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¿Una generación sin pensiones?

El sistema público se agota y los privados están en cuestión por la crisis - España avanza hacia el envejecimiento sin una solución en el horizonte para los jubilados

A Otto von Bismarck crear un sistema de pensiones y contrarrestar la influencia del movimiento obrero alemán le resultó más sencillo de lo que parece. En 1889, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 años, el Gobierno del dirigente prusiano fijó la edad de jubiliación... ¡en 70 años! Si el canciller de hierro levantara la cabeza se quedaría pasmado: ahora vivir más de 70 años, al menos en Europa, es de lo más corriente. La idea de garantizar una renta a las personas mayores, además de generalizarse, se ha complicado sobremanera. Más ahora, cuando el reciente colapso financiero ha golpeado (y muy duro) a los fondos privados de pensiones, la solución que ganaba terreno en los últimos años. El siguiente golpe se lo pueden llevar los sistemas públicos de reparto, como el español: si el paro se enquista, los problemas derivados del envejecimiento de la población estarán aquí en un futuro demasiado próximo. Y todo se viene encima de una generación que ahora soporta las pensiones de sus padres y abuelos, pero que, con los mecanismos actuales, no tienen certeza de acceder a una jubilación digna cuando lleguen a viejos.

En la última década, varios gobiernos han impulsado reformas para retrasar la jubilación, fijada en la mayoría de casos en 65 años, y aliviar así la presión sobre sus sistemas de reparto: con mirada de contable, trabajar un par de años más supone aumentar los ingresos del sistema y reducir los gastos (se paga jubiliación menos tiempo). EE UU se subió al carro de las reformas con un aumento gradual que culminará en 2028 con la jubilación a los 67 años. Pero la realidad se anticipa: en el mercado laboral estadounidense hay 6,6 millones de trabajadores que superan los 65 años, una record histórico.

En muchos casos, esa realidad forzosa tiene nombre, aunque sea enrevesado: 401 (k). Así es como se llama a los fondos de pensiones privados individuales en los que millones de estadounidenses pusieron ahorros con la esperanza de que los mercados financieros multiplicasen su rendimiento. Y que en 2008, con la debacle de las bolsas, han acumulado más de un 30% en pérdidas.

Los planes 401 (k) representan el extremo de la apuesta privada por garantizar ingresos para la jubiliación, en un país donde el dinero público apenas financia la mitad del volumen total de pensiones. Son, además, parte de la historia del desmadre financiero de estos años. En medios estadounidenses como The New York Times, US Today o la revista Time menudean los reportajes sobre hombres y mujeres que, ya metidos en la cincuentena, decidieron hipotecar por segunda vez su casa para comprar un coche o pagarse unas vacaciones, en la confianza de que el dinero de su fondo 401 (k), que la Bolsa multiplicaba de forma milagrosa, les daría suficiente holgura para seguir pagando la hipoteca cuando se jubilaran. Ahora, ni pueden vender la casa sin perder mucho dinero, ni pueden vender su fondo de pensiones, ni pagar la hipoteca con la pensión pública. Sólo les queda seguir trabajando más allá de los 65.

"En la mayoría de los casos lo que pasó con los fondos privados en 2008 es que disminuyeron de valor, no que entraran en pérdidas", puntualiza Pablo Antolín, economista de asuntos financieros en la OCDE. En otras palabras, sólo a las personas a las que le tocó en suerte jubilarse el año pasado o éste, les afectó el bajonazo de la Bolsa. Y sólo en los países en los que el sistema de Seguridad Social no garantiza una pensión pública suficiente, la falta de ingresos puede llevar a una vuelta forzosa al trabajo.

No es un caso común en España, donde los fondos privados personales son relativamente recientes y están en manos de trabajadores con ingresos (y pensiones) elevados. "Lo que ha demostrado la crisis es que nunca es bueno depender demasiado de un sólo sistema", señala Antolín.

La afirmación del economista de la OCDE, un organismo que siempre ha abanderado un mayor protagonismo de los fondos privados en los sistemas europeos, no es inocua. Porque en el otro extremo de países como Holanda, Reino Unido EE UU o Chile, en los que los fondos individuales y los planes de empresa financian buena parte de las pensiones, se coloca España, donde el peso del sistema de reparto (las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las pensiones a los mayores) es abrumador.

"Puestos a mirar algo, habría que fijarse en lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización", rebate el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La sugerencia de Granado es razonable. Los sistemas de capitalización -los fondos individuales o los planes de empresa, en los que las pensiones son el resultado de la rentabilidad del ahorro invertido a nombre de cada trabajador-, pasan un vía crucis.

Según los cálculos de la OCDE, el valor de los fondos de pensiones en los países avanzados cayó más de un 21% en 2008. Entre enero y junio de este año, la recuperación de las bolsas sólo ha permitido descontar un 3,5% de aquella pérdida. Y en el caso de los planes de empresa, muchos están en déficit (no podrían afrontar sus compromisos de pago si todos los trabajadores se jubilaran a la vez). Para evitar quiebras, varios gobiernos han ampliado el plazo para que las compañías recompongan sus balances hasta un nivel seguro.

Por contraste, el sistema de reparto español no tiene ningún problema para pagar sus compromisos con ocho millones de jubilados. Más aún, desde 2000, el saldo favorable entre cotizaciones (impulsado por la llegada de inmigrantes y la incorporación de la mujer al trabajo) y pensiones se mete en una hucha que acumula ya 58.000 millones de euros. De hecho, la principal debilidad del sistema español es la escasa dotación de sus pensiones más bajas, pese a los esfuerzos recientes del Gobierno socialista: según la UE, casi el 30% de los mayores de 65 años españoles está en riesgo de pobreza.

Y, sin embargo, lo que abundan son las advertencias sobre la viabilidad del sistema público. "España tiene que actuar ya, las reformas ahora serían casi indoloras, el drama es no hacer nada", proclamó hace unos meses el comisiario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Hace dos semanas, un informe de la Comisión Europea, martilleaba sobre la cuestión. El principal problema, es que, según las proyecciones demográficas de Bruselas, la pirámide de la población española, que ahora presenta un saludable ensanchamiento en la parte central, irá transformándose gradualmente hasta adelgazar en el centro y engordar en la cúspide: es una manera gráfica de representar que España será el país europeo en el que más envejezca la población. Para un sistema de reparto, ésa es una pésima noticia. El colectivo español de mayores de 65 años pasará de los 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas. Y la población que podría soportar el pago de sus pensiones (entre 16 y 64 años) se reduciriá de 31 a 29 millones de personas. La caída en la tasa de natalidad y la mayor longevidad explican en buena parte el proceso.

El reto demográfico obligará, necesariamente, a cambios en el sistema de reparto. Que sean indoloros está por ver. Un reciente estudio elaborado por Ángel de la Fuente (CSIC) y Rafael Domenech (BBVA), concluía que habría que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y aún así no bastaría para absorber la transición demográfica hasta que la pirámide empiece a recuperar la silueta (a partir de 2060). También habría que calcular la pensión a partir de los salarios de toda la vida laboral (y no, como hasta ahora, de los últimos 15 años) y pagar el 100% de la pensión sólo a los que acumularan ¡50 años cotizados!. "Las dos últimas medidas son otra manera de decir que las pensiones públicas tendrán necesariamente que ser más bajas que ahora", señala De la Fuente.

Las supuestas limitaciones del sistema de reparto abren el melón de la necesidad de otros ingresos. "Ya que tanto se suele hablar de Suecia como modelo de bienestar, yo me fijaría ahí", apunta Pablo Antolín, el economista de la OCDE. En 1998, el país escandinavo asumió buena parte de las recomendaciones de una comisión de expertos, con dos cambios fundamentales: a las pensiones mínimas (financiadas con impuestos) y las pensiones contributivas (con cotizaciones de trabajadores y empresas), se sumó un fondo de capitalización obligatorio para cada trabajador, también financiado con parte de la nómina. Esos fondos, gestionados por un organismo estatal, se invierten en los mercados financieros para intentar lograr una rentabilidad (en 2008 también perdieron, casi un 17% de media).

