opinión

Comida hay, pero a precio de petróleo

El que 1.000 millones de personas pasen hambre pese a haber comida para todos se debe a que ya no se produce para la economía nacional, sino para la mundial. No deciden los Gobiernos, sino las multinacionales

En el mundo hay comida para todos. Los precios de los productos alimenticios, teniendo en cuenta la inflación neta, son más bajos que hace 40 años, y la dieta ha mejorado. Sin embargo, 1.000 millones de personas padecen hambre. Son las contradicciones de una economía globalizada en la que las realidades locales se desvanecen. Así lo denuncia el informe del grupo Evaluación internacional de la ciencia y la tecnología agraria para el desarrollo (en sus siglas en inglés, IAASTD), un grupo de 400 científicos auspiciado por el Banco Mundial y Naciones Unidas. El documento se publicó a principios de abril, en medio de una crisis alimentaria que trae recuerdos de la Gran Depresión.

El problema no es la escasez de productos agroalimentarios sino su coste, que, en muchos países, los hace inaccesibles para los más pobres. El aumento de los precios está unido al aumento del precio del petróleo, la voracidad de la demanda asiática y las difíciles condiciones climáticas que se han vivido en algunos países. La inflación alimentaria multiplica el número de hambrientos y globaliza la crisis. "El alto coste de la vida aflige a los 1.000 millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza -el 70% de ellos en África- y a los otros 4.000 millones que viven en los 58 países más pobres del mundo. Toda esa gente, de pronto, ha dejado de poder comprar los productos expuestos en las estanterías de los supermercados", explica Willie Reimer, director de la ONG estadounidense Food, disaster and material resources. Pero también afecta a los países occidentales, en los que viven los 500 millones de ricos de la aldea global. En Estados Unidos, segundo exportador de productos agrarios del mundo, 28 millones de personas comen gracias a los bonos de comida que reparte el Gobierno, el número más elevado desde que se creó el programa, hace 40 años.

Las tres cuartas partes de la población mundial corren el riesgo de pasar hambre, no porque haya escasez, sino debido al coste de la vida. Según el informe de IAASTD, para evitar la catástrofe no bastan ni los transgénicos ni el abandono de las políticas de apoyo a la producción de biocombustibles, que no influyen en la subida de los precios más que en un 10%. La crisis alimentaria es estructural porque está unida a la aplicación de los principios neoliberales en el sector agrario de los países en vías de desarrollo. De acuerdo con dichos principios, el mercado mundial es el mejor árbitro de la economía. Pero su mano invisible, como la definía Adam Smith, no es tan mágica como se creía.

En los últimos 20 años, mientras Europa y Estados Unidos protegían a sus agricultores, las economías emergentes y los países pobres han seguido los consejos neoliberales y han eliminado la intervención pública en el sector agrario. Estos cambios estructurales han destruido las economías locales y han creado las condiciones ideales para una agricultura ya no de autosuficiencia sino para la exportación. Ya no se produce para la economía nacional sino para la mundial y, según la ONU, los que deciden qué producir no son los gobiernos, sino las multinacionales de importaciones y exportaciones, de transformación y de distribución como Tesco y Carrefour.

El ensayo general de la crisis actual se produjo en 2005 en Níger, una de las naciones más pobres del mundo. Pocos años antes, el Gobierno había liberalizado el mercado de los cereales, una medida que atrajo la atención de los grandes exportadores e importadores. Su llegada monopolizó el mercado y facilitó el nacimiento de empresas agrarias que producen exclusivamente para la exportación, a expensas del mercado local. El país empezó a importar productos alimenticios y los precios subieron, mientras que los sueldos y el empleo no. En septiembre de 2005, tras una plaga de langosta y una grave sequía, se desató la crisis. La población no tenía suficiente dinero para comprar los productos importados que llenaban los estantes de los supermercados y, por consiguiente, empezó a morirse de hambre. Saltó la alarma internacional y empezaron a atracar las naves de ayuda en los puertos del río Níger mientras, paradójicamente, zarpaban otras con productos para la exportación. La crisis se atribuyó a las langostas y la sequía, pero no eran más que excusas: la producción agraria había descendido un mero 7,5% respecto al año anterior. El verdadero problema era la desaparición de la agricultura local, que había hecho que el país dependiera de las importaciones. Hoy, los biocombustibles y los especuladores son los chivos expiatorios de una crisis alimentaria mundial y estructural, cuyo origen está en que las economías emergentes y los países pobres dependen en exceso de las importaciones agroalimentarias.

"El Estado, no el mercado, debe ser el responsable del bienestar de los ciudadanos, sobre todo en los países en vías de desarrollo", afirma Amartya Sen, premio Nobel de Economía. Lo mismo dice un estudio reciente del Carnegie Endowment y el Instituto de Desarrollo Indira Gandhi, que advierte de que la liberalización de los mercados patrocinada por la Organización Mundial de Comercio empobrece a los ciudadanos y aumenta el desempleo rural en los países en vías de desarrollo. Es el caso de India.

El modelo neoliberal pretende redistribuir la riqueza producida mediante la apertura de los mercados. En India, el hambre afecta sobre todo al campo, pese a que el país exporta productos agrarios como el arroz, cuyo precio se ha cuadruplicado en un año. El aumento de los precios agroalimentarios, en teoría, debería hacer subir las rentas en los países exportadores, pero eso sólo es así en Occidente, donde no existe el latifundio. En los demás países, desde Níger hasta India, la subida de los precios acarrea el hambre. Lo demuestran los datos: India y Estados Unidos exportan arroz, pero mientras la renta agraria en EE UU ha aumentado el 24%, en India los que viven en el campo tienen que luchar para poder comer.

