había "posiciones equivocadas" por negar los puntales de la democracia? Sí, pero ese pecado les será perdonado como acepten participar en la disputa.

Al fijar entonces la no imposición como primero y hasta único criterio legitimador de los actos y proyectos políticos, viene a consagrarse como máxima prueba de legitimidad su respeto a lo que salga de los procedimientos democráticos. ¿Será entonces sin más aceptable un proyecto en cuanto consienta someterse a la concurrencia electoral y asumir los resultados que arroje la regla de la mayoría? Tan reductora simplificación de la democracia resulta muy gratificante para la pereza general, pero interesada y falsa. El ser o no ser de una democracia no se juega tan sólo en los medios que emplea un gobierno o su oposición, sino además en las premisas que invocan y en los fines que persiguen. En realidad, y a poco que el principio de no contradicción valga también en política, sería incluso impensable que todos esos proyectos pudieran ser legítimos. La razón práctica no puede justificar la afirmación y negación simultáneas de un derecho para las mismas personas.

¿Que nadie conoce programas políticos despreciables, por más que se atengan a las formas democráticas ordinarias? Será que nadie quiere complicarse la vida. Desde su misma inspiración, no parecen legítimos por antidemocráticos partidos y proyectos que arranquen de la desigualdad en derechos políticos de los sujetos por razones de etnia, clase social o de otra especie. Tampoco es fácil que lo sean los que defienden la anterioridad y prevalencia política (por sangre, lengua, religión, historia) de una comunidad particular sobre la comunidad general de la ciudadanía. O los que asientan su programa en unos derechos colectivos y del pasado antepuestos a los individuales y del presente... Si después miramos a sus objetivos encubiertos o declarados, ¿llamaremos democrático al propósito de instaurar una sociedad cuyas partes gocen de libertades políticas distintas?; ¿y será justificable postular unas metas que, por exigir un infundado proceso de secesión y de anexión territorial, inducen al enfrentamiento de sus gentes? Es la idea misma de democracia la que se resiste a amparar nada que, aun invocando su nombre, presuponga o se proponga desiguales derechos políticos entre los ciudadanos.

Pero eso que la pura idea de democracia tiene que rechazar han de admitirlo hasta cierto punto las democracias reales. Exactamente hasta ese punto que arriesgue la pervivencia o traiga la degradación del régimen democrático. Cuando tal riesgo exista, no debería causar escándalo que lo ilegítimo fuera prohibido, porque más escandaloso sería dejar indefensa la comunidad que nos hace ciudadanos. Aquel absurdo y blando prohibido prohibir de hace unas décadas expresa el vaciamiento de una conciencia colectiva que, carente de criterio moral firme, ya no sabe juzgar qué resulta o no legítimo ni se atreve a discernir entre lo democrático y lo que no lo es. Sería un sinsentido conceder el derecho a servirse de ciertas libertades políticas (de manifestación, asociación o voto) para restringir o eliminar esas mismas libertades. No cabe liquidar "democráticamente" la democracia.

Si damos por conjurado semejante peligro, en cambio, a nuestras instituciones les tocará arrriesgarse y acoger en su seno incluso a quienes las desdeñan. Lo que era ilegítimo seguirá siendo ilegítimo, y así lo argumentaremos en la plaza pública, pero con las precauciones debidas habrá pasado a ser legal. Será un paso más debido todavía cuando su contrapartida sea la protección de vidas humanas y la vuelta de un clima político regular. Eso sí, quedará claro a los recién ingresados que su acogida como miembros de la comunidad no se debe tanto a sus méritos como al de las instituciones que ellos han combatido. Y todos hemos de saber también que el reconocimiento legal de su proyecto público está lejos de otorgarle un certificado de democrático. No vayamos a malentender la democracia ni a maleducar al ciudadano.

Aurelio Arteta

La izquierda, de la igualdad a la diferencia

Salvo para quienes cultivan la superstición del centro, el trazo entre izquierda y derecha resulta nítido. Ahí va un criterio de tasación: la derecha nunca suscribiría dos de los principios que estaban en la trastienda de la renovación ideológica del PSOE en el 2001: el de libertad real para todos, según el cual, "toda persona puede llevar a cabo su proyecto personal de vida", y el de igualdad, entendida como "la garantía de que todas las personas tienen las mismas condiciones para poder desarrollar sus capacidades y potencialidades personales". Los dos principios, tal como están formulados, tienen sus problemas. Por ejemplo, el primero es irrealizable si no se acota, sometiendo los proyectos personales de vida a alguna criba, como el control democrático: hay proyectos de vida que no está justificado alentar ni favorecer, como puede ser el de viajar en naves espaciales para contemplar la Tierra desde el espacio. Pero, aunque la letra no está clara, sí lo está la música compartida: para que las personas dispongan de la misma libertad real necesitan recursos que han de redistribuirse atendiendo a sus particulares circunstancias. No parece discutible que una persona con una minusvalía necesita más medios que otra que no la padezca para poder desarrollar las mismas actividades y que una comunidad en donde predominan los ancianos requiere más recursos que otra donde priman los veinteañeros. A la luz de ese criterio, por cierto, resulta discutible el principio consagrado en el Estatuto de Cataluña según el cual, después de la redistribución, no se puede alterar el orden de los ingresos per cápita, esto es, no puede ser que aquellos que ingresan más que otros antes de la distribución ingresen menos después de ella.

