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El despido fácil se paga más caro

El empresario suele optar por la rescisión improcedente aunque cueste más; no debe justificar la causa y se ahorra la incertidumbre en el juzgado - Los laboralistas piden que se cambie la ley

Falta muy poco para que se acabara la jornada de Blanca. Cada día trabaja cuatro horas en el centro de atención de telefónica de una conocida web. Su jefa le llama al despacho. Y allí mismo le dice que la despiden. No ha habido comunicación ni aviso previo. No hace falta. La compañía, de la que prefiere no dar su nombre, asume que el despido de Blanca Jiménez, de 23 años, es improcedente. Le pagarán 45 días por año trabajado, tres en su caso, y fin. Un camino fácil y rápido, pagado eso sí.

La empresa podía haber optado por intentar tramitar el despido de Blanca por la vía procedente. Alegar motivos técnicos, económicos o disciplinarios como reza el Estatuto de los Trabajadores y pagarle 20 días por año. Pero si Blanca no se hubiera conformado, la firma tendría que haber demostrado la causa ante un juez, así que optó por la vía más sencilla. También la más cara. Pero es la mayoritaria. Un vistazo a las estadísticas lo demuestra. En 2009, con la crisis apretando a las empresas, hubo casi 780.000 rescisiones de contratos improcedentes, por sólo 156.000 procedentes, según datos del Ministerio de Trabajo, de altas a prestaciones por desempleo, la estadística más fiable.

¿Quiere esto decir que en el año más negro de la crisis sólo uno de cada cinco despidos tiene causa? No. Lo que quiere decir es que las compañías optan mayoritariamente por el camino rápido aunque sea más caro. "Tiene una explicación muy sencilla. El empresario no tiene que demostrar causas económicas, caída de pedidos o motivos organizativos. Dicho en dos palabras, te da la carta y te da el talón", argumenta Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. "Es un despido exprés. Es sencillo, si recurres al de 20 días es más complicado", abunda Paloma López, responsable de Empleo de CC OO.

"El empresario desconfía y tiene razones para hacerlo", contrapone Fabián Márquez, abogado laboralista y asesor de la CEOE. "El despido objetivo [el que tiene causa] no está funcionando. A los jueces les cuesta entender que se pueda despedir, no sólo por causas económicas, sino también por organizativas o de producción".

Sea por culpa de los empresarios o de los jueces y la ley, lo cierto es que esta realidad acaba evitando que los cauces previstos funcionen con normalidad. "Es como una brecha en un pantano. Por ese boquete sale el agua que tendría que salir por las turbinas y las compuertas", describe Valeriano Gómez, antiguo secretario general de Empleo, para aclarar por qué se recurre en masa a este despido en lugar de a otros, a priori, más baratos: el despido objetivo o el colectivo (los expedientes de regulación de empleo). En ambos casos, la compensación para el trabajador es de 20 días por año trabajado, aunque en el caso de los ERE la negociación con los sindicatos acaba por aumentar la indemnización casi siempre.

La puerta al despido improcedente rápido se abrió en 2002. Hasta entonces estaba entreabierta, y no por la vía rápida. La huelga general contra la reforma laboral que propuso el último Gobierno de José María Aznar dio al traste con gran parte de sus planes -y le costó el cargo al entonces ministro de Trabajo y hoy alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio-. Pero el cambio en la normativa que permite un trámite rapidísimo del despido improcedente se mantuvo. Desde entonces, el empresario sólo tiene que poner la indemnización (45 o 33 días por año trabajado, según el tipo de contrato) a disposición del ya ex empleado en el plazo de dos días y además se ahorra los salarios de tramitación (la cantidad dejada de percibir desde la fecha del despido hasta su resolución). Ya no es necesario justificar la causa, como teóricamente exige la legislación. No es que el cambio de 2002 fuera el primer paso para evitar justificar de hecho el despido. "Fue la puntilla", explica Xavier González de Ribera, magistrado de lo Social, "hasta entonces podía haber un despido por bajo rendimiento pero había que seguir un proceso. Ahora ya no".

Para Antonio Baylos, catedrático de Laboral de la Universidad de Castilla-La Mancha, "el gran problema es que se evita lo que en muchas ocasiones tendría que acabar en un despido colectivo. Así se fracciona y se evita el control sindical. Además, con el despido objetivo hay un control judicial. Si se usa el improcedente, la ley no habilita al magistrado a controlar".

Desde que comenzó la crisis, se ha señalado la temporalidad como la brecha por la que se ha destruido empleo. No hay duda. De los 1,8 millones de trabajos que se ha cobrado la recesión, 1,5 han llegado por la vía de la no renovación de contrato. Pero desde 2009 la rescisión de los compromisos indefinidos ha hecho mella en el empleo indefinido. Y no es de extrañar viendo cómo han evolucionado los despidos en los últimos años. Si en 2001 hubo 375.000, el año pasado se cerró -con datos provisionales- con casi 1,2 millones, de los que prácticamente el 70% fueron improcedentes. Los datos han hecho reaccionar al Gobierno. Recientemente, en una entrevista con EL PAÍS, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llamaba la atención sobre ellos. Y en su documento de negociación sobre la reforma laboral propuesto a sindicatos y empresarios aborda el asunto en un párrafo deliberadamente ambiguo: "Es obligado abrir una reflexión sobre si no resultaría más eficiente reforzar y racionalizar, como señala el Estatuto de los Trabajadores, el principio de causalidad del despido mediante una más clara distinción entre despidos disciplinarios y económicos y, particularmente, la diferenciación entre el carácter procedente e improcedente".

A primera vista parece ilógico que el empresario pague más por algo que podría obtener de forma más barata. Y a este argumento recurre Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, para criticar la situación actual. "Creo que mayoritariamente son despidos injustificados. Nadie paga más por algo que tiene justificado. Además, se está aprovechando la crisis para destruir plantillas", dice.

Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Florentino Felgueroso, firme partidario del contrato único con indemnización por despido creciente para solucionar los problemas del mercado laboral español, discrepa: "El despido objetivo es mucho más complicado. Supone unos costes judiciales elevados. Es la vía más práctica. Se depositan los 45 días en el juzgado y ya está. En el juzgado puede que no te lo reconozcan. Hay una incertidumbre que si admites la improcedencia te la quitas. Hay un coste de incertidumbre".

González de Ribera admite que los jueces son exigentes para declarar un despido procedente, pero lo cree justificado. "La carga de la prueba le corresponde al empresario. Además, una compañía puede estar en crisis", se arranca el magistrado, pero también tiene que demostrar que necesita eliminar tres puestos donde lo quiere hacer. "Muchas empresas vienen con el discurso de la crisis pero no traen pruebas. Pero ahora no es tan difícil, la mentalidad de los jueces ha cambiado".

Estas palabras sólo se admiten en parte por el entorno de la patronal. "Hoy más despidos pasan el tamiz de la objetividad que hace 15 años", afirma Fabián Márquez, abogado laboralista y tradicional asesor de CEOE. Pero para los empresarios no es suficiente.

El arraigo del despido improcedente y rápido por la puerta trasera ha generado un sistema por el que las dos partes, sindicatos y empresarios, obtienen algo. El empresario escapa al control judicial, aunque tiene que pagar por una indemnización más cara. Por otro, el empleado logra la compensación más alta que prevé la ley a cambio de renunciar al control judicial del despido, puesto que si acude a los tribunales sólo puede esperar que se declare nulo, algo que sucede en contadas ocasiones.

Miguel Ángel Malo, profesor de Economía Laboral de la Universidad de Salamanca, pide que a la hora de hacer reformas ambas partes, sindicatos y patronal, tengan esto en cuenta y cedan. "Si las empresas tienen que alegar la verdadera causa del despido, no pueden encontrarse con problemas insuperables para probar que existe esa causa. Si los trabajadores van a ser despedidos por la verdadera causa económica y van a cobrar la indemnización de 20 días, habrá que compensarlos con un control de la causa adecuado", explica.

También desde el derecho laboral se piden cambios. El catedrático de la Universidad de Huelva Miguel Rodríguez-Piñero reclama una mejor definición de las causas objetivas del despido. Los cambios que se efectuaron en 1994 y 1997 en el Estatuto de los Trabajadores en esta línea, para él, no han solucionado el problema. Además, reclama que se unifique la doctrina de los tribunales para evitar confusión, tanto a empresarios como a trabajadores. Para Baylos, de la universidad castellano-manchega, la solución es cegar la vía fácil de acceso al despido improcedente para desviar "el torrente" de despidos a los expedientes de regulación.

En la misma línea y con la misma contundencia se expresa Ferrer, de UGT: "Lo que hay que hacer es buscar una causalización. Esta ley rompe el principio del despido causal y acaba con la tutela judicial efectiva. En pocas palabras, hay que eliminarla".

Desde la orilla empresarial, Márquez, presidente también de Analistas de Relaciones Industriales y negociador de la CEOE en otras reformas, pide que se acote el papel del juez en los despidos procedentes. "Hay que reconducir la situación hacia la vía objetiva. Dar más garantías a la decisión del empresario. Que el juez [cuando se aducen motivos económicos] sólo analice lo que es un fraude de ley. En el fondo me estoy pronunciando a favor de los que piden que se acote el campo del juez".

Sin concretar mucho, no es esta última la opción que defiende el juez González de Ribera. Para él, si se acaba con el control judicial "se hará pasar todo por causas económicas". "Además, esto va contra la parte más débil del contrato, el trabajador".

Costes y vías de despido

- Despido procedente. El trabajador cobra 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 meses que tiene que percibir en el momento en que recibe la notificación, 30 días antes de ser efectiva la rescisión.

- Despido improcedente. El trabajador recibe 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 meses. Si el contrato es de fomento de empleo, la indemnización es de 33 días por año con un límite de 24 meses. Desde 2002, basta con que el empresario reconozca la improcedencia del despido en las 48 horas posteriores a la comunicación de la rescisión del contrato.

- Despido nulo. Se consideran nulas las rescisiones de contrato provocadas por alguna de las discriminaciones recogidas en la Constitución o por la violación de algún derecho fundamental. El trabajador tiene que ser readmitido y el empresario debe abonar los salarios que ha dejado de percibir desde la fecha del despido.

