opinión

Amnistía como triunfo de la memoria

El primer gran movimiento unitario de la oposición, tras la muerte de Franco, fue exigir la libertad de los presos políticos como irrenunciable primer paso a la democracia. Los logros no obligaron a olvidar el pasado

No sabía bien hasta qué punto acertaba el editorialista de EL PAÍS cuando afirmaba -La memoria histórica, 7 de enero de 1977- que la guerra civil ocuparía "en la memoria colectiva un lugar de primer orden durante décadas". La guerra tiene que ser "objeto de una reflexión colectiva y de un debate abierto, en el que participen tanto quienes la hicieron como sus descendientes, tanto los vencedores como los vencidos", se decía entonces, expresando una convicción compartida por un amplio sector de lectores, entre los que no faltaron voces del exilio, como la de Manuel Andújar, que envió una carta al director para subrayar la coincidencia de este editorial con la posición mantenida por él y el grupo de exiliados que dirigieron en México la revista Las Españas.

La memoria de la que tanto se hablaba hace más de 30 años tenía un objetivo: superar el pasado. Así lo entendía Manuel Tuñón de Lara, cuando se preguntaba en la presentación de Historia del Franquismo -excelente colección de fascículos de Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty- si por formar parte de la historia los hechos relatados en aquellos cuadernos debían ser olvidados. Y respondía: "Esos hechos y esos actos tienen que ser olvidados como condicionantes del presente y del futuro, como factores políticos. En cambio, hay que asimilarlos y explicarlos como historia". Así era entonces la memoria histórica, la misma a la que se refiere Todorov cuando afirma que "si se quiere superar el pasado, en primer lugar, hay que fijar y establecer la propia historia".

Fruto principal de aquella memoria fue el impresionante movimiento por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados que creció como la espuma en el primer semestre de 1976. Comenzó pronto, inmediatamente que se conoció el verdadero alcance del indulto concedido por el Rey al hacerse cargo de la jefatura del Estado. Y eso se supo casi al día siguiente, cuando Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, volvió a meter en la cárcel a Marcelino Camacho, condenado en el proceso 1001, indultado y vuelto a encarcelar en la más palmaria demostración de que el indulto regio era papel mojado; que el amo de la calle era él, Fraga, vicepresidente con licencia para retirar de la circulación a quienes estorbaban sus planes de reforma.

Liquidado el primer efecto del indulto, la reivindicación de amnistía sirvió de aglutinante a colegios profesionales, organizaciones vecinales y feministas, partidos y sindicatos todavía ilegales, para exigir, en el primer gran movimiento unitario de la oposición, la libertad de los presos políticos como irrenunciable primer paso a la democracia. Las manifestaciones por la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía en Barcelona los días 1 y 8 de febrero de 1976, la convocada en Madrid el 4 de abril, las concentraciones organizadas por las Gestoras Pro-Amnistía en Euskadi, todas ellas reprimidas con saña por la policía, culminaron, tras la caída del Gobierno Arias / Fraga, en la Semana Pro-Amnistía celebrada con multitud de actos entre el 7 y el 12 de julio, pocos días después del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

"El pueblo empuja, el Gobierno no puede soportar más la presión popular y arroja la toalla", escribían los autores del Libro blanco sobre las cárceles franquistas, expresando un sentimiento común. La oposición unida había conseguido un triunfo y dado un paso adelante en la lucha por la democracia. Sólo un paso, pues la amnistía por fin decretada el 30 de julio de 1976, siendo la mejor de las posibles, no era la más amplia de las deseables, como escribió EL PAÍS. Pacata con los militares demócratas, dejó fuera además los actos que hubieran "puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas". De modo que vuelta a empezar, sobre todo en Euskadi, donde se iniciaron huelgas de hambre y encierros en iglesias cuando pasó el 30 de diciembre y la amnistía total, la que iba a cubrir los delitos de ETA, se quedó sobre la mesa de un Consejo de Ministros abrumado ante el secuestro por los GRAPO del presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol.

Fue a partir de esta segunda oleada cuando la reivindicación de amnistía total adquirió un nuevo significado. Hasta entonces, al exigir la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados nadie planteaba, como contrapartida, una medida similar para quienes, como funcionarios de la dictadura, hubieran participado en la violenta represión de los "delitos" de asociación o de reunión. Desde comienzos de 1977, camino de las primeras elecciones generales, amnistía total comenzó a identificarse con fin de la guerra civil y de la dictadura. Y, en consecuencia, adquirió un nuevo contenido: había que amnistiar el pasado de todos para construir -como dirá Arzalluz- "un nuevo país en el que todos podamos vivir".

Así se planteó por primera vez en la reunión que mantuvo Suárez con los delegados de la Comisión de los Nueve el 11 de enero de 1977 para hablar de las dos grandes cuestiones pendientes ante la convocatoria de elecciones: la amnistía y la legalización de todos los partidos. El Gobierno, que hubiera aceptado de buen grado "un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la guerra civil, antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días", como propuso el representante del PNV, Julio Jáuregui, no se sintió con fuerzas para decretarla. Prefirió tomar el camino de las medidas de gracia, eliminando el inciso "puesto en peligro" del decreto del año anterior y recurriendo a la anacrónica figura del extrañamiento para sacar de la cárcel a un buen puñado de presos de ETA, entre otros a los condenados en el consejo de guerra de Burgos.

De modo que la amnistía total, como recordaron varios dirigentes de la oposición, quedaba emplazada para después de las elecciones. Y así fue. El primer día que entraron en el Congreso, los diputados del PNV presentaron una proposición de ley de "amnistía general aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su naturaleza, cometidos con anterioridad al día 15 de junio de 1977". ETA había puesto a prueba al Gobierno, asesinando a Javier de Ybarra, secuestrado días antes de las elecciones. A pesar de ello, la propuesta del PNV fue apoyada por el resto de los grupos de oposición, a los que se sumó UCD, de modo que el proyecto de ley incluyó también a las autoridades, funcionarios y agentes de orden público que hubieran cometido delitos contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Esa fue la sustancia de la Ley 46 / 1977, de 15 de octubre de 1977, de Amnistía: sacar de la cárcel a todos los presos de ETA y, a cambio, extender la amnistía a autoridades, funcionarios y policías. Hubo más, pero lo fundamental, en el ánimo de los proponentes y del Gobierno, consistió en simbolizar el comienzo de una nueva era de concordia dejando las cárceles vacías de presos por actos de intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado. Para legitimar esta primera ley de las nuevas Cortes se habló de la guerra civil, de la dictadura, de las torturas y sufrimientos padecidos, se trajo el pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia. La guerra civil había en verdad terminado, comentó la prensa el día siguiente.

