opinión

Michelle, la chica de Suat y la OTAN

Europa debe aportar más soldados, más dinero y tener más ganas de derrotar a los talibanes

Al mismo tiempo que Michelle Obama sacudía a Europa con su encanto, la chica de Suat sacudía al mundo con sus gritos de dolor. La primera dama de los Estados Unidos y su historia personal son muy conocidas. La historia de la chica paquistaní de Suat y su tragedia lo son mucho menos. Ambas nos ayudan a entender mejor algunos de los problemas del mundo y sus posibles soluciones.

La visita de Michelle Obama causó sensación: se abrazó con la reina Isabel II, enloqueció a los paparazzi, impresionó a los líderes del G-20, almorzó con Carla Bruni y, con la voz entrecortada por la emoción, exhortó a un grupo de niñas londinenses de pocos recursos a convencerse que pueden llegar tan lejos como quieran. Su mensaje fue claro: si yo pude, vosotras también podéis.

Un mensaje muy diferente dieron quienes castigaron a una chica paquistaní de 17 años con 34 latigazos por razones que aun no están claras -¿salir sola a la calle? ¿Haberse negado a casarse con un comandante talibán? ¿Adulterio?-. Pero si el crimen que cometió no está claro, la pena sí. No sólo a ella, sino a los millones de personas que en todo el mundo vieron por Internet el video de las imágenes mostrando la tortura. "¡Por Dios, paren..! ¡Basta! ¡Basta!", se oye gritar a la chica en pastún, el idioma de las tribus de la zona de Suat, mientras un hombre la inmoviliza por los pies, otro por las manos y un tercero le da los latigazos con toda su fuerza. También se oye a un cuarto hombre, ordenando: "¡Agárrenla más fuerte; que no se mueva!". Entre sus desgarradores gritos, la chica alcanza a decir: "¡Me arrepiento de lo que hice; mi padre se arrepiente de lo que hice; mi abuela se arrepiente de lo que hice..!".

Suat es un valle en el noreste de Pakistán que por su belleza y cercanía a la capital solía ser un popular destino turístico. Hoy es un infierno. A pesar de estar a sólo 140 kilómetros de Islamabad, los talibanes penetraron en la zona y extendieron su acostumbrada mezcla de terrorismo, fanatismo y primitivismo. Asesinar a quienes se les resisten, impedir que las niñas vayan al colegio y destruir 200 escuelas fueron las naturales secuelas de su llegada al valle. Al menos 1.200 personas han sido asesinadas desde su llegada y entre 250.000 y 500.000 refugiados han huido desde el inicio de la ofensiva talibán en 2007. Ante las ofensivas del Ejército paquistaní, los talibanes se replegaban y, al irse los soldados, los fanáticos regresaban. En febrero pasado, el Gobierno provincial llegó a un acuerdo con los talibanes: podían imponer su interpretación de la sharía, o ley islámica, en Suat y otras zonas adyacentes a cambio del cese de la violencia.

Los latigazos a la chica de Suat y otros inaceptables abusos son el resultado de este acuerdo entre un Gobierno débil y un grupo minoritario pero dispuesto a morir y matar con tal de imponer su religión a los demás.

Mientras esto sucede, el esposo de Michelle, intenta convencer a sus aliados europeos que no basta con que le sonrían, le feliciten y se encanten con su carisma y el de su mujer. Necesitan hacer más. Deben aportar más soldados, más dinero, más equipos y deben tener más ganas de derrotar a los talibanes. "Europa no debe simplemente esperar que Estados Unidos lleve esta carga solo. Ésta no es una misión americana. Es una misión de la OTAN; es una misión internacional", insistió Obama ante una entusiasta multitud en Estrasburgo.

En la víspera de la cumbre de la OTAN, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, lamentó que "los lideres de Europa no están haciendo lo suficiente para convencer a sus votantes de que hay que ganar la guerra en Afganistán". Según las encuestas, la mayoría de los británicos, franceses, italianos y alemanes opinan que sus países no deben mandar más tropas a Afganistán. Pero, como recordó Gates, "este problema constituye una amenaza tan grave para los europeos como lo es para Estados Unidos".

Esto es verdad. Pero más verdad aún es que para quienes los talibanes constituyen la mayor amenaza son los millones de afganos y paquistaníes que no comparten su corrupta interpretación del islam y que se ven crecientemente cercados por estos feroces grupos de fanáticos. "Esto es poca cosa", dijo Munawar Hassan, el jefe de Jamaat-e-Islami, el principal partido islamista de Pakistán, refiriéndose a los latigazos a la chica de Suat.

El mundo, y en particular la OTAN, deben hacerle entender con gestos muy concretos al señor Hassan, y a otros como él, que esto no es "poca cosa". La posibilidad de que alguien como la chica de Suat llegue a tener las oportunidades que tuvo Michelle Obama no es poca cosa. Se trata de la vida y los derechos de la mitad de la humanidad. Y todos debemos estar dispuestos a defenderlos. Como sea.

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Moisés Naím

El Ala Oeste de la Moncloa

La autonomía de los ministros de Zapatero está hipotecada por la voluntad presidencial

Al vicepresidente Solbes se le negó ya en 2004 la posibilidad de elegir a su equipo ministerial

Una excelente serie televisiva americana titulada en España El Ala Oeste de la Casa Blanca versa sobre los dos mandatos de un presidente demócrata que rige los destinos de su país y del mundo entero desde el Despacho Oval con la ayuda del reducido equipo formado por los hombres y las mujeres de su gabinete. En las reuniones de Jed Bartlet -el papel lo representa Martin Sheen- con sus despiertos colaboradores para analizar conflictos inesperados en todo el planeta, la honradez intelectual de los jóvenes asesores, que no ahorran las críticas o las discrepancias, y el aire al tiempo desenfadado y solvente del presidente, que cita datos, traba argumentos y zanja discusiones con seguridad admirable, transmiten al espectador la sensación de que el oficio político es una actividad apasionante, divertida, responsable, generosa y creativa.

