opinión

Un sectarismo que acabará matándonos

El autor sostiene que, ante cualquier discrepancia, debe salvaguardarse la pacífica convivencia común, eje de la democracia misma.

EL PAÍS - España - 26-08-2006
Debo el título de este artículo a la generosidad de mi amiga Rosa Montero, que con esa frase terminaba hace poco una de sus estupendas columnas de EL PAÍS. Lo único que no puede permitirse la democracia española es la demagogia y el sectarismo. Conviene reparar en el sentido hondo de la palabra sectarismo para comprender toda su extensión. El sectarismo es conducta, o palabra, propia de los sectarios; es decir, de aquellos que profesan y siguen a una secta, sus secuaces, los fanáticos e intransigentes, normalmente energúmenos, que se dan tanto en la derecha como en la izquierda española. Y no sólo en nuestras organizaciones políticas, lo cual es muy grave, sino en la actitud incivil por excelencia que consiste en enfrentar, dividir, romper, coaccionar y sentenciar la voluntad de vivir juntos; esto es, el ejercicio político esencial de la democracia: la inquebrantable voluntad de no romper por nada, ni por nadie, la concordia civil.

Entendámonos: podemos no estar de acuerdo, en todo, menos en la indomeñable determinación de seguir juntos. Porque ésa es la esencia democrática de la nación: la permanencia buscada, querida, amparada y practicada de la concordia política. Concordia es la inquebrantable voluntad de vivir juntos los españoles. Con independencia de no estar de acuerdo, o precisamente por ello, porque hay cuestiones en la vida pública, política, intelectual, etcétera, en la que no es posible estar de acuerdo, es el desacuerdo democrático el bastión que hace posible que, pese a disentir, no exista entre nosotros, los ciudadanos españoles, enfrentamiento alguno que perjudique y ponga en jaque la concordia de la polis, el arte delicado, inteligente y culto de la convivencia en común; o sea, de la democracia misma.

Todo lo dicho, naturalmente, implica en la actual hora de España, el ejercicio de una añeja virtud: la finura de espíritu. No es planta que crezca muy espontánea entre los linderos de nuestra historia. Pero la ha habido, ha crecido alguna vez, y con ella se ha hecho posible lo mejor de nuestro presente: el establecimiento, tras la dictadura de Franco, de un régimen democrático para todos los españoles, amparado por la Constitución.

Creo que hoy día la política española está sufriendo un grave ataque de sectarismo, como si fuese la gota, imputable a quienes así se comportan, sólo a ellos, y en absoluto aplicable, como crítica, a toda nuestra clase política y mucho menos a la ciudadanía. En otras palabras: no todo lo que dice el Partido Popular es absolutamente retrógrado, reprobable, apocalíptico, fuera de control, exento de sentido, cruel, signo inequívoco de la bestia y la maldad de los tiempos. Ni, naturalmente, todo lo que propone el Partido Socialista sirve únicamente al cultivo morboso de la herejía, ni a los intereses inconfesables y malolientes de las cloacas.

No todo es horrible. No todo arrasa con todo en este momento de la hora de España. No todo sirve para tirárselo a la cabeza en cada sesión del Parlamento, y no estaría nada mal pensarlo ahora -a la sombra si es posible-, precisamente que hemos concluido el actual periodo de sesiones.

No todo sirve para convertir el Parlamente en circo, escándalo o espectáculo escasamente edificante. No, el Parlamento español, el Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes Generales de España, son algo muy serio, tanto para el Gobierno como para lo oposición, que debe ser en democracia un contrapoder del Estado. Son la sede de la soberanía nacional de los españoles, de todos ellos, incluso de los que no quieren serlo pero tienen en ellas su representación parlamentaria perfectamente legítima y digna; y guardarles al Congreso y al Senado el debido respeto y la compostura como instituciones claves de la representación democrática del pueblo español, es hacerlo de modo directo con los sujetos de la soberanía de la que emana su representación; es decir, todos los españoles.

No es posible seguir por la senda según la cual cada sesión de nuestro Parlamento ahonda en la herida de vencedores y vencidos, fusilados y exiliados, represaliados y difuntos nacionales o republicanos (lo he dicho muchas veces: repárese lo que sea preciso, imprescindible y de justicia a todos los injustamente tratados por una larga dictadura que secuestró las libertades de los españoles durante 40 años), pero no sigamos haciendo del fantasma cruento de la Guerra Civil el soporte del incivil comportamiento parlamentario de algunos, o de muchos en demasiados momentos. De aquellos a los que no importa denigrarse y denigrar la institución parlamentaria ni instar a la ruptura de la concordia civil entre los españoles.

Hay ya demasiados ofendidos en España. Hay demasiada intransigencia en el aire, demasiado malas formas, demasiado grito, demasiado exabrupto, demasiado todo. Y falta claridad en las ideas, en la exposición argumentada de los principios, en la exigencia de claridad en las políticas, de determinación en el cumplimiento de los objetivos y en la mejora, imprescindible, de las relaciones entre el principal partido de la oposición y el Gobierno de España, del Gobierno de España con el principal partido de la oposición. Para ello es necesaria la recuperación de la confianza y la sinceridad en el tratamiento de los grandes asuntos del Estado: la lucha democrática para vencer definitivamente al terrorismo y asistir a su desaparición en España, cuya iniciativa corresponde lógicamente al Gobierno a la vez que éste debe practicar el mayor ahínco en dialogar y hablar también de este importantísimo asunto con la oposición. Y ésta hacer un esfuerzo, también, para dialogar con el Gobierno hasta donde sea democráticamente posible. Así como la inmigración, la seguridad, la política exterior, la política educativa, el modelo autonómico, los problemas demográficos, la extensión justa y positiva de las libertades civiles, la dependencia familiar, la sanidad universal, el mantenimiento de nuestro Estado europeo del bienestar, la pervivencia de los valores constitucionales, del entramado de instituciones que vertebran la democracia, del constante mimo para hacerlas entre todos más de todos y mejores, en lo que respecta a su excelencia y continuidad democráticas.

Y todo este sectarismo (que tiene tantas caras y tantos intérpretes) que nos lleva a no oír, a descalificar cualquier opinión antes de que ésta sea emitida, a que todo sea prejuzgado a gritos extemporáneos y absurdos, a que los adversarios políticos se miren más cada día como enemigos de guerra y no como cuerdos contrincantes demócratas; todo esto nos va limando, nos va matando poco a poco como sociedad libre que debiera serlo cada vez mejor y más civilizadamente democrática.

Joaquín Calomarde es diputado del Partido Popular en el Congreso

Sobre la ciudadanía

Por ANTONIO GARRIGUES WALKER
| LA TERCERA DE ABC |

... La guerra de palabras en torno a los conceptos de nación, nacionalidad y autodeterminación ha llegado a sus cotas máximas y ha dado lugar a una dialéctica negativa y perversa...