- Despido colectivo. Es una de las modalidades de los expedientes de regulación. El trabajador recibe una indemnización mínima de 20 días por año trabajado. Lo habitual es que aumente durante el proceso de negociación con los sindicatos.

Manuel V. Gómez en El País.

El fracaso escolar se combate en Primaria

La falta de prevención en edades tempranas condena a miles de alumnos de Secundaria - Ya existen vías en 4º, pero no hay recursos - Las diferencias entre autonomías son abismales

Lo que está pasando con la educación no es tan difícil de entender. Ocurre como en la sanidad. Si al enfermo no lo atiendes a tiempo, empeora, te cuesta más caro su tratamiento y además su enfermedad se puede volver crónica. El enfermo es el alumno que en Primaria empieza a tener problemas de aprendizaje, algo bastante común. En casi todas las clases hay alguno. Suele tratarse sobre todo de dificultades relacionadas con la comprensión lectora y los cálculos matemáticos. El que se ocupa de detectarlo, aparte de su profesor, es el orientador. El tratamiento se llama de refuerzo y se lo da un profesor de apoyo. Pero si no se le da a tiempo, cada vez entiende peor lo que lee o lo que calcula en todas las diversas materias y, aunque avance, llega un momento (generalmente en 6º de Primaria o ya en la ESO) que ya no logra seguir. Especialmente si su problema le ha llevado a repetir algún curso y le ha desmotivado para seguir estudiando.

Una gran parte del 30% de los estudiantes que fracasa (no obtiene el título de la ESO, el mínimo que existe) ha pasado por esto. Los expertos no paran de repetirlo. El problema que más afecta al fracaso escolar está antes de la ESO. Y, si se le suman las dificultades de la adolescencia, la ESO (que se cursa entre los 12 y los 16 años) es la que paga el pato.

El símil con la sanidad lo menciona la viceconsejera de Educación del Gobierno vasco, Marian Ozcáriz. El maldito 30% de fracaso escolar en España que mencionan los políticos a diario, al hablar del Pacto de Estado por la Educación que ha propuesto el Gobierno, merece varios matices. Las diferencias entre comunidades son abismales y precisamente el principal factor que lleva a algunas a tener la mitad de fracaso que la media española y a otras a superarla es la apuesta por la prevención, y por invertir en ella.

Las comunidades con menos tasas de fracaso han promovido y financiado más medidas de prevención desde Primaria o incluso desde Infantil, invertido en desdoblar las clases más difíciles (como matemáticas) en dos aulas en cursos clave, han dado profesores extra para ello y han ofrecido a los alumnos que lo necesitan apoyos allí donde tienen lagunas. El fracaso escolar en País Vasco y Navarra ronda en la actualidad el 15% (y hay que decir que, por ejemplo, en el País Vasco baja a un 11% en las alumnas). Al otro lado están Baleares, con más de un 40%, Murcia y Andalucía, con un 38%. Bien es cierto que algunas comunidades con mayor fracaso se encuentran entre las que tienen además un elevado porcentaje de alumnado extranjero, que a menudo requiere de apoyos adicionales.

¿Qué sentido tiene con este panorama promover medidas contra el fracaso escolar en 4º de la ESO e iguales para toda España como se está planteando en el debate sobre el pacto educativo? Medidas como dividir 4º en dos vías, cuando en realidad ya existen más de dos, pero no lo suficientemente apoyadas como para que su oferta sea amplia en algunas comunidades. O la medida de aumentar un curso el bachillerato. Expertos de diferentes comunidades, de Canarias a Asturias, con mucho trabajo en las espaldas a pie de aula, dan respuestas.

En Asturias, alrededor del 85% de los alumnos se saca el título. ¿Cómo lo hacen? Parte de dos claves. "No pasa nada porque no se logre el título a los 16 años, eso no quiere decir que no lo puedan conseguir, se les anima y apoya para que sigan estudiando, y, por otro lado, por repetir curso no han de fracasar. También hay que intentar que no se vayan del sistema y que logren el título", explica el profesor de Filosofía de Secundaria de Avilés y experto en políticas educativas Mariano Martín Gordillo. Profesor desde hace 24 años, dice que a menudo lo que pasa es que a los chavales que han repetido dos veces, una en Primaria y otra en los primeros cursos de ESO, por ejemplo, ya se les anima a irse fuera. Su idea es la contraria. "Todos tenemos amigos que repitieron alguna vez y ahora son unos excelentes profesionales de lo que sea porque al final lograron el título, se animaron y siguieron adelante. No pasa nada. El tema de las edades no se ha tratado debidamente en este debate. En Asturias se apoya a los alumnos para que sigan estudiando hasta los 17 o 18 años, y no tiene que ser fuera de la ESO. Además, la mayoría de la gente que fracasa corresponde a un grupo muy determinado, la mayoría escolarizada en la pública en este sistema dual que tenemos pública-concertada. Sin este sistema, el problema no sería tan grave".

Este especialista advierte de un problema que se puede producir si se crean de forma general dos vías en 4º de ESO: "La que conduce a la FP la implantarán casi exclusivamente los centros públicos; los concertados apenas la darán, se quedarán sólo con la que lleva al bachillerato, con el argumento que sea".

Asturias invierte mucho en profesorado, lo que también explica su bajo fracaso escolar, y tiene un porcentaje bajo de concertada (el 70% de sus centros son públicos). Martín Gordillo ve injusto que se hable tanto de fracaso. "Se está dando una imagen de que la educación es un lugar dramático, los alumnos y profesores lo ven así en los medios de comunicación y no es verdad. Hay también grandes tasas de éxito. Es verdad que es muy desigual entre comunidades porque no todas han hecho el mismo esfuerzo". Su conclusión sobre los cambios normativos es clara: "Que nos dejen un poco en paz y quien no haya hecho los deberes, que los haga".

En la otra punta de España, Canarias, Luis Balbuena, matemático, catedrático de Secundaria y ex consejero de Educación, coincide en los aspectos generales. En los concretos, menos. Los generales: "La prevención es necesaria, desde que se detecta que un estudiante no responde a los cánones, los servicios de orientación deben actuar. Porque muchas veces se intenta culpar al propio alumno, cuando es la víctima. Y es que vivimos en una sociedad en la que el éxito se obtiene por otros canales que no son el del esfuerzo y el estudio y muchos jóvenes son víctimas de ese mensaje social".

También insiste este experto en que es importante desdramatizar: "Estamos hablando de una minoría, de un 30%, y además en absoluto ese 30% son objetores escolares, es decir, chicos que se niegan a ir a clase y todo eso. El porcentaje de chavales que se denominan disruptivos, que serían esos objetores, son muchos menos". "Hay que atender debidamente a cada alumno desde Primaria y detectar y prestar ayuda también a los alumnos con un talento precoz", agrega. Balbuena, que es miembro del Consejo Escolar del Estado, resalta otras dos cuestiones determinantes: la necesidad de una mayor financiación y revisar los contenidos.

En el centro de España, en Leganés (Madrid), Agustín Alcocer tiene una visión general muy similar. Lleva 15 años también pegado al terreno, pisando centros. Es psicólogo de un equipo de orientación educativa de la Comunidad de Madrid. "No se pueden mirar los problemas ya en la ESO. En estos cursos afloran de una manera más evidente, pero hay que mirar mucho antes. Incluso se pueden empezar a detectar en Infantil, que tiene ya carácter educativo. Cuando antes se intervenga en ellos, mejor. Alcocer menciona otro problema: las ratios. "No puede ser que haya clases en Infantil con 25 niños. Es demasiado para atender la evolución de todos. Se ha querido extender la educación gratuita a partir de los tres años sin invertir lo necesario y se ha hecho en algunas comunidades a costa de las ratios. Es cantidad a costa de calidad".

Ya en Primaria, lo primero que habría que hacer es cambiar la metodología, advierte. Coincide con Balbuena. "Ya no se puede enseñar de la misma manera. Se habla de ordenadores, de pizarras digitales, pero si seguimos enseñando igual no hemos ido al quid de la cuestión". ¿Qué iniciativas sugiere? "Agrupamientos flexibles, hacer desdoblajes de materias, trabajar en equipo por proyectos. Tiene que ser una educación más interactiva y es importantísimo potenciar el lenguaje, tanto oral como escrito. La comprensión lectora es uno de los problemas que más se detectan, se ve además en los resultados del informe Pisa. Muchas veces no entienden lo que se les pregunta en un problema de matemáticas", cuenta. La falta de profesorado es una de las claves de la situación. "No hay recursos suficientes, se necesitan más especialistas en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica", afirma este experto en orientación escolar. Se trata de dos especialidades de la carrera de maestro.

En la otra punta de la comunidad madrileña, una de las jefes de estudio del instituto público Arquitecto Ventura Rodríguez de Boadilla del Monte, Matilde Moralejo, tampoco cree que nuevos itinerarios en 4º de ESO solucionen nada. "Ya tenemos casi ocho, enfocados a diferentes salidas, pero no los podemos mantener por falta de medios", explica. "Si crean nuevos itinerarios pero no ponen recursos estaremos en las mismas. Ya se da uno, por ejemplo, de plástica, música y tecnología, no hacen falta más reformas. Necesitamos más dinero y no que ahorren en educación".

Este instituto no tiene este curso trabajador social, se lo han quitado, y comparte el orientador con otro centro de la zona. Lo que sí hacen es ponerse de acuerdo por su cuenta los profesores de los centros de Primaria y Secundaria cada mes de mayo, cuando los chavales de Primaria hacen las peticiones de plaza. Se cuentan unos a otros cómo es cada alumno que les va a llegar y las necesidades que pueden tener. Se reúnen los orientadores de 6º de Primaria y los jefes de estudio y ven caso por caso. "Ya hay suficientes soluciones en la ESO, están la diversificación y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), aunque hay pocos abiertos. Se necesitan más. Nosotros sólo tenemos uno y funciona fenomenal", asegura.

