opinión

El efecto huida

Una de las tentaciones políticas más peligrosas es empeñarse en ofrecer respuestas simples a los problemas complejos, y eso es lo que está ocurriendo con el debate sobre la inmigración. A estas alturas, es muy difícil sostener que nuestras reformas legales juegan algún papel relevante en el hecho de que casi 30.000 africanos hayan llegado a las costas españolas a lo largo de este año. Se trata de hombres, mujeres y niños que se embarcan en un viaje en el que tienen serias posibilidades de perder la vida, y que a menudo obliga a sus familias y comunidades a contraer deudas con las que cargarán durante años. Hace falta una buena razón para asumir semejante riesgo, y parece poco probable que la encontremos en el BOE.

En realidad, de lo que estamos hablando es de un poderoso efecto huida: los africanos se aferran a cualquier oportunidad para salvar a sus familias de una vida miserable, y cualquiera en su lugar haría lo mismo. Uno de cada seis niños africanos muere antes de cumplir los cinco años, casi siempre por una combinación de malnutrición y enfermedades que serían fácilmente prevenibles, lo que significa que en este debate no hay atajos: hasta que no resolvamos el problema de la pobreza, la inmigración insegura seguirá siendo incesante e imparable.

Ésta es una respuesta incómoda, porque el desarrollo de África es un problema muy complicado en el que los propios africanos deben tomar la iniciativa. Uno de los retos principales consiste en superar la debilidad institucional y democrática heredada de la colonia y de la Guerra Fría. Pero sería insensato ignorar el papel que debe jugar la comunidad internacional, cuyo compromiso hasta ahora ha sido, por decirlo de forma suave, insuficiente. La ayuda internacional es imprescindible, por ejemplo, para elevar el alarmante estado de la educación, que en países emisores de emigrantes como Malí deja a uno de cada dos niños fuera de la escuela primaria. Lamentablemente, la cooperación de los países industrializados sigue sin estar a la altura de la retórica de sus dirigentes.

Lo que es peor, los intereses creados en los países ricos pueden destruir con una mano lo que los ciudadanos y contribuyentes construyen con la otra a través de la ayuda al desarrollo, como demuestra el caso español. Mientras la cooperación oficial ha situado a África entre sus prioridades, incrementando los recursos y los esfuerzos para reducir la pobreza de este continente, otras políticas gubernamentales trabajan exactamente en el sentido contrario. España se opone, por ejemplo, a una reforma de la política agraria europea que beneficiaría a África enormemente. Un incremento de tan sólo el 1 por ciento en la cuota mundial de exportaciones que disfruta este continente se traduciría en un aumento de más del 20 por ciento en la renta media per cápita de los africanos, equivalente a 50.000 millones de euros anuales.

El comercio no es el único ámbito en el que los intereses nacionales van por delante de las buenas intenciones. España es el principal exportador mundial de municiones para armas ligeras a África subsahariana, por delante de grandes fabricantes como el Reino Unido. Entre los años 2002 y 2003 empresas españolas exportaron a Ghana 534 millones de cartuchos, una cifra similar a la de años anteriores. Dice el Ministerio de Comercio que se trata de munición de caza, pero eso convertiría a este pequeño país de África occidental en una monumental montería, así que es muy posible que esa munición tenga usos menos recreativos. Ghana es limítrofe con un país como Costa de Marfil, que sufre un grave conflicto interno, y cercano a otras zonas de gran inestabilidad como Sierra Leona, Guinea Conakry o Liberia. Todos ellos son países emisores de emigración hacia Europa.

El Gobierno ha empezado a ser consciente de este conflicto, y por eso presentó hace unos meses el Plan África con el doble objetivo de reducir los flujos de inmigración y de contribuir al desarrollo de la región. Sin embargo, y aunque es un primer paso en la dirección correcta, no parece que esta iniciativa vaya a resolver ni una cosa ni la otra. Con excepción de una defensa cerrada de nuestros intereses en ciertos sectores económicos como el energético o el pesquero, el contenido del plan no es más que una sucesión de lugares comunes y vagas intenciones. Si queremos responder al reto de África necesitamos un programa de trabajo mucho más coherente y menos superficial de lo que se nos ha ofrecido hasta ahora.

