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Planes de rescate

El verdadero plan que necesitamos es el que salve a la UE de los Gobiernos que quieren desmantelarla


La Unión Europea puede estar de capa caída, pero sigue siendo enormemente relevante. Las instituciones europeas han sido el malecón que han parado el embate más fuerte de la crisis, lo que no es poco si se piensa en lo que les está ocurriendo a aquellos países europeos que están fuera de la UE, desde Islandia a Ucrania, dos países completamente distintos que están en tan idéntica como completa bancarrota. También conviene observar, aunque sean miembros de la UE, la situación en aquellos Estados que no son miembros de la unión monetaria, que también es de enorme gravedad ya que Gobiernos, bancos, empresas y ciudadanos se han endeudado en euros pero generan sus ingresos en unas monedas nacionales que se han devaluado. Por tanto, sin la fortaleza otorgada por la moneda única y el mercado interior, nuestras economías habrían sufrido enormemente.

Eso sí, muchas de las normas y controles que garantizan la integridad del mercado interior y el funcionamiento de la moneda común han saltado por los aires. En estos últimos meses, la Comisión Europea ha sido ninguneada con demasiada frecuencia, con Gobiernos que han anunciado directamente a la prensa cuantiosas medidas de ayudas públicas (prohibidas por los Tratados para no distorsionar la competencia), sin pasar por Bruselas, o incrementando los niveles de déficit público muy por encima de lo permitido sin tampoco discutir primero con la Comisión Europea el contenido y las modalidades de dichas medidas. Como ha puesto de manifiesto toda la saga en torno al sector del automóvil, cuyo broche de oro ha sido la negociación (en realidad, sálvese quien pueda) entre el Gobierno alemán y General Motors en torno a Opel, la falta de solidaridad entre Estados miembros ha sido flagrante. Y cuando la Comisión ha intentado intervenir en el diseño de planes de estímulo nacionales, los Estados miembros la han empujado a un lado con singular rudeza.

Finalmente, en esta crisis no hemos visto pánicos bancarios que llevaran a retiradas masivas de depósitos; tampoco hemos asistido a protestas ciudadanas masivas contra la negligencia con la que Estados y mercados dejaron crecer la burbuja financiera, pero sí hemos visto pánicos gubernamentales, con Gobiernos improvisando medidas sin mucho sentido más que salvar el día a día y sin pensar en las repercusiones a largo plazo. ¿Será una lección de esta crisis la madurez de los ciudadanos y la inmadurez de nuestros Gobiernos?

Dentro de la UE, la sensación de alivio ha sido tal que muchos se conformarían con restañar las heridas abiertas en el mercado interior y el pacto de estabilidad y seguir a flote. Pero eso no es suficiente. Una vez parado el golpe de la crisis, Europa ha sido incapaz de pasar a la ofensiva. Por eso, es imprescindible un debate en profundidad que nos lleve a diseñar los instrumentos de gobernanza económica más eficaces para asegurar la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos de la Unión Europea. La creación de un Tesoro Europeo, la puesta en marcha de mecanismos de regulación y supervisión financiera adecuados o la racionalización de la representación de la Unión Europea en las instituciones internacionales debiera ser una prioridad absoluta.

Podemos echar la culpa a la Comisión Europea por no haber liderado la salida de la crisis, pero sería injusto. Cierto que la Comisión Barroso ha sido demasiado servil con los Gobiernos, pero el fenómeno es mucho más profundo. Hay una verdad incómoda que muchos se niegan a admitir: en Berlín, París y Roma, por supuesto en Londres, también a veces en Madrid y en muchas otras capitales europeas, la Comisión es percibida como un obstáculo a superar, una fuente de limitaciones a la hora de satisfacer los intereses nacionales, no como una oportunidad de lograrlos. Algo se ha quebrado en la psicología comunitaria y debemos hablar de ello, no ocultarlo: pocos confían hoy en la Comisión como instrumento para defender sus intereses. Para los Estados más grandes, la Comisión Europea es hoy alguien a quien doblegar; para los Estados más pequeños, es simplemente alguien a quien intentar eludir, engañar o ignorar. Europa, se dijo en la declaración Schuman, no se hará de una sola vez, ni será una construcción de conjunto: pero a lo que estamos asistiendo estos días es a un tan silencioso como cínico desmantelamiento. No hay duda, el verdadero plan de rescate que necesitamos es el que rescate a Europa de estos Gobiernos.

José Ignacio Torreblanca

Gran Scala o gran estafa

Gran Scala o gran estafa

Aragón aprueba una ley para construir un Las Vegas europeo en Ontiñena

Desde Cáritas hasta las asociaciones ecologistas se muestran en contra

¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa. El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.

