opinión

Cataluña/España

Las demandas de autonomía planteadas por los nacionalistas catalanes al Estado español se caracterizan, desde principios del siglo pasado, por una constante sobre la que se ha llamado poco la atención: en todas ellas, Cataluña se presenta como punta de lanza de una nueva organización del Estado. Históricamente, Cataluña, más que pactar con España, aspira a disponer, dentro del Estado español, de una autonomía que habrá de extenderse al resto de las regiones o pueblos del Estado.

Así ocurría ya en el manifiesto de senadores y diputados regionalistas de enero de 1906 cuando afirmaba que "hoy uno es el interés, una la causa y uno el destino de todas las regiones españolas" y saludaba con alborozo "la germinación del ideal regionalista en Galicia, en Valencia, en Aragón, en Mallorca, en la misma Castilla...". Bien, se podría decir, estaban todavía en lo que Prat de la Riba llamó fase regionalista. Pero es el mismo Prat de la Riba, padre del nacionalismo catalán y autor de su obra fundacional, La nacionalitat catalana, el que habla de la urgencia de "rehacer el Estado español sobre sus bases naturales: reconocer a sus diferentes nacionalidades [nacionalitats] el derecho de gobernarse con la más plena autonomía".

Esta constante línea de estrategia y de pensamiento político tuvo su más clara expresión cuando, metidos ya en plena fase nacionalista, el presidente de la Generalitat presentó en agosto de 1931 al presidente del Gobierno provisional de la República el Estatuto de autonomía plebiscitado por los catalanes unas semanas antes. Cataluña, dice su Preámbulo, "quiere que el Estado español se estructure de una manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos, ya establecida de momento por medio de estatutos particulares como el nuestro, ya de manera gradual".

Al presentar aquel Estatuto, la Generalitat sabía que la conquista de la autonomía implicaba una modificación de la estructura general del Estado. También lo sabían los diputados constituyentes, que lo rechazaron, sin sentir ningún ruido de sables, hasta no resolver previamente la cuestión de la organización del Estado, motivo de apasionados debates que culminarán con la definición de la República como Estado integral y con la introducción, nueva en nuestro constitucionalismo, del principio dispositivo para la formación de regiones autónomas como "núcleos político-administrativos dentro del Estado español".

Si hay un punto en que la Constitución de 1978 copió las líneas maestras y hasta la letra de la Constitución de la República es precisamente éste. Los catalanes que venían reclamando autonomía entendieron, como sus antepasados, que no sería posible sin una nueva estructuración del Estado que la garantizase también a todas las regiones y nacionalidades que la demandaran. De hecho, en el debate constitucional el problema nunca fue la generalización de la autonomía, sino la introducción en una Constitución española del término nacionalidad, exigencia innegociable de la minoría catalana a la que se opusieron los llamados poderes fácticos, o sea, los militares. Pero no hubo a este respecto concesiones ni artificios para anegar en un magma la autonomía catalana. Lo que hubo fue el reconocimiento de una realidad histórica que había llegado a su punto de maduración, como en 1931, sólo que varios escalones más arriba: la distribución competencial resultó mucho más favorable a las autonomías; Cataluña conquistó su Estatuto, celebrado como un gran triunfo porque dejaba en pañales al de la República; y las demás nacionalidades y regiones no perdieron tiempo en seguir el camino

Ésta es, más o menos, la historia, culminada en un éxito que dio razón a los catalanistas cuando aspiraban a la autonomía en el marco de una reestructuración del Estado español. El pacto entre Cataluña y España, que tanto se agita ahora como argumento para deslegitimar esa historia, no pasa de ser una metáfora: Cataluña no pacta con España, Cataluña o sus parlamentarios pactan en el Parlamento español con los diputados del resto de nacionalidades -y de las regiones que van quedando- el Estatuto de su autonomía, que reestructura la organización del Estado. El problema hoy -debido a la irresponsabilidad y la ignorancia con la que el Gobierno del Estado impulsó la reforma del Estatuto- no es si España-nación rompe un pacto con Cataluña-nación; el problema es hasta dónde el Tribunal Constitucional puede enmendar la plana al Parlamento español en orden a la reestructuración del Estado dentro de la actual Constitución.

Santos Juliá

¿Qué amenaza implica el terrorismo global para las sociedades abiertas?

En nuestras sociedades abiertas, los actos de terrorismo global son episódicos si comparamos su frecuencia con la de otras demarcaciones geopolíticas. Este dato sitúa la amenaza para el mundo occidental en su adecuada dimensión, sin exagerar pero sin negar que dicho problema es real y todo indica que duradero

Hablar de terrorismo global es hacerlo del terrorismo relacionado directa o indirectamente con Al Qaeda. Este terrorismo global, que lo es por cuanto ambiciona la instauración de un califato panislámico que implique el dominio del credo musulmán sobre la humanidad, por la extensión geográfica de sus actores y de sus acciones, y por haber mostrado capacidad para perpetrar atentados a escala mundial, como los ocurridos hace ocho años en Nueva York y Washington, se ha transformado desde entonces. Hoy en día incluye no sólo a la elusiva estructura terrorista liderada por Osama bin Laden y Ayman al Zawahiri, sino también a sus extensiones territoriales - como Al Qaeda en la Península Arábiga, Al Qaeda en Irak o Al Qaeda en el Magreb Islámico-, a un diverso elenco de grupos y organizaciones que mantienen estrechos ligámenes con aquella -especialmente, aunque no sólo, de talibanes afganos y paquistaníes- y, por último, a células independientes e incluso individuos aislados únicamente inspirados por la propaganda extremista.