QUE nadie se inquiete en exceso ni se deje invadir por el pesimismo. A pesar de los pesares y de las apariencias, las cosas en España acabarán yendo bien, e incluso muy bien.

Soy de los que piensan que el terrorismo, en todas sus formas y variantes, desaparecerá del País Vasco, en gran parte por la eficacia policial a lo largo de muchos años, y en parte por el proceso de paz que, gracias a esa eficacia, se ha puesto en marcha, pero también, y en estos momentos sobre todo, porque desde el 11-M se han producido cambios sociológicos profundos que han convertido en radicalmente inaceptables estas formas de barbarie, verdaderamente cobardes e indignas. Los terroristas ya no pueden seguir matando. Han perdido, para siempre, una «razón de ser» que se habían fabricado con auténtica desfachatez intelectual. No se puede excluir, desde luego, que alguna facción o algún fanático lo intenten o incluso que lo logren, pero serán acciones muy aisladas que provocarán una reacción contundente. En resumen: se logrará la liquidación definitiva del terrorismo, se alcanzará la normalización de la vida democrática en el País Vasco y surgirá entonces un nuevo marco político del que emanarán nuevas alternativas, y se mejorarán las oportunidades en todos los terrenos, incluyendo el económico. Es este un primer dato -y no ciertamente menor- para el optimismo.

El segundo se centra en el desarrollo del modelo territorial, que acabará siendo substancialmente mejor que el que tenemos actualmente porque los nuevos estatutos acentuarán y multiplicarán los decisivos impulsos políticos, económicos, sociológicos y culturales que se han producido en todas las autonomías. El modelo autonómico -ya nadie lo niega, ni siquiera los agoreros del desastre en aquella época- ha sido el mejor instrumento para un desarrollo democrático intenso y serio. Ahora se trata de profundizar en ese modelo, de buscar nuevas fórmulas de solidaridad, de establecer objetivos más amplios, de generar un clima de competencia y exigencia que aumente la eficacia y las oportunidades de las distintas comunidades, sin que ninguna de ellas abuse de su posición o se quede dormida en su pobreza o en sus laureles. Todo eso se puede hacer, y así estaremos en el camino correcto. Es mucho mejor, infinitamente mejor, tener una nación multipolar al estilo federal alemán que una nación centralista al estilo francés.

La guerra de palabras en torno a los conceptos de nación, nacionalidad y autodeterminación, ha llegado a sus cotas máximas y ha dado lugar a una dialéctica negativa y perversa que ha acabado convirtiendo este tema en uno de los ingredientes básicos de la radicalización política. La razón inicial es muy simple: ni los nacionalistas han iniciado aún un mínimo proceso antidogmático y autocrítico -a pesar de que se han pasado, en verdad, muchos pueblos- ni los no nacionalistas y los centralistas acaban de entender el modo inteligente de relacionarse con personas y partidos que piensan, en parte con razón, que para poder existir tienen que mantener procesos reivindicativos permanentes. Como consecuencia de ello y de otros temas, la ciudadanía no ha tenido la menor oportunidad de escuchar debates mínimamente cultos y civilizados sobre unas cuestiones sin duda complejas, pero perfectamente explicables y entendibles. Las vulgaridades, los simplismos y las necedades que hemos tenido que soportar han llegado a límites dramáticos, de un lado, y cómicos de otro. Ha sido una auténtica vergüenza.

La buena noticia es que la ciudadanía ha sabido responder siempre con inteligencia y con sensatez a todas esas situaciones y es lógico pensar que lo seguirá haciendo en el futuro. Veamos los últimos ejemplos. El 1 de febrero del 2005 el pleno del Congreso español rechazó por 313 votos en contra, 29 votos a favor y 2 abstenciones el llamado plan Ibarretxe que el 30 de diciembre de 2004 había sido aprobado, «por los pelos», en el parlamento vasco gracias a la ayuda, por sorpresa, de Batasuna. El lehendakari reaccionó al rechazo de su plan por el Congreso español diciendo que «seguiré adelante y daré voz al pueblo vasco», y a los pocos días anticipó las elecciones autonómicas al 17 de abril de ese año. En el curso de la campaña insistió reiteradas veces en que quería escuchar «un clamor popular» que se concretara en «una mayoría amplia para coger fuerza en la negociación con el Estado». No escuchó el clamor ni obtuvo la mayoría. Por de pronto, aumentó la abstención y el PNV perdió voto popular y dos escaños, mientras que el PP (aunque también perdió votos y escaños) y el PSOE juntos obtuvieron la mayoría. Todos los análisis coincidieron en concluir que estos resultados liquidaban políticamente el plan Ibarretxe y abrían un nuevo ciclo profundamente distinto.

El referéndum sobre el estatuto de autonomía de Cataluña es el ejemplo más reciente. El debate sobre el mismo fue más amplio incluso que el que tuvo lugar sobre el plan Ibarretxe, y todas las instituciones y partidos catalanes y españoles se posicionaron sobre el tema con la ayuda de una legión de expertos jurídicos, económicos y políticos. El ambiente se fue crispando día a día y llegó a tener connotaciones y efectos visibles, como la reducción de ventas de productos catalanes en España. Todo el mundo hablaba y opinaba, día y noche, sobre el estatuto. Pero cuando llegó el momento resultó que el estatuto fue aprobado muy claramente (73,90 por ciento), aunque el 50,64 por ciento de los ciudadanos se abstuvo de participar en el referéndum «más decisivo para la historia de Cataluña». Esta abstención ha sido justificada y minimizada con todo género de argumentos -algunos de ellos ciertamente validos-, pero incluso los representantes de los partidos políticos que defendieron el sí han reconocido que el exceso de tacticismos y oportunismos, la carrera absurda por presentarse como más nacionalistas que nadie y la incapacidad para explicar el propio estatuto habían generado, al principio, un absoluto desconcierto y luego un hartazgo profundo en la ciudadanía, un aburrimiento letal, que acabó alejando a los potenciales votantes de las urnas. Fue una manera elegante de decir -como se le dijo al lehendakari- sí, pero no tanto; sí, pero con prudencia y con sensatez; sí, pero para obtener más y no menos.

Ándense, pues, con cuidado, con muchísimo cuidado, los partidos políticos. La ciudadanía española es una ciudadanía madura, enriquecida en todos los sentidos, culta y sensible, que no va a tolerar que se pongan en peligro frívolamente ni sus conquistas democráticas, ni las sociales ni las económicas. Una ciudadanía que ya está realmente cansada de una radicalización -cada vez más intensa y cada vez menos justificada- que está generando daños muy graves a nuestra convivencia y a nuestros intereses. El PP y el PSOE tienen que volver a entenderse en temas básicos como la lucha contra el terrorismo y la estructura territorial. No es una cuestión estética. Es una obligación moral que debe prevalecer sobre cualquier interés partidista. No pueden seguir jugando con fuego.