España no es la culpable de la pobreza africana y, con toda seguridad, no es la única responsable de su desarrollo. Pero hay ámbitos concretos donde una combinación de voluntad política y recursos económicos puede contribuir a romper el círculo vicioso del subdesarrollo. La preocupación suscitada entre la población de nuestro país por la llegada de inmigrantes africanos ofrece la oportunidad de que España se convierta en parte de la solución, y no en parte del problema como hasta ahora.

Gonzalo Fanjul es coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam.

España como Nación de naciones

EL PAÍS Opinión

El año 2006 pasará a la historia política y constitucional española como el año en el que las Cortes Generales aceptaron que Cataluña se autodenominara nación en el preámbulo de su nuevo Estatuto de Autonomía. El debate sobre el Estatuto puso nuevamente sobre la mesa los términos clásicos de "nación" y "nacionalidad", pero también introdujo el debate sobre el uso de conceptos como "comunidad nacional" o "realidad nacional", para referirse a determinadas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña o Andalucía.

Casi coetáneamente, la Unión Astronómica Internacional decidió cambiar la definición de "planeta" y considerar que se "equivocó" cuando anteriormente aceptó a Plutón como tal. Semanas antes de la decisión, se planeaba, en cambio, ampliar el concepto de "planeta" y dar cabida en él a objetos que hasta entonces se consideraban "lunas" o "asteroides".

Los términos jurídico-políticos, en cambio, no viven en el mundo de las ideas o en un laboratorio, y se usan en un sentido polémico. Muchas veces son difíciles de concretar. Y raramente, por no decir nunca, se pueden definir después de una votación entre especialistas. El concepto de nación es uno de aquellos términos que han hecho correr ríos de tinta. Además arrastra unos condicionantes históricos, simbólicos y culturales que añaden más complejidad aún al propio intento de definir el concepto.

La tradicional distinción entre un concepto jurídico-político de nación (ligado a la soberanía, al poder constituyente de un Estado) y un concepto cultural-histórico de nación (ligado a aspectos antropológicos) es muestra del peso de las experiencias históricas y políticas (la Revolución Francesa en el primer caso y la construcción del Estado alemán en el segundo).

La determinación concreta del concepto de nación en tierras españolas se ha encontrado con estos condicionantes, y con otros más "celtibéricos" derivados de la peculiar historia del artículo 2 de la CE.

Aquella palabra ("nacionalidad") utilizada inicialmente sólo por los partidos nacionalistas en los inicios de las Cortes Constituyentes está plasmada en tal artículo constitucional. El Gobierno de la UCD vio en ella una posibilidad para la integración de los nacionalistas o, al menos, de los moderados. Aquella otra palabra ("nación") evitada por los partidos de izquierda (y ausente de los primeros trabajos parlamentarios del texto constitucional) será adoptada por éstos (y contemplada también en el artículo segundo de la Constitución). Para explicar esta coexistencia se utilizó la expresión "Nación de naciones".

La idea de "Nación de naciones" pretende predicar el carácter nacional de diversas instancias pertenecientes a un mismo conjunto. Se asienta, por tanto, sobre la base de un concepto no excluyente de nación, es decir, evitando que la afirmación del carácter nacional de un ente se haga a costa de excluir el carácter nacional de otros sujetos. Por ejemplo: ¿España es una nación porque no lo son Castilla, Cataluña o el País Vasco? O ¿Cataluña es una nación porque España no lo es? El carácter nacional de España no tiene que ser incompatible con el carácter nacional de Cataluña ni fundarse en su negación. La idea de "Nación de naciones" sugiere la imagen postmoderna del mosaico o por usar la expresión inglesa patchwork, esos cubrecamas hechos con retales que son una unidad, algo nuevo, pero cuyas partes conservan una singularidad plenamente distinguible.

