portadas

Gran Scala o gran estafa

Aragón aprueba una ley para construir un Las Vegas europeo en Ontiñena

Desde Cáritas hasta las asociaciones ecologistas se muestran en contra

¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa. El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.

La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.

Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.

Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.

También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.

Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".

Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).

ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".

Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".

Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".

La ciudad privada

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.

Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".

Luis Gómez para El País.

El Tribunal de Estrasburgo ratifica la ilegalización de Batasuna

La Corte Europea de Derechos Humanos concluye que España no violó la libertad de reunión y asociación del grupo ’abertzale’ y considera su disolución una "necesidad social imperiosa"

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha avalado hoy la ilegalización de Batasuna porque corresponde a una "necesidad social imperiosa", han informado fuentes del Ejecutivo. El TEDH ha rechazado el recurso que el grupo abertzale interpuso contra su ilegalización, acordada por el Tribunal Supremo el 17 de marzo de 2003 en aplicación de la Ley de Partidos y al considerarla parte del entramado terrorista de ETA.

El tribunal reconoce que las organizaciones eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA y que su ilegalización fue "proporcional al fin legítimo perseguido", especialmente "el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades".

Tras subrayar que la Ley de Partidos Políticos reúne "requisitos de previsibilidad y precisión y que no ha sido objeto de aplicación retroactiva", señala que la disolución de los partidos persigue "el fin legítimo de defender el sistema democrático y las libertades fundamentales de los ciudadanos, destacando el funcionamiento regular de otros partidos "separatistas" que coexisten pacíficamente", según ha informado la Abogacía del Estado.

La sentencia concluye que en la ilegalización de Batasuna por parte de España "no ha habido violación del artículo 11 de la Convención" Europea de Derechos Humanos, relativo a la libertad de reunión y de asociación, tal y como argumentaba el grupo abertzale. La Corte también ha concluido que "no procede examinar de forma separada" las quejas desprendidas del artículo 10 de la Convención que garantiza a toda persona el derecho a la libertad de expresión.

Un largo camino judicial

Antes de acudir a Estrasburgo, Batasuna había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero este órgano respaldó la decisión del Supremo de ilegalizar a este partido, a Herri Batasuna y a Euskal Herritarrok. Agotados todos los procedimientos en la justicia española, solo le quedó la vía de Estrasburgo, donde el 19 de julio de 2004 interpuso dos recursos contra su ilegalización y la de HB.

El tribunal de Estrasburgo declaró en diciembre de 2007 parcialmente admisibles las demandas presentadas por Batasuna y Herri Batasuna. En esas demandas Batasuna había invocado las presuntas violaciones de los artículos 10 (derecho a la libertad de expresión), 11 (derecho a la libertad de reunión y de asociación) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal aceptó estudiar el fondo del asunto en lo relativo a los artículos 10 y 11, si bien ha concluido que España no violó los derechos de asociación y reunión, y rechazó examinar el presunto incumplimiento del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo).

En diciembre de 2004, España argumentó ante el TEDH que el partido disuelto "se identifica con la organización terrorista ETA" y complementa la actividad terrorista de la banda y por tanto la ilegalización de Batasuna no era un intento de cercenar la libertad de expresión del independentismo vasco. Según argumentó la Abogacía del Estado, era obligado impedir que Batasuna amplificara y justificara desde las instituciones "el efecto intimidatorio" que ETA ejercía sobre la sociedad.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado hoy su satisfacción por el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que respalda la ilegalización de Batasuna. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se ha mostrado satisfecho y ha adelantado que habrá dos sentencias más, una referida a las elecciones municipales de 2003 y otra a las europeas de 2004. Según Rubalcaba, "una vez que Estrasburgo ha dado por buena la Ley de Partidos sí que podemos concluir que "en nuestro país no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia nunca más".

El País/Agencias

Mentiras atómicas

La propaganda se impone al análisis en el debate sobre la energía nuclear - Argumentos sesgados se usan a favor y en contra del cierre de centrales

Supongamos que el debate sobre la política migratoria estuviera basado en premisas falsas. Que unos dijeran que los españoles emigran en masa a la vendimia a Francia y otros que los inmigrantes suponen el 40% de la población. Es una exageración, pero algo de eso ocurre con el debate nuclear. Partidarios y detractores de esta energía han sembrado de trampas cualquier discusión sobre el asunto. Al calor del cierre de la nuclear de Garoña, en Burgos, es fácil escuchar que España es deficitario y que depende de la electricidad nuclear de Francia, o que todas las centrales se pueden sustituir por molinos de viento sin pagar más.

El ex ministro socialista de Industria Juan Manuel Eguiagaray lamenta que los planteamientos sean a menudo tan superficiales: "El debate debería plantearse con más rigor que el actual, donde la gente coge los argumentos como le interesa en vez de plantearlo en términos más abiertos. Tiene que haber un debate abierto y serio, no a base de propaganda. El tema energético es de tal magnitud que no se puede reducir a Garoña ni convertirlo en verdes sí y verdes no".

"Estoy dispuesto a debatir lo que sea, pero con argumentos sólidos, que no me digan que España depende de la electricidad nuclear de Francia", declaró hace una semana el presidente de Red Eléctrica y ex ministro socialista, Luis Atienza.

Desde el lado ecologista también hay voces que llaman a elevar el nivel, como Ladislao Martínez: "Esto debería discutirse desde los datos constatados. Hay una falta de rigor y frivolidad que afecta al mundo nuclear pero también al sector antinuclear. Se ha dicho que en el mundo no se está alargando la vida de las nucleares cuando sí hay esa tendencia. Se puede estar en desacuerdo, pero no se puede negar". Estas son algunas de las falacias del debate nuclear.

- España importa nuclear de Francia. El lugar común por antonomasia, un mito grabado a fuego en el imaginario colectivo. El penúltimo en utilizarlo -seguro que en este instante hay alguien repicándolo- fue el portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero. En su pregunta a Zapatero sobre Garoña, el pasado 9 de junio afirmó: "No tiene sentido que estemos importando energía de Francia, cuyo origen es nuclear en un 78%, y que la energía que estamos comprando se esté produciendo en una central nuclear que está a menos de 100 kilómetros de los Pirineos".

La realidad es que desde 2004 España es un país exportador de electricidad. Aunque entra algo desde Francia (2.862 gigavatios hora en 2008), sale más del doble hacia Portugal y Marruecos (a través de dos cables submarinos). Y ese saldo exportador (de 11.221 gigavatios hora el año pasado) no hace más que crecer. En 2008 fue el doble que el año anterior.

La potencia instalada en España es de 94.978 megavatios, cuando la punta máxima de demanda jamás alcanzada es de 45.450. Esto implica que si se pusieran en marcha todas las centrales -carbón, gas, nuclear, eólica, solar, hidroeléctricas...- que existen sobraría la mitad de la producción. Esto es un ejercicio teórico, ya que nunca están los embalses al 100% ni los molinos y los huertos solares funcionan al unísono, pero da idea de la situación.

El Operador del Mercado Ibérico de Electricidad reconoce que hay "un excedente de oferta", principalmente por la proliferación de centrales de gas de ciclo combinado. La primera abrió en 2002 y ya hay 21.519 megavatios instalados, tres veces más que la potencia nuclear.

Así que, repitamos: España exporta electricidad. Los datos, que se pueden consultar en la web de Red Eléctrica, desmontan el que durante tiempo ha sido uno de los mayores argumentos a favor de la prórroga de Garoña. Antes que Garía-Escudero lo esgrimieron Felipe González -últimamente se le escucha menos esta idea- o la ministra Cristina Garmendia. Por eso José Luis Rodríguez Zapatero justificó que España "exporta tres veces más electricidad" que la que produce Garoña.