Precisamente una de las claves de que el País Vasco tenga un fracaso muy inferior al resto son las plantillas. "Tiene que haber una cierta holgura que permita tener suficientes profesores para hacer estos apoyos", explica la viceconsejera, Marian Ozcáriz. Profesora de matemáticas, Ozcáriz tiene una larga experiencia docente y en política educativa. ¿Por qué el País Vasco tiene la mitad de fracaso que la media española? "El fracaso tiene mucho que ver con la política que haga cada comunidad, pero no sólo con eso. También con su tejido productivo, con que no abunde el empleo de baja cualificación. Esto hace que el alumno entienda que tiene que acabar para colocarse, que, o adquiere al menos el grado medio o superior, o no va a tener empleo", expone la viceconsejera.

Y resalta el papel de las familias en la lucha contra ese fracaso: "O las familias valoran la educación y que su hijo siga estudiando para lograr un mejor empleo y una mejor calidad de vida, o es muy complejo que se mejore. Y el mensaje que se está lanzando desde una parte de la sociedad es que lo que importa es el éxito, el ser popular. Si ése es el modelo de sociedad que se quiere, la escuela llega hasta donde llega y hay una parte que se queda fuera".

Sobre la atención que se debe dar a los niños que necesitan apoyos, Ozcáriz dice que hay que empezar desde abajo: "Nosotros tenemos desde hace tres cursos un 90% de niños escolarizados desde los dos años. Esto también es una medida preventiva. Hay que hacer un seguimiento individualizado del desarrollo de cada niño desde el principio y hacer un esfuerzo muy importante en Primaria. No puede ser que pasen a la ESO sin determinadas destrezas instrumentales y la repetición no es la solución, es la prevención".

Y explica el símil con un enfermo: "Si al niño se le refuerza, como cuando se detecta una enfermedad a un paciente, es decir, enseguida, entonces quizás baste con una o dos horas de refuerzo a la semana para que se recupere. Si se actúa tarde quizás tiene que ir ya a un grupo especial de diversificación porque ya no puede seguir el ritmo de la clase y entonces ya es tarde y es cuando tendrá dificultades para lograr el título. No hay que esperar".

Susana Pérez de Pablos para El País.

El islam, un emporio con franquicias

Arabia Saudí y Marruecos controlan a parte de los musulmanes en España - La financiación camina hacia la subvención estatal

Varias mezquitas en España dependen de capital saudí y son una punta de lanza del wahabismo, o rigorismo islámico. Son las de la M-30 de Madrid, Marbella y Málaga. En Ceuta es notable la influencia marroquí y la presencia del movimiento tablig (secta de predicadores que muchos ven cercana a los salafistas, radicales). El predicamento del islam suní de la escuela malequí -el que se practica en Marruecos- alcanza también a la cúpula de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), una de las dos entidades que representan ante la Administración a los musulmanes que viven en España. La FEERI, que es una organización española, tomó sin embargo claro partido por Marruecos en el caso Haidar.

No es un fenómeno exclusivamente español. La gran mezquita de París fue hasta 1992 una plataforma de Argelia en Francia, y en la de Roma ofician imanes salidos de la Universidad islámica de Al Azhar, en El Cairo, aunque no hablen italiano. El buque insignia de la propagación islamista internacional es la Liga del Mundo Islámico, una internacional islamista de origen saudí que difunde la doctrina wahabista y es titular de la citada mezquita madrileña. La inspiración doctrinal de muchos lugares de culto, así como la financiación, han provenido hasta hace poco del extranjero, en un juego de intereses nacionales e ideológicos desarrollado en el tablero de Europa.

Pero esta realidad está en vías de transformación: las comunidades musulmanas en Europa -entre 13 y 15 millones de personas- han echado raíces y se europeízan a medida que se integran sus nuevas generaciones: ya no se puede hablar sólo de inmigrantes, sino de un número cada vez mayor de ciudadanos europeos que además profesan esta religión. Según el Observatorio Andalusí de 2008 de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE, interlocutora junto con la FEERI del Estado), el 37% de los musulmanes de nuestro país son ya españoles, entre conversos, inmigrantes nacionalizados y la segunda y tercera generación de éstos. En Reino Unido son ciudadanos británicos el 50% de los musulmanes; alrededor del 40% de los musulmanes alemanes y casi la mitad de los cinco millones de mahometanos franceses.

Pero ¿se corresponde esta metamorfosis con una mayor independencia ideológica y financiera del colectivo? La tradicional financiación extranjera se revela anacrónica y, desde los atentados del 11-S y el 11-M, particularmente sospechosa. Así las cosas, y dado que quien financia, manda, cabe preguntarse si las comunidades musulmanas que viven en España -y por extensión en Europa-, son aún franquicias ideológicas y doctrinales de países extranjeros o, al contrario, una realidad cada vez más independiente.

"Son los fieles los que financian de su propio bolsillo a la comunidad. Tanto el alquiler como la construcción de mezquitas o lugares de culto, así como el salario de los imanes, se satisfacen con las cuotas que pagan los fieles", explica Riay Tatary, secretario general de la Comisión Islámica de España (CIE, engloba a FEERI y UCIDE) y veterano interlocutor del Estado español.

"La mayoría de los oratorios son locales alquilados por la comunidad, muy pocas han podido construirse mezquitas propias", añade. Preguntado por la procedencia de los fondos que respaldan algunas de las más imponentes, como las de Madrid, Fuengirola o Marbella, Tatary no duda: "Arabia Saudí, a través de la Liga del Mundo Islámico. La nueva mezquita de Granada se financia a través de una fundación que recibe dinero de fuera, pero no sé exactamente de dónde. Y creo que también hay algún emirato en juego, pero no conozco detalles", dice. ¿Y Marruecos? Tatary dice no saber.

El antropólogo Jordi Moreras descarta también que en la financiación del islam en Europa todo dependa de terceros países. "Las comunidades musulmanas en Europa no se rigen por los criterios de un Estado extranjero, no son células de terceros países, pero sí hay, siempre los ha habido, intereses de países musulmanes, y a veces intereses recíprocos. España [el Ayuntamiento de Madrid] cedió en 1992 terreno a Arabia Saudí para construir la mezquita de la M-30 y los reyes de España acudieron a la inauguración. Fue la guinda de un pastel relacionado con una compleja red de intereses bilaterales en la diplomacia y la economía", explica Moreras.

"Pero si ahora se planteara la penetración de Arabia Saudí la respuesta sería distinta: la relativa ingenuidad de los Gobiernos europeos en los setenta y ochenta hoy, después del 11-S, ya no existe", concluye el antropólogo.

La financiación del islam camina pues hacia la institucionalización, y no sólo en España, entre otros motivos para gestionar mejor desde dentro un fenómeno que provoca frecuentes fricciones en la sociedad en que se inserta -como demuestran el referéndum antiminaretes en Suiza o las protestas vecinales en Cataluña por la construcción de mezquitas-, y para perfeccionar, o engrasar, el control administrativo que en los ayuntamientos reciben muchos de los asuntos que conciernen al colectivo (y a sus vecinos): licencias de carnicerías halal, permiso para enterramientos, etcétera.

España, a diferencia de la mayoría de países de su entorno, ha dado un paso más. Muchas comunidades islámicas -también judías y evangélicas- reciben desde hace un lustro subvenciones del Estado, aunque las cantidades son irrisorias (unos 5.000 euros al año por entidad) y no cabe hablar de financiación total, sino de ayudas. Desde 2004, y dependiente del Ministerio de Justicia, la Fundación Pluralismo y Convivencia concede una línea de ayudas económicas tanto a los representantes de las confesiones firmantes del acuerdo de cooperación con el Estado (musulmanes, judíos y evangélicos) como a las comunidades locales, a las que subvenciona proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social.

Fernando Arias, del equipo gestor de la fundación, explica que "para el año 2010 han concurrido 404 comunidades musulmanas, y este año se han destinado 463.500 euros en subvenciones a proyectos como la edición de libros de religión islámica para educación primaria, cursos en la UNED para la formación de imanes; también clases de árabe y de español para imanes y mujeres". La iniciativa se inscribe desde 2008 en el marco de la Alianza de Civilizaciones.

La falta de un interlocutor único de las comunidades españolas es un problema añadido a la hora de valorar la pertinencia de la ayuda. "Hay un fuerte debate interno en el seno de la comunidad musulmana española, es decir, de CIE, que engloba a la UCIDE y la FEERI. La FEERI, por ejemplo, no ha concurrido a las ayudas que prestamos", dice.

El dinero procede directamente de los Presupuestos Generales del Estado, que en 2008 consignaron cinco millones de euros para tal fin. Arias subraya, no obstante, que el dinero público que conceden "no es financiación religiosa, sino de proyectos culturales, educativos y de integración social, lo que no quiere decir que las obras de mejora o mantenimiento de infraestructuras de una entidad no se lleven a cabo en una mezquita o un lugar de culto". El Ministerio de Justicia, de cuya dirección de Relaciones con las Confesiones depende el Registro de Entidades Religiosas (703 inscritas en septiembre), subraya que "una vez constituida la comunidad puede anotar el lugar de culto o no, y no tiene por qué ser una mezquita al uso, puede ser otro lugar".

En términos comparativos, el ejemplo de gestión e institucionalización del islam francés es un indicador de por dónde soplan los vientos en los países que han optado por el modelo de asimilación, o integración (España, Italia, Alemania, la propia Francia), frente al multiculturalismo (yuxtaposición, coexistencia) vigente en Reino Unido u Holanda. "Desde los ochenta, la mayor visibilidad del islam en Francia, y el protagonismo creciente de un islam político, han suscitado preocupación en los sucesivos Gobiernos y la búsqueda de nuevos mecanismos de control. Se trataba de sacar el islam de los garajes y propiciar una instancia representativa como interlocutor del Estado", señala Laurence Thieux, investigadora del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.

"Hasta los ochenta, Francia se apoya en los Gobiernos de los Estados de origen como interlocutores para la regulación: el símbolo de esta política es la Gran Mezquita de París, bajo control directo de Argelia hasta 1992, cuando es nombrado el primer rector de nacionalidad francesa". En los noventa, y coincidiendo con el temor a una repercusión de la crisis argelina, el Gobierno de París da un nuevo impulso a la "institucionalización u oficialización del islam en Francia".