Pero la idea de España como "Nación de naciones" además tiene otra potencialidad: permite ir más allá de la distinción entre nación en sentido jurídico-político y nación en sentido cultural-histórico. E implica reconocer los elementos políticos de las nacionalidades (derivados de su autonomía política constitucionalmente garantizada) y los elementos culturales de la Nación española (derivados de los elementos culturales comunes). Por consiguiente, no cabe considerar Cataluña una simple nación cultural que forma parte de España como Nación política, sino Cataluña como nación política que forma parte de una Nación política mayor: España.

Poniendo el énfasis en los elementos políticos (y no en los elementos culturales, que son en esencia plurales), es decir, ligando el concepto de nación al de ciudadanía, se permite la coexistencia de distintas expresiones culturales y sentimientos nacionales tanto entre los ciudadanos catalanes, como del conjunto de España. Se construye un concepto de nación capaz de responder a la realidad plural interna de Cataluña en el marco de la pluralidad nacional española.

Por ello, la idea de "Nación de naciones" tiene un potencial universal, porque transmite una idea de convivencia, de confluencia de identidades, en un momento en que el pensamiento unidireccional (ya sea en términos nacionales, territoriales, religiosos o culturales) vuelve a florecer.

Albert Aixalà i Blanch y Fernando Domínguez García

Los límites de la paz

Un artículo de Fernando Savater

EL PAÍS Opinión
Hace unas semanas, José Blanco acuñó un apotegma taoísta: "Los que no saben, hablan, y los que saben, callan". Bueno, a partir del 30 de diciembre ya quedó claro en cuál de las dos categorías hay que apuntar al Presidente del Gobierno. Aunque la calificación puede extenderse -y con agravantes- a la pléyade de expertos en el asentimiento y el hosanna que se han apiñado últimamente para "asesorar" al prócer en lo tocante al fementido "proceso de paz". Rodeado de tantos empeñados en dar jabón, no es raro que el hombre haya resbalado. Y aún se les oye tocar el tambor a los más obstinados, como a los conejitos de las pilas incansables, llamando al somatén contra el PP, que no apoyó al Gobierno en su confusa aventura. Por cierto que no aclaran lo que hubiéramos ganado si la oposición hubiera brindado en este punto su adhesión inquebrantable al Ejecutivo, salvo que tras el atentado de Barajas se les habría quedado cara de tontos a dos líderes en lugar de sólo a uno. Seguir a estas alturas tratando de culpabilizar a los críticos de Zapatero en nombre de lo que hizo o dejó de hacer Aznar es cubrirse de ridículo, cuando no de alguna sustancia aún más fétida. Pero no cejan porque cuando se les acaba el sectarismo se les agotan las ideas. Incluso hay algún caradura ignorante que sigue llamando "enemigos del proceso de paz" a quienes hicieron desde el primer día las reservas y advertencias que luego se han revelado tan dolorosamente pertinentes.

Sin embargo, tampoco saldremos de pobres con quienes no cesan de bailar la danza de los siete velos pidiendo la cabeza del frustrado Pacificador. Convendría recordar, en cambio, su afirmación más errónea y reveladora: "Hoy estamos mejor que hace un año". Ningún no nacionalista residente en el País Vasco habría suscrito semejante aseveración. Y no sólo por la intensificación de la kale borroka, sino por el regreso de constantes formas de intimidación personal (incluso contra gente moderada del PNV), vuelta a las pintadas y ocupación de espacios públicos por panegíricos del terrorismo, etcétera. Pero también por la perpetuación de una situación de acoso a cuanto no recibe el euskolabel nacionalista en la cultura, la educación, la universidad, los festejos públicos... Si las cosas hubieran realmente mejorado, la gente menos adicta al régimen no seguiría marchándose y los partidos constitucionales no tendrían cada vez más problemas para encontrar voluntarios para las listas electorales. Los aspectos cotidianos que no chorrean sangre pueden hacer también la vida insoportable o humillante para los menos dóciles. Uno se pregunta: ¿en cuántas localidades de mi tierra me está vedado comprarme una casita en el campo o ni siquiera irme a pasar una temporada? Pongo la ETB: aparece uno de los concursos más populares, Date el bote. Cada uno de los participantes se presenta a sí mismo con una breve cancioncilla y a mí me toca el que canta "ya no se puede ir a los bares a potear tranquilo, están llenos de policías, a ver si los mandamos a todos a Jamaica". Risitas, es lo normal. Luego el programa de debate Políticamente incorrecto, en el que aparecen en sobreimpresión mensajes de los telespectadores: "Los españoles son los terroristas, etcétera". Y si tropiezo con la retransmisión de la gran competición de bertsolaris en el palacio Euskalduna, ni cuento los loores a De Juana Chaos y similares que tendré que ver en pancarta y soportar en verso. La lista es interminable, pero por lo visto sólo interesa a quienes vivimos allí.