- Cerrar Garoña subiría la luz. El sector nuclear ha lanzado la idea de que si se cierra Garoña la luz subiría alrededor del 10%. La idea no tiene padre reconocido -salvo "fuentes del sector"- pero ha calado y retumba por el dial. Cada kilovatio que produce Garoña lo cobra al precio de la tecnología más cara que esté funcionando en ese momento.

Red Eléctrica calcula cuánta electricidad va a necesitar cada media hora. Las eléctricas ofertan y primero entran al sistema las más baratas, como la nuclear y la hidráulica. Las renovables entran siempre por ley y finalmente se completa con gas o con carbón, cuyo precio depende de los mercados internacionales. Al final cada una de las plantas en marcha cobra el precio más alto. Garoña cobra al precio del gas natural. Si se cerrara, sería sustituida por una central de gas, así que el precio de la luz apenas se movería.

- Se pueden cerrar todas las nucleares. El cierre de Garoña ha levantado las pasiones de los más antinucleares, que piden el cierre de todas las centrales. La Fundación Ideas, del PSOE, pide clausurarlas todas cuando cumplan 40 años. Ese cierre actualmente es inviable. La nuclear supone un 18% de la electricidad y el resto de centrales son mucho más grandes que Garoña.

La próxima en cumplir 40 años será Almaraz (Cáceres), cuyos dos reactores cumplirán los 40 años entre 2021 y 2023. Pero Almaraz suma 1.860 megavatios de potencia, cuatro veces más que Garoña, y ha pedido aumentar su potencia en 120 megavatios con una mejora de diseño. Quizá en 2021 sea posible sustituirlas. La tecnología a veces da saltos sorprendentes. Hoy no.

- La moratoria que impide construir nucleares. A Zapatero en Cuatro le pusieron un vídeo en el que Felipe González defendía la prórroga de Garoña. Zapatero sonrió: "Me parece respetable. Este es un tema controvertido. Es verdad que cuando él llegó al Gobierno hizo una moratoria nuclear e incluso paró varias centrales que estaban en marcha. Nunca se ven las cosas igual cuando se está en el Gobierno que fuera".

Cuando el PSOE llegó al poder, en 1982, se encontró un ambicioso programa nuclear que amenazaba con quebrar a las eléctricas, "que se habían embarcado en planes de inversión ruinosos" recuerda Eguiagaray. El Gobierno dictó una moratoria nuclear. "No fue por razones ideólógicas sino económicas. Fue por los excesos anteriores que pusieron a la empresa energética al borde de la ruina y la catástrofe", explica Eguiagaray, que culminó la negociación con las eléctricas.

El pacto fue que éstas no construirían Valdecaballeros, Lemóniz ni Trillo II y a cambio comenzaron a recibir en 1995 compensaciones mil millonarias que aún se pagan en el recibo de la luz. "Fue un plan de rescate, no de cierre", explica el ex ministro.

Desde 1997, con la liberalización eléctrica, cualquiera puede construir una nuclear. Y, sin embargo, ninguna empresa ha presentado ningún proyecto. Una cosa es prolongar la vida de una central amortizada. Y otra muy distinta, mucho más arriesgada, es construir una nueva.

- Hay un renacer nuclear en el mundo. El Foro Nuclear alude con frecuencia al renacer nuclear mundial. En realidad hay muchas más palabras que grúas. El Reino Unido anunció que quería nuevas nucleares pero sólo con financiación privada y el plan no avanza. Italia, EE UU, Argelia, Marruecos... tienen planes. Sin embargo, en el mundo hay 35 nucleares en construcción pero 19 de ellas están en China, India y Rusia, con inversiones públicas.

En el mundo libre, Finlandia era el ejemplo. El país nórdico, modelo en educación y bienestar, acordó con Francia en diciembre de 2003 la construcción de una central de tercera generación. La empresa pública francesa Areva ponía la tecnología y construiría una réplica en su territorio. Finlandia pagaría 3.000 millones de euros a cambio de que la central estuviese construida en cuatro años, según recuerda en un artículo para el Instituto Elcano Marcel Coderch, vicepresidente de la Comisión Mercado de las Telecomunicaciones y partidario del cierre nuclear.

La central sigue en obras, ha duplicado sus costes y sus plazos de construcción, ha enzarzado a las empresas implicadas en pleitos millonarios y, lo más importante, ha puesto en guardia al sector energético y ha arruinado buena parte del trabajo de escaparate de la industria nuclear.

Lo que sí está ocurriendo en muchos países es la prolongación de la vida de las centrales. Estados Unidos ya ha dado permiso a 41 centrales para operar hasta que cumplan 60 años. A eso aspira la industria nuclear española.

- El kilovatio eólico es tan barato como el nuclear. El coste de cada energía tiene mil variables. Cuando se dice que la nuclear es muy barata no se suele incluir el coste de tratar los residuos nucleares, radiactivos durante miles de años, y para el que ningún país tiene una solución. Pero de ahí a decir que las renovables son ya tan baratas hay un escalón. Zapatero afirmó que al consumidor le cuesta igual un kilovatio nuclear y otro eólico.

El megavatio hora eólico -España es la primera potencia mundial- tiene una prima de entre 28 y 38 euros. Esto la hace competitiva cuando el precio del gas está por las nubes. En el primer semestre del año pasado, con el petróleo y el gas disparado, la eólica funcionó la mitad del tiempo sin primas, según la Asociación Empresarial Eólica, la patronal del sector. Aún así, los molinos recibieron 1.180 millones en primas el año pasado para producir el 11% de la electricidad. Puede parecer mucho, pero fue una buena inversión. La eólica permitió que España dejara de comprar combustibles fósiles por 1.200 millones. Además, genera miles de empleos, I+D y exporta más que el vino.

- La nuclear impide el desarrollo de las renovables. Un sector antinuclear sostiene que mantener las nucleares bloquea el progreso de las energías limpias. Zapatero afirmó que en ocasiones España ha tenido que desconectar molinos porque las nucleares no se pueden graduar y bajar de potencia. En realidad, las nucleares y las renovables chocan principalmente en lo simbólico, en lo que suponen como apuesta política.

Lo que sí ocurrió una madrugada de un domingo de noviembre es que, en pleno huracán, Red Eléctrica mandó desconectar un 37% de los molinos porque no cabían en la red. A esa hora de la madrugada, con las fábricas calladas y la gente decente en la cama, la demanda no era suficiente. Antes había ocurrido en momentos puntuales pero nunca a ese nivel.

El problema irá a más conforme aumente la potencia eólica. Pero a la vez, las renovables necesitan potencia de refuerzo lista para funcionar por si un día de mucho calor -con un anticiclón y sin viento- no funcionan. Las nucleares funcionan 24 horas al día. Con matices, porque luego paran meses enteros, como Vandellòs II, que está en obras desde marzo.

- Cerrar una nuclear sería insólito. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, afirmó que cerrar Garoña sería "disparatado". Escuchándole, parece que clausurar una nuclear sea algo insólito. Y sin embargo, Rajoy era vicepresidente del Gobierno en 2002, cuando el Ejecutivo decidió el cierre de Zorita, en Guadalajara. Aznar, Ana Palacio o José Folgado, que hoy defienden esta energía, no pestañearon al pactar con el PSOE el cierre y hacer que lo ejecutara el Consejo de Seguridad Nuclear. Europa ha cerrado 31 reactores desde 1988, dos de ellos en España, que en 1989 también apagó Vandellòs I tras un incendio.

Así pues hay argumentos a favor y en contra del cierre de la planta burgalesa de Garoña y de la energía nuclear. Debatamos.

Rafael Méndez en El País.

Lo que cambia un lugar es la gente

El geógrafo-urbanista sir Peter Hall (Londres, 1932) ha dedicado su vida a estudiar las ciudades desde todos los ángulos posibles: demográfico, económico, geográfico, social, logístico o cultural. Es uno de los urbanistas que creó el nuevo Londres.

