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Cómo motivar en tiempos revueltos

El talento es un bien escaso que en ocasiones se desperdicia - La crisis llena de apatía a muchas empresas, pero puede ser también un acicate

Los trabajadores de Google eligen cada mañana en qué proyectos de la empresa implicarse y cómo hacerlo en función de sus aptitudes. Si no hay ninguno en marcha que les satisfaga, proponen uno para que sus compañeros se sumen. Cada uno gestiona buena parte de su tiempo a su aire. Esta forma de trabajo es uno de los modelos más exitosos de la gestión del talento de los empleados en el mundo. Pero la mayoría de las empresas están a años luz. Las capacidades de los trabajadores quedan muchas veces coartadas por corsés, horarios y una escasa capacidad de motivación. La crisis puede ser una oportunidad de redescubrir y potenciar el talento de los trabajadores, pero también un obstáculo para superar un círculo vicioso: las compañías no sacan todo lo que pueden de los profesionales y éstos no encuentran ámbitos para motivarse y desarrollar sus cualidades.

Un liderazgo fuerte y preparado, una forma adecuada de trasladar los mensajes en la empresa, incluso un plus de humanidad son algunos de los consejos de los expertos para aprovechar al máximo esas virtudes en tiempos revueltos. Como dice Francisco Muro, consejero delegado de la consultora Otto Walters, los enemigos comunes sirven para unir y progresar. Y ahora hay uno de dimensiones gigantes: la crisis. "El problema es que también es fácil meter la pata cuando se está ante ella", matiza.

Esta última es la postura de Santiago Álvarez de Mon, profesor de la escuela de negocios IESE. Piensa que las cosas, en general, se están haciendo mal: "En lugar de templar sobre el talento, te empuja a correr, nos volvemos todos histéricos, exigiendo prestaciones gigantes en un mecanismo impulsivo, primitivo, como el de un equipo de fútbol a punto de bajar a segunda división". Piensa que deberíamos pararnos a pensar, a analizar la situación y a sacar conclusiones en frío. "No conozco ninguna persona sin talento en nada, pero sí a mucha gente desubicada. La crisis cultiva la impaciencia, los nervios, puede bloquear ese talento. En lugar de crear un clima en el que aflore, se hace lo contrario", añade Álvarez de Mon.

Volvamos al extremo opuesto: Google. Las iniciativas de los trabajadores son casi todo en la empresa y eso les sirve de acicate para seguir aportándolas. Una red interna informa sobre proyectos de todo tipo y el personal que requiere. Si a alguien se le ocurre diseñar un sistema determinado necesitará programadores, diseñadores, expertos en usabilidad... Publica su proyecto esta intranet y los compañeros deciden si tienen el tiempo y la motivación para participar en él o prefieren decantarse por otros con los que se sientan más identificados.

Es una tendencia cooperativa a la que se está tendiendo en muchas empresas que estaban marcadas por un enorme individualismo. Pilar Jericó, autora del libro La nueva gestión del talento (Prentice Hall), lo ha detectado en la banca. "Hay más colaboración y menos competitividad interna, el talento se centra ahora más en el equipo que en llegar a ser el número uno". Pone como ejemplo de cambio de mentalidad el caso de Banesto, donde jefes jóvenes que no habían vivido ninguna situación tan crítica están acudiendo a cursillos guiados por veteranos que les guían con su experiencia. Estamos, dice, en el momento para la coherencia de la empresa, que se tiene que encargar de generar un compromiso que lleva mucho tiempo reclamando a los trabajadores.

Eso puede resultar fácil de decir, pero ¿cómo se hace? La propia Jericó responde: "La capacidad de liderar no puede ser tan dura, tiene que haber una parte afectiva, porque los resultados no serán tan fáciles de conseguir como antes. El liderazgo debe ser más colaborativo y hay que saber encajar los fracasos. Los directivos tienen que mostrarse más humanos, porque van a aumentar los índices de estrés".

También crece el pesimismo. Es fácil que caiga la motivación incluso en ciudadanos cuyos puestos de trabajo no peligran, según indica la psicóloga del trabajo Elena Tomás. "Es un principio universal", dice, "están viendo cómo todo se desploma a su alrededor". Al igual que Jericó, destaca que es importante fomentar el colaboracionismo y desterrar la ambición por destacar a toda costa. Pero, además, es fundamental aprovechar el talento que hay dentro de las organizaciones. "En general, todos los estudios que se han realizado sobre motivación y talento muestran que hay que ofrecer posibilidades, retos, desafíos. En principio, cada persona debe tener un trabajo de acuerdo con sus habilidades, competencias, relacionado al máximo con lo que son capaces de hacer. Si encaja en la línea de negocio de la empresa, el camino viene rodado".

Para eso, además de contar con especialistas, como psicólogos del trabajo, que usan las herramientas para detectar estas habilidades -como cuestionarios o encuestas-, es imprescindible partir del talento directivo, según coinciden la mayoría de los expertos. Francisco Muro pone el ejemplo del Real Madrid en la época galáctica, cuando contaba con los mejores jugadores del mundo: "Se equivocaron porque ponían a segundones a dirigir a la crème de la crème. Una persona de gran valía no puede estar a las órdenes de un cualquiera que no tiene ni idea, que no vale como interlocutor. Lo primero que intentará es irse de ahí. El talento lo mínimo que necesita es aprecio y respeto".

El buen liderazgo tiene muchas facetas. Ahora, según Muro, es fundamental que "la presión esté fuera de la empresa". Cuenta que no hay que meter "ni un gramo de complicación por estupidez personal". "Cualquier desliz o mensaje mal dado, cualquier noticia mal comunicada es suficiente para que se forme revuelo. Pero volvemos al talento. Hay que dirigir muy bien. El año pasado, hasta haciéndolo mal se podía ganar dinero. Ahora, incluso dirigiendo muy bien es fácil perderlo", añade.

Pero la motivación, el talento, no sólo aflora en función de las coyunturas internas de la empresa. Luis Urbano es uno de los responsables de elaborar cada año el mapa global del talento en la empresa Heidrik & Struggles. Asegura que las condiciones ambientales del país o la región son muy influyentes. Pone el ejemplo de los investigadores: "Si en tu entorno hay más empresas donde trabajar, estarás más motivado para mejorar porque sabes que hay alternativas. Si hay inversión en I+D es más fácil que afloren estas cualidades personales".

Para realizar el mapa del talento, Heidrick mide una serie de parámetros, que van desde la natalidad -cuantos más niños más fácil será que alguno se convierta en un profesional brillante-, hasta inversión en innovación, nivel educativo o números de escuelas de negocio de calidad. Una vez objetivados todos estos parámetros, hacen una lista liderada por Estados Unidos, seguida de Canadá y Holanda. España no entra en los 10 países con más talento, según esta clasificación. Es la undécima. Y, según su último mapa publicado, que predice la situación de 2012, estaremos igual dentro de tres años, cuando Estados Unidos seguirá liderando la tabla. El puesto que ocupa es algo mejor en cuanto a la capacidad de atraer talento, donde España está en el octavo lugar del mundo. Sin embargo, desde que se hizo este último estudio en 2007, la coyuntura ha variado mucho. Urbano explica que la inversión es fundamental para generar y mantener el talento y que la crisis no ayuda. Volvemos a un círculo vicioso difícil de superar. "Si ese talento no aflora te conviertes en poco atractivo para la inversión", subraya.

Porque, con o sin crisis, el talento se cotiza, según casi todos los expertos en este asunto, sobre el que se han escrito cientos de libros y del que existe toda una cultura. La decana de la escuela de negocios IE, Gaylle Allard, explica que "hay una competencia feroz" incluso en momentos malos. "Las personas con más talento suelen tener idiomas y destrezas exportables y los países compiten con los países". Por eso las empresas deben de ser muy cuidadosas con el que tienen dentro y no desaprovecharlo por una posible falta de motivación. Allard cree que todo mejoraría con un mercado laboral más flexible: "Los trabajadores fijos tienen un incentivo un poco perverso para no ser más productivos por estar bastante protegidos. Esta protección tiene su parte positiva por cuanto favorece el capital humano, pero también puede tener el efecto pernicioso de la falta de incentivos. Por otro lado, en España tienes un colectivo enorme de temporales en cuya productividad no se invierte. Tienen incentivos para ser más productivos, pero como saben que no se van a quedar pierden motivación".