Después del verano habrá que poner en marcha nuevas estrategias que busquen y obliguen al entendimiento y al consenso y que reduzcan las profundas fobias que andan circulando, y en especial las que afectan a la relación entre España, Cataluña y Euskadi. Si no avanzamos en el buen sentido, podría llegar a suceder que la ciudadanía española -como suele hacer la italiana- decidiera colocar en un «ghetto» a sus representantes políticos, para así aislarlos de la vida normal y evitar sus efectos nocivos. Pero eso, démoslo por seguro, no va a suceder. Las cosas acabarán yendo bien, incluso muy bien. Se puede incluso anticipar que después de las próximas elecciones autonómicas catalanas del 1 de noviembre, se iniciará -como consecuencia de unos pactos más lógicos- una época de mayor estabilidad política, sosiego social y eficacia económica. Será el momento, entonces, de afrontar decididamente nuestros muchos problemas y déficits reales que han quedado ocultos entre las manipulaciones y los sectarismos políticos.

Antonio Garrigues Walker es jurista

Tuvimos dos abuelos

EL PAÍS - Opinión - 27-07-2006
Pocas cosas reflejan mejor el cambio, lento pero imparable, que se ha producido en la escena política española estos últimos años que las visiones cambiantes de nuestra historia próxima que se han ido sucediendo en ella. Porque, aunque pueda sonar a boutade, nada hay más cierto que la afirmación de Michael Oakeshott de que la historia práctica es una reflexión sobre el presente. Es nuestra comprensión de éste la que determina la reconstrucción del pasado como un relato que justifique nuestras definiciones actuales.

La historia de nuestro pasado más próximo (la República y la Guerra Civil) se construyó durante los años de la transición y del primer periodo de gobierno del PSOE bajo un paradigma, propuesto ya desde 1956 por el Partido Comunista. El de que esa historia era, ante todo, un desastre colectivo que sólo servía como negativo para construir una nueva realidad política. No se trató de una amnesia generalizada, como se afirma hoy a pesar de su radical contradicción con hechos perfectamente constatables (un editorial de este diario del 18-7-2006 insiste incomprensiblemente en la tesis de la amnesia), sino, como lo describió Santos Juliá, de un muy consciente y deliberado asumir y echar al olvido el pasado próximo. Hanna Arendt, en La condición humana, subrayó el valor fundacional del perdón, algo sobre lo que precisamente se construyó nuestra democracia actual. Perdonar el pasado fue la única forma para tener un presente.

Es obvio que este paradigma ha caducado, pero las razones de ello deben buscarse en el presente, no en una supuesta recuperación de una memoria histórica que habría estado reprimida hasta hoy. Desde luego, ha colaborado a ello el intento de la derecha española durante los mandatos de Aznar de reescribir el pasado en clave sedicentemente "liberal", recuperando para esa supuesta tradición propia tanto a la Restauración como a figuras señeras como Manuel Azaña. Una reescritura radicalmente imposible, sobre todo porque Aznar (y la mayoría del PP) siempre ha estado en las antípodas de la tradición liberal española. También ha influido, cómo no, el intento de esa misma derecha de congelar la evolución de la democracia, haciendo de la Constitución de 1978 y del consenso que la produjo un fetiche mágico que podía blandirse como arma contra cualquier adversario político. Y también ha influido, cómo no, el descubrimiento de la izquierda de que podía utilizar la memoria como arma para deslegitimar a los gobiernos de la derecha, un arma con enorme potencia simbólica y, por tanto, gran efectividad. Y así, un PSOE que no había considerado necesario durante sus 14 años de gobierno condenar expresamente al franquismo, decidió que había llegado el momento de poner fin a la regla no escrita de no utilizar el pasado en las luchas políticas del presente.

Pero no basta con estos argumentos, puesto que han pasado ya los gobiernos de la derecha y, sin embargo, continúa más activa que nunca la política de la memoria. En parte, claro está, por el cambio generacional, pues los nietos de la guerra no pueden verla igual que los hijos. Pero creo que hay más, mucho más: estamos ante una recomposición política del presente, que se redefine entre otras cosas echando mano de una nueva historia. Y el nuevo paradigma es el de la escisión básica, una escisión a la vez binaria y excluyente. En el anterior paradigma (el del fracaso colectivo), la derecha e izquierda actuales estaban dotadas de la misma legitimidad democrática de origen. El nuevo (la derecha culpable de haber abortado violentamente la primera democracia patria) excluye en principio a la derecha, que sólo podría relegitimarse pidiendo perdón por el pasado. La escisión se proyecta en forma simplista y maniquea al pasado, manoseando de nuevo el mito de las "dos Españas". Da igual que la estampa sea o no correcta desde el punto de vista histórico-científico, pero la República se nos aparece ahora como un añorado régimen democrático, dotado de un valor moral superior incluso a la democracia presente. Son sus banderas las que se exhiben con orgullo, no las constitucionales, que se abandonan a la derecha. Tanto la época republicana como la Guerra Civil se presentan como la lucha de dos bandos, sólo dos (el republicano-democrático-legalista y el militar-fascista-monárquico), unos bandos que se perpetuarían directamente en el presente a través de sus herederos directos: los populares, de un lado, y los progresistas-nacionalistas, de otro. Todas las fuerzas políticas revolucionarias y no democráticas que colaboraron con entusiasmo en los años treinta a centrifugar la política republicana y tuvieron una gran responsabilidad en su fracaso se reconvierten por arte de magia en heroicos demócratas defensores de la legalidad, sin caer en la cuenta de que su heroísmo postrero no justifica su desastroso desprecio por la legalidad burguesa. Quienes intentaron en los últimos días negociar una paz por separado y se ofrecieron a convertirse en "protectorados" del Reino Unido con tal de conservar sus derechos particulares pasan hoy por firmes defensores de la República española.

Los nuevos bandos no son ya de naturaleza socioeconómica, sino puramente política, y de ahí precisamente la importancia de lo cultural y lo simbólico para hacer efectiva la fractura entre ellos. Estamos, como Joseba Arregi advertía hace tiempo, ante una nueva kulturkampf en la que la pugna se sitúa sobre todo en el terreno de la construcción del universo simbólico de referencia. No nos engañemos por tanto, no se trata ya de hacer las paces con nuestro pasado colectivo (algo que en realidad se hizo hace mucho tiempo), sino de traer ese pasado a la actualidad para dar un halo de inevitabilidad histórica a la división actual. A pesar de que, con ello, estamos comenzando a amputar nuestra memoria, a seleccionar a nuestros antepasados, a convertirnos en nietos de un único abuelo.

José María Ruiz Soroa

Civilización

Rosa Montero

EL PAÍS - Última - 25-07-2006
Dije en esta columna la semana pasada que, pese a sus muchos desmanes, preferiría mil veces antes vivir en Israel que en un Estado gobernado por Hezbolá, porque, a pesar de todo, formábamos parte del mismo mundo. Una lectora escribió diciendo que con mis palabras fomentaba la tesis del choque de civilizaciones. Yo no lo veo así; de hecho, no creo que exista ese tópico choque, si por ello entendemos un enfrentamiento entre dos culturas, entre Oriente y Occidente, entre musulmanes y cristianos.

