La justicia empieza a asumir el verde

Grandes proyectos de obra son paralizados por su impacto ambiental - La Administración descubre la dureza de las leyes - Los ecologistas batallan con profesionalidad en los tribunales

Los jueces están perdiendo el miedo a paralizar grandes obras, a menudo públicas, para salvar un árbol o un animal protegido. Hay casos extremos, como el que protagonizó el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al suspender de forma indefinida las obras del puerto de Granadilla (en Tenerife, más de 300 millones de inversión prevista) para preservar una alga protegida.

Pero hay muchos más. El oso pardo paró la estación de esquí de San Glorio; el hotel del Algarrobico es ilegal y el juez considera que la Junta manipuló los planos de un parque natural para permitirlo; uno de los mayores proyectos eólicos fue anulado por estar en zona de urogallo; la cigüeña negra impidió la urbanización en Las Navas del Marqués, y un ex consejero de Murcia fue detenido el miércoles por la recalificación de una zona con águila perdicera y tortuga mora. David vence cada vez más a Goliat.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, considera que algo se mueve: "Claro que hay un cambio. Teníamos las leyes y ahora cada vez más tenemos las sentencias". En 2006, las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo lograron 295 condenas; en 2007 la cifra fue de 407 y la cifra siguió previsiblemente subiendo en 2008. Jaime Doreste, coordinador del área legal de Ecologistas en Acción, coincide: "Antes salíamos a hombros si ganábamos un pleito, ahora nos toman más en serio y ya no es tan raro".

Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Y el caso canario reúne varios de ellos. El tribunal estimó la petición de los ecologistas de Ben Magec, que denunciaron que la Consejería de Medio Ambiente vulneró su propio decreto al descatalogar una pradera submarina frente el puerto. Dicho decreto, de 2001, exige razones científicas para descatalogar cualquier especie protegida. Pero la desprotección se hizo sólo para poder construir el puerto de contenedores, con el que Canarias quería convertirse en puente entre Europa, África y América.

El caso es el típico en el que una Administración se pilla los dedos con su propia ley. Alguien en Medio Ambiente elabora una norma estricta y nadie prevé las consecuencias. Puede que incluso la declaración del espacio protegido le sirva a esa misma Administración para ponerse medallas sobre su apuesta por el medio ambiente. Años después esa norma es incompatible con algún proyecto de la comunidad.

El catedrático de Derecho Administrativo de León Carlos González Antón explica que es un caso frecuente: "Se declaran Zonas de Protección para las Aves y Lugares de Interés Comunitario y creen que eso sólo sirve para ponerlo en un mapa. Se enorgullecen de la cantidad de espacios protegidos que tienen y luego intentan saltárselo". La Junta de Castilla y León ha copiado una estrategia que ya siguieron Murcia o Baleares y ha comenzado a aprobar por ley sus grandes proyectos. Así consigue que sólo el Constitucional los pueda anular.

La alegría de los ecologistas con el auto que paraliza Granadilla es total, entre otras cosas porque no les han pedido fianza. La Autoridad Portuaria (Canarias y Gobierno central) pidió que los ecologistas avalasen su petición con 31,873 millones de euros por los daños que podía causar la paralización. El tribunal admite que al parar la obra -que ya estaba en marcha- puede ocasionar graves perjuicios, pero que ese daño "no puede prevalecer sobre el riesgo de daños al medio ambiente".

Doreste es coordinador del área legal de Ecologistas en Acción en la que colaboran unos 50 abogados. Consiguió una sentencia en la que se declaraba ilegal la duplicación de una carretera de la Comunidad de Madrid por hacerse sin declaración de impacto ambiental. Pero cuando llegó el fallo ya era tarde. La Justicia había exigido a Ecologistas en Acción una fianza de 497.367 euros que no pudieron reunir y Madrid construyó la carretera.

Los ecologistas actúan de forma cada vez más profesional y ganan más casos. "En mi clase hace años simulaba un pleito en el que defendía el impacto de una obra sobre el milano real. Llevaba allí a un juez de verdad y un día se empezó a reír. Hoy ya no pasaría", resume González Antón.

En junio pasado, la Sociedad Española de Ornitología recurrió un parque eólico en una zona protegida de urogallos en León. Presentó informes técnicos en los que se suele incluir los censos de la especie y los nidos localizados por GPS. El juez accedió a paralizar las obras. "La urgencia requerida parece de una claridad meridiana", señaló sobre el perjuicio a esta especie en peligro.