Lo que cuenta Allard tiene mucho que ver con una idea cada vez más debatida en Europa conocida como flexiseguridad. La idea se basa en que los despidos sean baratos y que al mismo tiempo se invierta mucho dinero en formación de los trabajadores para que tengan grandes oportunidades de encontrar empleo. De esta forma, según la teoría, la motivación en el trabajo crecería tanto por el temor a un despido como por la facilidad para encontrar otro con más oportunidades. Supone una desprotección a los empleados que el Gobierno español rechaza de plano, pero que se extiende en países como Dinamarca u Holanda.

Pero hay otras formas de retener y hacer brotar el talento sin necesidad de desproteger a los empleados. Pablo Sagnier, director de la consultora Egon Zehnder, cree que hay que cuidarlos, asegurarse que se contrata a los mejores y que se retiene y desarrolla a los más válidos dentro de la organización. Lamenta que todavía hoy haya empresas que le dan importancia relativa al talento porque creen que tienen otros activos más importantes. "A largo plazo, está demostrado que las compañías más sofisticadas y exitosas son las que le están dando una importancia creciente, ya que es un activo escaso", añade.

Esta escasez se palia desde la escuela. Javier Tourón, profesor de la Universidad de Navarra y director del Centro para Jóvenes con Talento, dice que en España existe una legislación que posibilita el aprovechamiento de ese talento, pero que en la práctica no es real. Según sus datos, un 98% de los niños con alta capacidad no reciben un tratamiento especial que la potencie. "Igualdad de oportunidades es dar a cada uno lo mejor en función de sus posibilidades. Estos chavales en ese sentido están discriminados", dice. En su opinión, la fuga de cerebros empieza desde la escuela. Y los fallos continúan en niveles superiores. Para Borja Peleato, investigador de Stanford University, las universidades están muy desconectadas de las empresas, lo que propicia un nuevo obstáculo para aprovechar el talento.

Con todo, en muchas ocasiones la competencia de los trabajadores está ahí y sólo hace falta sacarla a la luz. En Google, donde son expertos en eso, inventaron G-Mail a raíz de su sistema de propuestas de empleados. Hoy es uno de los mejores sistemas de correo electrónico del mundo.

Pablo Linde en El País.

Una Historia Solidaria

Estados Unidos, años sesenta: John Van Hengel, retirado en Fenix (Arizona), participa en una recogida de frutas y legumbres organizada por una institución asistencial. Son muchos los parados y las personas marginadas a las que deben atender. Un día, la madre de nueve críos le cuenta cómo ella, teniendo a su marido en prisión, consigue dar de comer a toda su chiquilleria recogiendo los alimentos que caen y nadie recupera, durante la descarga efectuada de madrugada en un supermercado vecino. Ella le sugiere que pase a otras madres la experiencia...

Van Hengel hace algo más: organiza con voluntarios la recogida de alimentos en supermercados. Así, en 1967, nació en Fenix el primer Banco de Alimentos, ("St. Mary’s Food Bank") con un puñado de voluntarios y los 250 m2 de una vieja tahona.

La idea se propaga con gran rapidez. Alentada la iniciativa por el Gobierno, se extiende enseguida por todo el País. En la actualidad, el movimiento se extiende por los 50 Estados de la Unión y Puerto Rico.

Las Industrias agro-alimentarias y las grandes cadenas de distribución de alimentos colaboran con los Bancos de Alimentos formando lo que llaman "SECOND HARVEST", Segundo Reparto, que realizan sistemáticamente con sus excedentes, sintiéndose dichosos de hacer esta contribución y, en algunos casos, ayudando incluso a la formación de los Voluntarios para los Bancos.

Sus donaciones gozan también de ventajas fiscales. SECOND HARVEST, con sus 350 donantes de importancia nacional, y su red de 181 Bancos de Alimentos asociados, constituye la mayor organización de Caridad de los Estados Unidos, dedicada al auxilio de los que pasan hambre.

Según datos del año 1993 que nos han facilitado, esta organización hizo llegar alimentos (330.000 Tm.) y dinero (más de 600 millones de dólares) a 181 Bancos de Alimentos asociados, (cada Banco tiene además sus propios proveedores directos de alimentos y socios que aportan dinero).

Atendieron a más de 50.000 Agencias de beneficiencia. Estas Agencias auxiliaron a 26 millones de personas/año. De ellas casi 11 millones son niños.

La eficiencia de esta Organización es extraordinaria: Por cada dólar que reciben, consiguen hacer llegar a los necesitados productos por valor de 68 dólares; gracias a los pocos gastos en que incurren, el 99,7% de las donaciones va directamente a los necesitados.

Para dar una idea de la importancia que puede tener un sólo Banco podemos decir que solamente un Banco de Alimentos de Chicago, el "Greater Chicago Food Depository", ocupa unos 10.000 m2 de terreno, distribuye al año 7.000 Toneladas de alimentos a más de 200 instituciones asociadas y se vale de la colaboración de más de 4.000 voluntarios.

Qué son los bancos de alimentos
Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso. De ahí su lema “Nos hace falta lo que a ti te sobra”.

Operan en sociedades desarrolladas en las que despiertan el espíritu solidario y difunden los valores humanos y culturales necesarios para ayudar a mitigar la cruel contradicción que se manifiesta en la existencia de excedentes alimenticios y las bolsas de pobreza y marginación existentes.

Los Bancos de Alimentos no entregan comida directamente a los necesitados sino a instituciones caritativas y de ayuda social oficalmente reconocidas que tienen el contacto mas cercano con los colectivos necesitados.

Son entidades reconocidas oficialmente. En el caso de España, cincuenta Bancos de Alimentos están integrados en la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que a su vez es miembro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) con sede en Paris.

El mismo Estado para mucha más gente

La explosión demográfica en España no se ha visto compensada por un crecimiento proporcional en servicios públicos - Escasean facultativos y camas hospitalarias, y faltan recursos educativos

La población española ha aumentado en los últimos años a pasos agigantados, pero el Estado del bienestar no crece al mismo ritmo. Son cerca de seis millones de habitantes más (un 12%) en ocho años, los que van de 2000 a 2007, hasta sumar 46.157.822. El empuje de los nuevos ciudadanos ha puesto en evidencia las carencias estructurales en dos servicios públicos clave, la sanidad y la educación, según alertan sociólogos, demógrafos y sindicatos.

De hecho, estas dos partidas -transferidas a las comunidades- suponen un 60% de los presupuestos autonómicos. Precisamente para poder mantener la atención es por lo que las Administraciones están renegociando el modelo de financiación, que cerró el PP, pero que se ha quedado obsoleto.

Los expertos subrayan que es muy difícil trazar un mapa del estado de la sanidad y la educación en toda España, dado que las competencias están transferidas y las comunidades deciden cómo gastan el dinero sin rendir cuentas a nadie. "Son datos muy desagregados, descentralizados y dispersos; por lo que es muy difícil hacer acopio de indicadores para el conjunto del país", opina Joaquín Arango, director de la unidad social del CSIC. "Porque la cuestión no es determinar si la población crece un 2% y si entonces los servicios públicos crecen un 2% también, sino si crecen de forma homogénea".

Sociólogos y demógrafos indican, sin embargo, que es ilustrativo fijarse en las más pobladas, como Madrid (6,2 millones), Cataluña (7,4 millones) y Andalucía (8,2 millones). "Las carencias suelen estar muy localizadas en zonas donde se concentra la población inmigrante", dice Arango, quien también es profesor de estudios demográficos de la Universidad Complutense. "Es razonable esperar que, tras el crecimiento de la población, la provisión de servicios públicos en estas zonas sea insuficiente", añade.

Si se toma el gasto sanitario por persona, las tres comunidades están rezagadas en 2008. Andalucía asignó 1.139,49 euros, Cataluña destinó 1.274,92 y Madrid 1.157,42. Las tres se situaron por debajo de la media (1.326,77 euros), según datos del informe de diciembre de 2008 de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Y esa posición la ocupan desde hace años. En 2002, tampoco alcanzaban la media. Son cifras de FADSP, que elabora estudios comparativos de los 17 sistemas de salud desde 2004, con datos del Ministerio de Sanidad. Aun así, cabe matizar que las zonas con mayor población requieren proporcionalmente de una menor inversión, porque se benefician de las economías de escala: consiguen más rebajas de los proveedores porque compran más de todo, desde tiritas a escáneres.