¿Fue la ley producto de una amnesia, causa de un olvido? ¿Midió con el mismo rasero a los presos políticos que habían luchado pacíficamente contra la dictadura y a sus carceleros y torturadores? En absoluto. Excluyó, sí, el pasado del debate parlamentario; pero no impuso una tiranía de silencio: el mismo día que fue aprobada, la revista de mayor difusión de aquellos años, Interviú, continuaba la publicación de una larga serie de reportajes sobre fosas con uno titulado "Otro Valle de los Caídos sin cruz. La Barranca, fosa común para 2.000 riojanos". Y por lo que se refiere a los presos políticos que habían luchado con medios pacíficos, ya estaban en la calle desde un año antes, algunos ocupaban escaños en el Congreso y defendieron con vigor y convicción el proyecto de ley. A su coraje moral y a su determinación política debemos que la democracia echara a andar, asediada por las pistolas de quienes, a derecha y a izquierda, recibieron la amnistía como una muestra de debilidad del Gobierno.

Santos Juliá

Lo que importa (y exporta)

Cada vez que se invoca el déficit fiscal de Cataluña como argumento para limitar su aportación a los mecanismos de cohesión territorial se recuerda que ese déficit se ve compensado de alguna manera por el superávit de la balanza comercial catalana en relación con el resto de España. Frente a las visiones simplistas de sectores nacionalistas, Ernest Lluch, por ejemplo, sostenía que las rentas que Cataluña transfiere a otras comunidades por vía fiscal las recupera con creces al vender en ellas sus productos, favoreciendo la creación de empleos catalanes.

Más recientemente se ha querido relativizar ese argumento diciendo que el mercado natural de Cataluña no es tanto España como el Mercado Único europeo. Un dirigente nacionalista vasco lo expresaba así: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". La discusión no tiene visos de amainar, pero puede hacerse ahora con datos más precisos: acaba de publicarse un estudio sobre el comercio inter-regional en España correspondiente al periodo 1995- 2006 que viene a cubrir una laguna estadística. Ha sido redactado por el Centro de Predicción Económica y patrocinado por 11 comunidades autónomas, entre las que figuran Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía.

Una primera conclusión del estudio es que todas las comunidades mantienen relaciones comerciales más intensas con el resto de España que con el extranjero, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones. El peso del comercio interior -ventas en la propia comunidad (29,9%) y a otras comunidades (44,1%)- supone el 74% del total de transaciones, frente al 26% del comercio exterior; en todas las comunidades el comercio inter-regional supera al internacional, y también (con alguna excepción insular) al intracomunitario.

Otra conclusión es que Cataluña es con gran diferencia la comunidad que registra un mayor saldo favorable en su relación con el resto de España: de más de 13.000 millones de euros en 1995 y de casi 20.000 en 2006. Las siguientes con mayor saldo positivo son el País Vasco y Galicia, con más de 6.000 millones cada una en 2006. Estas tres comunidades son las únicas que registran saldo positivo a lo largo de todo el periodo. Esa situación es compatible, en el caso de Cataluña, con un gran déficit en su relación con el exterior. Los autores del estudio sugieren que la condición de Cataluña como principal abastecedor del mercado interior y a la vez segundo mayor comprador (tras Madrid) en los mercados exteriores puede deberse a su función de puerta de entrada de productos que distribuye por todo el país. Sin embargo, aunque conserve el primer lugar en el ranking, el crecimiento del comercio inter-regional ha sido en Cataluña, en ese periodo de 11 años, inferior a la media.

Euskadi tuvo hasta hace poco saldos positivos también en el sector exterior, pero desde 2006 lo tiene negativo: importa más que exporta. Pero es significativa la fuerte dependencia de la economía vasca respecto al mercado español: vende (con datos de 2000) en su propio territorio el 26% de lo que produce y en otras comunidades el 42%. También es llamativo el fuerte superávit de Galicia, pese a que no figura, como las otras dos, entre las comunidades más desarrolladas.

Resulta irónico que sean precisamente las tres comunidades con mayor presencia nacionalista, incluyendo la de sectores partidarios de romper amarras con España, las que más se benefician de su relación comercial con las otras comunidades españolas.

El estudio no recoge los flujos financieros, pero hace años que el economista (y diputado socialista) Juan Muñoz, recientemente fallecido, ofreció datos indicativos del trasvase histórico, sobre todo a través de las cajas de ahorro, de una gran parte del ahorro de la España agraria a la industrial; de forma que en el País Vasco, por ejemplo, por cada 100 pesetas ahorradas en la comunidad, se invertían 180. Algo similar ocurría en Madrid y en Cataluña.

Hasta hace poco se daba por supuesto que el progreso de Andalucía, por ejemplo, o el de Extremadura, favorecía el de Cataluña, y viceversa; que los fondos transferidos por vía fiscal no sólo eran un factor de cohesión social, lo cual ya es bastante, sino un elemento de dinamización del mercado español, de cuya solvencia depende en gran medida la prosperidad de Cataluña. Había por tanto razones de equidad, pero también de interés compartido, para mantener las políticas redistributivas territoriales.

Esto ya no se percibe así por un sector de la población catalana, en parte por la discutible opción de su clase política que, en su demanda de una mejor financiación, asumió alegremente la teorización (aunque no las conclusiones últimas) del catalanismo más extremista, según la cual las balanzas fiscales probaban el "expolio fiscal" de Cataluña; de lo que deducían que la pertenencia a España "es un lastre", un "mal negocio".

El debate continuará, sin duda, pero tal vez los datos relativos a las balanzas comerciales, y no sólo las fiscales, permitan abordarlo de forma menos simplista y con mayor conocimiento de causa.

Patxo Unzueta

Grandes crisis, grandes oportunidades

La crisis puede ser la salvación (F. Hölderlin)

No es sólo un inmenso andamiaje económico lo que se desmorona, sino una concepción del poder, de sus bases ideológicas. Es necesario tener en cuenta todas las dimensiones de este derrumbe para reconstruir con otros materiales. Y, sobre todo, reponer en el eje mismo de la acción pública los principios democráticos que, en un error histórico, se sustituyeron indebidamente por las leyes del mercado.

Aprovechar las crisis para el cambio de rumbo y de destino: que no desoigan ni ridiculicen las propuestas de cambio los mismos que desoyeron y ridiculizaron las recomendaciones que les hacíamos, desde principios de la década de los noventa, convencidos de que un sistema económico guiado por los intereses mercantiles en lugar de por la justicia está abocado al desastre. Ahora, que no juzguen quienes deberían ser juzgados. Han sido "rescatados" por el Estado y quedan desautorizados para opinar sobre unas propuestas que pretenden el "rescate" de la gente. Que callen ahora quienes -como el Banco Mundial, el FMI y la OMC- no levantaron la voz cuando debían.