Y es que se está confundiendo desde comienzos del llamado "proceso" la paz con la tranquilidad. La paz es la Constitución, el Estado de derecho, los estatutos aprobados según las normas legales y los códigos penales y civiles que se aplican por igual a todos los ciudadanos españoles. Esa paz no pueden darla acuerdos subrepticios con los terroristas, ni con sus portavoces o servicios auxiliares ni con quienes se aprovechan del clima de intimidación para sacar adelante sus proyectos políticos presentados como derechos inamovibles e inalienables. Pero, en cambio, la tranquilidad (que viene de tranca, según nos decían de pequeños) sí es algo que los mafiosos pueden alterar o restituir. Lo que no tenemos desde hace décadas en el País Vasco es tranquilidad: y los más intranquilos de todos estamos quienes hemos luchado por mantener la paz y las libertades constitucionales. También en el resto de España el terrorismo ha sabido alterar criminalmente la tranquilidad de los ciudadanos, tomándoles como rehenes para conseguir sus objetivos en Euskadi. Y lo que ahora ETA y quienes la secundan han ofrecido desde un comienzo al Gobierno no es sino la restauración de la tranquilidad a cambio de modificar la paz constitucional al modo que a ellos les parezca más conveniente. Es decir, aumentando la hegemonía nacionalista y blindándola respecto a futuras intervenciones del Estado español, llámesele a eso independencia o de cualquierotra fórmula transitoria menos provocativa. Por ello tenía que haber una segunda mesa estrictamente política, en la cual figurarían los hasta ayer ilegales junto con los nacionalistas legales que han prosperado durante estos años bajo la sombra del terrorismo y también los no nacionalistas que allí firmarían su acatamiento al nuevo orden que les relegaba a un papel secundario... pero eso sí, mucho más tranquilo. Éste es el fondo del asunto y esto es lo que está en juego: sobre esto es sobre lo que se pretende que haya ese "diálogo" al cual los nacionalistas no quieren como es lógico renunciar (aunque bastantes de ellos deploren ahora los modos y el apresuramiento de los etarras, que pueden echarlo todo a perder con su exceso de celo: por eso dice Egibar que el ciclo de la violencia está "agotado").

Y ahora ¿qué nos espera? Pues más de lo mismo, pero agravado. Josu Jon Imaz se ha convertido en la gran esperanza blanca de los que quieren a toda costa tranquilizarse asegurando que el PNV ya es más leal a la legalidad constitucional que la Vieja Guardia a Napoleón. No dudo de la buena intención de Imaz ni de muchos de sus correligionarios que le apoyan, pero los que mandan de veras son Ibarretxe, Urkullu, Egibar, Azkarraga y el resto de los convocantes de la manifestación del sábado, en la que los socialistas vascos harán el papel de mamelucos (Patxi López dice que irán porque no quiere que se repita la desunión vergonzosa de las honras fúnebres de Fernando Buesa... ¡como si de lo que ocurrió entonces hubieran tenido la culpa los socialistas!). Y luego vendrán las elecciones municipales. No sé si Batasuna logrará presentarse a ellas con uno u otro nombre, pero en cualquier caso -como siempre- los verdaderamente ilegales serán socialistas y populares, que no encontrarán gente para sus listas, no podrán hacer campaña electoral con la libertad de los demás, etcétera. Consecuencia: mayoría ampliada de los de siempre y viva el tripartito. Ibarretxe seguirá plan en ristre y dirá que más que nunca es necesaria una consulta popular porque los asuntos de los vascos los tenemos que resolver "los de aquí". Continuará la intimidación callejera y quizá también los asesinatos. Y mucha gente de la que aún no se ha ido pensará que con tal de alcanzar por fin cierta tranquilidad cualquier concesión parece razonable...