El segundo cambio es igual o más importante: en la parte tradicional del sistema (pensiones mínimas y contributivas), la cantidad a recibir se hace depender de la esperanza de vida que haya cuando el trabajador se jubile.

Hay expertos que creen que la solución no debe ir por los mercados financieros. Al contrario, opinan que la pensión pública que se cobra ahora "es todavía muy baja", como señala Viçens Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. En unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, Navarro expuso que el gasto español por habitante en prestaciones para la vejez está casi un 40% del promedio de la UE. Y ofreció alternativas para reforzar el sistema público: aumentar la tasa de empleo de la mujer, mayor dotación a los servicios de ayuda a la familia, que permitiría recuperar la natalidad, y un incremento de la productividad, para aumentar salarios y cotizaciones. Un camino que lleva también a cambios enormes.

Frente a esta demanda de reformas, el sistema español ha optado por ir pasito a pasito. Una política que comenzó en 1995 con el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios. "En procesos a largo plazo como éste, cuanto antes hagas los cambios que se necesiten, mejor. El consenso del Pacto de Toledo está bien, pero se ha avanzado poco", señala De la Fuente. El secretario de Estado de la Seguridad Social rebate que esos cambios hayan contribuido a aumentar el número de cotizantes de forma notable. Entre ellos destaca que se han reducido los retiros anticipados, pese a que aún se jubila antes de los 65 años más del 40% de los pensionistas, o que se haya incentivado (con una ganancia del 1% anual en la pensión) alargar de forma voluntaria la edad de jubilación.

El Gobierno cree que el cambio demográfico no pondrá el sistema en déficit hasta 2023 y que, entonces, el fondo de reserva de las pensiones permitiría compensar ese saldo negativo al menos seis años más. La crisis puede trastocar ese cálculo: si el paro, cercano al 18%, tarda años en volver a reducirse y las cotizaciones se mantienen en niveles bajos, el fondo de reserva dejará de crecer y el déficit puede aparecer antes de lo previsto. "No veo ningún problema si la crisis dura menos de cinco años", sentencia Granado. Ése es precisamente el periodo que vaticina ahora mismo el FMI para la economía española.

El secretario de Estado sí asume que serán necesarios cambios profundos, pero evita dar pistas. Sobre la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que revisa precisamente ahora la estrategia de pensiones, recae la responsabilidad de tomar las medidas que garanticen las pensiones de toda una generación.

Alejandro Bolaños para El País.

La identidad nacional prende fuego

La mezcla de inmigración, globalización y recesión constituye un desafío inédito en Europa - La defensa política de la patria puede producir nuevas divisiones

Mientras España espera la fundamental sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, al otro lado de los Pirineos, en Francia, arde desde hace un mes un profundo y ambiguo debate público alrededor de la identidad nacional francesa impulsado por el Gobierno de Nicolas Sarkozy. Un poco más allá, Suiza decidió el 29 de noviembre en un referéndum prohibir la construcción de minaretes. En Italia, miembros de la coalición gubernamental proponen incluir en la bandera nacional el crucifijo, cuya presencia en sus aulas y en las españolas es causa de otra agria polémica.

El párrafo anterior podría ser más largo. Naturalmente, las mencionadas son historias con características muy diferentes. Pero todas ellas y varias otras apuntan a un fenómeno compartido, inquietante y actual. En el corazón de la próspera y pacífica Europa, la cuestión de las identidades nacionales y del fracaso en la integración de minorías -étnicas, religiosas o lingüísticas- provoca nuevos temblores. Nuevos, porque las dificultades históricas se ven agudizadas hoy por una original mezcla de factores: el malestar por la crisis económica y el desconcierto por la globalización, junto con altas tasas de inmigrantes y reivindicaciones autonomistas tradicionales, crean un inédito y explosivo cóctel.

Frente a semejante combinación, que difumina, quiebra o rediseña identidades y equilibrios establecidos, la política a menudo calla o balbucea. Las pocas veces que habla claro, su soplo sobre las llamas es ambiguo: ¿las apaga o las aviva?

Ésta es la pregunta que enciende el debate galo, con el que el Gobierno de París pretende definir qué es ser francés hoy, y que ayer llegó a la Asamblea Nacional. Concentrarse en quiénes somos "nosotros" destaca inmediatamente el concepto de "ellos". ¿Es peligroso eso? ¿Es necesario asumir ese riesgo para mejorar los procesos de integración? Se trata de una cuestión que trasciende las fronteras francesas y ofrece una lección política universal.

"La premisa necesaria es que, más allá de cualquier iniciativa gubernamental, este debate subyace ya a nuestras sociedades. Hay en ellas un claro temor, no digo a perder, pero sin duda a que se transformen las identidades nacionales", argumenta Anthony Smith, profesor emérito de la London School of Economics y referente internacional en materia de estudios sobre nacionalismos. "La coincidencia de grandes flujos migratorios de personas que no manifiestan deseo de integrarse y tiempos de grave crisis económica fomenta ese temor", dice Smith, en conversación telefónica desde Londres. Recesiones y depresiones son incubadoras de virus sociales preocupantes.

"Dada esa premisa, el intento de definir la identidad nacional a través de un debate público impulsado por un Gobierno es sin duda una operación delicadísima y en cierto sentido peligrosa", prosigue el profesor. "Por un lado, creo que no podrá sacar ninguna conclusión firme y certera. Por el otro, podría ampliar distancias entre grupos. Pero yo rechazo el chantaje moral según el cual una iniciativa como esa es sinónimo de ambición nacionalista camuflada, o de anhelo de exclusión disfrazado. Es legítimo intentar definir quiénes somos, cuál es nuestro pasado y cuáles son nuestros valores admirables, y pensar que esto sea útil para fundar un futuro mejor", concluye Smith.

"La definición de la identidad es naturalmente un proceso de exclusión", da por descontado Giovanni Sartori, politólogo y Premio Príncipe de Asturias, desde Italia. "Sin embargo, la identidad nacional es un elemento irrenunciable, y dejar que se pierda sería un grave error. Las sociedades no pueden funcionar sin tejidos conectivos claros y sólidos. Sin ella, los ciudadanos, las personas, tenderíamos a ser átomos desligados, dando un paso atrás en una dimensión fundamental de nuestras vidas". Unus homo, nullus homo, se decía en la Roma antigua. Un hombre solo no es un hombre. Una sociedad atomizada es una colectividad ineficiente y triste.

"Desafortunadamente, las democracias occidentales han quedado reducidas a la espera: afrontan los problemas cuando ya han estallado entre sus manos", prosigue Sartori. "Ahora, si queremos resolver la cuestión de la integración de comunidades aisladas en el seno de nuestras sociedades, no hay otra alternativa que reflexionar sobre cuáles son los valores ético-políticos sobre los que queremos cimentar esa integración".

Nicolas Sarkozy está convencido de ello y argumentó ayer sus motivos en un artículo publicado por el diario Le Monde.

"En lugar de vilipendiar a los suizos porque su respuesta [en el referéndum sobre minaretes] no nos gusta, deberíamos interrogarnos sobre lo que ella indica", escribió el presidente. "Los pueblos de Europa son acogedores y tolerantes, pero no quieren que su marco de vida y forma de pensar sean desnaturalizados. La sensación de pérdida de la identidad puede ser causa de sufrimiento. La mundialización contribuye a avivar ese sentimiento. Ésta quiebra la identidad y crea una necesitad de anclaje. A ese deseo de pertenencia se puede responder con la tribu o con la nación. La identidad nacional es el antídoto al tribalismo y al comunitarismo. Tenemos que hablar de esa amenaza que muchos creen que acecha nuestras identidades, para evitar que, por renegarla, termine alimentando un terrible rencor".