Después de la "burbuja tecnológica" de los años noventa, la "burbuja inmobiliaria". Durante todo este tiempo en que los "fondos soberanos" estaban vedados a los países dentro del "sistema globalizante", los que se hallaban fuera del mismo han acumulado inmensos capitales, sin tener en cuenta en muchos casos las condiciones laborales ni los derechos humanos.

Es una crisis del capitalismo y no en el capitalismo, como pretenden, para continuar después su desbocada carrera, los más fervientes defensores de la economía de mercado que, por la ausencia de valores y de pautas de buen gobierno, ha fracasado estrepitosamente. Conviene, sobre todo, no volver a un "nuevo capitalismo", sino promover un nuevo sistema económico mundial basado en la justicia y regulado por instituciones integradas en unas Naciones Unidas completamente reformadas, quizás refundadas, que dispongan de los recursos personales, técnicos y económicos que les permitan actuar eficazmente y aplicar a los transgresores todo el peso de la ley.

Se ha hablado últimamente de la necesidad de reformar urgentemente el FMI, cuando lo que hay que reformar es el sistema de Naciones Unidas en su conjunto, empezando por la inclusión en el mismo del FMI y el Banco Mundial, así como de la Organización Mundial del Comercio, para que se reafirme en su misión inicial, nunca cumplida: "Evitar la guerra", es decir, construir la paz, en favor de las "generaciones venideras".

La ONU, la Unesco -para que no volvamos a la paz de la seguridad en lugar de la seguridad de la paz- todos tienen que reformarse y reforzarse teniendo en cuenta su mandato original. Lo cierto es que se ha intentado desprestigiar y desautorizar a las Naciones Unidas y a las instituciones que la integran.

Sólo con una autoridad supranacional adecuada podrá tener lugar la regulación de los mercados. Y la eliminación inmediata de los paraísos fiscales, con los que los tráficos de drogas, armas, patentes, capitales y personas podrán también desaparecer. Ha quedado claro que los mercados no se "autorregulan", sino que favorecen en el espacio supranacional, totalmente impunes, todo tipo de transgresiones y de mafias.

A escala nacional, es necesario que se establezcan rápidamente pactos entre los Gobiernos, los partidos, los representantes sindicales y empresariales (son un buen ejemplo los Pactos de la Moncloa) para que los beneficios de los avales financieros se hagan sentir rápidamente en la sociedad.

Algunas medidas que deberían adoptarse rápidamente:

- Realizar grandes inversiones públicas.

- Facilitar y regular la financiación de y desde la ciudad, imprescindible para la promoción del empleo, de la actividad mercantil e industrial, especialmente de las pymes.

- Igual que se han encontrado fondos cuantiosos para el rescate de las instituciones financieras, ahora deben ser "rescatados" los ciudadanos: 1) con prestaciones familiares (la "bolsa familia-escuela" de Brasi, iniciada en algunas comunidades autónomas de España, es un excelente modelo); 2) prestaciones a los desempleados (con medidas como la "renta básica de ciudadanía", principio general que se podría iniciar atendiendo de este modo en primer lugar a los desempleados); 3) prestaciones a quienes pretenden poner en marcha un negocio o actividad mercantil; 4) prestaciones asimismo a todos los que, con un poco de ayuda, pueden seguir con sus hipotecas renegociadas para financiar sus viviendas; 5) la realidad no puede transformarse en profundidad si no se la conoce en profundidad: en consecuencia, fomento decidido de la I+D+i, con decidida colaboración de las empresas y de los fondos propios de la UE.

A escala internacional, algunas iniciativas que se podrían adoptar de forma inmediata:

- Se dispondrá de los fondos necesarios para procurar la alimentación a escala mundial y la lucha contra el sida.

- Se activarán también los Objetivos del Milenio, especialmente la lucha contra la pobreza, redefiniendo plazos y cantidades y otorgando, por fin, las ayudas prometidas al desarrollo acompañadas de la cancelación de la deuda externa.

- Se convocará rápidamente una cumbre de las Naciones Unidas en las que no se escatimen, como se hizo en el año 2005, los fondos destinados a la erradicación del hambre.

- Considerar rápidamente la inmediata aplicación de fórmulas como las tasas sobre transacciones de divisas, propuesta recientemente de nuevo, bien elaboradas, a las Naciones Unidas, y contenidas en la declaración sobre fuentes innovadoras para el financiamiento de la Iniciativa contra el hambre y la pobreza, suscrita el 24 de septiembre de 2008 en Nueva York por los presidentes Michelle Bachelet, Lula y Rodríguez Zapatero y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner.

- Reducción del impacto de catástrofes naturales y provocadas, mediante la puesta en práctica de las Propuestas del Decenio (1989-1999) de las Naciones Unidas y de las recientes disposiciones al respecto de la Unión Europea (GAP), para evitar los efectos de episodios recurrentes (huracanes, inundaciones, incendios, etcétera) que siguen hallando, incluso en los países más desarrollados tecnológicamente, una falta total de preparación con una gran vulnerabilidad social.

- Atención prioritaria a África, eliminando con apremio la vergüenza que representa la explotación en el Congo, en territorio kivu, del coltán (mineral de columbita-tantalita empleado en ordenadores y telefonía móvil), así como de situaciones como la de Angola, con tantas riquezas explotadas, con tanto petróleo y quilates retirados de su subsuelo mientras la población malvive con menos de 2 dólares al día.

En resumen, se trata de facilitar rápidamente el tránsito de una economía de guerra a una economía de desarrollo global.

La sociedad civil tiene ahora la posibilidad -que no se presenta frecuentemente- de favorecer transformaciones radicales. Después de tantos años de desoídas recomendaciones de Casandras, la comunidad intelectual, científica y académica tiene, con tanta serenidad como rigor y firmeza, que hacerse oír. Llega el momento de la exigencia, de la participación activa -que ya puede ser no presencial, haciendo uso de la moderna tecnología de la comunicación como el SMS e Internet- para que los gobernantes sepan que los tiempos de resignación y de silencio han concluido. Que los súbditos se transforman en ciudadanos, los espectadores impasibles en actores, para que tenga lugar un cambio profundo del fondo y de la forma en el ejercicio del poder: la gran transición de una cultura de fuerza e imposición a una cultura de la palabra requiere educación en todos los grados y durante toda la vida; el fomento de la creatividad y diversidad cultural; la promoción de la investigación científica; de la sanidad para todos.

Grandes oportunidades, grandes responsabilidades que deben asumir los ciudadanos que tienen más que aportar al cambio. Ahora, poder ciudadano. Ahora, los pueblos, la gente.

