opinión

Parar, templar y mandar

En política sería calma para entender, moderación para resolver y decisión para ejecutar

Era bajo, enteco y malcarado. Poco dotado físicamente, estaba provisto de un valor sin fisuras, de una ambición sin límites y de un talento original y profundo, que le hizo suplir su falta de condiciones físicas con un cambio total en la concepción del toreo, con una innovación radical de su técnica y con una sustitución completa de su canon artístico. Era de Sevilla y se llamaba Juan Belmonte. Su revolución -como toda revolución que se precie- se concretó en una tríada -parar, templar y mandar-, que hizo trizas la vieja máxima de Lagartijo, "o te quitas tú o te quita el toro", para sustituirla por otra: "ni te quitas tú ni te quita el toro, si sabes torear". Se trata de dominar la situación con inteligencia, para extraer de ella lo mejor que encierra, con resolución en el empeño y elegancia en la ejecución.

¿Son aplicables estas reglas a la política? Sin duda, dado que son la concreción de un proceder con valor universal, que pone el acento en la calma para entender, la moderación para resolver y la decisión para ejecutar. Virtudes hoy ausentes del coso político nacional, en el que las distintas cuadrillas -con sus matadores- sólo buscan quitarse de en medio, sorteando como pueden las graves cuestiones -de índole general o partidaria- que les acechan, para evitar que el pueblo soberano les quite a la fuerza de un derrote electoral.

La política española es hoy elusiva. Se eluden los problemas planteados por la crisis económica, y también se eluden, legislatura tras legislatura, ciertas reformas políticas -ley electoral y ley de financiación de partidos- y constitucionales -Senado y mecanismos de colaboración-, que resultan imprescindibles para culminar, en sentido federal, el inevitable desarrollo del Estado Autonómico. Esta elusión se produce por temor a las negativas repercusiones electorales que generarían -para el partido que las respaldase- cualesquiera decisiones que lesionasen los intereses particulares de alguno de los mandarinatos que -parafraseando a Azaña- llevan siglos acampados sobre el Estado.

Son mandarinatos los grupos de interés que generan una burocracia con funciones de vigilancia y control, para impedir que se modifique su situación de privilegio y monopolio. Esta resistencia al cambio provoca, además de la esclerosis del pensamiento libre, el estancamiento de la sociedad que los padece y su inexorable decadencia. Estos mandarinatos se dan tanto en el ámbito laboral como en el empresarial y financiero, tanto en la cúpula de los partidos como en el estado mayor de las instituciones sociales, y tanto en los cuerpos de élite de la Administración como en la universidad.

De ahí que el pacto entre partidos -al menos entre los grandes- sea indispensable para pensar, con garantías de viabilidad, en cualquiera de las reformas apuntadas. Y no tanto porque el pacto genere, de modo milagroso, una luz nueva que haga ver las cosas de otra manera, sino por la sencilla razón de que, a través del pacto, se distribuyen los costes electorales entre los partidos que lo suscriben. Pero, lejos de propiciar este pacto, los partidos se esfuerzan en fidelizar a sus clientelas con maniobras de distracción que van por barrios: constantes apelaciones a la seguridad, a los valores y a la unidad de España por parte de unos, y recurrentes invocaciones de los valores de la laicidad y de algunos derechos individuales por parte de otros. Total, nada.

La política se envilece, la convivencia se degrada y la esperanza se agosta. Aunque se disfrace el discurso de los líderes con alardes de un humor de casino provinciano, ya viejo en tiempos de Eugenio Montero Ríos, o se solemnice lo trivial con un énfasis retórico y un tono ahuecado antaño utilizados para predicar los novísimos.

¿Sería mucho pedir que, en lugar de darnos este espectáculo, nuestros políticos se parasen, templasen y mandasen? Parar, que sería algo tan simple como recuperar el nombre de las cosas, de modo que la crisis, por ejemplo, sea crisis, y no se oculte que la española es anterior en el tiempo y distinta en las causas que la crisis financiera mundial, razón por la que diverso ha de ser también su tratamiento.

Templar, que sería tanto como establecer, con prudencia y cálculo, el orden de prioridad de las distintas cuestiones que tenemos planteadas, parejas en importancia, pero distintas en urgencia, y sin que nos distraigan con brindis al sol o lanzadas a moro muerto.

Y mandar, que sería lo mismo que decidir en función de los intereses generales y no de los electorales del partido que respalda al Gobierno y, menos aún, de los personales de quien está al frente de ambos; y hacerlo asumiendo el coste electoral que casi siempre comporta una decisión adoptada con visión de futuro. Es más que posible que todo ello nos parezca una entelequia. Señal de lo bajo que hemos caído.

Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.