Sí, hay que hacer algo, claro que hay que hacer algo. Por supuesto, recuperar el Pacto Antiterrorista, sobre todo en su preámbulo, que condenaba el nacionalismo obligatorio estilo Lizarra (luego plan Ibarretxe) como precio al cese del terror. Pero es hora de ir decididamente más allá. Del famoso "proceso" queda en pie una frase que Zapatero repitió varias veces: primero el final de la violencia, luego la política. A lo largo de todos estos años hemos intentado hacer política en el País Vasco a pesar de la violencia y de su permanente adulteración de la voluntad ciudadana intimidada. Pero puede que el Presidente tenga razón y que debamos tomar su fórmula al pie de la letra. Es hora de que los constitucionalistas nos neguemos a participar en el juego político mientras dure el terrorismo. No más elecciones, no más fingimiento de que se puede ser normal en plena anormalidad y de que quienes sacan ventaja de la situación la padecen tanto como sus víctimas directas. La autonomía no puede beneficiar sólo a unos, no es un derecho divino sin contrapartidas ni obligaciones con el Estado. Ya que tanto se invoca el caso irlandés en otras ocasiones, podemos recordar que Blair no ha vacilado en suspender la autonomía mientras no se daban las condiciones políticas y la aceptación de la legalidad necesarias para la convivencia. La pervivencia del terrorismo y de quienes no lo condenan (o lo apoyan) y lo rentabilizan crea una situación excepcional que es preciso encarar con medios políticos excepcionales si queremos alguna vez romper el círculo diabólico en el que estamos metidos. Me parece que todos los ciudadanos que no esperan ventajas directas o indirectas de la coacción etarra o de la subasta política de su liquidación condicional pueden comprender, aceptar y apoyar estas medidas clarificadoras.

Un último recuerdo para nuestros hermanos de Ecuador, que vinieron a España con su esfuerzo y sacrificio para labrarse un futuro, colaborando al desarrollo de nuestro país (como la inmensa mayoría de los inmigrantes, conviene recordarlo), y murieron víctimas de un terrorismo en el que los ricos asesinan a los humildes en nombre de ideales xenófobos y retrógrados, a menudo con la comprensión política -cuando no con la complicidad- del izquierdismo más obtuso y falsario de Europa.

Fernando Savater

Año de memoria

"ADMITO, ADMIRO y agradezco el alzamiento popular en defensa de la República. Pero usted no ignora que dentro de él han ocurrido abusos monstruosos. La crueldad, la venganza, hijas del miedo y de la cobardía, me avergüenzan", dice Garcés a Marón en La velada en Benicarló, diálogo sobre la Guerra Civil que Manuel Azaña, presidente de la República, escribió en mayo de 1937. Marón responde: "Mayores atrocidades cometen los rebeldes". Y Garcés replica: "Lo sabemos. Nadie monopoliza la barbarie ni el desmán. Pero esto no es una compensación. Ellos son la negación de la ley; nosotros somos el Gobierno, la legitimidad, la República. Una conducta noble, sin otro rigor que el de la justicia, habría robustecido la autoridad de nuestra causa".

Este diálogo manifiesta la impresión dominante entre quienes, combatiendo por la República contra la rebelión militar, se sentían desolados por la crueldad que también en territorio leal condujo a abusos monstruosos. Nada justificaba el golpe de Estado, nada excusaba aquella rebelión militar que el mismo Azaña definió como horrenda culpa y crimen de lesa patria; pero nada justificaba tampoco las atrocidades cometidas en la República, no siempre por grupos de incontrolados; no las justificaban, ni la rebelión, ni aquella justicia histórica invocada por Ángel Ossorio / Marón en el diálogo con Garcés / Azaña.