Las crisis son una oportunidad de edificar un mundo nuevo, de volver a situar los principios éticos universales de la justicia, de la democracia genuina. No desperdiciemos las oportunidades. Debemos recordar, todos los días, el sabio aviso de Sófocles: "Cuando las horas decisivas han pasado es inútil correr para alcanzarlas".

Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Fundación Cultura de Paz.

¿Un mundo fuera de control?

La idea de un mundo interconectado, que nos ha servido como lugar común para designar la realidad de la globalización, implica, en principio, un mundo de responsabilidad limitada, cuando no difusa o abiertamente irresponsable, sobre el que no puede establecerse ningún control y del que nadie se hace cargo. La interconexión significa, por una parte, equilibrio y contención mutua, pero también alude al contagio, los efectos de cascada y la amplificación de los desastres, como es el caso de la reciente crisis financiera. El mundo interconectado es también ese "mundo desbocado" del que hablaba Giddens a la hora de calificar los aspectos menos gratos de la globalización.

En el caso concreto de la reciente crisis financiera la irresponsabilidad ha comenzado por la imprevisión. Han funcionado muy mal los sistemas de advertencia y prevención de riesgos. Las autoridades correspondientes han tenido una mala percepción de la gravedad de la crisis. Esta falta de anticipación revela no tanto un problema moral o político cuanto una grave deficiencia cognoscitiva, pues es difícil entender por qué no se sacan las conclusiones lógicas de una historia saturada de burbujas especulativas con consecuencias desastrosas. Tenemos muy reciente la crisis de la nueva economía y no hemos aprendido la lección: entonces se nos anunciaba una nueva era económica muy prometedora. Cuando domina la euforia financiera la hipótesis de una crisis parece lejana y por tanto incapaz de provocar las reacciones que aconsejaría la prudencia. La primera explicación antropológica de esta inadvertencia es que los profetas de las malas noticias no son nunca bienvenidos. Pero hay también una explicación ideológica y es que los defensores de la teoría de la eficiencia financiera llevan mucho tiempo diciendo que el mercado no se equivoca nunca y celebrando "la sabiduría de las masas" (Surowiecki). Y eso desincentiva la creación de instrumentos de regulación.

No sé si es una falta de memoria financiera, como ha dicho alguno, o una ceguera ante el desastre. En cualquier caso, está claro que prevenimos muy mal los desarrollos catastróficos y eso que no andamos faltos de cálculos matemáticos sofisticados. No disponíamos de una cartografía precisa de los riesgos que permitiera anticipar su encadenamiento irracional. Una parte de los riesgos había sido dispersada en el mercado, de manera que las instituciones financieras apenas podían medirlos y estimar su impacto futuro. Cuando el horizonte temporal se estrecha y sólo es tenido en cuenta el interés más inmediato es muy difícil evitar que las cosas evolucionen catastróficamente. Tanto desde el punto de vista informativo como de control, los mecanismos de autorregulación se han revelado como insuficien-tes. Lo que todo esto pone de manifiesto es que no sabemos todavía detectar, gestionar y comunicar los riesgos globales.

La crisis financiera es, en última instancia, una crisis de responsabilidad y el procedimiento que mejor lo ha representado ha sido la extensión de productos financieros como la titulización, que traducían la voluntad de desplazar los riesgos hacia el infinito, es decir, aceptar riesgos sin querer asumir las consecuencias. Se trataría de algo que podríamos denominar como "riesgos sin riesgos". La titulación ha actuado como un mecanismo global de irresponsabilización, que diseminaba y disimulaba a la vez los riesgos, haciendo opacos los mercados. Éste y otros productos financieros permitían evacuar o neutralizar los riesgos de las operaciones de préstamo transfiriendo la carga hacia los mercados de naturaleza especulativa. La opacidad de los mercados impedía el control y toleraba riesgos excesivos, títulos opacos cuyos riesgos nadie era capaz de evaluar. De este modo se ha constituido un mercado financiero global en el que los accionistas minoritarios de las empresas han presionado para obtener unas tasas de rentabilidad cada vez más elevadas. La irrealidad de los intercambios económicos ha revelado que la globalización financiera es mucho más frágil que la globalización comercial.

Todo ello no hubiera sucedido si, al mismo tiempo, no hubiera habido una dejación de responsabilidad por parte de los Estados, de los bancos centrales y las instituciones financieras mundiales. Los dirigentes económicos y financieros han cometido el error de confiar absolutamente en la capacidad autorreguladora de los mercados financieros y han aceptado esta irresponsabilidad de los mercados de crédito, sometidos al mismo modelo de comportamiento que el que funciona en las Bolsas. A esto se han añadido unas operaciones de rescate que serán inevitables pero que no van a servir para promover las conductas responsables. Se han beneficiado de esas medidas aquellos actores económicos que pueden asumir riesgos excesivos sin tener que sufrir las consecuencias en virtud de las catástrofes en serie que su quiebra podría producir en el resto de la economía.

La crisis nos exige construir una nueva responsabilidad financiera, algo que se llevará a cabo más a través del control y la supervisión que mediante la regulación normativa. Nuestros dirigentes deberían comprender que les corresponde poner a los grandes actores económicos y financieros cara a sus responsabilidades: responsabilidad de los prestamistas, limitando la titulización, es decir, la opacidad de los riesgos en el mercado de los productos derivados, de manera que las deudas no sean instrumentos de especulación; responsabilidad de los accionistas, reservando el derecho de voto a quienes se comprometen establemente con la empresa para permitirle llevar una verdadera estrategia; responsabilidad de los Estados que se deben entender sobre un sistema de paridades estables, impidiendo así las oscilaciones violentas de divisas, desconcertantes para los agentes económicos; responsabilidad de los bancos centrales, que deben aceptar someter su gestión a la aprobación de los Estados democráticos, con la preocupación de tomar en cuenta todos los grandes parámetros decisivos para la marcha de las economías: producción, empleo, precios, endeudamiento, saldo presupuestario y saldo exterior.

Pero conviene no perder de vista que estos compromisos han de conseguirse en medio de una red cada vez más densa de dependencias, donde las obligaciones pierden visibilidad y nitidez. Al mismo tiempo, un mundo de crecientes interdependencias aumenta también el número de consecuencias de las acciones que no resultan fáciles de imputar. Este conjunto de circunstancias y otras similares justifican la denominación de "irresponsabilidad organizada" (Ulrich Beck) a la hora de calificar a nuestras sociedades, aunque también cabe preguntarse si no se trata más bien de una falta de organización, de que no hemos sido capaces de organizar socialmente la responsabilidad a la vista de que algunas de esas dinámicas contradicen claramente muchos de nuestros derechos y nuestros deberes. La debilitación del sentido de responsabilidad no es una cuestión que pueda achacarse únicamente a los políticos o a la desafección ciudadana, sino que resulta más bien de esa mezcla de debilidad institucional y fatalismo que caracteriza a nuestros compromisos democráticos. Se pueden organizar muchas cosas para identificar la responsabilidad y transformar dinámicas ciegas en procesos gobernables.