Doreste señala que en los últimos años han conseguido la implicación de universidades e investigadores. "En teoría estaban por la conservación, pero en la práctica se mojaban poco. Ahora cada vez apoyan más los recursos ecologistas".

Así ocurrió en el caso del alga de Granadilla, la seba, por la que científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC han pedido al Ministerio de Fomento que paralice la obra. El auto del tribunal canario que deja en suspenso la obra admite que las dos partes -ecologistas y Administración- presentaron "sólidos argumentos".

En el recurso contra la estación de esquí de San Glorio (en la Cordillera Cantábrica, en una zona en la que vive una de las dos únicas poblaciones de oso pardo autóctono) los ecologistas incluyeron informes de la Universidad de León o del CSIC.

El tribunal les dio crédito y, en abril pasado, admitió que, como señalan los informes científicos, "es muy dudosa la viabilidad económica" de la estación "por el cambio climático". De nuevo, el tribunal consideró que la Junta de Castilla y León había aprobado la estación en contra de su propia normativa.

Muchos de los abogados de los ecologistas trabajan en su despacho de día y sacan tiempo para llevar gratis asuntos de medio ambiente. Algunos salen al campo por afición y quieren preservar los lugares que aman. Es el caso de Mario Gómez, un letrado que ha llevado el caso del refugio de cigüeñas de Las Navas del Marqués (Ávila). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la urbanización, entre otras cosas, porque invadía una zona de cría de la cigüeña negra, una especie en peligro de extinción.

Gómez, que representa a la asociación Centaurea, participa en el proceso penal para ver si hubo prevaricación en la aprobación de los 1.600 chalés y los hoteles y el campo de golf a costa de talar 34.500 pinos maduros. En el procedimiento está imputado el ex director general de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, entre otros altos cargos, y, lo más relevante, 14 técnicos que en algún momento avalaron con su firma el proyecto. Alguno de ellos lo hizo contradiciendo sus informes previos. En la investigación de la recalificación de La Zerrichera (Murcia), un paraje de 253 hectáreas, en parte protegido, hay imputados dos cargos intermedios que colaboraron en la autorización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. José María Ródenas, subdirector de Vivienda y Urbanismo, firmó en junio de 2005 contra la recalificación pero meses más tarde la apoyó. El último imputado en la causa (hay diez cargos en ella) fue el ex consejero de Medio Ambiente y ex delegado del Gobierno del PP en Murcia, Francisco Marqués.

En Palencia, un tribunal investiga la manipulación de un informe de la Universidad de Valladolid para construir dos presas de riego. Los informes originales, encargados por la empresa pública Tragsatec, alertaban de que tendrían impacto en el ecosistema pero los que aparecieron en el expediente, pese a ser idénticos, ofrecían conclusiones distintas.

La Asociación Ríos con Vida lo denunció al juzgado y el pasado 12 de febrero uno de los autores del informe declaró ante el juez que, en efecto, su estudio ofrecía conclusiones distintas sobre el "efecto barrera para la emigración de las truchas". En el original ponía que el impacto sería "severo y permanente". En el que selló la Junta de Castilla y León y que sirvió para autorizar las presas figura como moderado.

A raíz del caso de Las Navas del Marqués, algunos funcionarios se cuidan a la hora de firmar determinados dictámenes. "Ya no aprobamos nada en lo que haya dudas. Todo el mundo lleva mucho cuidado", explica un miembro de la comisión de prevención ambiental de Ávila.

En la planta submarina canaria, los técnicos de Medio Ambiente José Martín Esquivel y Leopoldo Moro Abad no avalaron la decisión de sus superiores de desproteger el sebadal frente al puerto. Ellos defendieron que hacerlo no obedecía a "razones biológicas ni de conservación de la especie". Su informe ha sido clave en la paralización de la obra.

Esto demuestra que los técnicos empiezan a comparecer ante la justicia por sus dictámenes y, por otra parte, que la Administración a menudo consideró estos temas como obstáculos menores, en los que bastaba con alterar un plano o emitir un dictamen para eludir la normativa ambiental.

El hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería) era legal a los ojos de la Junta de Andalucía del PSOE. Y lo era pese a estar en un terreno protegido en un parque natural y a sólo 20 metros del mar. Que estaba en el parque natural, el del Cabo de Gata, se veía al pasar por allí, ya que una señal lo explicaba. Y así constaba en el Boletín Oficial que delimitó los usos del parque.