Este desgarrador sentimiento de repulsa a la rebelión y de vergüenza por los crímenes cometidos en la República no puede confundirse con una igualación o equiparación de culpas ni de responsabilidades. A cada cual correspondía la suya. A los rebeldes, por haber desencadenado una guerra civil de efectos devastadores; a los que tomaron las armas para aplastar la rebelión, porque, además de que nada justificaba la matanza de tantos inocentes, contribuyeron a hundir la propia República.

Así vivieron sus memorias muchos españoles del exilio y muchos disidentes de la dictadura: es el recuerdo que late en la, de otra forma, engañosa expresión "todos fuimos culpables", acuñada en el exilio. Por eso, cuando los exiliados comenzaron a encontrarse con disidentes del interior -monárquicos, católicos, antiguos falangistas-, el primer punto del orden del día era proyectar hacia atrás una amnistía general que permitiera mirar hacia adelante. Sin ella habría sido imposible el encuentro de Múnich o las "mesas democráticas" en las que comunistas y católicos se hicieron demócratas antes de la democracia.

Sobre ese clima moral, que entrañaba profundas consecuencias políticas, se basó la transición. No es verdad, por mucho que se repita, que aquéllos fueran años de amnesia y silencio sobre el pasado: nunca se ha escrito ni debatido tanto de la guerra y del franquismo como en los años de la transición. Ocurrió, sin embargo, que memoria y recuerdo se encaminaron a abrir caminos de futuro: si la transición fue posible se debe a que los mayores, los que hicieron la guerra, habían aprendido su terrible lección, y a que sus hijos, al borrar la divisoria entre vencedores y vencidos, liquidaron su no menos terrible herencia.

Esa historia compleja, alimentada por tantas biografías cruzadas -de padres fascistas que caminan a la democracia, de hijos educados en Falange o en la Acción Católica que se hacen socialistas o comunistas-, es lo que el Gobierno, en su culto al adanismo, no tuvo en cuenta cuando se embarcó en un proyecto de ley denominado, en sus primeros pasos, de memoria histórica. ¿Y qué es memoria histórica en un país dividido a muerte por una guerra, en la que hermanos -de sangre, nada de metáforas- tomaron partido contra hermanos? Cuando un país se escinde, la memoria compartida sólo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado: ése es el sentido de la amnistía general, como Indalecio Prieto y José María Gil-Robles lo comprendieron ya desde los primeros años de la posguerra.

Pero amnistiar no es ignorar ni silenciar: sabemos muy bien lo que pasó. Hay cientos, miles de relatos de todo tipo sobre la guerra y la dictadura. Tal vez el Gobierno debió haberlo pensado un momento antes de proponer una ley de memoria histórica. Lógicamente, como en tantas ocasiones, ha tenido que volver sobre sus pasos. La ley ha cambiado de nombre y de objetivo. Ahora se trata de reconocer y ampliar derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia en la guerra y en la dictadura, es decir, de hacer lo que se ha venido haciendo paso a paso desde la transición. Para culminar la tarea habrían bastado decisiones políticas sobre las cuestiones pendientes. No ha sido así, y el año de la memoria se cierra, como no podía ser de otra forma, con todas las memorias enfrentadas.

Santos Juliá

Miserables urbanistas

¿Estamos ante una corrupción urbanística generalizada? Seguramente, desde un punto de vista penal, no. Hay muchos ayuntamientos en los que la recalificación de terrenos no se hace buscando obtener fondos para la financiación extra, e ilegal, de los partidos políticos, ni para el provecho personal del alcalde, de los concejales y de todo tipo de sinvergüenzas añadidos. Pero una cosa es estar convencido de eso y otra, creer que en Mallorca y en Baleares no hay más casos de corrupción urbanística penalmente sancionable que los que ya se han detectado, como pareció anunciar el pasado miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. O bien el fiscal general padece un problema de facundia o sufre una repentina necesidad de congraciarse con todo el mundo, de cara a las fiestas navideñas. Cualquier cosa es posible, menos esperar que los ciudadanos crean que la Fiscalía Anticorrupción ya lo ha investigado todo, en Baleares como en otros lugares de España.