Han cambiado las condiciones en las que se pensaba y ejercía la responsabilidad política. El problema estriba en cómo representar esa responsabilidad en un momento en el que ha perdido evidencia la relación entre mi comportamiento individual (como prestamista, consumidor, accionista, votante o cliente) y los resultados globales. La ilustración de esta nueva articulación entre lo propio y lo común sólo se conseguirá si desarrollamos un concepto de responsabilidad que haga justicia a la actual complejidad social y corresponda a nuestras expectativas razonables de conseguir un mundo que pueda ser gobernado, del que nos hagamos cargo.

Daniel Innerarity es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza y autor de El nuevo espacio público.

¿Qué hacer ante demandas separatistas?

Suele describirse la democracia como un procedimiento para resolver conflictos de manera no violenta, de acuerdo con reglas que permiten conjugar intereses diversos. Dichas reglas casi siempre derivan, de una forma más o menos directa, del principio de mayoría: si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, se decide en función del apoyo popular que tienen las distintas posturas en litigio.

Uno de los conflictos más duraderos y enrevesados de la política española es el territorial. No hay un equilibrio institucional entre centro y periferia. De hecho, el Título VIII de la Constitución dejó este asunto sin cerrar y desde 1978 España se encuentra, por lo que respecta al asunto territorial, en una especie de fase constituyente permanente. En términos generales, esta naturaleza irresuelta del problema territorial no es sino un reflejo del tipo de Estado que tenemos, en el que ni el centro ni las regiones periféricas han tenido poder suficiente para imponer su punto de vista. Las regiones con demandas separatistas no han conseguido desmembrar el Estado, pero el Estado tampoco ha conseguido asimilar completamente a las minorías territoriales formadas por catalanes, vascos y gallegos, como lo prueba la supervivencia de lenguas propias, características diferenciales y demandas de mayor autogobierno o incluso de separación.

Dada esta inestabilidad institucional, creo que sería conveniente establecer un procedimiento que permitiera procesar ciertas demandas nacionalistas que, hoy por hoy, no caben en nuestra democracia. No me refiero a las reformas de los estatutos, a la financiación autonómica, o al reparto de competencias. Más bien, estoy pensando en la demanda última de ciertos nacionalistas, que no es sino el deseo de separarse de España. Dicha demanda no puede ser digerida por nuestro actual sistema democrático.

No vale de mucho alegar que todo es planteable y que la unidad de España puede discutirse de acuerdo con lo que establece la Constitución al respecto. Como bien se sabe, la Constitución de 1978, al igual que muchas otras del mundo, sanciona la indivisibilidad de la patria. Para poder dar cabida a una demanda separatista, sería necesario, por tanto, modificar el texto constitucional. Pero el procedimiento de reforma es tan exigente que no resulta un instrumento útil (ni aceptable) para resolver democráticamente la cuestión separatista en nuestro país.

Los nacionalistas, evidentemente, se aprovechan de este "punto ciego" de nuestra democracia y amagan con provocar una crisis institucional. Ahí están las dos ediciones del plan Ibarretxe, o los planes de ERC de convocar un referéndum de autodeterminación en 2014. Con objeto de ganar seguidores para su causa, se presentan como víctimas delcerrilismo u opresión política de España.

Tanto por razones democráticas como por la necesidad de desactivar ciertas coartadas que usan los nacionalistas para reforzar sus tesis, creo que es imprescindible plantear abiertamente la discusión sobre qué debe hacerse ante una demanda separatista que cuente con un cierto apoyo popular. A mi juicio, no vale de nada remitir a la Constitución, por las razones antes apuntadas: la Constitución impide plantear seriamente el asunto. Tampoco vale aducir que el separatismo es minoritario tanto en Cataluña como en el País Vasco, pues el grado de respaldo que tenga una demanda es algo contingente e históricamente variable.

No quiero sugerir con ello que las regiones tengan en España el derecho de autodeterminación. Los estudiosos del tema saben de sobra que tal derecho no existe, salvo en circunstancias muy especiales (situaciones de descolonización, invasiones bélicas, etcétera). Ahora bien, de que tal derecho no exista, no se sigue que una democracia pueda desentenderse sin más de una demanda separatista apelando a una Constitución que simplemente no deja espacio para esa demanda. Por supuesto, el hecho de que la Constitución no contemple la posibilidad de procesar dicha demanda no justifica ni legitima en absoluto el uso de la violencia, como muy bien han entendido los separatistas catalanes, no así los vascos.

¿Qué puede y debe hacerse frente a una demanda separatista? Ante todo, encauzarla y regularla según procedimientos democráticos aceptables. Resulta muy instructiva la sentencia del Tribunal Supremo canadiense ante las pretensiones separatistas de Quebec. Y no porque sean estrictamente comparables sin más las situaciones española y canadiense, sino por los principios generales que utilizaron los jueces en su razonamiento. En esencia, lo que dijeron es que a los habitantes de Quebec no les asiste derecho unilateral alguno a la secesión, pero que si hay un apoyo claro en favor de la misma, reflejado por ejemplo en un referéndum, Canadá no puede ignorarlo; en ese caso, deben abrirse conversaciones multilaterales con todas las partes afectadas para llegar a un acuerdo aceptable. El tribunal admitía así que si en una región de un Estado una mayoría clara no quiere permanecer en dicho Estado, no cabe obligar sin más a sus habitantes a vivir dentro de ese Estado en contra de su voluntad.

Es evidente que se trata de un asunto muy complicado, pues la ruptura de un Estado tiene consecuencias económicas y políticas para mucha gente. Por eso, el tribunal canadiense insistió en que la demanda de separación ha de ser clara y ampliamente mayoritaria, y que cualquier decisión al respecto debe tomarse tras una negociación entre todas las partes implicadas. A raíz de la sentencia del Supremo de Canadá, el Gobierno de aquel país trató de dar contenido a las recomendaciones generales sobre cómo abordar el conflicto mediante la llamada Ley de Claridad. Con todas las salvedades necesarias, algo similar podría ensayarse en nuestro país.

En primer lugar, debería especificarse que sólo podrá celebrarse un referéndum en ausencia de toda violencia. De este modo, si los vascos desean en algún momento realizar una consulta popular, deberán antes haber resuelto el problema del terrorismo de ETA. Esto no sólo me parece impecable desde el punto de vista democrático, sino que además constituye un acicate para que los nacionalistas vascos moderados se impliquen hasta el final, sin vacilaciones, en la estrategia de eliminación total del terrorismo.