Cuando digo que Israel y nosotros formamos parte del mismo mundo, hablo del mundo que ha apostado por la sociedad civil y democrática, por más que Israel esté justamente en una de las fronteras de ese modelo, con sus propios fanáticos y, sobre todo, con infinidad de violaciones al sistema de derechos. Sin embargo, y justamente porque siguen dentro del marco democrático, porque no han cedido en la forma de Gobierno y continúan separando religión y Estado, esas violaciones pueden ser denunciadas y combatidas, y existe un debate abierto sobre ello dentro de Israel. Y cuando digo que Hezbolá no pertenece a nuestro mundo, no es porque sean musulmanes, sino porque son unos integristas intolerantes y tiránicos, porque están en contra de la sociedad civil que tanto esfuerzo y tanto dolor nos ha costado construir a lo largo de los siglos, porque su ley es una feroz y arcaica ley religiosa.

Nuestra cultura, la cultura democrática, con todas sus contradicciones, sus hipocresías y sus enormes fallos (e Israel es un ejemplo álgido de todo esto), es un logro inmenso de la Humanidad. Un logro por el que hemos pagado un exorbitante precio de sangre y en el que han colaborado muchos musulmanes, desde Averroes a Mohamed Yunus, el inventor del microcrédito. Ese lento esfuerzo colectivo, esa tenaz entrega de lo mejor que somos ha construido, sí, una civilización. Que no está en choque contra otra civilización, sino contra la barbarie. Recordemos que los integristas islámicos matan a más musulmanes que occidentales. La lucha está entre la civilidad democrática (de la que participa parte del mundo árabe) y la intolerancia primitiva. Y si no tenemos esto claro, seremos incapaces de defender nuestros valores.

Los fantasmas de la libertad

Análisis de la actualidad política por el Catedrático de Ciencia Política, Antonio Elorza...

EL PAÍS - Opinión - 20-06-2006
A fin de cuentas, los resultados del referéndum catalán han sido positivos para todos. El nivel de participación refleja el escaso entusiasmo de los sectores de la población no politizados y el desgaste provocado por el tono agrio de la campaña; la amplia mayoría de votos afirmativos, por encima de la suma de las clientelas electorales de los partidos del no, el sentimiento de que tanto un eventual rechazo como una débil aprobación constituirían un grave obstáculo para la consolidación de los intereses catalanes en la nueva era que se abre. Después de tantos desgarramientos, y cualquiera que sea la valoración del Estatut, es bueno que éste aparezca respaldado por un nivel suficientemente alto de cohesión social.

Llega el momento también de reflexionar sobre esos desgarramientos y fracturas, que afectan tanto al espacio catalán como al conjunto de la política española. Un periodo constituyente siempre conlleva una discusión política acerada, por entrar en colisión distintas concepciones del Estado, debiendo alcanzarse una salida, bien por consenso, bien por mayorías cualificadas. En el caso que nos ocupa, las cosas se han complicado por tratarse de un proceso constituyente para Cataluña, no de simple reforma estatutaria, dentro de un espacio político que a su vez se encontraba integrado en un ordenamiento constitucional preexistente. Dado el alcance del cambio inducido por la propuesta del Parlament, resultaba inevitable que la propia estructura constitucional se viera afectada, lo cual de entrada encerraba una contradicción: una norma de rango inferior no debe modificar la de rango superior. De ahí que todos los esfuerzos en el tira y afloja entre Gobierno y catalanistas se centraran en evitar punto por punto que los enunciados del Estatut entrasen en conflicto abierto con la Constitución. La relación era asimétrica, pues uno proponía y el otro filtraba, y aquí reside probablemente el punto débil, con una clara responsabilidad de Zapatero, ya que el PSOE disponía de un instrumento muy preciso para poner sobre la mesa y tratar de encajar en él las demandas nacionalistas, de manera que no se desvaneciera la perspectiva de federalización apuntada en el documento de Santillana. Hoy ya sólo desde la nebulosa de las ideas en que se encuentra instalado un Llamazares puede decirse que el Estatut representa "una locomotora federal". Tal y como ha recordado entre nosotros Josep Ramoneda, la bilateralidad, tipo de articulación entre Cataluña y España dominante en el Estatut, es incompatible con la organización federal del Estado. La experiencia dirá si es compatible con un funcionamiento eficaz de las políticas públicas.

Vamos hacia un Estado dual, y si en Euskadi se repite agudizado el episodio catalán, hacia una confederación asimétrica, con previsible reconocimiento velado para los vascos del "derecho a decidir", léase futura autodeterminación. Sin esa concesión no habrá acuerdo político, y ZP necesita como sea el acuerdo para ver confirmada su imagen de pacificador. Se ha visto la reacción del Gobierno en cuanto ETA insinuó su disposición a romper la baraja. En la tramitación del Estatut, Zapatero ha demostrado su espléndida capacidad como negociador y artífice de maniobras políticas, eso sí a costa de exhibir un vacío preocupante en cuanto a la concepción del Estado. La cerril actitud del PP le ha servido de frontón para dirigir la pelota allí donde lo deseaba en cada jugada.

Queda confirmado asimismo un estilo de dirección autoritario por parte de ZP, al modo del centralismo democrático de feliz memoria, donde los discrepantes, ejemplo Bono, se van en silencio como si tuvieran delante una terrible amenaza. Un silencio que afecta a prestigiosos juristas e in-telectuales situados en las cercanías del poder. Como afirmó la hija de Rubial en Telemadrid hablando de Rosa Díez, las diferencias, dentro del partido; hacia el exterior del mismo, silencio o dimisión. La consecuencia es obvia: todo aquel que exprese críticas resulta excluido del círculo invisible de los progresistas y se encuentra objetivamente al servicio del PP. Pensando en quiénes son y qué dicen Acebes o Zaplana, los de Libertad Digital o Alcaraz, el lector admitirá que quien opte por la libertad de crítica se ve afectado por un complejo de emparedamiento.

La libertad política no se beneficia nada de semejante escenario, que además provoca un inevitable raquitismo en el debate institucional. ¿Qué queda para el Parlamento si todo se ha resuelto previamente en reuniones informales? Con todo decidido, el duelo a distancia entre Rajoy y Rubalcaba en el Congreso fue toda una exhibición de miseria ideológica. Rajoy mencionó los temas de la bilateralidad y de la confederación, sin desarrollar para nada el significado de los mismos. Rubalcaba fue todavía más profundo: usted dice eso, pues yo digo que no. Y basta. Lo único original en el discurso del hoy ministro fue la referencia a su propia condición de químico, que le permitió afirmar que el agua caliente da agua templada al mezclarse con agua fría. No debe extrañar que los puntos calientes del Estatut, por seguir con el símil hidráulico, quedaran inéditos en cuanto al análisis, y que los alineamientos recordaran los de las hinchadas de fútbol.