La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.

Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.

Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.

También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.

Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".

Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).

ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".

Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".

Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".

La ciudad privada

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.

Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".

Luis Gómez para El País.

Socialdemocracia en tiempos del populismo

La gran oportunidad para los socialdemócratas es evitar que después de la crisis todo siga igual


"Así no", ése es el mensaje que los electores europeos acaban de lanzar a la socialdemocracia de nuestro continente. "¿Entonces cómo?". Ésta debería ser la pregunta que se han de plantear con urgencia todos los partidos que se reclaman de esta ideología. Lo primero que han de hacer es superar la perplejidad derivada de no entender cómo en momentos de crisis, que afecta particularmente a su electorado natural, y después del espectacular derrumbe de la ideología neoliberal, no están ahí para recoger los frutos. Se ha sacudido el árbol pero otros se han llevado las nueces. De nada sirve que se diga que cada país es distinto y que las lecturas habría que hacerlas en todo caso a partir de cada una de las coyunturas nacionales particulares; ni que hay un amplio sector del voto de izquierdas que ha ido a otros partidos; o que las más simples y directas fórmulas de la derecha suelen tener una mayor capacidad de enganche en tiempos oscuros. Todo esto puede ser cierto, pero constatarlo sin más no va a sacar a la socialdemocracia de su letargo.

La ya acuñada tesis de que la izquierda ha perdido porque ha gobernado como la derecha o se ha aproximado en exceso a ella es verosímil pero tampoco es del todo exacta. Gracias a las políticas de Tercera Vía la socialdemocracia tradicional se recicló electoralmente en la época de la globalización y la crisis del modelo keynesiano. También al tomarse en serio las condiciones del marketing político en momentos de la democracia mediática. Ambas renovaciones fueron objetivamente necesarias y su éxito enseguida estuvo a la vista. Otra cosa es que muchos de estos partidos confundieran las prioridades y cayeran en las redes del spin, de las políticas de comunicación, más como un fin en sí mismo que como mero instrumento para transmitir su discurso. O que entraran en las rutinas electoralistas y sacrificaran principios a presuntos beneficios cortoplacistas siempre medidos exclusivamente a partir de supuestos estados de opinión. O que no ejercieran el liderazgo ni introdujeran la pedagogía necesaria para que los ciudadanos pudieran pensar la sociedad en términos distintos a como iba siendo definida por la derecha.

Sea como fuere, el hecho es que su discurso, ya bastante aligerado, acabó disolviéndose en las contingencias cotidianas de un sistema político más pendiente del pendenciero cuerpo a cuerpo de la lógica gobierno/oposición y otras rutinas de la política del día a día que de pensar en una auténtica alternativa. Más que identificarse con la derecha, sucumbió a las inercias sistémicas que gobiernan la forma de hacer política en las democracias actuales.

A pesar de todo, la situación está lejos de ser dramática. La crisis le ofrece una ocasión única para recuperar el brillo perdido. La gran oportunidad para la socialdemocracia es evitar que después de la crisis todo siga igual. Alguien tendrá que hacer un adecuado balance de lo que ha ocurrido, y promover e impulsar un nuevo contrato social ajustado a los nuevos datos de la realidad. Su gran baza consiste, además, en que es la única ideología política bien vertebrada internacionalmente y que bebe de un patrimonio valorativo que ofrece una magnífica guía para estos tiempos de desconcierto. Después de que todos los valores se hubieran reducido a una fórmula monetaria o a una miríada de particularismos identitarios, ahora en manos de un populismo de nuevo signo, la socialdemocracia tiene al menos un conjunto de ideas fuerza en las que se combina el respeto por la libertad y la iniciativa individual a un proyecto de cohesión y justicia social.

Su gran desafío consiste en redefinir los espacios que competen, respectivamente, al Estado y al mercado, en reorganizar las finanzas públicas para restañar las heridas abiertas en el grupo de los más desfavorecidos, en conectar las políticas nacionales a un compromiso con fines globales, en buscar alternativas viables al hasta ahora discurso único de la maximización de beneficios, en emancipar a la sociedad de los nuevos temores que tanto favorecen a los discursos populistas. No es poca cosa. Sobre todo, porque como se ha visto en las últimas elecciones europeas, un importante sector de los ciudadanos europeos les ha retirado su confianza. Y la confianza no se recupera sólo con discurso. Hacen falta también actitudes, una nueva forma de hacer política que no entre en contradicción con lo estipulado en la teoría. Ahí es donde está la causa de su declive y ahí es por donde debe empezar también su renovación.

Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid.