Réquiem por el sistema que nunca existió

Vamos ajustando las cuentas sin ganancia para la integración y dándole al Estado un aire chapucero

Forzoso es reconocer que lo que pomposamente se denomina nuevo sistema de financiación autonómica es cualquier cosa menos un sistema o modelo. Aunque probablemente nunca lo ha sido. Los hacendistas dicen que la financiación autonómica se basa en España en el reparto inicial y contingente de recursos que se efectuó al ir transfiriendo las competencias y los medios anejos a ellas. Es de esa asignación inicial de la que se ha partido en todos los subsiguientes intentos para reordenar el asunto, respetando siempre la regla básica de las burocracias de dar por consolidado lo existente ad aeternum, y pelear siempre por la mejora del trozo de tarta propio. Cuando se habla de esos índices que sustentarían el sistema (población, envejecimiento, dispersión, insularidad...), se oculta al público que tienen nombre y apellido detrás. Vamos, que cuando se necesita por razones políticas aumentar los recursos de Ruritania, lo que se hace es introducir una modulación en el índice de población basada en la densidad de zuecos por hectárea partido por el número de vacas, justamente, ¡oh casualidad!, lo que conviene a los ruritanos.

Lo que se ha hecho ahora, aunque con más oscurantismo del acostumbrado, es arrancar de un a priori político: el de que Cataluña debía recibir una financiación superior a la que tenía, colocándola por encima de la media nacional. Lo cual era en sí mismo, y si lo tomamos aisladamente, bastante razonable, pues la permutación del orden de colocación entre comunidades que se producía hasta ahora a través de la nivelación redistributiva no era equitativa: no era justo que un extremeño gozara de unos recursos públicos de financiación superiores a los de un catalán, cuando éste contribuía más a la generación de esos recursos (principio de ordinalidad). Y una vez establecido que el resultado final tenía que colocar a Cataluña en mejor situación, se han diseñado unas reglas que lo aseguren y que, al tiempo, no provoquen la rebelión abierta de otras autonomías, aunque los resultados sean ahora injustos para otros ciudadanos no catalanes, como los madrileños o valencianos, que, partiendo de una aportación similar a la catalana, reciben mucho menos. Defectuoso antes, defectuoso ahora. Con el agravante de que se institucionaliza y consolida la práctica de financiar gastos corrientes con déficit público.

Es una pérdida de tiempo analizar lo decidido desde los parámetros de la equidad o la racionalidad ideales. Se trata de una decisión política que sólo puede entenderse desde las constricciones de la propia política. Lo que hay que preguntarse son dos cosas: ¿cuál era el problema? y ¿sirve lo que se ha hecho para solucionarlo?

La necesidad de privilegiar a Cataluña (como antes a Euskadi y Navarra) obedece a razones políticas de dos clases: las coyunturales del gobierno de turno, y las de longue durée de intentar asegurar la integridad nacional. El pacto de Aznar en el hotel Majestic en 1996 es un ejemplo perfecto de las coyunturales. En el caso del Partido Socialista, la coyuntura es palmaria si llevamos a cabo un experimento mental: el de la no-Cataluña y no-Euskadi. Supriman por un momento de España esas dos comunidades y repartan los votos y escaños para el Congreso sólo en el resto de la nación en las elecciones generales de 2008. El cálculo lo ha hecho algún politólogo: el Partido Popular tendría mayoría absoluta en las cámaras.

Si vamos a las razones políticas de fondo, la cuestión se plantearía así: como Estado de inspiración federal, España tiene problemas de integración (la voluntad de mantenerse juntos) y de articulación (el diseño e implementación de la arquitectura federal). Ambos son de naturaleza diversa; además, los de integración afectan sólo a Cataluña y Euskadi, mientras que la articulación afecta a todos. Sin embargo, hemos caído desde el principio en la tentación de intentar resolver las deficiencias de integración mediante la manipulación de los esquemas de articulación.

Todos los gobiernos han aceptado la premisa implícita de que dándoles más autogobierno (en competencias, en fondos o en procesos de decisión política) a Cataluña o Euskadi, éstas se integrarían por fin en un proyecto superior compartido. La realidad, sin embargo, ha demostrado más bien lo contrario: el independentismo ha crecido en ambas sociedades y sus clases políticas. Lo cual es lógico, pues el sentimiento nacionalista percibe y asimila lo que es una concesión como el pago de una deuda (Montilla dixit) o un derecho histórico (Gernika proclama), lo que anula su efecto atractivo. Al final, sin ganancia para la integración (la añorada bundestreue) y a golpe de manipulación de la ingeniería federal, hemos dejado el Estado con un inequívoco aire chapucero.

Quienes entienden pronostican que en dos años Cataluña impugnará de nuevo el estatus de financiación alcanzado hoy. Resultará insuficiente para ella, como resulta políticamente insuficiente para el nacionalismo vasco el esquema del Concierto Económico más Cupo, y eso que produce una financiación pública por habitante superior en 60 puntos a la media nacional (mientras que Cataluña no logrará superarla ahora ni en 10 puntos). Al final, la falta de imaginación y voluntad de la clase política española para abordar los déficits de integración no se remedia con las manipulaciones del esquema de articulación. Con éstas sólo se consigue comprar tiempo y desarticular un sistema que, si bien se mira, nunca llegó a existir como tal.

José María Ruiz Soroa es abogado.

