La Iglesia, escuela de solidaridad

La crisis, desaceleración, recesión o estancamiento económico —según las preferencias de los distintos autores— preocupa, con razón, a la sociedad española por diversos motivos. Algunos ven peligrar el aumento de su bienestar, otros se enfrentan a hipotecas impagables, muchos temen caer en la precariedad, especialmente, si pierden sus empleos, no pocos ven en peligro sus permisos de trabajo y residencia, si son inmigrantes. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia en una situación como ésta? La respuesta a esta cuestión dependerá del posicionamiento ideológico de quien la conteste: para los laicistas, la Iglesia no tendría nada que hacer, porque la economía no es ámbito de su competencia; para los grupos sociales tradicionales, la Iglesia tendría que ayudar a paliar los efectos más negativos del deterioro económico; desde planteamientos creyentes más abiertos, éste sería el momento de mantener una actitud profética; para los sectores neoconfesionales, la Iglesia debería orientar la actuación de nuestros gobernantes.

Desde mi punto de vista, es preciso plantear bien la cuestión, antes de descender al terreno de las actuaciones concretas. En concreto, hay cuatro puntos de partida que admiten poca discusión:

1. La Iglesia no es el gobierno y, por consiguiente, su labor no puede consistir en sustituirle.

2. La Biblia no es un Tratado de Economía y, en consecuencia, ni desde ella ni desde la fe cabe encontrar soluciones inmediatas a los problemas económicos.

3. La fe es una experiencia que afecta a la totalidad de la persona humana y que, por tanto, puede iluminar también la realidad socioeconómica, desde una claves propias.

4. La Iglesia debe adoptar una actitud valiente, humilde y propositiva, para unir sus ideas y acciones a todas las que intenten gestionar solidariamente la crisis.

En el terreno de lo práctico, la Iglesia tiene que “meterse en economía” por fidelidad al Evangelio, dado que el criterio último de verificación del seguimiento es el “tuve hambre y me disteis de comer” (Mt 25), aunque desde una perspectiva que será necesariamente distinta a la de los empresarios, partidos, sindicatos o asociaciones de consumidores. Esto tiene mucha importancia porque en economía —y más aún cuando ésta atraviesa dificultades— hay que tomar dos decisiones fundamentales: a qué problemas vamos a dar prioridad, por una parte; y cómo se van a repartir los costes del ajuste (y entre quiénes), por otra.

Así, uno espera que la Iglesia pida a los gobernantes que, en estos momentos, no se recorten los fondos sociales, los recursos dedicados a la cooperación internacional o a las inversiones públicas, y que evite la tentación de presionar para reducir los ingresos de los grupos más débiles (asalariados poco cualificados, autónomos y pensionistas) o haga recaer el peso del ajuste laboral entre los inmigrantes (con el peligro real de que las recesiones vayan asociadas al aumento de la xenofobia). Es momento también para defender la solidaridad interterritorial, que parece estar siendo sometida a cierta erosión en los últimos tiempos por la pugna entre las distintas Autonomías en el diseño de un nuevo modelo de financiación.

Por el contrario, la Administraciones Públicas habrán de buscar otros ámbitos en los que ahorrar fondos, sabiendo que un déficit moderado puede tener plena justificación en períodos recesivos. Especialmente en las épocas de crisis es conveniente mantener la progresividad fiscal, pues los más poderosos económicamente tienen siempre más posibilidades de reducir la carga impositiva. No parece muy justo permitir los grandes enriquecimientos en las épocas de bonanza (piénsese en el auge inmobiliario o bursátil) y socializar las pérdidas en los años de vacas flacas. La crisis demanda siempre más solidaridad.

Obviamente, será también misión de la Iglesia a lo largo de estos próximos años acompañar a las víctimas de la crisis actual a todos los niveles para que puedan defender sus derechos y para evitar que sufran un fuerte empeoramiento de sus condiciones de vida. Ciertamente, la Iglesia no puede resolver los problemas macroeconómicos, pero puede llevar a cabo pequeños gestos simbólicos —como los que hizo el propio Jesús en su tiempo— que alienten la esperanza y apunten en la dirección en la que debería moverse la acción política desde una perspectiva cristiana: cultivando el bien común frente a los intereses particulares y poniendo en el centro de la preocupación de los diferentes poderes públicos la situación de los últimos.

Las comunidades cristianas deben ser un espacio de acogida, apoyo, búsqueda de soluciones y denuncia de los abusos para todos ellos. Pero también tendría que desarrollarse en su seno un tipo de discurso que suele escucharse poco: la llamada a vivir de un modo más sobrio y sencillo en un mundo que es finito y está devorando sus recursos; la invitación a ahorrar e invertir en actividades socialmente productivas aunque no sean financieramente muy rentables; la llamada a compartir lo que tenemos (dinero, conocimientos, empleo); la iniciación en el consumo responsable; la constatación de la oportunidad de fortalecernos con nuestra afiliación a los sindicatos; la conveniencia de participar mucho más en el movimiento asociativo y voluntario; siendo, en definitiva, una escuela de solidaridad.

Pedro José Gómez Serrano es profesor de la Universidad Complutense y del Instituto Superior de Pastoral de Madrid.