El motivo está claro, explica a The Financial Times Sushil Pawa, titular de una sociedad india de intermediación: el 50% de la población india trabaja en el sector agrario, pero sólo un mínimo porcentaje es propietario de la tierra. La gran mayoría, alrededor del 70%, está formada por asalariados y braceros que viven con menos de 70 rupias (unos dos dólares) al día. En Estados Unidos, por el contrario, la mayor parte de los agricultores trabaja sus propias tierras.

La crisis actual debe hacernos reflexionar sobre los errores de las políticas de desarrollo neoliberales e impulsar a los países pobres y emergentes a potenciar sus economías: "compre productos locales", es el lema de los expertos mundiales, sobre todo cuando se tiene en cuenta que el 65% del encarecimiento de los precios alimentarios se debe al de los transportes oceánicos. Y ya hay quien ha hecho caso. Malasia, un país importador de arroz con una producción interior que no satisface más que dos tercios de la demanda, ha puesto en marcha un programa de 1.300 millones de dólares para transformar el Estado de Sarawak, en Borneo, la zona arrocera del país.

También los consumidores ricos, que tiran un tercio del gasto diario, deben cumplir su papel. En los últimos cinco años, las importaciones alimentarias han aumentado un 20% en Europa, y en Estados Unidos, las de fruta y hortalizas se han duplicado. Los ricos quieren comer tomates, guisantes y fresas todo el año, y los gigantes alimentarios mundiales satisfacen esa demanda fomentando la producción en los países pobres del mundo, con el consiguiente perjuicio para la producción local.

Pero la crisis alimentaria ha dejado al desnudo la verdadera naturaleza del supermercado mundial: una pescadilla que se muerde la cola. Hacer la compra en Europa cuesta hoy el doble que hace un año, y el precio de las fresas autóctonas, incluso en temporada, es el mismo que el de las importaciones, porque la producción es minúscula respecto a otras épocas. He aquí un consejo desapasionado: para aliviar el hambre en el mundo y reducir los precios, empecemos a comprar alimentos locales y de temporada, hagamos la compra más a menudo y compremos menos, exactamente como hacían nuestros abuelos.

Loretta Napoleonies economista italiana, autora de Economía canalla.

Los ciudadanos en el centro

Durante demasiado tiempo, en especial durante la pasada legislatura, los grandes partidos políticos se empeñaron, con éxito notable, en trinchar el centro. No ha sido patrimonio exclusivo de la derecha,sino que también se ha preferido por otros partidos políticos, el PSOE incluido, y por actores sociales relevantes. A esta acentuación de la polarización se sumaron muchos medios de comunicación, ocupados en reducir al mínimo las zonas templadas de la sociedad, empujando a los ciudadanos bien a alinearse con una u otra opción política, bien a refugiarse en la abstención.

Esta forma de hacer política puede resultar positiva para partidos y otros grupos económicos y de poder, pero dificulta enormemente la posibilidad de alcanzar acuerdos esenciales. Permite incluso ganar elecciones o consolidar amplios apoyos electorales, aunque tiene costes muy elevados. Por ejemplo, el PP consiguió ampliar su apoyo electoral en muchas partes de España, arrebatando incluso votantes al PSOE, pero a costa de construir un muro de desconfianza en las nacionalidades históricas que le impide convertirse en alternativa real de gobierno. El PSOE se ha constituido en la opción política que mejor representa la España diversa, ampliando su apoyo electoral en las tres nacionalidades históricas, pero ha perdido electores en espacios de centro en el resto de la España urbana, hasta el punto de impedirle obtener una mayoría absoluta que debiera haber obtenido en otras condiciones.

Ahora las elecciones han pasado, los problemas reales se acumulan y debe prevalecer otra forma de hacer política. Lo que la nueva situación aconseja es situar al Parlamento y al resto de actores sociales alrededor de los problemas de los ciudadanos y no a los ciudadanos alrededor de los partidos. Tenemos antiguos problemas pospuestos (somos maestros de la procrastinación) y nuevos desafíos, unos específicos y otros como europeos, y lo que necesitamos son estrategias y liderazgos políticos y sociales claros, capaces de elaborar y llevar a cabo una nueva agenda pública que descanse en consensos básicos, dentro y fuera del Parlamento.

La agenda para el consenso es tan amplia como apasionante. Los datos recientes más solventes indican que la economía española tiene, entre otros, un muy serio problema de productividad en casi todos los sectores, que exige mejoras inaplazables, en especial ahora que el estallido de la burbuja inmobiliaria aún dejará más al descubierto nuestras debilidades estructurales. El sistema formativo español (la formación es la mejor estrategia para la creación de empleo) precisa más de reformas acordadas que le proporcionen calidad, coherencia, eficacia y estabilidad, que de aumentos indiscriminados de presupuesto. Nuestra política energética reclama un enfoque estratégico serio y sostenible. Nuestra posición en la Unión Europea aparece muy diluida y no está clara la estrategia española en política exterior. Y si en materia de terrorismo nos adentramos en un "largo ciclo de violencia", como evidencian los recientes atentados, en el Parlamento deben acordarse las bases comunes para encarar esta fase.

Después de la reforma de estatutos de autonomía, España es un Estado un poco más federal, pero no más eficaz, y precisa de importantes acuerdos entre las partes que son Estado. Los problemas de gobernanza territorial y las tensiones en torno a la gestión del agua son buen ejemplo. Nuestro Estado de bienestar, además del consenso imprescindible sobre un modelo de financiación mucho más justo que el actual, aguarda reformas inaplazables, y algunas serán dolorosas y no exentas de tensiones. La situación de la Justicia y la imagen de algunos de sus órganos vitales, empezando por el Tribunal Constitucional, son insostenibles. Y la gestión de la inmigración y la multiculturalidad, como demuestra la experiencia de los diferentes modelos de integración de Europa occidental, dista mucho de ser un desafío sencillo de acometer.