Pues bien, desde hace más de dos años ocurren cada mes centenares de atentados atribuibles a ese terrorismo global. La mayoría son obra de las aludidas extensiones territoriales de Al Qaeda o de algunos de los grupos y las organizaciones afines a la misma. No estamos ante un fenómeno amorfo, carente de articulación y liderazgo, sino ante uno polimorfo, cuyos elementos constitutivos varían en estructura y estrategia, pero comparten en lo fundamental una ideología y una agenda. Sus escenarios preferentes están en el Sur de Asia y Oriente Medio, más concretamente en Afganistán -donde el terrorismo es parte sustancial de una actividad insurgente más amplia-, Pakistán, Irak e incluso India. En estos países, los atentados perpetrados por actores vinculados al actual terrorismo global son prácticamente cotidianos, aunque difieran en magnitud y consecuencias. Sin olvidar que son asimismo frecuentes en otros como Argelia, Somalia o Yemen. Y que en la misma categoría cabría incluir un significativo número de cuantos acontecen en el norte del Cáucaso.

Pese a la retórica antioccidental que lo acompaña, el terrorismo relacionado con Al Qaeda se produce sobre todo en países cuyas poblaciones son mayoritariamente musulmanas y la mayoría de sus víctimas son musulmanes, calificados de apóstatas o renegados por los extremistas, en ocasiones por tratarse de chiíes y otras veces, las más, por no acatar las directrices que tratan de imponer los terroristas. Esta realidad pone de manifiesto que el actual terrorismo global es más la expresión de un conflicto entre musulmanes que el exponente de un choque de civilizaciones. Dicho lo cual, sus orígenes se remontan a una alianza de Al Qaeda con algunos pequeños grupos armados de orientación islamista, establecida en febrero de 1998, denominada Frente Islámico Mundial contra Judíos y Cruzados. Un eufemismo para señalar como adversario principal a las sociedades abiertas de Norteamérica y Europa, además de Israel. Este discurso se ha mantenido hasta nuestros días e implica que ciudadanos e intereses occidentales son blanco ubicuo y permanente del terrorismo global.

Ahora bien, sólo unos pocos de los miles y miles de sus atentados contabilizados desde el 11-S han tenido lugar en países occidentales. En nuestras sociedades abiertas, los actos de terrorismo global son episódicos si comparamos su frecuencia con la de otras demarcaciones geopolíticas. Este dato sitúa la amenaza para el mundo occidental en su adecuada dimensión, sin exagerar pero sin negar que dicho problema es real y todo indica que duradero. Durante los últimos ocho años, en Estados Unidos se han podido desbaratar al menos una docena de atentados en cuya planificación y ejecución intervinieron individuos relacionados con la urdimbre terrorista que gira en torno a Al Qaeda. Ahora bien, la sofisticación de estas tentativas y el perfil de sus autores han sido muy variados. No ha cesado la amenaza procedente del exterior -perpetrar un nuevo gran atentado en territorio estadounidense continúa estando entre los propósitos de Al Qaeda-, pero la eventualidad de que sean células endógenas e independientes las que perpetren actos relativamente menores de terrorismo en suelo norteamericano -incluyendo a Canadá- está ahí.

Durante ese mismo periodo de tiempo, en la Unión Europea han tenido lugar atrocidades como el 11 de marzo o el 7 de julio, si bien el número de atentados relacionados con el terrorismo global que las policías y los servicios de inteligencia han impedido es mayor del contabilizado en Estados Unidos. Entre los planes que fracasaron adquiere especial significación el que en agosto de 2006 pretendió hacer estallar, mediante explosivos líquidos, al menos siete aeronaves comerciales en ruta desde el aeropuerto de Heathrow hacia sus destinos transatlánticos. Pero no menos relevantes son los atentados previstos en Alemania para el otoño de 2007 o los que pudieron haber afectado a Barcelona y otras metrópolis continentales en 2008. En conjunto, son incidentes en los que han intervenido tanto individuos con pasaporte comunitario -algunos conversos radicalizados- como extranjeros. Individuos que constituían células dirigidas por el directorio de Al Qaeda o vinculadas con su extensión norteafricana, estaban ligados a entidades asociadas -como el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, la Unión de Yihad Islámica o Therik e Taliban Pakistan- o formaban redes terroristas independientes.

Tal y como evoluciona, la amenaza del terrorismo global en el mundo occidental sugiere aún la posibilidad de atentados múltiples, con bombas u otros artefactos explosivos, en cuya ejecución participarían suicidas. El transporte público y la aviación civil serían blancos preferentes, sin olvidar otros cuyo menoscabo pudiera ocasionar entre decenas y centenares de muertos, o las infraestructuras energéticas. Esto alude, con todo, a atentados que, si bien pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso -¿no es una lección a extraer de los ocurridos en Madrid y Londres?-, causarían numerosas víctimas y una conmoción en la opinión pública tan considerable como coyuntural. Pero seguirían sin afectar en lo esencial el modo de vida y las instituciones occidentales. A este respecto, las sociedades abiertas han mostrado una evidente resiliencia. Para que fuese de otro modo tendrían que producirse atentados de cadencia e intensidad inusitadas, lo que no parece verosímil. O que Al Qaeda tenga éxito en la innovación devastadora que persigue. Es decir, en cometer algún acto de megaterrorismo con armas de destrucción masiva. Un atentado nuclear, por ejemplo, sí podría socavar gravemente los fundamentos del orden social y político inherentes al mundo occidental. Estadísticamente es improbable. Prevenirlo es inexcusable.