Pase lo que pase con esos graves casos de corrupción urbanística, es posible que lo más importante que ocurre hoy día en España no sea tanto ese tipo de delitos concretos como la extensión de algo que no es un crimen pero que tiene, incluso, consecuencias más desastrosas para el conjunto de la ciudadanía: la notable indecencia intelectual que padece desde hace ya bastantes años el urbanismo y la arquitectura en este país, con el resultado de un territorio cada vez más destrozado e irrecuperable.

Lo incomprensible es que haya prosperado casi sin oposición la feroz idea de los expertos ultraliberales, acogidos en el seno del PP, según los cuales todo el territorio de este país es edificable, salvo pequeñas parcelas perfectamente definidas que deben ser protegidas, bien sea por su valor paisajístico extraordinario o por otras circunstancias igualmente particulares y determinadas. El resto, decían, es un solar potencial. Así se abarataría el suelo y bajaría el precio de la vivienda.

El resultado está a simple vista de los ciudadanos: el suelo y la vivienda son más caros que nunca y, al mismo tiempo, sin beneficio alguno a cambio, el territorio está cada vez más destruido y arrasado. El resultado es Seseña, un páramo de Toledo donde se levantan miles de viviendas y donde, obviamente, no había ninguno de esos escasos bienes legales a los que, según los ultraliberales, cabe proteger. Desde luego, no el paisaje, un secarral de tomo y lomo. Tampoco primorosos cultivos agrícolas, puesto que aquellos fueron unos aburridos campos de cebada. Es posible que en Seseña, como en otras tantas catástrofes urbanísticas que padece España desde hace algunos años, no haya corrupción ni delito. Lo que sí hay es desvergüenza. Un urbanismo desvergonzado que construye donde no hay ni agua ni equipamientos ni, sobre todo, necesidad alguna. El mismo urbanismo descarado e insolente que cree que todo lo que se puede hacer, se debe hacer. El que quiere arrasar parte de Guadarrama o la ladera de los montes de Cee en la Costa de la Muerte, el que ya ha arrasado Los Cristianos, en Tenerife, o la costa valenciana.

El resultado de esa indecente idea es el deterioro de un bien irrecuperable e insustituible que era propiedad de todos nosotros. ¿Qué ha pasado con los alcaldes, urbanistas y arquitectos que en los años 80 advertían contra esa locura? ¿Qué ha sido de aquellos alcaldes y de aquellos especialistas que luchaban por un urbanismo comprometido con la ciudadanía, con una forma de ser de la ciudad y del paisaje? ¿Con aquellos concejales y consejeros de urbanismo que creían en el patrimonio común y en que no era lo mismo dejar que la ciudad creciera por un lado que por otro, de una manera que de otra? La gran mayoría estaba en la izquierda y, lamentablemente, fue la izquierda la que prescindió de ellos. Todos se contaminaron de esa otra visión burocrática, rutinaria y miserable del urbanismo que ahora sufrimos los ciudadanos y que nadie, ni tan siquiera aquellos urbanistas y arquitectos que en otros momentos levantaron la voz, parece hoy querer, ni saber, combatir.

Soledad Gallego-Díaz

Nuestros nuevos amos

Muy "revertiana" su Patente de Corso de esta semana... exagerada pero que esconde una gran verdad.

A los españoles nos destrozaron la vida reyes, aristócratas, curas y generales. Bajo su dominio discurrimos dando bandazos, de miseria en miseria y de navajazo en navajazo, a causa de la incultura y la brutalidad que impusieron unos y otros. Para ellos sólo fuimos carne de cañón, rebaño listo para el matadero o el paredón según las necesidades de cada momento. Situación a la que en absoluto fuimos ajenos, pues aquí nunca hubo inocentes. Nuestros reyes, nuestros curas y nuestros generales eran de la misma madre que nos parió. Españoles, a fin de cuentas, con corona, sotana o espada. Y todos, incluso los peores, murieron en la cama. Cada pueblo merece la historia y los gobernantes que tiene.