Esa fabulación televisiva acerca del funcionamiento del sistema político americano contemplado desde el punto de vista de la oficina presidencial incurre necesariamente en simplificaciones. Los secretarios de los diversos Departamentos -cuya designación por el Ejecutivo debe superar el exigente hearing del Senado- son figuras poderosas reclutadas por sus méritos y no por su lealtad personal o partidista; el presidente Obama ha situado al frente del Departamento de Estado a Hillary Clinton. Las mayorías en ambas Cámaras tampoco están supeditadas a la disciplina partidista.

En cualquier caso, las obvias dificultades para aplicar las enseñanzas del presidencialismo creado hace más de 200 años en Estados Unidos al parlamentarismo europeo no afectan a la eventual influencia ejercida por esa brillante e inteligente serie televisiva centrada en el modelo americano sobre la clase política de un sistema tan diferente como el español. La tendencia de la mediocre realidad a imitar la embellecida imagen pintada en el espejo es irresistible. Para llegar a esa conclusión, no hace falta toparse con el decorado del Ala Oeste de la Casa Blanca en los jardines del complejo de La Moncloa (tan famoso, dijo una vez Fraga, como el de Edipo descubierto por Freud). Hay sobrados indicios para sospechar que durante el último quinquenio han abundado las iniciativas de los asesores de imagen dirigidas a sesgar en sentido presidencialista el organigrama del poder propio del régimen parlamentario.

Por lo pronto, el ámbito de autonomía de los ministros de Zapatero y su visibilidad ante la opinión pública están hipotecados por su condición de terminales ejecutores de la voluntad presidencial. Mientras al vicepresidente Solbes se le negó ya en 2004 la posibilidad de elegir a su equipo ministerial para el área económica, la vicepresidenta Fernández de la Vega se limita a cumplir crispadamente las tareas disciplinarias de control que les suelen ser asignadas a las gobernantas de las residencias. Las intromisiones desde arriba para designar a cargos de segundo nivel en algunos ministerios -unos nombramientos justificados a veces por la paridad pero motivados en realidad por el deseo de parcelar lealtades- reducen todavía más la capacidad de vuelo de los titulares de los departamentos. Si el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla fue ostentosamente apartado en la anterior legislatura de la negociación de los Estatutos de Autonomía, el recién desaparecido ministro de Justicia, Mariano Bermejo, tampoco participó en las conversaciones para elegir al nuevo Consejo del Poder Judicial.

El penoso espectáculo deparado la semana pasada dentro del Gobierno a propósito de la retirada de Kosovo podría, tal vez, ser explicado -aunque nunca justificado- por el espíritu de Ala Oeste que revolotea como un fantasma por el palacio de la Moncloa y que desplaza las tomas de decisión del Estado desde los luminosos ámbitos predeterminados por la Constitución hasta las zonas de penumbra donde todos los gatos son pardos. En el auto cómico-sacramental de Kosovo, el presidente del Gobierno habría sido el deus ex-machina que dicta desde las alturas los contradictorios pronunciamientos expresados por la ministra de Defensa y por el secretario general de La Moncloa mientras que el titular de Asuntos Exteriores permanece in albis. Pero si el Consejo de Ministros sólo fuese una reunión de correveidiles dirigidos desde lejos por asesores de imagen, ¿a quién podría importar la anunciada crisis de Gobierno?

Javier Pradera en El País.

Un nuevo código ético para el capitalismo

Ha llegado el momento de que la dirección de empresas adopte su propio "juramento hipocrático empresarial". Se trata de definir los derechos y las responsabilidades del directivo frente a la sociedad

Sería presuntuoso tratar de atribuir a las escuelas de negocio toda la culpa de la catástrofe económica mundial que estamos viviendo. Pero sería aún peor no hacer una reflexión crítica y reconocer cómo han podido contribuir al desastre perpetuando una visión equivocada y dañina de la empresa.

Según un barómetro anual de la firma de comunicación Edelman, la confianza en la empresa y los directivos ha caído a niveles inauditos en todo el mundo. El 62% de los encuestados se fía menos de la empresa hoy que hace un año, y en Europa y Estados Unidos menos del 40% se fía de las empresas. En España, tan sólo el 20% dice confiar en los directivos, y aún menos lo hace en Estados Unidos, la meca del libre mercado.

El propio presidente Obama no dudó en señalar durante su toma de posesión "la irresponsabilidad y la avaricia de algunos" como una de las causas de la crisis. Más recientemente se ha referido con disgusto a la "avaricia y arrogancia en Wall Street" y ha llegado a calificar de "vergonzoso" el que instituciones financieras que se mantienen a flote gracias a las ayudas del contribuyente sigan repartiendo miles de millones de dólares entre sus directivos.

Algunos de mis colegas se sienten ofendidos por lo que consideran una burda e injusta generalización. El que hayamos encontrado unas cuantas manzanas malas, dicen, no significa que toda la cesta esté podrida. Por cada ejemplo de directivo perverso, avaro o incompetente podemos encontrar muchos más casos de directivos responsables, dedicados al servicio a sus clientes, la protección de los intereses de sus accionistas, el pago de sus impuestos y el trato digno de sus empleados. Pero eso poco importa ahora. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el número de directivos irresponsables fue suficiente para tumbar el sistema financiero global y generar un daño económico que va a resultar muy difícil de reparar. También sabemos que la mayoría de esos directivos salieron en su día de las mejores escuelas de negocios del mundo.

Con frecuencia oigo en círculos académicos que nuestra responsabilidad no es enseñar valores, sino enseñar herramientas de gestión. Según este argumento, los valores se adquieren en la infancia a través de la familia, los amigos o la iglesia, y la universidad no es ni el sitio ni el momento para tratar de alterarlos. Sin embargo, estudios llevados a cabo por el Instituto Aspen demuestran que el paso por una escuela de negocios tiene un impacto profundo en los valores y las actitudes de los graduados hacia la empresa. Lo que no está claro es si los valores que estamos transmitiendo son los correctos.

