Coto a la privatización de la sanidad

El Parlamento vota cambiar la ley de Aznar que permite a empresas gestionar hospitales - Revertir los contratos es posible, pero muy caro - Llega un conflicto entre el Estado y autonomías del PP

Los teléfonos de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas son un hervidero de conjeturas, alarmas y disquisiciones sobre el significado de la proposición de ley que el Congreso de los Diputados aprobó la noche del martes, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa Els Verds, con un vehemente discurso de Gaspar Llamazares. El diputado asturiano, médico de profesión, pidió sin ambages el fin de la presencia de la iniciativa privada en el Sistema Nacional de Salud. La respuesta de interlocutores socialistas es un rotundo no. Ahora bien, sí está en marcha un proceso de revisión muy profundo del uso que se está haciendo de la ley 15/1997 sobre "Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". Esta revisión es la que ha aprobado el Congreso con los votos de los grupos de IU, ICV, PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. ERC optó por la abstención y PP, CiU y PNV votaron en contra.

Lo cierto es que Llamazares con su iniciativa ha precipitado un debate que el Gobierno y el Grupo Socialista tenían previsto para el primer trimestre del próximo año. Pero ya no hay más remedio que afrontarlo.

"No vamos a cambiar la Ley General de Sanidad, pero sí vamos a acotar y clarificar el contenido y las condiciones de los conciertos privados con la sanidad pública debido a los abusos que se están produciendo", aclara la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande, que sitúa los abusos "especialmente en Madrid y en Valencia".

Pero también precisa que no todos los conciertos en estas comunidades se salen "del espíritu y la letra de la ley" que hizo posible la participación "en la gestión" de la iniciativa privada. "Tenemos que impedir los casos en los que no hay supervisión pública ya que se entrega la gestión total, en todos los campos", señala Grande. Esta entrega total significa que el sector privado "recibe durante treinta años la gestión sanitaria, no sólo la hostelería u otros servicios auxiliares", explica Grande. "El sector privado no tiene nada que temer; en el PSOE y en el Gobierno apostamos por la colaboración y los conciertos entre la sanidad pública y la privada, pero hay modelos de gestión que hay que limitar, mientras que otros no se tocarán", asegura Grande, médica de profesión.

"Gestionar de forma privada el servicio público puede provocar más riesgo de un deterioro del servicio", dice el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata (PSOE). En su comunidad, algunos servicios están concertados. "No renunciamos a una parte de gestión privada o concertada. Apostamos por la financiación pública y queremos una mayoría de gestión pública. Eso da una estabilidad al sistema, que no se ve influido por elementos inflacionistas u otros intereses", sigue Lamata. Y explica que el PSOE apuesta por un equilibrio dentro de la gestión que sitúe en un 75% el gasto sanitario total público y en 25% el privado (aproximadamente lo que sucede actualmente).

Aunque en el Grupo Socialista se considera inasumible la pretensión de Llamazares, fueron los diputados socialistas de Madrid quienes más insistieron en las reuniones internas para aceptar la propuesta de IU aunque después se intente reconvertir en una norma mucho más mesurada. Rafael Simancas, Juan Barranco y Manuel de la Rocha, recordaron a la dirección del Grupo Socialista que la denuncia de la "privatización" de la sanidad madrileña es una constante de la oposición socialista en Madrid.

"Reconocemos que en Madrid se da especialmente el abuso y el retorcimiento de la ley con la consecuencia indeseada de que el centro de la ocupación y la preocupación ya no es el paciente sino la factura", declara Grande. Esta parlamentaria rompe una lanza por los trabajadores de la sanidad. "En Madrid la sanidad se mantiene en un nivel muy alto porque los profesionales, voten lo que voten, muestran cada día su compromiso con los ciudadanos".

Aunque esta proposición está ya en camino de la Comisión de Sanidad para comenzar su tramitación, los socialistas propondrán que se espere un mes, que es la fecha en la que el Gobierno tiene que enviar un informe de evaluación de modelos de gestión de la sanidad, que ya estaba previsto, también a propuesta de IU.

Precisamente el "buen funcionamiento" de los conciertos entre lo público y lo privado es lo que llevó a los portavoces de CiU y del PNV a votar en contra de esta proposición. Las comunidades invocan su competencia pero desde el Gobierno se rebate que hay margen para la "coordinación".

En España los modelos de gestión privada se pueden dividir fundamentalmente en dos grupos: de gestión privada y financiación privada. El primer sistema, que algunos no consideran realmente privatizador, supone cambiar la fórmula de gestión de los centros sanitarios públicos de toda la vida para permitir en cierta parte la gestión laboral. Es el caso de algunos hospitales de Andalucía -Hospital de Marbella u Hospital de Costa del Sol-, entes de derecho público que cuentan con personal laboral y no estatutario, y que disponen de otros servicios externalizados, como la tesorería.