Se trata sin duda de una cuestión de esta época. El historiador español Juan Pablo Fusi cristaliza su trascendencia con una idea esclarecedora: "Los Estados-nación en los que vivimos han sido un instrumento excelente para resolver la cuestión de los derechos y libertades de los individuos, de su igualdad ante la ley. Pero la cuestión de los derechos de los colectivos, de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas queda irresuelta. Éste es un tema ineludible, que debe estudiarse. Un tema de filosofía moral. Cuando entra en ello la política, por supuesto despierta preocupación. Pero sólo podemos apelar a un debate riguroso, marcado por la prudencia cívica", explica Fusi, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Con distintos matices, por tanto, los tres intelectuales consultados alertan de los peligros de la irrupción de la política en materia de identidad nacional en tiempos de crisis económica, pero conceden su legitimidad moral y hasta utilidad social. Hay otros, sin embargo, que aborrecen esa irrupción. Es interesante recuperar dos intervenciones provocadas por el debate francés, que resumen bien posiciones comunes y que tienen una vez más un valor que supera las fronteras francesas.

La primera es de Michel Serres, miembro de la Academia de Francia, quien ha titulado lacónicamente Error un comentario suyo al asunto publicado en el diario Libération. "Confundir identidad y pertenencia es un error de lógica. O uno dice A es A, yo soy yo, y entonces hablamos de identidad; o uno dice A pertenece a un determinado grupo, y entonces hablamos de pertenencia. Este error lleva a decir tonterías. Y, además, a un crimen político: el racismo. Decir de alguien que es negro, judío, etcétera, es una frase racista porque confunde la pertenencia con la identidad. Reducir alguien a una sola de sus pertenencias puede condenarle a la persecución. ¿Entonces quién soy yo? Yo soy yo. Yo soy la suma de todas mis pertenencias, incluidas aquellas que no conoceré hasta mi muerte, porque todo progreso consiste en entrar en un nuevo grupo. Identidad nacional: error y delito".

Serres plasma a través de la reflexión lexical el gran temor de fondo. Que la definición de la identidad nacional, por muy incluyente y bienintencionada que sea, cristalice en una división irrecuperable entre el "nosotros" y el "ellos"; que deslice la idea de que "ellos" -léase los inmigrantes- constituyen un factor de "corrupción" de valores previos. Que plante la semilla para futuros actos criminales.

Anthony Smith admite esos riesgos, pero rechaza que sean inevitables y observa que pese a lo inflamable de los tiempos, de momento los impulsos nacionalistas o discriminatorios han sido bastante limitados y puntuales en Europa. Cabe recordar, además del referéndum suizo, las protestas en Reino Unido contra la asignación de empleos a trabajadores extranjeros y ciertas equívocas políticas sobre inmigración clandestina y control de la minoría gitana en Italia.

Montserrat Guibernau, profesora del Queen Mary College de la Universidad de Londres, incide en que "definirse a uno mismo no significa distanciarse, ni mucho menos faltar de respeto a la diversidad". Guibernau, experta en la materia, cree que la búsqueda de un denominador común puede resultar un proceso aglutinador.

Hay, finalmente, quienes rechazan el debate en otro plano de reflexión. La posición expresada por el filósofo Bernard-Henry Levy representa bien ese orden de pensamiento.

"La paradoja es fenomenal. Por un lado, se nos habla de una identidad francesa en peligro.

Al mismo tiempo, mientras esta gente divierte a la galería con su debate lamentable, hay una identidad que está de verdad en peligro: la europea. Hay que elegir. Si consentimos la diversión nacionalista, renunciamos a ese nuevo sujeto político que es la construcción europea. No se pueden hacer ambas cosas a la vez. Lanzar el inútil debate sobre una identidad que todos sabemos que no va peor hoy que hace 10, 20 o 30 años; y alimentar, impulsar el otro debate, que sí es vital y que vierte sobre una Europa que sabe cada vez menos lo que es. No hay aquí 36 maneras de encarar el futuro: hay dos, y se excluyen la una a la otra. La nostalgia de un nacionalismo basado en el oficio de las retóricas populistas y rancias, o la audacia de una Europa de futuro: ésa es la elección".

"Si te miras bien, verás que te pareces a aquella enferma que no puede hallar descanso en la cama, que con sus vueltas intenta calmar el dolor". La metáfora parece dirigida a la Europa actual. Pero su autor es Dante Alighieri, que así se dirigió a Florencia en el sexto canto del Purgatorio para liquidar en tres versos la frenética pero miope actividad política de su ciudad en el siglo XIII, incapaz de componer intereses o acortar distancias entre las facciones y bandos que la desintegraban.

¿Qué es el debate sobre identidad nacional? ¿Una cura o un espasmo más del enfermo?

Andrea Ricci para El País.

Cuando España pecó en el Sáhara

El franquismo dejó en herencia a la democracia un conflicto aún no resuelto

No es seguro que Aminetu Haidar logre su objetivo de volver a El Aaiún, pero es evidente que ha conseguido situar en el primer plano de la actualidad el conflicto del Sáhara Occidental. Se trata de un problema incómodo para España desde que, en 1975, el último Gobierno de Franco decidió abdicar de sus compromisos en el territorio y abandonarlo en manos de Marruecos y Mauritania. A día de hoy, el Sáhara Occidental es, según Naciones Unidas, el último territorio de África por descolonizar. Y el Estado español mantiene en él claras responsabilidades legales.

La relación de España con el Sáhara se remonta nada menos que a 1884. Aquel año, Antonio Cánovas envió una expedición que levantó el primer asentamiento español en Villa Cisneros (actual Dajla). El territorio estaba habitado por tribus nómadas, cuyas caravanas recorrían el desierto en busca de pastos para sus animales o comerciando con la sal que obtenían en los yacimientos de Iyil (hoy en Mauritania). Los militares que en las décadas sucesivas fueron destinados a aquel trozo de desierto propiciaron un proceso de sedentarización. En 1934 fundaron la ciudad de El Aaiún.

El territorio gozó de relativa paz hasta que Marruecos obtuvo la independencia. En 1957, bandas armadas inspiradas por el entonces príncipe heredero, Mulay Hassan, que más tarde reinaría como Hassan II, atacaron las fortificaciones españolas. Francia vio en aquellos guerrilleros un peligro para su colonia de Mauritania, y decidió ayudar a Franco a exterminarlas. Fue el primer intento del Gobierno de Rabat para apoderarse del Sáhara.

El segundo -y, por ahora, definitivo- intento se produjo el 6 de noviembre de 1975. Hassan II lanzó a 350.000 civiles marroquíes sobre la frontera norte del territorio. Era la Marcha Verde. Franco agonizaba y su Gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, no supo afrontar el doble reto que le lanzaban el monarca alauí y los independentistas saharauis del Frente Polisario, que desde hacía dos años hostigaban a las tropas españolas. Arias firmó con Marruecos y Mauritania los llamados Acuerdos de Madrid, por los que España abandonaba el territorio y lo dejaba en manos de estos dos países. El 28 de febrero de 1976 fue arriada la última bandera española en El Aaiún.

La ocupación se produjo a sangre y fuego. Cientos de civiles saharauis fueron masacrados con bombas de napalm y fósforo blanco mientras intentaban huir hacia Argelia. El Polisario se estableció en Tinduf, al sur de este último país, y durante 16 años combatió a los invasores. En 1979 logró que Mauritania le devolviera la parte del territorio que ocupaba, pero Marruecos la invadió inmediatamente. Bajo los auspicios de Naciones Unidas, ambos contendientes firmaron un alto el fuego en 1991.

El compromiso alcanzado con la ONU consistía en celebrar un referéndum de autodeterminación. Con ese fin, Naciones Unidas envió al territorio una fuerza de paz: la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental). Desde el principio, Marruecos torpedeó todos los intentos para llevar a buen puerto la consulta. Para ello contó con el apoyo incondicional de Francia y con el consentimiento de Estados Unidos. Todos los enviados especiales del secretario general de la ONU se han estrellado contra la actitud inamovible de Rabat. A día de hoy, tras 18 años de presencia ininterrumpida en el territorio que han costado cerca de 2.000 millones de dólares, la Minurso no ha logrado celebrar el referéndum. Ni siquiera ha obtenido competencias en materia de derechos humanos; sólo se dedica a observar el mantenimiento del alto el fuego.