Fernando Reinares es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos e Investigador Principal del Real Instituto Elcano.

¿Estatuto 'versus' Constitución?

Lo más chocante es la ceguera de no ver que la autonomía surge y se ampara en la Carta Magna

En la propia Cataluña no creo que la secesión pueda tener mayoría

Cuanto más se acerca la posibilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la última reforma del Estatuto de Cataluña mayor estupor producen algunas de las reacciones que rechazan cualquier corrección, como de declaración de inconstitucionalidad o como sentencia interpretativa de preceptos que en otras interpretaciones serían inconstitucionales. Hay algunos temas que han tenido, a mi juicio, regulaciones que desbordan el marco constitucional. A título de ejemplo podrían señalarse alguna que afecta a competencias fiscales, a la imposibilidad de acción del Defensor del Pueblo en Cataluña, o la obligación de aprender y conocer la lengua catalana a la bilateralidad Estado-comunidad autónoma. En mi opinión, es perfectamente constitucional la referencia a la nación catalana en el preámbulo del texto. En primer lugar, porque no tiene carácter normativo el preámbulo y ese precepto no obliga a nada, y en segundo lugar porque creo que Cataluña es una nación cultural, con una lengua, una cultura y una literatura distintas, en parte, de las literaturas y la cultura españolas, aunque también esa cultura española es cultura catalana para muchos de sus ciudadanos. Por fin la razón definitiva es que la única nación soberana, el hecho fundante básico de nuestro ordenamiento es la nación española. Comprendo reticencias tácticas de muchos porque parece evidente que la consolidación de Cataluña nación cultural sería el punto de partida para reivindicaciones independentistas partiendo del viejo, obsoleto y desacreditado principio de las nacionalidades de que toda nación tiene derecho a ser Estado independiente. Yo no deseo esa deriva por lo que entiendo la postura de quienes se cierran contra este reconocimiento. El Tribunal Constitucional cometió un grave error al abordar este tema con la recusación u obligación impuesta por la mayoría de abstenerse y ser retirado de los magistrados que deben juzgar el recurso al magistrado Pérez Tremps. Al final serán sólo 10, de los 11 magistrados que lo forman, tras la muerte del señor García Calvo, quienes participarán en la formación de la sentencia. Fue un mal comienzo, agravado por el retraso, pero hay un hecho indiscutible que son esas personas quienes tienen la última palabra para declarar lo que es Derecho válido y consiguientemente eficaz en la reforma del Estatuto de Cataluña

Si catalogásemos las respuestas ante la sentencia del Constitucional, nos encontraríamos con los siguientes modelos:

- El modelo desconocedor y rechazador de la sentencia: da igual que lo diga, lo que hay que hacer es desconocerla y seguir adelante como si nada.

- El modelo de superioridad del Estatuto: si el Estatuto contradice a la Constitución, reforme

-mos la Constitución para que se adapte el Estatuto.

El modelo del apaño y de la manipulación: si el Estatuto contradice a la Constitución, negociemos, arreglemos finalmente los problemas para seguir adelante con el Estatuto.

Estos tres modelos son delirios de grandeza, que parten de un serio desconocimiento del funcionamiento de un Estado parlamentario representativo, compuesto y funcionalmente federal. Expresan un profundo déficit moral de utilización de la Constitución como instrumento de usar y tirar, a la que alaban cuando les sirve para sus propósitos y reprueban y denuncian su superación cuando no les permite seguir su camino preestablecido y predeterminado, cuya última etapa es la independencia como ha reconocido, desde una evidente ingenuidad el señor Mas y también el presidente del Barcelona señor Laporta, entre otros. Tienen un profundo desconocimiento sobre el valor de la Constitución y lo que ha supuesto para la autonomía de Cataluña y de las demás comunidades autónomas, a las que ampara y protege. Finalmente, un elemento importante para valorar el error de los defensores de un Estatuto catalán fuera de control y por encima de la Constitución, es que se considere que el tema está entre el Estado y Cataluña y niegan cualquier papel al resto de las comunidades autónomas y a sus ciudadanos, que tienen, sin embargo, mucho que decir. Estos separatistas de fondo son además un criadero de separadores que niegan desde el otro extremo también el valor de la Constitución. La posición del Gobierno de Rodríguez Zapatero es actualmente de una gran moderación. El presidente ha cortado tajantemente con un no muy enérgico, esas propuestas de modificación de la Constitución para adaptarla al Estatuto. Ha cerrado una puerta que sólo desde el disparate, de un no saber en qué lugar está cada uno, se ha podido considerar abierta. Es obvio que el presidente y el Gobierno tienen claro y respetan que la decisión última corresponde al Tribunal Constitucional. El Ministerio de Justicia al que se atribuyen reflexiones poco afortunadas y confusas sobre el tema, que no desmintió, aunque parece que no las pronunció, ha insistido en que considera que la reforma es constitucional y aunque respeta que la última decisión corresponde al Tribunal Constitucional. Sin duda una sentencia bien fundamentada, va a mantener el esquema general de la reforma estatutaria, pero va a hacer declaraciones de inconstitucionalidad y soluciones interpretativas. Sin duda, el Gobierno de España va a sufrir tras la sentencia, pero es el precio que se paga por una permisividad exagerada, y una dejación de responsabilidad poco justificada.