Parábola del náufrago y el pollo

Ha fracasado el intento de una política de comunicación con mucha comunicación y ninguna política

La cifra de votaciones perdidas en el Congreso, 11 de un total de 800 desde el inicio de la legislatura, no justifica la sensación de que el Gobierno se enfrenta a una irresoluble soledad parlamentaria. Y, sin embargo, ésa es la imagen que se ha impuesto en las últimas semanas, coincidiendo con las primeras escaramuzas en el Congreso para la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que, a la vuelta del verano, el Gobierno se enfrentará a ellos con lastres tanto políticos como económicos. Entre los primeros, los retrocesos electorales en las elecciones gallegas y, sobre todo, en las europeas, que volvieron a poner de manifiesto un fenómeno recurrente desde las generales de 2000: convocatoria tras convocatoria, la derecha siempre obtiene similares porcentajes de voto y, por tanto, sólo está en situación de ganar aquellas elecciones en las que el apoyo a la izquierda se desploma. Entre los lastres económicos, por su parte, el Gobierno deberá hacer frente de nuevo a su pecado original ante la crisis: primero negada y abordada, después, como un simple problema de comunicación, en el que lo importante era anunciar un improvisado paquete de medidas detrás de otro.

Pero si con los números en la mano no puede afirmarse que el Gobierno esté solo, la pregunta inevitable es por qué, entonces, está transmitiendo esta imagen de soledad. No faltarán, sin duda, quienes desde el Gobierno o desde su entorno se apresuren a diagnosticar los errores en la presentación pública del atropellado batallón de medidas reveladas tras cada Consejo de Ministros, y promuevan, en consecuencia, nuevas ofensivas mediáticas con su renovado catálogo de consignas rutilantes y su correspondiente coro de portavoces para aventarlas. La lección que parece desprenderse, sin embargo, de estas semanas en las que se ha ido abriendo paso la imagen de soledad del Gobierno es que ha fracasado la pretensión de desarrollar una política de comunicación con mucha comunicación y ninguna política. Los reiterados anuncios de brotes verdes, de fechas para la recuperación, de horizontes radiantes, han podido distraer durante un rato a los ciudadanos, aunque al inmenso coste de acabar invitándolos a considerar, pasado el embrujo de las palabras, que da igual lo que diga el Gobierno.

Y tal vez haya sido ahí, en esa creciente grieta entre los aspavientos de comunicación del Gobierno y la rocosa tozudez de la realidad económica, donde la imagen de soledad empezó a echar sus raíces. Porque, como demuestra la exigua cifra de votaciones perdidas durante la legislatura, no es que el Gobierno esté solo en el Congreso. Si está solo es a la manera de esos personajes hiperactivos que, ante cualquier noticia, buena o mala, echan a correr dando gritos en todas direcciones, y a los que conviene mirar desde lejos porque, por más que se intente, resulta imposible seguirlos en sus circunvoluciones imprevisibles. En fin, y únicamente para entendernos, la soledad que podría estar aquejando al Gobierno no es la del náufrago, sino la del pollo sin cabeza. El acuerdo de esta semana con Izquierda Unida para gravar las rentas más altas y abolir los regalos fiscales, un acuerdo que sólo sobrevivió algunas horas, ya fuera por descoordinación entre el Ejecutivo y el grupo parlamentario, ya por otras causas desconocidas, es un ejemplo. Como también lo son los vaivenes sobre las subidas de impuestos, las voces discordantes sobre la eventual reforma del mercado laboral, los meandros indescifrables de la financiación autonómica o las declaraciones en contra o a favor de la energía nuclear y el cierre de Garoña.

A la vuelta del verano, la negociación de los presupuestos será el primer examen para saber cuánto dará de sí esta legislatura. Para entonces, o el Gobierno ofrece una sola voz y, desde esa voz, un único mensaje, o unos presupuestos a base de remiendos multicolores y negociados a la desesperada pueden traducirse, aunque se aprueben, en un reforzamiento de esa imagen de soledad que no se corresponde con los números. La soledad de los náufragos es trágica, y por eso se suele contemplar desde la solidaridad e, incluso, la admiración. Pero la de los pollos sin cabeza es aturullada y, pese al horror que la provoca, no acostumbra a mover sino a la risa. Para un Gobierno que ha hecho de las cuestiones de imagen una obsesión, la comparación entre náufragos y pollos constituye casi una parábola. Una parábola sobre la que tendrá que pronunciarse a la vuelta del verano, no ya para evitar la soledad parlamentaria, sino para no dejarse en una carrera sin dirección a sus propios electores.

José María Ridao en El País.

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Hoy, gracias a Internet, todo disidente es un corresponsal de la BBC que envía correos o vídeos

¿Se imaginan una tecnología que pudiera convertir cada libro o periódico que compráramos en una imprenta con la que editar cientos de ejemplares y hacerlos llegar a quien quisiéramos? ¿O que cada receptor de radio tuviera un botón con el cual pudiéramos convertir el altavoz en un micrófono con el cual hacer llegar nuestra voz a millones de personas? ¿O que cada aparato de televisión pudiera convertir el salón de nuestras casas en un estudio desde el que producir y emitir nuestros programas?