Las posturas están claras: Marruecos ocupa el Sáhara Occidental, donde, junto a más de 150.000 colonos marroquíes, habitan unas 70.000 personas de ascendencia saharaui. Desde los campamentos de refugiados de Tinduf, donde viven unos 100.000 saharauis, el Polisario dirige una campaña diplomática internacional para exigir el cumplimiento del referéndum. Y varios miles de saharauis más han engrosado una diáspora que tiene en España y en Mauritania sus principales destinos.

El problema del Sáhara es, probablemente, la última herencia del franquismo no resuelta de la Transición española. En los 34 años transcurridos desde que España abandonó el territorio, los saharauis no han cesado de exigir a España que cumpla con las responsabilidades de las que abdicó en 1975. Sus reclamaciones tienen base, pues la ONU considera ilegales los Acuerdos de Madrid. El departamento jurídico de la organización dictaminó en 2002 que "los Acuerdos de Madrid no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente". Ello es así hasta el punto de que la responsabilidad de salvamento en aguas del Sáhara no corresponde a Marruecos, sino que sigue estando, de iure, en manos de España, según establece la Organización Marítima Internacional. Éstas son las bases del conflicto del Sáhara, que Aminetu Haidar ha situado en el primer plano de la actualidad.

Tomás Bárbulo para El País.

La sanidad así no es sostenible

Los españoles van demasiado al médico - El uso innecesario, la descoordinación interna y el envejecimiento amenazan el futuro del sistema público - Un estudio plantea cobrar a los usuarios

Ir al médico para recoger una receta. Para renovar una baja. O porque en la anterior consulta se nos quedaron unas cuantas cosas que decir. Los españoles visitan al médico ocho veces al año de media. Un 40% más que el promedio de la Unión Europea. El sistema sanitario español ha ganado prestigio por sus niveles de gratuidad y asistencia universal. Pero todos los años consume más recursos de los previstos. A pesar de que su coste es de los cuatro más bajos de la UE en términos de proporción del PIB, tiene un gran problema: un déficit acumulado (entre 2003 y 2007) de unos 11.000 millones de euros. Un agujero que los expertos auguran que aumentará. Algunos sostienen que el sistema sanitario tal y como lo conocemos no puede durar.

Un informe presentado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la consultora McKinsey asegura que el déficit sanitario -la desviación entre gastos previstos y reales, y que acaba en su mayor parte en la deuda de las autonomías- puede superar en 2020 los 50.000 millones de euros. Los analistas de estas dos entidades hacen una proyección de los presupuestos en Sanidad para ese año y calculan cuánto sería el gasto sanitario. Las cuentas son escalofriantes. "Las comunidades gastan más de lo que tienen presupuestado", apunta como explicación María del Mar Martínez, socia de McKinsey y una de las personas que ha elaborado el informe Impulsar el cambio es posible en el sistema sanitario. Un déficit que año tras año se cronifica y va arrastrando en la mochila otros problemas como el retraso del pago a los proveedores sanitarios.

A esto hay que sumarle otro ingrediente ineludible, el envejecimiento de la población. En diez años, uno de cada cinco españoles tendrá más de 65 años. Esto significa que 10 millones de personas tendrán un coste sanitario entre 4 y 12 veces mayor que el del resto de la población. "Los enfermos crónicos también serán más y se incrementará el gasto sanitario", añade Martínez.

"Con este esquema actual, el sistema sanitario tal y como lo conocemos es insostenible", opina el director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez. "Si no se introducen reformas, en una década cada español deberá trabajar al menos 30 días al año para atender el coste del sistema sanitario público. Además, más del 50% del gasto público de las comunidades tendrá que ir a la sanidad", dicen. El porcentaje ahora ronda el 35%.

Hace unos días la Comisón Europea daba un toque de atención a España para que controlase su desbocado déficit presupuestario. Este país debería, dijeron, entre otras cosas, emprender reformas de calado en el sistema sanitario y de pensiones. Una fórmula para controlar el gasto. Y una reforma que los expertos llevan años proponiendo. Vázquez lo tiene claro: a este ritmo el sistema sanitario español está en riesgo. La solución, sin embargo, es compleja. ¿Por dónde ha de llegarle a la sanidad pública la tabla de salvación?

Y como cada vez que se habla de sostenibilidad de la sanidad y de déficit, surgen los mismos fantasmas: la necesidad de más financiación y la sombra del llamado copago. Todos parecen compartir la opinión de que más financiación hace falta. "Lo que necesita el sistema es, entre otras cosas, una inyección de dinero", argumenta Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Una solución que, para Ramón Forn, socio director de McKinsey y otro de los autores del estudio, es "sólo un parche". "Únicamente con más presupuesto para sanidad no valdría para solucionar los problemas a largo plazo", sostiene. Su informe plantea cuatro soluciones, una de ellas la del famoso copago, también llamado ticket moderador. Una tasa fija y baja por cada visita al médico con reducciones para las rentas más bajas y para los enfermos crónicos. Una medida, dicen, que no pretende ser recaudatoria sino "disuasoria". Acudir a urgencias, donde una de cada tres visitas se considera innecesaria, sería más caro.

La fórmula no es nueva. Ya se aplica en países como Francia, Portugal, Italia o Suecia. "En algunos de ellos el tique moderador ha conseguido reducir la demanda asistencial entre un 5% y un 15%", sostiene María del Mar Martínez. Tampoco es la primera vez que se plantea que España adopte este modelo. El pasado mes de marzo, el Congreso rechazó de plano introducir cualquier tipo de fórmula de copago por parte de los pacientes. "Estas medidas afectan a la universalidad y la equidad de la salud pública", concluyó el Congreso. Planes de algunas autonomías como Cataluña para ensayar fórmulas de este tipo quedaron aparcadas.

Un rechazo que comparte Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes. Jovell, además de presidir esta organización, es también médico. Conoce, por tanto, la realidad desde los dos lados de la mesa de la consulta. "El problema de lo que algunos llaman sobreuso de la sanidad, el hecho de que algunos pacientes vayan tantas veces a los centros de salud es un problema que viene directamente provocado por el propio sistema. Hay una gran falta de comunicación entre la atención primaria y la especializada, muchas veces se duplican las pruebas que se piden. También el poco tiempo que se tiene con cada paciente lleva a que se le vuelva a citar para la semana que viene para tener otros siete minutos con él y volver a estudiar su caso", diagnostica. "Debería haber un cambio desde esa base y lograr que las visitas que se consuman fueran sólo las necesarias".

"La gente no va al médico por placer. La atención médica no es cara, lo que es caro es lo que luego el médico puede decidir, por ejemplo, las pruebas", dice José Manuel Freire, director de la Escuela Nacional de Sanidad. Y alude a los datos que muestran que el coste de la sanidad española es de los más bajos de Europa. Freire rechaza además radicalmente cualquier sistema de tique moderador. "No es equitativo, afecta más a los que menos tienen e introduce barreras económicas al acceso a los servicios sanitarios. "Además, no hay evidencia empírica alguna de que ese copago simbólico cree una conciencia que evite el exceso de uso de la sanidad. Sin contar con que lo que para unos es un gasto simbólico para otros es importante", dice.

Sánchez-Bayle añade un punto interesante: "El copago terminaría con muchas consultas preventivas que son necesarias porque muchos no irían al médico para ahorrarse el precio".

Manel Peiro, responsable del área de gestión sanitaria de la escuela de negocios Esade, sí ve la utilidad de la medida del tique sanitario. "De la UE, España es el país con frecuencia más alta de visitas al médico. En la OCDE, los que más fármacos utilizan son Francia y España. El sistema de introducir algún tipo de copago debería probarse", dice. Y va más allá. "Una manera de contribuir a la financiación es apoyarse en seguros privados para prestaciones que no estén incluidas en el sistema nacional de salud. Deberíamos plantearnos que no todo esté incluido", argumenta.

El tique moderador divide a los expertos. Pero lo que todos tienen claro es que el sistema necesita reformas. Una revisión del copago de los fármacos y la introducción de una mayor utilización de genéricos, por ejemplo, reducirían el incesante gasto sanitario. "El sistema actual es injusto. No paga más quien más tiene, algunos pensionistas ganan más que muchos activos, por ejemplo. De haber un copago en los medicamentos debería estar basado en criterios de necesidad-efectividad terapéutica. Los medicamento vitales necesarios deberían ser gratis para todos", opina Freire.