Se conoce a los defensores del Estatuto, tal como está, sin retoques ni modificaciones, como si la relación fuera entre Cataluña y España, como dos realidades diferentes. Este punto de vista forma parte de los delirios y de las ensoñaciones de un nacionalismo fuera de órbita que simula para referirse a los dos interlocutores que Cataluña no forma parte de España. Esos sueños de la razón siempre acaban produciendo monstruos como ya intuyó Goya.

Pero lo más chocante, respecto a los intentos de desvalorizar y de instrumentalizar a la Constitución es la ceguera de no ver que la autonomía surge y se ampara en la Constitución y que dejarla de lado pone en peligro a la misma autonomía. Es tirar piedras contra su propio tejado o como dicen los franceses "trabajar para el Rey de Prusia". Ese rechazo de la Constitución, ese matar al padre, viene de la idea de que la identidad autonómica es natural y propia y que no se la deben a nadie, como si hubiera venido de la nada y se hubiera desarrollado por sí misma y sin apoyos de terceros. Sin la Constitución el Estatuto queda en el aire, en un sistema inservible y sin rumbo. Es otra ensoñación que no augura nada bueno. Sólo puede producir engaño y frustración.

En esa idea sin fundamento ni apoyo real está la raíz de la ensoñación y del delirio, y también del gran error histórico que esa minoría introduce en un pueblo sensato y moderado como es el catalán. Sólo males y desgracias puede traer seguir por ese camino. Parten además de que la deriva independentista es un camino en un solo sentido y que va de menos a más. Es un cálculo equivocado, el camino tiene los dos sentidos posibles y el exceso en una dirección puede producir una reacción y que el camino sea, por el contrario, de más a menos. En ese contexto la única garantía de la autonomía es la Constitución. Pensar en la independencia de Cataluña es una creencia legal, si se aborda sin violencia y desde los valores y los procedimientos democráticos. Supone una reforma de la Constitución para hacer posible la secesión. Pero no es sólo un tema de los ciudadanos de Cataluña, sino de los de toda España que también tendrán algo que decir, y seguramente muy mayoritariamente en contra. Por su parte, en la propia Cataluña no creo que la secesión pueda tener mayoría, no en un largo horizonte, lo que debe llevar a desistir de un camino imposible. Finalmente, en el marco de la Unión Europea se hace aún más difícil una modificación de fronteras y mucho menos una secesión creando un nuevo Estado. Pensar que sería admitido en la Unión es un sinsentido imposible. En última instancia se impone el mensaje ignaciano: no hacer mudanza. Si se recupera el buen sentido se podrá entender que unas declaraciones de inconstitucionalidad y algunas acotaciones interpretativas, para situar a la autonomía catalana en el marco de la Constitución, no producen daño, dejan las cosas en su sitio y señalan el fin del delirio. Bien está lo que bien acaba.

Gregorio Peces-Barba es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.

Ante la gripe A

Carta abierta a la Ministra y a los Consejeros de Sanidad (con copia a mis pacientes)

Por Juan Gérvas, Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid

Con el debido respeto, ruego que escuchen a este médico general rural preocupado por el pánico desatado ante la epidemia de gripe A. Es preocupación clínica y social, pues se refiere tanto a la atención a los pacientes como al impacto en la estructura social, laboral y económica de un pánico que tendrá peores consecuencias que la propia epidemia de gripe A.

CONSIDERACIONES

Conviene recordar que el Gobierno de Canadá se planteó dos objetivos ante la gripe aviar, 1/ disminuir su impacto en mortalidad y 2/ mantener la estructura social. No es una visión improbable la de un país sumido en el caos, parado por cierres de escuelas y centros de trabajo, con las urgencias y servicios médicos colapsados, con falta de atención a otros problemas de salud incluso graves, como infartos de miocardio y apendicitis (sin hablar de los errores tipo retrasos en el diagnóstico de meningitis por confusión con la “omnipresente” y deslumbrante gripe A).

Y, sin embargo, la gripe A es enfermedad benigna, con menos mortalidad que la gripe estacional (la de todos los años). Lo sabemos ya con datos, por la experiencia del invierno en los países del hemisferio sur. La diferencia es responder como Argentina (pánico y descontrol absoluto) o como Australia (organización y eficacia). Según los cálculos más ciertos podemos esperar como máximo unos 500 fallecimientos por gripe A, frente a los más de 1.500 anuales por la gripe estacional. Por ello, habrá menos muertos en todos los grupos de edad con la gripe A que con la gripe estacional. Para disminuir la mortalidad habrá que tratar adecuadamente a los casos que se compliquen. Lastimosamente la vacuna prometida llegará tarde, y no deja de ser una vacuna cuya eficacia desconocemos. Hasta que no haya más conocimiento muchos ni nos la pondremos ni la recomendaremos.

Respecto a las embarazadas, siempre se han visto más afectadas por la gripe, especialmente en el tercer trimestre, por los cambios cardio-respiratorios que provoca la ocupación del abdomen por el útero grávido. La gripe A no cambia nada respecto a la gripe estacional; habrá la misma proporción de ingresos, y menos muertes que con la gripe estacional. La embarazada puede y debería llevar la vida sana que siempre se le ha recomendado, lo que incluye continuar con su vida normal, familiar y laboral. La gripe A no provoca abortos ni malformaciones del feto. Estar embarazada no aumenta la probabilidad de contagiarse por gripe A.

La selección de personas por sus “factores de riesgo” es cuestión discutible pues los factores de riesgo ni son necesarios ni son suficientes para explicar las complicaciones. Por ejemplo, hasta el 70% de los niños que mueren por gripe estacional carecen de factores de riesgo definidos.