En un mundo así no es difícil imaginar lo complicada que sería la vida para las dictaduras, empeñadas en publicar libros y periódicos con los que adoctrinar; adictas a machacar con su doctrina a los ciudadanos vía radio y televisión y obsesionadas con suprimir todo el pensamiento disidente.

Afortunadamente, esa tecnología ya está entre nosotros, Internet, y está haciendo que las dictaduras del siglo XXI echen de menos el siglo XX. Como muestra el caso iraní, las nuevas tecnologías de la comunicación están permitiendo a los ciudadanos organizarse de una forma inédita en la historia. Nada más producirse los primeros disturbios, el régimen prohibió a los periodistas extranjeros salir a la calle y, posteriormente, comenzó a expulsarlos. Buen intento, especialmente en lo que se refiere a los corresponsales del servicio de la BBC en farsi, cuyas emisiones desde Londres obsesionan al régimen hasta el punto de gastar millones de dólares en interferirlas. En el pasado, esto hubiera implicado un apagón informativo total. Hoy, gracias a Internet, todo disidente es un corresponsal de la BBC, de tal manera que en sus estudios de Londres viene recibiendo una media de 10.000 correos electrónicos diarios y tres videoclips por segundo con información en tiempo real sobre lo que allí está ocurriendo. Impresionante.

Esta semana pasada, el Gobierno chino ha tenido que dar marcha atrás en su intento de imponer la instalación en toda computadora de un cortafuegos supuestamente destinado a filtrar la pornografía, pero que muchos temían tuviera como objetivo estrechar aún más el cerco que Pekín mantiene sobre Internet. La movilización de millones de blogueros chinos ha dado al traste con el proyecto Presa Verde. La analogía histórica con la muralla china es más que evidente: esta vez han sido los bytes, no los nómadas del norte, los que han mostrado la inutilidad de algunas murallas.

El régimen iraní no sólo ha fracasado a la hora de evitar que la información salga del país; lo que es más importante, no ha podido evitar que circule dentro. Los mensajes de texto desde los móviles, las redes sociales como Twitter o Facebook y las páginas web han permitido a la oposición coordinarse y seguir informándose. Las emisiones de la BBC se pueden interferir y sus corresponsales pueden ser expulsados, pero Internet ha creado una red de comunicación social horizontal que no puede ser filtrada ni obstaculizada. En China o en Irán la información es ya como el agua: no puede ser detenida.

Cerrar la red de telefonía móvil, ralentizar Internet o filtrar los contenidos de las páginas web de la oposición son medidas a la desesperada que pueden ser efectivas durante algún tiempo, pero que muestran la impotencia del régimen. Ya no hace faltar sospechar del pucherazo: la propia reacción del régimen confirma que estamos ante un golpe de Estado interno que está teniendo más problemas de los previstos para consolidarse, precisamente porque la sociedad iraní es ya demasiado horizontal para que le quepa una teocracia.

Las teocracias se basan en el monopolio de la palabra, en las democracias los ciudadanos tienen la última palabra. Durante veinte años, el régimen ha hablado a los iraníes, pero no les ha permitido responderle. Ahora los ciudadanos han descubierto que pueden hablar entre ellos. Es ilusorio pensar que Internet llevará la democracia a Irán, serán los iraníes los que lo hagan, pero es evidente que Internet ha permitido a los iraníes celebrar la segunda vuelta de unas elecciones cuyos resultados les han robado. El líder supremo no está en Facebook, así que lo tendrá difícil en la segunda vuelta.

José Ignacio Torreblanca

Elogio del ladrillo

La construcción podrá seguir siendo un puntal del modelo económico siempre que haga de la sostenibilidad su motor. El medio ambiente y el paisajismo deben convertirse en el corazón crítico de la arquitectura

Menos ladrillos, más ordenadores". El presidente José Luis Rodríguez Zapatero eligió la plaza de toros de Vista Alegre, el pasado 10 de mayo, para acuñar el lema del nuevo modelo económico que propugna. Tras el desplome del sector inmobiliario, la primera parte del programa está garantizada; no es tan seguro que la segunda pueda alcanzarse con sólo voluntad política. Ladrillo es una forma abreviada de referirse a la construcción, y posee abundantes connotaciones negativas, ya que en el uso común se asocia a la edificación excesiva y a la promoción especulativa; ordenador, por el contrario, remite al mundo fascinante de la Red, y sirve como signo de la nueva economía del conocimiento.

Censurar los abusos inmobiliarios y preconizar la modernidad informática suscita el aplauso fácil, pero no es seguro que dibuje un modelo verosímil: por un lado, la construcción no merece el papel de chivo expiatorio de la crisis, ya que ha sido un motor de la prosperidad española durante muchos años, y desempeñará sin duda un papel relevante en el futuro económico del país; por otro, el desarrollo basado en la innovación y el conocimiento difícilmente puede ofrecer resultados a corto plazo, habida cuenta de la precariedad actual de las universidades y la investigación, necesitadas de una reforma educativa desde los cimientos que sólo puede dar frutos tras décadas de esfuerzos.