El informe de Fedea y McKinsey no sólo se queda ahí. Plantea otras medidas como la elaboración de un ranking de centros sanitarios nacionales para garantizar la transparencia de su funcionamiento y así conocer su calidad y el servicio que prestan; o analizar que todas las mejoras tecnológicas que se introducen en el sistema compensan económicamente y en efectividad. Además proponen que se fomente la autonomía de gestión para los centros sanitarios. "Algo parecido a trabajar por objetivos, no sólo financieros, también de calidad o de servicios. Darles autonomía para que gestionen su presupuesto, para cumplir esos objetivos y para que el superávit que consigan revierta en mejoras tecnológicas y más investigación para sus propios centros", explica María del Mar Martínez. Un sistema que ya usan países como Noruega o Alemania, pero que a Sánchez-Bayle no le convence. "Que se premie a los centros con más calidad es estupendo, pero hay que saber cómo se controla esto y que en el control estén implicados los profesionales, la administración y los ciudadanos".

María R. Sahuquillo para El País.

Objetivo, impulsar la vivienda de alquiler

Un grupo de expertos plantea subsidiar las rentas libres y dejar de construir pisos públicos - La propiedad de las casas protegidas impide la movilidad laboral, pero el alquiler social apenas existe

La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo. Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?

Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.

El informe de Fedea hace hincapié en todos los males que acarrea un mercado inmobiliario arraigado en la propiedad: un excesivo endeudamiento de las familias, una baja movilidad laboral que impide que los trabajadores del sur se desplacen al norte, donde hay menos paro, o una tasa de emancipación muy baja en comparación con otros países. Según Fedea, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, cuando en Francia, Holanda y Reino Unido está proporción se mueve entre el 20% y el 22%.

Ahora bien, ¿por qué debe dejarse de construir VPP? El profesor de la London School of Economics y firmante del documento Luis Garicano sostiene que una primera razón es coyuntural. Con un stock de pisos que las estimaciones más conservadoras sitúan en un millón, levantar más pisos sociales supondrá "agravar" la crisis del sector. Pero hay más. "El principal motivo es el componente de lotería que tiene una vivienda pública, además del fraude que hay en las adjudicaciones. A quien le toca uno de estos pisos recibe una subvención enorme, mientras que otros se quedan sin nada", afirma Garicano.

A su juicio, el Gobierno debe eliminar, primero, las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. A la vez, prosigue, el Ejecutivo debe poner las bases para fomentar el alquiler de precio de mercado, dejar de construir VPP y crear un sistema de ayudas para subvencionar parte de la renta a las familias que no puedan acceder a una vivienda. Son palabras mayores para un país de propietarios y donde la construcción de pisos públicos es una de las principales políticas sociales de la agenda de cualquier partido.

Desde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la respuesta es clara: se coincide en el fin, el fomento del alquiler, pero no en el método. El subsecretario de Vivienda, Marcos Vaquer, explica que, a raíz de la crisis inmobiliaria y de las nuevas medidas del Gobierno, los contratos de alquiler subieron un 18%, lo cual ha permitido que el arrendamiento haya pasado del 11% del parque de viviendas español al 13,2%. Y este incremento se da incluso en ciudades donde el mercado de alquiler era más amplio y en el que se temía que hubiera tocado techo, como Barcelona, donde uno de cada cuatro ciudadanos arrienda.

Vaquer asegura que el Ministerio apuesta por el alquiler. Ahora bien, también "por un parque amplio y estable de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. No hay país que carezca de él". En estados como Dinamarca, Francia, Austria o Suecia el alquiler social representa más del 15% de todas las casas, y eso que en algunos países las políticas de signo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 liquidaron parte de ese parque. En Holanda, los pisos protegidos que se arriendan suponen incluso el 35% del total.

En cualquier caso, Vaquer rechaza que la política de vivienda se base "al 100% en cheques". Una fórmula que también rechazan los sindicatos. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que "la vivienda es un derecho constitucional" que requiere "políticas activas y no simplemente regulaciones del mercado". Por ello, López defiende "patrimonios públicos de suelo" y más VPP. Fuentes de CC OO aseguran, por su parte, que basarse en el alquiler libre es inviable, puesto que la oferta es reducida y los precios todavía son muy altos.

Tampoco las inmobiliarias lo aceptan, puesto que temen que el efecto acabe siendo nulo, como ocurre con las desgravaciones por la compra de vivienda. Pedro Pérez, presidente del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, opina que hay que ir "con mucha cautela" con las ayudas permanentes. "Hay fórmulas alternativas mejores y más limpias que estas subvenciones", sostiene.

Sin embargo, Pérez admite que la obtención de un piso protegido en propiedad sí es una lotería. "Resulta una política poco ponderada: o accedes a una vivienda en propiedad o bien te quedas sin tus necesidades resueltas", añade. La propiedad de la VPP plantea, además, otro debate: el de la inequidad.

Los detractores de la vivienda protegida de compra ponen siempre el mismo ejemplo: un joven de 24 años, por ejemplo, puede ser beneficiario de una VPP. Y este joven, al cabo de tres años, puede conseguir un buen empleo. Incluso puede ser directivo de una empresa al cabo de otros tres. Y no tendrá la obligación de devolver su piso a pesar de que ya puede acceder al mercado libre. En cambio, en el mismo concurso se habrá presentado alguien sin recursos que transcurridos seis años se hallará en la misma situación. Y además, al cabo de unos años -por regla general, 30- el piso pondrá venderse a precio de mercado libre.

Para evitar que la subvención acabe siendo un negocio y tener un parque de VPP estable, la Generalitat decidió que los pisos en suelo público sean protegidos durante 90 años. La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, rebate, además, el argumento de la inequidad. "Los veinteañeros no son el perfil de los que buscan un piso protegido de propiedad, entre otras cosas porque la mayoría no tiene los ingresos necesarios para comprarlo. Estamos viendo que la mayoría de los que tienen entre 22 y 30 años nos está pidiendo alquiler", asegura Trilla, que opina que la política de vivienda debe ser el resultado de usar "todos los instrumentos disponibles".

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que también firma el documento de Fedea, rechaza la VPP de compra, pero no se opone a un parque público de vivienda de alquiler. "Lo ideal sería que los subsidios al alquiler funcionaran bien, pero el problema es que pueden ser inflacionistas", indica.

Ahí está el ejemplo de las ayudas al alquiler para jóvenes, de 210 euros, que en algunos casos supusieron que los alquileres se encarecieran porque el propietario sabía que el inquilino iba a disponer de más recursos. Luis Garicano, no obstante, no cree que ese sea ahora el problema más acuciante. "Puede ser un revulsivo. Imaginemos que una ayuda de 120 euros se reparte a partes iguales entre arrendador y arrendatario. Es una forma de ayudar a la oferta y a la demanda", asegura.

Fórmulas para evitar guetos

La mala gestión de los pisos sociales en algunos países de Europa es uno de los argumentos de los que se vale la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para rechazar la construcción de viviendas de protección pública (VPP). Una mala gestión que en algunos casos ha acabado por convertir esos edificios en guetos, según el profesor de la London School of Economics Luis Garicano. “La vivienda protegida de alquiler acaba por descuidarse. Al final podemos encontrarnos con inmuebles marginales donde se hacina la gente”, apunta.

Sin embargo, otros de los firmantes del documento, como José García-Montalvo, no se oponen a esos edificios. “La experiencia de otros países no es extrapolable a España, pero es cierto que se generan problemas de mantenimiento a largo plazo”, asegura. No obstante, García-Montalvo recuerda que la gestión de los parques de vivienda social de alquiler también pueden tener una gestión privada. “Hay empresas que se dedican a eso, y no estaría mal desarrollar un sector del alquiler más profesionalizado”, apunta.