La predicción sobre la evolución de la gripe A debería basarse en lo que sabemos de esta propia epidemia y de pandemias previas. Por ello lo previsible es una onda de rápido contagio. Hablar de otras posibilidades es ignorancia, fantasía, irresponsabilidad o maldad. Es absurdo recordar epidemias de gripes de cuando ni había una cobertura pública sanitaria ni existían antibióticos para tratar las neumonías que las complican.

PROPUESTAS

Dejen de organizar protocolos y de promover medidas de recepción a los pacientes de probable gripe A que carecen de sentido. Es absurdo el aislamiento en urgencias y en los centros de salud de los pacientes con fiebre y síntomas de gripe. Durante la epidemia los griposos estarán en todos sitios y las medidas de aislamiento son innecesarias en los centros sanitarios. Sólo contribuyen a crear alarma y pánico.

No promuevan el diagnóstico exacto de la gripe A, excepto para investigación y vigilancia epidemiológica. Las pruebas de detección rápida son poco fiables, e inútiles. El seguimiento es el mismo sea gripe A, gripe estacional, o cualquier otra infección respiratoria.

Dejen que los médicos clínicos hagan su labor. Llevan años atendiendo a los pacientes con gripe, y saben hacerlo en las urgencias, las consultas y los domicilios. Los “expertos” poco pueden añadir, salvo colaborar como consultores. La gripe A es más benigna que la estacional, pero concentrará a los enfermos en un periodo breve de tiempo. No conviene hacer grandes inversiones ni cambios, sino reforzar los dispositivos existentes con lógica y sentido común. La buena atención clínica a los casos complicados es tan importante o más que todas las demás medidas juntas. La atención a domicilio debería gravitar sobre los médicos de cabecera que tienen conocimiento y capacidad de decisión respecto a sus pacientes y su entorno familiar. Tengan en cuenta la sobrecarga de trabajo y prevean medidas para compensar las horas extras de trabajo (no todo es gastar en acumular anti-virales y vacunas).

No promuevan excesivamente ni los anti-virales ni la vacuna. Hay dudas razonables sobre sus ventajas, y tienen efectos adversos innegables.

Tengan en cuenta que la gripe A tendrá más impacto en la clase social baja, entre los pobres, marginados, toxicómanos, mal alimentados, mal abrigados y habitantes de viviendas insalubres. Todos ellos tienen menos interés por su salud por lo que habrá que prever medidas pro-activas tendentes a evitar la falta de equidad en la atención a estos pacientes y poblaciones.

No promuevan el uso de mascarillas. Su eficacia es dudosa.

Promuevan el auto-cuidado. Lo importante es que los pacientes y las familias se enfrenten a la gripe A con la misma serenidad y buen hacer que a la gripe estacional. El ser humano ha evolucionado en convivencia con el virus gripal, de forma que hay un excelente cúmulo increíble de normas sensatas de auto-cuidados en la población. Como siempre ante la gripe, los individuos y las familias son capaces de cuidarse sin necesidad de médicos ni de sanitarios.

Faciliten la justificación de la ausencia al trabajo. La gripe dura siete días, y normalmente los tres primeros son los peores. Nada impide que esos tres días se puedan justificar por el propio trabajador, sin necesidad de baja médica (con lo que se ahorra la visita al médico en el 95% de los casos, que serán leves). Y en caso de ausencia más larga, de hasta una semana, facilite la justificación de la baja con un solo documento que se pueda hacer en sólo una visita (según la organización actual se requerirían tres).

Pidan a los medios de comunicación que sean responsables. No tiene sentido transmitir en vivo y en directo cada muerte por gripe A. En vez de 500 parecerán 500.000. Con ello se crea alarma social innecesaria. Tenemos la experiencia de la meningitis C, que desató el pánico por este comportamiento absurdo de los medios de comunicación. La percepción social del riesgo de contagiarse y de morir por gripe A no tiene nada que ver con la realidad. Todos tenemos la culpa, desde la Organización Mundial de la Salud al Ministerio de Sanidad y Política Social, pasando por las Consejerías de Sanidad, los Colegios de Médicos y los medios de comunicación. Y entre todos hay que lograr enmendar este desaguisado antes de que sea tarde. Es clave que la percepción social del riesgo de enfermar y de morir por gripe A corresponda a la realidad, a la de una enfermedad leve, una gripe de menor gravedad que la habitual.

Juan Gérvas es médico de Canencia de la Sierra, Garganta de los Montes y El Cuadrón (Madrid). Profesor Honorario de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y Profesor Visitante de Atención Primaria en Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad (Madrid).

Viejo corazón de América

A sus 60 años, Bruce Springsteen sigue encarnando el optimismo envidiable del sueño americano

Ni somos ni tenemos su voz, pero cuando Bruce Springsteen cumpla 60 años, el próximo 23 de septiembre, el corazón de América habrá empezado a envejecer. "¿Has visto alguna vez a un perro con una sola pata abriéndose camino calle abajo?", pregunta en su última canción. "Si alguna vez has visto a un perro con una sola pata, entonces me has visto a mí" (The Wrestler, Working on a Dream, 2009).

La letra de esta canción de perdedores es tan disparatada que casi rocé la tentación de masacrarla. Hay muchos perros cojos -yo tengo uno- pero aunque no sé de ninguno que a falta de tres patas camine, la canción lo hace y de qué manera: último eslabón de una cadena de aciertos, cierra los créditos de El Luchador, de Darien Aronofky (2008), anudando el estómago de los espectadores sobrecogidos por el regreso infinito de Randy The Ram -El ariete- Robinson, viejo luchador profesional idéntico al mejor Mickey Rourke, sólo que más mayor.