¿Razones para rechazar el Estatut por parte del PP? Elaboradas, ninguna. ¿Para aprobarlo por parte de los socialistas? Que el PP dice no, y que el PP es el enemigo de Cataluña. Luego nos extrañaremos de la deriva fascista registrada en los últimos días con el fin de reventar los actos del PP, al modo abertzale, tras el prólogo de la agresión a Arcadi Espada. Y no han sido los voceros de Esquerra, sino Montilla por el PSC y Joan Saura por Iniciativa quienes se han cubierto de gloria justificando tales comportamientos que sirven de advertencia para los demócratas de lo que se avecina. Maragall pone buenas palabras, pero sin desautorizar a su lugarteniente. Zapatero calla. En definitiva, el social-catalanismo naciente parece pensar que una propaganda "popular" en Cataluña constituye una provocación. Como lo es ya defender la aplicación efectiva del reconocimiento del español como idioma oficial. Lógico: si Cataluña es una nación exenta y homogénea, todo cuerpo intruso ha de ser eliminado. Es un postulado que preside desde hace tiempo la vida política en las zonas rurales de Euskadi con notable éxito. Y que cuenta con numerosos antecedentes en la historia trágica del pasado siglo

Entre tanto, crece la exasperación en los medios próximos al Partido Popular. Tal y como cabía temer, la concentración de las víctimas del terrorismo sirvió para todo menos para formular ante el Gobierno unas reivindicaciones precisas y atendibles. La primacía fue otorgada a una puesta en tela de juicio de la investigación sobre el 11-M, con una insistencia que recuerda aquella triste explotación del asesinato de unas niñas por un programa de televisión sensacionalista. Y para terminar, numantinismo a tope: "España no se rinde", gritó Alcaraz. Balance: los dirigentes del PP muy satisfechos; las víctimas, aisladas y sin posibilidad de desplegar su principal aportación, consistente en recordar -no en tratar de imponer- a la sociedad cuáles son las exigencias que debe reunir un proceso de normalización en tierra vasca.

Por el momento, y en espera de lo que pueda deparar la negociación con esa ETA que sigue soñando con la conquista de Bayona, en aplicación del principio nazi de que allí donde hay un alemán o se habló alemán debe haber soberanía alemana, los resultados del episodio catalán y de los preliminares del llamado "proceso de paz" vasco ofrecen aspectos nada halagüeños. Primera necesidad: recomponer el juego normal de Gobierno y oposición. Pero las relaciones del PSOE y el PP no van a arreglarse filtrando desde "fuentes de la Moncloa" una semana antes y con comillas lo que Zapatero le propondrá a Rajoy para resolver una crisis que ya es estúpida y va haciéndose peligrosa. Ni con exabruptos cada vez que habla un portavoz "popular".

Las fracturas son subsanables, pero han de ser tenidas en cuenta. Catalanes y españoles se han distanciado por efecto del diálogo de sordos sobre el Estatut y una "reconciliación nacional" es aquí más necesaria que nunca. En cuanto a Euskadi, la alegría del "alto el fuego" se ve ensombrecida por el protagonismo que van logrando quienes fueron vencidos por el Estado de derecho, y la voluntad de negociar a toda costa desde el Gobierno abre una brecha cada vez mayor respecto de la acción judicial y las leyes vigentes. Proponer que los jueces han de aplicar la ley a la baja por razones políticas en tiempo de bonanza lleva al absurdo de que también puedan actuar al alza, cerrando por ejemplo los ojos ante la tortura, en tiempo de terror. Y ni el partido de Gobierno ni el Ejecutivo vasco deben negociar públicamente con una formación ilegal, más aún cuando bastaría que Batasuna condenara "la violencia" para regresar a la legalidad o que persistieran los contactos informales. Ahora bien, si el objetivo era considerar derogada la Ley de Partidos, bien hecho por el PSE y por Ibarretxe. Sólo que un partido y unas instituciones que vulneran abiertamente el marco jurídico pierden toda legitimidad para intentar más tarde recurrir a él. Nada en la situación actual de España, favorecida por los aspectos positivos de la política del Gobierno, justifica tal acumulación de riesgos innecesarios. Si ETA y Batasuna sólo aceptan "la paz" desbordando el marco normativo vigente, habrá que asumirlo y actuar en consecuencia desde el Estado de derecho. Otra opción puede resultar suicida a medio plazo.

Antonio Elorza

Algo habrá que darles

Un artículo de Maite Pagazaurtundua en El País sobre el "proceso"...

En el diccionario de la RALE, la voz "pragmatismo" señala que se trata del "método filosófico según el cual el único criterio válido para juzgar de la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos". Detrás de la expresión "doctrina científica, moral o religiosa" de la definición anterior podríamos añadir el adjetivo "política" a los efectos de este artículo. Este diccionario también identifica como pragmatismo la "propensión a adaptarse a las condiciones reales".

¿Cuál es el efecto práctico que buscamos con respecto a ETA y Batasuna? Hay distintas posibilidades; por tanto, permítanme que señale algunas de las que podrían ser más comunes: a) Que dejen de matar. b) Que dejen de matar y que los principios democráticos borren todo resto de autoritarismo en la sociedad vasca incluso durante su final. c) Que dejen de matar, que se borre todo resto de autoritarismo en la sociedad vasca incluso durante su final y dos huevos duros: que no se equipare a las víctimas y a los verdugos. Porque hemos tenido que escuchar a un obispo vasco nacionalista afirmar que víctimas y verdugos son ambas víctimas, aunque de distinta manera. La primera cuestión que debemos determinar con claridad meridiana es cuál es el efecto práctico que buscamos o con el que nos conformamos. No lo hemos hecho suficientemente y hablamos de cosas distintas, unos y otros, me parece.

La filosofía del "algo habrá que darles" a los etarras, miembros de Batasuna y nacionalistas en general corresponde al aliento pragmático de un número importante de ciudadanos y al primer objetivo, que dejen de matar. De sus palabras y coletillas se desprende que, aunque no olvidan que los etarras encarcelados merecen cumplir sus condenas hasta el final y los de Batasuna merecen el descrédito social durante largo tiempo por el horror inferido, finalmente algo habrá que darles para que dejen de matar y, si no condenan los asesinatos cometidos y el miedo y la tortura que han supuesto para tanta gente, habría que buscar fórmulas en que se encuentren cómodos. Los pragmáticos desean tan intensamente que no se frustre esta tregua que nos animan a "no hacer caso de las palabras (de Batasuna y ETA, se entiende), sino de los hechos" (que no están matando). Considero que lo que se pretende es alargar los días sin muertos para que finalmente los de ETA no puedan dar marcha atrás; pero, claro, los estrategas del mundo de Batasuna y ETA también saben esto y cuentan con ello para no dejarse capturar por la administración de los tiempos del gobierno. De hecho, de momento, más bien parecen ir ganando los de Batasuna y ETA en ello, en la administración de los tiempos, muy especialmente si atendemos a lo que señalan hoy sus analistas afines con datos, muchos datos.