Durante años, nuestras aulas han estado dominadas por una visión economicista y simplista de la empresa que ha contribuido a afianzar un sistema de valores inadecuados e incluso perversos. Bajo epígrafes como la teoría de los costes de transacción, el análisis de las cinco fuerzas o la teoría de la agencia se describe la empresa como un artilugio financiero cuyo fin último es la generación de beneficio económico, y la estrategia empresarial como un juego de mesa donde uno se enfrenta no sólo a la competencia, sino también a clientes y proveedores. El directivo se describe como un agente económico oportunista y egoísta que debe ser controlado mediante incentivos ingeniosos (la zanahoria atada a un palo) que alineen sus intereses personales con los del accionista. Todas estas herramientas y teorías se fundamentan en una máxima indiscutida e indiscutible: el interés del accionista ha de primar por encima de todo, ya que, se supone, es quien asume la mayor parte del riesgo.

No nos debe extrañar ahora que algunos consejos de administración establecieran incentivos desproporcionados a sus directivos, ni que estos directivos, consiguientemente, hicieran lo que estuviera en su mano para embolsarse el premio, incluso si ello conllevara tomar decisiones que sabían que eran dañinas para sus clientes y creaban un riesgo público de consecuencias incalculables. Los accionistas se beneficiaron como esperaban. Al menos hasta que se terminó la fiesta. Ahora millones de trabajadores han perdido sus empleos y los contribuyentes se han quedado a barrer los platos rotos soportando una deuda pública de miles de millones de euros que tardarán décadas en pagar. No sé si alguien aún se cree la indiscutible idea de que el accionista es quien asume la mayor parte del riesgo en la actividad empresarial.

Es esperanzador ver cómo una nueva generación de académicos está desarrollando nuevas teorías y modelos que incorporan visiones más sofisticadas del comportamiento humano, la organización de empresas y el papel de la empresa en la sociedad. Teorías acerca del compromiso o la justicia organizacional, teorías basadas en la confianza, el conocimiento o el capital social comienzan a abrirse hueco gradualmente. Sin embargo, aún no hemos conseguido aglutinar estos conceptos bajo un marco que reconozca las responsabilidades profesionales de servicio a la sociedad del directivo.

Otras disciplinas profesionales, como la medicina o el derecho, han asumido desde hace tiempo la necesidad de incluir en los programas de formación no sólo conocimientos y habilidades técnicas específicas, sino también una serie de valores y patrones de conducta que subrayen el beneficio a la sociedad y limiten los daños potenciales. Ha llegado el momento de que la dirección de empresas también adopte su propio código deontológico (un "juramento hipocrático empresarial") que defina los derechos y responsabilidades del directivo de cara a la sociedad.

Para empezar, dicho código debe articular las múltiples formas en las que la empresa crea riqueza para la sociedad (no sólo retorno financiero para los inversores, sino también empleo, valor a clientes y proveedores, nuevas tecnologías, etcétera). También debe reflejar como responsabilidad central del directivo el balance de los intereses de diferentes grupos y la aplicación de fórmulas que creen valor de manera simultánea y no exclusiva.

Como cualquier otro código profesional, el directivo debe comprometerse a no anteponer el interés personal al interés de la empresa y mucho menos al de la sociedad a la que sirve en última instancia. Esto implica que ha de conocer y respetar no sólo las leyes que le competen, sino también las normas y valores universales en torno a los derechos humanos, los derechos laborales y el respeto al medioambiente encapsulados en códigos internacionales como el Pacto Global de Naciones Unidas.

De manera más específica, el código de conducta debe establecer la obligación del directivo de crear un clima de integridad, transparencia y ética en su organización y de actuar como ejemplo de esos valores. Esto debe incluir la generación de informes contables y de resultados que reflejen fielmente la capacidad de la empresa de crear valor así como los riesgos asumidos por sus inversores, empleados, proveedores y clientes. Finalmente, el código debe establecer un compromiso con el aprendizaje continuo y una obligación de buscar opiniones de terceros en áreas en las que no se cuente con los conocimientos necesarios.

El que no tengamos aún sistemas de certificación de directivos (como existen en la medicina o el derecho) no debe ser excusa para retrasar o evitar la creación de este nuevo código de conducta y su introducción en las aulas. Hace cuatro años, la escuela de negocios que yo dirijo hizo precisamente eso, estableciendo un juramento de conducta profesional que ha pasado a formar parte de nuestros programas y de las ceremonias académicas de graduación. A pesar de los pronósticos agoreros, el cambio en nuestra cultura académica que resultó de esta iniciativa me hace ser optimista en cuanto al papel que un código de esta naturaleza puede llegar a tener si lo conseguimos introducir en todo el mundo. El Foro Económico Mundial tomó nota en Davos y ha creado un grupo de trabajo para estudiar esta posibilidad.

Si hay algo positivo en esta crisis es la oportunidad que nos ofrece de transformar lo que no funciona y sentar las bases de un sistema de mercado más eficaz, más eficiente y más justo. Aprovechemos el momento.

Ángel Cabrera Izquierdo es rector de Thunderbird en Arizona y fue encargado por Naciones Unidas de coordinar la redacción de los Principios de Educación Empresarial Responsable.

La hora de la acción mundial

El G-20 debe lanzar una iniciativa audaz, amplia y coordinada para impulsar la recuperación

Debemos acabar con la especulación temeraria y el descontrol

Vivimos un periodo de retos económicos mundiales a los que no es posible hacer frente con soluciones a medias ni con los esfuerzos aislados de un solo país. Los líderes del G-20 tienen la responsabilidad de emprender una acción audaz, amplia y coordinada que no sólo ponga en marcha la recuperación, sino que lance una nueva era de compromiso económico con el fin de impedir que vuelva a producirse una crisis como ésta.