Springsteen parece haber nacido para correr en defensa de las personas corrientes, cuyos sueños se desvanecen invariablemente al cabo de la adolescencia. Canta y vuelve a cantar historias de trabajadores blancos, escolarizados lo justo y que habitan los Estados casi en ruinas del oxidado Medio Oeste. Década tras década, en sus baladas aparecen mujeres desesperanzadas (Thunder Road), chavales casados a trompicones (The River), ciudades que se vienen abajo (My Hometown, Youngstown, My City of Ruins). Pero siempre, absolutamente siempre, estalla entre ellas un rock comercial excelente, interpretado con rudeza y un magnetismo que conjura a tres generaciones de aficionados en centenares de estadios (Badlands, Prove it All Night, Radio Nowhere).

Alma de cantautor felizmente vendida al diablo del éxito, Bruce Springsteen domina el oficio de detenerse al borde del abismo insufrible, tedioso o -aún peor- dulzón del apólogo. Uno va a un concierto para divertirse, no a que le riñan. Añadan la habilidad de haber sabido rodearse de todo aquello que un hombre blanco no conseguirá ser jamás: una mujer, Patti Scialfa, que es la suya, o la sombra cálida y gigantesca de Clarence Clemons. El que, finalmente, su banda se caiga a pedazos ya casi no importa.

Renacido al éxito en esta década con un disco compuesto en respuesta al atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 (The Rising, 2002), Bruce Springsteen hizo ver a sus compatriotas que la mayor parte de las víctimas habían sido trabajadores, el corazón de América, no ejecutivos ni profesionales de Manhattan. Siguieron otros cuatro buenos discos y una gira tras otra. Hasta hoy.

Sin embargo, demográfica y culturalmente, el mundo que canta Springsteen lleva años despidiéndose: hoy ni el país ni su presidente, ni el Partido Demócrata en el poder giran en torno al cinturón industrial del Medio Oeste -el Ohio de Youngstown y sus acererías arruinadas-, aunque para la victoria de Obama fue crucial su condición de senador por Illinois. De nuevo, el índice de paro roza el 10%, como hace un cuarto de siglo, cuando Bruce Springsteen estaba en su apogeo. Pero sus canciones de jóvenes blancos recién salidos de una escuela católica y arrojados a las líneas de montaje de los Grand Torino de Clint Eastwood pertenecen al pasado. Por cada cuatro escolares adolescentes blancos ya hay uno hispano, y muchos jóvenes profesionales de la década actual saben más de Steven van Zandt por su papel en Los Soprano, una serie de televisión, que por su contribución crucial al mejor Springsteen y a su E Street Band.

Pero resistan ustedes también a la tentación de enterrar a la vieja América. Obama prevalecerá si acierta a soldarla con la nueva, pues el éxito del último intento recrea, mágico, el interés por los logros anteriores. Los norteamericanos conservan una genuina capacidad de reinventarse a sí mismos, de encarar nuevos retos más allá de las fronteras de la edad. En el sueño americano sigue habiendo un optimismo envidiable y que, en buena medida, está integrado por la sólida creencia de que a uno sólo le retira obligatoriamente la biología, de que siempre se puede volver a empezar. Si usted sabe hacer algo y está dispuesto a esforzarse por conseguirlo, no se preocupe, le dejarán intentarlo.

Springsteen encarna ese viejo corazón de América hasta en su último disco (Working on a Dream): si trabajáis de verdad para que vuestro sueño cobre vida, no os preocupéis; aunque todos digan que los problemas están ahí para quedarse, no os preocupéis, saldréis adelante. Sigue siendo el amo.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil de la Universitat Pompeu Fabra.

Los errores de información del Gobierno

La nueva ayuda a los parados o la subida de impuestos, ejemplos de mala comunicación pública

En política, cuando hay errores en la gestión de la información casi siempre hay un trasfondo de inadecuada, inexistente o ignorada estrategia de comunicación pública y política. Una información de calidad sobre los asuntos y servicios públicos es un síntoma de buen gobierno, sí, y también de buena política.

Algunos responsables políticos, excesivamente confiados, quizás puedan convivir con la ausencia de una política de comunicación eficaz. Pero tiene sus costes en forma de "errores de información" y también previsibles resultados negativos en la opinión pública, y hasta puede tenerlos en los procesos electorales. Felipe González, en el mitin final que los socialistas catalanes organizaron en la campaña de las generales de 2008, dijo, sin acritud, refiriéndose a la obra de gobierno de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero: "Lo habéis hecho bien, pero no lo habéis explicado bien". La frase sonó a reprimenda de la experiencia. Lo cierto es que el PSC consiguió entonces los mejores resultados de su historia con 25 diputados y Carme Chacón de cabeza de cartel. Pero las advertencias razonadas tienen la virtud de anticiparse en el tiempo, aunque no sean una alerta inminente. Ignorarlas puede ser temerario.