El Tribunal de Estrasburgo ratifica la ilegalización de Batasuna

El Tribunal de Estrasburgo ratifica la ilegalización de Batasuna

La Corte Europea de Derechos Humanos concluye que España no violó la libertad de reunión y asociación del grupo ’abertzale’ y considera su disolución una "necesidad social imperiosa"

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha avalado hoy la ilegalización de Batasuna porque corresponde a una "necesidad social imperiosa", han informado fuentes del Ejecutivo. El TEDH ha rechazado el recurso que el grupo abertzale interpuso contra su ilegalización, acordada por el Tribunal Supremo el 17 de marzo de 2003 en aplicación de la Ley de Partidos y al considerarla parte del entramado terrorista de ETA.

El tribunal reconoce que las organizaciones eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA y que su ilegalización fue "proporcional al fin legítimo perseguido", especialmente "el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades".

Tras subrayar que la Ley de Partidos Políticos reúne "requisitos de previsibilidad y precisión y que no ha sido objeto de aplicación retroactiva", señala que la disolución de los partidos persigue "el fin legítimo de defender el sistema democrático y las libertades fundamentales de los ciudadanos, destacando el funcionamiento regular de otros partidos "separatistas" que coexisten pacíficamente", según ha informado la Abogacía del Estado.

La sentencia concluye que en la ilegalización de Batasuna por parte de España "no ha habido violación del artículo 11 de la Convención" Europea de Derechos Humanos, relativo a la libertad de reunión y de asociación, tal y como argumentaba el grupo abertzale. La Corte también ha concluido que "no procede examinar de forma separada" las quejas desprendidas del artículo 10 de la Convención que garantiza a toda persona el derecho a la libertad de expresión.

Un largo camino judicial

Antes de acudir a Estrasburgo, Batasuna había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero este órgano respaldó la decisión del Supremo de ilegalizar a este partido, a Herri Batasuna y a Euskal Herritarrok. Agotados todos los procedimientos en la justicia española, solo le quedó la vía de Estrasburgo, donde el 19 de julio de 2004 interpuso dos recursos contra su ilegalización y la de HB.

El tribunal de Estrasburgo declaró en diciembre de 2007 parcialmente admisibles las demandas presentadas por Batasuna y Herri Batasuna. En esas demandas Batasuna había invocado las presuntas violaciones de los artículos 10 (derecho a la libertad de expresión), 11 (derecho a la libertad de reunión y de asociación) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal aceptó estudiar el fondo del asunto en lo relativo a los artículos 10 y 11, si bien ha concluido que España no violó los derechos de asociación y reunión, y rechazó examinar el presunto incumplimiento del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo).

En diciembre de 2004, España argumentó ante el TEDH que el partido disuelto "se identifica con la organización terrorista ETA" y complementa la actividad terrorista de la banda y por tanto la ilegalización de Batasuna no era un intento de cercenar la libertad de expresión del independentismo vasco. Según argumentó la Abogacía del Estado, era obligado impedir que Batasuna amplificara y justificara desde las instituciones "el efecto intimidatorio" que ETA ejercía sobre la sociedad.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado hoy su satisfacción por el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que respalda la ilegalización de Batasuna. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se ha mostrado satisfecho y ha adelantado que habrá dos sentencias más, una referida a las elecciones municipales de 2003 y otra a las europeas de 2004. Según Rubalcaba, "una vez que Estrasburgo ha dado por buena la Ley de Partidos sí que podemos concluir que "en nuestro país no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia nunca más".

El País/Agencias

Mentiras atómicas

Mentiras atómicas

La propaganda se impone al análisis en el debate sobre la energía nuclear - Argumentos sesgados se usan a favor y en contra del cierre de centrales


Supongamos que el debate sobre la política migratoria estuviera basado en premisas falsas. Que unos dijeran que los españoles emigran en masa a la vendimia a Francia y otros que los inmigrantes suponen el 40% de la población. Es una exageración, pero algo de eso ocurre con el debate nuclear. Partidarios y detractores de esta energía han sembrado de trampas cualquier discusión sobre el asunto. Al calor del cierre de la nuclear de Garoña, en Burgos, es fácil escuchar que España es deficitario y que depende de la electricidad nuclear de Francia, o que todas las centrales se pueden sustituir por molinos de viento sin pagar más.

El ex ministro socialista de Industria Juan Manuel Eguiagaray lamenta que los planteamientos sean a menudo tan superficiales: "El debate debería plantearse con más rigor que el actual, donde la gente coge los argumentos como le interesa en vez de plantearlo en términos más abiertos. Tiene que haber un debate abierto y serio, no a base de propaganda. El tema energético es de tal magnitud que no se puede reducir a Garoña ni convertirlo en verdes sí y verdes no".