Nadie puede negar que la necesidad de actuar es urgente. La crisis crediticia y de confianza ha atravesado fronteras y tiene consecuencias en todos los rincones del planeta. Por primera vez en una generación, la economía mundial está contrayéndose y el comercio está disminuyendo. Se han perdido billones de dólares, los bancos han dejado de prestar dinero y decenas de millones de personas van a perder su trabajo en todo el mundo. Está en peligro la prosperidad de todos los países, además de la estabilidad de los Gobiernos y la supervivencia de pueblos enteros en las partes más vulnerables de la tierra.

Hemos aprendido, de una vez por todas, que el éxito de la economía estadounidense está inextricablemente unido a la economía mundial. No hay una línea que separe las acciones para restablecer el crecimiento dentro de nuestras fronteras y las acciones para conseguirlo en el resto del mundo. Si los habitantes de otros países no pueden gastar, los mercados dejan de funcionar; ya hemos presenciado la mayor caída de las exportaciones estadounidenses en casi cuatro décadas, que ha sido la causa directa de la pérdida de empleo en el país. Y, si seguimos dejando que las instituciones financieras de todo el mundo actúen de forma temeraria e irresponsable, permaneceremos atrapados en un ciclo de burbujas y estallidos. Por eso, la próxima cumbre de Londres está directamente relacionada con nuestra propia recuperación.

Mi mensaje está claro: Estados Unidos está listo para tomar la iniciativa, y vamos a pedir a nuestros socios que se unan a nosotros, con un sentido de urgencia y de propósito común.

Se han tomado muchas medidas positivas, pero queda mucho por hacer. Esa iniciativa nuestra se basa en un principio muy sencillo: vamos a actuar sin miedo para sacar a la economía estadounidense de la crisis y reformar nuestra estructura reguladora, y esas acciones se verán reforzadas por las acciones complementarias en el extranjero. Con nuestro ejemplo, Estados Unidos puede fomentar una recuperación mundial y crear confianza en todo el mundo; y si la cumbre de Londres ayuda a impulsar las acciones colectivas, podremos construir una recuperación segura y evitar crisis futuras.

Nuestros esfuerzos deben empezar con una rápida actuación para estimular el crecimiento.Estados Unidos ha aprobado ya la Ley de Recuperación y Reinversión, el esfuerzo más radical para impulsar la creación de empleo y sentar las bases del crecimiento en una generación. Otros miembros del G-20 también han propuesto estímulos fiscales, y esos esfuerzos deben ser enérgicos y sostenidos hasta que se restablezca la demanda. En el camino, debemos asumir un compromiso colectivo de estimular el libre comercio y la inversión y resistir la tentación del proteccionismo, que intensificaría la crisis.

En segundo lugar, debemos restablecer el crédito del que dependen las empresas y los consumidores. En EE UU estamos trabajando con energía para estabilizar nuestro sistema financiero. Entre otras cosas, con una valoración justa de los balances de nuestros grandes bancos, que desembocará de forma directa en préstamos capaces de ayudar a los ciudadanos a comprar bienes, conservar sus hogares y hacer crecer sus empresas. Estas medidas deben seguir desarrollándose mediante las acciones de nuestros socios del G-20.

Todos juntos, podemos adoptar un marco común que insista en la transparencia, la responsabilidad y la importancia de restablecer la circulación del crédito que constituye la savia de una economía mundial en crecimiento. Y el G-20, junto con las instituciones multilaterales, puede proporcionar una financiación comercial que ayude a reanimar las exportaciones y crear puestos de trabajo.

En tercer lugar, tenemos la obligación, por motivos económicos, morales y de seguridad, de tender la mano a los países y las personas en mayor situación de riesgo. Si les damos la espalda, nuestra propia recuperación se retrasará y el sufrimiento causado por esta crisis aumentará. El G-20 debe desplegar a toda velocidad los recursos necesarios para estabilizar los mercados emergentes, dar un impulso real a la capacidad de actuar con urgencia del Fondo Monetario Internacional y ayudar a los bancos de desarrollo regionales a acelerar los préstamos. Mientras tanto, Estados Unidos apoyará nuevas inversiones sustanciales en seguridad alimentaria para ayudar a los más pobres a sobrevivir los tiempos difíciles que se avecinan.

Ahora bien, aunque estas acciones pueden ayudarnos a salir de la crisis, no debemos conformarnos con una vuelta al statu quo. Debemos acabar con la especulación temeraria y el gasto por encima de nuestros medios; con el crédito basura, la ayuda excesiva a los bancos y la falta de supervisión que nos condena a burbujas que inevitablemente terminan estallando. La acción internacional coordinada es lo único que puede evitar una asunción de riesgos tan irresponsable como la que ha provocado esta crisis. Por eso me comprometo a aprovechar esta oportunidad para proponer unas amplias reformas de nuestro sistema regulador y supervisor.

Todas nuestras instituciones financieras -en Wall Street y en todo el mundo- necesitan una vigilancia firme y unas normas que se atengan al sentido común. Todos los mercados deben tener criterios de estabilidad y un mecanismo de transparencia. Un marco sólido de requisitos de capital debería protegernos contra futuras crisis. Debemos atacar los refugios fiscales y el blanqueo de dinero.

Los abusos deben evitarse mediante la transparencia rigurosa y la responsabilidad, y los días del descontrol tienen que acabar. En vez de unos parches que permitan conformarse con el mínimo común denominador, debemos ofrecer unos claros incentivos al buen comportamiento que fomenten una lucha por ser los mejores.

Sé que Estados Unidos tiene su parte de responsabilidad por el caos en el que nos encontramos. Pero también sé que no tenemos por qué escoger entre un capitalismo caótico e implacable y una economía dirigida por el Gobierno y opresiva. Es una alternativa falsa que no ayuda a nuestra gente ni a nadie.