La derecha no suscribiría tales principios. No por maldad esencial, sino por su diferente idea acerca de lo que es una sociedad justa y, por ende, de igualdad. A su parecer, una sociedad es justa cuando los beneficios y las posiciones sociales están abiertas a todos por igual, cuando las reglas del juego son las mismas para todos. El Estado debe limitarse a asegurar que todos puedan participar en la competición, sin que a nadie le prohíban jugar. En ningún caso debe contribuir a que los individuos "realicen sus potencialidades". Entre otras razones, dirán los conservadores, porque los únicos derechos que se pueden garantizar son los llamados "derechos negativos", que protegen frente a las intromisiones de los demás, incluidas las públicas, como sería el caso de los relacionados con la opinión o la propiedad. Para asegurarlos basta con una simple prohibición: no se puede robar, matar, impedir hablar. No cuestan más que la tinta empleada en escribirlos en papel oficial. Mucho más complicado resulta garantizar el "bienestar", los derechos positivos. Requieren recursos, siempre finitos, y no hay modo de saber cuándo están garantizados. Resultan "insaciables".

La izquierda, tradicionalmente, ha replicado a tales argumentos recordando que, bien mirado, todos los derechos requieren recursos, empezando por el derecho a la propiedad, que necesita de jueces y policías para su real garantía. Reconocer que todos los derechos cuestan dinero equivale a decir que todos son positivos, que no hay modo de asegurar absolutamente ninguno. Dicho de otro modo, la decisión es, finalmente, sobre prioridades, democrática, en el mejor de los casos: ¿es mejor asegurar la propiedad de unos que la salud de otros? También ahora hay que decidir, que hacer política. Las decisiones tendrán más o menos justificación, pero son, finalmente, decisiones sobre qué se protege y en qué medida. En realidad, cuando se dice que "los derechos positivos salen muy caros", lo que se está queriendo decir es "no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad política de modificar la estructura impositiva".

Hasta aquí, todo clarito. La izquierda recordaba, en un nuevo contexto, que la universalidad de la justicia se queda en buenas palabras si no se completa con la igualdad material. Las reglas pueden ser iguales para todos, pero no podemos considerar justa una carrera en la que uno de los corredores arrastra un yunque atado a la pierna. Entre otras cosas, tomarse en serio esas ideas supone compensar circunstancias decisivas en la vida de las gentes, de las que no son responsables (pertenecer a una familia poderosa, socializarse en cierto ambiente cultural, venir al mundo en un pueblo de Tarragona o en uno de Cuenca), que, sin embargo, condicionan sus posibilidades de acceso a posiciones sociales e incluso el pleno ejercicio de los derechos. Otra cosa son las consecuencias derivadas de las propias decisiones, si uno es un gandul o tiene gustos lujosos. Una idea que quedaba condensada en el lema "ninguna desigualdad sin responsabilidad".

Ésa era, como digo, la herencia de la izquierda, que todavía encuentra algún eco prolongado en programas que a lo sumo sirven para entretener los cursos de formación de los militantes. Pero de un tiempo a esta parte, las cosas han cambiado. La izquierda ha pasado de la estrategia de la igualdad a la de la diferencia nacida en torno al llamado "debate multicultural". No se le quita el yunque al corredor, sino que se opta por crear un reglamento para corredores con yunque, una carrera aparte. En lugar de combatir las circunstancias que están en origen de los problemas (la desigualdad, una cultura discriminatoria en el caso de muchas "minorías"), se adoptan excepciones a los principios generales de justicia y se aboga por "derechos especiales". Una estrategia discutible que, por lo general, resulta de una debilidad intelectual anonadante. Las medidas excepcionales no pueden estar por encima del escrutinio democrático o de la aplicación de los principios compartidos de justicia. Si se aceptan, ha de ser como consecuencia de la aplicación de la justicia y la democracia. Y a sabiendas de su condición provisional. En ámbitos de representación política, algunas formas de discriminación positiva pueden estar circunstancialmente justificadas, pero sin olvidar que el objetivo es su desaparición por falta de razón de ser. Tomarse la igualdad y la justicia en serio supone ponerles fecha de caducidad. No sea que nos olvidemos de dónde están los problemas. Las medidas excepcionales no modifican las injusticias de origen; a lo sumo, su impacto. Vienen a ser como la aspirina, que no cura, pero alivia. Pero si uno se pasa la vida con aspirinas, no repara en la enfermedad, hasta que se muere.