"Estoy dispuesto a debatir lo que sea, pero con argumentos sólidos, que no me digan que España depende de la electricidad nuclear de Francia", declaró hace una semana el presidente de Red Eléctrica y ex ministro socialista, Luis Atienza.

Desde el lado ecologista también hay voces que llaman a elevar el nivel, como Ladislao Martínez: "Esto debería discutirse desde los datos constatados. Hay una falta de rigor y frivolidad que afecta al mundo nuclear pero también al sector antinuclear. Se ha dicho que en el mundo no se está alargando la vida de las nucleares cuando sí hay esa tendencia. Se puede estar en desacuerdo, pero no se puede negar". Estas son algunas de las falacias del debate nuclear.

- España importa nuclear de Francia. El lugar común por antonomasia, un mito grabado a fuego en el imaginario colectivo. El penúltimo en utilizarlo -seguro que en este instante hay alguien repicándolo- fue el portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero. En su pregunta a Zapatero sobre Garoña, el pasado 9 de junio afirmó: "No tiene sentido que estemos importando energía de Francia, cuyo origen es nuclear en un 78%, y que la energía que estamos comprando se esté produciendo en una central nuclear que está a menos de 100 kilómetros de los Pirineos".

La realidad es que desde 2004 España es un país exportador de electricidad. Aunque entra algo desde Francia (2.862 gigavatios hora en 2008), sale más del doble hacia Portugal y Marruecos (a través de dos cables submarinos). Y ese saldo exportador (de 11.221 gigavatios hora el año pasado) no hace más que crecer. En 2008 fue el doble que el año anterior.

La potencia instalada en España es de 94.978 megavatios, cuando la punta máxima de demanda jamás alcanzada es de 45.450. Esto implica que si se pusieran en marcha todas las centrales -carbón, gas, nuclear, eólica, solar, hidroeléctricas...- que existen sobraría la mitad de la producción. Esto es un ejercicio teórico, ya que nunca están los embalses al 100% ni los molinos y los huertos solares funcionan al unísono, pero da idea de la situación.

El Operador del Mercado Ibérico de Electricidad reconoce que hay "un excedente de oferta", principalmente por la proliferación de centrales de gas de ciclo combinado. La primera abrió en 2002 y ya hay 21.519 megavatios instalados, tres veces más que la potencia nuclear.

Así que, repitamos: España exporta electricidad. Los datos, que se pueden consultar en la web de Red Eléctrica, desmontan el que durante tiempo ha sido uno de los mayores argumentos a favor de la prórroga de Garoña. Antes que Garía-Escudero lo esgrimieron Felipe González -últimamente se le escucha menos esta idea- o la ministra Cristina Garmendia. Por eso José Luis Rodríguez Zapatero justificó que España "exporta tres veces más electricidad" que la que produce Garoña.

- Cerrar Garoña subiría la luz. El sector nuclear ha lanzado la idea de que si se cierra Garoña la luz subiría alrededor del 10%. La idea no tiene padre reconocido -salvo "fuentes del sector"- pero ha calado y retumba por el dial. Cada kilovatio que produce Garoña lo cobra al precio de la tecnología más cara que esté funcionando en ese momento.

Red Eléctrica calcula cuánta electricidad va a necesitar cada media hora. Las eléctricas ofertan y primero entran al sistema las más baratas, como la nuclear y la hidráulica. Las renovables entran siempre por ley y finalmente se completa con gas o con carbón, cuyo precio depende de los mercados internacionales. Al final cada una de las plantas en marcha cobra el precio más alto. Garoña cobra al precio del gas natural. Si se cerrara, sería sustituida por una central de gas, así que el precio de la luz apenas se movería.

- Se pueden cerrar todas las nucleares. El cierre de Garoña ha levantado las pasiones de los más antinucleares, que piden el cierre de todas las centrales. La Fundación Ideas, del PSOE, pide clausurarlas todas cuando cumplan 40 años. Ese cierre actualmente es inviable. La nuclear supone un 18% de la electricidad y el resto de centrales son mucho más grandes que Garoña.

La próxima en cumplir 40 años será Almaraz (Cáceres), cuyos dos reactores cumplirán los 40 años entre 2021 y 2023. Pero Almaraz suma 1.860 megavatios de potencia, cuatro veces más que Garoña, y ha pedido aumentar su potencia en 120 megavatios con una mejora de diseño. Quizá en 2021 sea posible sustituirlas. La tecnología a veces da saltos sorprendentes. Hoy no.