Si España debe de mirar hacia Florida o hacia California es una discusión añeja, pero en cualquier caso la capacidad de elección viene condicionada por nuestros recursos geográficos, técnicos y humanos, que determinan las ventajas competitivas de los diferentes sectores, y no parece que el de la construcción sea el más ineficaz.

Desde luego, las 800.000 viviendas anuales que llegamos a alcanzar hace bien poco formaban parte de una burbuja especulativa creada por el exceso de liquidez y la canalización del ahorro hacia la inversión residencial, pero alimentada también por la demanda de la población inmigrante en las ciudades y de los europeos acomodados en las costas.

Tras el estallido de la burbuja, nada hace pensar que la construcción no pueda seguir siendo -junto con el turismo, la banca comercial o las energías renova-bles- un puntal del modelo económico. Deberán levantarse menos viviendas nuevas y menos edificios institucionales ostentosos, habrá de prestarse más atención a la rehabilitación o reforma de lo existente, y será imprescindible que la sostenibilidad impregne tanto la construcción como el urbanismo, situando el medio ambiente y el paisajismo en el corazón crítico de la arquitectura; pero el hoy denostado ladrillo continuará soportando el empleo y el bienestar de los españoles.

Dos semanas más tarde que Zapatero, el ministro de Fomento, José Blanco, formuló en el Congreso de los Diputados su propio lema departamental: "Menos puentes de Moneo y más infraestructuras". El mensaje, más allá del desliz de confundir a Moneo con Calatrava, matiza y en parte contradice el del presidente del Gobierno. Por una parte, se declara a favor de las infraestructuras, lo que supone apoyar la construcción, aunque más en su variante ingenieril del cemento que en su versión arquitectónica del ladrillo; entendido de esta forma, viene a ser una reiteración de las políticas neokeynesianas que procuran reanimar la economía con el electroshock de las obras públicas, de manera que el endeudamiento del Estado reemplace con cemento público el desfallecimiento del ladrillo privado.

Pero, por otra parte, manifiesta su oposición a la autoría, lo que puede interpretarse como desconfianza ante esa economía del conocimiento y la excelencia que Zapatero parece defender o, más benévolamente, como simple rechazo del despilfarro que con frecuencia se asocia a los proyectos de autor. Por desgracia, ese despilfarro se produce demasiado a menudo, pero, en la mayor parte de los casos, más por la ineficacia de la gestión y el descontrol de los procesos que por incompetencia o descuido de los arquitectos, a los que tradicionalmente se les ha inculcado -como solía decir el desaparecido maestro Alejandro de la Sota- que deben dar liebre por gato: ofrecer a la sociedad y al usuario más esfuerzo y rigor que los habitualmente demandados por el cliente público o privado.

Acaso sea el momento de recordarlo sin jactancias: si nos guiamos por el ranking internacional más difundido, es fácil hallar media docena de arquitectos españoles -y a menudo un número mayor- entre los cien más destacados del mundo; por lo menos en este asunto de las listas, la arquitectura está acercándose al nivel del tenis, y los medios se ocupan de sus éxitos en el extranjero con la misma devoción que merecen las victorias deportivas.

Sin embargo, y en contraste, no existe ninguna universidad española entre las cien primeras de los rankings más respetados; hay, es cierto, escuelas de negocios con proyección y prestigio internacional, pero ninguna universidad como tal alcanza a pasar el corte del top cien. ¿No sería una forma más eficaz de promover la economía del conocimiento proponerse un objetivo alcanzable y verificable como, por ejemplo, situar tres universidades españolas entre las cien mejores del mundo en un plazo de 20 años?

El tiempo necesario para materializar estas ambiciones intelectuales y científicas desborda probablemente los ciclos cortos de la política electoral, pero el objetivo está en proporción con nuestro peso demográfico y económico, de manera que sólo las pequeñas mezquindades partidarias podrían dificultar su logro. En cualquier caso, y mientras eso no suceda, los arquitectos -y los tenistas- serán los representantes de la excelencia española en el mundo.

A muchos les resultará paradójico que se defienda el ladrillo como parte de la economía del conocimiento, pero lo cierto es que, junto a los intolerables abusos de la codicia inmobiliaria, en este sector ha habido muchos episodios modélicos y muchos ejemplos de liderazgo, por lo que no parece sensato fustigarlo sin motivo desde el poder, sea a cuenta de la seguridad de Barajas o de los puentes de Moneo.

Más contradictorias con los objetivos declarados de configurar una economía verde son desde luego las subvenciones al automóvil, que se han aceptado con docilidad por entenderlas coyunturales o de emergencia, pero que actúan en sentido contrario a las políticas nominalmente defendidas por el Gobierno. El automóvil, como generador del urbanismo disperso, es el principal enemigo de la sostenibilidad, pero todavía no acaba de entenderse bien que los bloques atroces de Paco el Pocero son ecológicamente menos lesivos para el territorio que las extensiones interminables de chalés o adosados. Más que los colectores solares en los tejados, lo que hace a una ciudad sostenible es la densidad, un objetivo incompatible con la suburbanización contemporánea.