Sus previsiones no mejoran para 2009. Los Ejecutivos autónomos aumentarán su partida sanitaria en un 2,46%, una subida ajustada. Madrid se quedará en 1.170 euros por persona, muy lejos del País Vasco (1.607,34) y Extremadura (1.580,84), que suelen encabezar la lista. Son conocidos los recelos de algunos expertos a establecer una relación directa entre el gasto por habitante y la calidad de la asistencia, pero todos suelen coincidir en que ayuda.

Otros indicadores (no concluyentes, pero sí indicativos) son el número de médicos y hospitales por habitante. Un caso conocido es el de Madrid, donde los 4.000 médicos y pediatras de los 400 centros de la red de atención primaria atendían en 2006 una media de 39 pacientes al día, según datos de la Consejería a los que accedió este periódico el pasado abril. Lo recomendable sería que vieran a entre 20 y 30, según los expertos. Una situación que, según los sindicatos, no mejora.

"Creo que nos quedamos atrás en infraestructuras", indica Juan Manuel Cabasés, economista de la Universidad Pública de Navarra, quien además advierte de que se ha de tener en cuenta la "diversidad cultural" de la nueva población. Los inmigrantes "añaden nuevos retos, como el de atender a un paciente africano o del Este en su idioma".

"El mayor problema del Sistema Nacional de Salud es la falta de reforma de la atención primaria", insiste Iñaki Gurrea, secretario de la Federación de Sanidad de CC OO. "Habría que destinarle un 25% del gasto sanitario". Y remacha: "Cuando el problema es estructural, el aumento de la población lo agrava". Y cada autonomía responde a su manera. Así, si en 2001 Andalucía contaba con 1,17 hospitales por cada 100.000 personas, cuatro años después (últimos datos oficiales) ya eran 1,19, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, Cataluña había bajado de 2,85 a 2,55 y Madrid, de 1,42 a 1,22. La proporción ha cambiado mucho en esta última comunidad en 2007 y 2008, con la apertura de ocho hospitales. Pero eso, añaden los expertos, no implica que el número de camas o de especialistas crezca en la misma proporción: los nuevos centros son de tipo medio, todavía carecen de muchos servicios y, en parte, se van a usar para descongestionar los monstruos (Clínico, 12 de Octubre, La Paz), que en algunos casos cuentan todavía con habitaciones para seis enfermos, por ejemplo.

Luego están las camas por cada mil habitantes (incluyendo públicas y privadas). En este apartado las tres comunidades perdieron el ritmo entre 2001 y 2005: en Andalucía se pasó de 2,97 a 2,59, Cataluña, de 4,71 a 4,35 y Madrid, de 3,64 a 3,18. En este cómputo, la Consejería de Sanidad andaluza juzga que se tendrían que contabilizar sólo las camas públicas porque "en Andalucía casi no hay hospitales privados", precisa una portavoz. "Además, en vez del gasto sanitario habría que comparar su eficacia". El problema es que faltan indicadores al respecto (Sanidad espera tenerlos este año).

El informe de FADSP establece además una clasificación de calidad. Andalucía ocupa la segunda posición (la novena en 2004), seguida de Asturias; Cataluña se sitúa en la quinta (11ª en 2004), y Madrid, en la decimocuarta (16ª en 2004). "Todas las autonomías suspenderían en general, pero hay intentos de mejora loables como los de Andalucía y Cataluña", asegura Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP. "El presupuesto sanitario ha crecido en números absolutos, pero la mayor parte se la lleva el gasto farmacéutico, en vez de la atención primaria".

Se trata de números que, con todo, hay que poner en perspectiva, ya que para calibrar la mejora de la sanidad se han de tener en cuenta muchas otras variables. Una es "el envejecimiento de la población, que es más rápido que el crecimiento total", señala el demógrafo Joaquín Leguina desde el INE. La franja de los mayores de 64 es la que crecerá más en los próximos años (un 19%), según la reciente proyección para la próxima década. Los 1,4 millones de jubilados de hoy necesitarán ayudas especiales, lo que obligará a una mayor inversión. Sobre todo en cuidados sociosanitarios más allá de la primaria, que sólo necesitará un incremento del 0,7% en las próximas décadas, según calculó la Fundación BBVA en 2003.

Las carencias no se deben principalmente a la inmigración. Es cierto que el gran aumento de la población se explica por el empuje de los inmigrantes, ya que 8 de cada 10 nuevos ciudadanos nacieron fuera de España (en total ya son 5,2 millones, el 11% de la población). Pero su presión sobre la sanidad es relativa. "Sus demandas curativas son mucho menores que las de la media española", sostiene Leguina. Y, además, según el INE, la inmigración se frenará hasta la mitad en dos años.

Aparte de la sanidad, la educación es otro de los grandes sectores incluidos en la actual negociación sobre la renovación de la financiación autonómica. "Habrá que esperar a que se cierre el pacto para hacer un balance exhaustivo sobre el estado de la sanidad", considera Pilar Navarro, secretaria de Sanidad de UGT. "Uno de los problemas es que no hay financiación finalista; es decir, una partida que las comunidades tengan que destinar obligatoriamente a sanidad". Por lo que se sabe, el modelo en el que se está trabajando incluye un lote social (sanidad, educación y dependencia) que sí impediría que una comunidad, por ejemplo, se queje de que recibe poco dinero para salud mientras se embarca en proyectos faraónicos culturales o de obras públicas.

En la educación, la inmigración pesa más. Si en el curso 2001-2002, el alumnado extranjero no universitario (incluyendo infantil, primaria y secundaria) era de 22.749 en Andalucía, de 36.308 en Cataluña y de 57.573 en Madrid, la cifra ascendió cuatro años después a 60.654 (Andalucía), 110.578 (Cataluña) y 112.558 (Madrid), en 2005-06. "Aquí el problema no es la escolarización, que es obligatoria hasta los 16 años y funciona entre españoles e inmigrantes, y se da al 100%", sostiene Leguina. "En este caso, de haber carencias, tendrán que ver con criterios cualitativos".

Criterios que van desde la distribución homogénea del alumnado entre los centros públicos y los privados concertados, a la aplicación de medidas contra el fracaso escolar y el abandono de los estudios, según reclama Charo Pérez Molina, desde Enseñanza de UGT. "Ante el incremento de la población escolar, especialmente de alumnado inmigrante, se requiere una atención adecuada para una educación de calidad". La prioridad, inciden, es aumentar la financiación.

Dos variables para evaluar el estado de la educación son el porcentaje del producto interior bruto (PIB) destinado a este apartado y el gasto educativo público por alumno. En Madrid precisamente el porcentaje del PIB asignado a educación desciende desde hace años. La región con menor gasto educativo en relación con su PIB (2,69%) fijó para 2008 un aumento de 4,20% respecto a 2007. Un incremento inferior al del presupuesto total (4,49%) y, por tanto, un descenso en términos relativos, según CC OO.

El presupuesto de la Consejería de Educación previsto para 2008 fue de 4.783 millones, un 25,1% del total, lo que suponía un descenso continuado desde el 27,5% de 2002. "La educación no es una prioridad para el Gobierno regional", señala Francisco García, secretario general de Educación en CC OO. "El gasto relativo es ridículo, del 2,69% del PIB, el peor de España", añade. "Un mayor presupuesto no garantiza el éxito escolar, pero uno insuficiente garantiza el fracaso".

Tampoco mejora Madrid en cuanto a gasto por alumno en enseñanza no universitaria. Asigna 4.314 euros al año, menos que Cataluña (4.378) pero más que Andalucía (3.841), que se coloca en la penúltima posición, sólo por delante de Murcia. Eso sí, las tres comunidades están por debajo de la media española (4.520). Y muy lejos del País Vasco (6.070) y Navarra (5.614), que encabezan la clasificación de CC OO, elaborada con datos ministeriales de 2005.

Es imprescindible "incrementar el gasto público total y el gasto público por alumno debe ser prioritario para el Estado y las comunidades autónomas", insisten desde el sindicato CC OO. "La calidad del sistema educativo no mejora debido, entre otras causas, a que el gasto público respecto al PIB está lejos de la media de la Unión Europea". Por ello reclaman una financiación del 7% del PIB en todos los tramos del sistema educativo.

Obtener una imagen de conjunto que muestre si la sanidad y la educación crecen al ritmo de la población es, según los expertos, muy complicado. Junto a la dificultad de recopilar un volumen de datos muy disperso, varios demógrafos recelan del incremento que registra el padrón. "Tenemos dudas razonables de su rigor, porque crecer a casi 800.000 habitantes anuales es inaudito", opina Juan Díez Nicolás, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.