Esta reunión del G-20 ofrece un foro para un nuevo tipo de cooperación económica mundial. Ha llegado la hora de trabajar todos juntos para restablecer el crecimiento sostenido que sólo puede surgir de unos mercados libres y estables, capaces de aprovechar las innovaciones, apoyar el espíritu emprendedor y ofrecer oportunidades.

Todas las naciones del mundo tienen intereses entrelazados. Estados Unidos está dispuesto a incorporarse a un esfuerzo mundial para obtener nuevos puestos de trabajo y un crecimiento sostenible. Juntos, podemos aprender las lecciones de esta crisis y labrar una prosperidad que sea duradera y segura para el siglo XXI.

Barack Obama es presidente de Estados Unidos.

© 2009 Global Viewpoint

Cómo abordar el cambio federal

España puede federalizarse más a nivel institucional. Pero aún es más importante que lo haga a nivel cultural. La esencia del federalismo es el pacto, la renuncia a los maximalismos centrípetos y centrífugos

Pero no somos ya un Estado federal? Sí y no. Poseemos muchas de las características propias de un Estado federal, pero todavía carecemos de algunos de los rasgos, sobre todo en el terreno de la cultura, privativos de esta forma política. ¿En qué consiste, entonces, la cultura política federal que todavía no poseemos?

Quizás el patrón institucional más claro del modelo federal lo estableció hace ya unos años un conocido politólogo belga cuando, citando una variedad de casos de federalismo, advirtió algunas constantes en todos los ejemplos. Para Laenerts hay federalismo, primero, siempre que nos encontremos ante un Estado compuesto, con niveles de gobierno o instituciones de poder de ámbito nacional y también territorial. En segundo lugar, la forma política federal lleva a cabo un reparto de atribuciones políticas sobre un determinado espectro competencial, del que ninguna instancia de gobierno puede disponer unilateralmente, por encontrarse establecido en el plano normativo constitucional. En tercer lugar, indefectiblemente, en el Estado federal debe de haber una instancia jurisdiccional que resuelva los conflictos entre los poderes generales o territoriales, con criterios exclusivamente técnicos, esto es, aplicando de manera independiente el parámetro competencial constitucional.

Si convenimos en este canon, nosotros somos ya un Estado federal, aunque no nos llamemos de este modo.

Es más, nosotros a simple vista parecemos adecuarnos al patrón cultural en el que suele incluirse el sistema federal: somos una nación con una dosis pluralista considerable, resistente a aceptar moldes homogeneizadores. Azorín nos recuerda el contraste que ya Gracián recogía entre Francia, donde la homogeneidad geográfica y social facilitaba la gobernación, y España, "donde las provincias son muchas; las naciones diferentes; las lenguas varias; las inclinaciones opuestas y los climas encontrados", y donde, por tanto, se necesitaba gran "capacidad" para unir. Ocurre asimismo, como viese mejor que nadie Gumersindo Trujillo, que la democracia española siempre ha sido federal, quiere decirse descentralizada o reconociendo el pluralismo territorial; y la justificación del federalismo, a su vez, se ha formulado en nuestra historia siempre también en clave democrática.

¿Cuáles son las posibilidades de federalizar nuestro sistema incrementando lo que podríamos llamar sus amarres de esta clase? La federalización de nuestro modelo, en primer lugar, debería partir de una labor de clarificación de esta forma con la referencia confederal. El sistema confederal no puede presentarse como una profundización del sistema federal, como el modelo federal es un perfeccionamiento del sistema autonómico. La confederación destruye y niega el modelo federal. La confederación no es más federalismo, sino al contrario, menos; en realidad, es otra cosa que el federalismo. La confederación no es un Estado compuesto, un modo de reforzar su unidad política, sino un compuesto de Estados, una unión política débil y por esencia inestable y pasajera de Estados. Una forma política en movimiento, por la que se pasa hacia la federación o la independencia, pero en la que nadie permanece, como lo mostró en el siglo XVIII la Confederación americana y en el siglo XX la Confederación soviética. Se trata de una estructura política de base cuestionable que las unidades políticas soberanas que son los miembros aceptan mientras quieren, y que resulta sumamente ineficaz, pensada para llevar a cabo funciones políticas limitadas, y cuyas decisiones son sometidas a la ratificación de los elementos que integran el conjunto político.

En España la profundización federal requiere sobre todo dos actuaciones: la primera a llevar a cabo en el plano de la articulación, profundizando en los amarres federales. El federalismo es una forma política que aumenta la capacidad del aparato institucional común, sin negar la autonomía de sus integrantes y la contribución de éstos al funcionamiento del Estado compartido. Tanto el momento de la autonomía como el de la integración son imprescindibles en esta delicada maquinaria política, en la que ambas dimensiones han de disfrutar de sus oportunidades y medios de actuación. No se establece un sistema federal sin el reconocimiento a sus miembros de un amplio espectro de competencias políticas, legislativas y de gobierno. Ello es así porque el Estado federal, al que objetivamente le caracteriza el pluralismo, reposa en la valoración positiva de la iniciativa de sus integrantes, más fácil de llevar a cabo en una arena política cuyo tamaño reducido posibilita la participación y el protagonismo político. Si la democracia supone más oportunidades de actuación política, el federalismo aparece como un sistema en el que la participación resulta más sencilla y fácil de llevar a la práctica.

Pero el federalismo es pacto (foedus), un modo de unir a través del establecimiento de mecanismos de articulación. Sabemos lo mucho que en este sentido puede federalizarse nuestro Estado autonómico. Pensemos, en este plano, en lo que queda por hacer, construyendo un Senado auténticamente territorial, que atribuya en la formulación de la política autonómica un mayor peso a esta Cámara.

Pensemos también en las Conferencias Sectoriales que permitan la discusión y, si es posible, la articulación de políticas de gobierno en reuniones de los ejecutivos autonómicos.

