Los ciudadanos en el centro

Durante demasiado tiempo, en especial durante la pasada legislatura, los grandes partidos políticos se empeñaron, con éxito notable, en trinchar el centro. No ha sido patrimonio exclusivo de la derecha,sino que también se ha preferido por otros partidos políticos, el PSOE incluido, y por actores sociales relevantes. A esta acentuación de la polarización se sumaron muchos medios de comunicación, ocupados en reducir al mínimo las zonas templadas de la sociedad, empujando a los ciudadanos bien a alinearse con una u otra opción política, bien a refugiarse en la abstención.

Esta forma de hacer política puede resultar positiva para partidos y otros grupos económicos y de poder, pero dificulta enormemente la posibilidad de alcanzar acuerdos esenciales. Permite incluso ganar elecciones o consolidar amplios apoyos electorales, aunque tiene costes muy elevados. Por ejemplo, el PP consiguió ampliar su apoyo electoral en muchas partes de España, arrebatando incluso votantes al PSOE, pero a costa de construir un muro de desconfianza en las nacionalidades históricas que le impide convertirse en alternativa real de gobierno. El PSOE se ha constituido en la opción política que mejor representa la España diversa, ampliando su apoyo electoral en las tres nacionalidades históricas, pero ha perdido electores en espacios de centro en el resto de la España urbana, hasta el punto de impedirle obtener una mayoría absoluta que debiera haber obtenido en otras condiciones.

Ahora las elecciones han pasado, los problemas reales se acumulan y debe prevalecer otra forma de hacer política. Lo que la nueva situación aconseja es situar al Parlamento y al resto de actores sociales alrededor de los problemas de los ciudadanos y no a los ciudadanos alrededor de los partidos. Tenemos antiguos problemas pospuestos (somos maestros de la procrastinación) y nuevos desafíos, unos específicos y otros como europeos, y lo que necesitamos son estrategias y liderazgos políticos y sociales claros, capaces de elaborar y llevar a cabo una nueva agenda pública que descanse en consensos básicos, dentro y fuera del Parlamento.

La agenda para el consenso es tan amplia como apasionante. Los datos recientes más solventes indican que la economía española tiene, entre otros, un muy serio problema de productividad en casi todos los sectores, que exige mejoras inaplazables, en especial ahora que el estallido de la burbuja inmobiliaria aún dejará más al descubierto nuestras debilidades estructurales. El sistema formativo español (la formación es la mejor estrategia para la creación de empleo) precisa más de reformas acordadas que le proporcionen calidad, coherencia, eficacia y estabilidad, que de aumentos indiscriminados de presupuesto. Nuestra política energética reclama un enfoque estratégico serio y sostenible. Nuestra posición en la Unión Europea aparece muy diluida y no está clara la estrategia española en política exterior. Y si en materia de terrorismo nos adentramos en un "largo ciclo de violencia", como evidencian los recientes atentados, en el Parlamento deben acordarse las bases comunes para encarar esta fase.

Después de la reforma de estatutos de autonomía, España es un Estado un poco más federal, pero no más eficaz, y precisa de importantes acuerdos entre las partes que son Estado. Los problemas de gobernanza territorial y las tensiones en torno a la gestión del agua son buen ejemplo. Nuestro Estado de bienestar, además del consenso imprescindible sobre un modelo de financiación mucho más justo que el actual, aguarda reformas inaplazables, y algunas serán dolorosas y no exentas de tensiones. La situación de la Justicia y la imagen de algunos de sus órganos vitales, empezando por el Tribunal Constitucional, son insostenibles. Y la gestión de la inmigración y la multiculturalidad, como demuestra la experiencia de los diferentes modelos de integración de Europa occidental, dista mucho de ser un desafío sencillo de acometer.

Todos tenemos voto, pero no todos tenemos la misma voz. Partidos políticos, empresarios, sindicatos y sectores representativos de la sociedad civil tienen mucha responsabilidad a la hora de encarar esta etapa. Mención especial merecen los medios de comunicación. En las democracias del siglo XXI su papel es fundamental y muchos debieran abandonar sus escoradas posiciones para ayudar a confeccionar esa agenda real de problemas y desafíos colectivos.

Alguna vez he escuchado decir a Felipe González que la diferencia entre los políticos y los líderes es que los primeros no suelen ver más allá del tiempo que media entre dos elecciones, mientras que los segundos tienen capacidad para saber mirar a 10 o 15 años vista y para trabajar con diversos escenarios. Lo decía también en estas páginas Juan Antonio Ortega, cuando reclamaba para España un estadista (o más).

De eso se trata ahora, a mi juicio. De anteponer las virtudes de la moderación y los consensos básicos a la tentación de la polarización. De dejar a los tácticos y a los radicales en el banquillo. De no aspirar siempre a contentar sin resolver. De abandonar la improvisación, las ocurrencias y las contradicciones. Con el inicio de legislatura parece que desde la política quieren darse pasos en esa dirección. Otros muchos actores relevantes debieran incorporarse a esa tarea de poner a los ciudadanos en el centro. Nadie dice que sea fácil. Pero sería la mejor decisión estratégica.

Joan Romero es catedrático en la Universidad de Valencia.