Se crean un par de plataformas representativas y en 2003, a iniciativa del actual presidente francés, Nicolas Sarkozy -entonces ministro del Interior-, el Consejo Francés del Culto Musulmán (imitado luego por la Consulta para el Islam italiano). "Los objetivos del Estado eran ayudar al control y la regulación de la gestión del islam en Francia, desde la construcción de las mezquitas hasta la formación de imanes; contar con un interlocutor y propiciar la emergencia de un islam francés", señala Thieux.

La radical separación Iglesia-Estado en Francia, vigente por ley desde 1905, no ha facilitado precisamente el intento; tampoco la gran diversidad de corrientes doctrinales existentes en el islam francés y por ende la multiplicidad de voces y representantes. Así, la Gran Mezquita de París o el Consejo del Culto Musulmán, que representan el discurso oficial, se han visto superados en la práctica por otras tendencias menos susceptibles de control.

Parecido panorama se da en España, que hoy experimenta una efervescencia del asociacionismo musulmán, con nuevas organizaciones sumándose a las dos oficiales: por ejemplo, la nueva Federación de Musulmanes de España (Feme), la tercera de ámbito nacional. "El panorama de la representación es complicado. La situación es de precariedad, tanto social como organizativa. Hay un avance de corrientes salafistas, aparte de intentos de control por parte de Marruecos y Arabia Saudí que no son de hoy. El crecimiento del islam en España nos ha cogido en el peor momento posible, justo después del 11-M", indica Abdennur Prado, presidente de la Junta Islámica de Cataluña, la comunidad con mayor número de musulmanes del Estado español: unos 350.000 de un total de 1.310.000, según el recuento del Observatorio Andalusí de 2008.

Cataluña, por tanto, es un buen banco de pruebas para la normalización del islam en nuestro país, porque, como recuerda la investigadora Laurence Thieux, "es desde las administraciones locales desde donde se gestiona a diario. La normalización puede venir de la mano de los ayuntamientos, que son los que otorgan licencias para vender carne halal, regular el uso de cementerios, etcétera". Un reciente informe del Centre for European Policy Studies de Bruselas, relativo a la puesta en común de la gestión del islam en 11 ciudades europeas, insiste en esa dimensión local.

Vecinos en contra de mezquitas, cierres de oratorios por parte de ayuntamientos o discursos de partidos políticos que consideran que la erección de una mezquita en un barrio conlleva la creación de "un gueto sin solución" (Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán, sobre la proyectada construcción de una en Badalona). ¿Gestionar el malestar forma también parte del control del islam en España? "Estamos a años luz de otros países europeos. Somos el cuarto país europeo en número de musulmanes, pero sólo en Londres hay más mezquitas de nueva planta que en toda España. Debemos fomentar un islam contextualizado en un Estado de derecho, en el que sus practicantes sean ciudadanos, no súbditos de terceros países. En los últimos 10 años se ha ido imponiendo un discurso que reivindica los derechos civiles y la democracia", apunta Abdennur Prado, "pero para eso habrá que incorporar a todos estos movimientos que están surgiendo".

Cabe preguntarse, en fin, en qué fase de las que apunta el sociólogo italiano Stefano Allievi se encuentra el islam en el Viejo Continente: si es todavía un islam en Europa; si ha dado un paso más, hacia el islam de Europa, o si, como meta deseable, llegará a ser algún día un verdadero islam europeo.

M. Antonia Sánchez-Vallejo para El País.

Es simple: a más formación menos paro

La crisis lo confirma: la tasa de desempleo de los menos formados duplica la de los universitarios - Faltan titulados en FP y sobra fracaso escolar - Invertir en educación genera más ingresos fiscales

Cuanta más formación, menos paro. Esta evidencia que se ha estado desdibujando durante años de bonanza económica, con una enorme abundancia de empleos de baja cualificación y de jóvenes titulados universitarios mileuristas, vuelve a resurgir con fuerza por culpa de la actual crisis económica. Las distancias entre los que tienen un título superior (universitario o de FP) y los que apenas alcanzaron la educación obligatoria se agigantan, y dejan en evidencia que España necesita subir su nivel educativo. Invertir más en formación, pero también gastar mejor. Faltan personas con formación profesional, hay demasiado fracaso escolar y el país tiene más universitarios que la media europea. Éste es el mensaje de expertos y políticos.

J. U. es un ejemplo. Perdió su empleo hace siete meses. Dejó la escuela a los 14 años. Trabajó más de 30 años en la misma empresa del sector del caucho en Barcelona, pero la firma suspendió pagos y después cerró. Se ocupó de atención al cliente, preparó pedidos, estuvo en carga y descarga y haciendo tickets de compra. Hoy busca empleo y para poder tener opciones de trabajar le piden, al menos, la ESO y manejar algunos programas de ordenador. A los 50 años este parado está haciendo formación en un centro de CC OO y con tesón espera salir adelante.

La formación será clave para que J. U. halle trabajo. Mientras está parado se abraza a ella para salir a flote. Pero volver a trabajar no depende sólo de la formación ni de la perseverancia. Será decisivo que la economía vuelva a crecer con fuerza.

Algunos economistas consultados -Guillermo de la Dehesa, Lorenzo Serrano, Juergen B. Donges- dicen que la economía española no volverá a crear empleo hasta que el crecimiento no roce el 2%. La realidad está muy lejos de ese umbral. Los datos apuntan a una caída interanual de la economía española del 4%. El descenso es menos pronunciado trimestre a trimestre: hasta el -0,3% en el tercero de 2009. Eso hace que cada vez sean más los que creen que se podría estar tocando fondo. Otra cosa es crear empleo y que el paro empiece a bajar. Eso tardará más.

Las series estadísticas muestran que a mayor formación hay menos paro. Pasa en España, en Francia, en Italia, en Alemania, según Eurostat. Pero las diferencias de los parados según su formación se han disparado a medida que avanzaba la crisis.

El latigazo del paro ha dejado la tasa en España en el 18,8%. Pero para los que tienen la formación más alta (universitaria o formación profesional [FP*> superior sólo es el 8,8%. En el nivel medio -Bachillerato o formación profesional media- el paro se dispara al 15,3% y entre los que tienen preprimaria, primaria o ESO sube al 21,7%. Son datos hasta junio pasado de personas que tienen entre 64 y 25 años, cuando su formación básica ya ha acabado. Entre los que tienen de 25 a 39 años y baja formación, el paro se dispara al 26,4%, según Eurostat.

"Está demostrado que invertir en formación hace que la economía avance más rápido. Pero en España tenemos demasiados universitarios y, en cambio, pocos estudiantes de formación profesional", afirma Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Economic Policy Research. "En otros países es al revés y es precisamente en la formación profesional donde se están utilizando cada vez más las nuevas tecnologías", recalca De la Dehesa, antiguo secretario de Estado de Economía en los años ochenta y ex presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. "Crecer en capital humano permite hacerlo más rápido junto con la inversión en I+D+i", recalca este experto.

Juergen B. Donges, profesor del Instituto de Política Económica de la Universidad de Colonia, asegura: "Los primeros en caer en el paro cuando viene una crisis son los trabajadores con menos cualificación. Y cuando llega la recuperación son los que más tardan en encontrar empleo. Pasa en España y pasa en Alemania", afirma Donges, que desde hace muchos años sigue de cerca la economía española. "España ha creado empleos con poco nivel de formación por el tirón de la construcción, ahora los ha perdido y eso no puede seguir".

¿Cómo está la formación en España? El avance ha sido grande, pero hay datos que muestran la necesidad de cambios. En 2007 tenía únicamente estudios obligatorios el 49% de la población de 25 a 64 años (30% en la OCDE). Es una mejora. Hace 10 años eran el 69%. El 22% tienen Bachillerato o FP media (43% en la OCDE). Hace 10 años eran el 13%. Y el 29% estudios superiores (28% en la OCDE). Una década atrás eran el 19%.

Los expertos concluyen que hay demasiadas personas con formación baja, faltan con formación media profesional y, en cambio, hay demasiadas que eligen la vía del Bachillerato. El 43% de los jóvenes que acaban la ESO en España se van a formación profesional frente al 57% que eligen Bachillerato. La media europea es al revés: más alumnos en formación profesional (51,7%) que en Bachillerato (48,3%), según el informe La educación en Europa en 2009, de la Comisión Europea. La meta es llegar a un reparto similar al europeo entre estudiantes que van a Bachillerato o a FP.

Hay más socavones educativos. Entre los más jóvenes, la tasa de abandono temprano de los estudios (jóvenes de 18 a 24 años que no habían completado ni Bachillerato ni formación profesional de grado medio y no seguían ningún tipo de formación) ha subido al 31,9% en 2008 desde el 29,6% en 1998, según datos del Ministerio de Educación. Es el doble que la media europea de abandono temprano: 14,9%. Y no hay ningún país europeo, salvo Portugal, que tenga tasas de fracaso tan altas (35,4%, dato este último aún provisional).

El proyecto de Ley de Economía Sostenible que el Gobierno ha enviado al Congreso convierte la formación profesional en una apuesta, ampliando la oferta, completando la que existe y la que se hace a distancia. Y el pacto educativo que negocia con la oposición y las comunidades autónomas el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero busca que haya más estudiantes de formación profesional.

"Se está produciendo una sobreabundancia de titulados superiores con una sobreformación para algunos empleos y eso lleva a que sus salarios puedan ser bajos", dice Francesc Pedró, director de Investigación en el Centro de Investigación Educativa de la OCDE. "En Europa es al revés. Hay que cambiarlo. Debe haber más formación profesional, continua y dar más incentivos económicos a los parados que se formen", añade.

El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa una propuesta para debatir y avanzar en la consecución del pacto. También el PP. Los expertos ven imprescindible este pacto para ayudar a dar el salto en educación: que más personas sigan estudiando más allá de la secundaria, que crezcan los recursos para educación y que se corrija el déficit de alumnos que eligen la formación profesional.

La propuesta del PP es reducir de cuatro a tres años la ESO y elevar de dos a tres el Bachillerato. La del Gobierno, que se pueda hacer cuarto de secundaria por dos vías: una orientada a estudios profesionales y otra a bachillerato, sin que suponga renunciar a ninguna de las dos vías al acabar la ESO.