En cualquier caso, la crisis obliga a poner en cuarentena cualquier cálculo. La población se contendrá a partir de 2010, según la citada proyección del INE. La natalidad descenderá y la inmigración se frenará. Eso sí, el estudio hace recomendable tener muy en cuenta la tasa de dependencia (las personas que dependen de la población activa, como los menores de 16 y los mayores de 64), que pasará de 47% al 53% del total. Y eso sí que podría ejercer una gran presión sobre la sanidad y la educación. De momento, el crecimiento de la población hasta la fecha muestra a las claras las carencias estructurales de la sanidad y la educación. El próximo censo, de 2011, proporcionará más datos para evaluar la evolución del Estado del bienestar durante la última década.

Abel Grau para El País.

Al trabajo, mejor en autobús o en bicicleta

España va a la zaga en el uso de transportes no contaminantes - Cataluña culmina su campaña contra el uso del coche

Se acabaron los grandes discursos, los estudios interminables y los proyectos bienintencionados que quedan en nada. Ha llegado el momento de pasar a la acción y aplicar, ya mismo, medidas concretas para mejorar la calidad del aire en las ciudades a través del transporte público. Ésa es, al menos, la opinión de los expertos en movilidad sostenible. Un asunto en el que, como en tantos otros, España anda a la cola de Europa. Aunque hay experiencias en marcha (como la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en Barcelona) éstas son tímidas. La vigente cultura del coche y el tradicional desdén de los políticos tienen, según los expertos, la culpa.

En Esparreguera (Barcelona, 22.000 habitantes) el Ayuntamiento acaba de aprobar una bonificación del 35% sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que diseñen un plan de movilidad para sus trabajadores. La iniciativa es loable, dicen los gestores, pero queda muy lejos -por tiempo y dimensiones- de las que imperan en capitales europeas. En Bruselas, por ejemplo, las empresas con más de 200 empleados están obligadas a redactar planes de movilidad. El sistema funciona desde hace siete años. Las firmas que facilitan autobuses (y los empleados que los utilizan) reciben, además, beneficios fiscales.

"España se ha dormido y la Unión Europea nos lleva un gran adelanto. Se hacen cosas, pero sin hoja de ruta se quedan en la mera anécdota", juzga Andrés Luis Romera Zarza, profesor de un máster de movilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Ese mismo calificativo -"anecdótico"- lo utiliza el coordinador de la Fundación Movilidad Sostenible, Pau Noy: "Ni el Gobierno central ni los autonómicos se preocupan del tema. Sólo Cataluña ha tomado la delantera, y aun así, estaría en el pelotón europeo".

Los expertos coinciden: Cataluña es la "punta de lanza" de las políticas que buscan arrinconar el coche y elevar al podio al transporte público. Hace cinco años fue la primera comunidad que se dotó de una ley de movilidad. Y a finales de 2007 aprobó una medida polémica que, no obstante, ya ha dado sus frutos: la reducción de velocidad en las vías de acceso a Barcelona a 80 kilómetros por hora. La cifra de muertos en accidente ha caído un 50% en esas vías. Y a su alrededor se respira un aire un poco más sano. En un año, las emisiones de dióxido de carbono y de partículas en suspensión de los tubos de escape se han reducido un 4%. En la misma proporción ha caído el consumo de gasolina.

Nada más conocerse la propuesta del Gobierno catalán, el Real Automóvil Club de Cataluña y diversos grupos políticos expresaron su rechazo. La idea tampoco convenció, al inicio, a los conductores, disgustados por tener que levantar el pie del acelerador. "En nuestra cultura, el coche es objeto de idolatría. Los grupos de presión del sector del automóvil son fuertes. Parece que, en esta democracia, el voto de los conductores cuenta más que el de los que usamos el transporte público", ironiza Manel Ferri, responsable de transporte de Comisiones Obreras.

El pasado jueves entró en vigor la segunda parte del plan: la velocidad variable. Se trata de que fijar los límites de velocidad a través de paneles luminosos y en función de la congestión, las condiciones meteorológicas o la contaminación. La horquilla va de los 40 a los 80 por hora. El sistema no es nuevo: se utiliza desde hace tiempo, y con razonable aceptación, en Londres, Birmingham, Utrecht o Amsterdam. La Generalitat prevé, también, unir Barcelona con una veintena de ciudades mediante autobuses directos que tendrán una frecuencia de paso de 30 minutos.

El transporte representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y se come el 36% del consumo de energía en España. De ahí la importancia de limitar al máximo la circulación entre las áreas metropolitanas y el centro de las ciudades. El transporte colectivo (autobús, ferrocarril, metro, tranvía en superficie) y la bicicleta deben acabar con el reinado del coche, según recoge la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.

Grandes ciudades europeas han optado por restringir el uso del vehículo privado, sobre todo en el centro. Londres impulsó el peaje urbano hace cinco años: para acceder al centro en días laborables hay que pagar una tasa de once euros. El resultado: el tráfico en la capital británica ha caído un 30%, con la consecuente mejora de la calidad del aire.

En Berlín existe una "zona ambiental" de 88 kilómetros cuadrados donde los coches que más contaminan tienen vetado el acceso. Una medida similar, aunque más suave, ha adoptado Milán: los conductores de coches poco eficientes pagan entre dos y diez euros al día. Una página web (Low Emissions Zone, o sea, áreas con bajas emisiones) enumera unos 80 municipios que, de un modo u otro, han restringido el acceso a algunos vehículos. Hay ciudades de Alemania, Austria, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Suecia, Dinamarca o Noruega. De momento, ninguna gran urbe española.

En Roma, durante algunos días de invierno, sólo circulan por sus calles coches con matrícula par o impar, según el día. En Madrid, recuerda el profesor Romera, "se intentó hacer algo parecido, pero no se pasó de un plan piloto". Una prueba más de la jerarquía del coche. Madrid es una de las ciudades que más ha invertido en transporte público (sobre todo, en el metro) y aun así "no ha perdido tráfico rodado porque se siguen haciendo carreteras", indica Noy.

Dentro de los núcleos urbanos las cosas se han hecho algo mejor, subrayan los expertos. No tanto por paliar los efectos sobre el medio ambiente como por la necesidad de que las ciudades sean más amables para el ciudadano. "Las medidas para calmar el tráfico tienen una gran tradición" en España, según el primer Informe sobre las políticas locales de lucha contra el cambio climático. Se trata, en estos casos, de peatonalizar las calles (total o parcialmente) y de crear áreas con prioridad residencial. En San Sebastián, por ejemplo, se han peatonalizado 50 calles en los últimos años, una medida que "humaniza y relaja la ciudad" y que "ha sido positiva para la actividad comercial", destaca un portavoz municipal.

Las zonas 30, donde la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora, también se han extendido. Lo mismo que el servicio de carsharing: los usuarios se registran en Internet y acuerdan compartir los gastos de un mismo coche con otros ciudadanos que cubran su misma ruta para ir a estudiar o al trabajo.

Muchas de esas iniciativas han sido impulsadas desde la Red de Ciudades Españolas por el Clima, que agrupa a 150 ciudades, entre ellas las principales capitales. Para ser miembro hay que cumplir ciertos objetivos en materia de medio ambiente y, por tanto, de movilidad sostenible. Dentro de esta avanzadilla se encuentra Vigo. El Ayuntamiento y Citroën han elaborado un plan de movilidad. El proyecto ha permitido acercar el servicio de autobús a las zonas donde viven mayoritariamente los trabajadores, explica el alcalde, Abel Caballero, que es al mismo tiempo presidente de la Red.

Los municipios de la Red están comprometidos a que sus flotas de vehículos sean eficientes y utilicen energías limpias. Por ejemplo, que los autobuses urbanos funcionen con combustibles alternativos como el gas natural comprimido, el biodiésel o las pilas de hidrógeno. También deben contemplar el uso de bicicletas como medio de transporte de algunos de sus funcionarios.

Aunque son sólo "una solución parcial" al problema de la movilidad, las bicicletas cada vez están más presentes en el entramado urbano. Lo ha permitido la proliferación de carriles bici. Por ejemplo, en Valencia. "Impulsamos 78 kilómetros de carril bici. Hemos ganado espacio para peatones y ciclistas y tenemos un plan ambicioso para que se pueda aparcar el coche en las afueras de la ciudad y, desde allí, acceder al centro en transporte público", reseña Alfonso Novo, concejal de Transporte. En el barrio de El Carmen, además, está vigente también la limitación a 30 por hora.