Permítanme una digresión. Estamos al inicio de un nuevo Campeonato Mundial de fútbol y España no lo ha ganado nunca, pese a contar con una liga de altísimo nivel. Mi marido dice que es comparable a las ligas italiana e inglesa. Mis escoltas dicen que es incluso mejor. Por los comentarios que les oigo durante estos días, no parece que ninguno de ellos apueste por que la Selección Española vaya a conseguir ganar el Mundial. Es, pues, un objetivo casi épico. Imaginemos que podemos llegar a ganar el Mundial de fútbol, metiendo un gol con la mano, sin que nos vea el árbitro o, al menos, no en el momento de dar por bueno el gol. Aunque me quede en minoría digo: así no. Y no se trata de que esté en contra de que España gane el Mundial.No habría utilizado el ejemplo anterior si no me pareciese detectar la existencia de derivas y fugas más o menos claras hacia el infantilismo psíquico en la actual estructura de la opinión pública española. Como reproduciendo una gran batalla que no atiende a hechos, sino a siglas de forma ciega, y a mantras cerrados, más que a argumentos, y una cierta tendencia que de seguir así puede llegar al delirio colectivo, entendido todo ello en los términos en que lo expresó Sigmund Freud en 1930 en "el malestar en la cultura" cuando se refería al fundamentalismo religioso, aunque lo denominaba religión a secas. Estaba, en realidad, definiendo los rasgos del forofismo, del sectarismo, de nuestro más genuino espíritu cainita.

Hay muchos pragmáticos que dicen que la transición se cerró con la desmemoria y que las viudas de los represaliados de la guerra civil ni hablaron mientras se fraguaba la Constitución del año 78, ni tuvieron voz durante la larguísima dictadura. Hablan del olvido necesario. Este, por ejemplo, es un mantra. Y la apelación a la amnesia surte el efecto placebo sobre algunas conciencias. Pero, claro, el nacionalcatolicismo fue derrotado como ideología, así que no podemos hablar de la existencia de ningún tipo de impunidad ideológica. Algunos heredamos en la familia la conciencia de que no debía pasar nunca más eso de no tener ni voz, ni libertad. En nuestra casa prevaleció la memoria del abuelo socialista, encarcelado y represaliado en la posguerra, y eso que también nos narraron las historias de los pragmáticos que estuvieron todo lo a bien que se podía con el régimen franquista mientras duró y sólo en sus estertores redescubrieron sus ideales políticos, el euskera para sus hijos... Con Franco se trataba de que faltaba la libertad. Con ETA se trata de lo mismo, de que amenazan con el asesinato para obligarnos a soluciones nacionalistas para el País Vasco. No es un secreto que pertenezco a la corriente de ciudadanos que se identifican con lo que ha dado en calificarse como partidarios de la "firmeza democrática" para derrotar a ETA. Yo, sin reservas, me apunto al objetivo c) del primer párrafo. Sé que es más difícil a corto plazo, pero me parece que contiene menos riesgos a medio plazo para preservar la calidad democrática de nuestro sistema político. Y sobre todo, consuela más a muchas víctimas y conforta más a los que más han aguantado el tipo por conseguir libertad para todos. No apacigua a los intolerantes. Eso es también así. Me parece un riesgo que debemos asumir. Es un riesgo.

En el asunto de que hablamos no todo es blanco o negro, por supuesto. Pero tenemos que elegir la información que nos parece relevante y, en mi opinión, lo primero que debemos tener en cuenta es que ETA no ha entregado las armas y que ha declarado una tregua condicionada y reversible. Por eso, muchas víctimas están tan susceptibles, con las heridas tan abiertas. Se les están deshaciendo sus sueños entre los dedos y Batasuna, con su chulería, les echa sal en las heridas, cada día. Dos generaciones de víctimas de ETA han soñado con derrotarlos y consideran que Batasuna no debe ser exonerada ahora de su responsabilidad en el horror por la puerta de atrás. La decisión de ser recibidos por los socialistas vascos sin haber renunciado a ese pasado -con la advertencia de que en caso contrario todo saltaría por los aires- es una conquista objetiva de Batasuna y no es una cuestión menor en mi humilde opinión. Hay muchas víctimas de ETA que temen que los de Batasuna terminen por ser aceptados con su teoría del conflicto y de los muertos como efectos colaterales indeseados, como ausentes involuntarios. Los pragmáticos pueden aceptar buscar únicamente el efecto práctico de evitar más muertos, aceptando para ello el diseño de Anoeta con sus dos mesas, el modelo de conciliación, sin "vencedores ni vencidos", o sea, la paz de Azkoitia más o menos maquillada. Al menos de momento, y esperar tiempos mejores. La opción primera de conformarse con que dejen de matar.

Pero esto lo saben los de Batasuna. Conocen a la perfección nuestra opinión pública, nuestro cainismo político, las dos grandes tendencias, la pragmática de la conciliación y la de la firmeza democrática. Y saben presionar y atornillar. La presión funciona en el juego con los pragmáticos, y Batasuna y ETA presionan. Así las cosas, y con todo respeto al Gobierno -no es blanco o negro, tal vez ellos tampoco esperaban que los pilotes del llamado proceso de paz estuvieran clavados en arenas movedizas-, yo considero que no se puede premiar la barbarie, ni a los bárbaros. Por un tema de calidad democrática. Porque no nos estallen los relatos en las manos en la siguiente generación... O en ésta.

Maite Pagazaurtundua Ruiz

Cuidado, saleroso

Un artículo de Fernando Savater sobre el proceso de fin de ETA...

Quizá la más conocida de todas las citas de Abraham Lincoln sea esa en la que afirma que "se puede engañar a parte de la gente todo el tiempo o a toda la gente parte del tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo". Pese a su venerable retórica, parece algo digno de ser recordado en el actual tira y afloja político a raíz de que ETA declarase su forzoso alto el fuego permanente. Subrayo lo de "forzoso" para que nadie olvide que no se trata de una concesión generosa de la banda, sino de un callejón sin salida al que ha llegado no porque se haya cedido a sus exigencias, sino porque se la ha acorralado -nacional e internacionalmente- sin ceder a ellas. Sin embargo, ETA no se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni ha desaparecido de la noche a la mañana (sus idas y venidas por Francia revelan que sigue activa aunque en suspenso, a la espera de ver qué es lo que le conviene hacer). Es posible que aún siga enviando cartas de extorsión a los empresarios: en cualquier caso, es seguro que nos ha mandado una carta de extorsión colectiva a todos los españoles, a través del Gara y de sus portavoces habituales de Batasuna, con exigencias políticas y territoriales muy claras. Y es el momento de recordar lo que siempre se ha recomendado a quienes recibían esas cartas: que no pagasen, aunque ello implicara correr riesgos. Supongo que tal consejo es válido también para el chantaje colectivo y no sólo para el individual...