El pacto también busca acabar con los cambios de leyes educativas cada vez que PP y PSOE llegan al Gobierno. El Ejecutivo plantea que las modificaciones normativas en materia educativa requieran los votos de dos tercios del Congreso para dar estabilidad al sistema.

¿Cuánto se invierte en educación? Los recursos públicos han crecido hasta el 4,6% de la riqueza medida por el producto interior bruto (PIB), en 2008, y el 4,9% en 2009, según el Ministerio de Educación. Pero los datos dejan a España con una inversión educativa 0,76 puntos de PIB por debajo de la media de los 27 países de la UE y de 0,8 puntos menos que los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los 30 más desarrollados del mundo. Puede parecer poco, pero en euros la brecha de PIB en educación es de unos 7.000 millones al año.

Hay rendijas por donde se están escapando recursos y capital humano. España tiene un 30% de fracaso escolar, el doble de la media europea. El gasto medio por alumno es de 6.141 euros, y está por encima de países como Portugal o Polonia, pero por debajo de Alemania, Francia o Eslovenia. "Sumando el coste por alumno en la ESO, el fracaso escolar y teniendo en cuenta que un tercio de nuestros universitarios no acaban la carrera vemos que estamos desperdiciando casi un punto de PIB" al año, calcula De la Dehesa [en torno a 10.000 millones de euros].

Pedró también ve otros puntos oscuros de la educación. "Se ha avanzado mucho, pero hay demasiado fracaso escolar y España está por debajo de la media de los 30 países más desarrollados del mundo (agrupados en la OCDE) en las pruebas PISA ".

No sólo hay rendijas por donde se van los recursos educativos. También el precio de la no formación puede llegar a ser mayor a la larga que invertir en ella. Así lo apunta el informe de la OCDE Education at Glance 2009, que recalca que los trabajadores con más formación tienen menos paro y la Hacienda pública puede llegar a ahorrarse prestaciones por desempleo.

Al margen del beneficio que la formación da a la productividad, sobre todo cuando se usan las nuevas tecnologías, también apunta este informe que los trabajadores más formados suelen tener salarios más altos y el fisco recauda más por el impuesto sobre la renta, el de más poder recaudatorio.

"Los jóvenes están más formados que la media de la población. Pero tienen los empleos más precarios y no se usa su capacidad", dice Lorenzo Serrano, profesor de Economía de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). "Tenemos jóvenes mejor formados que nunca, pero la mayoría tienen contratos temporales porque hay un 30% de asalariados eventuales y entre los jóvenes la tasa es mayor. Con tantos eventuales, ni los trabajadores ni los empresarios se involucran del todo en la formación. Y, precisamente, los resultados de la formación se notan más a medida que el empleado tiene más experiencia", añade Serrano.

Susana López es presidenta de la comisión de formación de la Confederación de Empresarios de Andalucía. "Nunca se ha hecho tanta formación y es una apuesta de las empresas y de la Administración, tanto para reciclar a los que están trabajando como a los parados", dice López.

El año pasado 293.000 empresas usaron las cuotas de formación que figuran en las nóminas. Se beneficiaron tres millones de participantes. La inversión fue de 1.545 millones de euros, un 2,3% más. Por primera vez, el año pasado hubo una aportación estatal de 116 millones de euros para cubrir el descenso de las cuotas por la pérdida de empleos que ha traído la crisis.

El canalizador de estos fondos es la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, que forman la Administración, los sindicatos y la patronal. "La mayor parte de las empresas que usan estos fondos de formación son grandes. El 88% de las que tienen más de 250 empleados hacen formación a través nuestro, cuando hace cinco años eran el 67%", dice Carlos Gómez, gerente de la fundación.

"El 42% de las medianas empresas usan los fondos de formación. Hace cinco años eran sólo el 15,4%. En las de menos de 10 trabajadores sólo el 14% lo hacen, aunque hace cinco años eran el 2,3%", dice Gómez. La conclusión es que la formación avanza en España, pero a ritmo lento y lo hace en medio de socavones. Los frutos se harán esperar. Los cambios en educación suelen tardar en notarse al menos 10 años, dicen los expertos. Quizás es demasiado tiempo.

Sebastián Torraba para El País.

Haití, ¿qué te queda?

Haití, ¿qué te queda? La tierra se ha tragado las vidas de tus hijos e hijas. Los cadáveres se cuentan a miles; cuerpos rotos bajo restos de edificios desgajados. Entre la humareda de polvo, un hombre saliendo de entre los escombros, un niño desnudo en sus brazos. El niño, aterrado, se aferra al hombre que le ha salvado la vida.

Sus ojos, exhaustos por la angustia de las horas enterrado bajo los bloques de hormigón, apenas cuentan con lágrimas en las que hablarnos de su miedo y su dolor ante esta vida que le ha sido ahora devuelta.
Los periodistas nos hacen llegar la desesperación y el vacío de los que han sobrevivido. Una niña de 15 años no se despega noche ni día de la montaña de piedras en la que se ha visto convertida su casa. Su familia yace enterrada bajo las pesadas planchas destrozadas de paredes, tejado y columnas de hormigón. Junto a uno de los hospitales descansa una niña con una venda manchada de sangre seca cubriendo la herida de su cabeza. Salvó su vida, pero no le queda nadie. Sus vecinos le han confirmado que su madre, tía y hermana no sobrevivieron, y que no se sabe nada de su padre.

¿Qué queda de ti, Haití? Quedan más de 100.000 familias rotas por la pérdida irremplazable de hijos, hijas, padres o madres. Quedan 3 millones de personas golpeadas por las heridas del terremoto. Quedan noches de pesadillas sin techo que los proteja, días de espera en los hospitales sin analgésicos que alivien el dolor, la anarquía y el pillaje amenazando las calles de Puerto Príncipe. El silencio ante lo inexplicable y lo impensable es arrebatado por los gritos de desesperación y de dolor. ‘La vida se nos ha ido, la vida de los que más queríamos’.

Entre las imágenes que más me han impactado estos días, me queda en la retina la de un hombre con el rostro roto por las lágrimas y el duelo ante el frágil cuerpo sin vida de un niño de 3 años que carga consigo. Al fondo un edificio derrumbado. La gente paralizada; no hay palabras con las que describir el dolor de un padre por la pérdida de un hijo. Y la fe en que Dios está ahí, de alguna manera tiene que estar ahí: ¡¡el Señor de la vida tiene que estar ahí, donde la vida de sus hijos e hijas está siendo amenazada!! Haití, contigo han de estar en estos días Sus ojos y Sus manos.

¿Qué queda de ti, Haití? Deseo que a ti quede la fuerza suficiente para luchar, y que nosotros tengamos corazón para unirnos como sea a vosotros en esta lucha.

Juanjo Aguilar, SJ en pastoralsj.org

La pobreza de hoy tiene un rostro joven

El perfil del nuevo pobre se aleja del anciano y dibuja a un trabajador precario con niños pequeños - El reto es doble: crear empleo y fortalecer una red social que impida heredar la exclusión

Casi 80 millones de personas son pobres en Europa, una inmensa legión que no se debe a estos dos años de crisis y que tampoco ha podido combatir una década de bonanza económica. La pobreza va cambiando su aspecto, del rostro envejecido que ha mostrado siempre, engordado a base de magras pensiones de jubilación, ha pasado a perder arrugas y ahora son millones los hogares de gente joven que corren el riesgo de caer en el pozo de la miseria. Y encima, la penuria se hereda, como muy bien perciben los ciudadanos europeos: un 25% piensa que criarse en una familia sin recursos perpetuará esa suerte. Y así es, en muchos casos, porque se cerrarán las puertas a la formación y será difícil sobreponerse a un entorno social de cierta marginación.

"La educación, que hasta ahora había ayudado a moderar las desigualdades sociales, es ahora un terreno donde se generan", dice el irlandés Fintan Farrell, director de la European Anti-Poverty Network (EAPN), una red de organizaciones que luchan contra la pobreza. Farrell, de visita en Madrid para participar en las conferencias que abren el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, advierte que este fenómeno no es de hoy, sino que tuvo su origen en políticas ultraliberales, como las de Reagan (EE UU) y Thatcher (Reino Unido), que "generaron unos niveles de desigualdad que no hubo forma de reconducir en los años siguientes".

Los problemas que la EAPN está detectando en Europa son los clásicos: de acceso directo a comida diaria, a la vivienda, a la formación académica. Los universitarios, dice Farrell, están rejuveneciendo el rostro de la pobreza.

Y la crisis poco tiene que ver con este panorama, por ahora, pero dejará una nueva oleada de exclusión en unos años, si no se vira el timón. Porque poner diques para contener el desempleo, que es la medida en la que se emplean los responsables políticos, no es la única solución. "La crisis sólo ha mostrado las vergüenzas. España está seis puntos por debajo de la media europea en inversión social y la pobreza relativa alcanza al 19% de la población. Eso no se ha mejorado en nada la pasada década, los años de mayor crecimiento económico", afirma Carlos Susías, responsable en España de la organización europea que preside Farrell, la EAPN. En ella se agrupan organizaciones tan influyentes como la Cruz Roja, Cáritas, el Secretariado Gitano, Cocemfe, hasta 14 estatales. "El empleo no podrá por sí solo mejorar esta situación", prosigue Susías, "porque no basta con tener un trabajo si este no es de calidad, si es precario", si uno recibe el finiquito cuando se tienen dos hijos y una hipoteca por pagar. "Ya antes de la crisis había un 11% de trabajadores pobres en España, un 8% como media en Europa". Ahí arranca ese vergonzoso dato del 24% de pobreza infantil, la que está afectando a los menores de 16 años.

Los consultados coinciden en que este dramático fenómeno que va de la pobreza a la exclusión social es tan estructural en Europa como en otros continentes menos favorecidos, porque la causa está en el modelo: "La cohesión social no resulta del crecimiento económico, sino que es por sí misma la que tiene capacidad de generar ese crecimiento", resume Susías. Y reclama acciones inmediatas para evitar que esa situación de miseria se herede de padres a hijos. "No hay que crecer para distribuir, eso ya lo hemos hecho y no ha funcionado, sino cambiar la forma de crecimiento económico". A su modo de ver, la protección social no puede basarse en parches económicos que capeen el temporal sino en solventes sistemas de protección social. Y el español no es de los mejores.