Todos tenemos voto, pero no todos tenemos la misma voz. Partidos políticos, empresarios, sindicatos y sectores representativos de la sociedad civil tienen mucha responsabilidad a la hora de encarar esta etapa. Mención especial merecen los medios de comunicación. En las democracias del siglo XXI su papel es fundamental y muchos debieran abandonar sus escoradas posiciones para ayudar a confeccionar esa agenda real de problemas y desafíos colectivos.

Alguna vez he escuchado decir a Felipe González que la diferencia entre los políticos y los líderes es que los primeros no suelen ver más allá del tiempo que media entre dos elecciones, mientras que los segundos tienen capacidad para saber mirar a 10 o 15 años vista y para trabajar con diversos escenarios. Lo decía también en estas páginas Juan Antonio Ortega, cuando reclamaba para España un estadista (o más).

De eso se trata ahora, a mi juicio. De anteponer las virtudes de la moderación y los consensos básicos a la tentación de la polarización. De dejar a los tácticos y a los radicales en el banquillo. De no aspirar siempre a contentar sin resolver. De abandonar la improvisación, las ocurrencias y las contradicciones. Con el inicio de legislatura parece que desde la política quieren darse pasos en esa dirección. Otros muchos actores relevantes debieran incorporarse a esa tarea de poner a los ciudadanos en el centro. Nadie dice que sea fácil. Pero sería la mejor decisión estratégica.

Joan Romero es catedrático en la Universidad de Valencia.

Denuncia confortable

Buena noticia: aunque sea paradójico, el teatro puede resultar beneficiario de Internet. Los espectadores desertan de los cines y dan la espalda a la compra de DVD, pero vuelven a los teatros: a fin de cuentas, con canon o sin canon, es lo único que no puede nadie bajarse de la red. Recordemos la humorada de Jardiel Poncela, cuando tras el cine sonoro y luego en color, llegó la efímera propuesta del relieve: "¡Van a terminar descubriendo el teatro!". Por lo visto, corremos otra vez ese peligro, al menos quienes pretendan no sólo cambiar de menú en su pantalla, sino también dejar por un rato la pantalla fuera de su menú cultural.

Según Hannah Arendt, no hay un arte tan político ni, para más precisión, tan democrático como el teatro, porque se basa en decir, escuchar y comprender diálogos (incluidos los correspondientes silencios, para que Samuel Beckett no se enfade). De modo que vendría muy bien que subiera a nuestros escenarios una pieza centrada en el tema del terrorismo, quizá el más grave que hoy padecemos los españoles. Hace bastantes años -debería ya decir "muchos"-, el entonces director del Centro Dramático se reunió conmigo para ver cómo podría llevarse a cabo tal proyecto. Yo le bosquejé la posibilidad de un espectáculo teatral basado en el último día de una víctima de ETA: se compondría de una serie de monólogos de quienes le rodeaban (familiares, amigos, adversarios, comerciantes, compañeros de trabajo y el propio asesino) escritos por una serie de escritores vascos, Juaristi, Guerra Garrido, Aramburu, quizá yo mismo... Cualquiera menos Alfonso Sastre.

El asunto era delicado. ETA actuaba entonces con terrible asiduidad y podían temerse represalias contra la obra. Por otro lado, llevar los males del nacionalismo al escenario iba a herir bastantes susceptibilidades, sobre todo si la representación llegaba a escenarios de la CAV (en los festivales teatrales de por allí los grupos locales suelen hacer graciosas parodias de la Guardia Civil, etcétera). La intelectualidad progre tampoco lo miraría bien, porque su principal ocupación era "no hacer el juego a la derecha" y, por tanto, se abstenía de movilizarse contra la banda: menos mal que por fin llegó la guerra de Irak y encontraron una causa bonita para salir a la calle (algo con americanos dentro, lo esperaban desde que acabó Vietnam). De modo que el proyecto se dilataba en las dudas. Desde la Dirección General del ramo llegó una alternativa genial: si de lo que se trataba era de denunciar el terror, ¿por qué no montar Terror y miseria del III Reich, de Brecht? Seguro que el espectador avisado captaba la metáfora y trasladaba la denuncia del orden nazi hasta nuestro terrorismo nacional. Llegados a ese punto, lo mejor era olvidar la cosa, y es lo que hice.

Puede comprenderse el interés que me suscitó saber que Gerardo Vera había encargado una obra sobre el terrorismo a Juan Mayorga... y que esta vez sí que llegaría sin obstáculos al escenario. Pero me temo que La paz perpetua se queda a la misma distancia de nuestro problema que Terror y miseria, aunque en un nivel artístico notablemente más modesto. Sin duda, el trabajo de los actores es competente y de la escenografía y movimiento escénico se encarga José Luis Gómez, de modo que no hace falta más garantía. Pero el texto no puede ser más decepcionante: concurso de perros guardianes, adiestradores lisiados y malévolos..., para acabar en el clásico discurso de "no podemos portarnos como ellos", con la misma fuerza dramática y profundidad filosófica que un editorial de periódico.

Volvamos hacia Abu Ghraib, no miremos al peligroso Arrasate. Cuanto se plantea es tan tópico y obvio que no imagino quién podría sentirse molesto. No arriesga ni un pelo, pero refuerza la conciencia de las bellas almas que siempre deploran el mal sin hacer grandes esfuerzos ni por entenderlo ni por combatirlo.

Con gran optimismo, el programa de mano asegura que la obra de Mayorga "sólo plantea preguntas esenciales". A mí no me planteó más que una: ¿hasta cuándo nuestro teatro seguirá evitando el auténtico compromiso intelectual sobre este tema maldito?

Fernando Savater

¿Diecisiete sistemas distintos de salud?