En segundo lugar, un referéndum de separación no puede realizarse alegremente. Su propuesta debería requerir una mayoría clara y relativamente estable de las fuerzas políticas que lo propugnan. Además, debería consensuarse el texto de la pregunta y la mayoría a partir de la cual se dé por ganadora la respuesta a favor de la separación. Debería también especificarse cuánto tiempo ha de pasar entre la celebración de un referéndum y el siguiente, en caso de que los separatistas pierdan en la primera consulta.

El paso del tiempo no ha dado signos de que el problema territorial en España vaya a resolverse de una vez por todas. Es más, no parece disparatado afirmar que el problema ha ido agravándose y complicándose en los últimos años. Desde el Pacto de Lizarra en 1998 las cosas han ido a peor. A dicho pacto siguió un renacimiento orgulloso del nacionalismo español en la derecha y en buena parte de las élites intelectuales del país, coincidiendo, o provocando a su vez, una radicalización del nacionalismo catalán.

Estamos ante un asunto que consume muchísimas energías políticas y tiende a plantearse por ambas partes con retórica cerril e intransigente. Pero podría resultar conveniente atreverse a regular el asunto del separatismo de una vez por todas. Para que la democracia española tenga la conciencia bien limpia a la hora de negociar con los nacionalistas y para que los nacionalistas no puedan seguir jugando a amagar con planes rupturistas unilaterales.

En el momento en que haya unas reglas claras, todo el mundo sabrá a qué atenerse. Los poderes centrales, si quieren que España permanezca unida, tendrán que hacer los esfuerzos precisos para que la demanda separatista no aumente. Por su parte, los nacionalistas se cuidarán mucho antes de plantear a tontas y a locas la celebración de un referéndum. En definitiva, el debate se planteará con algo más de responsabilidad y atendiendo a unas reglas que respeten los principios básicos de un orden democrático.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

El capitalismo que viene

La economía de mercado, basada en la propiedad privada y en la libertad de empresa, cuanto más extendida mejor, no está en crisis; lo que está en entredicho son las pautas de conducta abusivas de algunos dirigentes, de las grandes corporaciones financieras y empresariales y las normas, o la ausencia de ellas, que las permiten o las hacen posibles.

Hablemos de los remedios. Para mí, el eje troncal es la responsabilidad social de la empresa (RSE), que se manifiesta a través de una nueva empresa responsable y sostenible y que se gestiona mediante un nuevo paradigma fundamentado en el humanismo, que necesariamente ha de complementar, que no sustituir, al tradicional economicismo capitalista. Éste ha de desarrollarse más allá de lo que las normas obligan a las empresas como mayores autoexigencias dentro de la voluntariedad, que hacen mejores a las empresas frente al mercado.

Es el momento de la verdad, de dejar de arrastrar los pies en la implantación de la RSE y de sus dimensiones fundamentales.

1. El buen gobierno corporativo y la transparencia informativa y contable. Todos sabemos cuáles son los elementos básicos que desde hace más de una década han enturbiado el buen funcionamiento de los mercados y producido sus mayores quebrantos. Aquellos que no nos atrevimos a regular y quedaron en recomendaciones que no se han cumplido correctamente. De los códigos de buen gobierno corporativo basta transformar en obligatorias las recomendaciones sobre la independencia de los consejeros y sobre la retribución, vinculando más la remuneración variable de los altos dirigentes a los resultados a largo plazo, al concepto de sostenibilidad en el tiempo propio de esta nueva empresa.

Habría que añadir la obligatoriedad de especialización para los consejos de las entidades financieras.

En el ámbito de la transparencia no basta con revelar los conflictos de intereses y que sea el mercado quien juzgue sobre ellos. Hay que regular y prohibir aquellos que desde décadas oscurecen la transparencia y generan abusos y fraudes. La prohibición de los nominees que ocultan identidades sobre la titularidad de las operaciones y la reconversión de los paraísos fiscales y financieros offshore en plazas transparentes.

Se trataría de prohibir los conflictos de intereses en la prestación de los servicios de auditoria de firmas que también los prestan de consultoría o asesoramiento legal y fiscal a las mismas empresas que auditan. Las empresas de rating que evalúan los riesgos y la solvencia de entidades vinculadas a sus propios accionistas. Las actividades de análisis financiero por parte de entidades que se analizan ellas mismas o a sus participadas y a sus clientes más estrechos, estableciendo recomendaciones sobre ellos. Procesos, todos ellos, en los que el conflicto de interés nubla el buen juicio y las valoraciones objetivas.

2. La competencia leal. Muchas son las empresas que desarrollan su modelo de negocio en ese territorio gris que se basa en realizar prácticas abusivas o desleales de competencia, porque sus beneficios compensan sobradamente las multas que han de pagar si pierden los pleitos en los tribunales de la competencia. Un aumento de los supuestos y sanciones en esta materia debería acometerse mediante una nueva normativa.

3. La lucha contra la corrupción. Sectores muy relevantes de nuestra economía desarrollan en muchas de sus empresas prácticas corruptas algunas ilegales y otras en ese terreno gris de la captura del funcionario al que luego se recoloca en puestos de nivel en el sector privado y un largo etcétera de actuaciones que no son responsables, ni se concilian con la ética de los negocios.

4. Las relaciones responsables con los medios de comunicación. Cuántas veces hemos oído decir: "A ver si el Gobierno prohíbe la telebasura, o los confidenciales basura, pretendiendo que se conculque uno de los derechos fundamentales como es el de expresión". O bien: "A ver si la dirección de tal o cual cadena de televisión prohíbe tal o cual programa, haciéndose el harakiri en el programa de más audiencia".

Ello sin valorar que la subsistencia de este tipo de programas y medios depende de la publicidad de las empresas. Las empresas responsables no deben poner su dinero en ese tipo de programas y medios donde se cometen delitos contra derechos fundamentales de los ciudadanos.

5. La protección ambiental. Está demostrado que la ciudadanía en general y los jóvenes en particular valoran cada vez más las actuaciones encaminadas a la protección de nuestro medio natural. Especialmente aquellas que van más allá de lo que las normas exigen y muestran a las empresas que las practican como entidades responsables y comprometidas con la problemática del cambio climático.

6. La innovación responsable y la ecoeficiencia. Es evidente que toda empresa tiene la responsabilidad de innovar. Y esto es especialmente necesario en nuestro país, que se sitúa en uno de los puestos de cola de la UE en innovación, mientras se le reconoce como una de las diez economías más grandes e importantes del mundo.

7. La acción social. Apoyar a los desfavorecidos y desarrollar planes de actuación en colaboración con sus empleados que den soluciones a las necesidades de las minorías marginadas y que sean catalizadores de motivación entre la plantilla.