Alguien está en situación de pobreza relativa cuando su renta está por debajo del 60% de la mediana de las rentas del país de que se trate. Y así extrae Eurostat ese dato del 19% español, tres puntos por encima de la media europea. "Pero hay que añadir que un 7% de esos españoles está bajo la pobreza extrema", dice José Manuel Caballol, director general de la Fundación RAIS, Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral. La pobreza extrema es una situación combustible que prenderá a poco que se arrime a esa mecha un factor de exclusión, drogas, la ruptura de una relación. Y ese es un viaje del que no siempre se vuelve.

Benito Artal nació en una familia de pastores en Teruel. Cuando acabó el servicio militar se puso a trabajar en la Tudor, "la de las pilas". Pero aquello duró hasta que "circunstancias de la vida" le llevaron a la cárcel. Y no por un delito menor, precisamente: pagó 20 años de prisión. Entró en 1978 y cuando salió no le esperaba más que la calle. Buscó trabajo en la construcción, pero todos sabían que había estado entre rejas. Tiene un hermano del que no quiere saber nada (o quizá al revés) y hubo una novia que desapareció mientras él estaba encerrado. Hoy ha ido a comer al Albergue Municipal de Zaragoza y quizá aparezca de nuevo para dormir, pero eso no es más que una posibilidad. En su caso es difícil determinar si fue la pobreza la que le llevó a la exclusión o la exclusión social la que le dejó en la calle para siempre. La trabajadora social que lleva su caso lamenta una circunstancia que estos días está en el candelero: el empadronamiento. Para que Benito Artal cobre un subsidio social necesita un año de empadronamiento, pero eso ya será imposible porque en 2010 cumple 65 años y pierde el derecho a esa prestación. Le queda entonces la pensión no contributiva, pero las condiciones son aún más restrictivas para eso: se precisa una decena de años empadronado en algún sitio y dos años más consecutivos empadronado antes de cobrar. "¿Cómo cumplimos ese requisito administrativo?", se rebela la trabajadora social. Las leyes que son básicas para el común de las personas se vuelven kafkianas con los excluidos.

Así que Benito, con las piernas débiles, "como si estuviera borracho", pasea las calles de Zaragoza en un ir y venir sin mucho rumbo. No pide, pero le dan y se lo gasta en algún bocadillo, unas cervezas...

¿Qué es la exclusión social? "No se trata sólo de tener un mejor nivel económico porque hay pobres que tienen buenas relaciones sociales, que le ven sentido a la vida, pero los hay que tienen un trabajo para el que se levantan por la mañana como autómatas y vuelven a la pensión de mala muerte después de un par de cervezas en soledad", dice José Manuel Caballol, de RAIS. "Pero si no estuviéramos convencidos de que se puede salir de la exclusión no estaríamos aquí, trabajando en ello cada día", señala animoso.

Muchas organizaciones están en la calle con estas personas que Caballol no quiere llamar indigentes, porque lo ve peyorativo, ni mendigos, "porque la mayoría no lo son". Trabajan con ellos, les proporcionan alojamiento, comida, y les enseñan a pescar, porque es la única forma de salir de la espiral miserable.

La crisis sí ha golpeado, sin embargo, a aquellas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad social y a otras muchas las colocará en ese escalón de precariedad.

El inmigrante es uno de los nuevos perfiles de personas con problemas de pobreza. El desempleo entre los extranjeros es feroz y a muchos puede vérseles en la cola de los comedores sociales. Los africanos son los más afectados entre ellos, como señala el informe anual de vulnerabilidad social de la Cruz Roja. No hay un solo perfil para estas personas en riesgo: afecta a las mujeres mayores de 65 (peores pensiones), a los hombres entre 25 y 49; y más a las personas solteras que a las casadas. Tener hijos acrecienta el riesgo y ellos tienen más que la media: 1,8 frente a 1,3. Todos estos datos los extrae Cruz Roja de una inmensa muestra de 189.186 personas atendidas en 2007. Pero en su boletín de julio de 2009 hay información reciente a partir de encuestas a casi 23.000 personas atendidas. El 56% opina que la crisis ha influido en su situación económica mientras que al 37% no le ha afectado. El empleo y la vivienda se señalan como los dos grandes problemas que se han agravado con la recesión económica. La precariedad en el empleo ha afectado a más de uno de cada cuatro, que ha cambiado de trabajo en el último año. Toda esto ha revuelto la vida de aquellos que ya estaban expuestos a un alto nivel de riesgo en 2008, dice el informe de Cruz Roja. El 91% declara haber tenido problemas familiares, peleas por temas de dinero, y el 80% manifiesta angustia permanente u ocasional. El lenguaje con el que se redactan los resultados de las encuestas puede ser aburrido y frío, pero en esos datos está la mecha que enciende la exclusión social.

Estos problemas, con todo, no son propios ni exclusivos de España. La estrategia de Lisboa no ha surtido el efecto deseado en una década y ahora hay planes para 2020. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó la conferencia de hoy, que reunirá a expertos con motivo del año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Jiménez reconoció problemas comunes a los europeos y fijó los objetivos para este año: visualizar el problema y acercarlo a la agenda política, propiciar la coordinación entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales para contribuir a incrementar la cohesión social. Y renovar los compromisos europeos y nacionales. El comisario europeo de Asuntos Sociales, el checo Vladimir Spidla, admitió que Europa no tiene gran poder sobre los Estados miembros para imponer políticas pero quiso hacer hincapié en las recomendaciones que alumbrarán futuras reuniones, como el impulso de empleo de calidad o la lucha contra la transmisión de la pobreza como una herencia ineludible. Spidla recordó que "trabajar en los sistemas educativos y en capital humano es más importante que las infraestructuras", a pesar de que muchos planes económicos emprendidos por los Gobiernos para espantar la crisis han apoyado esta última vía del empleo temporal.

Mientras los políticos se reúnen otra vez para sacar adelante nuevas estrategias de inclusión social, para ahuyentar el fantasma de la pobreza en una Europa que ha hecho gala tradicionalmente de una buena protección social, unas 30.000 personas no tienen hogar en España, el eslabón más débil de esta cadena. "La crisis no ha agudizado en nada la situación de esta gente, porque el que nada tiene, nada pierde...", dice Gustavo García Herrero, responsable desde hace más de 13 años del Albergue Municipal de Zaragoza. Su amplia experiencia y los datos recogidos en todo ese tiempo muestran que apenas ha cambiado el panorama. Los hombres sin hogar siguen siendo la amplia mayoría del colectivo y los extranjeros siguen representando algo más del 50%. La infravivienda y el hacinamiento afecta sobre todo a estos últimos. "Lo que sí percibimos es un leve repunte de la cronificación, es decir, los que no pueden salir del pozo porque las oportunidades son menos, y de eso sí tiene la culpa la crisis. Los anuncios de empleo de los periódicos que ponemos en el tablón del albergue son escasísimos", lamenta García Herrero. Y entre los sin hogar, que no entre los pobres, sí se aprecia, prosigue, un ligero envejecimiento. García Herrero advierte que la cuestión económica no es la que lleva a la calle si se tiene vivienda.

"Incluir en las estadísticas la posesión de una vivienda en propiedad mejoraría sustancialmente los datos de pobreza españoles y los de los países mediterráneos en general", dice el presidente del Comité de Protección Social de la UE, Aurelio Fernández. Y tiene razón. Hay criterios que cambiarían las gráficas.

Pero sustancialmente nada mejorará mucho "si hay políticas de empleo y vivienda pero no se refuerzan las redes profesionales de apoyo a estas personas para que salven los conflictos y el abandono, para que no pierdan la motivación", dice García Herrero. El responsable del Albergue de Zaragoza reconoce el "esfuerzo que están haciendo todas las administraciones por incrementar los recursos para la inclusión y la inserción así como para ayudas urgentes". Pero todo se quedará en "asistencialismo", asegura, si no hay una red de atención a personas sin hogar. "Y en muchas grandes ciudades eso todavía no existe".

Carmen Morán para El País.

Coto a la privatización de la sanidad

El Parlamento vota cambiar la ley de Aznar que permite a empresas gestionar hospitales - Revertir los contratos es posible, pero muy caro - Llega un conflicto entre el Estado y autonomías del PP

Los teléfonos de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas son un hervidero de conjeturas, alarmas y disquisiciones sobre el significado de la proposición de ley que el Congreso de los Diputados aprobó la noche del martes, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa Els Verds, con un vehemente discurso de Gaspar Llamazares. El diputado asturiano, médico de profesión, pidió sin ambages el fin de la presencia de la iniciativa privada en el Sistema Nacional de Salud. La respuesta de interlocutores socialistas es un rotundo no. Ahora bien, sí está en marcha un proceso de revisión muy profundo del uso que se está haciendo de la ley 15/1997 sobre "Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". Esta revisión es la que ha aprobado el Congreso con los votos de los grupos de IU, ICV, PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. ERC optó por la abstención y PP, CiU y PNV votaron en contra.

Lo cierto es que Llamazares con su iniciativa ha precipitado un debate que el Gobierno y el Grupo Socialista tenían previsto para el primer trimestre del próximo año. Pero ya no hay más remedio que afrontarlo.

"No vamos a cambiar la Ley General de Sanidad, pero sí vamos a acotar y clarificar el contenido y las condiciones de los conciertos privados con la sanidad pública debido a los abusos que se están produciendo", aclara la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande, que sitúa los abusos "especialmente en Madrid y en Valencia".

Pero también precisa que no todos los conciertos en estas comunidades se salen "del espíritu y la letra de la ley" que hizo posible la participación "en la gestión" de la iniciativa privada. "Tenemos que impedir los casos en los que no hay supervisión pública ya que se entrega la gestión total, en todos los campos", señala Grande. Esta entrega total significa que el sector privado "recibe durante treinta años la gestión sanitaria, no sólo la hostelería u otros servicios auxiliares", explica Grande. "El sector privado no tiene nada que temer; en el PSOE y en el Gobierno apostamos por la colaboración y los conciertos entre la sanidad pública y la privada, pero hay modelos de gestión que hay que limitar, mientras que otros no se tocarán", asegura Grande, médica de profesión.