Autor de libros como Cities in civilization, estuvo ayer en Barcelona en la inauguración del Año Cerdà, programa que coordina el Centre de Cultura Contemporània (CCCB) que, precisamente, acaba de editar la conferencia que impartió allí en 2008 sobre el futuro de las ciudades europeas.

Hall dijo ayer que el urbanismo barcelonés desde finales de los ochenta hasta ahora ha sido la culminación del plan del Ensanche proyectado por Cerdà en la segunda mitad del XIX. Pero la nueva movilidad propiciada por el AVE abre, en su opinión, un cambio de escala que llevará a nuevas "áreas policéntricas de proyección regional".

Pregunta. ¿Los urbanistas descuidan factores al diseñar?

Respuesta. Sí. Para ser un excelente urbanista debes sobresalir en 30 asignaturas y ser notable en 80. Nadie puede abarcarlo. Por eso, todos los urbanismos tienen alguna carencia. A los arquitectos les preocupan los edificios, pero ignoran el conjunto. Los geógrafos son buenos analizando el marco general, pero se pierden en los temas estéticos. La solución es crear equipos.

P. ¿Qué cambia las ciudades?

R. Lo que cambia un lugar es la gente. Si su vida es buena, la ciudad es buena. Históricamente, la gente vivía en ciudades pasando hambre expuestos a peligros, pero no se iban. Hay un dicho medieval alemán: El aire de la ciudad hace libre. Es esa cualidad de dejar vivir lo que hace crecer las ciudades. Una ciudad permite la discreción y el anonimato.

P. Las personas hacen las ciudades, pero el anonimato es una cualidad impersonal.

R. Sí, pero sale de la relación entre las personas. Supongo que las mejores ciudades son las más civilizadas. Hoy ser civilizado incluye una palabra de moda pero esencial: la cohesión social. Para lograrla se deben integrar tradiciones y personas. Los buenos edificios pueden contribuir a esa integración de extraños, pero una buena vida urbana puede desarrollarse en todo tipo de situaciones físicas. No hay un modelo único. Londres y Barcelona son dos ejemplos muy distintos.

P. ¿No cree que Barcelona esté muriendo de éxito?

R. Es una manera agradable de morir. Muchas ciudades lo desearían. En Europa hay muchas urbes en declive porque nacieron para cumplir una función que ya no cumplen. Para sobrevivir deben encontrar otra. Londres y Barcelona lo han hecho. Han perdido la mayoría de su industria, pero han encontrado otras actividades.

P. ¿Cómo puede una ciudad encontrar una nueva función?

R. La economía evoluciona continuamente. Hoy las grandes ciudades no fabrican; piensan y organizan. Los trabajos de buena parte de ellas no son manuales sino cerebrales: procesamos información y utilizamos esa información para producir valor.

P. ¿Hay un límite al crecimiento de las ciudades?

R. Hemos llamado megaciudad regional policéntrica a un tipo de ciudad que deriva de una región que suma sus pueblos comunicándolos. Madrid se está convirtiendo en una ciudad muy compleja debido al desarrollo del sur.

P. ¿Qué cambios veremos?

R. Serán tremendos por el cambio climático. Habrá ciudades pequeñas y sostenibles. No creo en la densidad que muchos defienden. Es una excusa para seguir construyendo. Apuesto por ciudades pequeñas y bien conectadas que permitan una vida más limpia. El alcalde de Londres, Ken Livingstone, estaba obsesionado con la densidad. Pero no podemos dar cobijo al crecimiento de Londres sólo en Londres. Construimos un cinturón verde en torno a la ciudad, pero la gente lo salta constantemente. Ésa es la realidad. El Londres real no cabe en el terreno de la antigua capital.

P. ¿Cómo afecta la inmigración al diseño de las ciudades?

R. Las cambia poco físicamente y mucho socialmente. Los inmigrantes viven en el mismo tipo de vivienda que los locales. De otra manera y con otras densidades. Los sociólogos creen que representan un retorno a un esquema tradicional. Viven como lo hacíamos hace 100 años: con menos medios y más hijos. Los cambios culturales de la inmigración son profundos. Los urbanísticos, como mucho, resultan en un barrio chino, o hindú, que los locales visitan como algo exótico.

P. ¿Eso es integración?

R. Creo que no. Pero mi experiencia es que los inmigrantes se integran rápidamente a partir de la segunda generación. Es bueno evitar los guetos, pero si se integraran de manera homogénea sería muy aburrido. Se necesitan leyes que integren pero no borren.

P. ¿Cuál sería la traducción urbanística de esas leyes?

R. La movilidad. Las leyes deberían enfatizar la dispersión en los guetos. Pero al final ese trabajo lo hace el mercado. Si un inmigrante se enriquece se aleja del gueto. Busca otros vecinos.

Anatxu Zabalbeascoa en El País.

Lo peor no es inevitable

La crisis se ha extendido como un pulpo a todos los ámbitos de la vida. Frente al temor de que el capitalismo sin reglas que ha provocado la Gran Recesión desemboque en una nueva burbuja, los ciudadanos han descubierto la prioridad de lo colectivo y la importancia de estar bien gobernados. Varios libros demuestran que el Estado vuelve a tener un lugar en el mundo.

De la crisis que está viviendo el mundo decía John Le Carré en estas mismas páginas de Babelia: "Es tan drástica e irreversible como el muro de Berlín (...) en estos momentos estamos divididos entre los que están afectados por la recesión y aquellos que simplemente la observan. Pero el acto final de todo esto será más igualitario (...) Ahora nos dicen que tengamos miedo...".

Para abordar estos acontecimientos contemporáneos que muy genéricamente se definen como crisis hay que partir de varias premisas metodológicas previas. La primera, que en tiempos de incertidumbre ser optimista es una cuestión de moralidad pública, como ha explicado el economista José Juan Ruiz (Retos ante la crisis). La economía se mueve por expectativas y el optimismo es una de ellas. Ser optimista no significa dejar de reconocer las dificultades, sino intentar superarlas. Aquí se puede utilizar certeramente la cita de Antonio Machado: "No podemos esperar que el viento sople sobre nuestras velas, queremos y debemos orientar las velas hacia donde sopla el viento".

La segunda premisa son los problemas de diagnóstico que hemos padecido respecto a la crisis: la ausencia de relato. Casi dos años después de iniciada, apenas nos ponemos de acuerdo con sus orígenes remotos -más allá de generalidades como la codicia- y mucho menos sobre su profundidad y duración. Decía Descartes que lo que se concibe claramente se enuncia claramente. Viceversa, podemos escribir en esta ocasión: lo que se concibe con opacidad se enuncia con oscuridad. Algunos analistas cuentan con ironía, pero con verdad, que la crisis financiera ha tenido tres fases: en la primera, el vendedor sabía lo que vendía y el comprador sabía lo que compraba; en la segunda, el vendedor sabía lo que vendía pero el comprador no sabía lo que compraba; en la tercera, el vendedor no sabía lo que vendía y el comprador no sabía lo que compraba. Así ha ocurrido que los pocos que intuyeron lo que iba a ocurrir fueron una especie de Casandra. Casandra era una sacerdotisa del dios Apolo al que éste concedió el don de la profecía; Casandra, casquivana, engañó a Apolo, y éste completó sus dádivas: podría determinar lo que iba a suceder pero nadie la creería. Por ejemplo, adivinó la guerra de Troya pero no la evitó.

La tercera premisa está vinculada directamente a la anterior: mucho antes que las burbujas tecnológicas, inmobiliarias, bursátiles, financieras, había una burbuja del conocimiento que duró ya al menos un cuarto de siglo, basada en una visión economicista del mundo, según la cual éste se autorregulaba sin intervención de los poderes públicos, la agregación del interés de cada uno generaba el interés común y no había límites a la acción humana sobre la naturaleza. Es muy significativo comprobar cómo el estallido de la crisis económica ha coincidido con la llegada a la sociedad del debate sobre el cambio climático, afortunadamente superado el círculo de los expertos.