La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, asegura que la única fórmula de alquiler rentable para un promotor es precisamente el social. “Los pisos de obra nueva para arrendar no son viables si se hacen a costes de mercado libre, porque resultan un producto muy caro para el promotor y muy arriesgado. Las administraciones estamos elaborando planes de vivienda para que haya más alquiler, y en muchos casos se tratan de ayudas al promotor. Ahora bien, estas subvenciones tienen que tener una contrapartida, y ésta es que nos aseguren un precio social, es decir, más asequible”, explica Trilla.

La responsable de Vivienda de la Generalitat recuerda que países como Alemania, donde el alquiler supone el 51% del mercado inmobiliario, los ciudadanos arriendan porque los precios son mucho más baratos que las cuotas de una hipoteca. “Y eso es posible porque los propietarios de las viviendas tienen ayudas del Gobierno”, añade Trilla.

El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Marcos Vaquer, recuerda que ahora apenas hay empresas que se dediquen al alquiler, lo que el Ejecutivo quiere cambiar con la nueva ley de sociedades inmobiliarias cotizadas, que da ventajas fiscales a las firmas que se dediquen a este mercado. “Algunas empresas sí se están dedicando al alquiler, y lo hacen casi sin incentivos. Las administraciones queremos poner facilidades para que otras empresas también lo hagan”, explica Vaquer.

No obstante, Carme Trilla también señala que las leyes de urbanismo ya prevén que los nuevos desarrollos estén compuestos por vivienda libre y protegida precisamente para que no haya guetos. La política de vivienda puede ser, pues, también una estrategia de cohesión social.

Lluis Pellicer para El País.

Rodiezmo contra Kioto

La izquierda se debate entre su alma obrerista y la ecologista - Las ayudas al carbón contradicen la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las renovables

El mismo día que el G-20, con la presencia de España, acordaba "retirar paulatinamente, en el medio plazo, los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles", el Ministerio de Industria se reunía con las empresas del sector para retomar el sistema de primas al carbón nacional, que lleva casi todo el año sin quemarse por la caída de la demanda eléctrica y el aumento de las renovables. Ocurrió el pasado 26 de septiembre, y hoy Industria ya tiene un borrador de real decreto en el que plasma el sistema de ayudas para que el carbón nacional vuelva a producir electricidad -y CO2- y no cierren las minas.

No era la primera vez que el discurso del Gobierno pone una vela a las renovables y el medio ambiente y otra al carbón. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró el primer fin de semana de septiembre una fábrica de obleas de silicio para paneles solares fotovoltaicos en Valdefreno, León. "Muchas veces me preguntan qué es la economía sostenible. Esto es la economía sostenible: una empresa como ésta", declaró Zapatero. La fotovoltaica había perdido 20.000 empleos, según la patronal ASIF, en los últimos 12 meses debido a un cambio normativo de Industria tras una etapa de frenesí inversor que el ministerio considera una burbuja especulativa. Al día siguiente, Zapatero acudió a la tradicional apertura del curso político con los mineros en Rodiezmo, también en León. Allí, se comprometió a pelear por prorrogar las ayudas al carbón durante la presidencia española de la UE.

La contradicción en el discurso es clara, pero si se escarba un poco la discusión está llena de matices. Como explicó la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, con el decreto de ayudas el Gobierno cumple "la palabra dada". Se trata de hacer cumplir el plan de reducción del carbón pactado en 2004 entre todos los sectores y que casi nadie criticó entonces. "Entonces acordamos reducir el carbón nacional, pero de forma paulatina. Sin embargo, lo que ha pasado es que este año no se ha producido nada con carbón nacional. Sólo pedimos que se cumpla el acuerdo", resume el secretario de la Minería de Comisiones Obreras, Juan Carlos Álvarez Liébana.

Con el decreto, Industria dará prioridad al carbón nacional y primará su quema para producir electricidad. Con el precio actual del mercado eléctrico, la prima ascenderá a unos 2.000 millones en tres años. A eso hay que sumar la compensación que tendrán las centrales de gas natural que dejen de funcionar por entrar el carbón y los derechos de emisión de CO2. La cantidad de ayudas es imposible de calcular. Si los próximos dos años se recupera la demanda eléctrica, sube el precio del gas o llueve poco (lo que reduce la producción hidroeléctrica), el mercado eléctrico mayorista subirá y la prima será menor. La patronal del carbón, Carbunión, asegura que si el precio del mercado sube un 50% y vuelve a los niveles de hace dos años la ayuda será de 486 millones.

Aún sin cifras, se puede resumir así: el Estado pagará más por quemar carbón nacional, mayoritariamente de Asturias y León, e indemnizará a tecnologías más modernas y menos contaminantes que no podrán arrancar. El decreto establece que en las empresas de gas que tengan contratos de suministro fijo con otros países el Gobierno pagará ese gas. Así, España pagará a Argelia por un gas que no se consume aquí para que se pueda utilizar en otro sitio. Además, aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales y eso habrá que pagarlo también.

El profesor de Organización Industrial de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en el sector energético, Pedro Linares, considera un despropósito la subvención: "Hay un plan del carbón y hay que cumplirlo. De acuerdo. Pero no veo por qué hay que quemar el carbón. Sería mejor hacer como en la agricultura, pagar a los mineros para que no hagan nada o para que mantengan la mina abierta pero sin extraer carbón, o para que lo almacenemos o lo exportemos. Pero ¿pagarles y luego quemarlo aumentando las emisiones y compensando a tecnologías más limpias que no entran en funcionamiento? No tiene sentido quemar ese carbón, y apenas reduce nuestra dependencia energética". El carbón produjo en 2008 el 16% de la electricidad y en lo que va de año ha caído un 19,93%. La mayoría es de importación, más barato y de mayor calidad. Y siempre tuvo ayudas. En los Presupuestos hay 967,3 millones de ayudas a las zonas mineras para la reconversión.

Guillermo Murias, responsable de Economía de IU en León y ex alcalde de Villablino, en el corazón minero, asegura que esa reconversión no es tan sencilla: "Queda muy bien en el papel pero llevarlo a la práctica es otra cosa". Murias, como CC OO, apoya el sistema de ayudas públicas al carbón. "Sin ayudas, las zonas mineras serían guetos. No podemos abandonar a su suerte a unas comarcas y un sector que han apoyado mucho al país y que amortiguan el precio del carbón de importación cuando sube", resume el responsable de CC OO.

El sindicato ha vivido un desgarro interno entre la federación de Medio Ambiente y la Minera. Ganó la segunda. Comisiones nació en la mina de La Camocha y los 5.000 empleos en el sector y sus posibles protestas pesan mucho. También pesan los beneficios que obtendrán las térmicas de carbón de las eléctricas con este nuevo sistema.

El debate de las ayudas al carbón enfrenta a la izquierda con su vieja alma obrerista y la ecologista. Pese a que en España las renovables emplean a 180.000 personas y la minería a 5.000, el poder de los segundos es mayor. El diputado de ICV, Joan Herrera, resolvió el dilema a favor de la opción ecologista: "Hay formas de mantener el empleo en el carbón sin cargarse de un plumazo la estrategia española de cambio climático". Herrera recuerda que cuando el sector fotovoltaico perdió más de 20.000 empleos nadie protestó. Los sindicatos apenas se movieron. En una reunión con las empresas, el secretario de Estado de Energía Pedro Marín, según fuentes del sector, afirmó: "El empleo en la fotovoltaica está subvencionado. Y tenemos formas más baratas de crear empleo".

Así, los ecologistas son los más críticos con el sistema, como resume Ladislao Martínez: "Este apoyo al carbón descabalga la tendencia que se estaba produciendo de reducción de emisiones. Con la misma electricidad, el año que viene subirán las emisiones". Y, según Zapatero, el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta.

El año pasado las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron un 8% y en el primer semestre de 2009 han bajado un 16% respecto al mismo periodo del año anterior. Buena parte se debe a la menor producción industrial por la crisis, pero también por el aumento de las renovables, que a final de año supondrán ya el 25% de la electricidad.

Antes, apoyar las renovables era sencillo, porque la demanda eléctrica crecía tanto que había sitio para todos. Aunque los molinos de viento tenían prioridad en el acceso a la red no quitaban cuota de mercado al gas o al carbón. Con una caída de la demanda sin precedentes como la que vive España, ya no caben todos. Las centrales de gas de ciclo combinado están paradas y las gasistas cargan abiertamente contra las subvenciones a renovables. Si antes se podía apoyar el carbón sin molestar a nadie, ahora ya chirría el sistema al primarlo.