"Gestionar de forma privada el servicio público puede provocar más riesgo de un deterioro del servicio", dice el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata (PSOE). En su comunidad, algunos servicios están concertados. "No renunciamos a una parte de gestión privada o concertada. Apostamos por la financiación pública y queremos una mayoría de gestión pública. Eso da una estabilidad al sistema, que no se ve influido por elementos inflacionistas u otros intereses", sigue Lamata. Y explica que el PSOE apuesta por un equilibrio dentro de la gestión que sitúe en un 75% el gasto sanitario total público y en 25% el privado (aproximadamente lo que sucede actualmente).

Aunque en el Grupo Socialista se considera inasumible la pretensión de Llamazares, fueron los diputados socialistas de Madrid quienes más insistieron en las reuniones internas para aceptar la propuesta de IU aunque después se intente reconvertir en una norma mucho más mesurada. Rafael Simancas, Juan Barranco y Manuel de la Rocha, recordaron a la dirección del Grupo Socialista que la denuncia de la "privatización" de la sanidad madrileña es una constante de la oposición socialista en Madrid.

"Reconocemos que en Madrid se da especialmente el abuso y el retorcimiento de la ley con la consecuencia indeseada de que el centro de la ocupación y la preocupación ya no es el paciente sino la factura", declara Grande. Esta parlamentaria rompe una lanza por los trabajadores de la sanidad. "En Madrid la sanidad se mantiene en un nivel muy alto porque los profesionales, voten lo que voten, muestran cada día su compromiso con los ciudadanos".

Aunque esta proposición está ya en camino de la Comisión de Sanidad para comenzar su tramitación, los socialistas propondrán que se espere un mes, que es la fecha en la que el Gobierno tiene que enviar un informe de evaluación de modelos de gestión de la sanidad, que ya estaba previsto, también a propuesta de IU.

Precisamente el "buen funcionamiento" de los conciertos entre lo público y lo privado es lo que llevó a los portavoces de CiU y del PNV a votar en contra de esta proposición. Las comunidades invocan su competencia pero desde el Gobierno se rebate que hay margen para la "coordinación".

En España los modelos de gestión privada se pueden dividir fundamentalmente en dos grupos: de gestión privada y financiación privada. El primer sistema, que algunos no consideran realmente privatizador, supone cambiar la fórmula de gestión de los centros sanitarios públicos de toda la vida para permitir en cierta parte la gestión laboral. Es el caso de algunos hospitales de Andalucía -Hospital de Marbella u Hospital de Costa del Sol-, entes de derecho público que cuentan con personal laboral y no estatutario, y que disponen de otros servicios externalizados, como la tesorería.

También pertenecen a este primer modelo las fundaciones sanitarias que gestionan algunos hospitales en Asturias, La Rioja o Baleares. Una fórmula jurídica pública que se rige por la ley de fundaciones. "Son fórmulas jurídicas de lo que se llama huida al derecho privado. Se adopta para flexibilizar la gestión, más rígida en una entidad pública. Así, esta fórmula permite a la fundación que administra el centro hacer cosas con más autonomía, como comprar bienes o servicios", explica José Jesús Martín, director del máster de Economía de la Salud y Organizaciones Sanitarias de la Escuela de Salud de Andalucía.

Existe otra fórmula dentro de este primer modelo. Es el de los consorcios, uno de los esquemas más antiguos, con larga tradición en Cataluña. Un esquema mixto, en el que el consorcio es de carácter público pero sus trabajadores pueden no ser funcionarios.

Tres fórmulas basadas en figuras públicas que, para Martín, no suponen la privatización de la sanidad, sino "cambiar la fórmula de administración para permitir la gestión laboral". Sistemas que, según los expertos, no peligrarían con la revisión de la ley.

Más alejado de estos modelos de administración pública, está el sistema que supone la privatización de parte o toda la propiedad de los centros sanitarios para que su gestión pase directamente a manos del sector privado, a una empresa o a una agrupación privada. Un esquema que va ganando terreno en España y que comunidades como la Valenciana o Madrid (ambas gobernadas por el PP) han abrazado hasta convertirlo en su bandera. Un estandarte, además, ideológico.

Dentro de este modelo está el de los PCI (Iniciativas de Financiación Privada). La externalización de algunos servicios del hospital o centro de salud (cafetería, lavandería o mantenimiento), pero también su construcción, equipamiento, mobiliario y gestión. "Todos esos elementos, en un paquete, pasan a manos de una empresa a través de un concurso", explica Martín. Un modelo que ya funciona en muchos hospitales de Madrid y alguno de Castilla y León (en Burgos) y Baleares.

En esta línea también, pero con un modelo mucho más radical, está el modelo Alzira. Bautizado así por el hospital La Ribera, un centro de Alzira (Valencia), que el Gobierno valenciano financia desde 1999. Una fórmula de gestión privada completa en manos de empresas. Así, mientras que en los PCI de Madrid los médicos y enfermeras están contratados por la administración, en Alzira todo es privado.

Son los modelos de los PCI y el de Alzira los que centran la mayoría de las críticas. También son los que pueden provocar la confrontación entre las autonomías del PP y el Gobierno. Sin embargo, ayer el consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, declaró que la revisión de la norma, aprobada en tiempos de José María Aznar, no afectaría al modelo de gestión sanitaria madrileño sino al que impera en autonomías gobernadas por socialistas.

Los modelos madrileño y valenciano son controvertidos. "Permiten construir, equipar e inaugurar hospitales sin que la comunidad ponga un euro. Esto para un político es atractivo. Permite eludir el tope de déficit público y asegurar la gestión más rápida", dice José Jesús Martín. "Estas iniciativas empeoran la situación de la sanidad y han favorecido su deterioro", dice Marciano Sánchez-Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Pero si se vota la revisión de la normativa, ¿qué sucederá con algunos centros de Madrid o Valencia? Las concesiones a empresas privadas se pueden revertir, y recuperar los centros para el sistema público. Los concursos incluyen cláusulas de rescisión por ambas partes, tal y como confirma un portavoz de Capio, entidad de capital riesgo que gestiona varios hospitales madrileños.

El problema de esa recuperación es que es cara. "No es fácil hacerlo de golpe, pero mucho más dinero se ha inyectado para que los bancos tengan solvencia", sostiene Sánchez-Bayle, más partidario de la propuesta tal y como la ha alumbrado Llamazares.

El vicedecano del área de gestión sanitaria de la escuela de negocios Esade, Manel Peiro, critica la fórmula que se ha adoptado para abordar el tema. "Querría saber en qué piensan cuando hablan de privatización. Actualmente es difícil que algo sea sólo público o privado, lo importante es que el Estado respalde el proyecto", asegura. "Es difícil que todo sea como hasta ahora. La gestión pública es lenta y no está pensada para adoptar avances técnicos, por ejemplo", sigue.

"Los hospitales públicos han de flexibilizar sus mecanismos de gestión, y eso en el contexto público no es posible. En la pública contratar personas, disponer de nuevos aparatajes se convierte en una cosa farragosa y difícil, lenta... en una heroicidad casi diaria y hay modos más ágiles de manejar las cosas", afirma. Peiro es más partidario del modelo Alzira.

Con revisión de la ley o sin ella, los expertos ponen el foco en un punto básico que no se ha abordado, la evaluación del funcionamiento de los centros. "No sabemos qué modelo es el que funciona. Necesitamos un sistema de información estatal para medir la calidad y eficiencia del uso de recursos públicos", sostiene Martín. Y sigue: "Es un escándalo que no tengamos un sistema de evaluación que otros países, como Reino Unido, si tienen".

Anabel Díez y María R. Sahuquillo para El País.

Todo el poder para los que se equivocaron

Las agencias de calificación mantienen una gran influencia en los mercados pese a los continuos errores de los últimos años - Sus últimas decisiones han desatado el miedo de los inversores

El magnate Bernard Madoff, el mayor estafador de los últimos años -una categoría realmente difícil de alcanzar en los tiempos que corren-, lucía una sonrisa maléfica en las fotos y una rutilante triple A en la tarjeta de presentación de su entidad financiera. Muchas de las ya mundialmente conocidas como hipotecas basura y sus aledaños tóxicos presumían de esa misma triple A, incluidos algunos de los bonos del quebrado Lehman Brothers, un banco cuya caída detonó algo parecido a una bomba atómica sobre los mercados internacionales. La omnipresente triple A es la máxima nota que conceden las agencias de calificación a los productos financieros -y a la deuda de los Estados más solventes- para que los inversores sepan de qué y de quién fiarse. Si usted tiene entre manos cualquier producto con esa nota, desde un bono alemán hasta la última retorcida innovación de la industria financiera, debería estar tranquilo: la probabilidad de impago es prácticamente nula, según los modelos estadísticos más avanzados que utilizan esas agencias.

En teoría, claro. Porque en los mercados financieros, las matemáticas ya no son lo que eran.

A la vista de lo ocurrido con Madoff, con las subprime y con Lehman, las agencias de rating son el mismísimo demonio, o al menos uno de los grandes diablos de la crisis. No vieron venir nada de lo que se avecinaba. No hicieron bien su trabajo. No advirtieron que la banca estaba vendiendo crecepelo. Incluso puede que contribuyeran a vender humo. Y ahora, justo cuando la economía empieza a reactivarse, amenazan con cortar de cuajo las alas de la recuperación alimentando el miedo en los mercados con los problemas de Grecia, y de retruque meten en el mismo -o parecido- saco a la economía española o a la británica. De la euforia al desaliento: cuando las cosas van bien sufren ataques de optimismo, y cuando van mal castigan sin piedad, agravando de esa manera los ciclos y los problemas de los países afectados. En fin: culpables. Oscar Wilde debía estar pensando en ellas al escribir aquello de "conocen el precio de todo y el valor de nada".