La crisis actual posee dos características principales: tiene el potencial de ser la más destructiva para el planeta desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado; y es multidisciplinar, hace tiempo amplió sus códigos genéticos económicos y se extendió como un pulpo por la sociología de la vida y las condiciones de supervivencia de los ciudadanos, sean éstas políticas o sociales. Tener el potencial de ser tan destructiva no significa equipararla a lo sucedido en la primera parte del siglo pasado; afortunadamente el mundo ha establecido algunos cortafuegos para que no se repita lo peor de aquel relato, entre los cuales el más importante es la existencia del Estado de bienestar para la parte más minoritaria y afortunada de la humanidad (alrededor de 500 millones de personas sobre más de 6.000 millones del conjunto). Resulta muy conveniente releer ahora los tratados de historia del periodo entre los años 1919 y 1939 para establecer las analogías y diferencias respecto a la actualidad (por ejemplo, el recién publicado El camino hacia la guerra, de Richard J. Overy, o el clásico La crisis de los 20 años, de E. H. Carr).

Hay científicos sociales que al analizar la crisis actual introducen algunos elementos propios de las décadas de los veinte y los treinta del siglo pasado y hablan directamente de la "economía del miedo". Las crisis multiplican el miedo. No se trata del miedo al terrorismo (que permanece agazapado), sino el miedo al otro, al diferente, al inmigrante que viene de fuera y compite por nuestros escasos puestos de trabajo y por las prestaciones de nuestro welfare. El miedo como un ingrediente activo de la vida política de las democracias occidentales, como acaeció en otros momentos de la anterior y atormentada centuria (Sobre el olvidado siglo XX, de Tony Judd): el miedo a la incontrolable velocidad del cambio, a perder el empleo, a quedar atrás en una distribución de recursos cada vez más desigual. A perder el control de las circunstancias y rutinas de nuestra vida diaria. Y quizá, o sobre todo, miedo no sólo a que ya no podamos definir nuestras vidas sino también a que quienes tienen la autoridad (nuestros representantes elegidos) hayan perdido el control a favor de fuerzas que están más allá de su alcance.

En este contexto cobran más importancia que nunca las instituciones. De nuevo la historia nos muestra que cada vez que se genera una crisis tan extrema, los ciudadanos redescubren de forma aguda la necesidad de instituciones eficaces, la prioridad de lo colectivo, la importancia de estar bien gobernados, la significación de los servicios públicos y su buen funcionamiento, la centralidad de un Estado de bienestar lo más potente y eficaz que sea posible. Sólo que ahora, a diferencia de otras coyunturas históricas, hay que hacerlo en el marco de referencia de nuestra época: la globalización.

Así se redefine la visión del progreso. Por un lado, las causas del progreso de un país se identifican con la dotación y el uso de los factores productivos de que dispone (capital humano, tecnológico, físico, su geografía...): lo que se ha denominado el hardware de la economía. Pero también existe el software de la economía: la calidad del marco normativo y de las instituciones. Las instituciones, cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la cohesión social.

Ese temor a lo desconocido estimula el cambio de paradigma económico. El Estado vuelve a tener un lugar en el mundo; se siente la necesidad de nuevas y más potentes regulaciones contra los abusos del mercado y contra los caníbales que lo han convertido en un casino, lo que significa el retorno de la política. Cuando hay dificultades se redescubre para qué sirve un Estado firme y con poderes. En EE UU, los ciudadanos han girado en masa su mirada hacia el Gobierno federal para que les ayude a salir de la crisis política y económica, en cuanto éstas han sobrevenido. Así se explica en buena parte la elección de Barack Obama y la barrida electoral a los neocons de Bush.

Una democracia saludable, lejos de estar amenazada por el Estado regulador, depende de él. El problema no era mucho Estado, como nos dijeron los dioses que -ahora lo sabemos- eran falsos, sino la ausencia del mismo. Después de todo, ¿cuál es la alternativa para evitar que una crisis económica devenga en una crisis sistémica, o en una crisis violenta, como la que se desarrolló en las tres décadas que pasaron desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda?

Pronto se cumplirán dos años del estallido de esta crisis que ha sido más profunda y global que las anteriores. Es momento de poner las luces largas y concluir que quizá el historiador británico Eric Hobsbawm no tenía razón y el siglo XX no ha sido un siglo corto -"¿cómo hay que explicar el siglo XX corto, es decir, los años transcurridos desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta el hundimiento de la URSS que, como podemos apreciar retrospectivamente, constituyen un periodo histórico coherente que acaba de concluir?" (Historia del siglo XX)-, sino un siglo largo que se inició con el estallido de la primera conflagración mundial y está concluyendo ahora, con esta crisis en la que se aprecia la ausencia de temor, la chulería, el bandidaje de aquellos que se aprovecharon de un capitalismo sin reglas, falsamente autorregulado, corrupto y corruptor, y extremadamente desigual, que nos ha conducido a esta Gran Recesión. Lo peor es que no se aprecia la suficiente ambición reformadora para volverlo a evitar y es lícita la sospecha de que en cuanto el planeta salga de las dificultades más abstrusas, los mismos sujetos se aprestarán a generar, para su beneficio, la siguiente burbuja.

Joaquín Estefanía en Babelia
.

Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis. Edición de Felipe González. Siglo XXI y Fundación Carolina. 436 páginas. 20 euros. El camino hacia la guerra. La crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Richard J. Overy. Traducción de Carmen Martínez Gimeno. Espasa. 240 páginas. 21,90 euros. La crisis de los 20 años (1919-1939): una introducción al estudio de las relaciones internacionales. E. H. Carr. Traducción de Emma Benzal. Los Libros de La Catarata. 328 páginas. 21 euros. Sobre el olvidado siglo XX. Tony Judd. Traducción de Belén Urrutia. Taurus. 496 páginas. 22 euros. Historia del siglo XX. Eric Hobsbawm. Traducción de Jordi Auraud, Juan José Faci y Carme Castells. Crítica. 616 páginas. 24 euros.

Ni funcionarios ni precarios

Entre la temporalidad y el empleo fijo, cien economistas proponen una tercera vía para flexibilizar el trabajo - El coste del despido no es lo único que hay que revisar

El mercado laboral español es el más flexible de Europa. Y también el más rígido. Sí, a la vez. Por eso, quien más, quien menos, corrobora que el español es un mercado laboral enfermo. Diagnóstico: esquizofrenia. Cuando ha reinado la bonanza económica, ha sido capaz de generar a todo gas más de siete millones de puestos de trabajo en una década, la mayoría en sectores de baja productividad como la construcción. Pero en las fases recesivas, demuestra ser un globo fácil de pinchar, un bluf. De golpe, en un año, se ha evaporado más de un millón de empleos. En mayo hubo alivio, pero el listón de los cinco millones de parados sigue a la vista.

Gobierno, empresarios y sindicatos desean que, de esta ruina económica, el mercado laboral salga, si no completamente curado, sí al menos un poco más sano. El problema radica en que se pongan de acuerdo sobre la medicina a tomar. El objetivo del Ejecutivo es la cuadratura del círculo, una tercera vía que no entierre derechos sociales y que bendigan todas las partes. El manifiesto a favor de un contrato único (indefinido y con un coste de despido creciente con la antigüedad), respaldado por un centenar de economistas, se propone como esa tercera vía, aunque la iniciativa ha suscitado rotundo rechazo sindical y ya se ha gestado su correspondiente contramanifiesto.