De forma predecible, tras las elecciones generales, uno de los primeros problemas planteados es el de la financiación autonómica, cuyos fallos eran evidentes hace tiempo. Parece como si todos los partidos hubiesen considerado que abrir este debate antes perjudicaría sus perspectivas electorales, y sólo ahora comienzan a definir sus posiciones en el mismo. Las modificaciones producidas en algunos estatutos de autonomía o la publicación de las balanzas fiscales son algunos ejemplos de los planteamientos que están ahora sobre la mesa. Faltan, sin embargo, planteamientos globales que superen las aspiraciones de cada comunidad autónoma a mayores niveles de autofinanciación. Por ejemplo, se olvida que, desde el acuerdo sobre el sistema de financiación de 2001, la financiación autonómica debe contribuir también al sostenimiento de aquellos servicios públicos esenciales a los que los ciudadanos tienen derecho universal de acceso en condiciones de igualdad. Entre ellos, destacan los servicios sanitarios.

España es, junto con el Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Suecia e Italia, uno de los pocos países desarrollados con cobertura universal del derecho a la protección sanitaria y a la vez una organización política federal o descentralizada. En estos países, los servicios sanitarios cumplen un doble papel: por un lado, actúan como elemento de cohesión social. Por otro, permiten el ejercicio descentralizado de su gestión justificando, como ocurre en España, cerca del 40% de la financiación de cada región. Muchos de estos países alcanzaron primero un alto nivel de organización descentralizada, y sólo más tarde desarrollaron un sistema sanitario universal. En España, el proceso ha sido inverso. Como consecuencia, nuestros servicios sanitarios, más aún su financiación, no están planteados principalmente como instrumentos de cohesión, sino como un mecanismo al servicio de la identidad territorial. Si se quiere que en España la financiación sanitaria sea, además de una fuente principal de ingresos de cada comunidad, la base de la universalidad, equidad y "portabilidad" territorial de la protección sanitaria, son necesarias modificaciones importantes en el sistema autonómico de financiación que nos asemejen a los países comparados. Las principales características de estos países son:

1. El Gobierno central tiene un papel activo como garante del mantenimiento de las condiciones universales y equitativas de la protección sanitaria, sustentado en su poder de gasto (spending power).

2. Existen mecanismos de redistribución de los ingresos fiscales, de forma que los ciudadanos puedan recibir servicios semejantes sin soportar niveles impositivos diferentes.

3. La financiación sanitaria tiene un carácter finalista marcado. La financiación sanitaria inespecífica, en forma de "transferencias en bloque", como ocurre en España, incapacita al Gobierno central para orientar las políticas sanitarias de los gobiernos regionales.

4. La distribución de la financiación sanitaria entre entidades regionales se asienta en criterios poblacionales y tendencias históricas de gasto. Nunca, como en España, en el cálculo de "necesidades sanitarias" diferenciales, claramente arbitrarias.

5. Se busca la igualdad en el acceso a los servicios, nunca la igualdad en financiación sanitaria regional per cápita.

6. Veto a la imposición de diferentes copagos impuestos por gobiernos regionales distintos para evitar desigualdades territoriales adicionales.

7. Se condiciona la recepción de parte de la financiación sanitaria al mantenimiento de ciertas condiciones de funcionamiento cohesionado del sistema sanitario.

Sin estas modificaciones es previsible que el sistema sanitario español se termine fragmentando en 17 sistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de protección, y en exclusiva para su propia población. Del aumento del gasto global que generaría tal evolución es muy probable que se derivase la búsqueda de fuentes adicionales de financiación, entre ellas, el recurso a las aportaciones personales privadas de distinto tipo. Con ello, el incremento de las desigualdades sociales en la cobertura sanitaria rompería el papel primordial que los servicios sanitarios tienen como instrumento social de cohesión.

Pedro Rey Biel es doctor en Economía y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Javier Rey del Castillo, médico, fue secretario del Consejo Interterritorial del SNS. Han publicado en el Laboratorio de la Fundación Alternativas un trabajo del mismo título que este artículo.

Lecciones de una crisis

Desde hace semanas, los habitantes de los barrios más pobres de Puerto Príncipe y de otras poblaciones haitianas salen a la calle para protestar por el precio de los alimentos. Las protestas son de tal calibre que han conseguido lo que antes sólo habían logrado las asonadas militares: forzar la renuncia de un primer ministro. La opinión pública internacional exige medidas para proteger a Haití y a otros muchos países pobres de una crisis alimentaria inminente, y se suceden las iniciativas para acelerar la provisión de alimentos y atender la emergencia humanitaria. Son medidas urgentes e imprescindibles, pero no deben esconder el debate sobre las causas de esta situación. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta crisis para no cometer los mismos errores en el futuro? Les propongo tres.

Lección número uno: no dejes de producir alimentos si no eres capaz de comprárselos a otros. Haití se enfrenta hoy a una carestía estructural de arroz, pero hace sólo 20 años sus campesinos eran capaces de producir todo el arroz que consumía la población nacional a un precio razonable. ¿Qué se torció? En 1995, el FMI y el Banco Mundial "sugirieron" la aplicación de un plan de liberalización comercial rápida. Y cuando dicen "rápida" se refieren exactamente a eso: en pocos meses los aranceles a la importación se desplomaron del 50% al 3%, lo que abrió la puerta a una avalancha de arroz subsidiado procedente de los Estados Unidos. Los precios locales disminuyeron levemente, pero en pocos años la producción nacional se desplomó, dejando al país en manos del mercado exterior. Hoy Haití importa un 80% del arroz que consume, y los precios internos se han multiplicado por dos.

Lo lamentable es que este caso es una plantilla del modo en que han operado los mercados agrarios internacionales durante los últimos 30 años: liberalización unilateral de los países más pobres, exportación masiva de productos subsidiados por parte de los países ricos y un sector rural abandonado por donantes internacionales y gobiernos locales. Para países que no cuentan con las divisas para comprar en los mercados internacionales, la dependencia alimentaria absoluta se ha convertido en una ruleta rusa de consecuencias imprevisibles.