Evidentemente, el veredicto no puede ser tan tajante. No es tan fácil. Nada relativo a esa pseudociencia social conocida como economía puede ser tan sencillo. Pero por ahí van los tiros: algo habrán hecho mal cuando la Unión Europea, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos centrales y casi todo quisque les señalan, si no como culpables, sí como colaboradores necesarios de la crisis. Y cuando hasta las propias agencias asumen que tienen que cambiar algunas cosas.

La traducción literal de Standard & Poor’s es "normal y pobre". Moody’s, en román paladino, significa algo así como "deprimido, de humor variable". Si el nombre hace la cosa (algo dudoso en los países anglosajones: hay alguna gran empresa llamada "Ernesto y Joven"), las agencias de calificación de riesgos están de capa caída. S&P y Moody’s, que copan casi el 80% del negocio, gozaban de una gran reputación en los mercados financieros hasta hace sólo unos años, pero en cada una de las últimas crisis se han ido dejando jirones de credibilidad. Y aun así se han convertido en un contrapoder capaz de desestabilizar empresas, sectores enteros e incluso Gobiernos: pese a sus continuos errores y abusos mantienen una gran influencia sobre los mercados.

La confianza, las promesas son la base de la economía; la piedra filosofal. Y hace ya tiempo que en lo relativo a la confianza las agencias juegan con fuego: "En los años ochenta, le retiraron la máxima nota a Venezuela un día antes de que su Gobierno decidiera suspender el pago de la deuda externa; en la crisis asiática de los noventa mantuvieron los ratings hasta que se desató el huracán, y sólo entonces empezaron a degradar rápidamente las calificaciones de varios países, con un proceder que no hizo sino agravar la situación y contribuir al comportamiento rebaño de los inversores, que retiraron masivamente capitales", ataca Juan Ignacio Crespo, de Thomson Reuters. "Con esos antecedentes, parece increíble que los mercados sigan fiando su salud mental y financiera a las opiniones de las agencias", sostiene.

Las quiebras de Enron y Parmalat acabaron de sembrar de dudas la labor de las agencias: actuaron con una lentitud exasperante, que algunos sólo entendían por el hecho de que eran -y son- las mismas empresas que reciben sus notas las que les pagan por las calificaciones. "Conflicto de interés": así se denomina finamente ese problema mayúsculo. Si un banco (o un Estado) quiere una nota para evaluar la calidad de su deuda, paga religiosamente por esa nota a las agencias. Y a veces paga incluso por labores de asesoría, en un modelo de negocio que recuerda peligrosamente al de las auditoras y consultoras y que saltó por los aires hace unos años, tras la morrocotuda crisis de confianza provocada por Enron.

Los errores con las subprime parecían la puntilla: "Las agencias han desempeñado un papel clave en la crisis", denuncia Amadou N. R. Sy, del FMI, en un trabajo demoledor sobre el sector. Asignaron ratings elevados a los productos estructurados -la también llamada basura hipotecaria-, hasta que la burbuja explotó. Hay indicios de que en algunos casos contribuyeron a definir los modelos matemáticos que permitían a esos complicados productos cosechar las máximas calificaciones de crédito para que pudieran comprarlas los fondos de inversión y de pensiones. Sólo cuando todo reventó iniciaron una "abrupta e inesperada carrera de rebaja en las notas crediticias que multiplicó el miedo, las pérdidas y un rápido drenaje de la liquidez". "Son procíclicas: alimentan las compras en los buenos tiempos y aceleran las pérdidas en los malos tiempos", resume Sy.

Pero hay más. A la crisis subprime (o financiera) le ha seguido una durísima crisis económica (o real), a la que los países desarrollados y los emergentes han respondido a la manera keynesiana: montañas de déficit y deuda pública que, según todos los análisis, han evitado una Gran Depresión. Y ahí vuelven a aparecer problemas con las agencias, que pueden estar castigando a los países que llevan a cabo justamente las políticas que la coyuntura exige. Hace unos días, Dubai anunció que debe posponer el pago de parte de la deuda de Dubai World, un holding controlado por el Gobierno del emirato. Las agencias llegaron tarde y degradaron los rating dubaitíes cuando esa decisión estaba tomada. Pero lo grave es que ahora ven problemas por todas partes: apretaron el gatillo contra Grecia por su pésima situación financiera, y amenazan a otros países con situaciones muy diferentes como España y, en menor media, EE UU y Reino Unido, lo que ha provocado el habitual incendio en los mercados.

"Se están equivocando de la forma habitual", afila el látigo un rotundo Paul de Grauwe, economista de la Universidad de Lovaina. "Tras infravalorar el riesgo de los activos tóxicos que provocaron la crisis financiera, tras fallar de forma estrepitosa, ahora exageran y se pasan al otro extremo con la deuda soberana", añade. "Tampoco esta vez son capaces de ver nada: bajaron las notas de los bonos de Dubai cuando ya era demasiado tarde. Y sobrerreaccionan ahora con la deuda pública de muchos países: Grecia es realmente un problema, pero España no lo es. Quieren que esta vez no les pille el toro y por eso preparan nuevas rebajas, para tapar el hecho de que no se han enterado de nada. Para cubrirse, en suma. Cada vez que llega una crisis, primero no la ven, y luego no hacen más que agravarla: son de gran ayuda para desestabilizar el sistema financiero", remacha.

Vicente Pallardó, del Observatorio de Economía Internacional de la Universidad de Valencia, resume las principales críticas que arrastran las agencias desde hace años. Un póquer peligroso: "Hay un problema manifiesto de incentivos: las mismas empresas que deben ser examinadas les pagan generosamente, con márgenes de hasta el 50%. Y cuanto más negocio hay más comisiones cobran, lo que ha contribuido a propagar innovaciones financieras peligrosas". Dos: hay escasa competencia. Apenas tres agencias (Moody’s, S&P y Fitch) se reparten más del 90% del pastel, "y cuando en un mercado no hay competencia se producen cosas raras". Tres: "Usan la misma escala para los productos financieros más innovadores y para los bonos públicos: no es lo mismo una triple A para la deuda alemana que para una titulización hipotecaria, con lo que se da una señal equívoca a los inversores". Y cuatro: "La propia regulación les da un estatus, una credibilidad, que no se corresponde con los errores de los últimos años". La normativa financiera obliga, por ejemplo, a que los fondos de pensiones inviertan sólo en productos triple A. En su descargo, las agencias aducen que los gestores de esos fondos lo fían todo a sus calificaciones y se ahorran así una parte fundamental de su trabajo: no analizan lo suficiente el riesgo asociado a esos productos y compran activos que acaban provocando incendios en sus cuentas de resultados. Una práctica -la de no mirar con lupa los riesgos, que llevó a la barra libre de excesos-, que es prácticamente la semilla de esta crisis. De casi todas las crisis.

Esas dificultades no son fáciles de resolver. Tanto EE UU como la UE -que en los últimos años optó por que las agencias se autorregularan- estudian ahora nuevas reglas para evitar que se repitan viejos errores. Descartada la hipótesis de los mercados perfectos, arrasada por la crisis, las agencias siguen siendo necesarias para evitar los fallos de "información imperfecta": no son infalibles, pero pueden ser una buena guía para un inversor que sabe poco acerca de lo que circula en los mercados. "Las agencias tienen un gran poder de lobby y se saben imprescindibles. Así que van a mantenerse: pactarán una nueva regulación que a ellas mismas les permita atarse parcialmente de manos sin que el negocio se resienta", afirma Xavier Freixas, de la Pompeu Fabra.

Una de las reformas más perfiladas es separar su labor de asesoría de la de calificación de riesgos, las famosas murallas chinas, a la manera de lo que hicieron consultoras y auditoras tras el escándalo de Enron. "Otra de las posibilidades sería traspasarle el coste del rating al inversor, lo que reduciría los conflictos de interés, aunque eso puede provocar errores en la formación de precios", abunda Gilles Saint-Paul, de la Universidad de Toulouse, para quien al fin y al cabo "tampoco las agencias han jugado un rol tan importante en la crisis". "Las calificaciones hubieran sido correctas si la burbuja inmobiliaria no hubiera explotado, y nadie (ni los mercados ni los bancos ni los Gobiernos) asumía que eso era posible. Así que la crisis no es obra de las agencias. Hubiera sido exactamente igual sin ellas", apunta.

Hay quien no piensa lo mismo. En los últimos años las agencias no han perdido ni uno solo de los numerosos juicios por sus errores, algunos de ellos flagrantes. Se acogen a la sexta enmienda de la Constitución de EE UU, la relativa a la libertad de expresión: un rating es simplemente una opinión. Una opinión sobre la solvencia y la capacidad crediticia de una deuda o un deudor. Nada más. Con ese argumento no hay juez que las condene (aunque por eso mismo algún economista las despacha con desdén como "simples periodistas financieros"). Y aun así, las demandas siguen apareciendo: ahora mismo hay decenas en los juzgados. El fiscal general de Ohio, en nombre de los fondos de pensiones públicos, les reclama millones de dólares por daños y perjuicios, por negligencia y fraude. Varios Estados estudian unirse a esa demanda.

Martin Win, de S&P, se defiende y admite incluso algunos errores: "Entendemos que algunas de las cosas que han pasado son una decepción, pero la nueva normativa va a mejorar la calidad y la transparencia de las calificaciones de deuda y va a reducir los conflictos de interés". A la luz de lo que ha salido de Bruselas y de Washington (meros apuntes para una reforma que se adivina tibia), eso está por ver.

Los expertos solían ser tibios con S&P, Moody’s y compañía. Pero las cosas están cambiando. El economista Daniel Gros considera que son "una forma de expresión más del humor de los mercados". Y ese humor es de lo más caprichoso; volcánico. Antonio Baños, autor de La economía no existe, es más directo: "Los mercados siguen creyendo de forma hipnótica en las matemáticas, en la borrachera de estadísticas de los últimos años. Las agencias les dan eso con modelos bellísimos, elegantes, supuestamente perfectos. Pero hay truco. Han montado un tinglado sensacional en torno al riesgo: lo modelizan, lo granulan, lo empaquetan, pero nunca van a conseguir que el riesgo desaparezca, por mucha triple A que inventen. Es increíble que opine S&P y España suba o baje, como en Eurovisión, por una simple opinión cuyo fundamento es cuando menos dudoso".

Claudi Pérez para El País.