En Barcelona, se ha optado por las áreas verdes de aparcamiento. Se trata de zonas donde los residentes tienen prioridad para aparcar (a los que no lo son, les sale demasiado caro). "Evitas así la circulación de muchos vehículos foráneos en busca de aparcamiento", indica Ferri. El dinero recaudado se ha usado, en parte, para impulsar el Bicing, el servicio de alquiler de bicicletas públicas de la ciudad. Lo mismo que en la ciudad holandesa de Apeldoorn, donde, además, las bicis tienen prioridad semafórica.

En la línea de fomentar el transporte público y la amabilidad del entorno, muchas ciudades han retomado un medio de transporte histórico: el tranvía. Comenzó Valencia en 1994 y le siguieron Bilbao (2002), Alicante (2003), Barcelona (2004), Vélez-Málaga (2006), Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Parla, en Madrid, (2007) y Vitoria, el año pasado.

Los expertos insisten en que se trata de iniciativas aisladas y coinciden en la necesidad de que el Gobierno español apruebe una ley de movilidad. "Ha habido una gran desconexión entre administraciones. Cataluña, Euskadi y las dos Castillas han aprobado normas, pero cada una va por su lado y no hablan de lo mismo", argumenta el profesor Romera. "Se hacen grandes discursos, pero hay que bajar a los hechos. Sabemos desde hace tiempo lo que hay que hacer. Ahora hay que ponerse manos a la obra", resalta Ferri, quien, además, dice que aún se diseñan "políticas del siglo XX", en alusión a la intención de seguir construyendo carreteras.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, replica que se ha hecho "un gran esfuerzo inversor" en transporte público, pero admite que "aún no se han aprovechado al 100% todas las herramientas" para gestionar la movilidad. Ribera también cree necesaria una ley de movilidad para "coordinar a las administraciones" y luchar contra la contaminación, que en Barcelona o Madrid sigue siendo de las más altas de Europa.

Partidaria de extender la limitación de velocidad en las áreas de las grandes ciudades (aunque la competencia es de las comunidades autónomas) Ribera pide un esfuerzo de todos: "Hay que cambiar el chip sobre el coche y ser más valientes de lo que hemos sido hasta ahora".

Glosario de la movilidad urbana

- Peaje urbano. Pago para acceder al centro de las ciudades en coche. La medida busca preservar el medio ambiente y reducir la congestión.

- Aparcamiento de disuasión (’park & ride’). Son áreas de estacionamiento vinculadas a una estación de transporte público y pensadas para sus usuarios.

- Dióxido de carbono. Es el principal gas causante del efecto invernadero. Por cada litro de gasolina consumido se emiten unos 2,35 kilos de dióxido de carbono.

- Conducción eficiente (’eco-driving’). Con esta medida, los turismos consiguen ahorrar combustible en porcentajes que llegan hasta el 15% o más, aprovechando mejor la propia tecnología del motor.

- ’Carsharing’. Es una flota de coches compartidos por socios. Éstos pagan por las horas que utilizan los vehículos y los kilómetros que recorren.

- Carriles de alta ocupación. Están exclusivamente reservados para la circulación de vehículos con varios ocupantes.

Un abogado contra Guantánamo

Fue el primero en llevar la prisión ilegal a los tribunales. Abrió el camino para defender a los detenidos. Con su ONG, Clive Stafford Smith ha luchado por liberar a casi un centenar. Ahora confía en Europa para echar el cierre.

Un reportaje de Guillermo Abril

Cuando en enero de 2002 empezaron a conocerse las primeras noticias sobre la prisión de Guantánamo (Cuba), a la que los militares estadounidenses estaban trasladando a supuestos terroristas de Al Qaeda y talibanes afganos capturados “en combate”, un abogado de sonrisa torcida decidió meter una cuña antes de que se cerrara la puerta de la guerra sucia contra el terror. “Demandemos al presidente Bush”, escribió Clive Stafford Smith en un correo electrónico a sus colegas defensores de los derechos civiles en Estados Unidos. La mayoría respondió con silencio. Otros no veían ningún problema con la prisión. Algo había cambiado, se excusaban: su país se encontraba en guerra desde el 11-S.

A Stafford Smith, de 49 años, estadounidense de origen británico, no le retuvo ningún complejo patriótico. Después de dos décadas defendiendo a los innombrables en el corredor de la muerte de los Estados sureños, en febrero de 2002 demandó al entonces presidente, George Walker Bush; al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a dos mandos de la base naval de Guantánamo por retener “incomunicados y bajo custodia ilegal” a dos ciudadanos británicos. Dos años y medio más tarde, gracias a esta demanda, la Corte Suprema reconocía a los presos el derecho al procedimiento de hábeas corpus y abría una rendija para la entrada de abogados en la base.

La niebla acaricia las colinas del condado de Dorset, al sur de Inglaterra. La carretera serpentea entre prados y vacas. Unas casitas de ladrillo al fondo de un camino embarrado. Un hombre espigado se asoma a la puerta. Dentro, ofrece un té y pide unos minutos: “Estoy acabando una carta a la Casa Blanca. A ver cuál es la postura de Obama sobre la tortura cometida contra un cliente”. Stafford Smith teclea en el portátil. Su mujer, también abogada, juguetea en el salón con el bebé de ambos. John Le Carré y Ernesto Che Guevara sobre la estantería. Zumba la tetera. Punto. Correo terminado. Con la taza en la mano y sus pantalones de pana agujereados, el azote de Guantánamo sale a la calle y hace de guía hasta su oficina, una cabaña luminosa que debió de servir como almacén de aperos. Le ha puesto el apodo de El Pentágono. Como el original, dice, cuenta con cinco lados.

El inagotable Stafford Smith, distinguido como oficial del Imperio Británico, acaba de volver de Estrasburgo (Francia), donde ha pasado un par de días contando a los parlamentarios europeos “la verdad sobre los prisioneros de Guantánamo”. Con más de 20 viajes a la base americana a sus espaldas, en estancias de 10 días, ha representado a unos ochenta detenidos al frente de Reprieve, la organización británica sin ánimo de lucro que fundó hace nueve años; 50 de ellos ya han sido liberados. La mutación de la ONG, consagrada a la defensa de los condenados a muerte, fue inevitable cuando Guantánamo entró en escena. Su sede se encuentra en el corazón de Londres y cuenta con 14 abogados e investigadores dedicados a desvelar el oscuro sistema de inteligencia post-11-S. Las prisiones ilegales se encuentran entre sus prioridades. No sólo la cubana. Ahí están Bagram (Afganistán), Temara (Marruecos) o Diego García (territorio británico). El seguimiento de los vuelos de la CIA es otro de sus fuertes. Sus averiguaciones fueron entregadas en 2008 al fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el caso en España, Vicente González Mota. Reprieve aportó la identidad de los agentes de la CIA que operaron los vuelos con escala en territorio español. Los agentes se identificaron con nombres falsos, sostiene Reprieve. “Esta información todavía ha de verificarse, pero ha sido incluida en el sumario”, resume el fiscal. “Y esto da cuenta de su relevancia”.

Volvamos a Guantánamo. Con la orden ejecutiva de Barack Obama de desmantelar en un año una prisión en la que han tenido lugar más suicidios (4) que juicios justos (3), el debate se ha trasladado. “No puedes cerrarla a menos que los prisioneros tengan un lugar al que ir”, dice Stafford Smith. Ahí entra en juego Europa y su viaje a Estrasburgo. De las cerca de 240 personas que siguen encerradas, 140 regresarán a sus países. Unas 40 quizá sean juzgadas en suelo estadounidense. Cerca de 60 no tienen un destino al que volver, perseguidos en sus países, o cuyos Estados se encuentran en guerra. La negociación en el Parlamento Europeo terminó con una declaración de buenas intenciones para ofrecer refugio a quien lo necesite. Pero el problema con la política, dice el abogado, es que una cosa son las palabras y otra la acción.