- La moratoria que impide construir nucleares. A Zapatero en Cuatro le pusieron un vídeo en el que Felipe González defendía la prórroga de Garoña. Zapatero sonrió: "Me parece respetable. Este es un tema controvertido. Es verdad que cuando él llegó al Gobierno hizo una moratoria nuclear e incluso paró varias centrales que estaban en marcha. Nunca se ven las cosas igual cuando se está en el Gobierno que fuera".

Cuando el PSOE llegó al poder, en 1982, se encontró un ambicioso programa nuclear que amenazaba con quebrar a las eléctricas, "que se habían embarcado en planes de inversión ruinosos" recuerda Eguiagaray. El Gobierno dictó una moratoria nuclear. "No fue por razones ideólógicas sino económicas. Fue por los excesos anteriores que pusieron a la empresa energética al borde de la ruina y la catástrofe", explica Eguiagaray, que culminó la negociación con las eléctricas.

El pacto fue que éstas no construirían Valdecaballeros, Lemóniz ni Trillo II y a cambio comenzaron a recibir en 1995 compensaciones mil millonarias que aún se pagan en el recibo de la luz. "Fue un plan de rescate, no de cierre", explica el ex ministro.

Desde 1997, con la liberalización eléctrica, cualquiera puede construir una nuclear. Y, sin embargo, ninguna empresa ha presentado ningún proyecto. Una cosa es prolongar la vida de una central amortizada. Y otra muy distinta, mucho más arriesgada, es construir una nueva.

- Hay un renacer nuclear en el mundo. El Foro Nuclear alude con frecuencia al renacer nuclear mundial. En realidad hay muchas más palabras que grúas. El Reino Unido anunció que quería nuevas nucleares pero sólo con financiación privada y el plan no avanza. Italia, EE UU, Argelia, Marruecos... tienen planes. Sin embargo, en el mundo hay 35 nucleares en construcción pero 19 de ellas están en China, India y Rusia, con inversiones públicas.

En el mundo libre, Finlandia era el ejemplo. El país nórdico, modelo en educación y bienestar, acordó con Francia en diciembre de 2003 la construcción de una central de tercera generación. La empresa pública francesa Areva ponía la tecnología y construiría una réplica en su territorio. Finlandia pagaría 3.000 millones de euros a cambio de que la central estuviese construida en cuatro años, según recuerda en un artículo para el Instituto Elcano Marcel Coderch, vicepresidente de la Comisión Mercado de las Telecomunicaciones y partidario del cierre nuclear.

La central sigue en obras, ha duplicado sus costes y sus plazos de construcción, ha enzarzado a las empresas implicadas en pleitos millonarios y, lo más importante, ha puesto en guardia al sector energético y ha arruinado buena parte del trabajo de escaparate de la industria nuclear.

Lo que sí está ocurriendo en muchos países es la prolongación de la vida de las centrales. Estados Unidos ya ha dado permiso a 41 centrales para operar hasta que cumplan 60 años. A eso aspira la industria nuclear española.

- El kilovatio eólico es tan barato como el nuclear. El coste de cada energía tiene mil variables. Cuando se dice que la nuclear es muy barata no se suele incluir el coste de tratar los residuos nucleares, radiactivos durante miles de años, y para el que ningún país tiene una solución. Pero de ahí a decir que las renovables son ya tan baratas hay un escalón. Zapatero afirmó que al consumidor le cuesta igual un kilovatio nuclear y otro eólico.

El megavatio hora eólico -España es la primera potencia mundial- tiene una prima de entre 28 y 38 euros. Esto la hace competitiva cuando el precio del gas está por las nubes. En el primer semestre del año pasado, con el petróleo y el gas disparado, la eólica funcionó la mitad del tiempo sin primas, según la Asociación Empresarial Eólica, la patronal del sector. Aún así, los molinos recibieron 1.180 millones en primas el año pasado para producir el 11% de la electricidad. Puede parecer mucho, pero fue una buena inversión. La eólica permitió que España dejara de comprar combustibles fósiles por 1.200 millones. Además, genera miles de empleos, I+D y exporta más que el vino.

- La nuclear impide el desarrollo de las renovables. Un sector antinuclear sostiene que mantener las nucleares bloquea el progreso de las energías limpias. Zapatero afirmó que en ocasiones España ha tenido que desconectar molinos porque las nucleares no se pueden graduar y bajar de potencia. En realidad, las nucleares y las renovables chocan principalmente en lo simbólico, en lo que suponen como apuesta política.