8. El mecenazgo. En los países modernos es cada vez más frecuente el hecho de que sea el sector privado quien apoye el acervo cultural, histórico, patrimonial, artístico y deportivo de un país. El papel de las empresas responsables es crucial en ello y los retornos en ventas, que no sólo en imagen, suelen ser espectaculares.

9. Recursos humanos. Las empresas responsables y sostenibles desarrollan una política de compensaciones sociales más allá de las normas laborales, con la finalidad de aumentar la motivación de su plantilla, asegurar una fidelización mayor y mejorar la calidad de vida de sus empleados que redunde en una mayor efectividad de su trabajo.

Nuevos valores y principios empresariales. Para que este paradigma de empresa se consolide hace falta que se instalen en las organizaciones unos nuevos valores.

Aparecen nuevos fundamentos de la empresa responsable y sostenible, tales como la apertura y sensibilidad hacia el entorno, el sentido de comunidad, la capacidad de innovar, la consideración del largo plazo y la creación de valor. Para su implantación en las empresas se requieren nuevos valores y principios que son parejas de éstos, muy vinculados al humanismo y a las habilidades y sentimientos de los seres humanos, y de los tradicionales, que son complementados contraponiéndolos y potenciándolos entre sí: 1. Bien común y bien propio. 2. Colaboración y competitividad. 3. Emocional y racional. 4. Confianza y control. 5. Aprendizaje y eficiencia. 6. Coherencia e imagen. 7. Diálogo y comunicación. 8. Holarquía y jerarquía. 9. Diversidad y uniformidad. Ellos configuran la columna vertebral, el pulmón y el corazón de las nuevas empresas responsables y sostenibles, y definen su nueva misión como organizaciones orientadas al beneficio de todos los grupos de interés que participan en el mundo de la empresa, empezando por los accionistas, que son los más importantes pero no los únicos. Así, este nuevo modelo de empresa asegura y combina mejor la función económica que le es propia y la responsabilidad con la sociedad en la que desenvuelve su actividad. El diálogo permanente y fluido con todos los grupos de interés es otra de las características irrenunciables de esta nueva economía de la empresa, que la hace mucho más fuerte, flexible y eficiente y que potencia enormemente la estrategia empresarial y su sostenibilidad.

El compromiso de la sociedad civil. Hemos perdido mucho tiempo mirando para otro lado desde la sociedad civil en relación con este nuevo paradigma empresarial. Hemos dejado espacios de la libertad económica preciada y preciosa que no hemos sabido cubrir con responsabilidad y compromiso. Hemos permitido los excesos de un capitalismo economicista extremo porque hemos exigido autorregulación sin ejercer autocontrol y autocrítica. Y ésta es una ecuación que no puede funcionar, como desgraciadamente se ha demostrado.

Pero nunca es tarde si la dicha es buena y, a pesar de los vientos intervencionistas que soplan por doquier al socaire de la crisis financiera internacional, sería bueno para la nueva economía de mercado basada en la empresa responsable y sostenible que los políticos dejaran a los grupos de interés encabezados por los empresarios la iniciativa de desarrollar e implementar los contenidos de la RSE en las empresas, en un ejercicio sano de la libertad de empresa, y regular por una norma de transparencia la manera de reportar y trasladar al mercado la ejecución de la misma.

Aldo Olcese es presidente de la Sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia de Economía.

Regresa el 'poder blando'

El mundo ha acogido con esperanza la victoria de Obama. El futuro presidente puede y debe restablecer con algunos actos concretos la dañada imagen de su país. Wilson, Roosevelt y Kennedy son buenos ejemplos

Hay mucho que decir -y se está diciendo- sobre la histórica victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y los analistas de las fascinantes transformaciones de la sociedad estadounidense actual pueden explicar el resultado mucho mejor que yo. Pero, cuando observaba la extraordinaria reacción de otros países al triunfo de Obama, a la mañana siguiente de que el mundo conociera su victoria, sentí la tentación de ir un poco más allá.

¿Contribuirá el atractivo de este hombre en todo el mundo a la capacidad de Estados Unidos de persuadir a otros países para que acepten su liderazgo y aprueben medidas que Washington desee pero sobre las que los demás miembros del sistema internacional puedan no sentir tanto entusiasmo? ¿Convencerá a los Gobiernos y los pueblos de otras naciones de que las políticas made in USA son buenas para la humanidad en su conjunto?

Porque ésa es, al fin y al cabo, la definición del término poder blando defendida por el profesor de Harvard Joseph Nye en unos libros publicados en los años noventa. Durante demasiado tiempo, alegaba Nye, los estudiosos habían prestado una atención excesiva a los aspectos más duros del poder militar, económico y financiero, y habían ignorado la importancia de las características nacionales que permitían que determinados países "hicieran amigos e influyeran en la gente" mejor que otros.

Nye consideraba que un estilo de vida atractivo, una cultura interesante, la capacidad de ir de la mano de la opinión mundial en vez de ir en su contra, podían ser unas herramientas tan útiles para un país como la habilidad de los diplomáticos, la solidez financiera e incluso los grandes portaaviones. Es evidente que cuando Nye elaboró estas ideas, creía que Estados Unidos contaba con la mayoría de los atributos del poder blando; pensaba, con razón, que Hollywood, MTV y la cultura juvenil norteamericana tenían mucho más atractivo para el mundo que la desintegrada Unión Soviética y la falta de libertades en China.

Además, amplias zonas del mundo avanzaban en la dirección señalada por los fundadores de la nación norteamericana: democracia, imperio de la ley, libertad económica, etcétera. La posición de EE UU en el mundo estaba reforzándose, para confusión de los que escribían sobre el declive norteamericano. Las tres patas sobre las que se apoyaba su preeminencia -el poder militar, el poder económico y el poder blando- iban a mantener a la república en la cima durante generaciones.

Pero entonces llegaron George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y las políticas neocon de activismo militar, agresividad ideológica, anulación de derechos humanos esenciales, excesiva importancia de "la guerra contra el terror" y una repugnancia patológica, ejemplificada en John Bolton, hacia el multilateralismo. De acuerdo con todas las formas de medir la opinión mundial -por ejemplo, los sondeos de la Fundación Pew-, el Gobierno de Bush se convirtió en la más impopular de la historia reciente de Estados Unidos. No es extraño, por tanto, que el poder blando estadounidense se viniera abajo. La capacidad de la Casa Blanca de convencer a otros países desapareció; la simpatía mundial tras los atentados del 11-S se evaporó poco a poco, incluso en países tradicionalmente amigos de Estados Unidos.