La estrategia de la diferencia descuida las condiciones materiales. De hecho, sale muy barata. En cierto modo, parece recuperar la visión conservadora de que la igualdad sólo requiere el gasto de la tinta del BOE. Pero hay algo más: la estrategia del trato diferencial corre el riesgo de estigmatizar a quienes pretende ayudar, a que "la diferencia" se perciba como una suerte de incapacidad. Al final podría suceder que, en nombre de las diferencias, consagremos las desigualdades. Si se nos va la mano desandando historia, podemos acabar como en el Antiguo Régimen, cuando una complicada trama de relaciones jurídicas especiales hacía que cada cual se relacionara con el rey según su condición, según donde vivía y su clase social. Precisamente, aquella situación con la que acabaron las revoluciones democráticas en nombre de la igualdad, las que dieron origen a la izquierda.

Félix Ovejero Lucas

Morir dignamente

EL debate público sobre la eutanasia suele descuidar un asunto medular. Me refiero al efecto desmoralizador que los alegatos en pro del suicidio asistido causan entre quienes sobrellevan una existencia signada por el dolor. Para ellos y para sus familiares, cada nuevo día pone a prueba su capacidad de resistencia, sus ganas de seguir viviendo y de seguir dando vida. Me parece una grave irresponsabilidad que estas personas que han hecho del sacrificio y el afán de superación una épica cotidiana, que se esfuerzan por mantener enhiestos los añicos de su maltrecho ánimo, reciban constantemente incitaciones al desistimiento. Me parece ignominioso que se haya impuesto la expresión «derecho a morir dignamente» para referirse a la eutanasia, como si la muerte de quienes deciden afrontar los innombrables sufrimientos que su enfermedad les acarrea fuese indigna; como si su vida, mermada en las facultades físicas, no mereciera la pena ser vivida. Me parece escandaloso, en fin, que cada vez que alguien decide poner fin a su existencia, en pleno uso de su voluntad o -como suele ser más frecuente- a impulsos de una voluntad gravemente viciada (por las penalidades que padece y por la propaganda ambiental), enseguida sea encumbrado a la categoría de héroe mediático. Cuando los verdaderos héroes, quienes de verdad demandan nuestro reconocimiento y gratitud, son los miles de personas que, aun en medio de la postración, mantienen invicto su deseo de morir cuando la naturaleza lo decrete. Que ésta es, por mucho que la propaganda cacaree lo contrario, la muerte más digna y valiente.

El reportaje que ayer publicaba María José Muñoz en este periódico daba voz a quienes habitualmente carecen de ella: esa infinita mayoría de tetrapléjicos que, pese al pedrisco de la propaganda, perseveran en su deseo de vivir. Son ellos, y los familiares que los atienden, quienes merecen -aparte de apoyo material y asistencial- el aplauso que insensatamente se tributa a quienes carecen de su entereza de ánimo. Quienes ponen fin a su vida, incapaces de soportar por más tiempo el diario tormento de una existencia mermada, deben merecer nuestro más hondo respeto; pero de ahí a entronizarlos como modelos media un largo trecho, sólo salvable para las sociedades que han dimitido de sus valores y declinado sus obligaciones. Porque preservar la vida de sus individuos es una obligación que compete a la sociedad; y cuando la sociedad declina esa obligación, o incluso la revierte, proclamando un demencial «derecho a la muerte», podemos afirmar, sin temor a errar el diagnóstico, que se trata de una sociedad enferma, poseída por un arrebato de automutilación.

Es regla general del Derecho que un principio jurídico no puede ejercerse para ser destruido o anulado: un hombre no puede utilizar su libertad para abdicar de ella y convertirse voluntariamente en esclavo; tampoco puede utilizarla para exigir el fin de su vida. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que «el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte». Y también que «la vida es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» y un «supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible». Y, aunque estemos asistiendo a una destrucción acelerada del Derecho, conviene recordar que las sentencias del Tribunal Constitucional no pueden ser conculcadas por leyes adventicias regidas por la matemática parlamentaria. La obligación del Derecho (mientras aún exista) es proteger la vida, no facilitar la muerte. El primer paso en esa «protección positiva» de la vida podría consistir en impedir que la propaganda ambiental y sus promotores desmoralicen a quienes, en un acto supremo de dignidad, deciden seguir viviendo, sobreponiéndose al dolor.

Juan Manuel de Prada