También pertenecen a este primer modelo las fundaciones sanitarias que gestionan algunos hospitales en Asturias, La Rioja o Baleares. Una fórmula jurídica pública que se rige por la ley de fundaciones. "Son fórmulas jurídicas de lo que se llama huida al derecho privado. Se adopta para flexibilizar la gestión, más rígida en una entidad pública. Así, esta fórmula permite a la fundación que administra el centro hacer cosas con más autonomía, como comprar bienes o servicios", explica José Jesús Martín, director del máster de Economía de la Salud y Organizaciones Sanitarias de la Escuela de Salud de Andalucía.

Existe otra fórmula dentro de este primer modelo. Es el de los consorcios, uno de los esquemas más antiguos, con larga tradición en Cataluña. Un esquema mixto, en el que el consorcio es de carácter público pero sus trabajadores pueden no ser funcionarios.

Tres fórmulas basadas en figuras públicas que, para Martín, no suponen la privatización de la sanidad, sino "cambiar la fórmula de administración para permitir la gestión laboral". Sistemas que, según los expertos, no peligrarían con la revisión de la ley.

Más alejado de estos modelos de administración pública, está el sistema que supone la privatización de parte o toda la propiedad de los centros sanitarios para que su gestión pase directamente a manos del sector privado, a una empresa o a una agrupación privada. Un esquema que va ganando terreno en España y que comunidades como la Valenciana o Madrid (ambas gobernadas por el PP) han abrazado hasta convertirlo en su bandera. Un estandarte, además, ideológico.

Dentro de este modelo está el de los PCI (Iniciativas de Financiación Privada). La externalización de algunos servicios del hospital o centro de salud (cafetería, lavandería o mantenimiento), pero también su construcción, equipamiento, mobiliario y gestión. "Todos esos elementos, en un paquete, pasan a manos de una empresa a través de un concurso", explica Martín. Un modelo que ya funciona en muchos hospitales de Madrid y alguno de Castilla y León (en Burgos) y Baleares.

En esta línea también, pero con un modelo mucho más radical, está el modelo Alzira. Bautizado así por el hospital La Ribera, un centro de Alzira (Valencia), que el Gobierno valenciano financia desde 1999. Una fórmula de gestión privada completa en manos de empresas. Así, mientras que en los PCI de Madrid los médicos y enfermeras están contratados por la administración, en Alzira todo es privado.

Son los modelos de los PCI y el de Alzira los que centran la mayoría de las críticas. También son los que pueden provocar la confrontación entre las autonomías del PP y el Gobierno. Sin embargo, ayer el consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, declaró que la revisión de la norma, aprobada en tiempos de José María Aznar, no afectaría al modelo de gestión sanitaria madrileño sino al que impera en autonomías gobernadas por socialistas.

Los modelos madrileño y valenciano son controvertidos. "Permiten construir, equipar e inaugurar hospitales sin que la comunidad ponga un euro. Esto para un político es atractivo. Permite eludir el tope de déficit público y asegurar la gestión más rápida", dice José Jesús Martín. "Estas iniciativas empeoran la situación de la sanidad y han favorecido su deterioro", dice Marciano Sánchez-Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Pero si se vota la revisión de la normativa, ¿qué sucederá con algunos centros de Madrid o Valencia? Las concesiones a empresas privadas se pueden revertir, y recuperar los centros para el sistema público. Los concursos incluyen cláusulas de rescisión por ambas partes, tal y como confirma un portavoz de Capio, entidad de capital riesgo que gestiona varios hospitales madrileños.

El problema de esa recuperación es que es cara. "No es fácil hacerlo de golpe, pero mucho más dinero se ha inyectado para que los bancos tengan solvencia", sostiene Sánchez-Bayle, más partidario de la propuesta tal y como la ha alumbrado Llamazares.

El vicedecano del área de gestión sanitaria de la escuela de negocios Esade, Manel Peiro, critica la fórmula que se ha adoptado para abordar el tema. "Querría saber en qué piensan cuando hablan de privatización. Actualmente es difícil que algo sea sólo público o privado, lo importante es que el Estado respalde el proyecto", asegura. "Es difícil que todo sea como hasta ahora. La gestión pública es lenta y no está pensada para adoptar avances técnicos, por ejemplo", sigue.

"Los hospitales públicos han de flexibilizar sus mecanismos de gestión, y eso en el contexto público no es posible. En la pública contratar personas, disponer de nuevos aparatajes se convierte en una cosa farragosa y difícil, lenta... en una heroicidad casi diaria y hay modos más ágiles de manejar las cosas", afirma. Peiro es más partidario del modelo Alzira.

Con revisión de la ley o sin ella, los expertos ponen el foco en un punto básico que no se ha abordado, la evaluación del funcionamiento de los centros. "No sabemos qué modelo es el que funciona. Necesitamos un sistema de información estatal para medir la calidad y eficiencia del uso de recursos públicos", sostiene Martín. Y sigue: "Es un escándalo que no tengamos un sistema de evaluación que otros países, como Reino Unido, si tienen".

Anabel Díez y María R. Sahuquillo para El País.