La alegría colectiva que experimentó hace dos semanas todo el mundo ante el final de la era de Bush fue prueba de hasta qué punto el país de Lincoln, Wilson, Franklin Delano Roosevelt y Kennedy se había ganado la antipatía internacional durante los últimos ocho años.

Sin embargo, el poder blando, quizá por su propia naturaleza, es muy volátil. Y seguramente es más ajustable y moldeable que, por ejemplo, un declive relativo y prolongado del poder militar y estratégico. Así que la pregunta que debe interesarnos es ésta: ¿servirá la victoria electoral de Barack Hussein Obama para devolver a Estados Unidos la tercera pata del taburete que sostiene su posición mundial: la ventaja del atractivo político e ideológico?

A juzgar por las noticias aparecidas en la prensa de todo el mundo, la respuesta es un sí sin reservas. Como era de prever, el presidente francés Nicolas Sarkozy, siempre dispuesto a ser el primero, envió a Obama este mensaje: "Su elección suscita en Francia, en Europa y en todo el mundo una inmensa esperanza". Y ofreció un abrazo francés que el próximo inquilino de la Casa Blanca haría bien en aceptar con cautela, aunque los sentimientos sean sinceros. Por lo demás, el júbilo en África e Indonesia, que sacan a relucir su relación con Obama, es general. Y según The New York Times, un librero de 24 años de Caracas, Venezuela, dijo: "Es agradable poder volver a sentirnos satisfechos de EE UU".

Los regímenes que no permiten elecciones libres están claramente inquietos por la onda expansiva de Obama, del mismo modo que sus adversarios políticos se sienten animados por este ejemplo asombroso de transparencia democrática. E incluso al fundamentalista más ciego de Hezbolá o Irán le será difícil acusar a alguien llamado Barack Hussein (descendiente del profeta) de tener un prejuicio antimusulmán intrínseco.

Desde luego, si Obama intenta apoyarse exclusivamente en los buenos deseos internacionales para impulsar políticas que beneficien a Estados Unidos, será como un automóvil que tratase de funcionar con aire caliente en vez de gasolina; y la luna de miel se acabará de inmediato.

Lo que debe hacer el próximo presidente es reconocer con claridad cuáles son las esperanzas que le han dado tanta popularidad en tantas partes distintas del mundo: las esperanzas africanas de que preste verdadera atención y ayude de verdad al atribulado continente; los deseos latinoamericanos de que mantenga las políticas liberales en comercio e inmigración, haga algo para superar el punto muerto en las relaciones con Cuba y muestre verdadero respeto por Latinoamérica; las aspiraciones en Europa, Canadá y Australia de que se tome en serio las obligaciones de Estados Unidos con las instituciones y los tratados internacionales, incluidos los compromisos ambientales y antiproteccionistas; y las esperanzas de los árabes moderados de que ofrezca algo más que buenas palabras a los palestinos.

Todas estas aspiraciones son mucho más fáciles de proclamar que de hacer realidad, como sin duda sabe Obama, y todas necesitarán compromisos entre algunas de sus promesas de campaña a los votantes estadounidenses y los simpatizantes con los que cuenta en el extranjero. Pero, si verdaderamente quiere restaurar el poder blando de su país, tendrá que empezar por ofrecer al mundo algunas de las cosas con las que sueñan los extranjeros; no todo el paquete, por supuesto, pero sí algunos elementos que den buena imagen y ayuden a aplacar los numerosos temores y preocupaciones mundiales.

Para eso, le será muy útil estudiar con detalle la retórica y las políticas de sus antecesores Wilson, FDR y JFK. Porque, como saben los historiadores de esas presidencias, ninguno de estos estadistas hizo nada más que defender los intereses "nacionales" de Estados Unidos. Lo que tuvieron en común fue el ingenio y la inteligencia para saber combinar lo que convenía a su país con lo que convenía al mundo o, al menos, a grandes partes de él. Convencieron a millones de personas en todo el planeta de que debían tener fe en el compromiso, el juicio y el liderazgo de EE UU y, por consiguiente, tomarse en serio las propuestas reformistas nacidas de la Casa Blanca. Y eso es la esencia del poder blando.

Ahora bien, este poder, como es blando, puede disolverse con rapidez. Una buena parte de un mundo ansioso espera anhelante la llegada de la presidencia de Obama y, en su mayoría, tiene la sensatez suficiente para no contar con una especie de milagro en los 100 primeros días. La gente va a juzgar lo que vea, como los votantes de Ohio y Florida, y está dispuesta a conceder al nuevo hombre el beneficio de la duda, pero no siempre, quizá no durante mucho tiempo. Como tantas otras cosas en la vida y la política, el intento de Obama de restaurar el poder blando estadounidense tiene un plazo.

Paul Kennedy ocupa la cátedra J. Richardson de Historia y es director del Instituto de Estudios sobre Seguridad Internacional en la Universidad de Yale.

Tolerancia

Voy a decir una perogrullada, pero las cosas están adquiriendo últimamente un cariz tan siniestro que parece necesario repetir una y otra vez las obviedades más básicas, a saber: ser tolerante significa tolerar a quienes tienen ideas contrarias a las tuyas. O sea, alardear de que uno es tolerante y serlo tan solo con tus coleguillas, como que no tiene ningún mérito. Vamos, es que eso ni siquiera puede denominarse tolerancia; antes al contrario, el colegueo extremo, esto es, el regodeo excluyente en lo buenos que somos los de nuestro grupo, suele desembocar en el sectarismo. Y el sectario bien cocido en su jugo termina no sólo por no tolerar al prójimo que piensa diferente, sino que incluso le arrebata su cualidad de prójimo, esto es, su humanidad. Lo convierte en una cosa violable y exterminable. Ese sectarismo feroz alentó la reciente escabechina de Bombay, permitió el genocidio del nazismo y sin duda facilitó que los franquistas masacraran a 130.000 personas y que los republicanos asesinaran a 50.000. Entre ellos casi 7.000 curas y monjas. Tras despojar al oponente de su cualidad de persona, es sencillísimo aplastarlo como si fuera un gusano sin sentir ni el más pequeño espasmo de empatía.

Miro alrededor, escucho las voces llenas de odio y de intransigencia y no logro entender lo que está pasando. Que una pobre monja muerta en la ancianidad hace 30 años y que no parece haber hecho mal a nadie haya suscitado tan enconado conflicto y recibido ataques tan violentos, me parece una prueba palmaria de lo locos que estamos. Verán, yo creo que la jerarquía católica es obsoleta y reaccionaria, y estoy totalmente a favor de la retirada de los crucifijos. Pero, precisamente por eso, quiero pedirle a Gallardón que, por favor, le ponga una placa a la madre Maravillas en el exterior del edificio del Congreso.

Rosa Montero