El Gobierno se muestra abierto a la iniciativa, pero la condiciona a que suscite acuerdo entre las partes. Y no es el caso. "Sólo se hará aquello que acuerden los agentes sociales. Y está claro que desde posiciones extremas será difícil alcanzar un pacto", enfatiza la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, que declina pronunciarse en concreto sobre un manifiesto del que es firmante el nuevo secretario de Estado de Economía, el profesor de IESE José Manuel Campa. "Toda propuesta necesita tener en cuenta lo que ya existe, debe refundirse, integrarse", añade Rojo, en alusión a las distintas tipologías de indemnizaciones vigentes ya en caso de ruptura de contrato y hasta 40 clases de bonificaciones que hay para incentivar la contratación.

Un ejemplo de algo que ya existe y que la secretaria de Empleo "vería bien ampliar" a más trabajadores: el contrato de fomento del empleo indefinido que, desde 1997, se ha ido introduciendo para varios colectivos -los de mayores de 45 años, los jóvenes de hasta 30 años, los parados que lleven seis meses sin empleo, todos los discapacitados, las mujeres contratadas en sectores copados por hombres o los contratos que pasen de temporales a fijos-. Este contrato, reforzado a raíz de la reforma laboral de 2006, y del que se firmaron 236.380 en 2008, tiene de gancho para el empresario un coste de despido de 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades, en lugar de los 45 días en caso de despido objetivo improcedente, con tope de 42 mensualidades.

"Una posible vía de solución sería extender esta modalidad de contratación indefinida (con 33 días de indemnización por despido y 24 mensualidades) al colectivo que en 2006 quedó fuera: hombres trabajadores entre 30 y 45 años de edad. ¿Por qué no? En 2006 hubo una vía de acuerdo que podría ampliarse", comenta Rojo, quien no aclara si eso va a ser una propuesta formal del Gobierno a las partes. En todo caso, el Ejecutivo asegura querer combatir la esquizofrenia, la "dualidad" del mercado laboral español. El alud de bonificaciones para la contratación indefinida a partir de 2006 ha ayudado a incorporar al mercado laboral a algunos colectivos "pero no está bastando para crear nuevo empleo", admite el Gobierno.

Recapitulemos. ¿Por qué afirman los sindicatos que el mercado laboral español es el más flexible? Cada mañana, casi un tercio de los ciudadanos que van al tajo penden de un empleo tan frágil como la choza de paja del cuento de Los tres cerditos, que, al primer soplido de crisis, se derrumba. Con el deterioro económico, la primera grasa que se quitan las empresas con problemas sobrevenidos de sobrepeso es la del empleo temporal, porque de esos contratos con fecha de caducidad es posible prescindir a cambio de muy poco dinero (ocho días por año trabajado); a veces, el coste es cero. Los temporales lo tienen difícil para alquilar un piso, no digamos para obtener un crédito. Carecen de estabilidad laboral y los empresarios no se sienten incentivados a invertir en formarles.

¿Por qué proclaman entonces los empresarios que el español es el mercado laboral más rígido? Cuestión de analizar qué ocurre con los restantes dos tercios de los trabajadores con nómina. Por seguir con el cuento de los cerditos, su casa está construida a prueba de enérgicos soplidos, a prueba de recesión. No es que, pase lo que pase, el empresario esté obligado a quedarse con la plantilla. "En la práctica, en España existe ya el despido libre, lo que ocurre es que es caro", resume José Antonio Sagardoy, presidente del despacho especializado en Derecho Laboral Sagardoy Abogados.

Romper un contrato indefinido sale más costoso en España que en la mayoría de países vecinos: son 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, a menos que se trate de despidos procedentes, en que la indemnización es de 20 días. Y jugar con requerir de más o menos manos en función de los vaivenes de la cambiante demanda se complica para las empresas, a lo que se suman los corsés de los que a veces peca la negociación colectiva. Sagardoy realizó hace un tiempo un estudio comparado sobre el coste del despido improcedente de un trabajador que llevara 10 años en la misma empresa, con una remuneración anual de 24.000 euros. La indemnización en España sería de 36.031 euros, frente a los 5.917 euros de Dinamarca, los 6.443,5 euros de Irlanda.

Holanda, donde el resultado no sería tan distinto (35.505 euros) introdujo el año pasado una rebaja del coste del despido a 15 días por año trabajado para los menores de 40 años, explica el profesor de economía holandés Marcel Jansen, que enseña en la Universidad Carlos III y que es uno de los promotores del manifiesto por el contrato único que ha acabado de caldear el debate sobre la reforma laboral. Fuentes de la negociación aseguran que, "para el Gobierno, no está archivado". Los sindicatos dicen no.

"Esta propuesta busca perpetuar la precariedad y detrás de ellas se esconde la pretensión de que España no puede salir de la crisis sin abaratar el despido. Si todos reconocen que el origen del problema no es laboral, una reforma sería un remedio que no produciría los efectos deseados", replica Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, para quien "hablar de rigidez laboral cuando pueden destruirse de un plumazo más de un millón de empleos es un chiste".

"En el mercado de trabajo español hay flexibilidad, pero es una flexibilidad muy mal repartida, insolidaria e injusta, porque recae sólo sobre los temporales. ¡Nunca vamos a cambiar de modelo productivo si no contamos con unas relaciones laborales estables!", enfatiza Jansen, molesto por el hecho de que el debate público sobre su propuesta se limite a lo que cuesta el despido. "No buscamos abaratar el despido, sino distribuir de forma más equitativa la situación y dar más flexibilidad al mercado laboral sin quitar derechos". Los sindicatos afirman lo contrario. "Éstos no tienen el monopolio de hablar del mercado laboral y no parece importarles mucho la situación de los temporales", espeta otro de los firmantes, Javier Díaz Giménez, profesor de IESE, quien enfatiza que, de los 19 millones de trabajadores, 11 millones son contratos "indefinidos extraprotegidos, casi blindados", frente a siete millones "en precario, muchos de ellos autónomos formales".

El manifiesto propone una única modalidad de contrato indefinido (hoy existen 17) para todos los nuevos contratos (no los vigentes). Pero el tope máximo para el aumento -progresivo- de las indemnizaciones en caso de rescisión se pide que quede por debajo de los 45 días. Propone incentivar la búsqueda de empleo graduando la prestación por paro de forma que sea mayor al principio y vaya menguando después. Durante lo peor de la crisis, propone alargar la protección de los parados. También sugiere abrir al sector privado las políticas activas para ayudar a recolocar a un desempleado, en competencia con el Inem, como en Dinamarca o los Países Bajos. O superar la negociación colectiva allí donde las empresas se pongan de acuerdo con sus trabajadores.

"Toda la argumentación de una reforma laboral no puede basarse sólo en una comparativa sobre el coste del despido en Europa. No puede pasarse por alto toda la cultura de diálogo social de nuestro país", reflexiona el catedrático de Derecho del Trabajo Salvador del Rey, socio del área laboral, además, del bufete Cuatrecasas. Aun así, Del Rey considera "realistas" las propuestas que buscan "aproximar las indemnizaciones por despido entre el casi nada y el casi todo". Este catedrático coincide con el diagnóstico de los economistas, pero expresa algunas dudas de que un contrato único sea la respuesta adecuada "a un mercado cada vez más diversificado, que no requiere respuestas parciales, sino un enfoque global". Recuerda que existe un tipo de temporalidad vinculada a la precariedad. Pero también otra ligada a actividades estacionales como el turismo y la hostelería. Los pro-manifiesto replican que el contrato único puede ser a tiempo parcial para esos casos, que puede ser un contrato X por horas a la semana o al año.

El aspecto más polémico de la propuestas es éste: el contrato unificaría las causas del despido. "Sólo se mantendría la tutela judicial para los despidos por razones de discriminación en la empresa. Entonces, la ley ampararía al trabajador. Creemos que la improcedencia siempre viene de algún tipo de discriminación. Si la empresa tiene dificultades para sobrevivir, ¿de veras es improcedente recortar la plantilla?", apunta desde la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) el economista Jordi Caballé. Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CC OO, se echa las manos a la cabeza. "Si se aplica, no habría distinción entre despido procedente e improcedente. ¿No ve que se busca un despido sin causa ni control judicial?", pregunta, tras subrayar, como Ferrer, que lo que hace falta es mayor protección social y un nuevo modelo productivo en el que las empresas tengan más flexibilidad interna.