Lo que sí ocurrió una madrugada de un domingo de noviembre es que, en pleno huracán, Red Eléctrica mandó desconectar un 37% de los molinos porque no cabían en la red. A esa hora de la madrugada, con las fábricas calladas y la gente decente en la cama, la demanda no era suficiente. Antes había ocurrido en momentos puntuales pero nunca a ese nivel.

El problema irá a más conforme aumente la potencia eólica. Pero a la vez, las renovables necesitan potencia de refuerzo lista para funcionar por si un día de mucho calor -con un anticiclón y sin viento- no funcionan. Las nucleares funcionan 24 horas al día. Con matices, porque luego paran meses enteros, como Vandellòs II, que está en obras desde marzo.

- Cerrar una nuclear sería insólito. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, afirmó que cerrar Garoña sería "disparatado". Escuchándole, parece que clausurar una nuclear sea algo insólito. Y sin embargo, Rajoy era vicepresidente del Gobierno en 2002, cuando el Ejecutivo decidió el cierre de Zorita, en Guadalajara. Aznar, Ana Palacio o José Folgado, que hoy defienden esta energía, no pestañearon al pactar con el PSOE el cierre y hacer que lo ejecutara el Consejo de Seguridad Nuclear. Europa ha cerrado 31 reactores desde 1988, dos de ellos en España, que en 1989 también apagó Vandellòs I tras un incendio.

Así pues hay argumentos a favor y en contra del cierre de la planta burgalesa de Garoña y de la energía nuclear. Debatamos.

Rafael Méndez en El País.


Gobernar

Gobernar

La falta de dirección y de decisión está teniendo costes muy altos para este Gobierno y para este país


Por la mañana, el PSOE pacta con Izquierda Unida una subida de impuestos para las rentas más altas, seis horas más tarde cambia de opinión, para que CiU no se enfade. Un día el PSOE pacta con CiU una reforma del mercado laboral y al siguiente se retracta porque a los sindicatos no les gusta. Si lo mismo vale una medida que la contraria, en función de quién ofrece mejor compañía, ¿qué credibilidad puede tener una política que se mueve como una veleta según soplan los aires en el Parlamento?

Ayer, precisamente, el presidente Zapatero había dado una buena respuesta al director del Banco Central Europeo. Uno de los tópicos ideológicos más grotescos de los tiempos que corren es el mito de la independencia de los directores de los bancos centrales. Serán quizás independientes de los intereses políticos, pero son muy dependientes de los intereses económicos. Se les podría llamar independientes orgánicos del capital. Siempre están dispuestos a dar lecciones a los gobernantes. Como si su legitimidad fuera superior a la legitimidad democrática, proclaman o anticipan aquello que los dirigentes empresariales dicen en voz baja. Nunca se equivocan. Ayer, Trichet instó al Gobierno, cómo no, a la reforma laboral. Y Zapatero le puso en su sitio: "Una cosa es opinar como experto, otra gobernar para la ciudadanía".

Tiene razón el presidente. La pena es que no siempre actúe conforme a este criterio. Gobernar no es vacilar y entretener. Gobernar es dirigir y decidir. Dirigir quiere decir señalar una dirección, explicar el porqué de la ruta escogida a la ciudadanía, y conseguir la complicidad de ésta para recorrer el camino. Y si ésta no sigue, obrar en consecuencia democrática. Es así como se construyen las mayorías políticas: dando a un país objetivos y perspectivas que actúen como catalizador del impulso colectivo. Si todo vale, si un día se gira a la izquierda y el siguiente a la derecha, si al primer obstáculo se abandona el camino o se hace parada y fonda a la espera de momentos mejores, no hay dirección política, hay un movimiento circular que consigue que el país no se mueva de sitio, que pierda pulso por momentos y que cada cual se las arregle como pueda, con ventaja clara para los más fuertes.

Gobernar es además decidir. Con el camelo de la deliberación republicana se quiere justificar a veces lo que sólo es una elusión de responsabilidades. Está bien dar la voz a los actores y escucharles a todos. Pero la función del gobernante es tomar la decisión adecuada. Y en esto no puede ser suplantado por las partes, ni siquiera por el acuerdo entre las partes.