En los próximos años, como sostiene Carlos Slim, probablemente nuestra tarea sea crear empleo incluso en ausencia de crecimiento, y en ello la construcción puede ser un instrumento fundamental, y no sólo porque las rehabilitaciones y remodelaciones que van a protagonizar el futuro inmediato son más intensivas en trabajo que la obra nueva, sino porque mucho de lo que debe hacerse tiene casi el carácter de crecimiento negativo: un urbanismo del despojamiento, que elimine todos los elementos innecesarios o agresivos del paisaje urbano, desde las vallas publicitarias hasta el mobiliario redundante, limitando la presencia del automóvil y amortiguando con vegetación los errores del pasado; y una arquitectura de lo esencial, que valore la continuidad física e histórica, y que sepa dar más por menos.

Quizá es cierto que necesitamos menos ladrillos, pero sobre todo necesitamos ciudades más sostenibles; y quizá también necesitamos más ordenadores, pero sobre todo necesitamos mejores escuelas. Contribuyendo a la creación de empleo y a la competitividad del país, la arquitectura -el ladrillo- puede suministrar más eficacia, más placer y más belleza. Nuestras vidas son necesariamente breves, pero no es imprescindible que además sean brutales.

Luis Fernández-Galiano es arquitecto.

Federalismo

Cuando los brotes verdes sugeridos por la vicepresidenta Salgado (que así demostraba su rápido aprendizaje del idioma banqués) empiezan a cobrar visos de realidad, dada la aparente mejora del mercado laboral a lo largo del segundo trimestre, hete aquí que el horizonte autonómico vuelve a llenarse de malos presagios. Ahora resulta que el presidente Zapatero podría ser incapaz de cumplir su promesa de llegar a un acuerdo sobre la financiación territorial, anunciada para el inmediato 15 de julio durante el reciente debate sobre el estado de la nación. Lo cual tampoco tendría mucha importancia, si tenemos en cuenta que el jefe del Gobierno ha incumplido reiteradamente los sucesivos compromisos contraídos en esta materia, que según él se iba a solucionar definitivamente el pasado verano, ¿recuerdan?

Pero lo malo no es que llueva sobre mojado, pues a eso ya estamos habituados, sin que queden apenas ilusos dispuestos a confiar en las promesas presidenciales. Lo verdaderamente grave es que, si no se concluye ahora con éxito la financiación territorial, correrán grave peligro los presupuestos estatales y autonómicos del año que viene. Los Presupuestos del Estado correrán peligro porque su aprobación depende de los grupos parlamentarios catalanes, que han condicionado su voto al previo acuerdo sobre la financiación territorial. Y los presupuestos autonómicos también correrán peligro si no reciben mucha mayor financiación por parte de la Hacienda pública central, dado el ingente aumento de la demanda de protección social causado por la crisis. Por eso sería muy importante que ahora se pudiera llegar al acuerdo prometido sobre la financiación territorial, algo esencial para enfrentarse al deterioro del clima social que cabe augurar para el curso próximo, cuando vuelvan a crecer el paro y la morosidad.

¿Por qué no se puede llegar a ese acuerdo, si resulta tan necesario y decisivo? Al margen de los detalles técnicos de la negociación en curso sobre flujos de liquidez interterritorial, la clave parece residir en la paradójica naturaleza de nuestro federalismo, que no es de tipo cooperativo, como se precisaría, sino radicalmente competitivo, sometido como está al doble principio de distinción y de emulación por más antitéticos que resulten entre sí. Al principio de distinción se acogen aquellas comunidades, como la catalana, que se creen con derecho a percibir más que las demás, rechazando taxativamente el nivelador café para todos. Y al principio de emulación se acogen aquellas otras comunidades, como la andaluza, que se niegan a percibir menos que las demás, aspirando a igualarse por arriba con las de mayor nivel. El resultado es que, para poder cuadrar exigencias tan contradictorias, haría falta que el poder central hiciera un milagro. Algo parecido a lo que Josep Ramoneda ha caricaturizado en estas mismas páginas como teorema de Zapatero: que todas las comunidades perciban por encima de la media. O sea, dicho en términos de la teoría de juegos, que el pastel autonómico crezca como una burbuja hasta convertirse en un juego de suma positiva en el que todos ganan sin que nadie pierda.

Lo cual exige al Estado poner fondos presupuestarios adicionales extraídos de la Hacienda pública central para poder cuadrar las cuentas. Es el ya clásico método de transferir a las comunidades autónomas cuotas adicionales de los impuestos estatales: en 1993, el presidente González cedió a las autonomías el 15% de la cesta estatal; en 1996, el presidente Aznar subió la dosis hasta el 33% (Pacto del Majestic) y en 2006 el presidente Zapatero tuvo que volver a subirla hasta el 50% para poder acordar el nuevo Estatut catalán. Una cesión que ahora hay que generalizar a todas las autonomías añadiendo 9.000 millones de euros adicionales para poder coordinarlas entre sí.