En tercer lugar, un replanteamiento auténticamente articulador de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas superaría la idea meramente espacialista de las bases, concebidas como margen para la ordenación territorial, asumiendo una idea más principial de las mismas como decisiones, ciertamente establecidas de modo conjunto, que resguarden el grado imprescindible de homogeneidad y contenido común que la regulación de un determinado ámbito material necesita en todo el sistema jurídico español.

Pero ni que decir tiene que es en el plano espiritual o de la cultura política donde nuestro sistema autonómico requiere de una contribución federal. El federalismo es ciertamente una forma política refinada, montada sobre un difícil equilibrio, pues no deja de señalar un punto intermedio entre la centralización y la independencia. En la forma federal operan tendencias centrípetas que exageran la homogeneidad y pulsiones centrífugas que subrayan el particularismo y la autonomía. Es, en efecto, una segunda opción después que la uniformidad y la independencia se han hecho imposibles, pero que pueden seguir como sirenas homéricas atrayendo con fuerza sobre todo en los momentos de dificultad y tormenta.

La cultura espiritual del federalismo reclama sensatez y prudencia, renuncia a la maximización de las posiciones e intereses respectivos del centro y de los integrantes del pacto político. Sobran entonces en la cultura política del federalismo los planteamientos agónicos, las resistencias a ultranza, ya traten de recuperar la uniformidad o se hagan valedoras de la excepción. Lo que necesita la maquinaria federal es operarios pragmáticos, partícipes de la cultura del gradualismo y del pacto.

Todo es discutible, no hay nada sagrado, intocable o irrenunciable. Sólo es imprescindible la devotio a las reglas de juego, entre ellas, naturalmente, el respeto a las decisiones de la clave del sistema, se llame Tribunal Supremo, en Estados Unidos, o Tribunal Constitucional, en España.

Esto supone, sin duda, renunciar a un planteamiento identitario de los conflictos políticos y admitir su conversión en términos jurídicos cuando se presentan ante la instancia ad hoc que la federación ha reservado para estos supuestos. Es precisamente esta civilización del conflicto lo que permite la acomodación y el reconocimiento de las distintas naciones y regiones, ellas internamente también plurales, que coexisten en España.

¿Queda entonces mucho trecho para que seamos un sistema federal? La respuesta puede abordarse nominalmente, en el terreno normativo, o atendiendo a la práctica efectiva del sistema. Deberíamos pensar, es nuestra conclusión, antes que cambiar el nombre del sistema autonómico en mejorar su funcionamiento, reforzando, en el plano institucional, pero sobre todo espiritual, lo que hemos llamado sus amarres federales.

Firman este artículo Ramón Maíz, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, y Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la UAM.

¿Dónde está el Dr. House?

Hallar el equilibrio entre confrontación y consenso es lo que distingue a las democracias avanzadas

La mejor metáfora de la crisis económica mundial es la de un enfermo que yace en la unidad de cuidados intensivos y no reacciona a ninguno de los tratamientos aplicados. Creemos saber qué es lo que lo ha llevado hasta aquí, un virus de origen estadounidense, que acabó contaminando a todo el sistema financiero, ya de por sí maleado por una forma de vida descuidada y ajena a cualquier disciplina o ética. Nos consta, pues, que el síndrome es producto de un mal degenerativo, antes visto como saludable y que recibía el pomposo nombre de "magia del mercado". Conocíamos muchos de sus efectos positivos, y algunos de sus efectos adversos, pero no esta nueva sintomatología sin precedentes. Al sufrido paciente se lo somete así a todo tipo de cuidados paliativos, pero hasta ahora en vano. Sus constantes vitales se colapsan. Con el agravante de que cada doctor tiene su propia receta, que aplica antes por evitar que se muera que para promover su curación. Echamos en falta una mirada general que, a partir de lo ya ensayado, recomponga el rompecabezas, un Dr. House.

¿Cómo es posible, se preguntarán, que en esta sociedad del conocimiento, con tantos y tantos institutos, expertos y técnicos, en realidad no sepamos qué hacer? Una causa posible puede que resida en el mismo modelo del saber que ha promovido el sistema científico, con consecuencias no previstas para las ciencias sociales. En estas últimas se decidió que el progreso del conocimiento pasaba por una estricta especialización, la "ingeniería social parcializada" de Popper. El presupuesto era que había que concentrarse en los estudios especializados y que a partir de la suma de estos análisis podríamos acceder al conocimiento de lo general. Craso error. Saber mucho sobre cosas muy concretas es, sin duda, positivo, pero no nos garantiza el saber sobre el todo. Estamos rodeados de expertos, pero nos faltan generalistas. Nadie cultiva el "generalismo", más que nada por su poca rentabilidad académica y profesional y el gran esfuerzo que exige. E incluso nos cuesta fomentar la interdisciplinariedad. Los expertos sólo encuentran el confort reuniéndose en el acogedor calorcillo de los de su misma tribu, los de su misma especialidad. El resultado es que nunca tantos think tanks han pensado tan poco.

En el caso que nos ocupa, la crisis económica, la cosa se complica aún más por la necesaria imbricación de la lógica económica a la de la política. Desde la revolución conservadora de los setenta, la economía no ha dejado de reivindicar su autonomía respecto de la política como la misma condición de posibilidad de su eficacia. Pero una vez agotado el modelo, no sabemos ya cómo enmendarlo echando mano del viejo paradigma intervencionista. Entre otras razones, porque el mercado se ha expandido ya fuera de las fronteras, mientras que la política sigue siendo tozudamente local. También porque, aun sabiendo cómo atajar la crisis, la naturaleza de la decisión política obliga a pensar más allá de puros criterios de eficacia técnico-económica. Es responsable de la "gestión de los sacrificios sociales"; debe atender, sobre todo en tiempos de escasez, a toda la constelación de intereses, muchos de ellos contrapuestos, que hacen acto de presencia en cada sociedad. Y todo Estado, a su vez, no puede dejar de considerar sus intereses particulares, lo cual hace endiabladamente difícil -como vemos en la UE- llegar a los imprescindibles acuerdos supra y trasnacionales.