La CEOE, que ha propuesto un contrato indefinido con dos años de empleo temporal previo e indemnizaciones de 20 días por año trabajado, declinó participar en el reportaje. Sí remite al último discurso de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, en la Fundación Antares. Allí dijo que "debemos superar el exceso de temporalidad". Dio algunas ideas sobre el cómo: "Puede hacerse por la vía de alguna de las modalidades contractuales propuesta desde ámbitos académicos o empresariales".

Ariadna Trillas para El País.

¿Demasiadas renovables o demasiado caras?

El Gobierno pone coto a nuevos proyectos de energías limpias para evitar burbujas especulativas - Las pequeñas empresas creen que los grandes grupos han ganado la partida

La mitad de la electricidad que se produce en España procede de fuentes que prácticamente no existían hace una década: molinos de viento, centrales que queman gas e instalaciones de cogeneración (producen calor y electricidad a la vez). Más aún: el pasado año, la quinta parte de la producción neta de electricidad (20,5%, de acuerdo con las cifras del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) fue limpia. Como entre 1995 y 2008, en un país que carece de combustibles fósiles, la demanda eléctrica creció un 90%, el resultado puede calificarse de espectacular. Las energías renovables, y especialmente la energía eólica, están detrás de ese cambio que ha llamado incluso la atención de la nueva Administración estadounidense. Pero, ¿a qué precio se paga el éxito?

En euros, las renovables costaron a todos los usuarios en 2008 más de 3.300 millones de euros en primas. Los datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) especifican que 1.144 millones fueron a la energía eólica, 968 millones a la solar, 716 millones a la cogeneración y el resto a la hidráulica, la biomasa y el tratamiento de residuos. Un reparto polémico. La razón es que dos tecnologías, la eólica y la fotovoltaica, se llevan dos tercios. Pero una, la eólica, produce mucho más que la otra. En 2008, los molinos de viento (16.549 megavatios de potencia instalada) cubrieron aproximadamente el 11% de la demanda, con puntas de producción de hasta el 30% (11.200 megavatios, según datos de Red Eléctrica). La energía solar fotovoltaica, con 3.120 megavatios de potencia instalada en 2008, seis veces más que en 2007, tiene como horizonte lejano alcanzar una producción del 1%.

La conclusión a la que ha llegado el Ministerio de Industria es que en determinadas tecnologías se ha creado una burbuja especulativa insostenible, con crecimientos de hasta el 450% anual como sucedió en el negocio fotovoltaico hace un año. Y hay que cortar por lo sano. En septiembre pasado, Industria revisó el pago de primas en el sector de la energía solar y este mismo mes, con un real decreto ley que ha sido convalidado en el Congreso con el apoyo de PSOE, CiU y PNV, ha decidido sujetar las riendas con más firmeza aún. Todos los proyectos de energías renovables tendrán que inscribirse en un registro y probar con documentos que cuentan con permisos, financiación (al menos del 50% del proyecto) y con los equipos necesarios antes de solicitar apoyos.

El resumen de la situación, desde el punto de vista del Gobierno, está recogido en el decreto aprobado. Según el texto de la norma, la tendencia que siguen las tecnologías renovables "podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica como desde el punto de vista técnico". Traducido, el párrafo quiere decir que el Gobierno cree que determinadas tecnologías encarecen el recibo de la luz, fomentan la especulación y dificultan la circulación de la energía por la red eléctrica.

¿Tiene razón el Gobierno? Sólo en parte. Porque la mayor parte del déficit entre ingresos y gastos del sistema eléctrico (16.000 millones de euros) se debe a dos hechos que discurrieron en paralelo: mientras el precio del petróleo pasó de 20 a 147 dólares en cinco años (de 2003 a 2008), el recibo de la luz se rebajó un 26% de 2000 a 2004. Y desde entonces, creció al ritmo de la inflación.

Javier García Breva, director general de Solynova Energía, ex director del IDAE y ex diputado socialista, cuestiona la decisión de Industria por "incoherente". Representante de una de las 1.300 empresas que trabajan en el sector de la energía solar, cree que las renovables en general, y la energía fotovoltaica en particular, no son actividades económicamente sospechosas. "En la tarifa eléctrica", sostiene García Breva, "hay cargas, desde impuestos autonómicos, a la gestión de residuos nucleares", que han contribuido a descompensar el sistema más que las renovables. "El Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía", prosigue, "jamás han reconocido que consumir renovables sea beneficioso para el país". Más aún, precisa, "pese al aparente esfuerzo realizado, en 2003 el consumo de energía primaria [término estadístico que contabiliza la energía antes de su transformación] cubierto con renovables llegó al 7% y hoy sólo llega al 7,6%". Conclusión: hay que invertir más, apoyando a todas las tecnologías y no sólo a aquellas que, probadas y con éxito, están siendo desarrolladas por grandes grupos empresariales.

Porque los números cantan. Según un estudio realizado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE) -en la que se integran los señores de los molinos, como Iberdrola o Endesa-, una vez hecha la cuenta de primas cobradas (950 millones), toneladas de gases de efecto invernadero no emitidas (20 millones), importaciones de petróleo no realizadas (500 millones de toneladas equivalentes de petróleo, tep) y exportaciones logradas (2.500 millones), el negocio se puede calificar de redondo.

Son datos más que interesantes para un país con un déficit comercial de 94.000 millones de euros (año 2008), de los cuales el 47% corresponde a importaciones de gas y de petróleo. Y más que importantes si se tiene en cuenta que España depende en un 80% del exterior para su abastecimiento de energía y es el país europeo que más se aleja del cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto.

"Lo mismo que tenemos un mix de generación de electricidad diversificado [nucleares, centrales térmicas y renovables]", dice García Breva, "habría que apostar por una cesta de renovables también diversificada". Aunque no lo dice, el directivo de Solynova Energía desliza así una idea más que asentada entre las empresas -1.300 según los registros- que tratan de hacer negocio con la energía solar: que los grandes grupos (Iberdrola, Acciona, Endesa, Abengoa...) han logrado llevar el agua a su molino en Industria, cortando las expectativas de los que tratan de ir por libre.

El consejero delegado de Iberdrola Renovables, Xavier Viteri, no comparte esta idea. En su opinión, el real decreto aprobado por el Gobierno, con la obligación de registro previo de proyectos de renovables, "garantiza el crecimiento ordenado del sector" y el derecho a la retribución "de aquellas empresas que hayan hecho bien las cosas y que tengan idea de persistir".

En opinión de Viteri, está fuera de toda duda que tiene que haber apoyo a las renovables. Porque lo contrario sería suicida. Viteri conoce al dedillo las tesis del economista Nicholas Stern en el estudio que realizó en 2006 para el Reino Unido. Stern defendía la necesidad de invertir el equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático porque, de no hacerlo, el mundo se expondría a una recesión cercana al 20% del PIB.

España, asegura Esteban Morrás, el primer ejecutivo de Acciona Energía, debe de tomarse en serio el desafío. "Podemos tener una posición de liderazgo", aunque "es importante determinar dónde está el sector" para que el Ejecutivo determine "nuevos objetivos e incentivos". Acciona, como las grandes del sector, cree que las decisiones de Industria van en dirección correcta.

Todo lo contrario de lo que cree la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y Greenpeace. Ambas organizaciones presentaron esta misma semana un anteproyecto de ley para el fomento de las energías renovables que propone alcanzar en 2020 el 30% de renovables sobre el consumo final bruto.