Ciertas cosas no han cambiado. Pasó el tiempo en que los reyes nos esquilmaban, los curas regían la vida familiar y social, y los generales nos hacían marcar el paso. Ahora vivimos en democracia. Pero sigue siendo el nuestro un esperpento fiel a las tradiciones. Contaminada de nosotros mismos, la democracia española es incompleta y sectaria. Ignora el respeto por el adversario; y la incultura, la ruindad insolidaria, la demagogia y la estupidez envenenan cuanto de noble hay en la vieja palabra. Seguimos siendo tan fieles a lo que somos, que a falta de reyes que nos desgobiernen, de curas que nos quemen o rijan nuestra vida, de generales que prohíban libros y nos fusilen al amanecer, hemos sabido dotarnos de una nueva casta que, acomodándola al tiempo en que vivimos, mantiene viva la vieja costumbre de chuparnos la sangre. Nos muerden los mismos perros infames, aunque con distintos nombres y collares. Si antes eran otros quienes fabricaban a su medida una España donde medrar y gobernar, hoy es la clase política la que ha ido organizándose el cortijo, transformándolo a su imagen y semejanza, según sus necesidades, sus ambiciones, sus bellacos pasteleos. Ésa es la nueva aristocracia española, encantada, además, de haberse conocido. No hay más que verlos con sus corbatas fosforito y su sonriente desvergüenza a mano derecha, con su inane gravedad de tontos solemnes a mano izquierda, con su ruin y bajuno descaro los nacionalistas, con su alelado vaivén mercenario los demás, siempre a ver cómo ponen la mano y lo que cae. Sin rubor y sin tasa.

En España, la de político debe de ser una de las escasas profesiones para la que no hace falta tener el bachillerato. Se pone de manifiesto en el continuo rizar el rizo, legislatura tras legislatura, de la mala educación, la ausencia de maneras y el desconocimiento de los principios elementales de la gramática, la sintaxis, los ciudadanos y ciudadanas, el lenguaje sexista o no sexista, la memoria histórica, la economía, el derecho, la ciencia, la diplomacia. Y encima de cantamañas, chulos. Osan pedir cuentas a la Justicia, a la Real Academia Española o a la de la Historia, a cualquier institución sabia, respetable y necesaria, por no plegarse a sus oportunismos, enjuagues y demagogias. Vivimos en pleno disparate. Cualquier paleto mierdecilla, cualquier leguleyo marrullero, son capaces de llevárselo todo por delante por un voto o una legislatura. Saben que nadie pide cuentas. Se atreven a todo porque todo lo ignoran, y porque le han cogido el tranquillo a la impunidad en este país miserable, cobarde, que nada exige a sus políticos pues nada se exige a sí mismo.

Nos han tomado perfectas las medidas, porque la incultura, la cobardía y la estupidez no están reñidas con la astucia. Hay imbéciles analfabetos con disposición natural a medrar y a sobrevivir, para quienes esta torpe y acomplejada España es el paraíso. Y así, tras la añada de políticos admirables que tanta esperanza nos dieron, ha tomado el relevo esta generación de trileros profesionales que no vivieron el franquismo, la clandestinidad ni la Transición, mediocres funcionarios de partido que tampoco han trabajado en su vida, ni tienen intención de hacerlo. Gente sin el menor vínculo con el mundo real que hay más allá de las siglas que los cobijan, autistas profesionales que sólo frecuentan a compadres y cómplices, nutriéndose de ellos y entre ellos. Salvo algunas escasas y dignísimas excepciones, la democracia española está infestada de una gentuza que en otros países o circunstancias jamás habría puesto sus sucias manos en el manejo de presupuestos o en la redacción de un estatuto. Pero ahí están ellos: oportunistas aupados por el negocio del pelotazo autonómico, poceros de la política. Los nuevos amos de España.

Arturo Pérez-Reverte