Hacer política sin comunicación es el atajo más directo al desastre. Pero lo que es inexcusable, y un derecho ciudadano, es el rigor, la sobriedad y la ejecución eficiente de la información de la gestión pública. Algunos políticos parece que puedan prescindir (si la soberbia los nubla y la vanidad los ensordece) de la comunicación. Pero los ciudadanos no podemos estar sin información pública. Éstos son algunos de los errores más frecuentes:

Improvisación. Peter Drucker, el mayor experto contemporáneo en liderazgo, afirmaba: ¡Ojo con el carisma! Es cierto que algunos políticos tienen facilidad de palabra, gran empatía y dotes naturales para la comunicación. Pero, a veces, la importancia de los temas y la responsabilidad pública exige seguir un guión antes que dejarse llevar por la intuición. Si, además, ésta no está garantizada, mejor seguir la senda del rigor y de la prudencia.

Leer lo escrito no garantiza el éxito. Pero incorpora más control y más equipo. La mayoría de los guiones, notas o argumentarios que utilizan nuestros líderes están hechos por equipos de competencias plurales que han pensado (o contrastado) antes de escribir. Seguir el guión no es un demérito cuando lo exige la responsabilidad pública. Y los ciudadanos lo agradecen. Y cuando el guión simplemente no existe o se improvisa, se cometen errores. Por ejemplo, la medida anunciada, matizada, rectificada y finalmente ampliada de la ayuda económica de 420 euros a los parados que han dejado de cobrar el subsidio es un ejemplo caótico de comunicación que ha llevado al mismo ministro de Trabajo a reconocer públicamente sus improvisaciones.

Precipitación. Es la consecuencia lógica -y letal- de la falta de planificación. Se confunde celeridad con eficacia, aceleración con rapidez. El resultado es que las acciones precipitadas, desconectadas y aisladas, inician procesos que no están maduros orga-nizativamente. La precipitación desborda los recursos logísticos y técnicos por falta de capacidad de respuesta adecuada a la nueva demanda estimulada. Y el desencuentro entre el servicio público y la ciudadanía se lleva por delante la paciencia, primero, y la credibilidad, después. La precipitación comunicativa puede provocar problemas adicionales al introducir nuevas variables de interpretación y desdibujar una buena idea o un compromiso público como, por ejemplo, el de la retirada de las tropas de Kosovo. Aunque este caso nada tiene que ver con otras precipitaciones que pueden rozar la responsabilidad penal y causan un daño adicional, como vimos desgraciadamente en la gestión posterior al dramático accidente del Yak-42. A veces la prisa se lleva por delante protocolos, leyes y normas que son doblemente exigibles a los responsables políticos.

Confusión. Una promesa política no es lo mismo que una información pública. La ciudadanía tiene derecho a que sus gobernantes no confundan deseos con realidades, intenciones con acciones. Los gobernantes están obligados a ser extraordinariamente transparentes. Sus palabras, por la responsabilidad que ostentan (no hablan casi nunca "a título individual"), tienen un efecto amplificado en la sociedad a través de los medios de comunicación.

Lo sabe bien el ministro de Fomento cuando ha explorado, en voz alta, los posibles cambios en la política fiscal del Gobierno. Las palabras cuando son ambiguas o confusas pueden tener consecuencias económicas y sociales no deseadas de gran trascendencia. La confusión es la munición del caos porque deja espacio a las interpretaciones múltiples, se pierde la iniciativa y se abre la puerta a la especulación, que no es lo mismo que la opinión razonada y argumentada. Los globos sonda casi siempre explotan en la cara del que sopla.

Imprecisión. Las imprecisiones alimentan la arbitrariedad interpretativa o a las casuísticas no contempladas. La claridad es una exigencia de la buena gestión y de la buena política. Stéphane Dion, político canadiense que destacó por la manera en que había defendido sus posiciones políticas en favor del federalismo canadiense frente a los independentistas quebequenses, impulsó "la política de la claridad". El mérito estuvo en no abordar las diferencias desde posiciones ideológicas, sino desde las consecuencias que en la vida real de las personas tendrían la aplicación de determinados postulados. Claridad en los costes y en las repercusiones de las decisiones políticas. Ahí está la clave.

Y también en el lenguaje. La prestigiosa revista The Economist, en su libro de estilo, recomienda: "La claridad en la escritura refleja la claridad del pensamiento. Piensa lo que quieras decir y entonces dilo tan simple como sea posible".

Descoordinación. La información pública no depende sólo de los medios de comunicación. La praxis en la ejecución es tan determinante como las ideas o las iniciativas. Detrás de cada decreto, reglamento, orden o instrucción hay muchos organismos, instituciones y administraciones implicadas. Y en ellas funcionarios, técnicos y proveedores que en su función de servidores públicos son insustituibles para una información de calidad. Los recursos humanos asociados a la información se convierten en clave para el éxito, así como la coordinación institucional.

Ignorar estos principios es un craso error. Las decisiones en la vida pública se materializan en personas que atienden a ciudadanos a través de teléfonos, mostradores o servicios de e-Administración, entre otros. Sin ellas, y sin su escucha activa sobre cómo orientar o ejecutar la praxis pública, no hay políticas de información con garantías. Y la publicidad, con su eficacia limitada, no puede soportar todo el peso de las políticas de información.

El Gobierno español parece que haya tenido este verano una insolación informativa. Demasiada exposición sin protección. Ahora el presidente Zapatero, consciente de que la frontera entre la desconfianza, el ridículo y la falta de respeto se cruza con facilidad, parece que ha decidido cambiar el paso. La seriedad informativa y la coordinación comunicativa sólo pueden obtenerse con mejor dirección política, y parece que los vicepresidentes van a jugar un papel más proactivo. El Gobierno tiene también algunos sólidos y eficaces puntales comunicativos como los responsables de Interior o Sanidad. El tiempo de los conejos en la chistera ya pasó. No hay nada más triste que un mago al que se le ven todos los trucos con el auditorio en silencio, atrapado por la incomodidad. Se impone una reacción. El orden será importante: políticas claras, informaciones precisas, comunicación convincente, coordinación eficaz y gestión ejemplar.