La falta de dirección y de decisión está teniendo costes muy altos para este Gobierno y para este país. Más todavía en la medida en que no hay recambio: la oposición se caracteriza por su incomparecencia. Los problemas se enquistan, con serio desgaste para el propio Gobierno, por no haber sabido conducirlos desde el momento inicial. Lo hemos visto en las medidas contra la crisis. Y ahí está el caso, que estos días ocupa buena parte del debate público, de la financiación autonómica y los flecos de las reformas estatutarias. El Gobierno ya ha conseguido con su irresponsable dejadez -que ha tenido la negociación paralizada casi un año- que el acuerdo de financiación, sea el que sea, provoque descontento generalizado. Y que al día siguiente de la nueva financiación estemos ya hablando de la próxima. Lo que hace un año podría haber sido considerado aceptable, a estas alturas, con tanto ejercicio de la confusión, sólo puede ser sospechoso. Donde unos verán un trato de favor hacia los catalanes, otros verán una injusticia con Cataluña y viceversa. Y después vendrá la sentencia del Estatuto, culminación de un proceso que Zapatero nunca lideró.

Se dirá que esto forma parte de la lógica estructural del Estado de las autonomías. Es cierto. Y cada día está más cerca el momento en que, para bien de todos, será conveniente hablar claro, dejar los eufemismos de lado, poner cada cual su programa de máximos sobre la mesa, y dejarse de dilaciones y falsos malentendidos. Pero, de momento, mientras vivamos en el régimen de conllevancia, lo que no tiene sentido es esperar que los problemas se resuelvan solos, sin dirección política. ¿Qué se hizo de la España plural? Lo ridículo es pretender contentar a todos inventando argumentos que alteran las elementales leyes del sentido común. Algunos lo llaman ya el teorema de Zapatero. Dice así: todas las comunidades autónomas quedarán por encima de la media. Será una revolución matemática, pero una confirmación de que no hay otra dirección política que ir vistiendo el muñeco, día a día.

Josep Ramoneda

Dios no me dice nada


El interés por Dios no desaparece tan fácilmente de la conciencia de la persona. A veces puede parecer que ha muerto para siempre. Otras, parecerá brotar de nuevo. Será una inquietud débil y apenas perceptible o una necesidad fuerte y poderosa. Poco importa. Dios sigue ahí. Esta «necesidad» de Dios no se presenta siempre bajo forma de experiencia religiosa. Puede ocurrir incluso que el término «Dios» ya no le diga apenas nada a la persona, porque lo percibe como una palabra cargada de experiencias negativas y poco gratas o como una idea abstracta y confusa, sin apenas resonancia alguna en su corazón. Con el paso de los años, Dios ha podido quedar irreconocible si sólo es presentado mediante cierto lenguaje religioso. Por otra parte, la presencia de Dios puede estar encubierta por otro tipo de experiencias que la persona conoce bien: vacío interior, malestar por una vida trivial y mediocre, deseo de vivir algo diferente. O puede dejarse escuchar tras esas preguntas que, más de una vez, brotan inevitablemente del fondo del individuo: ¿qué es la vida?, ¿qué era yo antes de nacer?, ¿qué me espera al final?, ¿no encontraré nunca la paz que mi corazón anhela? Esta presencia de Dios es inconfundible, y la persona lo sabe casi siempre. Es una presencia que reclama e invita suavemente a la confianza. Su llamada no es una más entre otras. No se identifica con nuestros gustos, deseos y proyectos. Es diferente. Viene de más allá que de nosotros mismos. Podemos acogerla o dejar que resbale una vez más sobre nosotros. Pero Dios sigue visitando a las personas. Así dice el libro del Apocalipsis: «Mira que estoy a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa» (3, 20). «Abrir la puerta» significa decir un pequeño «sí», aunque todavía sea un «sí» débil e indeciso. Dar cabida en nuestra vida a Alguien a quien todavía apenas conocemos, dejarnos acompañar por su presencia, no encerrarnos en la propia soledad, retirar poco a poco recelos, resistencias y obstáculos. Empezar a conocer una experiencia religiosa diferente, descubrir, quizás por vez primera, que acoger a Dios hace bien. El relato evangélico nos describe un diálogo inolvidable entre Jesús y dos discípulos que se acercan a él. Jesús les pregunta: «¿Qué buscáis?» Ellos le responden: «¿Dónde vives?» Y Jesús les invita: «Venid y lo veréis.» Quien busca sinceramente a Jesús para captar el misterio que en él se encierra, ha de comprobar por experiencia qué es vivir con él y como él.

José Antonio Pagola

Lo que cambia un lugar es la gente

Lo que cambia un lugar es la gente

El geógrafo-urbanista sir Peter Hall (Londres, 1932) ha dedicado su vida a estudiar las ciudades desde todos los ángulos posibles: demográfico, económico, geográfico, social, logístico o cultural. Es uno de los urbanistas que creó el nuevo Londres.

Autor de libros como Cities in civilization, estuvo ayer en Barcelona en la inauguración del Año Cerdà, programa que coordina el Centre de Cultura Contemporània (CCCB) que, precisamente, acaba de editar la conferencia que impartió allí en 2008 sobre el futuro de las ciudades europeas.