Comisiones Obreras denuncia un plan "para demonizar el carbón nacional y culparle de todos los males del sector energético", pero las críticas no están demasiado extendidas. Incluso los productores de renovables son tibios. El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José María Vélez, resume: "Las renovables tienen que llegar al 20% de la energía en 2020. Cómo se haga el otro 80% nos da igual. Es competencia del Gobierno". Las energías limpias recibirán este año 4.700 millones en primas en la tarifa eléctrica. Quien sí se ha unido a los ecologistas es el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, quien considera que estas ayudas "van contra Kioto y distorsionan el mercado".

Además de su contribución al cambio climático, las minas de carbón a cielo abierto, algunas con sentencia firme de ilegalidad, están destrozando espacios protegidos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó ayer a la comunidad autónoma que incoe un expediente de caducidad de la concesión minera a la empresa Coto Minero Cantábrico, la mayor de España, por tener una sentencia en contra. La Comisión Europea está tramitando un procedimiento de infracción contra España porque las minas dañan espacios naturales protegidos por la UE. Y lo hacen gracias al dinero público.

Rafael Méndez para El País.

UCA 1989-2009. Los pobres les convirtieron

En 1986, tres años antes de su muerte, estuve en la UCA de San Salvador dando clases de teología. Vivía en la misma comunidad de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró. En una comunidad muy cercana vivían Juan Ramón Moreno y Joaquín López y no lejos vivía Amando López.

La gran mayoría de ellos, comenzando por Ellacuría, eran profesores universitarios, intelectuales competentes, personas de gran peso en la sociedad salvadoreña.

Pero hubo algo más en sus vidas que hizo de ellos no sólo ilustres catedráticos, sino testigos del evangelio y mártires como Jesús.
Ellacuría no fue únicamente un gran filósofo discípulo de su paisano vasco Xavier Zubiri, ni Montes sólo un experto en derechos humanos, ni Martín-Baró se limitó a ser un gran psicólogo. Moreno no fue sólo un buen pastoralista, Amando no se contentó con ser un gran teólogo y Joaquín fue algo más que un director de Fe y Alegría. Había en todos ellos una secreta pasión por el Reino de Dios y su justicia, un deseo profundo de seguir Jesús de Nazaret hoy y aquí, una indignación por la triste situación del pueblo salvadoreño, un sentimiento de compasión ante tanto sufrimiento injusto. Fueron místicos y profetas en El Salvador.

Pero ¿cómo se dio este paso de personas ilustradas a profetas y testigos del evangelio? Se acercaron al pueblo y los pobres les enseñaron a leer el evangelio. Les dieron unos ojos y un corazón nuevo para ver la realidad social y eclesial desde los crucificados de la historia, desde los últimos, aquellos que serán nuestros jueces escatológicos en el juicio final de las naciones. Los pobres, poco a poco, los cambiaron, los humanizaron, los evangelizaron, los convirtieron. Como a Mons. Romero.

Por esto, como le sucedió a Jesús de Nazaret, los poderes de este mundo-imperio –dinero, armas, acaparadores de tierras- no los toleraron: los asesinaron. Como a Mons. Romero.

Con ellos asesinaron a dos sencillas mujeres del pueblo, Elba Ramos y su hija Celina, para que no hubiera testigos de la matanza de los seis jesuitas. Pero la muerte de estas dos mujeres quizá simboliza algo más: que el pueblo salvadoreño, al que ellos se habían acercado, los acogía, los hacía suyos, los abrazaba en su misma sangre. Han pasado 20 años, hacemos memoria de su pasión, su sangre clama al cielo y nos interpela como la sangre de Abel, como la de Jesús: Cristianos del siglo XXI ¿qué hemos hecho con los crucificados de nuestra historia, con los pobres, indígenas, africanos, migrantes, ancianos, mujeres y niños? Cristianos del siglo XXI ¿qué hemos hecho con la Buena noticia del evangelio, con la Iglesia de Jesús de Nazaret, para que hoy se hayan convertido en algo irrisorio, insignificante, sin interés, caduco?

Ojala los pobres también a nosotros nos enseñen a leer el evangelio y nos conviertan. Pero para ello no basta leer estadísticas socio-económicas o ver reportajes de TV sobre el hambre del mundo mientras cenamos tranquilamente. Hay que acercarse físicamente a los pobres, bajar a su encuentro, hay que estar junto a Elba y Celina. Seguramente reencontraremos allí al Dios de Jesús.

Víctor Codina, sj. Bolivia

Separar a ciegas no sirve para reciclar (y molesta)

España se ha incorporado tarde a la recuperación de residuos, aunque avanza deprisa - La falta de información y de recursos lastran la evolución - Distinguir mal es peor que no hacerlo

La planta de clasificación de envases de Amorebieta (Vizcaya) es pionera en España. Comenzó a construirse en 1997, cuando prácticamente el único reciclaje que se hacía era el retorno de envases de vidrio por motivos económicos y algo de papel. Ese año apenas se recuperaron envases plásticos; en 2008, 92 plantas clasificaron 1,3 millones de toneladas, de las que se recicló algo más del 60%.

Aunque sigue habiendo retraso respecto a los países del entorno europeo en tasas de reciclado (porcentaje de recuperación sobre el total de productos que sale al mercado), no se pueden obviar los avances: en 2004, para el vidrio, la tasa española era del 41%, 25 puntos por debajo de la media del entorno. En 2007 esa cifra se había elevado al 56% y la distancia con la media se había reducido a 14 puntos. La cultura del reciclado llegó a España con retraso, pero ahora toca (y se está haciendo, aunque persisten dificultades) recuperar el tiempo perdido.

En Amorebieta entran cada día 14 camiones cargados con alrededor de 1,25 toneladas (el contenido de alrededor de 85 bidones amarillos). Descargan su contenido en un rincón de la nave donde se amontonan a la espera de entrar en la gigantesca maquinaria en la que son separados en seis tipos de materiales diferentes (plásticos PET -el de las botellas de agua- y PEAD -el de los envases de detergente-, briks, aluminio, acero -latas-, y film). Desde el terminator, la máquina que abre las bolsas para desparramar su contenido, a un último cribado manual, los envases viajan en cintas transportadoras con hasta cinco modos diferentes de clasificación, uno de ellos mediante selección óptica por infrarrojos, y separados según su volumen, peso, densidad o rodaje.

A pesar de los mecanismos, cada vez más sofisticados, los plásticos son los materiales más difíciles y caros de reciclar. En 2007 la tasa de reciclado de este material fue del 19%, la más baja de los residuos sólidos urbanos procedentes de recogida selectiva. Pero, ¿por qué está España por debajo de otros países? Cuando se pregunta a la gente, la mayoría asegura que recicla (el 83%, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística), pero los datos chirrían: aparte de lo dicho sobre los plásticos, en 2007 se recicló un 56% del vidrio, 64% del papel y cartón, 70% de las latas y 41% de los briks. Poco para tal porcentaje de gente recicladora.

Sin cuestionar la sinceridad de cada uno, el sistema denota fallos: cultura de reciclado, educación o infraestructuras y servicios. Son necesarios cambios para que España consiga despegar en este campo, clave en la lucha contra el cambio climático. Por poner algunos ejemplos, una tonelada de papel recuperado salva 17 árboles y, con los envases recuperados en 2008, se ahorró tanta agua como la que necesitan 500.000 personas para vivir durante un año y se dejó de emitir a la atmósfera casi un millón de toneladas de CO2.

Ana Rodríguez Cruz, subdirectora general del área de Residuos y Consumo Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, es consciente de los fallos del sistema y habla de un proceso lento al que España ha podido llegar con retraso. "Creo que las tasas no son altas, pueden serlo bastante más con un esfuerzo relativamente pequeño, porque tenemos infraestructura para poder poner en marcha sistemas más eficientes". Rodríguez aboga por dos líneas: "Mejorar los criterios por los que los ciudadanos se comprometen a separar y que los municipios entiendan mejor por qué les conviene hacer la recogida selectiva; es necesario que tomen un mayor compromiso".