Lección número dos: no dejes la resolución del problema en manos de los mismos que lo han provocado. Una de las formas más obscenas de competencia desleal consiste en utilizar los programas internacionales de ayuda alimentaria para dar salida a los excedentes agrícolas que no se han podido colocar en el mercado propio. Eso es exactamente lo que Estados Unidos ha hecho durante décadas, hundiendo los mercados internacionales y debilitando la capacidad de producción de los países más pobres. Paradójicamente, uno de los defensores más entusiastas de este modelo durante su etapa como secretario de Comercio estadounidense fue Robert Zoellik, que hoy preside el Banco Mundial. Si aceptamos que la crisis alimentaria no es el resultado de un cataclismo divino, sino la consecuencia de tomar muchas decisiones equivocadas a lo largo de muchos años, ponerle a él y a otros como él al frente de la crisis es como encargar a los directivos de Gescartera la dirección de la CNMV.

Lección número tres: si las cosas están mal, no hagas nada que las empeore. A pesar de las evidencias científicas que cuestionan los beneficios de los biocombustibles en la lucha contra el calentamiento global, la UE y Estados Unidos se han lanzado a una carrera insensata de producción de biomasa que reducirá aún más la oferta mundial de alimentos como el maíz. Para cualquiera que lo quiera ver, estas medidas están menos relacionadas con el cambio climático que con los precios del petróleo y la inercia de unas políticas agrarias basadas en intereses creados. Pero incluso el interés propio tiene un límite: España y otros países desarrollados deben replantearse con urgencia los objetivos de producción de biocombustibles, y apostar seriamente por la eficiencia energética y las energías renovables.

Las lecciones de esta crisis suponen lo más difícil para un responsable político, que es reconocer un error y dar marcha atrás. Pero eso es precisamente lo que distingue a un líder de un burócrata miope, y son verdaderos líderes lo que necesitamos en este momento. Si lo urgente ahora es garantizar el suministro de alimentos a las poblaciones pobres del planeta, lo más importante es tomar las medidas para que esta situación no se repita en el futuro.

No hace falta esperar demasiado. Siguen abiertas importantes negociaciones comerciales entre países ricos y pobres, donde están en juego algunas de las políticas públicas que reducirían la vulnerabilidad alimentaria. Es la oportunidad de consolidar mecanismos que permitan al mundo en desarrollo protegerse frente a la competencia desleal e impulsar su sector agrario.

Por otro lado, ya se han empezado a escuchar en el seno de la UE las primeras voces que cuestionan la política de biocombustibles. El Gobierno español no debería tardar más en unirse a ellas. Y no menos importante: conviene sacar de la sombra a los responsables de las políticas de desarrollo y dejar a los ministerios de Economía y a las instituciones financieras internacionales detrás de la ventanilla durante algún tiempo. Entonces toda esta situación habrá tenido incluso su lado bueno.

Gonzalo Fanjul es coordinador de investigaciones de IntermonOxfam.

Poder judicial: Consejo, a pesar de todo

El CGPJ es en teoría una garantía de la independencia judicial. Pero su politización ha terminado por degradarlo. Lo lógico sería potenciar su hasta ahora frustrado espíritu constitucional.

Ruiz Soroa, en un artículo interesante, deliberadamente provocador, se ha preguntado en EL PAÍS qué hacer con el poder judicial. Y ha propuesto suprimir su Consejo General (CGPJ). Lo escandaloso de las vicisitudes de este organismo puede hacer sugestiva la idea. Y es precisamente eso lo que me preocupa e induce a prolongar la reflexión.

La jurisdicción consiste en juzgar conforme a derecho, por eso no debe ser "gobernada" políticamente. Así, devolver a los jueces a la disciplina del Ministerio de Justicia no es sólo cuestión de técnica organizativa. Implica optar por un modelo de juez integrado en el Ejecutivo, en perjuicio de su independencia.

El gobierno ministerial ha demostrado ser un eficaz productor de jueces políticamente "gobernables". Lo prueba la fácil integración funcional de los del Estado liberal en múltiples experiencias autoritarias: de los nazifascismos al Chile de Pinochet, pasando por el franquismo. Por eso, el constitucionalismo actual quiere al juez efectivamente independiente del Gobierno, y, confía a un nuevo órgano, relativamente autónomo, el Consejo, la gestión del estatuto judicial. Y ello para asegurar la sujeción del juez a la ley, lo propio de quien debe proteger derechos y perseguir delitos incluso frente al poder.

El Consejo es un órgano mixto de "administración" de la jurisdicción, no de gobierno político. Y hay en él mayoría de jueces, porque es su independencia lo que se trata de preservar. Como órgano de garantía, debe ser muy plural, no simple expresión de un sector judicial ni de la mayoría gobernante. Y tendrían que integrarlo jueces y juristas con independencia de criterio, no simples "voceros", menos aún sectarios. Es el modo de hacer real el pluralismo en la magistratura, condición para que ésta pueda amparar todas las actitudes y pretensiones constitucionalmente legítimas, incluidas las disidentes y minoritarias. En particular cuando ese amparo requiera decisiones, legalmente fundadas, pero política o socialmente incómodas.

El ideal, como ocurre en cualquier modelo, nunca es plenamente realizable. Así ha sido, con sus sombras pero con sus luces, en el caso de Italia (cuna del Consejo) evocado por Ruiz Soroa. Ese país registra formas ejemplares de respuesta judicial a un fenómeno como la mafia, con históricas complicidades en el marco estatal y político, favorecedoras de su endémica impunidad. Hasta que se dieron ejercicios de jurisdicción como los de Falcone, Turone, Livatino, Caselli, Borrelli y otros, posibles por la virtud personal de éstos, pero seguramente imposibles sin el sustento de un órgano de garantía como el Consiglio, en su papel constitucional.

Al respecto, es significativo que, ahora, en Italia, el principal valedor del retorno al "gobierno" de los jueces por un ministerio sea Berlusconi, conocido imputado de lujo, acreditado "saboteador" de las causas penales que le afectan.