Noviembre de 2004. Stafford Smith logra su primer permiso para entrar en la base y entrevistarse con los prisioneros británicos Moazzam Begg y Richard Belmar. Bush ya había anunciado al mundo (julio de 2003): “De lo único que estoy seguro es de que éstos [los prisioneros] son personas malvadas”. El abogado imaginaba que se habrían cometido errores, fallos en la identificación, falta de pruebas. “Pero supuse que lo habrían hecho bien en casi todos los casos”. Primera sorpresa: “La mayoría no eran terroristas”. Las cifras han ido hablando por sí solas: de las 759 personas que han desfilado por la base, 525 han sido liberadas. Sus dos primeros clientes volaron a casa dos meses después de la visita del abogado.

el anecdotario de este hombre sobre los sinsentidos de la prisión es interminable. Para empezar, cuenta, se topó con el muro de la burocracia militar. Lo primero que necesita un abogado para defender a una persona es saber quién es la persona, pero nadie sabía quién se hallaba en Guantánamo. Los militares tampoco aportaban ninguna pista. “Cuando por fin dimos con algún nombre y comentamos a las autoridades americanas ‘Eh, estoy representando gratis a esta persona’, nos contestaron que sólo podíamos representarlo si teníamos su permiso expreso. ‘Pregúntenle si quieren que le defendamos’, respondíamos. Y los militares: ‘No. Eso no lo podemos hacer”. La clave fue dar con los familiares, que tienen derecho a solicitar apoyo jurídico para los detenidos. Esto puede resultar sencillo con ciudadanos británicos o australianos. En Yemen, adonde Stafford Smith viajó para localizar a varias familias, se vuelve una labor titánica.

Una vez dentro, la siguiente trampa burocrática: cualquier anotación que un abogado quisiera conservar después de entrevistarse con un detenido había de meterla en un sobre y dirigirla al Departamento de Defensa en Washington, donde se tachaba debidamente toda información comprometedora para la “seguridad nacional” de Estados Unidos. Cualquier referencia a las torturas sufridas por sus clientes, como el ahogamiento, los golpes, los cortes, la simulación de homicidios en celdas contiguas o la posición de strappado propia de la Inquisición española era eliminada porque formaba parte de los “métodos de investigación”. Material clasificado que los abogados no podían hacer público.

A Stafford Smith se le ocurrió así uno de sus golpes de efecto más sonados. En 2005 le remitió al primer ministro británico Tony Blair una carta desde Guantánamo describiendo las atrocidades que los militares americanos habían cometido contra su cliente Moazzam Begg. La misiva la componían una memoria de 40 páginas sobre los abusos, que quedó censurada en un 90%, y dos folios de carta aclaratoria con el encabezamiento: “Re: Torturas y abusos a ciudadanos británicos en Guantánamo”, y un último párrafo: “Todo lo que aparezca tachado en esta carta es información que sus aliados de Estados Unidos no creen que deba conocer”. Fueron las dos únicas frases que la censura de Washington no cubrió con una mancha negra.

Ante la ausencia de juicios justos y la poca información que superaba el filtro, la labor de los abogados ha sido investigar la vida de los prisioneros con las pocas pistas que tenían. Stafford Smith lo ilustra con la historia de otro de sus clientes, Mohamed el Gharani. Originario de Arabia Saudí, fue detenido en Pakistán y vendido a los militares estadounidenses en 2003. Tenía 14 años. Durante el interrogatorio, un intérprete de árabe que hablaba el dialecto yemení le preguntó que cómo conseguía “tomates” en Pakistán. “¿Tomates?”, se preguntó el muchacho. “No necesito tomates. Puedo conseguirlos en cualquier parte”. El problema fue que la palabra que entendía en su dialecto saudí como “tomates” o “ensalada”, zalat, significaba “dinero” en yemení. Los militares, explica su abogado, concluyeron que debía de tratarse de un financiador de Al Qaeda. Lo acusaron de formar parte de una célula londinense en 1998, convencidos de que El Gharani tenía unos 25 años. Lo primero que hizo Stafford Smith, después de entrevistarse con el chico, fue confirmar su edad. Consiguió su partida de nacimiento y probó que cuando se encontraba supuestamente en Londres, financiando a terroristas, ¡tenía 11 años! Su liberación ha sido anunciada en enero.

Aun así, dice el abogado, lo más grave no han sido las torturas ni las injusticias, sino el secretismo: “Yo sé un montón de cosas que están pasando, pero tú no las sabes. Ni nadie. Los americanos clasifican la información cuando los hechos les resultan embarazosos”.

El caso de Binyam Mohamed, cliente que continúa encerrado, es un ejemplo de esta arbitrariedad. El asunto saltaba a la prensa el mismo día de la entrevista con Stafford Smith (5 de febrero). Y por eso escribía un correo apresurado a la Casa Blanca. El residente británico Mohamed fue detenido en 2002 y sometido a torturas en prisiones secretas de Pakistán, Afganistán y Marruecos, según contó. “Los americanos no nos permitían el acceso a las evidencias de esas torturas”, dice su abogado. “Así que denunciamos al Gobierno británico para que nos diera la información”. La inteligencia británica había intervenido en el interrogatorio en Pakistán. Y en Marruecos le inquirieron sobre la base de datos facilitados por los británicos.

Se ganó el caso y Stafford Smith pudo leer 42 documentos clasificados. “La información es devastadora. Pero sólo unos pocos hemos tenido acceso”. A finales de 2008, varios medios de comunicación (la BBC, The Times y The New York Times, entre otros) se unieron a la demanda, para que la evidencia saliera a la luz. El 4 de febrero, los jueces anunciaron que el Gobierno británico no la haría pública, ya que había sido amenazado por la Administración estadounidense en estos términos: “La desclasificación (…) produciría un daño duradero a nuestros acuerdos (…) y a la seguridad del Reino Unido”.

La decisión del tribunal ha sido recurrida y, en cualquier caso, Stafford Smith se muestra orgulloso. “Hasta que no hubiera juicios justos, nada se haría público. Ahora los hay y, como suele decirse, el sol es el mejor desinfectante”. Oscurece fuera de El Pentágono. La taza de té vacía descansa junto al busto de Zeus que preside su escritorio. Son poco más de las cuatro, hora del paseo con su mujer y su hijo. La figura espigada se pierde por los caminos embarrados.

El día siguiente a la entrevista, la viñeta satírica de Times mostraba a Obama preguntándose: “¿Podemos publicar la información sobre la tortura al residente británico?”. Lo mismo le había pedido Stafford Smith, si mantenía la posición oscurantista de su predecesor. “Me gusta Obama. Voté por él”, había explicado el abogado. “Pero no podremos aprender de la historia hasta que no sepamos cuál es la historia”. El documento que remitió al presidente explicando la tortura sufrida por su cliente le fue devuelto por el censor de Washington con todas y cada una de las palabras tachadas.

Guillermo Abril para El País Semanal.

Nosotros también podemos

Tienen síndrome de down. También proyectos de futuro. la joven izaskun buelta preguntó en televisión a zapatero sobre el empleo para discapacitados en españa. muchos como ella llaman a las puertas del trabajo y la vida independiente. están demostrando que pueden hacerlo.
Alex nació el mismo día que un genio, Pablo Picasso. Pero mientras el pintor malagueño se dedicó a revolucionar el arte, Alex ha conseguido convertir cada uno de los días de sus cinco años de vida en un descubrimiento para quienes le rodean. Entre la alegría del "¡ya está aquí, es igual que su padre!" y la angustia de una llamada anunciando "dicen que muestra signos de síndrome de Down" sólo medió una hora. Esa hora cambió los cristales con los que los suyos veían la vida hasta entonces.

Las gafas invisibles cargadas de prejuicios e ideas preconcebidas que se instalan en los ojos de la gente normal frente a los que son simplemente diferentes, van modulando su graduación hasta conseguir enfocar correctamente a quien está enfrente: una persona con sueños, que aspira a aprender, a encontrar trabajo, a tener amigos y a que le quieran. Tiene los ojos almendrados, tres cromosomas en lugar de dos en el par 21, su boca y sus orejas son pequeñas y necesita más tiempo para conseguir las cosas... ¿Pero son sus aspiraciones y preocupaciones tan distintas a las del resto?

Millones de personas cambiaron los cristales de sus gafas imaginarias la noche en la que Izaskun Buelta, una mujer de 32 años con síndrome de Down, se coló en sus casas a través del televisor y preguntó en el programa 59 Segundos (TVE) al presidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la situación del empleo para discapacitados en este país.

Como demuestran las personas que aparecen en este reportaje, el panorama es alentador, pero no suficiente. Según la última encuesta sobre discapacidades, realizada en 1999, en España había más de 32.000 personas con síndrome de Down (SD), lo que representaba entre el 30% y el 40% de las personas con discapacidad intelectual. Según el mismo estudio, de ellas, sólo el 3,5% de las que tenían entre 30 y 44 años estaba trabajando, y el porcentaje descendía al 1,8% entre las de 20 y 29 años. Según estimaciones realizadas recientemente, la cifra se sitúa ahora en poco más de 1.850 personas, a pesar de que el aumento experimentado en la última década ha superado el 66%.