Hall dijo ayer que el urbanismo barcelonés desde finales de los ochenta hasta ahora ha sido la culminación del plan del Ensanche proyectado por Cerdà en la segunda mitad del XIX. Pero la nueva movilidad propiciada por el AVE abre, en su opinión, un cambio de escala que llevará a nuevas "áreas policéntricas de proyección regional".

Pregunta. ¿Los urbanistas descuidan factores al diseñar?

Respuesta. Sí. Para ser un excelente urbanista debes sobresalir en 30 asignaturas y ser notable en 80. Nadie puede abarcarlo. Por eso, todos los urbanismos tienen alguna carencia. A los arquitectos les preocupan los edificios, pero ignoran el conjunto. Los geógrafos son buenos analizando el marco general, pero se pierden en los temas estéticos. La solución es crear equipos.

P. ¿Qué cambia las ciudades?

R. Lo que cambia un lugar es la gente. Si su vida es buena, la ciudad es buena. Históricamente, la gente vivía en ciudades pasando hambre expuestos a peligros, pero no se iban. Hay un dicho medieval alemán: El aire de la ciudad hace libre. Es esa cualidad de dejar vivir lo que hace crecer las ciudades. Una ciudad permite la discreción y el anonimato.

P. Las personas hacen las ciudades, pero el anonimato es una cualidad impersonal.

R. Sí, pero sale de la relación entre las personas. Supongo que las mejores ciudades son las más civilizadas. Hoy ser civilizado incluye una palabra de moda pero esencial: la cohesión social. Para lograrla se deben integrar tradiciones y personas. Los buenos edificios pueden contribuir a esa integración de extraños, pero una buena vida urbana puede desarrollarse en todo tipo de situaciones físicas. No hay un modelo único. Londres y Barcelona son dos ejemplos muy distintos.

P. ¿No cree que Barcelona esté muriendo de éxito?

R. Es una manera agradable de morir. Muchas ciudades lo desearían. En Europa hay muchas urbes en declive porque nacieron para cumplir una función que ya no cumplen. Para sobrevivir deben encontrar otra. Londres y Barcelona lo han hecho. Han perdido la mayoría de su industria, pero han encontrado otras actividades.

P. ¿Cómo puede una ciudad encontrar una nueva función?

R. La economía evoluciona continuamente. Hoy las grandes ciudades no fabrican; piensan y organizan. Los trabajos de buena parte de ellas no son manuales sino cerebrales: procesamos información y utilizamos esa información para producir valor.

P. ¿Hay un límite al crecimiento de las ciudades?

R. Hemos llamado megaciudad regional policéntrica a un tipo de ciudad que deriva de una región que suma sus pueblos comunicándolos. Madrid se está convirtiendo en una ciudad muy compleja debido al desarrollo del sur.

P. ¿Qué cambios veremos?

R. Serán tremendos por el cambio climático. Habrá ciudades pequeñas y sostenibles. No creo en la densidad que muchos defienden. Es una excusa para seguir construyendo. Apuesto por ciudades pequeñas y bien conectadas que permitan una vida más limpia. El alcalde de Londres, Ken Livingstone, estaba obsesionado con la densidad. Pero no podemos dar cobijo al crecimiento de Londres sólo en Londres. Construimos un cinturón verde en torno a la ciudad, pero la gente lo salta constantemente. Ésa es la realidad. El Londres real no cabe en el terreno de la antigua capital.

P. ¿Cómo afecta la inmigración al diseño de las ciudades?

R. Las cambia poco físicamente y mucho socialmente. Los inmigrantes viven en el mismo tipo de vivienda que los locales. De otra manera y con otras densidades. Los sociólogos creen que representan un retorno a un esquema tradicional. Viven como lo hacíamos hace 100 años: con menos medios y más hijos. Los cambios culturales de la inmigración son profundos. Los urbanísticos, como mucho, resultan en un barrio chino, o hindú, que los locales visitan como algo exótico.

P. ¿Eso es integración?

R. Creo que no. Pero mi experiencia es que los inmigrantes se integran rápidamente a partir de la segunda generación. Es bueno evitar los guetos, pero si se integraran de manera homogénea sería muy aburrido. Se necesitan leyes que integren pero no borren.

P. ¿Cuál sería la traducción urbanística de esas leyes?

R. La movilidad. Las leyes deberían enfatizar la dispersión en los guetos. Pero al final ese trabajo lo hace el mercado. Si un inmigrante se enriquece se aleja del gueto. Busca otros vecinos.


Anatxu Zabalbeascoa en El País.