Por decirlo suavemente, la actitud del Gobierno en esta tesitura está llena de contradicciones que nos preocupan cada vez más a quienes hemos querido democráticamente confiar en su gestión del asunto. De ahí el recordatorio de la frase de Lincoln citada más arriba. Si de lo que se trata es de que representantes institucionales se reúnan con los jefes de la banda para organizar con ellos el abandono definitivo de las armas, salidas individuales judicialmente aceptables para los terroristas, acercamiento gradual de presos, etc., el asunto puede resultar más o menos vidrioso, pero sin duda merece la pena intentarlo. La "mesa con ETA", por llamarla así, puede despertar preocupación o llamadas a la prudencia, pero no escándalo. Lo que en cambio parece imposible de asumir por instinto de conservación democrático es mezclar esas conversaciones con otras de corte político en las que se involucrarían en un totum revolutun los portavoces del terrorismo, el resto de los partidos nacionalistas y acólitos en busca de réditos por el fin de la violencia (tras haber obtenido tantos antaño de la violencia misma) y los representantes de los partidos constitucionales, es decir, de los ciudadanos que han padecido estos años la coacción terrorista. Y todo ello en una segunda "mesa", "espacio" o lo que sea, situada fuera del Parlamento y de las instituciones, que quedarían así visiblemente suspendidas y entre paréntesis derogatorios como ETA siempre ha pretendido.

Si yo no les comprendo mal -y a estas alturas comprenderles bien no resulta precisamente fácil-, el Gobierno y el PSE dan por buena y necesaria esta segunda mesa, ayer decían que "en ausencia de violencia" y hoy parece que también con violencia, al menos latente y amenazante. Una pregunta cándida pero necesaria y que sin embargo aún no he escuchado: ¿alguien puede facilitar a los ciudadanos un solo argumento a favor de la necesidad o de la oportunidad de tal mesa, aunque haya acabado la violencia terrorista? ¿Es que acaso hay temas que no pueden tratarse en el Parlamento, que es la institución destinada al debate político en democracia? Si los partidos que van a reunirse en ese foro son legales, ¿por qué no van al Parlamento, como han venido haciendo hasta ahora, y marcan los cánones constitucionales? Si algunos no son legales, ¿por qué los demás van a reunirse institucionalmente con ellos, poniéndose a su altura, en lugar de presionarles con su no reconocimiento fáctico para que se legalicen cuanto antes? Se dice que después de la violencia, vendrá la política. ¿Qué política? ¿No se ha hecho política democrática hasta ahora en el País Vasco? ¿No se han

sometido a elecciones los candidatos constitucionales amenazados, aun sabiendo que tenían muy limitadas sus posibilidades de expresión política por la violencia terrorista? ¿No han muerto Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa y tantos otros por intentar hacer política, contra viento y marea? ¿Resulta ahora que los nacionalistas del PNV y EA, que llevan gobernando, haciendo y deshaciendo a su antojo educativa e informativamente, monopolizando la política en el País Vasco gracias a que los demás están acogotados por ETA, aún necesitan nuevas concesiones del Estado y más manos libres para blindar definitivamente su espuria hegemonía? ¿Hay que concederles alguna compensación ya que en el futuro van a perder la ventaja política que les atribuía la actividad de ETA?

A favor de la segunda mesa de partidos sólo puede haber dos argumentos, aunque nadie se moleste en darlos explícitamente porque son difíciles de sostener en público. El primero es que ya se ha pactado bajo cuerda con los nacionalistas -tanto con los que muerden como con los que de momento llevan el bozal puesto- que habrá semejante concesión política para que ETA opte definitivamente por la jubilación. Será el momento de buscar una fórmula en la que "todos los partidos vascos se sientan cómodos". Ahora bien, no existe una mágica fórmula política según la cual puedan estar simultánea e igualmente cómodos los partidarios de los derechos ciudadanos y los que piensan que los derechos son inherentes a los territorios, los que mantienen que el ser -es decir, la identidad étnica- cuenta más que el estar -o sea, la igualdad constitucional- y quienes opinan lo contrario, los que creen que sólo hay que abrir el estado de derecho por arriba, hacia la unidad europea, y los que desean desguazarlo por abajo, hacia las inacabables y legendarias "realidades nacionales" que vayan proponiéndose. Hay que elegir también aquí, como es preciso elegir entre educación confesional o laica, guerra preventiva o prevención de la guerra, asistencia social justa a quien padece cargas familiares extraordinarias o simple caridad privada, etc. A fin de cuentas, el final político de ETA no puede ser más que el refrendo de la Constitución, es decir, de las normas para la libertad de todos, o el refuerzo del nacionalismo obligatorio y omnicomprensivo que consigue en esta "nueva etapa" más privilegios. O lo uno o lo otro, pero todo a la vez y por igual, desde luego que no.

El segundo argumento a favor de la mesa de partidos (y su paso previo, el entendimiento torticero del PSE con Batasuna) es que sin tal concesión queda bloqueado el "proceso de paz" (¿) y ETA puede volver a las andadas. Ante eso, no podemos sino remitirnos a lo aconsejado en caso de recibir una carta de extorsión: por el bien de todos, resistir y no pagar. ¿Que Batasuna bloquea no sé qué? Pues es problema suyo, porque los que están ilegalizados son ellos y ellos son los que necesitan normalizar su situación para gozar de lícitas ventajas institucionales. O espabilan ahora o tendrán que prolongar su "apartheid" hasta que lo insostenible de su posición les lleve a ceder. Los demás no tenemos prisa. ¿Que ETA se enfada? Y ¿qué va a hacer? ¿Volver al tiro en la nuca y el coche bomba en las circunstancias de la España y de la Europa actuales, que le son tan poco propicias? No cabe duda de que puede hacer sufrir todavía, pero lo que no consiguió antaño con vientos históricos más favorables, menos va a lograrlo ahora. Prolongará nada más la retahíla de sus presos y el sacrificio idealista e ingenuo de jóvenes arrastrados hacia la violencia. Los que tanto les hemos resistido ya, podemos resistirles un poco más todavía. De modo que ellos verán. El alto el fuego permanente es una noticia excelente si lleva a que los militantes dejen ETA y acepten la legalidad; pero sería muy malo si determinase que es la legalidad la que debe reconocer a ETA. Y hay que ser muy bribón o muy obtuso para decir que quienes ponen condiciones a la negociación no quieren la paz. ¿Paz? Los que hemos vivido décadas bajo la paz franquista y hemos padecido su propaganda ya sabemos algo de las ambigüedades de la palabreja... Aprendimos, por ejemplo, que la mayoría no quiere la paz (que si es verdadera se basa en la libertad), sino sólo que les dejen en paz, aunque sea encerrados en un corral.

Sin confianza no suele avanzarse, pero el exceso de confianza puede ser letal. El entrañable Miguel Gila contaba en uno de sus monólogos el caso de un conocido que pereció al cruzar la vía del tren. Sea por apresuramiento o por miopía, en el cartel que avisaba "Paso peligroso" leyó: "Pasa, saleroso". Y claro, le atropelló el expreso. Zapatero, resalao, ponte las gafas y mira bien a derecha e izquierda antes de lanzarte a cambiar de acera...