Una cifra demasiado baja si se tienen en cuenta las palabras de Pedro Martínez, experto laboral de Down España: "Acceder al mundo laboral es fundamental porque es la herramienta para la inserción social. Exceptuando los gravemente afectados, con los apoyos necesarios, cualquier persona con SD puede llegar a trabajar tarde o temprano".

Ahí está la clave? tarde o temprano. "Después de enfrentarte al miedo a lo desconocido", explica Susana, madre de Alex, "cuando llegas a la fase de aceptación sólo tienes que tener siempre presente que hay que aprender a no correr. Con el tiempo te vas volviendo un experto en paciencia: parece que nunca van a andar y lo hacen, que nunca van a correr y lo hacen, que nunca van a hablar y lo hacen. Hay que pasar cada etapa sin prisas, porque únicamente las van superando cuando están preparados para hacerlo".

Irene Sánchez es un ejemplo de fuerza de voluntad. Su hermana tuvo un bebé sólo seis meses después de que ella naciera, y tía y sobrina se criaron juntas. "Si mi nieta se levantaba, Irene iba detrás y lo intentaba una y otra vez hasta que lo conseguía", explica Josefina Negro, madre de Irene. "Cuando la más pequeña empezó a hablar, Irene repetía incansable los sonidos. Resultaba gracioso porque mi nieta se convirtió en su intérprete". Irene sigue siendo "terca como una mula". Ahora sabe muy bien cuál es su función en el colegio en el que trabaja como ordenanza: "Mi papel es ayudar al alumnado". Lo tiene tan claro como cuando dice: "No me gusta ser síndrome de Down, yo preferiría ser como tú".

Paloma García-Sicilia se enteró a los 33 años de que ella misma era Down viendo un reportaje en televisión. Y entonces entendió muchas cosas incomprensibles que le habían hecho sufrir. Paloma tiene trisomía 21 en mosaico, es decir, sólo el 4% de sus células son trisómicas, pero sus rasgos le han marcado. Ahora tiene 57 años y vive sola desde hace tiempo en Palma de Mallorca. En su libro En el nombre del síndrome de Down expresa sentimientos que representan a muchos de los que viven con esta alteración cromosómica: "Una de las cosas que quizá más me asuste es la falta de comprensión que hay en algunas personas cuando nos ven por la calle. Pero sé que este miedo es ilógico, ya que cuando descubrimos lo que somos y sabemos comprendernos a nosotros mismos, nuestro potencial nos dice que no nos dejemos vencer".

Ana, Álvaro, Hugo, Irene, Gonzalo, Marta y tantos otros van superando un reto tras otro a base de esfuerzo, paciencia y ayuda. Su primer motor es la familia. "Un chico con SD será lo que sus padres quieran que sea", afirma contundente Anabel Rodríguez, coordinadora de Enséñame, un programa de recursos educativos de Down Málaga. "La familia que no se conforma, que da ilusión y expectativas de futuro, se convierte en una máquina para sus hijos. En la última década estos chicos han dado un giro de 180 grados, ahora no se puede ir hacia atrás, hay que reivindicar más".

La primera batalla, imprescindible, es la de la educación. La LOGSE, aprobada en 1990, contempla la integración escolar, es decir, que todos los alumnos, incluidos los discapacitados intelectuales, puedan estudiar juntos dentro del marco de la enseñanza pública. Los resultados, casi dos décadas después, son esperanzadores, pero ofrecen grandes lagunas y generan muchas preocupaciones en los padres. "En los cursos de infantil y primaria", explica Pilar García, la madre de Gonzalo Custodio, ?todo va razonablemente bien, pero en secundaria? En el ámbito social la integración es estupenda, pero a nivel pedagógico deja mucho que desear?. Similar opinión es la que sostiene el padre de Ana Verde: "Los profesores se enfrentan a clases numerosas y no tienen tiempo para el apoyo que necesitan estos chicos. Ellos son más lentos, pero si les machacas y les enseñas algo bien, lo hacen".

Anabel Rodríguez insiste: "La educación es un derecho y los padres tienen que dar esa batalla. El fracaso escolar afecta a todos porque no se atiende a la diversidad que existe en el aula. Los profesores necesitan el apoyo de especialistas que busquen métodos y recursos que beneficien a los discapacitados intelectuales, pero que además han demostrado excelentes resultados para el resto de la clase. Hay que conseguir enfocar la diversidad como una posibilidad de aprender y no como un problema".

Es verdad que el avance ha sido espectacular, el 90% de los niños con SD acceden a la escuela ordinaria, pero también es cierto que de los ocho casos que aparecen en este reportaje sólo uno, Álvaro Quintanilla, consiguió acabar la ESO en su instituto. Los demás, o han estudiado siempre en un centro de educación especial o han tenido que recurrir a él en algún momento de secundaria. Cuando finalizan los estudios normalizados, son las asociaciones especializadas en discapacidad las que adquieren protagonismo. De ellas dependen talleres lúdicos y cursos orientados a la vida laboral, algunos de ellos impartidos en colaboración con distintos centros universitarios. Una iniciativa encaminada a facilitar que estos estudiantes vivan el ambiente de un campus.

Son gestos que abren ventanales enormes a personas a las que históricamente se les han cerrado casi todas las puertas. La del trabajo ha sido una de ellas. El porcentaje de parados es altísimo, pero los más jóvenes están marcando un camino que ya es imparable. Gonzalo Custodio resume su trabajo de ordenanza en Repsol YPF con una frase rotunda: "Me gusta todo, me lo paso bien, tengo compañeros muy graciosos y ahora me he apuntado al cambio de turnos para ganar algo más de dinero". ¿Les suena? Lo podríamos decir cualquiera, lo que refleja que Gonzalo se siente uno más.

Su madre, Pilar, responsable de Comisiones Obreras para el sector químico, va más allá: "He llorado mucho, pero Gonzalo es generoso, intenta hacer lo malo bueno, son personas cariñosas y con una lógica aplastante... Si miro hacia atrás pienso que no hubiese podido tener una vida más feliz que la que ahora tengo con mi hijo".

Amparo Valcárcel, secretaria de Estado de Política Social, reconoce que "hay por delante una tarea importante de sensibilización". Aunque, por ley, las empresas de más de 50 trabajadores deben cubrir el 2% de sus puestos de trabajo con discapacitados, se puede sustituir por una contribución o por contratar un centro especial de empleo. Valcárcel cree que el camino es "dar a conocer las bonificaciones y rebajas en la Seguridad Social que pueden obtener las empresas [424 millones de euros de ahorro el pasado año], pero también poner en valor a estos trabajadores que tienen unas cifras mínimas de absentismo laboral y una enorme empatía hacia las empresas que les contratan". Las respuestas de cualquiera de los jefes directos de nuestros entrevistados dan fe de ello: "Le encanta venir a trabajar, no se le va la ilusión?; ?si no acaba toda la tarea que se le asigna se va a casa molesta"; "siempre está pendiente de sus compañeros?; ?ha sido un acierto, por eso ya es fijo en la empresa"; "son tan válidos como cualquiera en el puesto adecuado".

Begoña Escobar, directora del Proyecto Stela de Inserción Laboral de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, afirma: "Las empresas privadas, una vez dicen ¡a por ello!, creen en el proyecto. Ésa es nuestra función, informar a las compañías y preparar al posible aspirante para evitar fracasos".

Nadie es adecuado para un infinito tipo de trabajos, pero las personas con discapacidad intelectual todavía generan más recelos sobre su aptitud. La figura del empleo con apoyo está demostrando una gran efectividad para superar este escollo. Personal especializado evalúa el puesto y busca al candidato más adecuado, que se incorpora a la empresa acompañado provisionalmente por un preparador laboral. "Es el preparador, dependiente de nuestras instituciones", continúa explicando Escobar, "quien les enseña a desempeñar de forma autónoma su función, y a sus compañeros, cómo relacionarse con personas con discapacidad".