Al problema de la infra-comprensión de los problemas se une así la difícil gestión de la conflictividad asociada a todo lo político. Y de esta forma accedemos ya a la moraleja. Cuanto más cohesionada esté una sociedad y su clase política, más capacidad tendrán también sus dirigentes para exigir sacrificios y buscar soluciones. Sorprende, por tanto, la instrumentalización partidista que hace la oposición de nuestros males colectivos. Algunos incluso parecen deleitarse morbosamente en recitar la letanía del sufrimiento de todos. Les consta de sobra que ellos tampoco tienen remedios mágicos, que nuestra interdependencia económica limita nuestra capacidad de acción, que nadie de nuestro entorno ha visto la luz. Y que, por tanto, no hay respuestas fáciles que estén listas para ser aplicadas. Se saben parte de la solución, pero la boicotean en nombre de las inciertas ventajas de la política pequeña. Están jugando con fuego. Cuando pintan bastos, a los ciudadanos les gusta ver a sus representantes unidos, aunque sólo sea en la resolución de los problemas más graves. Encontrar el necesario equilibrio entre la confrontación y el consenso es lo que acaba por distinguir a las democracias avanzadas de las que no lo son.

Fernando Vallespín es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.

El papel de España en misiones internacionales

Sigue pendiente una labor pedagógica a escala nacional y un debate sobre qué defensa necesitamos

El pasado mes de enero se cumplieron 20 años desde que España comenzó a participar en operaciones internacionales de paz. Desde entonces, y en el marco de un significativo incremento de la respuesta internacional ante situaciones de conflicto, unos 105.000 soldados españoles han participado en más de 50 operaciones con un coste humano de 148 muertos y un presupuesto acumulado de unos 3.600 millones de euros (casi 650 en 2008). Ahora, por boca de la ministra de Defensa, el Gobierno ha decidido eliminar el techo que él mismo se había impuesto en 2005 de no superar los 3.000 efectivos en el exterior. Resulta a todas luces una medida adecuada por varios motivos.

En primer lugar, porque es precisamente esa implicación de los ejércitos españoles lo que más ha contribuido a modificar la negativa imagen que la propia sociedad española tenía de una institución lastrada por un pasado felizmente superado. Además, desde una perspectiva puramente profesional, el reto que ha planteando la colaboración con otras fuerzas armadas en condiciones de máxima exigencia ha mejorado muy notablemente la operatividad de quienes hasta entonces se habían sentido muy limitados en sus capacidades. No menos importante es que, gracias a esa mayor implicación en escenarios de alta inestabilidad, España ha aumentado en gran medida su peso internacional y en las organizaciones de las que forma parte.

Por otro lado, la eliminación del techo señala una madurez política que, por fin, logra desembarazarse del complejo de ser acusado de militarismo por ciertos sectores sociales o políticos. El efecto negativo de la bochornosa participación española en la invasión de Irak (hasta que en 2004 el entonces nuevo Gobierno ordenó la retirada inmediata) ha gravado poderosamente el debate sobre este tema. Para no superar los niveles de fuerzas desplegados por gobiernos anteriores se han tenido que hacer permanentes filigranas contables para intentar atender a las misiones en el terreno, hasta llegar a la retirada de fuerzas en algunos casos (como en el difícilmente explicable de Haití), para atender otras demandas más urgentes (como Líbano o Afganistán). Se ha considerado, erróneamente, que la opinión pública no iba a distinguir entre una misión con respaldo de la ley internacional, que podía suponer un despliegue más numeroso, y otra ilegal o ilegítima, fuera cual fuera el nivel de tropas implicados en cualquiera de ellas. Un efecto contraproducente adicional de esta actitud ha sido la de elevar el riesgo de quienes ya estaban sobre el terreno, dado que no siempre ha sido posible cumplir con las tareas de protección y asistencia a la población local o a los elementos civiles del esfuerzo español y, simultáneamente, con las de la propia seguridad del contingente militar.

En tercer lugar, esta decisión apunta al intento por adecuarse a una nueva etapa en la que es previsible que se le demande a España, que gusta de mostrar su preferencia por el multilateralismo efectivo, una mayor participación en contextos tan complejos como, por ejemplo, Afganistán. España puede, y debe, contribuir a la paz y a la seguridad con sus medios militares, y de ahí que sea una buena noticia que se muestre dispuesta a atender a dos operaciones principales (como lo son hoy Líbano y Afganistán) y cuatro menores, identificando a África y al Mediterráneo como áreas de atención preferente. Del anuncio por la ministra en sede parlamentaria se deducen tres condiciones para la aprobación de un despliegue en el exterior: a) el respaldo legal internacional (inicialmente identificado con la ONU, aunque sólo el tiempo dirá si, como de hecho ya se contempla en la vigente Ley Orgánica de la de Defensa, también puede bastar con el que proporcionen las decisiones adoptadas en la OTAN o en la UE en su caso); b) la voluntad del pueblo español (a través de sus representantes en el Parlamento); y c) las capacidades militares existentes (lo que sitúa el límite en torno a los 7.700 soldados, si se toma en consideración la recomendación de la OTAN de llegar hasta el 8% de los efectivos operativos de cada país miembro). Aunque no se fija explícitamente, es innegable que los condicionantes presupuestarios (y más en el marco de grave crisis económica que ya padece España) van a pesar muy directamente sobre cualquier hipotética decisión de envío de tropas al exterior.