Sin embargo, la Junta sostuvo durante años que el terreno era urbanizable. El 11 de marzo de 2008, en un escrito al juzgado, el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como zona no urbanizable originalmente fue "un error" y que lo rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos pero sin publicarlo en ningún boletín oficial. El juez que ilegalizó el hotel consideró que esa "burda maniobra" dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal". La fiscalía se ha visto obligada a investigar la modificación de los planos después de archivar una denuncia similar.

Los casos son tan flagrantes que demuestran la impunidad con la que durante años se ha retorcido la legislación ambiental. El presunto cabecilla de la trama corrupta que ha investigado el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, declara en una de las grabaciones aportadas al sumario, al hablar de un plan urbanístico: "Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Esa frase resume el sentir de muchos de los promotores, que siempre prefirieron los enclaves protegidos.

Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y experto en corrupción, afirma que es pronto para ser rotundo, pero que comienza a percibir "cierto hartazgo profesional" contra estas prácticas.

Por eso Gómez, el abogado de Las Navas del Marqués, reduce el optimismo: "Tenemos leyes de medio ambiente muy estrictas y amplias. La inmensa mayoría son directivas europeas, que a veces son muy avanzadas. Los jueces han tardado años en aplicarlas y ahora que empiezan a hacerlo a veces chirría al encontrarse con una sociedad que no siempre está en esa sintonía".

Además, sobre muchos de estos proyectos paralizados por el impacto ambiental, sobrevuela la sombra de una corrupción más profunda: "A veces sólo llegamos a ver el fallo en el trámite ambiental, que ha dejado rastro, pero te queda un halo de sospecha, debido al dinero que se mueve en estas obras", resume Gómez.

La Reina visitó el paraje protegido de Las Médulas, en León. Allí contempló con sorpresa cómo una enorme cantera destacaba el paisaje. Era el 16 de septiembre de 1999. "Los romanos hicieron estas canteras [el paraje es resultado de las explotaciones de oro romanas] y estas son las que hacemos ahora", le explicó, azorado, un funcionario que la acompañaba en la visita. La cantera es propiedad de la empresa Catisa, y el pasado 27 de febrero, el juzgado aceptó la petición de la fiscalía de paralizar cautelarmente la obra por su impacto sobre el medio ambiente. Han pasado casi 10 años de la visita de la Reina y la empresa sigue funcionando pese al veto judicial. Igual que la empresa de Huelva Fertiberia sigue activa pese a tener una orden de Costas que insta a su paralización.

La siguiente asignatura de estos abogados es hacer cumplir las sentencias en toda su dureza, ya que la ejecución se puede demorar durante años. El Ministerio de Medio Ambiente ha desistido de la expropiación del Algarrobico con el argumento de que el abogado del Estado así se lo aconsejó en noviembre pasado. Sin embargo, el ministerio contestó al diputado de ICV, Joan Herrera, el pasado 2 de febrero que la expropiación "se seguía tramitando". Declarar ilegal las obras ha sido un paso complicado; tirarlas será uno de gigante.

Claves del cambio

- Las estrictas directivas europeas sobre el medio ambiente comienzan a calar en la judicatura años después de estar en vigor.

- Muchas administraciones aprobaron normas ambientales muy duras que luego no aplican.

- La creación de una fiscalía especializada en Medio Ambiente, en 2005, dinamizó la actividad en los juzgados.

- Los ecologistas se profesionalizan y llegan a los tribunales con completos informes técnicos sobre el impacto ambiental.

- La universidad y los científicos comienzan a apoyar los recursos de las organizaciones ambientalistas, con lo que ganan credibilidad.

- El proceso de Las Navas del Marqués, en el que declararon como imputados 14 técnicos, hizo que muchos funcionarios empezaran a extremar el rigor en sus informes.

- Con frecuencia, la Administración consideró los trámites ambientales como algo superfluo y los eludió de forma burda, lo que ha permitido la proliferación de sentencias contrarias.

- En muchos casos la causa ambiental es la única forma de parar un proyecto sobre el que sobrevuela la sospecha de la corrupción.

- Los tribunales son cada vez más proclives a frenar obras de forma cautelar, sin esperar al procedimiento.

Rafael Méndez en El País.