La falta de información es manifiesta. Pocos saben que un vaso de cristal no puede ir al contenedor de vidrio o que el contenedor amarillo sólo admite plásticos provenientes de envases. José Aguado, catedrático de Química Orgánica de la Universidad Carlos III de Madrid, es claro: "Ante la duda, al contenedor gris". Todos esos residuos que van a parar al contenedor equivocado son los "impropios" o "rechazos", culpables en parte de lastrar la evolución del reciclado en nuestro país. "No es sólo porque encarece el proceso, sino porque contamina el resto de residuos y provoca que el material resultante sea de peor calidad", dice Aguado. Esto tiene que ver con la educación ciudadana a la hora de separar. Rodríguez reconoce que, en la información, a veces "se ofrecen esquemas que pueden resultar engañosos. Habría que abundar más en la difusión. Se puede mejorar mucho y la única manera de hacerlo es con información".

Según Ecoembes (la asociación que gestiona el procesado de envases, papel y cartón), el 25% de lo que se deposita en los contenedores amarillos es impropio. En los casos del vidrio y del papel los impropios son mucho menores: 3% según Ecovidrio y 5% en papel y cartón, de nuevo según Ecoembes. Pero hay que tener en cuenta cantidad y calidad. Un papel engrasado o una botella de cristal que contuvo un producto corrosivo mermarán la calidad del producto tras el reciclado.

En cualquier caso, cuando uno ve las montañas de basura que llegan a la planta de Amorebieta se da cuenta de lo importante que es separar bien. Unai Urrutia, director de la Diputación de Vizcaya en la planta (que la gestiona a medias con una empresa privada), alerta también de este punto: "Nos llegan, por ejemplo, muchas cintas de vídeo, y la banda que tienen por dentro, que además es metálica, se engancha en las máquinas y paraliza todo el sistema". Los trabajadores, el último eslabón de la cadena antes de almacenarlo todo en grandes cubos compactos, también son muy conscientes de lo que suponen los impropios. "La gente recicla mal", dice una empleada de la planta mientras echa mecánicamente a un lado botellas y a otro briks en la última parte de la inmensa maquinaria, "llegan muchos impropios que ralentizan el sistema". Sorprende que no lleven mascarillas ni cascos, y tan sólo uno de cinco lleva auriculares pese al fuerte ruido. A partir de esta última clasificación saldrán seis tipos de fardos camino a su reciclaje.

Junto a la planta de clasificación hay otra de tratamiento de film (bolsas de plástico). Ahí, todos los fardos de ese tipo que salen de la nave contigua, más otros muchos de varias plantas de clasificación del norte peninsular, son convertidos en granza: pequeñas piezas con forma de lenteja que servirán para fabricar tuberías, suelos y otros productos. Desde la dirección de la planta explican que esta materia prima es de calidad limitada porque llega sucia, y que nada de esto se vende en España: "Exportamos a Alemania, Bélgica, Portugal e Inglaterra".

Es complicado saber qué tipo de plásticos pueden o no depositarse en el contenedor y tampoco es fácil (ni siquiera para Rodríguez) conocer qué puede ir al contenedor verde. En esta línea, algunos expertos y varias ciudades estadounidenses han comenzado a promover el single stream recycling, un nuevo sistema por el cual todo lo susceptible de ser reciclado se deposita en el mismo bidón, y son las plantas las que se encargan de separarlo. En España, todas las fuentes consultadas opinan que lo mejor es separar en origen. Pero habría que reparar en un dato. En 2007, de los 23,6 millones de toneladas de basura que se recogieron -según el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM)- poco más del 10% (2,7 millones de toneladas) provenía de los contenedores selectivos. El INE dio ayer sus datos, algo más altos, que cifran en 28,2 los millones de toneladas (493 kilos per cápita) y 6,4 (22,3%) los recogidos selectivamente.

Sobre los datos, además, hay que aclarar cómo se portan las regiones, ya que Cataluña, con casi un millón menos de habitantes que Andalucía, vertió en los contenedores selectivos casi el triple de basura, según el MARM. Otro ejemplo; en Navarra, con la mitad de población que Murcia, sus habitantes tiran a los contenedores selectivos prácticamente el doble de basura. Rodríguez aboga por la implicación de las Administraciones de una manera concreta: con recursos humanos. "Los residuos venden mal, venden muy bien los espectáculos, pero lo que tiene que vender es en la gestión de recursos a personal. Hay infraestructuras, apostamos por hacer más eficientes las que existen, pero yo creo que el tema es tener recursos humanos para hacer seguimiento en las comunidades".

Los ayuntamientos reciben dinero de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) -Ecoembes, Ecovidrio o Ambilamp de bombillas- para gestionar la recogida selectiva. Para garantizar que se hace una buena gestión (es conocido el rumor de que los camiones recogen los distintos bidones pero luego mezclan los contenidos), Ecoembes espía a los ayuntamientos siguiendo las rutas para controlar que recogida y transporte se realizan correctamente. Ecovidrio asegura que los informes de entrada y salida de productos en las diferentes etapas permiten llevar un control de lo que ocurre. José Aguado cree que el rumor no es más que eso, alimentado "porque muchos ayuntamientos utilizan los mismos camiones para recoger distintos tipos de residuos".

Los Sistemas Integrados de Gestión, a su vez, están creados siguiendo el principio de "quien contamina paga": las empresas están obligadas a asegurarse de que sus productos siguen el camino correcto, para ello pagan a estas asociaciones por el futuro reciclado del producto, que es trasladado al consumidor. Estos costes son de 0,06 euros por un móvil o 0,40 por la torre del ordenador.

Informar al ciudadano y mejorar el servicio son vitales para alcanzar las cotas europeas de reciclado. Leticia Bacelga, responsable de residuos de Ecologistas en Acción, cree en las labores de información como herramienta para "conseguir la eficiencia" pero aboga por "la tendencia europea, que es la recogida puerta a puerta de los diferentes residuos según el día; así se quitan los contenedores y es más eficaz". Este motivo cobra más sentido si se atiende a la principal razón, según el INE, de que los ciudadanos no separen más residuos: la falta de infraestructuras cercanas.

A pesar de todo, el mejor sistema para luchar contra los residuos es uno: no generarlos. Rodríguez insta a cambiar la cultura de residuos con una visita: "Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a ver un vertedero; hay que ser consciente de que cada decisión determina una tasa de generación de basura, cada decisión puede ser una bolsa menos". Comprar a granel y envases lo más grande posible son dos formas eficaces de prevenir residuos.

Precisamente la prevención es uno de los focos que centran la directiva europea de residuos aprobada en diciembre de 2008 (2008/08/CE), que España debe trasponer antes del fin de 2010. La nueva normativa ordena la creación de una política de ecodiseño, que use materiales y formas que pongan en el mercado productos duraderos, reutilizables y reciclables. Además, obliga a los países a tener programas de prevención de residuos en 2013 e insta a los Estados miembros a impulsar la recogida de biorresiduos de forma separada, para mejorar la calidad del compostaje.

Aciertos y errores

- Vidrio y cristal no son lo mismo. Al contenedor verde deben ir los envases, frascos y botellas de vidrio, siempre sin el tapón. No se pueden tirar vasos o copas ni ningún otro artículo de cristal (jarrones, bandejas, ventanas...) y especialmente nada de cerámica. Tampoco pueden tirarse al bidón verde frascos de medicamentos o los que hayan albergado productos corrosivos. Es importante enjuagar antes de tirar.

- El contenedor amarillo no es para plásticos, es para envases. En realidad es el bidón para los envases (de lata, plástico y briks) y para las bolsas de plástico, pero no para ningún otro artículo plástico. Un error frecuente son las cintas de VHS, que además estropean las maquinarias.

- Papel limpio y sin mezclar. Los papeles deben ir sin manchas de grasa ni otros materiales; por lo tanto, no pueden tirarse briks, sobres con ventana o pañales.

Cristina C. Carbón para El País.