Las administraciones públicas también tienen que hacer sus propios deberes, porque la queja es que de poco sirve que el 5% de la oferta pública de empleo deba reservarse a los discapacitados, si las pruebas que se realizan siguen incluyendo exámenes de tipo cognitivo en los que las personas con minusvalías psíquicas fracasan estrepitosamente. "Aunque reserves un cupo, si no adaptas las pruebas se queda vacío", afirma Beatriz Pérez, concejal de Familia del Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón. "Las oposiciones que ha aprobado Álvaro Quintanilla han supuesto año y medio de preparación porque no encontramos antecedentes".

El camino a recorrer todavía es muy largo. Hay que conseguir que el teléfono de los adolescentes con SD suene también los fines de semana, que compartan su tiempo de ocio no sólo con personas con discapacidades, y que ejemplos de vida autónoma que están funcionando en distintas comunidades de España sean una alternativa generalizada a estar eternamente bajo la sombra protectora de los padres o hermanos. Estas otras ventanas también se van entornando poco a poco, y una vez abiertas ya no vale la vuelta atrás.

Cuando Izaskun terminó de hablar con el presidente Zapatero y le soltó con desparpajo: "Ahí le dejo mi currículo", Susana fue a la habitación de Alex, que, como siempre, dormía sin taparse. Le besó y se acostó con una sonrisa porque, a pesar de todos los temores, fue capaz de imaginar un futuro esperanzador para su hijo.

Maite Nieto en El País Semanal.

Salvemos la hospitalidad

Manifiesto para la reforma del artículo 53c que sanciona a quienes ayuden solidariamente a las personas extranjeros en situación irregular

"SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, seña de identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.

A la tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se une ahora la de aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de”promoción de la permanencia ilegal en España”. Ello pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.

Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.

El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).

Ante esta situación, exponemos:

1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.

2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).

3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.

4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.
Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el infractor para que pueda ser sancionable.

Plataforma Salvemos la hospitalidad

Para adherirte al manifiesto, envía
firmas o correos electrónicos de adhesión a una de las dos direcciones:

Julián C. Ríos Martín
[e-mail]
Universidad Comillas
C/ Alberto Aguilera, 23
Madrid 28015

Manuel Gallego Díaz
[e-mail]
Universidad Comillas
C/Alberto Aguilera nº 23
Madrid 28015

La falta de datos fiables impide conocer la situación de los menores extranjeros no acompañados en España

La Cátedra Santander de Derecho y Menores, de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE, organizó un encuentro sobre los adolescentes que emigran solos a nuestro país

Los responsables autonómicos no dan datos por falta de medios para recopilarlos, por dificultades políticas para informar sobre un tema “caliente” o por problemas de coordinación entre comunidades autónomas

No hay datos oficiales fiables sobre la realidad de los menores inmigrantes que están solos en España, lo que impide conocer su número, cómo funciona el sistema legal de protección establecido y cómo se puede mejorar. Esta situación se puso de manifiesto en el Encuentro sobre Menores Extranjeros No Acompañados, organizado por la Cátedra Santander de Derecho y Menores, de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE, con más de 250 asistentes.

Inauguró el encuentro el Rector, José Ramón Busto, SJ, acompañado por Alfredo Albaizar, Director del Área de Universidades de España, del Grupo Santander, y la profesora Isabel Lázaro, directora de la cátedra, que patrocina la entidad financiera. Albaizar expresó el orgullo del Santander por acompañar en esta actividad investigadora a una institución universitaria rigurosa y por la trascendencia social y humana del tema.

En un apretado programa de intervenciones y coloquios, cerca de 15 ponentes, entre profesores de universidades y expertos, expusieron su visión de la realidad migratoria de los menores desde diversos enfoques jurídicos.

La presencia de adolescentes en el fenómeno migratorio africano hacia Europa comenzó hace más de diez años. Desde entonces, ha ido aumentando, “y ni las normas jurídicas ni el sistema de protección han sido capaces de ofrecer una respuesta eficaz”, como señaló, en una de sus intervenciones, la profesora Lázaro, al presentar resultados del estudio iniciado en 2006 sobre “Los sistemas de protección y reforma ante los menores extranjeros”, financiado por la propia universidad,

Para realizar la investigación se difundió un cuestionario a las distintas administraciones implicadas, así como a organizaciones y expertos; pero sólo se recibieron 13 cuestionarios cumplimentados. “Ha habido otras respuestas -añadió Lázaro-, respuestas de viva voz, en las que se nos transmitía, en unos casos, la falta de medios humanos o materiales para recopilar la información solicitada; en otros, las dificultades de índole política para informar sobre un tema ‘caliente’ o la dificultad de coordinación e información entre comunidades autónomas, celosas, muchas de ellas, de sus datos e intereses”.

La llegada a territorio español no supone para los jóvenes africanos que viajan solos el final de su aventura migratoria. “Por el contrario, en muchos casos comienza un penoso calvario a causa de la tensión entre el control de fronteras que defiende el derecho de extranjería y la protección de la infancia y adolescencia a la que nos encontramos comprometidos”, prosiguió la ponente. “Los menores han empezado a ser una estrategia en la vida de las familias de países pobres, que han decidido enviárnoslos. Esto es gravísimo, pero la respuesta no puede ser la que se está dando, porque España está comprometida con la defensa de los derechos de los menores”, subraya la directora de la cátedra.

UNICEF hablaba de 5.200 menores marroquíes en centros de acogida españoles, en 2007. Según el Human Wrights Watch, en 2008 había de 3.000 a 5.000, la mayoría en Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña. Los datos los recopilan las autoridades regionales, sin uniformidad: los menores pueden ser registrados varias veces en diferentes comunidades por la falta de un registro centralizado.

El perfil de los menores se ha diversificado. A los marroquíes del inicio se han ido incorporando subsaharianos (Nigeria, Ghana, Malí, Mauritania, Gambia, Guinea). La mayoría son chicos. Según el Asesor Responsable del Área de Inmigración y Asuntos Exteriores del Defensor del Pueblo, Bartolomé Martínez, se sospecha que la escasa presencia de niñas en centros de acogida puede deberse a que pasan como mayores de edad y están en manos de redes de prostitución. Martínez calificó de inaceptable que los menores que han entrado por el sur lleguen hasta comunidades del norte, cuando están tutelados por otras comunidades, que no cumplen su responsabilidad. Lázaro indica que uno de los problemas más serios para afrontar este fenómeno es que los menores se fugan a otras regiones para buscar mejor atención, o por temor a la repatriación.

La cifra de repatriaciones es baja. Según la Fiscalía de Extranjería, 111 en 2006, el mayor número de ellas en la Comunidad de Madrid (60), y 15 hasta julio de 2007. Pese a su escaso número, afirma Lázaro que “las denuncias sobre cómo se han llevado a cabo fuerzan a mirar con recelo y preocupación fundada la política que quiere practicarse respecto a los menores no acompañados”. Se ha denunciado, añade, desde distintas instancias que no se ha respetado el interés superior del menor, que debe imperar en las actuaciones administrativas, como establecen las leyes y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, suscrita por España, y como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de los tribunales.

“Dos sentencias del Constitucional, de 2008, reconocen un conflicto de intereses entre la Administración como tutora y el menor, y que éste tiene derecho a decir una palabra sobre su propia vida”, agrega Lázaro.

Una cátedra con una sólida base

El encuentro sobre menores extranjeros ha sido la primera actividad pública de la Cátedra Santander de Derecho y Menores, creada a principios de este curso. Entre sus objetivos, destaca el estudio y la reflexión sobre la situación de la infancia y la adolescencia en España y en el mundo, así como contribuir al despliegue de los principios reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Se pretende que sea punto de encuentro entre los agentes sociales que intervienen en los sistemas de protección y reforma de menores, y fomente el debate entre expertos y el intercambio de ideas. Otros fines son desarrollar propuestas viables, divulgar y sensibilizar a la sociedad en el respecto a los derechos de niños y adolescentes.

La cátedra surge sobre una sólida base: la actividad investigadora que viene desarrollando el Grupo de Investigación sobre Derecho y Menores, constituido en la Facultad de Derecho (ICADE), desde septiembre de 2002. El origen del grupo fue el trabajo realizado para el Instituto Universitario de la Familia, que había recibido el encargo de elaborar el Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Estado español. Aquel estudio dio lugar a la obra Los menores en el Derecho español, publicada en 2002. Desde entonces, el grupo ha recibido varios premios a su labor, ha organizado jornadas anuales y ha publicado una docena de títulos destacables, abordando líneas de investigación como: consumo y menores, responsabilidad penal de los menores, situación jurídica de los menores extranjeros no acompañados y derechos fundamentales del menor.

ICADE