Fernando Savater

Demócratas relativos

Es lo que trae el uso inmoderado del adjetivo legítimo. Que llega un momento en que, salvo pegar a la madre y cosas así, todo lo demás se considera legítimo. Ahora mismo, y cuando parece iniciarse el final del terrorismo, vuelven los nacionalistas vascos a proclamar al unísono que, "sin violencia, todos los proyectos políticos son legítimos". Sin entrar en honduras, creo entenderles que en ese supuesto cualesquiera iniciativas públicas tienen derecho a su reconocimiento legal. Y como la nuestra es una legalidad democrática, habrá que sobrentender que esos proyectos son legítimos precisamente por ser democráticos. Les confieso que tengo mis dudas ante una democracia de tantas tragaderas y unos demócratas tan relativos.

Para empezar, se me escurre el significado de esa ausencia de violencia. Su abandono -o la renuncia a secundarla- no nos aclara si responde a razones de principio (porque asesinar pisotea un derecho humano elemental) o instrumentales (resulta inútil para el objetivo apetecido). Por el momento, de los terroristas y sus cómplices directos aún no hemos oído la primera clase de razones. Pero el caso es que, se entienda en un sentido o en el otro, esa falta de violencia no vuelve ella sola legítimo lo que esencialmente no lo era ni puede serlo. Tampoco los medios decentes justifican un fin indecente. Entre nosotros muchos piensan todavía, gracias a pasar por alto el porqué y el para qué mataba, que la maldad de ETA se agotaba en sus crímenes y que, muerto el perro, acabará la rabia. Para éstos el hecho de mantenerse dentro de los límites de la ley basta para declarar democráticos pronunciamientos que, bien mirados, darían toda la impresión de totalitarios.

Quizá le malinterpreto, pero es lo que parece sugerir nuestro presidente de Gobierno en una entrevista reciente. Cuando Flores d'Arcais le plantea si las últimas enseñanzas papales en esta materia no revelan una "pulsión antidemocrática" por parte de la Iglesia Católica, el presidente Zapatero responde: "No, sinceramente no, porque creo que la democracia se basa en la disputabilidad de las decisiones del poder. Aun desde posiciones que están equivocadas (...), tienen derecho a negar incluso algunos de los fundamentos más esenciales de la libre convivencia, tienen derecho a manifestarse (...). Lo que no tienen derecho es a imponer".

Uno se pregunta cómo armoniza con esa disputabilidad la creencia que se arroga ser la administradora de la Verdad absoluta, incluida la política. Fuera de eso, ¿quién desvelará el profundo misterio de que no deba tacharse de antidemocrática una doctrina que socava las bases de la vida democrática? Y aun si un gobierno le concediera graciosamente el derecho a su libre expresión, ¿por qué iba a transformarse el autoritarismo así expresado en algo acorde con el ideal de democracia? Muy sencillo: porque lo democrático en las decisiones del poder consistiría tan sólo en ser disputables, sin que haya norma previa o más honda para calificarlas. ¿Acaso no había "posiciones equivocadas" por negar los puntales de la democracia? Sí, pero ese pecado les será perdonado como acepten participar en la disputa.

Al fijar entonces la no imposición como primero y hasta único criterio legitimador de los actos y proyectos políticos, viene a consagrarse como máxima prueba de legitimidad su respeto a lo que salga de los procedimientos democráticos. ¿Será entonces sin más aceptable un proyecto en cuanto consienta someterse a la concurrencia electoral y asumir los resultados que arroje la regla de la mayoría? Tan reductora simplificación de la democracia resulta muy gratificante para la pereza general, pero interesada y falsa. El ser o no ser de una democracia no se juega tan sólo en los medios que emplea un gobierno o su oposición, sino además en las premisas que invocan y en los fines que persiguen. En realidad, y a poco que el principio de no contradicción valga también en política, sería incluso impensable que todos esos proyectos pudieran ser legítimos. La razón práctica no puede justificar la afirmación y negación simultáneas de un derecho para las mismas personas.

¿Que nadie conoce programas políticos despreciables, por más que se atengan a las formas democráticas ordinarias? Será que nadie quiere complicarse la vida. Desde su misma inspiración, no parecen legítimos por antidemocráticos partidos y proyectos que arranquen de la desigualdad en derechos políticos de los sujetos por razones de etnia, clase social o de otra especie. Tampoco es fácil que lo sean los que defienden la anterioridad y prevalencia política (por sangre, lengua, religión, historia) de una comunidad particular sobre la comunidad general de la ciudadanía. O los que asientan su programa en unos derechos colectivos y del pasado antepuestos a los individuales y del presente... Si después miramos a sus objetivos encubiertos o declarados, ¿llamaremos democrático al propósito de instaurar una sociedad cuyas partes gocen de libertades políticas distintas?; ¿y será justificable postular unas metas que, por exigir un infundado proceso de secesión y de anexión territorial, inducen al enfrentamiento de sus gentes? Es la idea misma de democracia la que se resiste a amparar nada que, aun invocando su nombre, presuponga o se proponga desiguales derechos políticos entre los ciudadanos.

Pero eso que la pura idea de democracia tiene que rechazar han de admitirlo hasta cierto punto las democracias reales. Exactamente hasta ese punto que arriesgue la pervivencia o traiga la degradación del régimen democrático. Cuando tal riesgo exista, no debería causar escándalo que lo ilegítimo fuera prohibido, porque más escandaloso sería dejar indefensa la comunidad que nos hace ciudadanos. Aquel absurdo y blando prohibido prohibir de hace unas décadas expresa el vaciamiento de una conciencia colectiva que, carente de criterio moral firme, ya no sabe juzgar qué resulta o no legítimo ni se atreve a discernir entre lo democrático y lo que no lo es. Sería un sinsentido conceder el derecho a servirse de ciertas libertades políticas (de manifestación, asociación o voto) para restringir o eliminar esas mismas libertades. No cabe liquidar "democráticamente" la democracia.

Si damos por conjurado semejante peligro, en cambio, a nuestras instituciones les tocará arrriesgarse y acoger en su seno incluso a quienes las desdeñan. Lo que era ilegítimo seguirá siendo ilegítimo, y así lo argumentaremos en la plaza pública, pero con las precauciones debidas habrá pasado a ser legal. Será un paso más debido todavía cuando su contrapartida sea la protección de vidas humanas y la vuelta de un clima político regular. Eso sí, quedará claro a los recién ingresados que su acogida como miembros de la comunidad no se debe tanto a sus méritos como al de las instituciones que ellos han combatido. Y todos hemos de saber también que el reconocimiento legal de su proyecto público está lejos de otorgarle un certificado de democrático. No vayamos a malentender la democracia ni a maleducar al ciudadano.

Aurelio Arteta