Todo lo cual parece una subasta de sobornos con cargo al contribuyente que no contribuye demasiado a elevar el prestigio del Estado autonómico. Pero en realidad, se trata de la única forma de resolver un dilema de acción colectiva (así lo denomina la jerga especializada) como el planteado por el federalismo competitivo español. Es el célebre dilema del gorrón (o free rider) patentado en 1965 por Mancur Olson, que predice que nadie cooperará con los demás a menos que perciba una retribución suficiente: son los famosos incentivos selectivos que debe sufragar la autoridad central actuando como empresario político para hacer posible la coordinación. El problema es que, en época de crisis como la actual, la Hacienda central carece de fondos para incentivar a las partes. Y la única forma de lograrlo es hinchando aún más la burbuja de la deuda pública. ¿Cuánto aguantará ésta?

Enrique Gil Calvo

La necesaria coordinación sanitaria

El sistema actual no garantiza la equidad y la universalidad de la asistencia sanitaria

Los servicios sanitarios, como otros componentes del Estado de bienestar, constituyen un instrumento de estabilidad mediante mecanismos distintos. Por una parte, garantizan bienes y servicios que están en la base del desarrollo de sectores productivos muy pujantes, y, por otra, proporcionan posibilidades de empleo a amplios grupos de población cualificada.

En diciembre de 2001 tuvo lugar el cierre de los traspasos en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las 10 Comunidades Autónomas (CC AA) que todavía estaban pendientes de ellos. Para llevar a cabo esa gestión la casi totalidad de esos gobiernos se han dotado de servicios regionales de salud. El conjunto de éstos constituye el denominado Sistema Nacional de Salud, concepto que puede expresar una realidad virtual.

Las CC AA han optado por abordar el ejercicio de sus competencias sanitarias como un instrumento más para reforzar el poder político que ejercen en sus territorios. Frente a esa actitud, no ha habido una posición clara desde los gobiernos de España que pusiera el acento en el mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria y en la necesidad de establecer instrumentos formales y legales para mantener el funcionamiento coordinado del sistema sanitario en su conjunto.

La implicación estatal en el establecimiento y la organización de la protección sanitaria en países descentralizados constituye un instrumento de cohesión social relevante. Sus formas concretas de cobertura y organización proporcionan un elemento principal de diferenciación nacional frente a otros Estados, y se realiza a través de mecanismos diversos, que ponen de relieve el interés del Gobierno federal o central en disponer de una política sanitaria propia. La experiencia de diversos países sugiere que dicha coordinación requiere de una estructura central dotada de mecanismos de intervención adecuados. Las características que hemos de considerar más significativas y problemáticas del proceso de descentralización sanitaria en España de cara al mantenimiento de las condiciones de universalidad y equidad de la protección son: una base constitucional abigarrada, un proceso sin un modelo final definido y un órgano de coordinación insuficiente.

Respecto a lo primero, la protección sanitaria no tiene un tratamiento unívoco en la Constitución española, sino que a ella hacen referencia dos títulos diferentes, el de Sanidad e Higiene (que se refería originalmente a la Salud Pública), y el de Seguridad Social, en el que se encontraba incluida la asistencia sanitaria cuando se aprobó la Constitución. Una y otras materias han seguido caminos y ritmos independientes para su descentralización, lo que ha conducido a una diversidad administrativa y asistencial generadora de disfunciones.

En cuanto a la falta de definición del modelo final, la Ley General de Sanidad de 1986 no estableció un diseño acabado del sistema sanitario español en condiciones de descentralización completa, lo que tampoco subsanó la Ley de Cohesión y Calidad. Aunque es la Constitución la que garantiza la solidaridad entre nacionalidades y regiones, el artículo 138 atribuye esta función al Estado en su acepción restringida.

Cabría quizá superar esta discordancia entendiendo que lo que el Estado, en sentido estricto, ha de garantizar no es la solidaridad en cuanto "principio", sino su "realización efectiva", y que la tarea que la Constitución encomienda a las instituciones centrales del Estado es la de fomentar los comportamientos solidarios de las Comunidades Autónomas y combatir los que no lo sean.

En tercer lugar, el órgano de coordinación es insuficiente. El Consejo Interterritorial de Salud, que funciona desde el principio de la unanimidad, no es eficiente para abordar las cuestiones centrales del Sistema, y su misma dinámica pone de manifiesto la perentoriedad de mejorar la cohesión del sistema sanitario español. El Tribunal Constitucional dice con claridad: "La coordinación persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad misma del sistema. La competencia estatal de coordinación general significa no sólo que hay que coordinar las partes o subsistemas del sistema general de sanidad, sino que esa coordinación le corresponde hacerla al Estado".

Al plantearse la búsqueda de soluciones, cualquier fórmula de coordinación propuesta, sea de carácter general o parcial, tiene que partir de la realidad de diecisiete servicios de salud diferentes, sin ninguna dependencia jerárquica que no sea la de sus propias autoridades autonómicas. En todo caso, debería utilizarse el Senado como espacio de concertación permanente entre el Gobierno de España y las CC AA, dando forma parlamentaria a los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de Salud.