Tanto el presidente de APPA, José María González Vélez, como el presidente de Greenpeace, Juan López de Uralde, creen que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y su secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se equivocan en sus planteamientos al limitar el desarrollo de buena parte del sector. González Vélez piensa incluso que la política de Sebastián responde al movimiento de "alguna mano negra que no quiere que avancen las renovables para que funcionen los ciclos combinados [centrales de gas]".

Con el precio del petróleo al alza -en torno a 60 dólares por barril, el máximo de seis meses- y el temor a que una próxima recuperación de la actividad económica internacional vuelva a disparar las cotizaciones, la apuesta por las renovables mantiene toda su vigencia. A pesar de que su gestión, como afirma el presidente de la compañía Red Eléctrica, Luis Atienza, no sea fácil. Un ejemplo: el pasado 19 de mayo, en pleno anticiclón, los más de 16.000 megavatios eólicos instalados sólo produjeron 300. "La variabilidad" en la producción de los parques eólicos, explica Atienza, oscila entre el 43% y el 1% de la demanda. Todo un reto de gestión. Pese a las dificultades, las inversiones y el riesgo de especulación, las renovables son el futuro. Para los escépticos, un dato: Abu Dhabi, sobre un océano de petróleo, quiere acoger la sede de una agencia internacional para las energías renovables.

La dependencia es una losa

España es muy dependiente energéticamente. En el último año, el grado de autoabastecimiento ha sido del 21,6%, según datos oficiales. Y en esa situación, salta el debate entre pronucleares y antinucleares y la polémica en torno a las energías renovables y su coste.

La Fundación Ideas, que dirige el ex ministro socialista Jesús Caldera, ha elaborado un estudio en el que aboga por cerrar las nucleares en España a medida que agoten su vida útil. Es una posición que puede chocar con Industria, y claramente enfrentada a lo que defienden las empresas energéticas. "Sólo faltaba", señala un destacado ejecutivo del sector, "que la política entre de lleno en el debate y los dos grandes partidos se aferren, uno a la defensa de las nucleares y el otro a la defensa de las renovables. Sería un desastre". Porque, por el momento, la idea más extendida es que el Ejecutivo acabará por aprobar una prolongación de la vida útil de las nucleares para salvaguardar el 18% del suministro que suponen.

En palabras -"a título personal"- del presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza, extender la vida útil de una central como la de Garoña "tiene sentido económico". Y es que, como explica el secretario de Estado Pedro Marín, "el problema de nuestra dependencia energética del exterior pesa como una losa sobre nuestra economía y hay que resolverlo". "Vamos a atajarlo", asegura, "por una doble vía: de una parte, conteniendo el consumo energético, para lo que nos hemos centrado en políticas de eficiencia energética, y de otra, incrementando la producción energética nacional. Nuestro territorio no es rico en combustibles fósiles, por lo que las energías renovables deben desempeñar un papel esencial en el futuro energético".

Pero como en la guerra todo vale, el Instituto Juan de Mariana (Universidad Rey Juan Carlos) ha elaborado un documento en el que sostiene que por cada cuatro empleos que se creen en la economía verde que defiende el nuevo presidente de EE UU, se destruirán nueve. Más madera.

La terminología

- Eólica. Energía generada por el viento. Los aerogeneradores transforman en eléctrica la energía cinética procedente de las corrientes de aire.

- Cogeneración. Procedimiento por el que se obtiene, al mismo tiempo, electricidad y calor útil.

- Termosolar. Sistema por el que se concentra la energía solar, mediante espejos, para producir vapor capaz de mover una turbina.

- Fotovoltaica. Se obtiene electricidad mediante paneles con dispositivos semiconductores que reaccionan a la radiación solar.

- Biomasa. Obtenida a partir de residuos y plantas. Bien por conversión en etanol o bien mediante combustión.

- Ciclo combinado. No forma parte de la tecnología renovable, pero ha sido la gran apuesta en los últimos años en España para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Las centrales así denominadas queman gas natural. Utilizan las altas temperaturas generadas en la turbina de gas para alimentar una turbina de vapor.

Que se sepa quién mueve los hilos

La UE pone coto a los ’lobbies’ con un registro y más transparencia - Cada proyecto recogerá la huella legislativa: quién participó en su diseño

Los lobbies son y serán parte del paisaje del poder de Bruselas. Pero su actuación deberá estar sometida a luz y taquígrafos si triunfa la propuesta que el Parlamento Europeo vota esta semana. "Creo que la democracia está seriamente amenazada por la acción de los lobbies. Muchas de las normas que aprobamos en el Parlamento Europeo han sido precocinadas o redactadas previamente en un despacho de abogados por encargo de alguna gran empresa o grupo de presión". Con esta crudeza expone la realidad del proceso legislativo David Hammerstein, eurodiputado español del Grupo de Los Verdes, especialmente preocupado por la poderosa influencia de los grupos de intereses. Nacido en Los Ángeles, y sociólogo de profesión, advierte: "No estoy en contra de los lobbies o de los profesionales que defienden determinados intereses". "Pero lo que queremos", precisa "es transparencia y que la opinión pública conozca el papel de los lobbies y cómo actúan en todas las instituciones de la Unión".

Con el propósito de lograr esta anhelada transparencia en la producción de directivas y reglamentos, la Eurocámara debatirá y aprobará esta semana en su sesión plenaria un informe decisivo para establecer el marco de actuación de los lobbystas en todas las instituciones comunitarias. El 8 de mayo llegará la hora de la verdad para medir la fuerza real de los elegidos democráticamente.

La transparencia se ha convertido en la pócima mágica para curar todas las deficiencias del actual proceso legislativo. Un proceso en el que, junto a los 785 eurodiputados, participan con trepidante intensidad y recursos ilimitados unos 3.000 lobbystas permanentes y otros 2.000 temporales que, con su acreditación oficial correspondiente, deambulan, aconsejan, sugieren y presionan por los pasillos, despachos, salas de reuniones y debates del Parlamento Europeo.

El combate entre legisladores y los grupos de intereses es aún más desigual si se tiene en cuenta que en Bruselas operan unos 15.000 lobbystas y 2.500 organizaciones, según el propio informe parlamentario. Daniel Guéguen, reconocido especialista en asuntos públicos europeos y autor de European Lobbying, eleva a 100.000 el número de lobbystas que con frecuencia trabajan a tiempo parcial. En su opinión, se trata de una cifra no exagerada, ya que sólo corresponden 4.000 por cada Estado miembro. Las batallas más duras de las multinacionales para defender su territorio se libran en los parlamentos y la mayoría pasan inadvertidas. En su libro Les lobbies à l’assaut de l’Europe, Bernard Lecherbonnier señala el peso dominante de los lobbies en la presentación de iniciativas legales. Así, cita un trabajo de Christian Lequesne que sostiene que, en 1996, sólo el 3% de las 507 propuestas legislativas de la Comisión correspondían a iniciativas espontáneas de sus servicios.

Uno de los objetivos que puede resultar más útil del informe es la recomendación de incluir la llamada "huella legislativa", para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo. "El ponente", señala el documento, "puede, si lo considera adecuado (con carácter voluntario), emplear la huella legislativa; por ejemplo, incluir una lista (adjunta a los informes del Parlamento) de los representantes de intereses que fueron consultados y tuvieron una significativa aportación durante la preparación del informe". Y considera "especialmente aconsejable que tal lista sea incluida en los informes legislativos". Añade que "aún es más importante que la Comisión adjunte esta huella legislativa en sus iniciativas legislativas".

El informe apoya también la propuesta de la Comisión de crear "un servicio único de registro" de lobbystas para la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y demás instituciones comunitarias. Este registro "incluiría una completa revelación de los recursos financieros empleados por los lobbies, un mecanismo común de expulsión del registro y un código de conducta". Esta regulación colocaría a la UE como una de las instituciones más avanzadas en la regulación de los grupos de intereses. Actualmente, además del Parlamento Europeo, sólo el Congreso de Estados Unidos, Canadá y Alemania tienen regulaciones sobre los representantes de intereses.