El paso del "gobierno" ministerial al Consejo supuso cierta redistribución del poder en el Estado, en perjuicio del Ejecutivo y en beneficio del segundo. Precisamente, para reforzar el papel de la justicia como órgano de la legalidad frente a eventuales prevaricaciones de la política; perfectamente reales, como sabemos. Y, es verdad, este cambio dota al Consejo de una autonomía, que genera cierta "irresponsabilidad". Pero es el precio necesario de su calidad de garante -en cada juez- de una función como la judicial, obligada en ocasiones a actuar contra la mayoría gobernante o contra poderes económicos fuertes.

El CGPJ fue "importado" en 1978, en un contexto pobre en cultura constitucional de la jurisdicción; y por actores políticos que enseguida mostraron muy poco interés por la independencia de los jueces. Algo comprensible en la derecha transfranquista (incluida la judicial), que venía de donde venía. Pero no así en la izquierda socialista que, en 1985, con una miopía extraordinaria, cifró la "reforma" de la justicia, no en una transformación estructural de la decimonónica heredada, sino en trasladar mecánicamente su mayoría política al Consejo, para disponer de los nombramientos judiciales. Al parecer, lo único importante. El resultado de esa torpeza (que algunos, poquísimos, denunciamos en su momento) es diáfano. Una institución, el Consejo, politizada hasta el límite, que, con su penosa ejecutoria de subalternidad, es antiejemplo de dependencia para los jueces. Y una administración de justicia disfuncional, por crónicamente mal administrada.

Por otra parte, y esto agrava la situación, hay buenos motivos para estimar que los partidos, que políticamente teledirigen el Consejo, persisten en mantener el mismo rumbo que le ha llevado al desastre. La prueba es que todo su afán se agota en una pelea subterránea por la ocupación de los puestos en ese órgano.

El Consejo actual, de íntegra elección parlamentaria, se ofreció como antídoto contra el corporativismo judicial, que ciertamente existía y era un mal. Pero, con sus prácticas, no lo ha evitado y, además, ha operado como un poderoso instrumento de contaminación partidista, que difunde ésta en todo el campo de la jurisdicción. Y que arrastra en su dinámica a las asociaciones judiciales, que, para "contar" necesitan un partido de referencia. Con lo que los partidos están doblemente presentes en el Consejo: directamente y por juez interpuesto.

El resultado es demoledor pues hace de este órgano una anécdota indiscernible dentro de la política general; imposible espacio de auténtica política de la justicia por su falta de autonomía real. Tanto es así que lo que distingue a los dos bloques de vocales, "conservadores" y "progresistas", en los que (con pocas excepciones) regularmente se rompe el Consejo, es la pura adscripción a una u otra de las formaciones políticas mayoritarias. Evidencia de lo incorrecto del segundo calificativo, pues en el Consejo lo único progresista sería garantizar la independencia judicial sin hipotecas y frente a todos; y difundir los valores constitucionales de la legalidad y la jurisdicción entre los jueces. Algo que nadie hace.

Quien lo dude debería reflexionar sobre el monumental escándalo de la política de nombramientos, política a secas, presidida por el clientelismo; sobre la infravaloración de la profesionalidad independiente del juez, que en sí misma cuenta bastante poco (¡cuando no descalifica!); sobre la frecuencia con que la función de vocal es simple incidencia o antesala de alguna carrera política. Y sobre la probada inclinación de no pocos vocales de procedencia judicial, a adoptar actitudes patéticamente comisariales al servicio del partido "mandante".

A estas alturas de la debacle, el diagnóstico es incluso demasiado fácil. Pero resulta imprescindible atribuir al modelo sólo lo que es del modelo, poniendo en la cuenta de los responsables de su perversión, tanto en el campo político como en el judicial, lo que les corresponde. Lo fracasado en estos años no es el primero como tal, que no se ha estrenado. Por eso entiendo que lo pertinente no es suprimirlo como propone Ruiz Soroa, sino recuperar, con lealtad, el impulso constitucional en su formación y en su funcionamiento; una lealtad y un impulso aún lamentablemente ausentes. Pero si, como supuesto remedio del mal funcionamiento, se tratase sólo de eliminar el efecto-Consejo dejando intactas las causas de su degeneración partidista, habría que explicar por qué obrar de ese modo sólo aquí. Cuando ahí están (¡y cómo están!) el Tribunal Constitucional; las administraciones capilarmente corrompidas por "el ladrillo"; los partidos de la dudosa financiación y las prácticas de poder oligárquico y escasa fidelidad al principio representativo; el vigente sistema electoral que con tanta eficacia lo desvirtúa...

El Consejo es una institución de garantía de la independencia judicial. Pues bien, si lo constatable en él es consecuencia de una degradación inducida, especialmente, por la política, que contamina también políticamente, de forma indeseable, a la propia justicia: ¿no sería cuestión de regenerar y potenciar esa imprescindible función constitucional hasta ahora frustrada?

Perfecto Andrés Ibáñez es Magistrado.

¿Qué le pasa a Barcelona?

Una ciudad vitalista y universalmente admirada vive su ’annus horribilis’. Barcelona se asfixia como consecuencia de años de malas políticas de la Generalitat y el Ayuntamiento. Necesita catarsis y liderazgo

Annus horribilis de Barcelona. La ciudad española con mayor proyección internacional, icono mundial de buenas prácticas urbanísticas, culta, rica, moderna, creativa, innovadora, amable, abierta, progresista, divertida, deseada para vivir, emplearse o visitar, aparece, de repente, a los ojos del mundo como una ciudad sedienta, parcialmente a oscuras, caótica en sus comunicaciones, conflictiva, cuestionada, insegura ante su futuro.