Para evitar que se escuchen voces reclamando políticas de "devolución de transferencias", sería adecuado trabajar en la elaboración de un acuerdo en forma de Ley compartido por Gobierno Central y CC AA que ofrezca una salida racional a esta situación. Es una tarea difícil pero central para quienes entienden que el Sistema Nacional de Salud es patrimonio de todos los españoles.

Pedro Sabando es médico y consejero electivo del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Planes de rescate

El verdadero plan que necesitamos es el que salve a la UE de los Gobiernos que quieren desmantelarla

La Unión Europea puede estar de capa caída, pero sigue siendo enormemente relevante. Las instituciones europeas han sido el malecón que han parado el embate más fuerte de la crisis, lo que no es poco si se piensa en lo que les está ocurriendo a aquellos países europeos que están fuera de la UE, desde Islandia a Ucrania, dos países completamente distintos que están en tan idéntica como completa bancarrota. También conviene observar, aunque sean miembros de la UE, la situación en aquellos Estados que no son miembros de la unión monetaria, que también es de enorme gravedad ya que Gobiernos, bancos, empresas y ciudadanos se han endeudado en euros pero generan sus ingresos en unas monedas nacionales que se han devaluado. Por tanto, sin la fortaleza otorgada por la moneda única y el mercado interior, nuestras economías habrían sufrido enormemente.

Eso sí, muchas de las normas y controles que garantizan la integridad del mercado interior y el funcionamiento de la moneda común han saltado por los aires. En estos últimos meses, la Comisión Europea ha sido ninguneada con demasiada frecuencia, con Gobiernos que han anunciado directamente a la prensa cuantiosas medidas de ayudas públicas (prohibidas por los Tratados para no distorsionar la competencia), sin pasar por Bruselas, o incrementando los niveles de déficit público muy por encima de lo permitido sin tampoco discutir primero con la Comisión Europea el contenido y las modalidades de dichas medidas. Como ha puesto de manifiesto toda la saga en torno al sector del automóvil, cuyo broche de oro ha sido la negociación (en realidad, sálvese quien pueda) entre el Gobierno alemán y General Motors en torno a Opel, la falta de solidaridad entre Estados miembros ha sido flagrante. Y cuando la Comisión ha intentado intervenir en el diseño de planes de estímulo nacionales, los Estados miembros la han empujado a un lado con singular rudeza.

Finalmente, en esta crisis no hemos visto pánicos bancarios que llevaran a retiradas masivas de depósitos; tampoco hemos asistido a protestas ciudadanas masivas contra la negligencia con la que Estados y mercados dejaron crecer la burbuja financiera, pero sí hemos visto pánicos gubernamentales, con Gobiernos improvisando medidas sin mucho sentido más que salvar el día a día y sin pensar en las repercusiones a largo plazo. ¿Será una lección de esta crisis la madurez de los ciudadanos y la inmadurez de nuestros Gobiernos?

Dentro de la UE, la sensación de alivio ha sido tal que muchos se conformarían con restañar las heridas abiertas en el mercado interior y el pacto de estabilidad y seguir a flote. Pero eso no es suficiente. Una vez parado el golpe de la crisis, Europa ha sido incapaz de pasar a la ofensiva. Por eso, es imprescindible un debate en profundidad que nos lleve a diseñar los instrumentos de gobernanza económica más eficaces para asegurar la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos de la Unión Europea. La creación de un Tesoro Europeo, la puesta en marcha de mecanismos de regulación y supervisión financiera adecuados o la racionalización de la representación de la Unión Europea en las instituciones internacionales debiera ser una prioridad absoluta.

Podemos echar la culpa a la Comisión Europea por no haber liderado la salida de la crisis, pero sería injusto. Cierto que la Comisión Barroso ha sido demasiado servil con los Gobiernos, pero el fenómeno es mucho más profundo. Hay una verdad incómoda que muchos se niegan a admitir: en Berlín, París y Roma, por supuesto en Londres, también a veces en Madrid y en muchas otras capitales europeas, la Comisión es percibida como un obstáculo a superar, una fuente de limitaciones a la hora de satisfacer los intereses nacionales, no como una oportunidad de lograrlos. Algo se ha quebrado en la psicología comunitaria y debemos hablar de ello, no ocultarlo: pocos confían hoy en la Comisión como instrumento para defender sus intereses. Para los Estados más grandes, la Comisión Europea es hoy alguien a quien doblegar; para los Estados más pequeños, es simplemente alguien a quien intentar eludir, engañar o ignorar. Europa, se dijo en la declaración Schuman, no se hará de una sola vez, ni será una construcción de conjunto: pero a lo que estamos asistiendo estos días es a un tan silencioso como cínico desmantelamiento. No hay duda, el verdadero plan de rescate que necesitamos es el que rescate a Europa de estos Gobiernos.

José Ignacio Torreblanca