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación.

Devolver la autoridad a los profesores

La amenaza de violencia contra los docentes vuelve a marcar el comienzo de un curso escolar

Ni el Gobierno ni el PP parecen tener el menor interés por sellar un pacto de Estado, del que, sin embargo, tanto alardean, para frenar el deterioro en todos los aspectos de la educación. A unos y otros se les llena la boca diciendo cosas como que "en una situación como la actual, en la que España atraviesa la crisis económica más grave de la historia reciente del país, resulta más necesario que nunca abordar una reforma del sistema educativo". Pero sólo llegan hasta ahí, al menos hasta ahora.

Estamos inaugurando un nuevo curso en las enseñanzas no universitarias, y lo lamentable es que persistan los viejos problemas, pudriéndose cada vez más, pues nadie se atreve a coger el toro por los cuernos.

En primer lugar, hay que solucionar la violencia psíquica contra el profesor que se ha convertido en un elemento crónico de nuestras aulas y que da origen a muchos otros problemas. Se manifiesta con actos de desobediencia, chanzas, insultos y enfrentamientos verbales, todo ello dentro de un clima permisivo y transgresor donde todo vale, desde "pasar" de las clases y los profesores -con la consecuencia de altos niveles de fracaso escolar- hasta llegar a la agresión directa a los profesores. Pues la violencia psíquica termina dando paso a la física dentro y fuera de las aulas. Y creo que esta última debería ser tratada por la fiscalía y los tribunales de menores. En este aspecto estoy de acuerdo con que las agresiones a profesores entren en el Código Penal como propone el PP.

Estamos hablando de adolescentes, chicos y chicas en una etapa de la vida en que la rebeldía suele estar a flor de piel -lean El adolescente indomable- y en que las actitudes respecto a sus profesores consisten, en la mayoría de los casos, en enfrentarse a ellos. Los que así se manifiestan tienen a toda la clase a su favor, pues aunque muchos de sus compañeros no estén de acuerdo con sus conductas, y deseen dar la clase en paz, no se pondrán nunca al lado de los profesores, ya que después ellos mismos puede ser represaliados. Y es que "los líderes negativos" gozan de gran admiración y de cierta impunidad. ¿Qué les puede pasar? ¿Que los echen de clase? Volverán. ¿Que suspendan y repitan? ¿Qué les importa? Ya los aprobarán. Los inspectores ya se encargan de aquel profesor que suspende a muchos. Porque no se puede superar un determinado tanto por ciento de suspensos. Si se supera, sobre el profesor en cuestión caerá el castigo o, en todo caso la "lupa" de la inspección hasta que se aclare de dónde procede el "fallo".

Además, a los docentes no los han formado para solucionar situaciones violentas en el aula, a costa de disciplina policial, o para aguantar las embestidas como si fueran policías, héroes o santos.

Hasta hace un tiempo, la gran baza de los profesores en los casos problemáticos sucedidos en el aula era la autoridad que les daba su cargo, la cual comenzó a desaparecer a partir del momento en que se aceptó que los alumnos se burlen de ellos, los desprecien o los insulten con toda impunidad. ¿Qué autoridad les queda hoy? Escasa o nula, pues el sistema educativo no proporciona instrumentos adecuados para resolver estos conflictos de forma eficaz y a su debido tiempo. Éstos se eternizan, y los chicos lo saben, que es lo peor. Tener un "jefe" al que se le ha despojado de autoridad es una contradicción in terminis.

No me extraña que del estudio que el sindicato de profesores ANPE, encargó hace un tiempo para evaluar la salud psicológica del profesorado se extrajera que un 43% presenta algún signo de daño psíquico, y que en concreto el 33,60% manifiesta síntomas de angustia y el 34,92% de depresión.

Estoy segura de que si al día de hoy se actualiza ese estudio han aumentado los datos negativos, pues, según encuestas recientes de sindicatos como CSI-CSIF, el 12% de los profesionales de secundaria ya han sufrido agresiones físicas. En el 80% de los casos, provienen de alumnos; en el 17%, de padres.

A esta situación se ha llegado por diversas causas. Subrayaré sólo dos. Primera: las sucesivas reformas educativas de los últimos tiempos no han hecho sino mimar al alumno de forma exagerada y peligrosa. De hecho, éste tiene 59 derechos frente a nueve deberes. Esto hace que los roles de profesor y alumno se aproximen tanto que este último toma al primero por un colega más -un colega al que hay que machacar pues tiene poder para calificar sus exámenes-.

Segunda: se ha quitado al profesor mucha autoridad, otorgándole parte de la responsabilidad a las Asociaciones de Padres y Madres. De hecho, hay continuos enfrentamientos y agresiones de los padres de alumnos con los profesores de sus hijos.

Hay que devolver la autoridad y la autoestima al profesor en su trabajo como docente. No queda otra opción para resolver, o al menos hacer que disminuya, esa violencia que pone en peligro un puntal de las sociedades democráticas como es la educación. Los docentes y los sindicatos ya han hecho oír su voz, reclamando reformas legales para reducir la violencia psíquica y física. Sin una educación de calidad no habrá nuevo modelo económico, ni desarrollo cívico, ni un futuro digno.

Juana Vázquez es catedrática de Lengua y Literatura y escritora.