Es conocido cómo se ha llegado a esa situación: las arterias por donde fluye todo aquello que Barcelona necesita para su vida y crecimiento (autopistas, puentes, redes eléctricas, canalizaciones de agua, túneles, vías férreas, aeropuertos...) son como un corsé que le impide el aliento.

Pero conocer lo que falla no implica conocer el porqué. ¿Cómo nadie ha sabido adelantarse, anticipar, planificar? ¿Cómo una ciudad que fue capaz de organizar los Juegos Olímpicos de 1992 da muestras ahora de tal incapacidad?

Lo que le pasa a Barcelona es, a mi juicio, el resultado de dos factores principales. El primero, la política de construcción nacional de los gobiernos de Pujol durante veinte años. A Barcelona no le han sentado bien algunos aspectos de esa política; ha sido su gran damnificada. Segundo, las falsas ideas sobre el modelo de crecimiento y de ciudad sostenible defendido por la izquierda. Ideas aparentemente progresistas pero que han llevado a una parálisis en materia de infraestructuras. Hay otros factores, como son actuaciones u omisiones de la Administración y el Gobierno central, especialmente en materia de infraestructuras ferroviarias. Pero, por más conocidos, los dejo fuera de este artículo.

Antes de comentar los dos primeros, permítanme una pequeña referencia a la geografía física y moral de Barcelona que ayudará a entender algunas cuestiones actuales. Barcelona es una ciudad-municipio constreñida en un reducido territorio limitado por dos pequeños ríos, una montaña y el Mediterráneo. En ese reducido espacio vital se levantó la "fábrica de España", un núcleo comercial, industrial, social y urbano dinámico y creativo en el que los inmigrantes, los nouvinguts, jugaron un papel determinante.

Esa ciudad-municipio ha sido también una pequeña ciudad-estado enfrentada tanto al poder central como al territorial más próximo, que a lo largo de la historia han tratado de controlarla. De ahí que las murallas y fortalezas que la cercan tuvieran una función no defensiva sino de sometimiento. Pero Barcelona siempre tuvo el tono moral y la habilidad política para romper esos corsés. Primero, al grito de "¡Abajo las murallas!", lanzado por los progresistas del bienio liberal de 1854-56, construyó la ciudad modernista actual. Un siglo más tarde, con el crecimiento económico y la llegada masiva de inmigrantes de toda España se planteó el dilema de Gestión o caos (título de un influyente documento del Círculo de Economía del año 1972). La respuesta fue la creación de la Corporación Metropolitana de Barcelona en 1974, instrumento indispensable para planificar, coordinadamente con el resto de municipios vecinos, las infraestructuras de uso público de la Gran Barcelona.

La llegada de la democracia y el nuevo poder autonómico tuvo un efecto inesperado. Las nuevas élites políticas nacionalistas vieron en la Gran Barcelona un obstáculo para la construcción de la identidad nacional catalana. Un contrapoder para el nuevo poder de la Generalitat. Por eso Jordi Pujol suprimió la Corporación Metropolitana en 1987. De aquellos polvos, estos lodos.

El nuevo poder autonómico avivó, además, intereses territoriales contra Barcelona. La norma electoral, en la medida en que favorece la representación política del territorio, ayudó. La procedencia geográfica de los miembros de los gobiernos de la Generalitat es un reflejo. Las políticas de infraestructuras otro. Barcelona quedó desatendida. El minitrasvase del Ebro del año 1981 destinado a apagar la sed de Tarragona se quedó a una escasa docena de kilómetros de la tubería que llega a Barcelona. Hasta hoy ningún partido se ha atrevido a defender ese pequeño enlace. Todo por el miedo a perder un diputado territorial. Es un ejemplo. Hay otros.

Además, a Barcelona le han perjudicado las falsas ideas de la izquierda socialista y verde sobre el crecimiento, las infraestructuras y el medio ambiente. La creencia de que se puede mejorar el bienestar y el crecimiento sin impactar en el medio ambiente. Que para asegurar las necesidades de Barcelona no hacían falta nuevas infraestructuras, sino que bastaba con mejorar la eficiencia en el uso del agua, la electricidad, o la movilidad. Este pensamiento posiblemente estuvo influido por la perdida de impulso y de población que sufrió Barcelona en los ochenta. Pero cuando volvió el crecimiento y la población volvió a aumentar, esas falsas ideas bloquearon la acción.

Por otro lado, el uso corporativo de la lengua ha obstaculizado la capacidad de Barcelona para atraer talento, un capital tan necesario como las infraestructuras. No hablo del modelo de política lingüística, tan válido y discutible como cualquier otro pero que no ha generado problemas sociales significativos. No hay exclusión social por motivo de lengua. Lo que ha habido es una utilización de la lengua por parte de las nuevas élites políticas y burocráticas para reducir la competencia y reservarse el acceso a los puestos de trabajo de la Administración, que es el gran empleador de Cataluña: escuelas, universidades, sanidad, seguridad social, cárceles, etc. Es ese objetivo corporativo, y no el de la defensa de la lengua catalana -garantizada a través del sistema educativo-, lo que explica los reglamentos lingüísticos restrictivos de acceso a empleos públicos.

Esto ha creado una imagen antipática del catalán. Pero aún más importante es el corsé que eso significa para la llegada de nuevo talento, necesario para el éxito de Barcelona. Imaginen qué sería del Barça si tuviese que renunciar a traer a los mejores jugadores del resto de España y del mundo porque no tienen el nivel C de catalán. O, sencillamente, si éstos no quisieran venir por ese temor. Sería ilustrativo conocer a cuántos ejecutivos consiguen retener las empresas catalanas cuando absorben a otras del resto de España por el temor infundado a la lengua. O cuántos dejan de venir a nuestras universidades, o se van de ellas. Éste es un corsé menos visible que el de las infraestructuras, pero de igual importancia.