Alexander Stubb, diputado conservador finlandés, ponente inicial del informe, tiene "una visión muy positiva de los lobbies". Stubb, que tuvo que dejar recientemente su escaño en el Parlamento Europeo para hacerse cargo de la cartera de Asuntos Exteriores de su país, considera que "es importante que la gente, las compañías y las organizaciones presionen, pero estima más importante aún que cada diputado saque sus propias conclusiones".

En una conversación con EL PAÍS antes de dejar el Parlamento, Stubb justifica la elevada concentración de lobbystas en la capital belga "porque hay mucho poder en Bruselas". "Los lobbies han comprendido", dice, "que la mayor parte de la legislación, especialmente en cuestiones de medio ambiente y economía, se hace en Bruselas". "Si tú eres una compañía como Telefónica", añade, "y no tienes un lobbysta en Bruselas, no estás haciendo correctamente tu trabajo como buen empresario".

La realidad es que todas las grandes compañías, especialmente en el sector químico, las telecomunicaciones o el influyente grupo agrícola, elaboran una redacción muy detallada y muy bien documentada de las directivas que van a salir y que luego hacen llegar oportunamente a sus grupos políticos más afines. Hoy día no hay ningún sector económico, incluido el de los medios de comunicación, que no dé a conocer sus intereses a los diputados para que sean tenidos en cuenta en Bruselas.

El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento asegura que "el 75% de las medidas de política económica y social que afectan a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas".

Pero para Stubb lo importante es que se conozcan las actividades de los lobbies, y que "exista total transparencia sobre su actuación". Y, en relación con la "huella legislativa", predica con el ejemplo. Al final de su informe ha incluido la lista de las 15 organizaciones, instituciones o empresas que han sido consultadas, entre las que figuran nada menos que Business Europe (la patronal europea); el Consejo Europeo de la Industria Química, el Consejo de Abogados y Sociedades Legales de Europa, UK LawSociety; las cámaras de Comercio Americana y de Francia; Toyota Motor Europe, Exxon Mobile, ALTER-EU (Alianza para la Transparencia y Regulación Ética y la Comisión Europea).

No deja de sorprender la participación de dos gigantes de la automoción y del petróleo en la regulación de una normativa que no afecta directamente a sus intereses. "¿Qué ocurrirá cuando se trata de regular una actividad concreta como puede ser la producción química o las emisiones de CO2?".

Carlos Carnero, eurodiputado socialista y ponente en la sombra del informe, recuerda que cuando se celebraron las sesiones abiertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, "la sala estaba abarrotada de lobbystas". Su intensa participación en las instituciones parlamentarias fue puesta de relieve la semana pasada por el portavoz de la Comisión Europea Mark Gray al comentar la nueva regulación para el acceso a los documentos públicos de la Unión Europea. El año pasado, la Comisión registró más de 4.000 solicitudes. "Se trata, sobre todo", precisó Gray, "de facilitar el acceso de los documentos a todos los ciudadanos, y no de que sólo vengan los lobbystas".

Carnero concede especial relevancia a la enmienda incluida en el informe que "subraya que se podrán aplicar sanciones a los lobbystas que violen el código de conducta". Para ello deberá disponerse "de recursos suficientes (personal y financiación) con el objetivo de verificar la información del registro". Las sanciones pueden incluir la expulsión del registro y la posibilidad.

"Todos los actores representantes tanto de los intereses públicos como privados fuera de las instituciones de la UE entran dentro de la definición de lobbystas", según el informe, y son tratados de "la misma manera". La lista incluye a "los lobbystas profesionales, compañías de lobby; ONG, think tanks, asociaciones de comerciantes, sindicatos, patronales, asociaciones con afán de lucro y sin afán de lucro, y abogados que no actúan en la defensa de un caso legal concreto". Un aspecto que seguramente será polémico en el plenario.

Carnero señala "la necesidad de distinguir entre los profesionales que defienden intereses privados de las organizaciones como sindicatos y ONG que persiguen la defensa de intereses generales".

Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Antifraude, celebra que el informe del Parlamento haya recogido su iniciativa de un registro común de los lobbystas para todas las instituciones comunitarias. En su reciente intervención en la American European Community Association definió esta actividad como "una profesión honorable que no tiene nada que ocultar". Y manifestó su satisfacción por el hecho de que los diputados habían recogido sus propuestas sobre la definición de las actividades de los lobbies, el código de conducta, sanciones y revelación de los recursos financieros.

A diferencia del sistema más exhaustivo de Estados Unidos, Kallas considera que es suficiente el registro de las empresas y los intereses representados, sin que sea necesario incluir los nombres individuales. Un aspecto que había despertado notables expectativas, ya que el registro de nombres hubiera permitido determinar posibles conflictos de intereses. El comisario fue rotundo al señalar que para asegurar la independencia e imparcialidad de los funcionarios existen normas obligatorias mucho más claras. "He decidido", precisó, "paralizar la actual posibilidad de aceptar como personal de la Comisión a expertos de compañías privadas. Mi convicción es que cuando la Comisión precisa tales expertos, debe pagarlos". Una advertencia que muchos daban por supuesta.

Kallas, que desde 2005 promueve la Iniciativa Europea por la Transparencia, aseguró que la propuesta de la Comisión de presentar un registro de representantes de intereses y código de conducta durante la primavera de 2008 se cumplirá. "Lo haremos antes de que la primavera se convierta en verano", indicó. Le queda un mes y medio.

Sobre la obligación de revelación de los recursos financieros, el Comité de Control Presupuestario estima que las firmas legales y lobbies que actúan en las instituciones comunitarias deben declarar "la facturación vinculada a la actividad de lobby, así como el peso relativo de sus clientes y su volumen de negocio". Para las ONG y think tanks, el conjunto de su presupuesto y análisis de sus principales fuentes de financiación (subvenciones públicas, donaciones y cuotas de sus miembros).

Manual del buen lobbysta

1. Anticipación. Actuar antes de que la Comisión Europea, a quien corresponde legislar, haya tomado ninguna decisión. Conviene estar al corriente de los documentos previos y reglamentos.

2. Sugerencias. Mejor aún que la anticipación es sugerir a los responsables de un área la conveniencia de regular determinadas actividades. Es importante participar en los grupos de trabajo previos.

3. Conocimiento. Dominar el proceso legislativo y el papel de cada institución. Hay que tener una estrategia para cada una.

4. No despreciar al Parlamento. Cada vez tiene más influencia. La Eurocámara dio como una vuelta al calcetín a las directivas de servicios y REACH (seguridad y registro de productos químicos). Con el nuevo Tratado de Lisboa, aún tendrá más peso.

5. Contactar con las personas adecuadas. Es un error pretender acceder a los comisarios o a los directores generales. Muchas veces no conocen los asuntos al detalle. Hay que trabajar con las personas que llevan los temas.

6. Precisión y claridad. Huir de informes difíciles de leer o interpretar. Lo mejor es que todo se explique en una hoja con las ideas claras y bien desarrolladas.

7. Transparencia. El lobbysta tiene que decir claramente qué intereses representa, para qué empresa trabaja o grupo de presión y explicitar lo que pretende con claridad.

8. Argumentar científicamente. Hay que defender las posiciones con argumentos científicos y explicaciones razonadas. Los funcionarios actúan con criterios profesionales.

9. No mentir nunca. No deben darse informaciones distintas a diferentes niveles. Se deben poder defender en cualquier lugar.

10. Tener en cuenta a todos los grupos políticos. No despreciar a los grupos pequeños. Pueden ser determinantes para cambiar una votación.Éstos son los criterios que emplean algunos lobbystas consultados en sus actividades profesionales en Bruselas.

Andreu Missé en El País.