El balance positivo cosechado hasta aquí no permite la relajación. Aunque haya sido muy positivo para su imagen (y para lograr modificar las negativas tendencias de reclutamiento de un modelo de profesionalización inadecuadamente planteado en su origen) el papel principal de las fuerzas armadas no es su participación en operaciones de paz en cualquiera de sus modalidades. Sigue estando pendiente una labor pedagógica a escala nacional y un debate abierto para determinar qué defensa necesitamos, y cuál es el papel de los ejércitos en ella. No cabe justificar el todo por la parte y mucho menos disfrazarlos de lo que no son (ni bomberos, ni actores humanitarios). Hoy nuestra seguridad y la defensa de los valores que nos definen precisan de capacidades militares y es previsible que así lo entienda la opinión pública.

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

De cómo llegué a ser nacionalista y frentista

No queremos el Gobierno vasco para imponer nada a nadie, sino para que se deje de imponer

Una de las acusaciones recurrentes de los nacionalistas periféricos contra cualquiera que discuta sus planteamientos y apueste por la unidad española es la de que, en el fondo, uno no hace sino hablar desde otro nacionalismo. Una acusación ésta en la que también se complace un cierto pensamiento de izquierda, para el que sólo existen en la palestra celtibérica nacionalismos en pugna.

Con la acusación de frentista, por lo menos en Euskadi, está pasando algo parecido: si usted defiende que los partidos no nacionalistas pueden legítimamente llegar a apoyarse entre sí en el Parlamento para elegir lehendakari, está usted incurriendo en el mismo vicio que antes criticaba en los nacionalistas que han gobernado los últimos 10 años: es usted un frentista de tomo y lomo, aunque esta vez españolista.

Pasa con estas acusaciones como con aquellas más antiguas que le achacaban por sistema al oponente un pensamiento ideológico: son imposibles de superar. Desde que se popularizó la filosofía de la sospecha y se vulgarizó la fácil crítica marxista de que todo el mundo piensa desde su ideología y desde sus intereses, la tarea de intentar demostrar la objetividad racional del propio pensamiento es una pura pérdida de tiempo: no hay forma de escapar al "piensas así porque eres así".

Visto lo cual, he llegado a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer los no nacionalistas vascos es admitir de plano la acusación: sí señor, somos nacionalistas y frentistas españoles. Asumir eso, sí, pero no por ello admitir que seamos iguales que ellos, sino plantear la diferencia de otra manera. Porque hay maneras distintas de ser nacionalista. Y también de ser frentista.

Verán, nuestro nacionalismo español admite de plano la pluralidad nacional que existe en España y no tiene empacho en reconocer que conviven en ella variados sentimientos nacionales, y sobre todo, que debe institucionalizarse políticamente esa realidad mediante un Estado de inspiración federal. ¿Lo admiten ellos para nuestro pequeño país, o más bien afirman que, como decía el Plan Ibarretxe, el pueblo vasco es único y carece de minorías culturales en su seno?

Nuestro españolismo reconoce que la sociedad peninsular no posee homogeneidad cultural, pero considera ese dato como algo valioso que debe conservarse. No creemos que una identidad cultural concreta deba reforzarse ni implantarse en la conciencia de las personas. Al revés, creemos que la libertad de cada uno para crear su identidad con los materiales que escoja es garantía de desarrollo humano pleno.

¿No afirman ellos más bien que es labor esencial del poder público crear en los ciudadanos una concreta conciencia de identidad, como dicen al unísono el artículo 10 del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía o el artículo 3-2º de Ley de la Escuela Pública Vasca? Nosotros pensamos que las lenguas son ante todo medios de comunicación, nada menos y nada más, no un objetivo de políticas homogeneizadoras.

Nuestro particular frente no persigue unir a quienes propugnan un modelo nacional concreto, ni a quienes se oponen a otro, sino a quienes defienden que un gobierno, a estas alturas del siglo, no puede legítimamente inspirarse en ninguno de ellos. En nuestro frente se piensa que la política se basa sobre las relaciones de la común ciudadanía, no sobre la unidad de identidad.

¿No dicen ellos, en cambio, que su unión se basa en la defensa del ser o la esencia de este pueblo, sea eso lo que sea? Pensamos que ya desde hace mucho tiempo, desde la modernidad europea, la cohesión de una sociedad no deriva de su homogeneidad sino precisamente del respeto cuidadoso a su genuina heterogeneidad. Que el verdadero objetivo de la política no es tanto el consenso como el preservar y dar cauces al disenso inevitable y fructífero. Queremos el Gobierno no para imponer nada a nadie en el terreno cultural, sino para que se deje de imponer lo que debe ser libremente decidido por cada cual.

Nuestro particular frente agnóstico cree que toda construcción social, incluidas las naciones, no son sino artefactos con fecha de origen y de caducidad, que hemos inventado los seres humanos para facilitar nuestra vida en común. Y que serán arrumbadas cuando se convierten en obstáculo para ella. Admitimos que la secesión de partes de un Estado, por desagradable y humanamente costosa que resulte, es una posibilidad de la que se puede tratar, discutir y encauzar, aunque con algunos requisitos mínimos: seriedad, responsabilidad y claridad. Aunque también pensamos que hoy el concepto político clave no es el de soberanía sino el de interdependencia. Justo lo contrario de lo que decía Iñigo Urkullu: "La transversalidad es un concepto manido y desvirtuado, nunca abandonaremos el soberanismo".

Vamos a nuestro frente con la conciencia despierta de quienes saben que es su única e irrepetible oportunidad de gobernar bien, que si gobernamos de manera sectaria, como otros lo hicieron, no tendremos las prórrogas y oportunidades que a ellos se les concedieron a manos llenas. Reconocer nuestra provisionalidad es nuestra seña de identidad.

Así es nuestro nacionalismo, nuestro frentismo. Si el suyo es igual, entonces háganme sitio porque mañana mismo me hago nacionalista vasco o catalán. Y si no lo es, como parece que no lo es, tendremos que encontrar nuevas palabras para distinguirnos. Porque no somos iguales. No señor.

José María Ruiz Soroa es abogado.