¿Cómo se rompen estos corsés que disminuyen el bienestar y el crecimiento, además de deteriorar la imagen de Barcelona? En mi opinión sólo con una gran catarsis política e ideológica. Pero esa catarsis sólo puede ser provocada por una gran crisis. Por eso pienso que este annus horribilis de Barcelona tendrá un efecto salutífero, al obligar a cambiar esas políticas e ideas erróneas. No hay mal que por bien no venga. El dilema es, de nuevo, gestión o caos. Pero para gestionar con visión de futuro la crisis actual de Barcelona se necesitan, al menos, dos cosas adicionales.

En primer lugar, instrumentos de planificación, coordinación y negociación entre todas las partes, como fue en su momento la Corporación Metropolitana. Esos instrumentos pueden contribuir a crear una nueva cultura y un nuevo tipo de proceso de decisiones en materia de infraestructuras y medio ambiente. Después de varias décadas de democracia no hemos cambiado en España el modelo de la dictadura: enviar, por las buenas, a técnicos y máquinas, acompañados de una pareja de la Guardia Civil para disuadir a los resistentes. Este modelo no funciona en sociedades libres, democráticas, que practican el NIMBY (sí a las infraestructuras, pero not in my back yard!, en mi patio trasero!). Una sociedad participativa y compleja exige procesos deliberativos que ofrezcan buena información sobre las diferentes alternativas y sus costes, y que oiga todas las voces e intereses.

En segundo lugar, se necesita un sólido liderazgo político local. Barcelona logró romper sus corsés y dar un salto adelante coincidiendo con fuertes liderazgos políticos. Fue el caso del alcalde Porcioles en la etapa de la dictadura y de Pascual Maragall en la democrática. Un liderazgo que contribuya a convencer a todos los catalanes de que lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

Monjes olímpicos

Hacia Pekín 2008

En China todo es muy grande. Y también debe ser muy grande el remordimiento de muchos dirigentes chinos por haberse comprado unos Juegos Olímpicos que no sólo son carísimos sino que en vez de proyectar una imagen positiva del país están logrando todo lo contrario. Estos dirigentes nunca imaginaron que los principales protagonistas de los Juegos no serían los atletas, sino los monjes budistas. Tampoco imaginaron que junto con el prestigio de los Juegos Olímpicos también venían pleitos de calibre planetario con la realeza de Hollywood -de Steven Spielberg a Richard Gere-, la comunidad budista mundial y dos premios Nobel de la Paz -el Dalai Lama y Aung San Suu Kyi- la líder de la oposición birmana, entre millones de otros.

Cuando, en el año 2000, el Gobierno chino hizo lo posible para que los Juegos de 2008 fueran en Pekín, YouTube no existía. Ni Facebook. Los teléfonos portátiles que toman fotos y vídeos no eran tan comunes. En China el número de usuarios de teléfonos móviles pasó de 140 millones en 2001 a más de 600 hoy, mientras que los chinos conectados a la Red aumentaron de 17 millones en 2000 a 162 ahora. Los bloggers, redes sociales y comunidades virtuales también han proliferado.

Lo que sucedió esta semana en Tíbet recuerda lo que ya sucedió en Myanmar, y se agudizara en los próximos meses. Es el choque entre los viejos hábitos represivos de burocracias autoritarias y las nuevas modalidades de organización política que son a la vez profundamente locales y ampliamente globales. Los muy locales monjes de Tíbet tienen hoy influencia global gracias a Internet. Y, a los Juegos.

El 10 de marzo de 1959 el Dalai Lama tuvo que exiliarse en la India debido a la represión del Gobierno chino tras los disturbios que ocurrieron en Tíbet. Hace dos semanas un grupo de monjes budistas conmemoró este aniversario con una marcha pacífica en Lhasa. Los monjes fueron encarcelados, lo cual provocó que más monjes salieran a las calles y que el Gobierno los reprimiera.

El Gobierno chino ha iniciado una campaña para dar al mundo su versión de los hechos: los disturbios han sido orquestados por el Dalai Lama y los actos más brutales de violencia fueron protagonizados por tibetanos que saquearon y quemaron casas y negocios de comerciantes chinos. Diplomáticos basados en Pekín han sido invitados por el Gobierno a ver películas que muestran grotescas escenas de violencia por parte de los tibetanos. El Gobierno chino también organizó una muy controlada visita a Lhasa para un pequeño grupo de periodistas extranjeros. Cuando en el templo de Jokhang las autoridades explicaban a los corresponsales que la normalidad había regresado a los monasterios, 30 jóvenes monjes interrumpieron el evento gritando "queremos un Tíbet libre" y explicando que muchos de los monjes y los visitantes que allí se veían eran parte de un montaje del Gobierno para engañar a los periodistas. Llorando, los monjes anticipaban las graves consecuencias personales que les acarrearía su protesta. Inmediatamente, los agentes de seguridad sacaron a empujones a los visitantes extranjeros.

La torpeza mediática del Gobierno chino contrasta con la agilidad y eficacia de sus oponentes. A pesar del severo bloqueo informativo que las autoridades han impuesto en Tíbet, fotos y vídeos de los acontecimientos aparecieron rápidamente en Internet. La red internacional pro Tíbet cuenta con más de 153 grupos de apoyo en todo el mundo y su presión política se siente en las principales capitales. Y en Facebook.

Estos eventos en Tíbet tienen mucho en común con lo que paso en Myanmar el año pasado. Allí también los monjes budistas protestaron y el Gobierno intento impedir que el mundo supiera lo que estaba sucediendo. Y también fracasó. Y allí también China desempeña un papel crucial como aliado incondicional de la junta militar.

En 1988 el Gobierno de Myanmar asesinó a más de 3.000 personas que protestaban en las calles. El mundo tardó semanas en enterarse. El 8 de agosto del 2008 no es sólo el aniversario de esa matanza. También es el día en que se inauguran los Juegos Olímpicos de Pekín.

Moisés Naim